La Alianza Rebelde Investiga (ARI) hizo un recorrido guiado por un ingeniero civil en los nueve urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) de La Guaira que deben su nombre a la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE) para entender por qué colapsaron los edificios durante los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del 24 de junio.
Aunque el gobierno de Hugo Chávez presentó las OPPPE como un proyecto habitacional digno y seguro para personas damnificadas por desastres naturales en el entonces llamado estado Vargas, hay decisiones de diseño y el incumplimiento de reglas de construcción que dificultan la evacuación de sus habitantes en el doblete sísmico.
El reportaje «Radiografía de las OPPPE de La Guaira» enumera las irregularidades identificadas en las 43 moles de 12 pisos y 3.637 apartamentos repartidos en 43 torres:16, equivalente al 37 % del total, se desplomaron por completo.
Mientras que en 32 torres, equivalente al 74 %, se registraron denuncias sobre el veloz deterioro de las estructuras a los pocos años de la entrega de los urbanismos que incluían daños en frisos y mampostería, filtraciones y botes de aguas residuales.
La evaluación técnica realizada por el ingeniero reveló varias fallas: columnas fuera de norma que redujeron la resistencia estructural, diseños que hicieron riesgosa la evacuación para sus habitantes en los terremotos y el uso inadecuado de poliestireno que propició la humedad y el desarrollo de filtraciones.
Visita esta historia de ARI, integrada por El Pitazo, Runrun.es y TalCual, junto al consorcio de medios Venezuela Unida, en este enlace.
Afirmaba Jorge Olavarría durante los prolegómenos de la mal llamada revolución bolivariana que aquella nos llevaría de vuelta a lo peor del siglo XIX. No nos dejó pistas sobre su momento preciso. ¿Acaso fue el de las traiciones recurrentes entre quienes ambicionaban el poder, desde José Antonio Páez hasta Cipriano Castro? o ¿el de la desviación del Bolívar tutelar de 1812, que luego de su hazaña creadora la desvía hacia los predios del poder vitalicio a partir de 1826, condenándose a la soledad de su muerte en 1830? O bien, ¿trátase de la guerra fratricida por la Independencia, a la que sigue la Guerra Federal entre 1859 y 1863, en las que mueren, durante cada una, el 30 % de los venezolanos?
La experiencia señalada, en su desenlace, es algo más y demencialmente ominoso. No es drama, pues ha destruido alternativas dejándonos en el descampado al conjunto de los venezolanos. Medramos en la orfandad, practicando el nomadismo como los amerindios, invadidos, bajo la línea de la sobrevivencia. Y si alguna proximidad encuentra esto como hito en las páginas recorridas de nuestra historia, nos retrotrae al instante del arrendamiento que se hizo de nuestra provincia por el rey Carlos I de España en favor de la familia de banqueros alemanes Welser de Augsburgo, en 1528. Lo referí en anterior columna.
Si bien hemos sido república sin nación a partir del gobierno del catire Páez hasta el presente, recorriendo a la inversa el tránsito de las naciones europeas ―expresiones sociales y culturales humanamente integradoras― hasta que se dan estas unas personalidades unitarias como Estados, dándoles cabida a los artificios del Leviatán y del contrato social para la gestión de lo político durante los siglos XVII y XVIII, lo cierto es que, en nuestro caso, alcanzamos a ser germen nación hacia el siglo XVIII. Lo aceleran la unificación territorial, el crecimiento económico impulsado por el cacao, y las reformas borbónicas, que nos llevar tener conciencia de nación hasta la hora en que la primera república nuestra, la de 1811, fue enterrada, y desaparecen nuestras huellas genuinas.
Habíamos aprendido a ser libertarios y resilientes los venezolanos. Nuestro primer 19 de abril lo marca el alzamiento de nuestros pequeños agricultores, en protesta contra el monopolio comercial de La Guipuzcoana en 1749. Organizados en localidades ―nuestros primitivos municipios― pudimos avanzar, así, hacia nuestro segundo 19 de abril, el de 1810.
Bajo la tradición doctrinal y liberal hispana ―de factura goda― que luego hace eclosión en las Cortes de Cádiz de 1812, los venezolanos retomamos la titularidad de la soberanía una vez como como la abandonan Fernando VII y su padre ante Napoleón Bonaparte, que invade la península.
El acta de nuestro nacimiento, por lo mismo, hace al pueblo ―no al monarca ni a su Estado― no solo el depositario sino el titular de los derechos de la soberanía, tal como reza su texto en la parte vertebral: “… y de erigir en el seno mismo de estos países un sistema de gobierno que supla las enunciadas faltas, ejerciendo los derechos de la soberanía, que por el mismo hecho ha recaído en el pueblo, conforme a los mismos principios de la sabia Constitución primitiva de España…”.
No por azar, la Constitución gaditana emergida de las cortes instaladas en el puerto desde el que zarpa Colón para llegar a nuestras costas y que regiría brevemente en Venezuela, entre 1812 y 1814 y después entre 1820 y 1823, precisa, en su artículo 1, que la nación es “la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”, entre estos nosotros, los venezolanos. La nación no es el Estado ni su monarquía. Y de seguidas señala, en su artículo 3 que “la soberanía reside esencialmente en la nación, y por lo mismo, pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales”, léase, el darse su propia Constitución.
De modo que, en suma, soberana es la nación. De suyo, cuando desaparece su expresión política, sea como Estado o como Estado monárquico o bajo su forma republicana, la soberanía regresa al pueblo, que es su titular. De no ser así o de no entenderlo así, estaríamos los venezolanos renunciando a nuestra genética libertaria y desconociendo nuestra partida de nacimiento, la del 19 de abril de 1810.
Que luego haya sido borrada de nuestra memoria esa perspectiva, reescribiéndosenos otra historia, volviéndosenos adánicos, es cosa distinta; como cuando optamos por creernos tributarios de la filosofía política anglosajona, francesa, e incluso alemana.
Más allá de que el contrato social de J. J. Rousseau decante en la renuncia voluntaria por cada individuo a su libertad, para entregársela al Estado que ha de protegerle y tutelarle, no perdía fuerza, antes bien se sostenía la soberanía popular originaria.
Pierde esta su fuerza, ciertamente, al consagrarse la idea formal y artificial o jurídica de la nación ―extraña a los ciudadanos particulares e inasible― con la Declaración francesa de 1789, codificada en 1791, bajo un propósito político deliberado, a saber, que los representantes en el parlamento tuviesen el poder de tamizar o moderar, es decir, de servir de diafragma que filtra la voluntad popular desde un nuevo monopolio unitario, el del Estado, no el de la nación que le ha precedido.
Desde entonces, se confunde la nación con el Estado, que se vuelve soberano y deja al margen a la nación como expresión social espontánea, progresiva, cultural, que parte desde el fogón de cada casa hasta formar comunidad y luego sus municipios.
Lo cierto es que, al margen de estas divagaciones, no por ello innecesarias, a los venezolanos se nos purgó de la escena como pueblo y como nación, primero desde Cartagena de Indias en 1812, cuando el Padre Libertador ―tras maldecir a nuestros Padres fundadores civiles y de levita sentados en el Congreso de 1811― sostuvo que no estábamos preparados para el bien supremo de la libertad. En otras palabras, que debíamos ser tutelados hasta alcanzar la madurez, en línea que comparten los positivistas de inicios del siglo XX.
Nada distinto de esto, pasados 214 años, opinan el rodrigato y nuestro protector, Donald Trump: “En cuanto a las elecciones en Venezuela, todavía no están preparados para eso”, ha declarado este el pasado 24 de julio.
Son máximas de la experiencia, entonces, las siguientes: en primer lugar, que la república, como garante de la soberanía de la que es titular la nación que formamos los venezolanos, se desmaterializó, cabalmente, entre 1999 y 2026. Su ausencia ante la nación es una perogrullada.
Tanto es así que no existe esta y que gobierna en Venezuela en calidad de procónsul, a partir de 2013, un colombiano, emisario escogido por La Habana a la muerte de Hugo Chávez Frías, hoy encarcelado en Estados Unidos junto a su mujer, Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores. Seguía los dictados de Fidel y Raúl Castro, sucesivamente los de Miguel Díaz-Canel, tanto como ahora, sus causahabientes ejecutan los dictados de la Casa Blanca.
Si acaso existiese duda alguna acerca de nuestra pulverización institucional, véase que, bajo dictado norteamericano, se ha configurado un parlamento ad hoc ―recuerda al Congresillo chavista del año 2000, nombrado a dedo― para que decida, en nombre y por cuenta de los venezolanos, sobre su destino, sobre su porvenir como nación.
Se juntan una Asamblea, la de 2026, ilegítima por espuria y fraudulenta, con otra que, mediante acto propio, le puso punto final a su “extendida” legitimidad, en 2022, la denominada Asamblea de 2015. A su “sindicatura de la quiebra” ―a la que resta como firmante― se le resucita mediante acto foráneo y como si se tratase de un pleno parlamentario que no existe. Se consuma, de tal modo, otro golpe, sumado al de Maduro Moros, a la emergente democracia del 28 de julio de 2024.
Lo que es más sensible, la soberanía de la nación, en su doble dimensión, separada de la persona artificial del Estado, como nación en su conjunto y como nación que expresa su voluntad a través del voto, en segundo lugar y por derivación quedó a la vera. Al menos eso piensan las élites económicas que hoy usan a las élites políticas para borrar de la memoria el reconocimiento recibido por Edmundo González Urrutia por parte de Estados Unidos, como presidente electo de Venezuela.
“El pueblo de Venezuela habló de forma enfática el 28 de julio y convirtió a @EdmundoGU en el presidente electo. La democracia exige respeto a la voluntad de los votantes“, escribe en el citado día, que es martes, el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, en un mensaje publicado en la red X,” a tenor del cable de la BBC de Londres fechado 19 de noviembre de 2024.
¿Qué hemos perdido?, ¿la soberanía de la nación o la popular, y sus garantías por ausencia de Estado? Sí, es cierto. Mas hemos perdido lo fundamental, el norte de la verdad.
A la soberanía de Venezuela, llámesela como se la llame o se la clasifique, según el gusto de cada opinador o leguleyo, le está ocurriendo aquello que explica con sobrada lucidez el eminente jurista italiano Piero Calamandrei, víctima del fascismo: bajo un régimen de la mentira, “las instituciones no son las que crean las leyes, sino las que se sobreentienden, entresacándolas de sus líneas, a conveniencia; pues las palabras no tienen más el significado registrado en el vocabulario, sino un significado diverso, de ordinario opuesto al común e inteligible”.
A todo evento, cabe aceptar que la deconstrucción del orden internacional que emergiera a partir de 1945 y se ha ido al precipicio, y junto a la pugna de las grandes potencias para afirmar otro orden con sus particulares visiones y en tiempos de globalización, la misma deriva digital y de la inteligencia artificial conspira contra las certezas y vuelve piezas de museo a los Estados que se dicen soberanos.
El costo de nuestra libertad
En el mundo de las redes imperante, en defecto del añejo Leviatán, cuando menos subsiste el individuo o, mejor, el ciudadano internauta, por ende, la posibilidad de rescatar y de sostener, como equilibrio de lo global, las raíces de este como parte de una nación que es expresión social, histórica y cultural.
A la venezolana, desde su corazón, que todavía no lo fractura su diáspora ni la vejación a la que aún se la somete, sojuzgándola ―todos somos diáspora y mundo de migrantes― como para diluir sus virtudes de empatía, solidaridad, resiliencia, naturaleza libertaria y hasta generosidad para los rencores, sigue allí presente. Sus signos vitales se acrecientan, ante la sordera y ceguera de los narcisos de la política y los Welzer resurrectos.
Si todavía se quiere e insiste en prosternar y hacer caso omiso de la voluntad de nación patentizada en 2024, que es intangible como derecho [el derecho humano a la democracia, que vale aún a falta de actos de Estado que le validen para su ejercicio, según lo precisa la jurisprudencia interamericana], incluso sujeto su ejercicio a una temporalidad, hasta 2029, el doble terremoto ha cambiado las reglas de juego.
Sus signos reverberaron en La Guaira. Siguen despreciándose. Nada les dice a las mesas de utilería y sus teatros de simulación institucional, que las familias afectadas hayan dicho, al lado de los escombros y de sus muertos, que sus dignidades, sus derechos a la vida y a la integridad no tiene precio. No valen ni las compran los dólares de las caletas del narcotráfico allí encontradas, ni las neveras ofrecidas por Nicolasito.
Las mismas víctimas, con sus uñas y dedos destrozados, ausente el poder garantista del Estado, ante la criminal displicencia de los uniformados que tenían el deber del cuidado de la nación, optaron por salvarse a sí mismas. Se rescataron por sí solas, acompañadas por rescatistas extranjeros y su proverbial generosidad.
Dado lo actual y lo monumental del esfuerzo de reconstrucción que, al cabo, habremos de acometer los venezolanos como nación y otra vez en soledad ―lo demuestra la experiencia, que es tozuda― y dados los costos inesperados que aquella implica ―el Banco Mundial estima las pérdidas en 19.600 millones de dólares americanos y la ONU aprecia el costo de la reconstrucción en unos 37.000 millones de dólares (40 % del PIB) ― pronto veremos el taimado y progresivo retiro de quienes salivaron por el botín nuestro a partir del 3 de enero.
Otro tanto le ocurrió a Carlos V con los Welzer. Releamos la historia, pues más pronto que tarde presenciaremos ingentes reclamos legales e internacionales por las inversiones que no fueron y los contratos que al boleo se otorgaron, sin legitimidad alguna. Las acusaciones de tiranía y de abusos durante el mandato del rodrigato serán tachadas por sus socios, los mismos inversionistas, como calumnias motivadas por la envidia ante el “poder comercial”. Eso decían los alemanes en 1546, después de ocupar nuestro territorio como pago de deudas insolutas. Juan de Carvajal los enfrentó y envió a la cárcel.
La cuestión vertebral que no hemos de olvidar ni echar en saco roto es que, al igual que sucediese el 19 de abril de 1810, insisto, la soberanía ―por abandonada en su cuidado y garantía― ha regresado, todavía más después del terremoto, a manos de su verdadero titular, el pueblo, la nación, el conjunto de los venezolanos. Lo demás es ejercicio banal, pastoreo de nubes. Es llegada la hora, pues, de nuestra final emancipación.
Rescatar la dignidad de nuestra nación, por encima y avanzando en su reconstrucción material, ha de ser la razón que justifique, en lo adelante, nuestra lucha cotidiana por la libertad. Nos lo debemos. Se lo debemos a nuestros padres fundadores y a las generaciones que nos siguen.
La dirigente opositora María Corina Machado fijó postura frente al proceso de diálogo entre el oficialismo y la Asamblea Nacional electa en 2015, en el que no participa. Recordó que la Plataforma Unitaria y su equipo presentaron en mayo la propuesta denominada Acuerdo de Panamá, pero las partes involucradas descartaron dicho planteamiento y optaron por otra vía sin incluirlos.
“Ese planteamiento no se escuchó y se optó por otro. Entonces, quienes lo promueven, quienes participan en él, son quienes deben darle respuestas al país”, añadió la opositora en entrevista con el periodista Luis Olavarrieta.
A pesar de que, tanto ella como Edmundo González Urrutia no forman parte de la mesa, Machado recordó que no obstaculizarán el proceso si este conduce a la restitución de la soberanía popular. “Nosotros no formamos parte de ello, no lo vamos a obstaculizar y lo acompañaremos en tanto cumpla el mandato que ha dado el pueblo de Venezuela”.
Ante la posibilidad de que surjan acuerdos que no sean de su agrado, precisó que la prioridad radica en la voluntad popular y no en su figura personal: “Esto no se trata de mí, se trata del pueblo de Venezuela que dio un mandato”.
Este proceso fue promovido por el gobierno de los Estados Unidos y aunque fue excluida del mismo, afirmó que conserva una buena relación con funcionarios estadounidenses, incluyendo al propio presidente Donald Trump.
Críticas del abandono estatal a las víctimas de los terremotos
Sobre los terremotos del pasado 24 de junio, Machado cuestionó la inacción de las instituciones del Estado y la contrasta con la organización espontánea de la ciudadanía. Denunció que los organismos oficiales entorpecieron la atención de la emergencia al bloquear la entrada de rescatistas internacionales y frenar la ayuda dirigida a las zonas afectadas.
“Vimos la cara más oscura, la irresponsabilidad, la corrupción, la indolencia, esa la ausencia de humanidad y de compasión, porque no es solo lo que no hicieron, sino el haber intentado e impedido que otros ayudaran”, expresó.
Machado resaltó que la población asumió el rescate por cuenta propia e indica: “Esto fue superado por una nación que se volcó con sus propias manos a escarbar, sin instrumentos, sin permiso, sin cámaras, sin conocer a quién estaba salvando, vecinos salvando vecinos”. Para la dirigente, la respuesta ciudadana ante la falta de presencia estatal establece la base sobre la cual se reconstruirá el país.
El mandato del 28 de julio sigue vigente
Machado ratificó la vigencia del resultado de las elecciones presidenciales de 2024 y lo define como un hecho histórico. Describe la jornada afirmando: “El 28 de julio no fue una elección más, fue un acto soberano, fue un momento de encuentro y de renacimiento de la nación”.
La dirigente opositora destacó la movilización ciudadana y la custodia de las actas de votación en los centros electorales, señalando que la población resguardó dichos documentos. “El 28 de julio ganó la verdad y ganó el futuro, nos dimos un mandato que permite tener un futuro”, expresó.
Por otra parte, Machado enfatizó que el objetivo central de su gestión política consiste en concretar esa decisión popular, indicando: “Nuestro mayor reto es cumplir el mandato del 28 de julio”.
La eventual transición democrática
Machado planteó que la reconstrucción del país exige situar a la ciudadanía en el centro de las decisiones y descarta un proceso circunscrito a acuerdos de cúpulas. Propone un “gran acuerdo nacional para la transición y la reconstrucción de la República” derivado de consensos sociales y de la responsabilidad individual asumida por la población en los últimos años.
Sobre las condiciones concretas que marcan la ejecución de esa transición, la dirigente detalla: “¿Cómo se cobra ese mandato? Con los presos políticos en la calle, con los exiliados regresando a sus hogares, con los periodistas hablando libremente, con la gente encontrándose y moviéndose sin miedo, con un Consejo Nacional Electoral como lo manda la Constitución con gente honorable”.
Sin embargo, aclaró que este proceso requiere plazos y trabajo ciudadano continuo para desmontar las estructuras existentes y restablecer las instituciones estatales.
Su compromiso de volver al país
María Corina Machado ratificó su intención de regresar a Venezuela y asumir las tareas de la reconstrucción en el territorio nacional. Al abordar su permanencia fuera de la vida pública previa y su situación actual, sostuvo que la distancia geográfica no interrumpe su vínculo con la población ni con los procesos políticos en curso. “Voy a regresar a Venezuela, eso es un paso, pero el reto es ese y construir un país que está vuelto añicos sin una sola institución de pie”, dijo.
Por otra parte, explicó que al momento de pisar suelo venezolano acudirá a saldar compromisos asumidos con familiares de víctimas de los hechos ocurridos en el país, citando promesas directas con madres de las regiones afectadas. Sobre el cumplimiento de su palabra, Machado concluyó: “Tengo una lista muy larga, mucha gente que abrazar, que agradecer… héroes anónimos. Es una promesa, yo cumplo mi palabra”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Este sábado, 1 de agosto, se esperaba el inicio de un proceso de diálogo entre la Asamblea Nacional electa en 2015, bajo la representación de Dinorah Figuera; con el Parlamento oficialista del 2025, encabezado por Jorge Rodríguez, pero solo se produjo una llamada telefónica entre los representantes de ambas delegaciones.
Según el comunicado difundido en redes sociales, el presidente de la Asamblea Nacional oficialista, Jorge Rodríguez, informó que conversó con Figuera por teléfono y acordaron reunirse de forma presencial la próxima semana en Caracas. Durante todo el día hubo la información se manejó con gran hermetismo y algunas cuentas llegaron a afirmar que el proceso de diálogo habría sido “suspendido”.
Durante la conversación, añadió Rodríguez, los representantes compartieron la composición de ambas delegaciones y establecieron una “agenda de trabajo con metas claras y verificables”. En esa primera sesión abordarán la “atención a las víctimas del doble terremoto, el fortalecimiento de la democracia y los derechos y garantías políticas”.
Rodríguez reveló quiénes serán los miembros de la delegación del Parlamento oficialista. La lista incluye, además de su persona, a Ana María Sanjuan (ministra de Educación Universitaria) y a los diputados Jorge Arreaza, América Pérez, Genesis Garvett y Pedro Infante.
Por su parte, la AN 2015 indicó que los miembros de la comisión técnica política, además de Figuera, serán Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara. También contarán con una comisión de apoyo integrada por Macario González, exalcalde del municipio Iribarren (Lara) y los parlamentarios Julio César Moreno, Desiree Barboza y Elimar Díaz.
“Agradecemos a los Estados Unidos y al Secretario de Estado Marco Rubio por el acompañamiento a la transición en Venezuela. Este inicio marca un nuevo capitulo en la lucha por construir un futuro digno para todos los venezolanos”, señaló el bloque opositor en un comunicado.
En días pasados, el Parlamento electo en 2015 señaló que este acercamiento entre bandos políticos del país fue “un mecanismo promovido por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el Departamento de Estado”. Según explicaron, el objetivo central sería construir un camino que conduzca a la restitución institucional y a un horizonte electoral con garantías.
Los dirigentes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia afirmaron que no participarán en la mesa de diálogo, pero aseguraron que no serán un obstáculo ante ninguna iniciativa que produzca avances reales.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La organización no gubernamental SOS Orinoco denunció que en julio de este año fallecieron dos mineros en una mina clandestina ubicada en el margen derecho del Río Caroní, a orillas del Lago de Macagua (entre las represas de Caruachi y Macagua), a minutos de Puerto Ordaz, estado Bolívar.
En una publicación difundida en redes sociales, la organización señaló que esta mina ilegal es controlada por la Dirección Policial de los Espacios Acuáticos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB) y que los mineros murieron tapiados en un accidente.
Los efectivos del cuerpo que controla la mina, según la ONG, son destacados en el Lago de Macagua con el fin de resguardar el “buen uso de los espacios”. Con los accesos fluviales controlados, añade SOS Orinoco, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) “se asegura de controlar el acceso terrestre a la zona, apropiándose del sector y administrando la actividad ilegal minera”.
“Esta mina clandestina, que ha crecido de 15 a 30 hectáreas desde el 2024 hasta hoy, en este punto del Caroní, genera daños directos al funcionamiento de la Central Hidroeléctrica de Macagua, y pone en riesgo la infraestructura eléctrica del país, en beneficio del bolsillo de funcionarios policiales de la PNB”, añade la ONG.
La organización advierte también que el “esquema de extorsión” es dirigido por el comandante de la Policía de los Espacios Acuáticos. Añade que los funcionarios subalternos cobran “peaje” diario a los mineros en alcabalas clave “en complicidad con los efectivos de la GNB que mantienen el puesto de control ‘La Chinita’, cobrando un gramo diaria de oro y en La Ceiba, otro tanto”.
SOS Orinoco insta al gobierno de Estados Unidos a “dar la orden” a la presidenta encargada Delcy Rodríguez para que detenga la minería ilegal en áreas protegidas, especialmente en el Río Caroní.
🔴 TRAGEDIA EN EL CARONÍ: muertos tapiados en mina clandestina controlada por Policía de Espacios Acuáticos, a minutos de Puerto Ordaz, Edo. Bolivar
En julio 2026, al menos dos mineros fallecieron tapiados en un accidente en una mina ilegal de oro a solo minutos de Puerto… pic.twitter.com/96SmhMh7zI
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Con la contratación de Centerview Partners en mayo para negociar la reestructuración de la deuda venezolana, el gobierno encargado fijó su hoja de ruta financiera. De cara al tercer trimestre de 2026, el proceso entra en una fase compleja marcada por el debate sobre el monto real de la deuda, la postura unificada de los acreedores privados y la necesidad de incorporar el impacto del doble terremoto del pasado 24 de junio.
Según informes de la firma FPP Asset Management y reportes del sector, la reestructuración de la deuda está en una fase decisiva de toma de posiciones estratégicas, de cara a las mesas de negociación que se esperan para el segundo semestre. La filtración de un balance consolidado que revaluó el pasivo total del país, la acelerada articulación de los tenedores de bonos en el exterior y el impacto del sismo del pasado 24 de junio, marcan esta fase.
¡No lo sé, Rick!
A finales de junio, una filtración atribuida a los informes preliminares del proceso —reseñada por el Financial Times— elevó la estimación de la acreencia total a 240 000 millones de dólares. La cifra supera de forma considerable el consenso de mercado que manejaban firmas independientes y Transparencia Venezuela, que situaba el pasivo entre 170 000 y 200 000 millones de dólares (incluyendo cerca de 60 000 millones de dólares en bonos soberanos y de Pdvsa, 40 000 millones de dólares en intereses vencidos, además de arbitrajes en el Ciadi y compromisos bilaterales con China y Rusia). Con un Producto Interno Bruto (PIB) estimado en torno a los 100 000 millones de dólares, este nuevo cálculo ubicaría la relación deuda/PIB por encima del 200 %.
En Wall Street la cifra fue recibida con escepticismo. Firmas de análisis y operadores señalan que la filtración de este abultado balance responde a una estrategia deliberada del Ejecutivo para “pintar” una foto macroeconómica extrema, cuyo objetivo implícito sería justificar ante los mercados un haircut (acuerdo financiero) de capital e intereses sensiblemente más agresiva durante las rondas de negociación.
El mercado responde organizándose
Ante la posibilidad de una oferta unilateral de recorte, los acreedores aceleraron sus movimientos. Según datos recientes publicados por Bloomberg, más de 15 fondos de inversión de Estados Unidos y Reino Unido se sumaron al Comité de Acreedores de Venezuela para consolidar el control de hasta el 50 % de los papeles de deuda en circulación, para así evitar la atomización de los tenedores.
El vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, ratificó que el proceso de reestructuración no se detendrá y que las evaluaciones de daños causados por el doble terremoto del 24 de junio deberán incorporarse al Análisis de Sostenibilidad de la Deuda.
Aunque agencias internacionales como el Banco Mundial y la ONU divulgaron estimaciones de daños que oscilan entre 19 600 millones y 37 000 millones de dólares, analistas de firmas locales advierten que la reconstrucción no recaerá solo en el presupuesto de la nación, sino que compartirá con el sector privado y capital internacional y que los sismos provocarán un retraso táctico de algunos meses.
El bloqueo multilateral impacta a la economía real
Más allá de los tableros que se manejan en los mercados internacionales la pugna por la deuda tiene un rostro cotidiano. Hasta que se alcance un acuerdo de reestructuración se mantiene bloqueado el acceso de Venezuela al crédito de multilaterales, pues estos entes por norma no pueden otorgar nuevos préstamos a países con compromisos en mora.
Sin este flujo de recursos, el Estado carece del capital requerido para abordar proyectos de infraestructura crítica —como el Sistema Eléctrico Nacional y la red hídrica— y para la reconstrucción de infraestructura pública tras el sismo.
Esta limitación financiera golpea de forma directa a las familias que perdieron sus viviendas como consecuencias del doblete sísmico. Programas clave como el recientemente anunciado subsidio y financiamiento a largo plazo para la adquisición de vivienda principal dependen en gran medida de la restitución de la solvencia internacional del país.
Como sostienen economistas como José Guerra y Giorgio Cunto, salir del default es el requisito indispensable para atraer la inversión pública y privada de gran escala; mientras las conversaciones se demoren en los despachos, el costo se traduce en servicios deficientes y en un estancamiento prolongado del bienestar ciudadano.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Gobierno venezolano cumplió este 31 de juliouna semana sin publicar un nuevo balance oficial sobre el doble terremoto del 24 de junio, que dejó miles de víctimas y daños materiales en varios estados del país.
La última actualización fue presentada el 24 de julio por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, quien informó que el balance oficial ascendía a 5546 fallecidos, 16 740 heridos y 17 907 damnificados. Además, indicó que 128 324 familias habían recibido atención, que 856 edificios habían sido afectados y que 190 estructuras colapsaron.
Runrun.es ya había documentado que el pasado 28 de julio el Gobierno había detenido la publicación periódica de balances desde el 24 de julio, luego de varias semanas en las que las autoridades comenzaron a actualizar las cifras por los cuestionamientos de periodistas sobre la ausencia de información consolidada durante los primeros días posteriores al terremoto. Cuatro días después de esa publicación, la interrupción de los reportes continúa y ya suma siete días sin nuevas cifras oficiales.
Espacio Público cuestiona falta de transparencia
La organización Espacio Público advirtió que, a un mes del doble terremoto, continúan sin respuesta preguntas sobre la asistencia humanitaria, los recursos destinados a la reconstrucción y los mecanismos utilizados para distribuir la ayuda.
En un análisis publicado a finales de julio, la organización señaló que Venezuela ha recibido compromisos de asistencia de al menos 37 países por más de 780 millones de dólares, según una sistematización de Transparencia Venezuela, pero que no existe información pública suficiente sobre cuánta ayuda ha ingresado efectivamente al país, dónde está almacenada, quién decide su destino o bajo qué criterios se reparte.
También recordó que el Decreto N.º 5.364, mediante el cual se declaró la emergencia, establece obligaciones relacionadas con la transparencia activa y señaló que, hasta finales de julio, no se había publicado un inventario público de donaciones, así como tampoco se había creado un portal de datos abiertos ni contratos de emergencia.
En ese contexto, uno de los principales vacíos sigue siendo la cifra de personas desaparecidas, aunque el gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, informó el 30 de julio que un registro preliminar ubicaba en 1338 los reportes de personas cuyo paradero se desconoce. La autoridad regional sostuvo que el dato aún debe sercruzado con denuncias recibidas por otras vías para consolidar un balance definitivo.
La emergencia sigue sin un nuevo corte oficial
A más de un mes de los terremotos, el balance difundido el 24 de julio continúa siendo la última actualización pública del Gobierno venezolano sobre la magnitud de la tragedia. Mientras las comunidades afectadas esperan respuestas sobre viviendas, servicios y familiares desaparecidos, las autoridades no han informado si retomarán la publicación periódica de cifras ni cuándo presentarán un nuevo balance de la emergencia.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Un informe de ONU Mujeres publicado el pasado 6 de julio alerta de que los sismos que afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio acentuaron de inmediato las brechas de género preexistentes y pusieron a casi tres millones de mujeres, adolescentes y niñas en una posición de extrema vulnerabilidad dentro de las zonas de mayor impacto.
Según el documento, la interrupción de los servicios básicos y la destrucción de la infraestructura hospitalaria limitaron drásticamente el acceso a la atención médica sexual y reproductiva. Advierte que esta situación golpea con especial fuerza a los hogares monomarentales, donde las mujeres asumen en soledad la protección y el sustento de sus familias.
Un diagnóstico elaborado por ONU Mujeres junto con cinco organizaciones nacionales defensoras de los derechos de las mujeres señala que la falta de alojamientos seguros y la hacinada estancia en los campamentos transitorios dispara los riesgos de protección en las zonas afectadas. En estos espacios, la escasez de iluminación en las áreas sanitarias y la ausencia de controles rigurosos aumentan la exposición de las mujeres y las niñas a la violencia basada en género, el abuso sexual, la explotación y la trata de personas.
Ante este escenario, las organizaciones exigen la aplicación inmediata de protocolos de protección contra la explotación y los abusos sexuales, así como la habilitación de rutas de denuncia efectivas que resguarden la integridad física de la población femenina.
El informe también destaca cómo la suspensión de clases y la destrucción de espacios de cuidado obligan a las madres a multiplicar sus jornadas de trabajo no remunerado para atender a niños, personas mayores, familiares heridos y personas con discapacidad. Esta sobrecarga deteriora la salud mental de las cuidadoras e impide que se reincorporen a sus empleos o acudan a los puntos de distribución de ayuda humanitaria.
Asimismo, el colapso del suministro de agua potable y de la infraestructura de saneamiento generó también una emergencia sanitaria específica para la población femenina. Las organizaciones locales participantes en el informe reportaron un acceso restringido a kits de profilaxis posexposición para sobrevivientes de violencia sexual, insumos para la gestión de la menstruación, anticonceptivos y atención prenatal y posnatal. La falta de agua segura y la dificultad para el lavado de manos también incrementan la incidencia de infecciones vaginales y enfermedades de la piel.
Doble emergencia para embarazadas y lactantes
La organización Save the Children alertó, asimismo, el pasado 23 de julio que mujeres embarazadas, personas cuidadoras y sus hijas e hijos que perdieron sus hogares por los terremotos viven ahora en refugios temporales con acceso limitado a la atención prenatal, alimentación nutritiva, agua potable y saneamiento. Todo esto mientras muchas afrontan la pérdida traumática de seres queridos.
Las proyecciones de las Naciones Unidas citadas por la organización señalan que el desastre afectó a unas 36 700 mujeres embarazadas, y calculan que 4000 de ellas darán a luz en el transcurso del próximo mes, lo que representa un promedio de 130 nacimientos diarios en condiciones extremadamente precarias.
Save the Children también lamentó que la muerte de especialistas en obstetricia y pediatría durante la catástrofe dejó a numerosas familias sin profesionales de confianza para el seguimiento de sus embarazos y el cuidado de sus hijos. En La Guaira, la zona con mayores daños, la paralización del principal hospital de maternidad obliga a derivar los casos complejos hacia Caracas, mientras que las clínicas móviles de organizaciones sociales intentan cubrir la atención básica y el triaje médico en las comunidades más golpeadas.
La directora de Save the Children en Venezuela, Fátima Andraca, reveló que la organización ha recibido informes de bebés muy pequeños que “enferman en campamentos donde las familias duermen sobre colchones húmedos, expuestos a la lluvia y a deficientes condiciones de saneamiento”.
“Al mismo tiempo, muchas mujeres están llorando la pérdida de seres queridos, afrontando traumas y preocupándose por cómo acceder a la atención sanitaria después de haber perdido a profesionales de confianza de obstetricia y pediatría”, añade Andraca.
Save the Children considera imprescindible que las mujeres embarazadas, en posparto y lactantes, así como sus hijas e hijos, sean una prioridad en la respuesta humanitaria y en la recuperación de Venezuela, mediante una coordinación urgente, financiación suficiente y acciones específicas.
Refugios: impacto psicológico y convivencia prolongada
Transcurrida la fase inicial de rescate, las necesidades en los refugios han mutado hacia la garantía de condiciones de vida dignas durante un periodo de estancia que aún resulta incierto y podría prolongarse por meses. En este contexto, la psicóloga clínica y directora de la ONG Avesa, Magdymar León, advierte que los campamentos replican e intensifican las desigualdades preexistentes.
“El refugio, como ningún lugar en la sociedad, es un espacio neutro. Las desigualdades de género existen y se van a trasladar también a los campamentos. Estas desigualdades suelen aumentar o intensificarse porque las mujeres asumen sobrecargas de cuidado mucho mayores y, además, se enfrentan a situaciones de violencia”, declara León en entrevista con Runrun.es. Advierte que el hacinamiento, la falta de privacidad y el estrés del desplazamiento forzado disparan las agresiones.
La especialista destaca que una de las demandas más críticas de la población afectada es la atención psicológica especializada, pues muchas personas han sufrido pérdidas familiares y económicas, lo cual “genera un impacto emocional psicológico muy importante en todas las personas”.
León subraya, además, que la salud sexual y la protección frente a la violencia deben ser catalogadas como servicios esenciales y no como atenciones complementarias. En este sentido, aboga por la implementación rigurosa del paquete inicial mínimo de servicios para salud sexual y reproductiva (MISP, por sus siglas en inglés) en crisis humanitarias.
Según León, este protocolo exige contar con “personal capacitado en salud sexual y reproductiva, violencia basada en género, primeros auxilios psicológicos, que haya una disponibilidad de anticonceptivos e, incluso, de anticoncepción de emergencia, preservativos, prueba de embarazo, pruebas para infecciones de transmisión sexual, mecanismos de referencia ante partos o emergencias obstétricas”. Además, se debe garantizar el acceso inmediato a la profilaxis posexposición para las víctimas de violencia sexual.
León hace un llamado a las instituciones del Estado y a los funcionarios denominados “padrinos” de los campamentos a recibir formación obligatoria en protocolos de actuación y prevención. Además, recuerda que los refugios deben estar bien iluminados, contar con baños diferenciados, espacios privados para cambiarse, mecanismos de vigilancia y protocolos claros sobre qué hacer ante las situaciones de violencia.
ONG apoyan en terreno
Para responder a esta vulnerabilidad en los refugios, diversas organizaciones de la sociedad civil han adaptado su infraestructura para llevar asistencia directa. Es el caso de la Fundación Santa en las Calles, una ONG con dos décadas de trayectoria en Caracas dedicada a la atención integral de poblaciones vulnerables mediante iniciativas de salud, asistencia psicosocial y reinserción.
A través de su programa móvil Panarosa —unidad especializada en salud y acompañamiento integral para la mujer—, la fundación ha desplegado sus servicios en los albergues temporales para atender a las damnificadas por el sismo. Allí distribuye insumos de higiene personal y kits de aseo íntimo y de gestión menstrual, y ofrece consultas gineco-obstétricas gratuitas.
María Angélica Rodríguez, gerente general de la Fundación Santa en las Calles, explica que la unidad médica brinda evaluaciones físicas completas, tomas de citología, ecografías, pruebas de detección de VIH y tratamientos para patologías básicas.
“Esta atención nos ha permitido confirmar embarazos y dar un seguimiento de emergencia a aquellas mujeres que ya estaban gestando al momento del terremoto, verificando que los bebés estén sanos. Ofrecemos ginecología a mujeres de escasos recursos en estos refugios que, muchas veces, no cuentan con un acceso fácil o constante a la medicina especializada“, destaca Rodríguez.
En cuanto al perfil epidemiológico observado en los refugios, la vocera precisa que no han detectado patologías asociadas de forma directa al sismo, sino que se mantiene la prevalencia de las afecciones habituales en sus rutas comunitarias, tales como infecciones vaginales y virus del papiloma humano (VPH). Sin embargo, resalta la importancia del seguimiento a la gestación en las condiciones actuales.
“Atendemos a un número significativo de mujeres embarazadas a quienes les hacemos monitoreo continuo gracias al programa Panarosa. Esperamos ir sumando paulatinamente otros servicios esenciales, como la educación en planificación familiar y la prevención de la violencia de género”, indica la representante.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
