El dirigente político, Edmundo González, se pronunció sobre el informe reciente de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela. Hizo énfasis en la gravedad de sus hallazgos y recordó que los derechos humanos no pueden estar sujetos a circunstancias políticas.
González destacó que el anuncio deja en evidencia que las estructuras legales, institucionales y de seguridad que permitieron que ocurrieran graves violaciones de derechos humanos no han sido desmanteladas. Advirtió asimismo que la persecución no desapareció, sino que mutó por medio de detenciones arbitrarias cortas, vigilancia, interrogatorios, intimidación y censura.
“La tortura continúa y la conclusión de la Misión es especialmente grave. Habla de una cultura institucionalizada sostenida por la tolerancia y la impunidad”, afirmó Edmundo González.
El político recalcó que según los datos recogidos por la Misión, entre 379 y 500 personas continúan privadas de libertad en el país, además de que sigen registrándose desapariciones forzadas, torturas y malos tratos bajo una cultura sostenida” por la tolerancia y la impunidad”.
González alertó sobre el papel que tienen los “colectivos” en el control social e intimidación y cómo sus actuaciones son favorecidas por el propio Estado, punto que la Misión desarrolló en este reciente informe.
“No hay reconstrucción democrática posible sin verdad, memoria y justicia”, enfatizó el dirigente.
He leído con detenimiento el nuevo informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU.
Su contenido es grave y debe ser leído desde una premisa fundamental. Los derechos humanos no son una concesión ni pueden depender de las circunstancias…
La Misión de la ONUconcluyó en su más reciente informe, difundido el pasado 17 de septiembre, que pesar de las limitadas mejoras y la reducción de detenciones tras lo ocurrido el 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro, los responsables de las represiones y los crímenes de lesa humanidad siguen intactos.
La organización enfatizó que las excarcelaciones de las personas que estaban detenidas por motivos políticos no han sido acompañadas por reformas, mientras que los funcionarios que han sido señalados por violaciones graves continúan en sus puestos.
Llegaron a investigar a 64 nuevos casos de tortura que han ocurrido después del 3 de enero, en lugares como El Rodeo I, con prácticas como la intubación forzada y el encerramiento en una cisterna subterránea conocida como la “máquina del tiempo”. Mencionaron tambiñen que en Fuerte Guaicaipuro se reportan encierros similares en celdas subterráneas similares a fosas, expuestos al frío y privados de alimentos.
Estas investigaciones han llegado a revelar varios fallecimientos bajo custodia, como el caso de Víctor Quero Navas, que estuvieron relacionados con la falta de atención médica y malos tratos.
“La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles,” declaró Sofía Macher, Presidenta de la Misión.
Estado sigue sin rendir cuentas
El informe también detalló que entre el 1 de septiembre de 2025 y el 29 de julio de 2026 se llegaron a registrar al menos 214 detenciones arbitrarias por motivos políticos y en el análisis que hizo la organización sobre los “colectivos”, concluyeron queson un punto central en la forma de represión del Estado y del control social, ya que operan con apoyo, financiamiento y se les suministran equipos.
“Instamos a las autoridades estatales a adoptar medidas decisivas hacia la rendición de cuentas y a establecer un marco de justicia transicional centrado en las víctimas”, afirmó María Eloisa Quintero, experta de la Misión.
Ante la perseverancia en la impunidad y la falta de información que sea transparente sobre las personas que continúan presas, los expertos hicieron un llamado a la comunidad internacional y a las autoridades del Estado venezolano para poder llegar a una especie de rendición de cuentas.
“Estados Unidos y otros actores influyentes deben intensificar sus esfuerzos para promover cambios reales en materia de derechos humanos en Venezuela, asegurándose al mismo tiempo de que sus políticas y acciones no contribuyan a violaciones de derechos humanos ni faciliten la comisión de crímenes internacionales”, añadió Alex Neve, integrante de la Misión.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este jueves, 17 de septiembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo guayoyo.
El primer sorbo:la dosis fuerte de información para abrir los ojos
El director del FBI, Kash Patel, confirmó que Estados Unidos detuvo en Venezuela a Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias “ElIngeniero” o “Prometheus”. Un hecho que calificó como “inédito” para la institución, ya que su captura logró cerrar por completola lista de los 10 fugitivos más buscados de la agencia.
Canelón Aguirre había sido incluido en dicha lista en marzo de 2026 y se convirtió en el primer ciberdelincuente en la historia en ser incluido en ella. En esa ocasión, se solicitó un millón de dólares por su captura.
“El ingeniero” fue localizado y arrestado en territorio venezolano, según la información revelada por el FBI. Calderón es considerado un delincuente cibernético, que creaba malwares para robar dinero de bancos y dárselos al Tren de Aragua y otras agencias criminales.
«La desinversión está matando a Guri. La salida de la máquina 17 nos pega mucho. Ahí faltan repuestos, utensilios de seguridad para los trabajadores», dijo Enzo Fernández, un empleado de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) al medio El Pitazo sobre la reciente daño que sufrió una de las turbinas de la central hidroeléctrica.
Lo que rompe en redes
Horas previas al segundo ciclo de negociaciones, el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz emitió un comunicado para recomendarle a la presidente interina Delcy Rodríguez de levantar el bloqueo a las páginas web de periodismo venezolano. La ONG VE Sin Filtro recordó que hay más de 200 sitios web cuyo acceso está bloqueado por el Gobierno venezolano desde hace años.
🚨 Estamos analizando cualquier cambio en la censura en #internetVE luego del comunicado del "Programa para la Paz y la Convivencia Democrática" de "eliminar restricciones contra dominios de medios de comunicación".
El impacto demográfico de 26 años de chavismo en el gobierno ha dejado huellas profundas. El más notable es la emigración del 25 % de la población de Venezuela. El otro es el surgimiento de una clase de nuevos ricos asociados a la corrupción de una cleptocracia como jamás se había conocido. A los antiguos “ricos de cuna” (algunos de ellos se han pegado a la teta chavista, y otros han resistido la arremetida contra la empresa privada), ahora se agrega una clase de dueños de negocios que han ido colonizando áreas de la economía como el vestido, la venta de electrodomésticos y aparatos electrónicos, de víveres y productos de higiene, farmacias y muchos otros ramos donde se lava dinero en cantidades millonarias.
El escritor Carlos Lizarralde se ha dedicado a documentar este drama demográfico. En su más reciente libro en inglés intitulado One in Four. The Exodus that Emptied Venezuela (Codex Novellus, 2025), Lizarralde propone asumir una perspectiva histórica. Venezuela es, según este autor, el producto de varias rupturas poblacionales. Estas rupturas están marcadas por la conquista de ese territorio donde vivían tribus autóctonas que guerreaban entre ellas (sobre todo los feroces caribes) que no tenían un peso demográfico cuantitativo relevante. Los conquistadores españoles se impusieron, iniciando un proceso de mestizaje que ha marcado hasta hoy en día el perfil poblacional, cultural e incluso psicosocial de los venezolanos. Después vendría la colonización con su jerarquización étnico-social, su componente de racismo, y la llegada por la vía forzada del comercio de esclavos de una población africana sometida a la explotación y el maltrato. El mestizaje incluye tres fuentes: la europea, la autóctona americana y la africana.
Guerra y población
Después vendría la guerra de independencia que también cambió por la vía violenta la demografía de Venezuela. Diezmó a una parte importante de la población de origen español y canario, reforzó la dominación de una clase blanca criolla, abrió las puertas para que mestizos como los pardos reclamaran derechos políticos y económicos, e hizo que las masas de mestizos, autóctonos y negros, fueran movilizados por líderes militares carismáticos como Boves (contra los republicanos liderados por Bolívar) y después Páez (a favor de los republicanos) en las refriegas entre promonárquicos y proindependencia. Esta movilización guerrera del llamado “pueblo” se mantuvo durante la llamada Guerra Federal y otros episodios violentos bajo los diferentes caudillos regionales que fueron finalmente derrotados por otros caudillos andinos, Castro y Gómez, a finales del siglo XIX.
La población de Venezuela no podía crecer debido a la gran pobreza y a las enfermedades que mataban a los venezolanos. La malaria y otras infecciones tropicales no permitieron que hubiera crecimiento demográfico ni económico. Eso cambió con el descubrimiento y la explotación del petróleo, cuando comenzó la lucha contra el paludismo gracias a un país con más dinero, desarrollo de su infraestructura, acceso (aunque limitado) a la educación y mejoras en la atención sanitaria. A estos cambios socioeconómicos se agregaron nuevas olas migratorias de Europa y otros países de Suramérica, como lo señala Lizarralde en su libro, personas atraídas por la prosperidad económica que ya se manifestaba en el país en los años 30 y 40 del siglo XX.
El resentimiento
Pero la llegada del chavismo al poder en 1999 marca una ruptura sociodemográfica. Reintroduce la variable “étnica” (no me gusta usar el término “racial” por sus implicaciones fascistas) en la política, el enfrentamiento entre los de piel más oscura y los blancos, según el discurso del propio Hugo Chávez. Como lo señala en su libro Lizarralde, el proyecto de Acción Democrática de un policlasismo no étnico, basado en la convergencia de intereses de diversas clases y diferentes tonos de piel, se desmorona. El autor lo explica como el regreso de lo reprimido, siendo lo reprimido el racismo que habían sufrido las mayorías empobrecidas, especialmente desde la crisis económica que se inició en los años 80 del siglo XX. El chavismo apalancó el resentimiento étnico que históricamente se había acumulado.
Además de destruir la economía, el tejido institucional del país (que no era muy sólido pero que se había construido con avances y retrocesos), y los sistemas de protección sanitaria y social (acabaron con la red pública de salud y de seguridad social), el chavismo produjo un exilio masivo de venezolanos que nunca se había constatado en la historia de la relativamente joven república. Dependiendo de las fuentes, entre 8 y 9 millones de venezolanos, de todos los colores de piel, salieron huyendo de un régimen que los empobreció y que los persiguió. Se dice fácil, pero sin haber pasado por una guerra civil como la que sufrió Siria, Venezuela se vació de un cuarto de su población.
Y, tal como lo considera Lizarralde, además del costo socio-económico de tal masiva emigración, la salida de un cuarto de la población ha quebrado a cientos de miles de familias. Padres y madres separados de sus hijos, abuelos que no conocen a sus nietos, hermanos dispersados por todo el mundo. El legado del chavismo es también muy negativo en lo humano. En su desprecio por la gente, la clase gobernante de estos últimos 26 años se ha metido hasta en la dinámica socio-afectiva de las familias.
En Venezuela vemos emerger una nueva demografía. Los pobres, mayoría, se han vuelto más dependientes del Estado. La clase media está muy golpeada y disminuida. Una nueva clase media alta y rica, asociada al régimen, vive en sus burbujas urbanas disfrutando de las mieles del lavado de dinero, la corrupción y las migajas sustanciosas que van dejando los capos del chavismo reconvertidos ahora en proimperialistas. Carlos Lizarralde habla en su libro de una ola más reciente de inmigrantes en Venezuela. Se trata, según el autor, de cientos de miles de personas de lo que se conoce como la Gran Siria (Siria y Líbano) que se han insertado en la economía y en la política del país, algunos con mejor suerte que otros. Es una población un tanto diferente de los migrantes sirio-libaneses que llegaron al país en otros momentos de su historia reciente. La pregunta queda abierta, tal como la formula el mismo Lizarralde: ¿qué impacto tendrán estos cambios demográficos en la política, la economía y la cultura de Venezuela? Difícil proyectar una respuesta. Venezuela cambió y no sabemos si será necesariamente para bien.
«Hoy es un día fatídico para la Universidad Simón Bolívar: hoy se cumplen cinco años del nombramiento de unas autoridades interinas por parte del Gobierno nacional que, se supone, iban a estar seis meses para elegir autoridades legítimas». Con estas palabras del presidente de la Asociación de Profesores de la universidad (Apusb), Omar Pérez Avendaño, inició una rueda de prensa convocada el 16 de septiembre en la sede de Sartinejas de la institución, en Caracas.
Estudiantes, profesores y egresados se reunieron para exigir retomar las elecciones de sus autoridades ante el Consejo Nacional de Universidades (CNU). Desde que el CNU impuso el rectorado interino, la USB ha registrado más vulnerabilidades desatendidas.
«Han sido 5 años de la peor gerencia de la universidad en toda su historia», denunció Pérez Avendaño. «Ya se conoce el deterioro de la infraestructura. Ya se conoce el bajo nivel académico. Se conoce que hay [al menos] 320 profesores ordinarios, de los cuales la mitad son profesores jubilados. Se conoce que la matrícula ha disminuido, dejando a la universidad prácticamente como un colegio. Aquí no hay autobuses, tienen que pagar dos dólares para tener un almuerzo», señaló.
El presidente de la Apsub informó que la comunidad estudiantil y docente de la universidad ha contactado a la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, para solicitar las elecciones. La demanda ha sido rechazada. Pérez mostró su preocupación por el nombramiento de otro rectorado impuesto, sin la participación democrática de la comunidad universitaria.
Son 5 años que se cumplen hoy de la designación de autoridades interinas en nuestra USB.
Fatídica fecha institucional que no podrá ser olvidada en la universidad venezolana.
De acuerdo con la Ley de Universidades, el CNU tiene competencia para designar solamente a un rector interino por un período de 180 días cuando existe la falta repentina de un rector. Durante ese tiempo se deberían convocar a nuevas elecciones.
La Apsub envió una apelación al Tribunal Supremo de Justicia en junio de 2024, cuando el rectorado interino tenía tres años en funciones. «Pero el Tribunal “engavetó” el caso», denunció Pérez.
Desde entonces, la comunidad universitaria llevó otras cinco solicitudes al Ministerio de Educación Superior para solicitar elecciones recotrales: el 24 de enero de 2025, el 6 de marzo de 2026, el 13 de abril de 2026 y el 21 de abril de 2026. El Ministerio canceló o ignoró todas las solicitudes.
Informamos a la comunidad universitaria que la reunión de mañana con la ministra @santajuanasanta ha sido pospuesta. Si bien mantenemos la disposición al diálogo y confiamos en una pronta reprogramación, la USB se encuentra en un punto de no retorno.
Mientras tatno, Wilmary Venal, presidenta de la Federación de Estudiantes de la USB (Fceusb), denunció que la sede de la universidad en La Guaira fue tomada como refugio por el Gobierno interino sin la consulta de la representación docente y estudiantil.
«Vienen con la narrativa de “Venezuela renace”, pero la USB no ha renacido: la están dejando hundirse», reclamó. «No tenemos problema que sea un refugio para los damnificados, pero no tenemos las condiciones claras de cómo se va a manejar la situación en la sede», destacó.
Venal denunció que la comunidad universitaria en el estado Vargas no tiene atención psicológica y se espera que retomen clases desde la semana pasada desde la virtualidad. Tampoco se ha estipulado un plan de atención integral para los miembros de universidad que viven en La Guaira.
«Manifestamos nuestra profunda alarma ante la ausencia de liderazgo y la falta de voluntad, compromiso y capacidad operativa de los interinos para atender con diligencia y empatía la emergencia que enfrenta nuestra sede Litoral a causa del doblete sísmico», dijo Mineau Reyes, presidenta de la Asociación de Egresados de la USB (Aeusb).
Reyes afirmó que la universidad apeló a mantener a la directiva en sesión permanente frente al desastre y la reconstructción y reintegración «gradual» de las clases, pero el rectorado interino declinó la solicitud, tildándola de «acción política».
Fue a través de una iniciativa de 60 personas pertenecientes a la Aeusb, la Fceusb y la Apusb que se hizo un censo de la comunidad universitaria afectada por el desastre. Reyes afirmó que la iniciativa entregó cerca de 70 toneladas de insumos a cientos de personas. Indicó que esta asociación civil seguirá trabajando en alianza con organizaciones internacionales ante el silencio y la inacción del Gobierno interino de atender a la comunidad universitaria.
«No sabemos cómo vamos a regresar a clases», denunció la presidente de la Fceusb. «Hoy tenemos la universidad vacía [en Caracas] porque no tenemos las condiciones para empezar».
Hubo dos hechos que desencadenaron las dudas: Estados Unidos capturó a Nicolas Maduro durante los bombardeos del 3 de enero en Caracas y, seis meses después, dirigió los ataques del 9 de junio en el estado Bolívar, que terminaron con la presunta ejecución de ‘Niño Guerrero’, el líder más visible del Tren de Aragua. ¿Estos episodios significaron un cambio para el Arco Minero del Orinoco? La Alianza Rebelde Investiga (ARI) y Convoca emprendieron un viaje hacia estos territorios para conocer si realmente se erradicaron las estructuras criminales que durante años han dominado la zona.
En esa travesía hubo varios hallazgos que fueron revelados en el primer reportaje de la serie Dorada Opacidad II. Aquí las claves de este trabajo:
1. La incursión armada del 9 de junio no erradicó estructuras mafiosas:
El ataque ejecutado por el Comando Sur de Estados Unidos en el estado Bolívar, junto a componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), desplazó al ‘Sistema’, la unión conformada por dos bandas criminales: el ‘Sindicato de Juancho’ y el ‘Tren de Aragua’. Sin embargo, ese lugar lo ocupa ahora el Grupo de Protección del Arco Minero del Orinoco (GPAMO), que depende de la FANB y que se ocupa ahora de extorsionar a comerciantes, mineros, molineros y a todo aquel que esté vinculado con la explotación del oro en el eje Las Claritas-Kilómetro 88.
Ese “cambio de gobierno”, término carcelario usado también por los grupos delincuenciales para indicar cuándo una banda sistituye a otra en un territorio, no desmonta el sistema. La renta del oro permite que la gobernanza criminal sobreviva y se adapte, esta vez, con rostro militar.
Caravana del GPAMO en Las Claritas. Foto: Lorena Meléndez G.
2. La incursión fue una muestra del poder de Estados Unidos sobre Venezuela:
Desde el 3 de enero, el gobierno de Donald Trupm ha dejado claro su interés por el petróleo, pero también oro venezolano. Por eso, no es coincidencia que, cinco días después de la captura de Nicolás Maduro, la presidenta encargada que cuenta con el aval de Washington, Delcy Rodríguez, haya anunciado la presentación de un paquete de leyes ante la Asamblea Nacional, el cual incluyó la creación de una nueva normativa para la minería.
La Ley Orgánica de Minas se sancionó en abril pasado con un articulado que permite la entrada de empresas privadas extranjeras a las actividades de la industria aurífera y concede una serie de beneficios fiscales a las compañias dedicadas al sector.
3. Delcy Rodríguez pone a su gente cerca del oro:
Por su parte, Estados Unidos comenzó el levantamiento de sanciones que había aplicado desde 2018 sobre el oro venezolano. Entre marzo y principios de septiembre, el Departamento del Tesoro del país norteamericano, permitió la emisión de licencias a empresas estadounidenses para la exportación, venta, compra, almacenamiento, transporte, procesamiento y refinación de minerales de origen venezolano, incluido el oro. También dio luz verde al suministro de determinados artículos y servicios para operaciones con minerales, así como la celebración de negociaciones y contratos en sectores mineros.
La presidenta interina consolidó sus cuadros dentro de la empresa minera nacional. Por eso, nombró o reconfirmó en sus puestos a funcionarios cercanos a su entorno en el ámbito civil y militar dentro del Arco Minero. Sus fichas no solo se extienden sobre el Ejecutivo, sino también sobre las empresas públicas que intervienen en el negocio y en los uniformados que pueden garantizar el suministro de gasolina y la operación dentro de las minas.
Ejemplo de estos movimientos son el reemplazo del ministro de la Defensa de la era Maduro, Vladimir Padrino López, por Gustavo González López, quien comenzó como el comandante de su Guardia Presidencial. Rafael Prieto Martínez, quien venía de ser jefe militar en Bolívar, es hoy la máxima autoridad del Comando Estratégico Operacional (CEOFANB). También hubo cambios en la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Guayana (donde está el Arco Minero del Orinoco) y en la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Bolívar.
En el ámbito civil está Calixto Ortega Sánchez, uno de sus hombres cercanos, en la Vicepresidencia sectorial de Economía y Finanzas. De ese despacho depende el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, a cargo de Héctor Silva Hernández, quien también es presidente de la Corporación Venezolana de Guayana y de la Compañía Venezolana de Minería. Además, el actual presidente del Banco Central de Venezuela, Luis Pérez, es también titular del recién creado Viceministerio del oro.
En el ámbito regional se mantiene Yulisbeth García, la “Tata”, como gobernadora del estado Bolívar, quien en sus tiempos de alcaldesa del municipio Piar fue señalada por haber permitido que ese territorio, en donde no había minería, se convirtiera en una sucursal del comercio aurífero y también de participar en negocios relacionados con contrabando de oro.
Todos estos enroques confirman que el Estado no está ausente en el Arco Minero, sino que convive y se superpone con poderes criminales.
4. El Arco Minero funciona como un mosaico de gobiernos de facto:
Mientras que los militares del GPAMO controlan el negocio minero en Las Claritas-Kilómetro 88, en los otros territorios mandan las bandas y la guerrilla colombiana.
En la población de El Dorado permanece en el poder el “Negro Fabio”, quien a pesar de que tiene dos órdenes de aprehensión, una por contrabando de oro y otra por trata de personas con fines de explotación sexual, lleva más de tres lustros a cargo de las minas de la zona, incluso de aquellas que están al margen del Cuyuní.
En Tumeremo, la mayor parte de la minas son dominadas por la Organización R, cuyo líder lleva el apodo de ‘Run’. Mientras que el Tren de Guayana controla los yacimientos de El Callao y sus alrededores. Aunque todos los habitantes en estos pueblos saben de su existencia, ambos grupos operan con bajo perfil.
En las minas cercanas a la frontera con Guyana están los miembros de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La presencia del Negro Fabio se siente en todo El Dorado. Foto: Lorena Meléndez G.
5. Gobernanza criminal: más allá del delito
La reportería en estos territorios confirmó que los grupos armados no se limitan a la actividad minera, sino que actúan dentro del orden civil de los pueblos o incluso se hacen ver como benefactores de la zona.
El desplazado ‘Sistema’ de Las Claritas-Kilómetro 88 vigilaba celosamente el comportamiento de los habitantes y castigaba faltas a golpes, palazos u horas al sol: desde un robo hasta una infidelidad en una pareja. También mantenían equipado y dotado al centro de salud del pueblo, así como la seguridad del lugar con un régimen tan férreo que nadie se atrevía a desafiarlos. Lo paradójico es que, ahora que los militares están al mando, los pobladores se sienten desprotegidos porque los robos y hurtos han regresado.
La Fundación Corazón de Azúcar cumple con obras benéficas en El Dorado en nombre del ‘Negro Fabio’. Se encarga de repartir comida, útiles escolares, reparar baches, pintar escuelas y hasta ayudar a jóvenes deportistas del pueblo. Los pobladores acuden a él para resolver problemas y buscar ayuda monetaria para tratamiento de salud. Han manifestado que, si hay algún operativo militar allí, saldrán en su defensa. En Tumeremo hace lo propio la Fundación 3RRR, que depende de la Organización R.
Después de 27 años de chavismo sería muy fácil pensar que la reconstrucción de Venezuela consiste simplemente en hacer exactamente lo contrario de todo lo que se hizo durante este tiempo. Y quizás allí tengamos una de las primeras discusiones que debemos atrevernos a dar con franqueza, porque el rechazo comprensible hacia el socialismo del siglo XXI está comenzando a producir nuevos antagonismos alrededor de conceptos que deberíamos volver a discutir con racionalidad.
Todo aquello que se refiere a la gestión social por parte del Estado comienza a mirarse con rechazo o estigmatización porque se asocia inmediatamente con el modelo que hemos padecido. Mientras tanto, cualquier propuesta que hable de reducir el Estado, privatizar, liberalizar la economía o colocar la libertad individual en el centro puede adquirir legitimidad simplemente porque representa lo contrario. Entiendo perfectamente de dónde proviene esa reacción. Pero gobernar un país no puede consistir únicamente en reaccionar contra aquello que fracasó.
Y es que lo que vivimos los venezolanos no fue simplemente un Estado que asumió demasiadas responsabilidades sociales. Vivimos el desmantelamiento institucional del propio Estado, la desaparición progresiva de mecanismos de control, la concentración del poder y una peligrosa ausencia de fronteras entre partido, gobierno y Estado. Vivimos enormes esquemas de corrupción, irrespeto a la propiedad privada, destrucción de capacidades productivas, deterioro de los servicios públicos, pérdida de capacidades institucionales y graves violaciones de derechos humanos.
Por eso hay una diferencia enorme entre un Estado grande y un Estado fuerte. Venezuela llegó a tener un Estado que pretendía estar presente en prácticamente todos los espacios de la vida económica, política y social y que, paradójicamente, terminó siendo incapaz de cumplir muchas de sus funciones fundamentales. El problema no fue simplemente cuánto Estado tuvimos. El problema fue qué Estado construimos, qué límites perdió, qué instituciones destruyó y qué capacidades dejó de tener.
Es allí donde quiero volver sobre una discusión que Manuel García-Pelayo planteó alrededor del Estado social y democrático de derecho y que sigue teniendo una enorme vigencia para pensar Venezuela: la democracia tiene una dimensión política, pero también una dimensión social.
La democracia política permite que la ciudadanía elija a sus gobernantes y representantes; garantiza la división de poderes, el Estado de derecho, la institucionalidad, la transparencia, el pluralismo y la posibilidad real de controlar a quienes ejercen el poder. La democracia social, por su parte, procura que el Estado esté al servicio del ciudadano y no el ciudadano al servicio del Estado. Entiende que la democracia no puede agotarse en votar periódicamente, sino que debe crear las condiciones para que las personas ejerzan efectivamente sus derechos y desarrollen sus capacidades.
Y aquí aparece una distinción que para mí es fundamental: hablar de democracia social no significa defender un Estado omnipresente. Mucho menos significa un Estado propietario de todo, empresario de todo, regulador de cada aspecto de la vida o encargado de sustituir a la sociedad.
Lo que Venezuela necesita puede entenderse mejor como un Estado limitado, capaz y eficiente. Limitado, porque su poder debe encontrar fronteras infranqueables en la Constitución, en los derechos de las personas, en la propiedad privada, en la separación de poderes y en la autonomía de la sociedad civil. Capaz, porque aquello que verdaderamente le corresponde hacer debe hacerlo bien. Y eficiente, porque el éxito del Estado no puede medirse por la cantidad de instituciones que controla, empresas que posee, funcionarios que emplea o recursos que administra, sino por su capacidad para garantizar derechos, prestar servicios públicos, establecer reglas claras y generar condiciones para el desarrollo.
Ese Estado no tiene que sustituir a la sociedad ni controlar todos los espacios de la vida ciudadana. Tampoco debe sustituir al mercado allí donde la iniciativa privada puede producir, innovar, generar empleo y crear riqueza de manera más eficiente. Pero tampoco puede renunciar a sus responsabilidades fundamentales en educación, salud, seguridad, justicia, infraestructura, protección social, servicios públicos, igualdad ante la ley y creación de condiciones para que cada ciudadano pueda desarrollar sus capacidades.
Esto no excluye la participación activa del capital privado. No excluye la propiedad privada. No excluye el emprendimiento ni la competencia. Mucho menos excluye una sociedad libre. Más bien puede convivir perfectamente con una economía social de mercado donde la iniciativa privada sea una fuente fundamental de generación de riqueza, mientras el Estado establece reglas claras, garantiza seguridad jurídica, protege la competencia, evita privilegios y procura que el crecimiento económico pueda convertirse también en oportunidades.
Porque tampoco podemos cometer el error de confundir una economía de mercado con la ausencia del Estado, así como durante demasiado tiempo confundimos la presencia del Estado con la capacidad del Estado.
Después de 27 años de chavismo y de un proyecto político que evolucionó progresivamente hacia postulados abiertamente socialistas, anticapitalistas y marxistas, y que posteriormente encontró en el Partido Socialista Unido de Venezuela su principal estructura política, es comprensible que palabras como igualdad, protección social o incluso justicia social produzcan suspicacias en una parte de la sociedad. Pero permitir que el socialismo del siglo XXI se apropie definitivamente de esos conceptos sería concederle todavía más de lo que ya se llevó.
La democracia social no tiene la culpa de la corrupción. No explica que Venezuela haya atravesado una emergencia humanitaria compleja. No explica la violación de derechos humanos, la concentración del poder ni la utilización de las instituciones para controlar a los ciudadanos. Tampoco significa entregar derechos a cambio de obediencia.
Por el contrario, una democracia social supone ciudadanos con derechos civiles, políticos, económicos y sociales que no dependan de su cercanía con un partido, de su adhesión a un gobierno ni de su disposición a someterse al poder. Un derecho deja de ser verdaderamente un derecho cuando depende de demostrar lealtad a quien gobierna.
Ahora bien, el rechazo producido por estos años genera otra tentación. Cualquier propuesta asociada con el liberalismo clásico, con una reducción radical del Estado o con una idea abstracta de libertad puede resultar electoralmente atractiva porque aparece como la negación absoluta de aquello que hemos vivido. Y quizás sería muchísimo más fácil para un político, un activista o cualquier persona que quiera construir seguidores, tomar esas banderas y aprovechar una reacción emocional que tiene razones históricas perfectamente comprensibles.
Pero nosotros queremos racionalizar. Queremos explicar. Queremos hacer pedagogía sobre el tipo de Estado que merece Venezuela y discutir programáticamente qué entendemos cuando hablamos de libertad, igualdad, propiedad, mercado, solidaridad y democracia.
Por eso creo que hace falta construir un centro capaz de establecer postulados programáticos claros alrededor de una democracia social moderna. Y es allí donde, al menos yo, me siento identificado.
No hablo de un centro entendido como una posición cómoda entre dos extremos ni de una forma de evitar definiciones. Hablo de un centro capaz de defender con la misma claridad la libertad política, la propiedad privada, la iniciativa individual y la competencia; la separación de poderes y el Estado de derecho; pero también la educación, la salud, la protección social, la igualdad ante la ley y la existencia de instituciones que permitan que esas libertades puedan ejercerse realmente.
Venezuela llegó a conquistar parte importante de una experiencia democrática. La perdió y la deterioró, pero no necesariamente porque todos los postulados programáticos de aquella democracia fueran equivocados. Hay que hablar con absoluta claridad del clientelismo, de la corrupción, de la falta de oxigenación de los partidos, de sus problemas de representación y de la incapacidad que tuvieron para renovarse. Allí tienen responsabilidades históricas Acción Democrática, Copei y las generaciones que en determinados momentos condujeron esas organizaciones.
Sin embargo, reconocerlo tampoco significa satanizar a quienes se atrevieron a sentar las primeras piedras de un sistema democrático en Venezuela. Podemos reconocer lo que construyeron, estudiar aquello en lo que fracasaron y utilizar ambas experiencias para pensar el futuro. La crítica al pasado democrático debe servir para construir algo mejor, no para negar que Venezuela conoció instituciones, consensos y conquistas que hoy nuevamente necesitamos.
Y es que Venezuela no tiene por qué volver a casarse con un extremo.
Puede construir un modelo equilibrado: una democracia política plena y participativa, con separación de poderes, Estado de derecho, elecciones auténticas, transparencia y pluralismo; una economía abierta que respete la propiedad privada, la competencia, el emprendimiento y la iniciativa individual; y una democracia social que permita que el Estado cumpla eficazmente las funciones que verdaderamente le corresponden y que el desarrollo económico se traduzca en capacidades y oportunidades para las personas.
Necesitamos, además, que el ciudadano vuelva a encontrar razones para proteger la democracia. Y para eso la democracia tiene que funcionarle.
Tiene que funcionarle cuando acude a un hospital, cuando lleva a sus hijos a una escuela, cuando busca empleo, cuando emprende, cuando abre una empresa, cuando necesita agua o electricidad, cuando exige seguridad, cuando reclama ante una institución y cuando participa en las decisiones de su municipio, de su estado y de su nación. Porque la democracia tiene que volver a encontrarse con la cotidianidad.
Cuando el ciudadano percibe que las instituciones le permiten vivir mejor, ejercer sus derechos, resolver sus conflictos, desarrollar sus capacidades y participar en las decisiones que afectan su vida, la defensa de la democracia deja de ser una abstracción. La democracia comienza a significar algo concreto en su vida y, precisamente por eso, encuentra razones para defenderla.
Los destinos de la nación tienen que volver a discutirse desde la pluralidad. Esa es una de las principales convocatorias que hoy debemos hacer a la sociedad civil, a los partidos políticos, a las distintas coaliciones y a quienes hacemos vida en el espectro político nacional.
No se trata simplemente de reconstruir aquello que fue destruido. Tampoco de restaurar el país que existía antes de 1999 como si sus contradicciones no hubiesen contribuido al agotamiento de aquel sistema. Se trata de aprender de aquello que construimos bien, reconocer aquello que hicimos mal y atrevernos a discutir qué Estado, qué economía y qué democracia queremos para las próximas décadas.
Porque si de verdad hablamos de reconstrucción democrática, tendremos que ir mucho más allá de la coyuntura. Habrá que tocar fondo allí donde haya que tocarlo.
Las elecciones celebradas el pasado 6 de septiembre en el Estado de Sajonia-Anhalt, región situada en la otrora Alemania Oriental, impactaron a Europa tras el triunfo de Alternativa para Alemania (AfD). Es la primera vez que un partido de ultraderecha logra gobernar en un estado de ese país desde la caída de Adolf Hitler, en 1945.
Por tanto, la exclamación alemana ¡Achtung! es más que una advertencia ante la realidad del auge de una formación política que, fundada apenas en 2013, obtuvo el 20,8 % (10 millones de votos) en las últimas elecciones federales de 2025. Con estos resultados, superó a partidos tradicionales de larga data como el Partido Socialdemócrata (SPD), a los Verdes (que obtuvieron el 16,4 %) y al Partido Democrático Libre (FDP) de los empresarios (que se quedó por debajo del 5 %).
Este éxito les ha permitido extender su influencia más allá de Alemania, conectándose con expresiones políticas similares en otros países europeos e incluso ampliando su onda expansiva hacia América.
Del fascismo histórico a la nueva realidad global
¿Quién iba a pensar que la ultraderecha volvería a ser relevante como fuerza política? Si acudimos a la historia, un siglo atrás se inició el apocalipsis fascista en Europa con la llegada de Mussolini al poder en Italia. A este fenómeno se sumó la ola autoritaria del periodo de entreguerras, representada por el régimen de António de Oliveira Salazar en Portugal —el Estado Novo (1933-1974)—, caracterizado como una dictadura corporativista y ultraconservadora que compartió rasgos esenciales con el fascismo, desembocando finalmente en la hecatombe nazi (1933-1945).
A esta galería del terror se añadió el fascismo imperial japonés, cuyo régimen promovió una doctrina geopolítica que justificaba la dominación sobre otros pueblos de Asia mediante la creencia en la superioridad étnica y mística del pueblo japonés.
Todos sabemos cómo culminó aquella fase de exterminio que afectó a todo el planeta, marcada por el Holocausto de seis millones de judíos y una cifra de entre 60 y 85 millones de muertos (algunos cálculos extremos elevan la cifra hasta los 100 millones si se incluyen las muertes indirectas por hambre y enfermedades). La gran mayoría de las víctimas fueron civiles que perecieron a causa de bombardeos y actos de violencia masiva.
El resurgimiento en el siglo XXI
Cuando vemos hoy, en pleno siglo XXI, cómo en estas formaciones se enarbolan esvásticas nazis, se niega el Holocausto calificándolo de invención o se justifica la figura de Adolf Hitler, no queda más que prepararse ante el resurgimiento de movimientos que cuestionan la esencia de los sistemas democráticos y la igualdad entre los seres humanos.
Si observamos el mapa europeo de esta nueva ultraderecha que pugna por alcanzar el poder a corto plazo, encontramos:
En Alemania, a la AfD.
En Francia, a Reagrupación Nacional (el antiguo Frente Nacional), liderado por Marine Le Pen, propuesta como candidata presidencial para 2027.
En España, al partido Vox, con Santiago Abascal.
En Portugal, a Chega, dirigido por André Ventura.
En el Reino Unido, al partido Reform UK de Nigel Farage.
En Hungría, a Fidesz (Unión Cívica Húngara), liderado por Viktor Orbán, quien perdió las elecciones en 2026 frente a Péter Magyar, del partido de centroderecha Tisza.
En Italia, a Giorgia Meloni, considerada una de las figuras más importantes de la ultraderecha europea contemporánea, quien lidera el partido posfascista Hermanos de Italia y encabeza el gobierno más duradero del país en décadas.
Además de este primer grupo, existen formaciones de este mismo corte en los Países Bajos, la República Checa, Grecia, Suecia y Bulgaria, con diferentes matices, pero con un denominador común: la conducción de gobiernos o la participación en coaliciones oficiales.
La agenda de la nueva ultraderecha
Por supuesto, su agenda no es idéntica a la de la Internacional Fascista que devastó a la humanidad en el siglo XX, pero su orientación reaccionaria es evidente:
Rechazo absoluto a la inmigración, apostando por deportaciones masivas.
Proteccionismo comercial.
Frenar el Pacto Verde europeo.
Oposición férrea a las políticas de igualdad de género.
Divisiones internas sobre la Unión Europea: mientras Italia busca fortalecer el euro, Orbán y la AfD instan a la separación.
Discrepancias sobre Ucrania: Meloni apoya irrestrictamente a Kiev, mientras que la AfD y Orbán ven en la Rusia de Putin a su aliado fundamental.
Como indica una reciente nota periodística, la ultraderecha ya gobierna o cogobierna en ocho de los 27 Estados de la UE. Se espera que, con la llegada del ciclo electoral de 2027, comience una dura batalla por dominar el relato en torno a la inmigración y las políticas energéticas y medioambientales.
En definitiva, asistimos a nivel global a reagrupamientos difíciles de entender a la luz de la historia, en los que el pasado parece no importar. Mientras potencias como China, Rusia e India diseñan un nuevo eje económico y político mundial, en Occidente las rupturas internas facilitan el avance de regímenes autoritarios enemigos de los valores democráticos y de la dignidad humana.
América Latina no debe ignorar este preocupante rumbo del liderazgo global. En el siglo XX formó parte de la cruzada mundial contra el fascismo y por la paz; hoy debe mantenerse firme contra la discriminación, exigir el cese de la persecución a los migrantes en todo el mundo y redoblar los esfuerzos para restablecer instituciones públicas que garanticen una vida digna para sus pueblos.
Crónica de un país hipotecado y saqueado a un país redimido y educado
La revolución iraní de 1979 produjo el segundo gran shock petrolero. El precio internacional volvió a subir fuertemente y la renta petrolera venezolana alcanzó el 35,9 % del PIB y 33,6 % en [1979/80]. Insiste la borrachera de los petrodólares, pero en una estructura económica diferente.
Veníamos de la era faraónica de CAP I. El Estado intensificó su endeudamiento, se acostumbró al reparto y al clientelismo. La ansiedad del gasto público, consumismo y hábitos sauditas no cesaron. Y explotó el país. El barril de petróleo subió de USD 2 el barril [1972] a USD 18 [1979], pasando de ingresos de 4000 millones de dólares a 12 000 millones de dólares.
El presupuesto nacional aumentó de 4200 millones de dólares a 40 000 millones, creando además un endeudamiento del sector no petrolero por el orden de los 12 billones de dólares. El déficit fiscal, que en 1975 estaba en cero, llegó a un consolidado del 10 % en 1979, llevando la deuda pública al 39 % del PIB.
Lo que venía era resaca, revolución y quiebre. Era previsible. Pero la borrachera no nos dejaba ver. Y chocamos con la historia.
Luis Herrera: “He recibido un país hipotecado”
En su alocución de toma de posesión, Luis Herrera Campins [12/3/1979] lanza esta pelusa: “He recibido un país hipotecado”. Durante los gobiernos de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y Rafael Caldera I se mantuvo casi en cero la deuda pública. Durante el primer mandato de CAP, alcanzó unos 15.000 millones de dólares. Luis Herrera duplicó el endeudamiento a 30 billones.
Pero durante Chávez, solo en el 2012 se llegaron a 97 000 millones de dólares en ingresos, el déficit fiscal consolidado alcanzó el 17.8 % o el 50 % del PIB. La irresponsabilidad del gobierno de Chávez no tiene parangón histórico en la región. Después de un festín en 10 años con ingresos que superaron el trillón de dólares [un millón de millones de dólares: 2003/2013] el país pasó de un endeudamiento de 35 billones de dólares a 5 veces más, la moneda se desintegró [$ 1=87 billones de bolívares anteriores/Chávez Maduro] y la inflación registró 1.370.000 % en 2018, cifra récord según el FMI.
Con Luis Herrera un bolívar estable, un gasto público represado y divisas petroleras, estimularon las importaciones. Retuvo la liquidez y generó un fuerte escape de divisas, que hizo inevitable la devaluación del bolívar [por primera vez desde Gómez], generando una dañina perversión cambiaria [RECADI]. Se quemaron dólares preferenciales, indiscriminadamente.
RECADI es el padre de CADIVI, dos caporales de corrupción que produjeron riquezas exprés solo comparables a las grandes fortunas de Palo Alto o los Emiratos. RECADI fue el resultado del del Viernes Negro [1983]. Un sistema que introdujo múltiples tipos de cambio y subsidios implícitos a importaciones a dedo.
Así se consolidó un vicio embriagador de la economía venezolana: una elevada [y artificiosa] capacidad de importar que no estaba acompañada por un crecimiento de la productividad interna. La renta financiaba el consumo, con bienes de capital e importaciones a rabiar, pero también generaba grotescas rentas cambiarias. En lugar de que cada dólar petrolero se transformara en producción, se convertía en divisas baratas que financiaban whisky, viajes y boato.
Luis Herrera recibió un país hipotecado, pero deja uno devaluado y en ruinas. Inauguró el metro de Caracas [1983], el Teatro Teresa Carreño [1983], la promulgación de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público y la construcción del complejo Hidroeléctrico Uribante-Caparo. Pero la deuda externa pasó de 12 billones a 35 billones de dólares, un 60 % del PIB, conservando un superávit del + 0.9 %. Aunque podíamos pagar deuda, en realidad se trataba de pagar la rentabilidad cambiaria de RECADI.
Lusinchi: administrar la escasez
Cuando Jaime Lusinchi asumió el mando, el precio del petróleo no compensaba las distorsiones acumuladas. El país tenía una deuda elevada, control cambiario y un gasto difícil de reducir. Éramos 17,5 millones de habitantes en 1985. La inversión pública continuó, pero en medio de un palmario deterioro. Un ejemplo ilustrativo fue la infraestructura vial. La construcción de la autopista hacia oriente –presupuestada en unos 3 millardos de bolívares– terminó multiplicando varias veces su costo, permaneciendo inconclusa durante décadas.
Lusinchi no aumentó el endeudamiento, pero suspendió el servicio de pago de la deuda externa.
Al final de su gobierno aumentó el gasto público, los subsidios salariales, bonos. El déficit fiscal sube al 7 % y la inflación al 60 %. Las reservas bajan a niveles mínimos. CAP II recibe un país con apenas 750 millones de dólares en reservas, servicio de deuda suspendido [unos 30 billones de dólares] inflación galopante y fuerte déficit fiscal.
Con CAP II pasamos de la borrachera a la anomia absoluta de Chávez.
Carlos Andrés Pérez II: coronación, shock y autogol
1989. Venezuela tiene casi 20 millones de habitantes. El precio petrolero era muy inferior al de la segunda bonanza, y la economía arrastraba controles y subsidios. CAP II intentó corregir el modelo. Su programa de gobierno llamado El gran viraje, eliminó el control cambiario, liberalizó precios, redujo subsidios y abrió la economía. Eliminó RECADI encarando una devaluación cercana al 200 %. El Caracazo [Febrero/1989] se presenta como el costo social de la corrección. Pero quienes defienden el denominado “paquete de shock económico” sostienen que la revuelta no la generó el aumento de los precios de la gasolina [que fue ínfimo], sino la falta de consenso político y el saboteo.
El problema económico era real. Iba más allá de un Caracazo. Venezuela había construido durante años una estructura de consumo parasitaria. La corrección fue demasiado rápida para una población habituada a los subsidios. En todo caso, el PIB decrece en 1989 [primer año de CAP II] pero rebota en un 6 % en 1990, 10.4 % en 1991, 7 % en 1992 y -1 % 1993 [salida]. Justo anotar y subrayar que, por primera vez en la historia, la economía registra un fuerte crecimiento sin dependencia a la renta petrolera.
La renegociación de deuda externa fue el mayor logro financiero de CAP II [cubrió aproximadamente 19 700 millones de deuda externa]. El exministro Miguel Rodríguez –quien lidera el refinanciamiento– es elocuente al decir: “Un ministro de 35 años de edad, y 750 dólares de salario, renegoció para el país una deuda que superaba los 30 billones de dólares, ajustando una quita de intereses de unos 6.6 billones de dólares o 32 % de la deuda”.
El gobierno de CAP II transcurrió en superávit fiscal [1989-1991]. La turbulencia política del 4F-1992 [golpe de Estado] y defenestración de CAP II [entre “Notables”, ajustes de cuenta vía Corte Suprema de Justicia y conjuras soterradas/1993], nos llevan a un salto histórico en retroceso, sin precedentes.
Pasamos de un Estado embriagado de dolores, controles y presidencialismo, a lo peor del siglo XIX: viejas rencillas, polarización, militarismo a lo chapo piedra, rentismo desbordado, socialismo y muerte.
Un autogol que nos costó quedarnos anclados en la III república [porque ni la IV terminó de consolidarse y la V no existió], mar de fondo; sangre, dolor y hambre.
Chávez, el regreso del taita redentor
Cuando Chávez asume la presidencia [1999], el petróleo estaba alrededor de USD 10 por barril. La situación cambió rápidamente. El precio subió superando los USD 130 por barril [2008] y permaneció elevado durante una década. La renta petrolera alcanzó aproximadamente el 23,1 % del PIB en 2004, 28,1 % en 2006, 26,8 % en 2008 y 21,6 % en 2012.
En 2013 Venezuela tenía unos 30 millones de habitantes. La magnitud del ingreso fue excepcional. El gobierno recibió aproximadamente USD 900 000 millones de ingresos petroleros entre [1999 y 2015]. Una parte importante se destinó al gasto social. Las misiones ampliaron salud, alimentación, educación y transferencias. La pobreza disminuyó durante los años de expansión. Pero la composición del gasto fue crucial. Una proporción creciente de PDVSA dejó de financiar exclusivamente inversión petrolera y pasó a financiar gasto social, infraestructura y programas políticos.
La diferencia respecto de los años sesenta y setenta es que ahora la escala de recursos era mucho mayor.
Una PDVSA que fue la segunda empresa de explotación más importante del planeta, la convierten en un sellado de 5 y 6. Y una nómina de excelencia y talento de primera es despedida a punta de silbatos y humillaciones públicas. Más de 20 000 empleados y ejecutivos desalojados como borregos. No es exageración, es historia.
¿Qué construyó cada modelo? Esta es probablemente la comparación más útil. En el periodo 1958–1976 el petróleo financió SIDOR, Guri, Macagua, CADAFE, EDELCA, petroquímica, cementeras, carreteras, sistemas de riego, universidades, escuelas, hospitales, telecomunicaciones, industria automotriz, empresas metalmecánicas.
En 1970 el 78 % de la población urbana tenía agua corriente en su vivienda y el 42 % tenía cloacas. Diversas estimaciones históricas sitúan la cobertura de agua potable alrededor del 84 %, cloacas en 67 % y electricidad en torno al 93 % para 1998. La infraestructura era imperfecta, pero había una expansión cuantificable.
Durante Chávez también hubo construcción. Sería incorrecto decir que todo el gasto fue improductivo. Se construyeron viviendas, hospitales, centros educativos, sistemas de transporte y obras públicas. Pero la comparación debe hacerse contra el tamaño extraordinario de la renta y los costos de obra cuestionables. La principal empresa del país PDVSA, comenzó a perder capital humano y autonomía técnica. La inversión petrolera no siguió adecuadamente las necesidades de mantenimiento y expansión.
La industria manufacturera perdió participación. Las importaciones crecieron. La economía se volvió vorazmente dependiente del petróleo que afianzó el despojo y la política expropiadora. En 2013 el gasto social representaba el 40 % del PIB frente al 28 % en 2000. Esto permitió una redistribución importante, pero insostenible.
Cuba y Petrocaribe: fiesta en el Caribe, sea usted el juez
Cuba llegó a recibir alrededor de 100 000 barriles de petróleo diarios por orden de Chávez durante más de 20 años. Una matemática conservadora arroja por lo menos un cálculo de 50 billones de dólares en petróleo, el cual, por cierto, no llegó a las manos, ni al tanque ni a los generadores de luz del pueblo cubano, sino a los bolsillos de la revolución.
Petrocaribe agregó otros aproximadamente 90.000–100.000 b/d o 30 billones más entre donaciones y “facilidades de pago”. No había diplomacia capaz de competir con los votos comprados en el Caribe. ¿Qué habría producido Venezuela si una parte de esos recursos se hubiera destinado a agua, electricidad, hospitales, mantenimiento de carreteras, universidades, vivienda, ferrocarriles, agricultura, refinerías, mantenimiento de PDVSA? Sea usted el juez.
Después de 2014, Maduro desapareció buena parte de la renta extraordinaria. La producción petrolera cae y el precio se desploma. La población comenzó a disminuir por desplazamiento y hambre. El PIB per cápita nominal pasó de USD 4776 en 2000 a USD 11 000 en 2008 y USD 860 hoy [USD 80 mes]. Así llegó la crisis humanitaria compleja. Más de 11 millones de venezolanos en hambruna. Insólito e inédito en un país rico donde el petróleo hasta ayer había generado la mayor movilidad social y desarrollo urbano en Latinoamérica.
El bolívar ya no sirve ni de papel higiénico. La inflación nos condujo a una dieta de arroz con mango y yuca. Vivimos el mayor desplazamiento del planeta [superior al de sirios y ucranianos], y una represión brutal a lo régimen antillano.
La otra historia de Venezuela algún día deberá ser contada y deberá ser escrita con sangre, dolor y lágrimas. No de honor sino de miseria, pobreza y graves injusticias.
Trump-Venezuela: ¿qué debe medirse?
Las informaciones publicadas indican que North American Blue Energy Partners recibió derechos sobre 17 campos con aproximadamente 65.000 millones de barriles, mientras que EE. UU. tendría una participación del 35 % y derechos preferenciales sobre parte de la producción. La duración del acuerdo petrolero es de 25 años renovables hasta 100.
Se habla de inversiones por el orden de USD 100.000 millones y de USD 209.000 millones en regalías e impuestos durante los primeros 25 años. El problema, a nuestro juicio, no es el alcance del contrato y las partes. El verdadero criterio de evaluación es nuestra cultura política. Quién administra, cómo lo hace, quién rinde cuentas, cómo se ejecuta y qué poder concede al administrador de turno.
Si USD 100.000 millones de inversión consiguen reconstruir, con la producción petrolera, refinerías, oleoductos, electricidad, agua, carreteras, universidades, hospitales, pan y seguridad en cada niño y en cada estómago venezolano, habremos logrado un salto histórico que supera lo institucional y da pulmón a una democracia moderna. Quiero subrayar, diversificada, sanamente embriagada de tecnología y crecimiento no petrolero.
Por el contrario, si la inversión se limita a extraer petróleo y transferir la mayor parte del valor hacia el exterior, permitiendo el afianzamiento de un régimen bajo esquemas de dejar hacer y dejar pasar, por conveniencia e interés del Estado tutor, la historia de desgracias y desarraigo se repetirá inclementemente.
El problema entonces no fue el petróleo. Fue humano, cultural. La prueba de fuego del acuerdo Trump-Venezuela, no es medir si estamos preparados para una elección, sino para reconducir y administrar un país. ¿Lo estamos?
No dudo que talento sobra. El tema es que ese talento sepa comprender que el pueblo no quiere “más petróleo en sus bolsillos”, sino más afecto, inclusión y oportunidades. Ahí la educación es la base, pero con maestros bien pagados y niños bien alimentados.
Pero ese es otro inmenso tema de largos pergaminos, que aún estamos por asimilar y resolver… y que, digerido y resuelto, nos acreditará una merecida distinción: estamos preparados.
En vez de recibir un país hipotecado, podremos decir, he recibido un país redimido y educado. ¡Gloria a Dios…!
@ovierablanco – vierablanco@gmail.com | Activista de DD. HH. / Abogado / Exembajador en Canadá.
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