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El precio de la libertad, en Venezuela y Colombia

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Desentrañar los orígenes políticos nuestros, los venezolanos y los de nuestros hermanos colombianos, mirándonos en la experiencia de las transiciones inaugurales que nos llevaran hacia el odre de la república hoy en crisis, es ejercicio necesario para mejor entender las dificultades que aún sorteamos para ganarnos una libertad estable y en paz. Se nos ha vuelto, diría Albert Camus, como el castigo de Sísifo, a saber, tener que lograr un objetivo inalcanzable, llevando la piedra montaña arriba para que vuelva a caer y repetir la tarea de modo incesante.

No significa ello que la fatalidad nos acompañe o que el porvenir nos presente nubarrones. Todo lo contrario. Es tratar de ser conscientes para que, en vísperas de la transición histórica nueva que se nos anuncia, estemos prevenidos sobre las realidades agonales que urge atender y domeñar. El intersticio de libertad que otra vez logremos asegurar debe contar con una viabilidad razonable, ajena a las mentiras. Nada humano es perpetuo, lo sabemos, salvo la estupidez, y más fácil que administrar la libertad es transformarla en dictadura.

De modo que, como Jano, el dios de los comienzos y el de los finales, sin que el pasado pueda ser resucitado y siendo cierto que cada tiempo tiene su especificidad, al cabo las falencias de toda persona que trille con la mejor voluntad y espíritu de desprendimiento en las arenas sobre las que se cuece el poder político siempre estarán presentes: egoísmos, enconos, envidias, ambiciones, dobleces “morales” que alcanzan hasta el magnicidio, por lo visto. Lo sabemos los venezolanos, que nos cargamos al presidente Carlos Delgado Chalbaud y lo saben, mejor que nosotros, nuestros compañeros de camino, los colombianos.

No se trata, para estar persuadidos y cabalmente, de ver la inevitabilidad de El príncipe, de Nicolás Maquiavelo (1469-1527), como catecismo. Más, si al igual que lo hicieron los patricios civiles de nuestra emancipación asumimos al anti-Maquiavelo como astrolabio, a Giovanni Botero (1544-1617), que propone un enfoque moral para la política y la administración del Estado en su obra La razón de Estado, significa ello, justamente, que el maquiavelismo es una realidad constante, que debemos conjurar a diario.

No por azar, también Federico El Grande (1712-1786), en su obra intitulada Anti-Maquiavelo, proponía una visión ética del ejercicio del poder ante la presencia fatal de las desviaciones que en la política atentan contra el bien común.

La democracia civil de partidos pudo alcanzarse en Venezuela tras el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez y la transición que se propulsó una vez que los liderazgos civiles fundamentales hicieron cesar la saña cainita. No por casualidad llegó a su término esa república de hombres de levita a finales del siglo XX, cuando los causahabientes y el conjunto de nuestras élites beneficiarias de la modernidad, de modo particular las vinculadas a las finanzas, resucitaron al victimario de Abel. El tiempo posterior, de violencia criminal y de su cártel militarista, es su consecuencia.

Pues bien, volviendo sobre las páginas de nuestra historia recorrida, el primer énfasis de nuestro cronista histórico más emblemático, F. González Guinan, fue condenar al Precursor Francisco de Miranda, acusándole de haber carecido del genio que le permitiese evitar la caída de la Primera República y anulado “los grandes esfuerzos de los primeros patricios”. Mentiras. Y ajusta que este fracasó por acostumbrado “a una vida militar que difería en absoluto del militarismo que se desenvolvía en la América”. Capituló ante Domingo de Monteverde y antes, cuando invadió a Coro –lo refiere González Guinan– nadie le recibió, escribe. Fue un ánima sola. Pero su propósito como historiador era otro, a saber, abrirle espacio generoso al culto de lo bolivariano.

Autor de la extensa obra intitulada Historia contemporánea de Venezuela, cuya lectura juzga de obligada don Rómulo Betancourt y que frisa 15 volúmenes, González Guinan veladamente vitupera a los civiles de 1811. Observa de relevante referir que los patricios de ese momento, unos emigraron y otros, como Francisco Espejo, quien fue presidente del Poder Ejecutivo, optó por quedarse en Venezuela y someterse a los dictados de Monteverde, tanto como lo hizo Miguel Peña, que junto al primero ejercían “su profesión de abogados ante los tribunales españoles”. Divide las aguas. Entretanto, Bolívar, más corajudo, viaja a Cartagena a ofrecer su concurso a nuestros vecinos colombianos, “donde se luchaba por la independencia de América”.

Nada dice, o lo tamiza el autor, que escribe en tiempos de “militarismo” y bajo banderas que arropan al liberalismo amarillo decimonónico, sobre los otros hechos que le dan un vuelco efectivo a tal perspectiva, que tanto daño le ha hecho al devenir nuestro, la del cesarismo bonapartista.

Como militar experimentado que lo era, Miranda entendió que la pérdida de Puerto Cabello –sede del gran arsenal patriota– a manos de Bolívar fue un golpe mortal en el corazón de Venezuela; tanto que, este, el propio coronel y luego Padre de la Patria, contrito se acusa a sí mismo ante el Precursor. Mas, al cabo, enterado Miranda de que había sido aprobada en España la Constitución liberal de Cádiz, consideró que sus garantías legendarias alcanzarían a los habitantes de América.

No obstante, al salir desde La Guaira para preparar la reconquista –misma que luego hace suya Simón Bolívar– este, entre otros, junto al señalado Miguel Peña, le apresa por traidor y lo entrega al jefe realista. Peña, por ende, pudo permanecer en Caracas, sin sufrir de persecuciones ni vejámenes, y Bolívar abandona el país sin que se lo impidan las autoridades sustitutas, pues su íntimo amigo español, Francisco Iturbe, obtiene de Monteverde el pasaporte que le facilita subir a la goleta Jesús, María y José, con rumbo hacia Curazao.

Nada que decir sobre la frustración de la empresa de Miranda en Coro, pues el marqués del Toro, tío de la esposa de Bolívar y su alter ego durante la caía de la Primera República, es el que aporta dineros unido al marqués de Casa León para que el capitán general de Venezuela contrarreste la invasión mirandina de 1806.

Bolívar vituperará desde Cartagena a los padres fundadores civiles, los constituyentes de 1811, no pocos egresados de la Universidad de Caracas o de Santa Rosa de Lima. Les tacha de fabricantes de repúblicas aéreas, ajenas a un pueblo como el nuestro, impreparado para el bien de la libertad.

Seguidamente sirve como general en Colombia, hasta que, llegado el año 13, el Congreso de Tunja le autoriza para que conduzca un ejército neogranadino que logre desalojar a los realistas en Venezuela. Es cuando llega a Caracas de manos neogranadinas y la municipalidad le declara Libertador. Está presente como su director de rentas, que asume como gobernador político de Caracas, ese celebérrimo marqués de Casa León, el financista; el mismo que, asociado a los Bolívar en la conjura de los mantuanos de 1808, ofrece sus oficios a Miranda –el hijo de la panadera, le llama Inés Quintero en ensayo célebre que le reivindica– para que capitule.

Bolívar y su calvario

Lo cierto es que nuestro Padre de la Patria, presa del delirio, creyó que nuestra Constitución primeriza forjó instituciones copiadas de Estados Unidos e imposibles de adaptar a nuestra realidad; que al separarnos de España “ni aún conservamos los vestigios de lo que fue en otro tiempo” Venezuela y Colombia; que nos hallamos en el conflicto de “disputar a los naturales los títulos de posesión”, y uncidos “al triple yugo de la ignorancia, de la tiranía, y del vicio no hemos podido adquirir ni saber, ni poder, ni virtud”. De consiguiente, según su juicio, “un pueblo pervertido, si alcanza su libertad, muy pronto volverá a perderla”. Ese es su balance en 1819, de cara a la forja de otra Constitución, la colombiana de Angostura.

Mas la verdad era otra. Avanzábamos, contando con una población en fragua dado su proceso de mestizaje y en un tiempo en el que las mayorías en América y en Europa eran iletradas, como cabe contextualizarlo. Incluso así, el maestro don Andrés Bello se muestra orgulloso en 1810 de que el país, invadido varias veces desde el siglo XVI por holandeses e ingleses venidos desde el Esequibo, habiéndosele malogrado las minas estaba volcado a empresas de “regeneración civil” –así las califica– comenzando con la organización de las propiedades tras el fortalecimiento de la organización municipal establecida por España.

Los venezolanos, entre hambrunas y pestes, empujábamos nuestra Universidad –la Pontificia de Santa Rosa de Lima y del beato Tomás de Aquino– y tomábamos en serio la actividad agrícola y comercial libertaria, tras el conflicto ganado frente a la monopólica Compañía Guipuzcoana.

Y si el molde arquitectónico americano y francés ejerce influencia en el plano de lo constitucional suramericano, a lo que no escapan siquiera los europeos, en nuestro caso todas las líneas intelectuales y dogmáticas de 1811 fueron de hechura propia, acaso iluminadas por el espíritu liberal español que tuvo su anclaje paralelo en Cádiz, partera de la Constitución doceañista. El Precursor la invocaba desde su primer encierro en Puerto Rico, antes de recalar hacia su tumba de La Carraca, traicionado por los suyos.

Ni pervertidos éramos, ni disputábamos con los naturales, pues es el mismo Bolívar quien reconoce que “la mayor parte se ha aniquilado” –lo que al paso tampoco es así de veraz en el caso de Venezuela, por despoblado su territorio original– y que es el europeo quien se mezcla con el africano, afirma. Si acaso luego nos pervertimos, ello pudo ser la obra de la guerra fratricida y a muerte que destruyera al 30 % de nuestra población alimentando enconos y odios intestinos; esos que van y vuelven según las circunstancias y que nos alcanza la Independencia, sí, pero sin libertad.

La elipse dramática vuelve a repetirse durante la Guerra Federal, cuando otra vez se diezma el 30 % de la población venezolana bajo la férula del “militarismo”. Es la vertiente que alimenta desde Angostura el propio Bolívar, antes de forjar el gobierno unitario de la Gran Colombia y el del presidencialismo vitalicio que promueve con la Constitución bolivariana de 1826. Es lo que le fija su calvario y su Gólgota de Santa Marta. “Todo no se debe dejar al acaso y a la ventura de las elecciones”, de allí su propuesta del senado vitalicio y hereditario integrado por los hombres de armas, a quienes Venezuela deberá gratitud imperecedera. 

En sus inicios y de suyo Bolívar prosterna nuestra proximidad al ejemplo norteamericano de libertades. Recomienda nos miremos en el poder monárquico y unitario inglés. Así se lo confiesa a los constituyentes de Ciudad Bolívar. Pero como la vida política es una paradoja, al término y desmoronándose su obra, la Gran Colombia, desviación del proyecto mirandino de la Colombia incaica, en 1829 le pide a su Consejo de Ministros estudiar el auxilio de Estados Unidos o de la misma Inglaterra para asegurar la estabilidad de unas naciones que, como las nuestras, por desasidas de sus raíces hispanas y anarquizadas, marchaban hacia el abismo.

“Era lo probable que éstas se despedazasen recíprocamente si un Estado poderoso no intervenía en sus diferencias o tomaba la América bajo su protección”, reza la crónica o perífrasis aleccionadora y muy actual de González Guinan sobre la exposición que traza Bolívar desde Quito, un 4 de abril:

“Se habían familiarizado en destituir, deportar y aún ejecutar a sus mandatarios; que los nuevos gobiernos desconocían todo derecho de gentes, y que guiados por el instinto del mal conculcaban los tratados más solemnes … [los pueblos] eran presa del primer ambicioso o emprendedor audaz que los convertía en instrumento de sus pasiones individuales; que la desmoralización había penetrado en el corazón de los ejércitos; que la demagogia había arrastrado a los hombres no solo a despedazar las entrañas de la Patria y abrazarla en el fuego de la discordia civil … vituperando a los predecesores hasta el extremo de fallar en favor de [los] enemigos”.           

correoaustral@gmail.com | @asdrubalaguiar

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

#EnchufaDÍN | Felicita a Ernesto Villegas Poljak por su nuevo cargo

El periodista, político y escritor Ernesto Villegas Poljak se ha paseado por distintos cargos desde el año 2012. Su primer paso en la política venezolana lo dio bajo la dirección de Hugo Chávez cuando lo designó como ministro de Comunicación. 

Actualmente, Villegas Polkjak está estrenando un nuevo cargo dentro de la administración madurista. Aunque ya funge como Ministro de Cultura, recientemente fue designado como presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC).

Ernesto Villegas egresó de la Universidad Central de Venezuela (UCV) como periodista. Es hijo del sindicalista Cruz Villegas y de Maja Poljak, periodista croata de origen judío. Es el menor de ocho hermanos, y dos de ellos, Mario y Vladimir Villegas, también son periodistas. Una de sus hermanas, Asia Villegas, es diputada y militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Ha trabajado para medios como Economía Hoy, El Nuevo País, El Universal, Quinto Día y en los programas En Confianza, Despertó Venezuela y Toda Venezuela de la estatal Venezolana de Televisión (VTV). Fue fundador y director del diario Ciudad Caracas.

Durante su gestión se convirtió en el principal vocero del estado de salud de Chávez y agrupó a los medios estatales en el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información (SiBCI), ampliamente criticado por organizaciones y periodistas por las restricciones al acceso de cifras oficiales. 

Villegas es reconocido por ser responsable de la estrategia comunicacional del gobierno. Desde sus inicios ha militado en las filas del Psuv, aportando principalmente en la promoción y difusión de la ideología chavista.

La propuesta de “constituyente sindical” de Nicolás Maduro

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En absoluto es novedosa la oferta de Maduro de “renovar al sindicalismo venezolano”. En realidad, resume las políticas de control de las organizaciones de trabajadores implantadas hace un siglo por el Estado soviético en manos de Stalin, por los Estados satélite surgidos luego de la II Guerra Mundial como apéndices de la URSS bajo el Pacto de Varsovia en Europa Oriental, y en América Latina por Cuba bajo el poder castrista.

¿Cuál es el sumario de los raídos manuales de la Editorial Progreso de Moscú y de la Universidad Obrera de Georges Politzer fundada en1932? En síntesis, que los sindicatos son la correa de transmisión de la burguesía en la ideología de la clase obrera, los cuales deben convertirse en escuelas de formación mediante la lucha de clases para la revolución proletaria, al fragor de la encarnizada batalla en las huelgas contra el chupasangre patrono explotador. 

De tal manera que la función de los sindicatos en el Estado socialista debe desechar el egoísmo burgués de aspirar a reivindicaciones salariales. Solo debe dedicarse a la formación de la clase obrera y al forjamiento del espíritu revolucionario, orientado a ser el soporte de un Estado capaz de proporcionarte alimentación, vestido, vivienda, recreación, educación y salud.

Por tanto, si “la clase obrera” recibe todos estos beneficios de este magnánimo Estado, ¿cómo es posible que piense cualquier sector del proletariado en realizar huelgas o protestas? Sería absurdo que unos “ingratos obreros” piensen más en su beneficio personal de inspiración capitalista que en el destino de la revolución.

Palabras más, palabras menos, este fue el contenido del relato que impregnó el discurso de militantes incautos y de poblaciones ingenuas, siendo la causa de que los sindicatos solo fueran jarrones decorativos en las geografías citadas de Europa Oriental y en la actualidad en la Cuba de Díaz-Canel, en la China de Xi Jinping y en la Corea del Norte de Kim Jong-un.

En lugar de los sindicatos —mal vistos por su origen capitalista en todos estos sistemas totalitarios—, se promovieron, con versiones diferentes, los consejos revolucionarios de trabajadores y los sóviets. Un modelo de gestión era el control obrero, el cual garantizaba la expropiación definitiva per saecula saeculorum del capital privado y la horrible explotación del hombre por el hombre.

Hugo Chávez y Maduro, animados por todos estos antecedentes, orquestaron desde el año 2000 un puente aéreo desde Caracas a La Habana, reclutando a cientos de bisoños sindicalistas criollos y conminándolos a forjar al “sindicalista del futuro”, el necesario para el Socialismo del Siglo XXI, con suficiente espíritu clasista para defender la revolución chavista.

De allí en adelante, la Venezuela del siglo XXI ha sido el escenario de un absurdo laboratorio de experimentos laborales de todo género: comenzaron con la propuesta de Control Obrero en Venezuela, surgida durante el paro cívico de 2002-2003, buscando la participación directa y el control social de los trabajadores en la gestión y procesos productivos de las empresas. Este movimiento, impulsado por consignas como “fábrica parada, fábrica ocupada”, se materializó en la ocupación de empresas abandonadas por sus dueños y la creación de Consejos de Trabajadores (2003), luego derivado en ley en 2017, con la promoción de Cooperativas de Trabajo Asociado en PDVSA y Empresas de Producción Social (2003) y la Cogestión Obrera Revolucionaria en Guayana (2005).

Todos estos ensayos derivaron en rotundos fracasos, despilfarro de tiempo y recursos, impregnados sobre todo de una corrupción generalizada de los bienes de la nación, la fragmentación de los sindicatos y la precarización generalizada de las relaciones de trabajo.

¿Qué busca Maduro con este “nuevo anuncio” de vieja data? Ocultar la realidad que lo califica desde el inicio de su gestión presidencial en 2013 como el sepulturero de los derechos laborales, profundizando los ataques a los sindicatos y acelerando la anulación de los derechos laborales, negándose a discutir convenciones colectivas con sindicatos y gremios. Además, ha impuesto medidas como el Memorándum 2792, adoptado por el Ministerio del Trabajo, donde se instruye a todos los entes de la administración pública y a empresas del Estado a desconocer los contratos colectivos en el sector público, agravando la agresión con los instructivos de la ONAPRE, que además elimina el tabulador salarial y las primas por cargo.

Los efectos de esta brutal ofensiva antilaboral se concentran en la pulverización del salario, las pensiones y las prestaciones sociales, así como de la seguridad social, lo cual redondea la faena de un mandatario que se presenta como “presidente obrero”, sin moral alguna para presentar una fraudulenta renovación del sindicalismo venezolano, hoy disperso y fragmentado.

En conclusión, en 26 años de administración chavomadurista, los trabajadores y el pueblo venezolano han sufrido el castigo del peor patrón que les pueda haber tocado desde los tiempos de la Colonia —de nombre el Estado—, cuando el esclavismo predominaba en las relaciones de trabajo.

@froilanbarriosf | Movimiento Laborista.

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CIDH otorgó medidas cautelares al activista de VP Aldo Rosso

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este martes 19 de agosto medidas cautelares a favor del activista de Voluntad Popular, Aldo Roso Vargas, luego de considerar que el detenido se encuentra en una situación de “gravedad y urgencia” toda vez que sus derechos a la salud, vida e integridad personal enfrentan un riesgo de “daño irreparable en Venezuela”.

“Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la CIDH consideró que el beneficiario presenta padecimientos de salud que no estarían siendo atendidos de manera adecuada y que, además, no se ha brindado acceso a los estudios médicos que permitirían conocer la evolución de su estado de salud y las implicaciones que ello podría tener sobre su condición física actual”, se lee en el documento oficial de la comisión.

La CIDH consideró que la salud del dirigente político está en riesgo debido a que requiere una cirugía que no se habría efectuado. También añadió en el comunicado que su familia no ha tenido acceso a “valoraciones médicas” recientes y que hasta el momento, el tribunal no ha aceptado la designación de un abogado particular, lo que les ha impedido “interponer recursos judiciales” que protejan al activista.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 25 del reglamento, solicita al Estado que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Aldo Roso Vargas y que garantice que las condiciones del detenido sean “compatibles con estándares internacionales aplicable”.

En este sentido, exhorta a que se le permita una valoración médica y asegurar la atención y tratamiento oportuno que deberá ser debidamente informado a los familiares y representantes y, por otro lado, que se informe sobre la situación jurídica del dirigente de Voluntad Popular, permitiéndole que su abogado acceda a su expediente penal y que pueda presentar los recursos “que considere pertinente a su favor”.

Detenido en el contexto de las elecciones del 28 de julio del 2024

El activista Aldo Roso Vargas fue nombrado jefe de campaña de la parroquia El Valle, del municipio Libertador, en Caracas. El 4 de julio del 2024 fue detenido en el contexto de las elecciones presidenciales en Venezuela del 28 de julio, “bajo acusaciones de planear un sabotaje contra dichas elecciones”.

Actualmente, se encuentra en la cárcel de la Yaguara “sin que se haya iniciado un juicio en su contra”, denuncia el organismo internacional.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Ministro de interior colombiano: “No hay ningún acuerdo militar con Venezuela”

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El ministro de Interior de Colombia, Armando Benedetti, negó este miércoles, 20 de agosto, que haya algún acuerdo de cooperación militar conjunta con el gobierno de Venezuela.

Durante un debate de control político con los Ministerios de Comercio e Interior, así como a la Cancillería por la zona binacional acordada entre Colombia y Venezuela, Benedetti señaló: “Quiero dejar claro, con base a la parte que yo vi en la intervención del viceministro de Comercio Exterior, es que aquí no hay nada, ningún acuerdo militar, ni de ceder terreno, ni siquiera de cooperación conjunta militar”.

De acuerdo con Benedetti, esta zona no contempla acuerdos militares. “No hay absolutamente rastro de que haya evidencia de que eso sucede, como algunas personas en los medios de opinión salieron a decir que era que se estaba entregando territorio, o que se estaba hablando de una cooperación militar, o algo más, era para enfrentar a una supuesta invasión que puede hacer Estados Unidos al territorio venezolano. Ninguna de las tres tesis, ninguna de las tres situaciones, está dentro de lo que se contempla”, acotó.

El ministro del Interior colombiano señaló que Venezuela sí ha cooperado en la lucha contra la delincuencia en la frontera con Colombia, pero que reconocer esta situación no implica defender a la administración de Nicolás Maduro bajo acuerdos militares.

“Yo no estoy defendiendo al Gobierno de Venezuela, de hecho este gobierno no reconoció al gobierno de Venezuela. Yo no estoy decidiendo qué es lo que se debe hacer o no con Venezuela en temas militares o unas miras a una supuesta intervención militar de Estados Unidos, no. Solamente estoy rescatando que el tema binacional no tiene que ver con lo militar”, añadió.

“Impasse” entre Petro y Diosdado

En días pasados, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, negó haber responsabilizado al ELN del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, y señaló que los indicios apuntan, en cambio, hacia la Segunda Marquetalia, facción disidente de las FARC con presencia en Venezuela y Colombia.

“Los indicios muestran una vía hacia la segunda Marquetalia, con asiento en Venezuela y Colombia; es probable que le hayan pagado a la Segunda Marquetalia por asesinar al senador”, expresó Petro en una publicación de X hecha el 18 de agosto.

El mandatario insistió en que tanto el ELN como la Segunda Marquetalia mantienen hoy una “oposición armada” contra su gobierno y que ambos grupos han derivado en una disputa centrada en economías ilícitas. “Entraron en guerra entre sí después de la trampa que el ELN le puso a la Segunda Marquetalia en territorio venezolano. Esa guerra la libran en Colombia y Venezuela”, dijo.

Este señalamiento de Petro fue criticado por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien envió un mensaje al gobierno colombiano: “Que atiendan su propia frontera. La nuestra la tenemos cuidada, atendida, protegida”.

“La guerra que tiene Colombia con grupos irregulares, paramilitares, es una guerra histórica. No tiene nada que ver con nosotros”, agregó Cabello.

En respuesta a Cabello, el mandatario colombiano mantuvo su posición: “Diosdado dice que en Venezuela no están, sí están. Lo que he hecho es invitarlos a sacarlos, coordinando”. Petro además advirtió sobre las consecuencias que tendría una supuesta invasión armada de los Estados Unidos a Venezuela. “Los gringos están en la olla si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema, meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema arrastran a Colombia a lo mismo”, dijo.

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Lo que se sabe sobre la prohibición de uso de drones en Venezuela

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El gobierno nacional, a través de los ministerios de Relaciones Interiores, Defensa, Transporte y Economía y Finanzas, anunció la prohibición temporal de la circulación y comercialización de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA), conocidas popularmente como drones, en todo el territorio nacional.

De acuerdo con la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.927, con fecha del 18 de agosto de 2025, “se prohíbe la operación y circulación aérea en todo el espacio geográfico” del país las Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA), bien sean “remotamente pilotadas o no pilotadas”, durante 30 días continuos que podrán ser prorrogables “de ser necesario”.

También quedaron prohibidos los aeromodelos, así como la “instrucción, capacitación, adiestramiento, compra, venta, fabricación, distribución, importación y exportación, de los equipos, artefactos o dispositivos, sus partes y componentes”.

Asimismo, la Gaceta indicó que quedan exceptuados de la aplicación de esta medida todos los “órganos de seguridad ciudadana “y defensa del Estado, en el ejercicio de las funciones inherentes, establecidas en el ordenamiento jurídico venezolano y debidamente autorizados por la autoridad competente”.

El documento también señaló que el Ministerio de Transporte podrá emitir las excepciones a la aplicación de esta Resolución Conjunta, a los “órganos y entes del Estado y demás personas naturales o jurídicas de derecho público o privado”.

La Gaceta subrayó que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) y los órganos de seguridad ciudadana y de defensa del Estado actuarán de conformidad con lo establecido en la resolución conjunta, que se publicó en Gaceta el pasado 21 de mayo, de los ministerios de Interior, Defensa y Transporte, la cual se dictaron las normas para “coordinar el control de la actividad aeronáutica civil” que se desarrolle con drones en territorio nacional.

Agregó el documento que los aspectos no previstos en la resolución conjunta serán resueltos por el Ministerio de Transporte, por conducto del INAC, en coordinación con el Ministerio de Interior, Defensa, Economía y Finanzas; y el Seniat.

Prohibición de drones by agonzalez

Intento de “magnicidio” con drones en 2018

El uso de drones ha estado bajo especial escrutinio en Venezuela desde el 4 de agosto de 2018, cuando se denunció un “intento de magnicidio” contra Nicolás Maduro durante un acto militar en la avenida Bolívar de Caracas. Según la versión oficial, dos drones cargados con explosivos fueron neutralizados por fuerzas de seguridad, en un hecho que derivó en un endurecimiento de las restricciones sobre el uso civil y comercial de estos dispositivos.

Tras el incidente, el gobierno venezolano reportó la detención de seis personas, calificándolas como “terroristas y sicarios” y señalando que enfrentaban cargos de “terrorismo y magnicidio en grado de frustración”.

Entre los detenidos figuraba el diputado Juan Carlos Requesens, acusado por el gobierno de estar implicado como parte del supuesto complot. Pasó años bajo custodia, fue condenado en 2022 a ocho años de prisión y finalmente liberado en octubre de 2023 como parte de un acuerdo con Estados Unidos. Actualmente se encuentra en territorio estadounidense.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

EEUU dispuesto a usar “todo su poder” contra narcotráfico desde Venezuela

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El Gobierno de Estados Unidos aseguró este martes, 19 de agosto, que está dispuesto a usar “todo su poder” para combatir a los cárteles de las drogas.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa, declaró que el presidente Donald Trump “está preparado para frenar el narcotráfico y llevar a los responsables ante la Justicia”.

La funcionaria afirmó que el régimen de Maduro “no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cártel del narcotráfico”.

“Esta administración considera que Maduro no es un presidente legítimo. Es un fugitivo, jefe de ese cártel, que ha sido acusado en los Estados Unidos por traficar drogas hacia el país”, expresó Leavitt.

Como parte de la ofensiva, el gobierno estadounidense está desplegando tres destructores lanzamisiles Aegis en aguas cercanas a Venezuela. Se prevé que los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson lleguen pronto a su destino para quedarse “varios meses”, según un funcionario que habló con Noticias Telemundo.

Según la Fiscalía de Estados Unidos, la Administración de Control de Drogas (DEA) ha incautado 30 toneladas de cocaína presuntamente vinculadas a Maduro y sus socios, y otras siete toneladas relacionadas directamente con la figura presidencial venezolana. Además, la incautación de activos suma más de 700 millones de dólares, incluyendo dos aviones privados, nueve vehículos y otros bienes.

A principios de este mes, el gobierno estadounidense aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la detención de Nicolás Maduro, duplicando así la cifra anunciada a principios de año.

Cabe recordar que en 2020 Nicolás Maduro fue acusado por un tribunal federal de Nueva York de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína. En ese momento, Estados Unidos ofreció una recompensa de 15 millones por su captura.

En respuesta, el gobernante venezolano expresó que “el imperio se ha vuelto loco y ha renovado sus amenazas a la paz y la tranquilidad de Venezuela” y anunció el despliegue de más de 4.5 millones de milicianos en todo el país. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

PepsiCo Venezuela impulsa la agricultura venezolana con su programa Agro con Propósito

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El programa Agro con Propósito de PepsiCo Venezuela es un motor clave para la agricultura del país, al promover prácticas regenerativas especialmente entre los productores de papa en los estados Lara y Mérida.

Desarrollado en colaboración con el Dividendo Voluntario para la Comunidad, el programa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los agricultores y fortalecer a sus comunidades a través de la capacitación sobre buenas prácticas agrícolas. El programa ha capacitado a más de 100 agricultores en todo el país desde que se inició en el año 2022.

Durante 2024, la empresa compró 1.771 toneladas de papas a más de 20 agricultores larenses para la elaboración de sus productos Ruffles y Jacks, lo que significó un impacto directo en las comunidades agrícolas de esa región. A la fecha, la empresa ha adquirido 1.359 toneladas de las 2.400 toneladas que se fijaron como meta para 2025.

Y estas cifras son posibles gracias al Centro de Producción de Semillas, ubicado en La Grita, estado Táchira, y que PepsiCo tiene operativo desde 2013. Aquí se cultivan semillas de papa de las variedades Atlantic y Panda, que luego son distribuidas en los campos de los estados Lara, Carabobo y Aragua para la producción de papas tipo Chip Stock, que se usan específicamente para las papas fritas.

“En PepsiCo creemos firmemente que el desarrollo de un país comienza por el campo. Con Agro con Propósito hemos logrado no solo garantizar el abastecimiento de papa para nuestros productos, sino también fortalecer las capacidades de nuestros agricultores, impulsar la economía local y promover prácticas agrícolas más sostenibles. Ver cómo nuestros productores crecen, mejoran sus técnicas y transforman sus comunidades es, sin duda, uno de los mayores orgullos para nuestra compañía. Este compromiso es a largo plazo y seguiremos trabajando para que cada cosecha sea una historia de progreso para Venezuela” indicó Yelitza Zuleta, Gerente de Asuntos Corporativos PepsiCo Venezuela.

Agro con Propósito permite a la empresa cubrir más del 80% de la demanda de papa cruda que requiere para su producción.  El 20% restante lo obtiene mediante la compra directa en los andes venezolanos, específicamente, en el estado Mérida.

Este enfoque estratégico no solo asegura el abastecimiento de la materia prima para la empresa, sino que también fomenta el desarrollo económico de los agricultores y las comunidades locales, demostrando el compromiso de PepsiCo con la sostenibilidad y la producción nacional.