En un pestañeo, más de un año transcurrió desde las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció como ganador de la contienda a Nicolás Maduro sobre Edmundo González, sin mostrar, hasta el sol de hoy, las actas electorales que validen el resultado. 

Presos como el exdiputado y coordinador nacional de Voluntad Popular (VP), Freddy Superlano; el exdiputado y político bolivarense, Américo de Grazia; y la presidenta de Primero Justicia (PJ) en el Municipio Urdaneta -Miranda-,  Mayra Castro, cumplieron un año tras las rejas, desde que fueron detenidos en medio de las protestas postelectorales en contra de la cuestionada victoria. Y como ellos, muchos otros. 

Julio de 2025 fue un mes marcado por liberaciones, a razón del canje entre presos políticos venezolanos y estadounidenses por migrantes deportados de Estados Unidos a El Salvador, donde un total de 252 venezolanos recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad salvadoreña, fueron enviados a Venezuela, acusados de ser miembros de la megabanda Tren de Aragua.  

A cambio, el gobierno de Maduro liberó a 10 estadounidenses, así como a un número no precisado de presos políticos venezolanos, según información de ambos países. Entre los liberados, se identificó a dirigentes como el de Acción Democrática (AD), Williams Dávila: el dirigente de La Causa R, Carlos Chancellor; y el político y colaborador del Comando con Venezuela, José Angel Lepage. Pero como una “puerta giratoria”, mientras salieron unos, otros fueron encarcelados.

Roberto Campero, dirigente de Vente Venezuela en Aragua, profesor universitario y dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (Sitraenseñanza), fue sacado de su casa en un allanamiento sin orden judicial el 14 de agosto, informó el Comité de Derechos Humanos (DDHH) de Vente Venezuela.

Semanas antes, José Riera, dirigente nacional de VP y miembro del Equipo Nacional de Activistas (ENA), fue otro de los capturados por presuntos cuerpos de seguridad en el estado Miranda, el 26 de julio. Su familia desconoce su paradero. Dos días antes, Nikoll Arteaga y Albany Colmenares, miembro de Vente Venezuela y secretaria política del partido en Carabobo, respectivamente, fueron aprehendidos el 24 de julio en dicha entidad. 

El día 21, Nancy Camacaro, participante activa en el estado Lara durante la campaña electoral de Edmundo González, fue detenida en Caracas, y el 19, el jefe del Comando Con Venezuela en el mismo estado, Manuel Enrique Ferreira, sufrió el mismo destino. 

🚨 DENUNCIA PÚBLICA | Desaparición forzada de Nancy Camacaro

Familiares de Nancy Camacaro (CI: 7.363.303), de 61 años de edad, denuncian que lleva 22 días desaparecida, desde el 21 de julio, presuntamente bajo custodia de la DGCIM en Boleíta, Caracas.

Nancy reside en… pic.twitter.com/hja2OevGAi

— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) August 11, 2025

En cifras

De 326 detenciones de actores políticos, periodistas y defensores de DDHH contabilizadas en el país desde 2024 hasta el 18 de agosto de 2025, 281 pertenecen al primer grupo – tomando en cuenta que para finales de diciembre la cifra llegó a 181-.

El partido más afectado continúa siendo el de la líder opositora, María Corina Machado, con al menos 91 (32,2%) detenciones hasta la fecha; seguido de Primero Justicia, con 36 casos, (12,8%), 27 de Voluntad Popular (9,6%) y 14 de Acción Democrática (4,9%). 

Es destacable que al menos 26 (9,2%) de estas detenciones fueron a personas cuya única actividad política era ser familiares del dirigente de algún partido, como María de los Ángeles Castillo, madre de dos niñas e hija de dos dirigentes políticos parroquiales según reportes en redes sociales, que presuntamente fue sacada de su hogar por 20 funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) ‘‘con el pretexto de una entrevista”, en Lara el 18 de julio. 

‘‘Este incidente es un claro ejemplo de Sippenhaft, una táctica de la época nazi que castigaba a familiares inocentes por las actividades o ubicación de otros’’, denunció reportó el coordinador Nacional de Comité de DDHH de VV, Orlando Moreno, a través de X (Twitter).

Dentro de este grupo, se han contabilizado al menos 88 liberaciones (31,3%) a lo largo del año. 

Una bomba de tiempo

Organizaciones de DDHH y familiares no paran de denunciar por la salud de los reclusos, ni de temer por sus vidas, teniendo en cuenta que siete presos murieron en custodia del Estado por complicaciones de salud. 

Maykelis Borges, de 26 años, detenida el 29 de enero de 2025 por la Dgcim en Caracas y recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) de Los Teques, Miranda, es pareja del teniente retirado Cristian Hernández, retirado acusado de conspiración, y de quien está embarazada. La joven tiene 40 semanas de gestación, peligrosamente cerca de dar a luz en condiciones que ponen en riesgo su vida y la de su bebé. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón solicitó una medida humanitaria para ella.

Según reportes, el 31 de julio fue hospitalizada en el Hospital Victorino Santaella por tensión alta, pero seguía en riesgo de sufrir preeclampsia.  ‘’Maykelis es inocente.  Ella debe ser liberada y que su hijo nazca en libertad‘’, manifestó la abogada defensora de DDHH, Tamara Suju. 

Franyer Hernández, abogado y defensor de DDHH, aprehendido el 10 de abril, tiene una condición crítica, al presentar ‘‘cirrosis hepática, hígado recrecido, litiasis renal bilateral, vesícula y vejiga con paredes engrosadas, colonopatía, escabiosis infecciosa, hipertensión arterial y otros padecimientos graves’’, de acuerdo a reportes en redes. 

La hija del profesor y exdiputado zuliano Eduardo Labrador, Stephanie Labrador, denunció a finales de julio la grave situación de salud que presenta su padre. ‘’(…) ha perdido más de 14 kilos, presenta fiebre alta desde hace más de 17 días y más de 14 días de evacuación líquida.’’, se lee en la publicación. Labrador cumplió nueve meses recluido en la cárcel de El Rodeo I.

Una cantidad considerable de presos presentan condiciones que requieren atención inmediata, que solo se agravan con los maltratos en sus centros de reclusión, como el mencionado Rodeo I, donde familiares declaran que privan a los reclusos de comida y agua, y las letrinas están en la misma celda, favoreciendo la proliferación de bacterias y enfermedades. 

También destaca la medida impuesta en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, donde familiares denunciaron la suspensión de la posibilidad de llevar comida diariamente a los presos, sino solo los días viernes. ‘‘(…) esta medida pone en riesgo la salud de presos políticos, vulnera derechos y podría agravar condiciones médicas’’, aseveró el Observatorio de Prisiones.

Prensa y activismo siguen bajo ataque

Dentro del total, 32 detenidos son periodistas y 13 activistas de DDHH, que fueron contrarios a la orientación política y las acciones del Estado venezolano. 

18 trabajadores de la prensa fueron liberados y 14 se mantienen tras las rejas y  siete fueron imputados por presuntos delitos de instigación al odio, terrorismo o espionaje. 

Entre los activistas, sólo seis han sido liberados, mientras que el abogado del Foro Penal, Kennedy Tejera; abogado y defensor de los DDHH de los pueblos indígenas, Henry Gómez; coordinadora de Formación Ciudadana Electoral de Súmate, Nélida Sánchez; el italiano y activista en Humanity & Inclusion, Alberto Trentini; miembro de Provea, Eduardo Torres; y el defensor de DDHH, Frewil Rangel continúan recluidos. 

A la lista, se anexó la defensora de los DDHH de los jubilados y consultora jurídica de la Federación Nacional de Trabajadores Judiciales de Venezuela, Rusbelia Astudillo, capturada el 13 de agosto en Caracas, informó la Fenajupv.

Presión exterior

En julio, el Secretariado Internacional de Amnistía Internacional en las Américas aseveró en su último informe sobre el país que ‘‘las autoridades venezolanas han cometido, y siguen cometiendo, desapariciones forzadas como parte de su política de represión a la disidencia y a quienes perciben como tales’’ y agregó que la comunidad internacional no puede ignorar ni normalizar la crisis de DDHH el país. 

Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH (Acnudh), Volker Türk, subrayó en un informe publicado a inicios de julio la ‘‘persistencia de prácticas como las detenciones arbitrarias, tortura y retardo procesal’’, y como los ‘‘pequeños avances’’ en materia de derechos dieron un gran retroceso en el último año. 

El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país