Particular Perspectives marca el cierre de una etapa para Arts Connection Foundation, institución que durante casi dos décadas ha impulsado el arte contemporáneo y el intercambio cultural desde Miami con su galería de arte, en sus distintas sedes.
Esta última exposición reúne las obras de César Rey y Orlando Urdaneta, dos artistas que dialogan desde lenguajes distintos —la tridimensionalidad escultórica y la gestualidad pictórica— bajo la curaduría de Andreína Fuentes Angarita. La muestra propone un encuentro entre dos visiones que, aunque contrastantes, comparten una misma búsqueda: comprender al ser humano a través del arte como materia viva, memoria y eco. Particular Perspectives es un diálogo entre la bidimensionalidad y la tridimensionalidad, entre lo interno y lo cósmico, entre el gesto y la materia.
Con relación a los artistas, Rey es un escultor autodidacta radicado en Miami que explora la relación entre el ser humano, la naturaleza y los ciclos de transformación. Su obra surge del diálogo entre materiales reciclados, cerámica y la simbología marina. Cada pieza es una metáfora sobre la vida y el renacer: la basura se convierte en revelación. Por su parte, Urdaneta es un artista multimedia, actor y dramaturgo venezolano que traslada su expresividad escénica al campo visual en un lenguaje vital y gestual. Su serie Garabats —junto con esculturas en alambre, pinturas, videoarte y performance— constituye un acto de resistencia y reconstrucción simbólica.
Con Particular Perspectives, Arts Connection Foundation despide su sede en Allapattah, celebrando el poder transformador del arte y su capacidad para unir perspectivas, generaciones y disciplinas. La exposición representa una conclusión simbólica del recorrido de la institución, que a lo largo de los años se ha caracterizado por impulsar proyectos artísticos innovadores, promover la experimentación y construir puentes entre artistas de diversas culturas.
La lluvia no fue impedimento para que, desde muy temprano, el Panarosa se apostara en una calle de la capital con el firme propósito de cumplir con una misión: brindar atención médica ginecológica a mujeres en situación de calle.
La presencia del Panarosa no pasa desapercibida. Sus llamativos colores y la compañía de su hermano mayor, el Panabus, conforman la dupla perfecta entre atención, bienestar y ayuda humanitaria.
Panarosa en la comunidad “Corazón del Pueblo”. Foto: Daniel Hernández.
El autobús rosado, un Encava adaptado a consultorio médico, cuenta con todos los equipos e insumos necesarios para la atención femenina. Es como un hospital itinerante solo para aquellas marginadas por la sociedad.
Al abordar la unidad no están los típicos asientos, pero está perfectamente pensada y diseñada para brindar comodidad a todas las pacientes. En su interior hay una ducha espaciosa para que las mujeres puedan asearse antes de ser atendidas. Allí cuentan con todos los insumos de aseo personal. A la derecha, la máquina de ecografías junto a otros aparatos indispensables para la consulta; a la izquierda, una pequeña mesa con dos sillas, donde médico y paciente conversan previamente antes de realizar el chequeo. En el centro, la protagonista de la jornada: una camilla ginecológica —también rosada— movible y cómoda. Arriba, grandes luminarias que reflejan la pulcritud, limpieza y organización de esta iniciativa que espera atender a más de 200 mujeres en su primer año.
Panarosa en su interior
El autobús es un lugar discreto y seguro. Cuando comienza la jornada, las ventanas polarizadas se cierran y el interior se convierte en un espacio que no solo dignifica y sana, sino que brinda apoyo y hace seguimiento a casos que requieran una segunda atención.
En Venezuela, este tipo de iniciativas son un aliciente en medio de la profunda crisis que atraviesa el sector salud. Hospitales en ruinas, escasez de insumos, éxodo de profesionales, acceso limitado a servicios médicos privados y los altos precios de los estudios son algunos de los problemas que enfrentan los ciudadanos que padecen cualquier enfermedad.
Panarosa en el “Corazón del Pueblo”
Comunidad “Corazón del Pueblo” en La Urbina
La tercera jornada Panarosa tuvo como destino la comunidad “Corazón del Pueblo”, ubicada en la zona industrial de La Urbina, en el municipio Sucre del estado Miranda. El lugar, un espacio invadido hace 14 años por personas que no tenían hogar, está repleto de casitas con tablas, láminas de zinc, piezas de carros y chatarra.
En este barrio improvisado viven no menos de 100 familias, según el testimonio de uno de sus habitantes, quien además fue fundador del lugar al que también llaman “Ciudad Tablita”.
El Panabus y el Panarosa llegaron a la comunidad y los habitantes de “Corazón del Pueblo” ya estaban prevenidos. La logística previa de organización está tan meticulosamente planificada que cada quien ya sabe a quién le toca ser atendido.
El llamado a la comunidad para la atención médica
Equipo Panarosa y Panabus
Mamá Rosa, una mujer de 61 años y una de las habitantes más antiguas del sector, es quien se encarga de hacer el enlace para que ambas iniciativas visiten la comunidad. También busca a las personas que requieren de atención médica. “Aún en tiempos difíciles, la solidaridad y la buena voluntad siempre están a la orden”, expresó con gran satisfacción.
Óscar Salazar, médico Panabus atendiendo a una paciente. Foto: Daniel Hernández
“Atención de primera”
Mariana Díaz, de 19 años, fue una de las pacientes atendidas por el Panarosa. Este es su segundo control ginecológico con la organización. Su experiencia la califica como “excelente y positiva”. Asegura que en su comunidad esta labor es muy valiosa porque “hay muchos que no tienen cómo ir a un hospital”.
“Me retiraron el implante del brazo que ya lo tenía vencido y me colocaron uno nuevo. Soy estudiante y no está en mis planes tener hijos”, comentó Díaz.
Joe Marcano (50), habitante de la comunidad, también fue atendido pero por el Panabus, una iniciativa que nació en 2017 que se encarga de brindar atención médica integral, aseo personal, peluquería y asistencia psicosocial a personas en situación de calle. Hace tres años Marcano, en un intento de robo, fue herido y su pierna quedó afectada producto de una fractura. El hombre recurrió a Panabus por presentar muchas molestias en la zona y, además le informaron que su tensión arterial estaba alta. Recibió el tratamiento y le dieron fecha para ser evaluado en una próxima jornada de salud.
Otra beneficiaria del programa comentó que su experiencia con la atención que le han brindado a su hijo ha sido “la mejor”, pues le facilitan las medicinas que necesita tomar y también le dan alimentos.
Niños atendidos en el Panabus. Foto: Daniel Hernández.
Panarosa está recién nacida. Apenas esta es la tercera jornada que se está realizando en lo que va de noviembre. Maru Rodríguez, gerente general de la Fundación Santa en las Calles, iniciativa principal de la que derivan Panabus y Panarosa, explicó que los programas que desarrollan lo hacen en función a sus propias estadísticas: “Es por eso que vimos que existía una necesidad de brindar atención ginecológica y atención obstétrica a las mujeres y así lo hicimos”.
Panarosa, la unidad que impacta vidas.
Óscar Salazar, coordinador médico de ambas iniciativas, explicó que desde el primer momento que se atiende a una mujer se le brindan todos los insumos necesarios para su aseo. Luego, se procede a la consulta y revisión, que la lleva a cabo la ginecoobstetra Josmely Dávila, quien previamente hace un estudio de la persona para conocer su estado de salud y proceder al estudio ginecológico. Finalmente, se le indica el tratamiento en caso de ser necesario.
Para Dávila es “gratificante” el trabajo que hace en la fundación. A su juicio, ayudar brindando atención médica a quien más lo necesita “no tiene precio”.
Las beneficiarias de Panarosa también cuentan con la dotación de métodos anticonceptivos y charlas para prevenir la violencia basada en género, así como también el embarazo en adolescentes.
Según cifras aportadas por Rodríguez, el 40% de las mujeres que han atendido no han recibido un control ginecológico y obstétrico adecuado a lo largo de su vida. Precisó que la mayoría de las mujeres que han atendido en Panabus (70 %) son madres solteras, 60 % vive en espacios públicos o debajo de puentes, 64 % se alimenta solo una vez al día, 20 % se baña cada 15 días y 9 % solo una vez al mes. Asimismo, 90 % reporta dificultades para acceder a servicios de salud.
Panabus ha atendido a más de 7000 personas en situación de calle o vulnerabilidad desde 2017. Mientras que en este primer año, Panarosa espera atender a 200 mujeres sin hogar y a 500 mujeres en situación de vulnerabilidad.
No solo es atención médica
Marú Rodríguez explicó que la labor de Panabus y Panarosa va mucho más allá. De ellos, nacen dos subprogramas denominados Familia Panabus y Familia Panarosa, en los cuales se ayuda a las personas a reinsertarse a la sociedad.
Panabus
“Los ayudamos a reconstruir sus vidas con un plan diseñado y ajustado a cada quien. Se hace una evaluación profunda y se les dan herramientas que le ayuden a mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, si la persona no tiene cédula, nosotros lo asesoramos y acompañamos en el proceso de sacar el documento, siempre con apoyo psicosocial. Vamos por pasos, luego vamos con el tema de buscar trabajo, escolarización y la restitución de los vínculos familiares perdidos”.
Rodríguez agregó que ellos hacen un seguimiento semanal con ese grupo de personas y, adicional a eso, se les apoya con insumos personales, ropa, calzado y una bolsa de alimentos no perecederos. “Todo en la medida de lo posible para que poco a poco pueda salir de las calles”, dijo la gerente de la Fundación Santa en Las Calles.
Para los miembros de Panabus y Panarosa la empatía lo es todo. Luis Fernández, coordinador del área de desarrollo de la Fundación Santa en las Calles, expresa alegría y gratitud al hablar de ambas iniciativas.
“Nuestro enfoque está basado en la justicia social y creemos que toda persona en situación de calle, hombre, mujer, niño, niña o adolescente, necesita ser un sujeto de derechos, que tiene valor y un lugar importante dentro de la sociedad. Entonces, eso es lo que hacemos desde la Fundación”, finalizó Fernández.
Puedes ubicar y seguir el proyecto Panarosa y Panabus en sus redes sociales. Si deseas colaborar con la organización puedes hacerlo ofreciendo tu talento o capacidad profesional, siendo voluntario individual o corporativo, haciendo donativos de productos o aportes económicos a la Fundación Santa en Las Calles ubicada en La Castellana, en Caracas.
El artículo 50 de la Constitución venezolana reza que cada persona puede moverse libremente y a través de cualquier medio por todo el territorio nacional, además tiene el derecho de abandonar la República y de regresar a ella cuando lo desee.
Pero en Venezuela el refrán que dice “el que hace la ley, hace la trampa” pareciera ser el único artículo en constante vigencia.
En campañas electorales y básicamente cuando se le antoja, el oficialismo ha convocado a movilizaciones en las principales ciudades del país y por supuesto en Caracas, donde funcionan las principales instituciones del Estado.
Desde la época del fallecido presidente Hugo Chávez, empleados públicos son obligados a acudir a concentraciones y marchas pro gobierno y ahora cuando la administración de Nicolás Maduro esgrime la carta de una amenaza a la soberanía, esa estrategia de movilización constante se ha agudizado.
“Es terrible, a veces me tardo una o dos horas en llegar a mi casa”, dijo Carmen, quien labora en una agencia bancaria en el centro de Caracas.
Cada vez que hay una concentración, a Carmen se le hace cuesta arriba acudir a su trabajo y regresar a su hogar.
Así como a ella, a cientos de personas en la capital venezolana se les altera la rutina cuando hay marcha oficialista.
Apenas este martes 25 de noviembre, el gobierno volvió a convocar otra manifestación en supuesto apoyo a Maduro. Para ello, las principales vías de Caracas fueron cerradas o restringidas. Fueron dispuestas tarimas en Plaza Venezuela, Los Símbolos, el Paseo Los Ilustres y los alrededores de la Academia Militar.
Tráfico de vehículos, embotellamiento y ciudadanos caminando ha sido la constante, especialmente a partir del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe para combatir el comercio ilegal de drogas, práctica que endosan al cartel de los Soles, organización que para la Casa Blanca está liderada por Maduro y sus acólitos.
Como respuesta a los que consideran “un pretexto para invadir Venezuela y adueñarse de sus riquezas minerales”, el chavismo ha emprendido una estrategia de movilizar a su gente y por ende colapsar la urbe caraqueña.
“El tema de la soberanía es importante, pero también los ciudadanos tienen derecho a circular libremente, la gente ir a su trabajo, los niños a la escuela, los pacientes acudir a una consulta médica, prácticamente cierran la ciudad”, dijo Laura Louza, directora y cofundadora de la ONG Acceso a la Justicia.
La abogada sostuvo que sólo por razones de seguridad nacional o por un desastre natural se pueden cerrar las vías “siempre y cuando se avise con antelación y se tomen las precauciones pertinentes”.
Pero ni la una, ni la otra. Los ciudadanos suelen enterarse del cierre de vías, 24 horas antes o el mismo día y cada quien soluciona el tema de conseguir un camino alterno para llegar a su destino.
Louza sostuvo que en un estado de excepción, como fue el caso de la pandemia del coronavirus, puede haber restricciones al tránsito, pero con respeto a los derechos fundamentales del ciudadano.
“Eso estaba contemplado dentro del estado de alarma, pero ahora lo que hay son marchas o concentraciones oficialistas y no es causal para cerrar las principales vías, eso no debería ser”.
Louza explicó que la restricción de tránsito pudiese atribuirse al estado de conmoción exterior decretado por el Estado en octubre de este año, sin embargo, este entra en vigencia como respuesta a una agresión foránea y no previo a esta: “No sabemos cómo funciona y si ya efectivamente entró en vigencia”.
La alcabala nuestra de cada día
Además de enfrentar los cierres arbitrarios de vías, los venezolanos también han tenido que habituarse a la presencia constante de alcabalas móviles de funcionarios, especialmente después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Louza explicó que si bien en una situación de posible ataque a la soberanía nacional es entendible un despliegue de efectivos, la presencia de alcabalas es algo que viene sucediendo con antelación.
“Hubo mucho abuso por parte de agentes de seguridad, sobre todo en pandemia y a raíz de eso salió una regulación que el ciudadano puede grabar cuando lo están revisando”, sostuvo la profesional del derecho.
Louza denunció que la extorsión en puestos móviles de seguridad se ha convertido en una práctica habitual. Dijo que uno de los factores que impulsa la corrupción es la precariedad de los sueldos y salarios en la administración pública.
“No es casualidad que Venezuela ocupe el último lugar en el ranking de Estado de derecho”, agregó.
La abogada informó que es ilegal la revisión de teléfonos celulares particulares en los puestos de control: “Eso solo se puede con una orden judicial en mano o si hay sospecha de un delito”.
Por aire también
La restricción de movilidad no solo se limita a la terrestre, también por vía aérea el venezolano se ha visto afectado.
Desde la llegada de Maduro al poder en 2013 la oferta de vuelos internacionales desde y hasta Venezuela ha enfrentado un franco deterioro.
La crisis alcanzó un punto de inflexión recientemente con la recomendación de extremar medidas de seguridad en torno al espacio aéreo de Venezuela de la Autoridad Federal de Aviación Civil de Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés).
La FAA advierte una “posible situación de riesgo” en Venezuela derivada del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe en el marco de una supuesta lucha antidrogas que suma alrededor de 20 “narcolanchas” hundidas y más de 80 personas muertas, aunado a la presencia cerca de las costas locales del portaaviones Gerald Ford, buques de guerra, aviones cazas y soldados norteamericanos.
Luego de este pronunciamiento, algunas líneas aéreas cancelaron conexiones con territorio venezolano.
Como respuesta, la administración madurista a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) despojaron de su derecho a tráfico a la compañía española Iberia, las colombianas Avianca y Latam, la portuguesa Tap, la brasileña Gol y la turca Turkish Airlines.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Luego de catalogar las acciones ofensivas emprendidas por mar como un éxito, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó que “pronto” empezará a detener narcotraficantes de Venezuela por tierra.
“Probablemente, han notado que las personas ya no quieren entregar las drogas por mar, y empezaremos a detenerlos por tierra. Además, por tierra es más fácil, por eso vamos a comenzar muy pronto. Les advertimos de que dejaran de enviar veneno a nuestro país”, declaró el mandatario.
Como es usual, el republicano no específico cómo va a aplicar este nuevo plan terrestre, luego de la estrategia emprendida por el Comando Sur en el mar Caribe y el océano Pacifico desde principios de septiembre que ha significado el hundimiento de alrededor de 20 “narcolanchas” y la muerte de más de 80 presuntos traficantes de drogas.
“En semanas recientes, ustedes han estado trabajando para detener a los narcotraficantes de Venezuela, de los que hay muchos. Por supuesto, ya no hay muchos viniendo por mar”, comentó el mandatario en el marco de una reunión con la Fuerza Armada estadounidense.
El presidente norteamericano justificó las muertes, las cuales han sido calificadas por organizaciones defensoras de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales.
“Vamos a encargarnos de la situación. Ya estamos haciendo un montón. Casi la hemos detenido. Ya hemos detenido el 85% del flujo por mar”, indicó.
El pasado 16 de noviembre, Estados Unidos desplegó cerca de las costas venezolanas el portaaviones Gerald R. Ford y apenas este lunes 24 de noviembre declaró como organización terrorista extranjera al Cartel de los Soles, a la que vincula con Nicolás Maduro y sus acólitos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Según Isabel Pereira Arana, coordinadora de política de drogas de la ONG Dejusticia, durante el mandato del presidente Gustavo Petro, Colombia alcanzó su máximo histórico de cultivos de coca con 260 000 hectáreas.
La politóloga oriunda de la ciudad de Cali indicó que por primera vez en 30 años, Colombia fue descertificada por el Departamento de Estado de Estados Unidos en la lucha contra las drogas e igualmente calificó como inédito que un mandatario estadounidense haya calificado a un homólogo neogranadino como narcotraficante.
Pereira fue la invitada de este martes 25 de noviembre del programa semanal de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual, que llevó por título ¿La lucha contra el narcotráfico explica la tensión en el Caribe?.
En la edición de La Conversa, donde participaron como moderadores, Ronna Rísquez, directora de ARI y Luis Blanco, director de Runrunes, Pereira lamentó que Colombia haya perdido por vez primera su certificación en la guerra contra los narcóticos desde el gobierno de Ernesto Samper en 1995, cuando este fue señalado de recibir dinero proveniente de los carteles de la droga para financiar su campaña electoral.
Pereira sentenció que hasta el gobierno del demócrata Joe Biden en Estados Unidos, la doctrina (William) Brownfield, que flexibiliza y permite políticas regionales contra el narcotráfico, había funcionado.
Sin embargo, con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, todo el legado de Brownfield, ex embajador norteamericano en Venezuela y Colombia, quedó al margen.
“A lo largo de los años se hizo un esfuerzo grande, pero llegamos a la combinación Petro-Trump”, dijo la investigadora.
La coordinadora de Dejusticia criticó la política empleada actualmente por la administración de Trump para combatir el supuesto tráfico de drogas en el Caribe y el océano Pacifico.
Manifestó que si el argumento es que Estados Unidos tiene un problema de salud pública por el consumo de fentanilo, están usando una estrategia errada al bombardear embarcaciones.
“El fentanilo sale de México, de este lado de la región no hay consumo ni tráfico de esa droga”, aseguró.
Blanco recordó que la Casa Blanca mantiene desde septiembre de este año una operación cerca de las costas venezolanas, la cual ha causado el hundimiento de alrededor de 20 botes y la muerte de más de 80 personas, supuestos narcotraficantes.
Pereira calificó al despliegue ofensivo en aguas internacionales, para supuestamente combatir el tráfico de drogas, como ejecuciones extrajudiciales.
Señaló que Estados Unidos conoce el protocolo internacional para el uso de la fuerza letal y por tanto no hay justificación alguna para estos ataques donde matan a personas con misiles teledirigidos como si se tratase de un videojuego: “Pareciera una excusa con un telón de fondo con estos dos gobiernos (Venezuela y Colombia), que son antagónicos”.
Ni lava, ni presta la batea
Para la investigadora de Dejusticia, Petro no ha sido claro en cuanto a su posición frente al gobierno de Venezuela.
La politóloga dijo que el presidente colombiano no se ha atrevido a desconocer explícitamente la presidencia de Maduro y tampoco se ha distanciado del chavismo, lo único que ha dejado claro es que no está de acuerdo con los bombardeos a supuestas “narcolanchas”.
A juicio de Pereira, esa conducta puede obedecer a la extensa frontera que comparte Colombia con Venezuela y al papel que podría jugar el gobierno de Maduro en las conversaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Agregó que lo beneficioso o perjudicial para Venezuela tendrá una repercusión inmediata en el vecino país.
“En mi opinión,ha debido existir un pronunciamiento más duro en cuanto a las elecciones presidenciales venezolanas por parte del gobierno colombiano”, consideró.
La politóloga indicó que para muchas personas en Colombia, Petro es una persona cercana a Maduro y ahora el discurso “antiimperialista” los coloca en la misma acera. Opinó que esta carta seguramente la empleará la oposición colombiana para jugarla en contra del candidato presidencial de la izquierda en las elecciones de 2026.
“Las elites colombianas siempre han sido arrodilladas ante Estados Unidos y, en ese sentido, vale más deslegitimar a Petro que lo conveniente para el país”, sostuvo.
La coordinadora de Dejusticia indicó que la seguridad es la principal exigencia del electorado de cara al año que viene y que ya nadie habla de que Colombia vaya a convertirse en Venezuela, porque después de tres años de mandato de la izquierda, las instituciones se han mantenido. A su juicio, a meses de las elecciones, ninguno de los posibles candidatos a la presidencia tiene una propuesta para negociar con la guerrilla.
Para Risquez, hasta al propio Petro se le olvidó su propuesta de “paz total”.
Pereira sentenció que efectivamente ya nadie quiere hablar de la paz total, después de que se activaran al menos seis mesas de diálogo y ninguna diera resultado.
Blanco expuso que para conciliar paz en Colombia es perentorio que también la haya en Venezuela, especialmente por las denuncias de presencia de miembros del ELN y disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas) en territorio nacional.
“Es un momento muy agridulce para la paz”, puntualizó Pereira.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del viernes, 28 de noviembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) contabilizó 1076 presos políticos en Venezuela. 895 hombres y 181 mujeres, entre ellos cinco adolescentes, 20 periodistas y 15 sindicalistas
Actualmente hay 148 presos políticos de los que no se tiene información oficial sobre su paradero, según la organización.
El Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil(Inac) despojaron de su derecho a tráfico en Venezuela a las aerolíneas Iberia, Avianca, Latam, Tap, Gol y Turkish Airlines.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) cerró e incautó los equipos de la emisora 93.7 FM La Radio Se Oye, en el municipio Vargas en La Guaira.
El procedimiento ejecutado elpasado martes, 25 de noviembre, sacó del aire una estación con 12 años de servicio, y sin empleo a más de 20 trabajadores.
#AlertaSNTP | Conatel cerró e incautó los equipos de la emisora 93.7 FM La Radio Se Oye, en el municipio Vargas #LaGuaira. El procedimiento ejecutado el #25Nov dejó sacó del aire una estación con 12 años de servicio, y sin empleo a más de 20 trabajadoreshttps://t.co/G3iE4iyEBv
Según información del SNTP, los funcionarios de Conatel argumentaron que no existe la habilitación administrativa ni la concesión. Sin embargo, los representantes de la emisora ratificaron al sindicato que han cumplido con todos los trámites, mantenido sus obligaciones fiscales y que la documentación se encontraba formalmente en trámite ante el ente regulador.
La Radio 93.7 FM emitió un comunicado agradeciendo a toda su audiencia y aliados comerciales por “el apoyo incondicional” en todo momento.
La radio se apaga
En 2024, cifras del Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys-Venezuela) revelaron que Conatel clausuró 20 estaciones de radio, lo cual representa un aumento de 33,33%, en comparación con 2023, cuando fueron apagados 15 diales.
Mientras que Espacio Público, en su informe preliminar 2024, totalizó el cierre de 24 medios de comunicación el año anterior, de los cuales 21 eran emisoras de radio.
Cifras del sindicato estiman que más de 285 emisoras de radio han sido cerradas en Venezuela desde 2003 hasta principios de 2023.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) contabilizó 1076 presos políticos en Venezuela. En su más reciente balance, publicado en su cuenta en X, JEP precisó que de la cifra de detenidos 181 son mujeres y 895 hombres, cinco son adolescentes.
Sobre la detención de los menores de edad, la ONG señaló que la situación “evidencia la vulnerabilidad de quienes, por su edad, requieren una protección reforzada del Estado y nunca deberían estar expuestos a tratos que comprometan su integridad física o emocional”.
En el desglose de la cifra, JEP detalló que de los presos políticos 42 son extranjeros, 171 funcionarios de seguridad del Estado, 11 son defensores de derechos humanos, 559 de la sociedad civil, 223 de organizaciones políticas, 35 ex miembros de seguridad del Estado, 20 periodistas y 15 sindicalistas. Hay 148 personas de las que no se tiene información oficial sobre su paradero.
Asimismo, la ONG mencionó que la reclusión de personas mayores y de quienes padecen enfermedades graves “representa un riesgo directo para su vida, especialmente ante la falta de atención médica adecuada y condiciones de reclusión incompatibles con sus necesidades”.
Justicia, Encuentro y Perdón recalcó que a toda la situación de detenidos por motivos políticos se suma la persistencia de episodios de desaparición forzada que constituyen “una de las violaciones más graves de derechos humanos” que deja a los familiares en total incertidumbre.
En nuestro más reciente registro, documentamos 1.076 personas presas políticas en Venezuela: 181 mujeres y 895 hombres, entre ellos 5 adolescentes, cuya detención viola de forma frontal toda protección especial establecida en la ley y en los estándares internacionales.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
