Según Isabel Pereira Arana, coordinadora de política de drogas de la ONG Dejusticia, durante el mandato del presidente Gustavo Petro, Colombia alcanzó su máximo histórico de cultivos de coca con 260 000 hectáreas.
La politóloga oriunda de la ciudad de Cali indicó que por primera vez en 30 años, Colombia fue descertificada por el Departamento de Estado de Estados Unidos en la lucha contra las drogas e igualmente calificó como inédito que un mandatario estadounidense haya calificado a un homólogo neogranadino como narcotraficante.
Pereira fue la invitada de este martes 25 de noviembre del programa semanal de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual, que llevó por título ¿La lucha contra el narcotráfico explica la tensión en el Caribe?.
En la edición de La Conversa, donde participaron como moderadores, Ronna Rísquez, directora de ARI y Luis Blanco, director de Runrunes, Pereira lamentó que Colombia haya perdido por vez primera su certificación en la guerra contra los narcóticos desde el gobierno de Ernesto Samper en 1995, cuando este fue señalado de recibir dinero proveniente de los carteles de la droga para financiar su campaña electoral.
Pereira sentenció que hasta el gobierno del demócrata Joe Biden en Estados Unidos, la doctrina (William) Brownfield, que flexibiliza y permite políticas regionales contra el narcotráfico, había funcionado.
Sin embargo, con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, todo el legado de Brownfield, ex embajador norteamericano en Venezuela y Colombia, quedó al margen.
“A lo largo de los años se hizo un esfuerzo grande, pero llegamos a la combinación Petro-Trump”, dijo la investigadora.
La coordinadora de Dejusticia criticó la política empleada actualmente por la administración de Trump para combatir el supuesto tráfico de drogas en el Caribe y el océano Pacifico.
Manifestó que si el argumento es que Estados Unidos tiene un problema de salud pública por el consumo de fentanilo, están usando una estrategia errada al bombardear embarcaciones.
“El fentanilo sale de México, de este lado de la región no hay consumo ni tráfico de esa droga”, aseguró.
Blanco recordó que la Casa Blanca mantiene desde septiembre de este año una operación cerca de las costas venezolanas, la cual ha causado el hundimiento de alrededor de 20 botes y la muerte de más de 80 personas, supuestos narcotraficantes.
Pereira calificó al despliegue ofensivo en aguas internacionales, para supuestamente combatir el tráfico de drogas, como ejecuciones extrajudiciales.
Señaló que Estados Unidos conoce el protocolo internacional para el uso de la fuerza letal y por tanto no hay justificación alguna para estos ataques donde matan a personas con misiles teledirigidos como si se tratase de un videojuego: “Pareciera una excusa con un telón de fondo con estos dos gobiernos (Venezuela y Colombia), que son antagónicos”.
Ni lava, ni presta la batea
Para la investigadora de Dejusticia, Petro no ha sido claro en cuanto a su posición frente al gobierno de Venezuela.
La politóloga dijo que el presidente colombiano no se ha atrevido a desconocer explícitamente la presidencia de Maduro y tampoco se ha distanciado del chavismo, lo único que ha dejado claro es que no está de acuerdo con los bombardeos a supuestas “narcolanchas”.
A juicio de Pereira, esa conducta puede obedecer a la extensa frontera que comparte Colombia con Venezuela y al papel que podría jugar el gobierno de Maduro en las conversaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Agregó que lo beneficioso o perjudicial para Venezuela tendrá una repercusión inmediata en el vecino país.
“En mi opinión,ha debido existir un pronunciamiento más duro en cuanto a las elecciones presidenciales venezolanas por parte del gobierno colombiano”, consideró.
La politóloga indicó que para muchas personas en Colombia, Petro es una persona cercana a Maduro y ahora el discurso “antiimperialista” los coloca en la misma acera. Opinó que esta carta seguramente la empleará la oposición colombiana para jugarla en contra del candidato presidencial de la izquierda en las elecciones de 2026.
“Las elites colombianas siempre han sido arrodilladas ante Estados Unidos y, en ese sentido, vale más deslegitimar a Petro que lo conveniente para el país”, sostuvo.
La coordinadora de Dejusticia indicó que la seguridad es la principal exigencia del electorado de cara al año que viene y que ya nadie habla de que Colombia vaya a convertirse en Venezuela, porque después de tres años de mandato de la izquierda, las instituciones se han mantenido. A su juicio, a meses de las elecciones, ninguno de los posibles candidatos a la presidencia tiene una propuesta para negociar con la guerrilla.
Para Risquez, hasta al propio Petro se le olvidó su propuesta de “paz total”.
Pereira sentenció que efectivamente ya nadie quiere hablar de la paz total, después de que se activaran al menos seis mesas de diálogo y ninguna diera resultado.
Blanco expuso que para conciliar paz en Colombia es perentorio que también la haya en Venezuela, especialmente por las denuncias de presencia de miembros del ELN y disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas) en territorio nacional.
“Es un momento muy agridulce para la paz”, puntualizó Pereira.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
