Por Paula Andrea Jiménez y Rosalinda Hernández

Ilustración: Ernesto Cáceres

Previo a la noche en que Dulce* huyera de Tibú junto a su madre y sus cuatro hermanitos, entre disparos, todos descalzos y “pasándole por un lado a los muertos”, ocurrieron otros hechos que habían estremecido mucho más sus vidas.

Las ráfagas de las ametralladoras no dejan de resonar en la memoria de la adolescente, desde que en enero de 2025 recrudeció la guerra a muerte entre el Ejército de Liberación Nacional -ELN- y las disidencias de las FARC, por el control del Catatumbo, región ocupada por grupos rebeldes y organizaciones criminales que controlan extensas plantaciones de coca y el comercio de narcóticos. 

Dulce, quien migró desde el estado Miranda (Venezuela),  extiende los brazos para mostrar las cicatrices que le quedaron tras haber  sido amarrada y amordazada junto a su madre por guerrilleros del ELN en una incursión anterior, a tan solo días de haber sobrevivido junto a sus hermanos, escondidos bajo una cama en medio de fuertes confrontaciones.

“Esa noche fue horrible, mis hermanitos no dejaban de gritar, de llorar. Al día siguiente fue muy impactante ver cómo amanecieron muertos muchos animalitos que iban para que nosotros les diéramos comidita, estaban allí tirados entre mucha sangre”, recuerda la adolescente de 15 años. 

Se le viene de golpe un hecho tras otro. Quiere contarlo todo, pero en voz bajita y entrecortada. Entonces, revive cómo días después sus dos hermanos, Felipe y Juancho, de apenas 9 y 11 años, fueron arrebatados de su familia.

Hombres encapuchados, identificados como miembros del ELN, volvieron a irrumpir en la finca cocalera “Las Palmas”, en el sector Campo Dos, en Tibú (Norte de Santander), donde vivía toda la familia, un enorme predio en el que también trabajaban sus padres: él como jornalero “raspador” de hoja de coca, ella como cocinera. 

“Lloramos, gritamos, les suplicamos que no se los llevaran, me los quitaron. Eran unos hombres altos, no se les veía la cara porque estaban tapados, solo se les veían los ojos”, murmura Dulce.

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Carolina, la madre de 45 años y ella, se arrodillaron para implorar al dueño de la finca, un hombre apodado “El Mono”, que les prestara el dinero exigido por el grupo armado para devolver a los niños.  

Luego de dos días de angustia, ocurrió la liberación tras el canje económico, pero a cambio de llevarse a Carlos, el papá de los niños, de quien hasta ahora no hay noticias y hace parte de las miles de víctimas de desaparición forzada en Colombia.  

“Después de haberlo golpeado mucho, desde lejos solo alcanzó a echarles la bendición a los niños mientras se lo llevaban”. Ese es el último recuerdo que le quedó a Carolina.

 Los mismos hombres del ELN, en su retirada,  acribillaron al dueño de la finca cocalera junto a su esposa y sus dos hijos. 

“Ahí, frente a nosotras, los arrodillaron y les dispararon a todos. Mi mamá se tiró al piso, los movía… pero ninguno respiraba”, Dulce reconstruye los detalles, pero hace pausas mientras extraña y llora a su papá. “No sé dónde está, ni siquiera sé si está vivo todavía”.

Tras ser testigos del asesinato, el grupo armado les ordenó voltear la mirada y bajo amenaza de muerte, a dejar el lugar de inmediato, en plena noche. 

“Se llevaron a muchísimos, la gente desesperada salió huyendo mientras le arrebataban a sus hijos. A quienes lograban pagar, los dejaban ir, pero a los que no podían, se los quitaban, a otros los mataban. Lo del ELN es el reclutamiento de niños y el cobro de vacunas”, así repasa Carolina la noche de la huida.

El control ejercido por los grupos armados en este territorio alcanza tal nivel que ni siquiera los medios locales pudieron entrar a reseñar este ataque.

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Infancia migrante: radiografía en medio de la guerra  

De acuerdo a información requerida por el equipo de Laboratorio Migrante al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF),  en el último decenio, 135 niñas, niños y adolescentes han sido víctimas del conflicto interno (130 venezolanos, 4 ecuatorianos y 1 panameño). De ese total, el Programa de Atención Especializada de esta institución para víctimas de reclutamiento ilícito contabiliza 75 desvinculados de los grupos armados organizados al margen de la ley.

Las disidencias de las extintas FARC, son el grupo armado del que más se han rescatado y desvinculado a menores de edad migrantes y refugiados (45), seguidos del ELN con 16 y el Clan del Golfo o también conocidas como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) con 7. La mayoría tenía edades entre 14 y 17 años.  El 70 % de ellos eran varones.

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Adicionalmente, otros 57 menores de edad venezolanos y con doble nacionalidad (colombo-venezolana) ingresaron a procesos administrativos de restablecimiento de derechos (PARD).

Colombia es receptora de  2,8 millones de migrantes y refugiados venezolanos,  equivalente al 35% de esta diáspora en el mundo y que ha abandonado su país en medio de una Emergencia Humanitaria Compleja sostenida desde hace una década.

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De los 75 menores de edad migrantes desvinculados, solo 4 de ellos (colombo-venezolanos), al cumplir la mayoría de edad, tuvieron la oportunidad de hacer la transición hacia la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), la instancia  que coordina los programas para la reintegración social y económica de quienes han dejado grupos armados ilegales.

Según el ICBF  “en el caso de los extranjeros que no cuentan con nacionalidad colombiana (62 niños, niñas y adolescentes), el Comité Operativo para la Dejación de Armas (CODA) de acuerdo con la normatividad vigente no los certifica como desvinculados de grupos armados organizados”, lo cual imposibilita que accedan a una ruta de reintegración social, asegura la institución, en respuesta a un derecho de petición interpuesto por este equipo reporteril. 

Sobre los otros 62 niños desvinculados, el ICBF no dio respuesta pese a las solicitudes de información de este equipo. En 2023, otro reporte de UNICEF e ICBF estableció que entre 2013 y 2022,  35 menores de edad venezolanos fueron reclutados por grupos armados y que tenían doble nacionalidad (colombo-venezolana), fueron registrados en el programa de atención a desvinculados como colombianos y no como migrantes forzados, pese a que su arraigo es mayoritariamente venezolano.

El reporte también señaló que 15 de esos casos fueron reclutados como tal en Venezuela y 20 en territorio colombiano (la mayoría en Norte de Santander, seguido por Arauca y Vichada, )

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Hace 20 años el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó la resolución 1612, que dio origen al Mecanismo de Monitoreo y Reporte sobre las graves violaciones cometidas contra niñas y niños en tiempos de conflicto armado. 

El instrumento evalúa a Colombia desde 2008, pero es desde 2021 que ante el Consejo de Seguridad de la ONU, informes del Secretario General, António Guterres, comienzan a detallar por vez primera los crímenes de guerra perpetrados contra la infancia y adolescencia migrante y refugiada venezolana en el país (1,2,3,4,5, 6). 

Por ejemplo, en el dosier de 2021 (que compila los años 2019, 2020 y 2021) se describe cómo actores armados en suelo colombiano cometieron delitos como: reclutamiento y uso,  asesinato, mutilaciones, secuestros, violaciones y demás formas de violencia sexual.

Extracto del informe “Los niños y el conflicto armado en Colombia”, presentado por el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, ante el Consejo de Seguridad el 13 de febrero de 2024 Fuente: ONU

Afectación diferenciada 

“Los grupos armados durante décadas han intentado establecer una narrativa o normalización de la vinculación de adolescentes mayores a 15 años a sus filas y asegurar que lo hacen voluntariamente”, indicó una fuente en terreno, que pidió resguardar su nombre para proteger las operaciones humanitarias.  

Sin embargo el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en conflictos armados y del que Colombia es signataria, es claro: prohíbe a los grupos armados ilegales y a las fuerzas armadas de un país el reclutamiento y utilización de menores de 18 años en hostilidades.

El instrumento compromete a los estados miembros a prevenir y penalizar el reclutamiento, pero también los obliga a desvincularlos de estructuras armadas y a ofrecerles procesos de recuperación psicosocial, física, de reintegración y reparación.

El reclutamiento de niñas y niños figura entre las graves violaciones de los derechos de la infancia en conflictos armados. Es considerado un crímen de guerra, tanto por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) y otras fuentes del derecho internacional humanitario (DIH).  

Para el sociólogo Carlos Díaz Bolaños, investigador en dinámicas del conflicto armado y asuntos de juventud, “la prevención del reclutamiento como una política pública nacional no existe. No hay un esfuerzo consistente, sólido, sistemático, esa es una carencia estructural”.

Adicionalmente, en este contexto se produce la llamada doble afectación para la población venezolana, que tras sufrir las consecuencias que enfrentaron con la migración forzada luego se suman las afectaciones provocadas por el conflicto armado, sumando graves violaciones a sus derechos humanos. 

En junio de 2025, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos alertó sobre un agravamiento de la situación de la infancia en Colombia, entre los años 2022 a 2024 en el marco del conflicto armado , incluyendo a la niñez migrante y en el que documentaron y verificaron casos de trata con fines de explotación sexual por parte de grupos armados “en los que niñas son trasladadas y sufren violencia sexual por parte de sus integrantes. Esta dinámica ha podido ser identificada en los departamentos de Nariño, Norte de Santander, Chocó y Putumayo, en algunos casos, contra la niñez migrante.”

Claudia Quintero, directora de la fundación Empodérame, organización que ofrece acompañamiento psicosocial a víctimas de trata, detalla los obstáculos cuando este delito se da en el marco del conflicto armado.

“En Colombia el reclutamiento forzado es un delito autónomo. Entonces, las víctimas no son tomadas ni atendidas como víctimas de trata de personas como tal, desde lo psicosocial: su recuperación emocional, la reconstrucción de sus proyectos de vida. Es una de las complejidades para que podamos atender esta población de la forma que debería ser”.

De las 118 alegaciones que recibió la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en el primer trimestre de 2025 sobre reclutamiento o utilización de menores de edad, se verificaron 51 casos de los que “casi un tercio corresponden a niñez migrante venezolana, varios no acompañados por sus familias”, advierte el informe.

Este equipo de reporteras pudo confirmar con dos fuentes que trabajan directamente en terreno y pidieron resguardo a su identidad,  dos casos de niñas migrantes venezolanas (pertenecientes a una etnia indígena) que habían sido reclutadas por grupos armados y que fallecieron en medio de combates en 2025 en Norte de Santander, adicional a un número no determinado de muchas otras que hoy en día continúan en las filas de estos grupos.

En la reclamación del cuerpo de una niña, el gobierno colombiano tuvo que intervenir ante el gobierno venezolano para solicitar al SAIME (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería) la confirmación de los datos filiatorios de la madre y la hija para agilizar los procesos forenses, autorizar la entrega del cuerpo y proceder finalmente con los ritos funerarios según sus costumbres. Al cierre de este reportaje, el otro cuerpo no había podido ser reconocido y retirado por sus familiares.

“Los niños y niñas que ingresan al país con sus familias o como menores no acompañados, no tienen conocimiento del contexto colombiano, llegan a territorios rurales muy dispersos. La estrategia del grupo armado va más allá, les dicen que los van a apoyar, les regalan comida, etc”, explica el investigador Oscar Fernando Cobo, quien hace parte de la Coalición contra la vinculación de niñas, niños y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO).

También hay una afectación diferenciada importante en base al sexo: “las niñas y adolescentes cuando son captadas y reclutadas por los grupos armados  suelen desempeñar labores domésticas en la filas [cocina, primeros auxilios, etc.] y tienen elevadas probabilidades de sufrir abuso y violencia sexual, uniones tempranas, abortos forzados, etc., mientras que los varones son reclutados para ir al frente de guerra o utilizados para labores de extorsión, logísticas, manejo de drones y/o captación de sus pares, etc.”, explica Javier Alexander Macias, especialista en DD.HH. y Derecho Internacional Humanitario, quien además como periodista ha cubierto durante años el conflicto armado y la violencia urbana en Colombia

Con mucha frecuencia, la violencia sexual está subrepresentada en las estadisticas. Los subregistros de violaciones cometidas contra la niñez y adolescencia en este contexto obedecen a múltiples causas, entre ellas “el desconocimiento de las rutas de atención, la condición migratoria, xenofobia, que les quiten a sus hijos y el miedo a represalias por actores armados o grupos delictivos”, nos dice una de las lideresas que trabaja en un asentamiento que recibe a familias migrantes desplazadas por la guerra en Norte de Santander.

Para Díaz Bolaños, quien también ha acompañado procesos de reparación integral a víctimas del conflicto armado, “en áreas donde el grupo ilegal tiene una suerte de gobernanza, impone las reglas y denunciar esos casos pondría en riesgo a la familia. Algunos ejercen el control más político y usan la violencia de manera estratégica, pero otros la utilizan de manera generalizada, a partir del miedo y o del terror”.

Huir de la guerra a cordones de miseria en la ciudad 

Desde la noche que escaparon de Tibú, Dulce, sus hermanitos y su  madre soportaron una semana entera de largas caminatas.  Con el más pequeñito de ellos en brazos, pedían  aventones en camiones y tractomulas, durmiendo a la intemperie en calles polvorientas, cruzando pueblos y veredas hasta que llegaron a uno de los asentamientos informales más grandes en la periferia de Cúcuta.

El árido enclave está a 19 kilómetros del puente internacional Simón Bolívar, que une el estado venezolano de Táchira con Norte de Santander y hace parte del cordón marginal de asentamientos que nacieron de predios invadidos en el anillo vial occidental que bordea la capital fronteriza. 

En este lugar el 40% de la población la componen migrantes de origen venezolano y desplazados internos del conflicto armado, en su mayoría mujeres y niños, según un censo realizado por organizaciones de lideresas locales de los siete sectores que lo componen. 

Hasta diciembre de 2024, Cúcuta albergaba a más de 215 000 venezolanos, muchos de los cuales, en lugar de encontrar refugio, quedaron atrapados en zonas de alta precariedad y riesgo.

Allí, la violencia también se vive entre la lucha intestina que libran las bandas criminales locales, transfronterizas y grupos armados urbanos por el control de las rentas ilícitas (extorsión, microtráfico, trata de personas, tráfico de migrantes y explotación sexual de niños, niñas y mujeres) y que viven al acecho de sus habitantes, en especial de adolescentes y jóvenes.

En la “invasión”, como se le conoce también en Venezuela a los asentamientos, la vida de Dulce y su familia siguió marcada por la precariedad: la mayoría de viviendas son construidas con tablas y zinc, padecen constantemente por la falta de agua y los pozos sépticos suplen la ausencia de alcantarillado. Las calles son de tierra y el acceso al transporte público es inexistente, por lo que  para llegar a la vía principal sus habitantes deben hacer largas caminatas.

Tampoco hay fuentes de empleo ni ofertas educativas y se vive en un ambiente de peligro e inseguridad. Dulce y sus hermanos no volvieron a la escuela; quedaron fuera del sistema educativo, a pesar de que la adolescente anhela convertirse en abogada. Es un deseo que nace de lo vivido, de lo perdido, de lo que aún duele. Un sueño que parece muy lejano, considerando el contexto en el que ahora vive.

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En Cúcuta , “la desigual distribución urbana ha generado territorios fragmentados que concentran pobreza y exclusión”, explica Miguel Morffe, docente investigador de la Universidad Simón Bolívar de Cúcuta. “Esta estructura facilita el control de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML) y Grupos Delictivos Organizados (GDO), que instrumentalizan a la población migrante, especialmente a niños y adolescentes, en dinámicas de reclutamiento y economías ilegales”.

Las comunas 6, 7 y 8, ubicadas cerca del anillo vial occidental, son focos de vulnerabilidad y violencia, agravados por el conflicto que se extiende desde el Catatumbo. 

Patricia, una madre venezolana de 36 años que reside en uno de los barrios de la comuna 8, cuenta cómo hombres fuertemente armados intentaron ingresar a la escuela de su hijo a finales de agosto. El grupo pretendía dar una “charla” y repartir panfletos durante la jornada escolar de los estudiantes de bachillerato (adolescentes), pero los docentes se opusieron e impidieron su entrada a las aulas de la institución ubicada en La Fortaleza, otro asentamiento contiguo a donde reside. 

“Varios hombres vestidos con chalecos negros, rostros cubiertos y armados con fusiles rodearon todo el colegio Padre Arturo Zárate”, recuerda Patricia. 

El grupo “reclamaba” que en visitas anteriores tampoco se les había permitido entregar panfletos ni hablar con los jóvenes. 

“Sentí miedo. Ya ni siquiera sabemos si es seguro mandar a los hijos al colegio, todo parece una amenaza, incluso posibles intentos de reclutamiento”, comentó la madre.

El  testimonio de Patricia confirma la vigencia de las alertas contenidas en el informe Atrapados en las redes del conflicto: aumento del reclutamiento de niñas y niños (junio/ 2025) del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, que advierten sobre el uso de los centros educativos para acciones como alojarse, atacar a miembros de grupos enemigos, atender a personal herido, hacer uso de la energía, organizar reuniones, o desarrollar actividades proselitistas.

Mapeo de confrontaciones y alianzas criminales urbanas

La Fundación Paz y Reconciliación (PARES) en octubre de 2025 identificó la presencia activa de tres grupos armados en Norte de Santander: el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), el ELN y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), siendo estos dos últimos los de mayor influencia y capacidad de control territorial.

Además, esta oenegé ha identificado al menos 42 grupos delictivos operando en Cúcuta, que en algunos casos establecen alianzas con grupos armados, conformando así un entramado criminal marcado por la fragmentación territorial y disputas constantes por el control de economías ilícitas. 

Entre las estructuras más destacadas se encuentran: La Familia P (Los Porras), organización local con fuerte arraigo y control en varias comunas. Los Manzaneros: nacidos de la fusión entre AK-47 y el Tren de Aragua, con creciente capacidad operativa y Los Mexicanos: una de las redes más consolidadas, con presencia estratégica en el anillo vial occidental y sofisticación logística.

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“Más allá de la lucha por el territorio, el flujo migratorio se ha convertido en un recurso estratégico para estas organizaciones por lo que la población migrante, especialmente niños y adolescentes, es sistemáticamente instrumentalizada para tareas como vigilancia, microtráfico y control comunitario, sin necesidad de una vinculación armada formal”, señala Nicolás León, investigador de la línea de Seguridad y Convivencia Ciudadana de PARES.

Un caso emblemático es el de Lucas, un adolescente venezolano de tan solo 14 años, quien fue contactado en octubre de 2025 por una banda criminal para actuar como “campanero” en el asentamiento informal, donde reside con su mamá y dos hermanos pequeños, de 7 y 2 años. El mismo lugar a donde llegó Dulce con su familia. 

“Fue a hacer un mandado y una persona de esas que está metida con gente peligrosa le dijo a Lucas que por qué no trabajaba con él. Me senté a hablar con mi hijo y le dije que ni se le ocurriera meterse en esas cosas, ni con esa gente”, nos cuenta Neida, la madre del adolescente.

El mensajero del grupo delictivo que abordó a Lucas le ofrecía “vigilar el ingreso de personas al barrio”, alertar sobre la presencia policial, identificar miembros de grupos rivales dentro de su comunidad y participar en actividades de microtráfico con un pago semanal.

“Cuando vea a ese tipo, ni lo salude, ni le hable”, le advirtió la mamá.

Neida y sus tres hijos, víctimas previas de migración forzada desde su país de origen, llegaron allí como desplazados internos por el conflicto armado. En enero de 2025, luego de varias amenazas de reclutamiento dirigidas a Lucas, la madre se vio obligada a salir junto a sus niños de una finca ubicada en el kilómetro 8, en la carretera que conduce a la población de Tibú, donde trabajaba en condiciones precarias ejerciendo oficios domésticos —lavar ropa, cocinar, limpiar habitaciones— para integrantes del ELN.

“A mi me dió un ataque de nervios. Una vecina me advirtió: ‘váyase ya, aquí es muy peligroso para usted y le van a reclutar a su hijo, no se quede‘. Y eso hice, me vine a Cúcuta.”, dice Neida.

Este panorama evidencia cómo los migrantes forzados sumidos en la precariedad están entre los eslabones más vulnerables frente a las dinámicas criminales que perpetúan la exclusión y la violencia en la región.

Redes sociales: el arma de los reclutadores 

Plataformas como TikTok y Facebook se han convertido en canales para que grupos armados y bandas delictivas establezcan contacto directo con jóvenes vulnerables, y desarrollen sus estrategias de reclutamiento con muy bajo riesgo y gran alcance, explica Laura Bonilla, coordinadora para América Latina de la Fundación PARES,  experta en conflicto armado y patrones de violencia contra civiles. 

Aprovechando la falta de regulación y supervisión, “las redes sociales permiten difundir contenido atractivo, manipular narrativas y captar adolescentes sin levantar sospechas. Esta estrategia ha contribuido a un aumento alarmante en el número de personas rearmadas: de 1.200 en 2018 a 8.000 en 2022”, según reporte de  PARES. Pero Bonilla advierte que no existen cifras oficiales confiables, ya que las instituciones estatales carecen de capacidad técnica para registrar esta realidad.

“Las niñas y adolescentes son instrumentalizadas para fines de explotación sexual, logística e inteligencia y existen casos documentados de participación obligada en acciones violentas”, precisa la investigadora.

“Los grupos armados, particularmente el ELN, están citando a jóvenes a través de redes sociales con falsas promesas de empleo, ofreciéndoles 1.800.000 pesos (aproximadamente 470 dólares) mensuales como gancho. Una vez que se presentan, los retienen y terminan desaparecidos o vinculados forzosamente.”, explica la coronel Sandra Mora, excomandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

“La capacidad estatal para rescatar a niños, niñas y adolescentes vinculados a estas estructuras es mínima, mientras que la capacidad de absorción de los grupos armados sigue siendo alta”, concluye Bonilla.

Catatumbo: “Casa del Trueno”, testigo del despojo

Históricamente el pueblo indígena binacional Barí ha ocupado la región del Catatumbo, uno de los territorios más castigados por el conflicto armado interno colombiano durante décadas y a la vez considerado zona transfronteriza.

La tierra compartida se extiende principalmente por cinco municipios de Norte de Santander, en Colombia (El Carmen, Convención, Teorama, El Tarra y Tibú), y dos municipios del estado Zulia, en Venezuela (Jesús María Semprúm y Machiques de Perijá). Sin embargo, a cada lado de la frontera, el Catatumbo se vive, se percibe y se siente de manera diferente.

La crisis humanitaria en esta región, que deja por ahora casi 83 000 desplazados internos y 182 muertos, según el último balance del Puesto de Mando Unificado (PMU) que articula instancias que atienden la situación en el Catatumbo, ha profundizado mucho más el historial de despojo y desplazamiento forzado de los Barí, tragedia que se ensaña contra su infancia.

Alexander Dora, vocero del Observatorio de Derechos Humanos de la Asociación del Pueblo Barí, denuncia que desde 2016 hasta la fecha unos 246 niñas, niños y adolescentes de esta etnia binacional han sido reclutados y utilizados por actores armados, de los cuales el 70 % es de origen venezolano.

“Algunos han caído [muertos en combate], a otros los hemos recuperado… a otros no los hemos vuelto a ver”, dice Dora.

El intento por buscar y rescatar a los menores de edad, incluso para recuperar los cuerpos de los que mueren en combate, es una lucha ardua para los Barí. “Enfrentamos el minado de los caminos, quedamos registrados en los retenes que imponen tanto el ELN como las disidencias de las FARC, nos confiscan los teléfonos y revisan nuestras comunicaciones, quedamos atrapados entre los enfrentamientos y también nos han declarado objetivo militar”, alerta Doria.

“A las menores de edad las mandan a las ciudades a llevar paquetes de droga, los usan para captar a otros de sus comunidades. Los comandantes guerrilleros también los usan para que les enseñen la lengua barí, poniendo en riesgo a nuestras comunidades”, apunta.

Los actores armados llevan décadas entendiendo las ventajas tácticas que les da reclutar, usar y utilizar a menores de edad indígenas para avanzar y mantener el control en sus propios enclaves. “Conocer el territorio en términos logísticos y estratégicos para la guerra es fundamental, es conocer senderos, las características de la selva, cómo se debe mover”, explica  Mauro Carrero, antropólogo de la Universidad del Zulia (Venezuela) y quien durante décadas ha estudiado etnias amerindias, entre ellas los barí.

“Cuando tú llegas con un combatiente que habla el idioma de la comunidad es importantísimo, por las relaciones de parentesco y de afinidad, se le abre la posibilidad de entendimiento a estos actores armados”, explica el también sociólogo.

Dora revela a este equipo que, de unos 54 menores de edad barí actualmente reclutados en las filas del ELN y de las disidencias de las FARC, 18 de ellos apenas tienen 13 años, mientras que unos 36 ya tienen cumplidos los 15 años (16 son varones y 20 son hembras).  “A los que hemos logrado rescatar y proteger nos relatan infinidad de abusos en las filas, el sufrimiento de nuestros niños y niñas ahí en medio de la guerra es muy duro”.

Infancia migrante y conflicto armado: fuera del radar institucional

La familia de Lucas ha sido clasificada bajo extrema pobreza, de acuerdo al sistema colombiano que categoriza a la población según sus condiciones de vida e ingresos.  En este hogar el hambre acecha constantemente. Hay días en los que la madre no logra llevar un plato de comida para ella y sus niños. 

Lucas también está desescolarizado y en condición de extraedad: el desfase entre su edad biológica y el grado escolar. A sus 14 años solo tiene aprobado segundo grado de primaria. El gran rezago académico, las barreras para el acceso a un programa de aceleración educativa y las precarias condiciones de su vida, son vulnerabilidades que lo siguen exponiendo al riesgo de ser reclutado o captado por estructuras criminales que ofrecen incentivos económicos inmediatos a menores de edad en zonas marginales.

Mientras tanto, Diego, el hermano de 7 años, quien nació en Venezuela con bajo peso y se mantiene en riesgo de desnutrición, espera desde hace 4 años que la autoridad migratoria emita por fin su Permiso por Protección Temporal (PPT) condicionando su entrega a la presentación del acta de nacimiento apostillada , situación que lo mantiene excluido del  servicio de comedor escolar y de ayudas médicas. 

“Le rogué a la profesora que me ayudara a conseguir una comida para Diego, pero me la negó. Una señora que trabaja con el aseo del colegio escuchó mi pedido y me consiguió en la cocina una ración para el niño ese día”.

Al hogar de Dulce, el ICBF realizó una visita a finales de septiembre, tras recibir denuncias por presuntas vulneraciones a los derechos de la adolescente, pues había sido enviada por su madre a trabajar en un bar ubicado en el barrio Nueva Ilusión, donde fue testigo de otra masacre, hecho que fue reseñado por la prensa local.

Luego de unas semanas de este hecho, Dulce fue captada por una banda criminal que la utilizaba para realizar cobros extorsivos a bordo de una moto, acciones por las que recibía pagos que su mamá administraba.

A los días no hubo ni rastro de ella, de su hermanitos ni de su mamá. Carolina abandonó el lugar con sus hijos. Ha realizado llamadas solicitando ayudas económicas a conocidos, en las que manifiesta haber retornado a Venezuela por el temor a que la institucionalidad “le quitara a sus hijos”.

Para Camila Rojas-Sanguino, psicóloga con experiencia en atención a infancias y familias afectadas por el conflicto armado, “la falta de data y caracterización institucional sobre niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado refleja un vacío institucional que impide diseñar respuestas integrales. No se sabe ni cuántos son, ni de dónde vienen, ni qué han vivido, ni qué necesitan. Desde una perspectiva psicosocial, esto también se traduce en una invisibilización”.

Por lo pronto, en los registros del Estado colombiano Dulce, Lucas y los hermanos de estos adolescentes, no existen como víctimas del conflicto armado, parecen estar cada vez más lejos de encontrar justicia, reparación y de un proyecto de vida libre de violencias que restituya sus derechos, los que le negó también el país que les vio nacer.

*Los nombres de las víctimas, de lideresas, del asentamiento receptor tras el desplazamiento interno y de algunas fuentes en terreno, fueron cambiados para salvaguardar su integridad.

Esta investigación fue realizada con el apoyo de la Beca Relatos de región: Periodismo local que explica Colombia, del Centro de Estudios en Periodismo (CEPER) de la Universidad de los Andes y el acompañamiento editorial de Lorenzo Morales. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de sus autoras.

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