La política laboral del régimen ha permanecido bajo vigilancia permanente por la OIT a lo largo del siglo XXI. Tanto, que nuestro país ha recibido la visita en más de 15 ocasiones mediante la asistencia de misiones de todo género: de consulta técnica, de contacto directo, de alto nivel, siendo la más prominente la actual Comisión de Encuesta, aprobada desde 2018.
Este organismo tripartito global ha intentado conducir a esta Administración al cumplimiento de los convenios, mediante el diálogo social. Este consiste en la negociación, consulta e intercambio de información entre representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores sobre temas económicos y sociales, orientados a lograr el trabajo decente, la justicia social, la paz y el desarrollo sostenible. Su fin es fomentar el consenso y la participación democrática en la toma de decisiones.
En realidad, todo este esfuerzo ha sido en vano, tanto bajo la presidencia de Hugo Chávez como la de Nicolás Maduro, quienes no escatimaron oportunidades para burlarse y descalificar al organismo mundial, con el objetivo de evadir durante sus gestiones la aplicación de los convenios firmados otrora por el Estado venezolano a lo largo de un siglo, al ser miembro fundador de la OIT en 1919.
Lo acontecido durante el siglo XXI en materia laboral refleja el dicho popular “tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe”. Esto determinó que el Consejo de Administración aprobara la creación de la Comisión de Encuesta para Venezuela en marzo de 2018, por iniciativa de Fedecámaras y luego apoyada por las centrales sindicales venezolanas. La mencionada Comisión emitió su histórico informe y recomendaciones en septiembre de 2019 sobre las graves violaciones laborales y sindicales en el país. La respuesta gubernamental fue, de nuevo, la negativa a cumplir tales recomendaciones.
Las recomendaciones fueron implementadas con retraso por la pandemia, a partir de 2022, con la instalación del Foro Social. Sus 4 asambleas, integradas por representantes empresariales, sindicales, de la OIT y del gobierno, se efectuaron durante el periodo 2022-2025. Estas ratificaron la actitud sarcástica de un régimen empeñado en evadir la aplicación de las propuestas en torno a revisión de salario, negociación colectiva, libertad sindical y consulta tripartita.
En ese contexto, asoma el año 2026, conociéndose la permanencia de ejecutorias antilaborales como la resolución 2792, el instructivo ONAPRE, el salario mínimo y las pensiones congeladas durante 4 años, cuyo monto actual es de 0,4 $ mensuales. A esto se agrega, entre tantas tropelías contra la libertad sindical, la radicalización y extensión de la política de terror aplicada a la población, ahora dirigida a los sindicalistas, con la detención ilegal de una veintena de compañeros hoy desaparecidos, al desconocerse sus centros de reclusión.
Por ello, resulta sorprendente la reciente comunicación del 13/1/2026 del ministro del Trabajo, Germán Piñate, y de la viceministra Rosalía Zingales, convocando a la “sesión del Grupo Consultivo para la consulta del salario mínimo correspondiente al año 2026”, a fin de dar cumplimiento al artículo 129 del DLOTTT y al Convenio 26 sobre el salario mínimo. Adornan el anuncio con el acostumbrado tufo oficial: “la defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores” “ante la agresión imperialista”, “cuyas acciones buscan desestabilizar el bienestar de la clase obrera”.
Sí, en el texto de invitación se incluye el contrabando ideológico y se reclama la solidaridad incondicional con dos reos acusados, hoy recluidos en una cárcel de Nueva York, quienes disfrutarán de beneficios procesales que no tienen los sindicalistas en Venezuela. Así, se da una convocatoria ministerial a una “sesión de trabajo” cuando el gobierno mantiene a más de una veintena de sindicalistas presos, sin conocimiento de cuáles delitos cometieron, ni de su condición de vida, ni de dónde se encuentran.
En esa condición de indefensión se encuentran los siguientes compañeros de sindicatos y gremios, quienes protestaron por salario mínimo, convenciones colectivas y en defensa de sus agremiados, y padecen la represión gubernamental por asumir la agenda laboral de sus respectivas organizaciones:
1. José Elías Torres, secretario general de la CTV
2. Willian Lizardo, presidente de Fetraconstruccion
3. Roberto Franco, secretario general del Colegio de Profesores de Venezuela
4. Omar Escalante, presidente de Fetracarabobo
5. Javier Tarazona, secretario ejecutivo del Colegio de Licenciados del Estado Táchira.
6. Daniel Romero, directivo del sindicato de SUTISS-SIDOR
7. Regulo Reina, dirigente del sector petrolero
8. Eduardo Torres, APUFAT y abogado de PROVEA
9. Lourdes Villareal, Sindicato SUMA
10. Carlos Alberto Gómez, presidente del SUMA Mérida.
11. Yuri Salas Moreno, secretario ejecutivo del SUNEP-Miranda
12. Marwin González, presidente de AJUNJENPOL Estado Bolívar
13. Fernando Serrano, directivo de SUTRALUM-VENALUM
14. Fidel Brito, presidente de FETRABOLIVAR
15. Omar Vazquez Lagonel, vicepresidente de FENAJUPV
16. Roberto Campero, directivo de SINTRAENSEÑANZA, estado Aragua
19. José Luis Subero, Sindicato de la Salud, estado Sucre
20. Gilberto Alcalá, Sindicato de la Construcción Caracas
21. Esmir Amaro Gudiño, sindicato SUTICEL.
¿Qué pretende el MINTRA con esta convocatoria? Presentar una imagen de “paz laboral” y de “diálogo social” ante el país y la comunidad internacional, eludiendo su responsabilidad como culpable directo de la pobreza de la población venezolana. Una pauperización originada en su salvaje política de flexibilización laboral, de suspensión de la contratación colectiva y de persecución contra la libertad sindical.
Por tanto, la exigencia de libertad plena de todos los directivos sindicales en el país debe ser la condición expresa para activar los acuerdos del Foro Social. Entre ellos prevalece el tema del salario mínimo, la activación de las convenciones colectivas de los sectores público y privado, y la libertad de reconstruir libremente sus sindicatos y gremios.
Un planteamiento que está directamente vinculado a la liberación de todos los presos políticos, injustamente encarcelados por manifestar sus deseos de vivir en democracia, como lo indica la institucionalidad de nuestra Constitución y la plena vigencia del Estado de derecho.
Laboratorio de Paz solicitó la suspensión inmediata del Decreto de Estado de Conmoción Exterior en Venezuela, adoptado el pasado 3 de enero tras el ataque militar de Estados Unidos que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.
Mediante un comunicado, la organización sostiene que esta medida es incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos y con la situación política actual reconocida por las propias autoridades venezolanas.
De acuerdo con la ONG, existe una “contradicción jurídica” en mantener un estado de excepción por una supuesta amenaza externa mientras el Estado venezolano reconoce públicamente la existencia de canales de negociación y coordinación diplomática con el gobierno señalado como agresor.
Según los tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estos estados solo deben aplicarse ante peligros reales que amenacen la vida de la nación bajo principios de proporcionalidad y necesidad.
Laboratorio de Paz advierte que la prolongación de este decreto “no responde a una necesidad real de defensa nacional”, sino que se ha convertido en un instrumento de “control político interno” y “criminalización de la disidencia”. La organización ha documentado que, bajo el amparo del decreto, se han realizado privaciones arbitrarias de la libertad basadas en el artículo 5 de la normativa, vulneraciones al derecho al debido proceso y restricciones a la libertad de reunión pacífica y de expresión.
En ese sentido, la organización instó al gobierno de Estados Unidos, y al resto de la comunidad internacional, a presionar a las autoridades venezolanas para:
Suspender de manera inmediata la aplicación del Decreto de Estado de Conmoción Exterior.
Liberación total de los presos políticos y cese de las detenciones arbitrarias en el país
Restablecer plenamente las garantías constitucionales y los derechos fundamentales.
Permitir la supervisión independiente internacional sobre la situación de derechos humanos, y la visita al país de los organismos que actualmente monitorean su evolución.
¿Qué establece el Decreto de Estado de Conmoción Exterior?
El Decreto número 5.200, publicado en la Gaceta Oficial extraordinaria N° 6.954, fue publicado tras los ataques militares estadounidenses en Caracas y el traslado de Nicolás Maduro a Estados Unidos. La medida tiene una duración de 90 días, prorrogables por un periodo igual. Los puntos más críticos del decreto incluyen:
• Poderes presidenciales ampliados: La presidencia, a cargo de Delcy Rodríguez, tiene la facultad de dictar medidas de orden político, legal, económico y social, incluyendo la requisición de bienes y la restricción del libre tránsito de personas y vehículos.
• Militarización de servicios: Se ordena la militarización de la infraestructura de servicios públicos, la industria petrolera y las industrias básicas. Todo el personal de estas áreas queda sometido al “régimen militar”.
• Suspensión de derechos: La presidencia está autorizada para suspender el derecho a reuniones y manifestaciones públicas. Asimismo, puede imponer a los ciudadanos “servicios extraordinarios” para cooperar con las autoridades.
• Persecución y capturas (Artículo 5): El decreto otorga licencia a todos los órganos policiales (nacionales, estadales y municipales) para buscar y capturar a cualquier persona sospechosa de promover o apoyar el ataque armado extranjero.
• Movilización armada: Se ordena el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y del Comando para la Defensa Integral de la Nación en todos los municipios y estados del país para repeler cualquier agresión.
El decreto también instruye al ministro de Relaciones Exteriores a notificar estas medidas al Consejo de Seguridad de la ONU y otros organismos internacionales.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El 3 de enero de 2026 Venezuela volvió a despertar en clave de acontecimiento histórico. La captura de Nicolás Maduro, lejos de presentarse como una jugada política convencional, fue interpretada por amplios sectores dentro y fuera del país como la ruptura de una anomalía prolongada: la permanencia de un poder que había dejado de operar bajo las lógicas del Estado para funcionar, cada vez más, como una estructura cerrada de intereses criminales. No se trató, para muchos, de un episodio de geopolítica clásica ni de un relevo de liderazgos, sino del desmontaje parcial de un entramado que había convertido a la política en una coartada y a las instituciones en instrumentos de protección mafiosa.
Durante años, los análisis sobre Venezuela oscilaron entre el autoritarismo, el populismo y la deriva dictatorial. Sin embargo, lo ocurrido obliga a desplazar el foco. Más que un proyecto político fallido o radicalizado, el Estado venezolano fue progresivamente capturado por una red transnacional donde confluyeron narcotráfico, contrabando, lavado de dinero, economías ilícitas y alianzas con actores armados irregulares. La frontera entre gobierno y organización criminal se volvió difusa, y la noción misma de soberanía fue reemplazada por una lógica de control territorial y rentas ilegales.
En ese contexto, la salida de Maduro no produjo el colapso del sistema porque el sistema ya no dependía exclusivamente de su figura. El poder real estaba distribuido en una constelación de actores que sobrevivían gracias a la opacidad institucional, la militarización del Estado y la normalización de prácticas ilícitas como mecanismo de gobernabilidad. La rápida reorganización del mando político tras su captura evidenció que no se trataba de un vacío ideológico, sino de la necesidad de preservar una arquitectura funcional al control y a la protección de intereses acumulados durante años.
La asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada debe leerse desde esa clave. Su papel no fue el de inaugurar un nuevo proyecto político, sino el de administrar una transición interna que garantizara continuidad operativa del Estado formal, mientras se contenían fracturas dentro del poder real. El respaldo del Tribunal Supremo de Justicia, el alineamiento del alto mando militar y la contención de los colectivos armados respondieron menos a una lealtad ideológica que a la necesidad de evitar que la desarticulación del liderazgo expusiera redes, responsabilidades y circuitos ilícitos.
Desde esta perspectiva, la tensión entre gestos de apertura política y prácticas coercitivas persistentes no es contradictoria. Es coherente con un modelo de poder que busca legitimarse lo suficiente para sobrevivir internacionalmente, sin desmontar los mecanismos internos que garantizan control y protección. La liberación selectiva de presos, el diálogo con actores externos y la disposición a negociar sectores económicos estratégicos conviven con la vigilancia, la intimidación y el cierre de espacios cívicos porque el objetivo central no es la democratización, sino la preservación del núcleo duro del poder.
La discusión sobre transición democrática, entonces, resulta incompleta si no se reconoce que Venezuela no enfrenta solo un problema de autoritarismo, sino de captura criminal del Estado. No basta con elecciones si las instituciones siguen permeadas por redes criminales. No basta con alternancia si el sistema judicial, militar y económico continúa respondiendo a lógicas de protección mafiosa. La política, en este escenario, deja de ser un campo de disputa programática para convertirse en un mecanismo de encubrimiento.
En el plano internacional, esta lectura explica también las respuestas ambiguas. Muchos gobiernos no parecen entender que el desafío venezolano no es simplemente ideológico, sino estructural y transnacional. La prioridad ha sido contener riesgos —migración, crimen organizado, desestabilización regional— más que promover una transición inmediata bajo estándares ideales. El consenso tácito gira alrededor de una pregunta incómoda: cómo desmontar un Estado capturado sin provocar un colapso mayor.
La reflexión final es necesariamente ética y va más allá de la coyuntura. Si la política fue secuestrada por una mafia, la reconstrucción democrática no puede limitarse a cambiar nombres ni a reorganizar cargos. Implica recuperar el sentido mismo del Estado como garante del bien común, desmontar las economías criminales que lo atraviesan y restituir la legalidad como principio, no como discurso.
La verdadera transición venezolana no comienza cuando cae un líder, sino cuando la política deja de ser refugio del crimen y vuelve a ser un espacio de responsabilidad pública. Sin ese reconocimiento, cualquier promesa de futuro seguirá siendo apenas un cambio de fachada sobre una estructura que permanece intacta.
Hace exactamente un año, el Capitolio volvía a ser el escenario del ascenso de Donald Trump, quien tomó posesión para un segundo mandato y se convirtió en el presidente 47 de Estados Unidos.
Para Aldo De Santis, consultor político y magíster en Comunicación Política, la palabra que mejor define el primer año del segundo mandato de Donald Trump en Estados Unidos es “impensable”, enfatizó que muchas de las cosas que el republicano prometió en campaña, “para bien o para mal”, las ha ejecutado: “Hay un antes y un después tanto en política interior de Estados Unidos como en política exterior después de este primer año. Es impensable e impredecible”, opinó en una entrevista a Román Lozinski.
Trump ha invocado explícitamente la Doctrina Monroe del quinto presidente de Estados Unidos -una advertencia a las potencias coloniales europeas en 1823 para que respetaran la independencia de las nuevas naciones bajo el lema “América para los americanos”- para justificar una política exterior más asertiva en el hemisferio occidental. En el documento oficial de su administración establece que EE. UU. hará cumplir esta doctrina para restaurar su preeminencia, negando a competidores externos (como China y Rusia) la capacidad de controlar activos estratégicos en la región.
El clímax fue la “mano dura” en su expresión máxima: la extracción de Nicolás Maduro, presentada ante el mundo como una “operación de justicia transnacional”. Tras la operación militar en Venezuela Trump declaró que el dominio estadounidense en la región “nunca volverá a ser cuestionado” y sugirió humorísticamente que la doctrina ahora debería llamarse “Doctrina Donroe”, dado que su administración la ha “superado por mucho”.
A continuación, analizamos los hitos del primer año de este segundo mandato de Donald Trump marcado por destrabar el tablero político en Venezuela, su empeño en lograr la “paz” en Ucrania y el Medio Oriente -y el Premio Nobel de la Paz también- el uso de los aranceles como armas de negociación y la “cacería migratoria”. El balance de un año entre la euforia del cambio, un nuevo orden mundial y algunos señalamientos internacionales por irrespeto a los derechos humanos.
El retorno de la máxima presión hasta la “resolución absoluta” en Caracas
No se puede comprender la ejecución de esta operación en suelo venezolano sin remontarse al primer gobierno de Trump, cuando inició su política de máxima presión contra el gobierno de Nicolás Maduro y estableció sanciones financieras y petroleras contra funcionarios y empresas estatales, en respuesta a abusos de derechos humanos y la cuestionada elección presidencial de 2018.
Tras establecer entre 2017 y 2018 distintos niveles de sanciones a la industria petrolera, Trump reconoció como presidente interino del país a Juan Guaidó en 2019 y EE. UU. sancionó directamente a Pdvsa, congelando sus activos bajo jurisdicción en ese país y prohibiendo transacciones de exportación de crudo hacia territorio estadounidense. Además, en 2020, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó cargos por narcoterrorismo y corrupción contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios, vinculándolos directamente con el Cártel de los Soles.
En marzo de ese año se ofrecieron por primera vez millonarias recompensas por la captura de Maduro (originalmente $15 millones) y $10 millones por Diosdado Cabello. La administración Biden elevó a $25 millones esta recompensa y en agosto de 2025, el gobierno de Trump duplicó la cifra ofrecida por el gobernante extraído a un récord de $50 millones.
Trump golpeó temprano tras asumir su segunda presidencia. Inmediatamente después de su toma de posesión el propio 20 de enero de 2025, firmó una orden ejecutiva que permitía designar a bandas criminales y carteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO). El20 de febrero designó oficialmente al Tren de Aragua como organización terrorista y seis días después, revocó las “concesiones” de la era Biden que permitían transacciones petroleras a ciertas empresas, aunque mantuvo licencias restringidas para Chevron.
El 24 de marzo de 2025, EE.UU. impuso aranceles de 25% a cualquier país que comprara petróleo a Venezuela y en junio se restauraron y actualizaron las restricciones de viaje a Venezuela que había aplicado en su primer mandato.
En agosto de 2025 Trump ordenó el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe bajo la denominación “Operación Lanza del Sur” (Operation Southern Spear), que representó la mayor acumulación de activos navales en la región en décadas. Esta ofensiva escaló desde una campaña antinarcóticos hasta un bloqueo nava.
Entre el 1 y 20 de agosto EE. UU. envió destructores con misiles guiados y cerca de 4000 efectivos a las cercanías de las aguas territoriales venezolanas. El uso de fuerza letal contra embarcaciones sospechosas inició en septiembre, cuando se registró el primer ataque aéreo: una aeronave estadounidense hundió una narcolancha que supuestamente operaba el Tren de Aragua, con un saldo fue de 11 fallecidos.
En la segunda semana de diciembre las tensiones se elevaron, cuando EE. UU. inició un bloqueo naval y petrolero tras incautar el tanquero Skipper el 10 de diciembre y prohibir el paso de buques sancionados. Hasta finales de 2025, EE.UU. aseguraba haber atacado 31 narcolanchas. Organizaciones como Human Rights Watch y la FIDH cuestionaron los ataques aéreos contra lanchas rápidas y los calificaron como “ejecuciones extrajudiciales”, así como también el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien denunció la violación del derecho a la vida y al debido proceso y pidió que el narcotráfico sea tratado “como un asunto de aplicación de la ley” y no bajo un marco de conflicto armado.
EL AÑO COMIENZA CANDELA:
Tres narcolanchas bombardeadas el 31 de diciembre y dos más hoy, según informó el Departamento de Defensa de EEUU. Ya son 33 las lanchas bombardeadas desde el 2 de septiembre. Vía @UHN_Pluspic.twitter.com/g9Hr4iUIAG
El 3 de enero llegó una fecha de quiebre para la política exterior de Trump y sus tensiones de años con el gobierno oficialista: la ejecución de la Operación Absolute Resolveen Caracas, en la que fuerzas especiales de EE. UU. capturaron a Nicolás Maduro y su esposa, trasladándolos para ser procesados en Nueva York.
Trump ha declarado que EE. UU. “dirigirá” el proceso hasta que haya una transición adecuada en Venezuela, en el que apoya la presidencia temporal de Delcy Rodríguez e impulsa transformaciones como acuerdos petroleros en beneficio económico para su país. Hasta los momentos, en el marco de estos incipientes cambios, se han excarcelado 143 políticos, en un universo de más de 900.
El pasado 15 de enero, Trump recibió en la Casa Blanca a la líder opositora María Corina Machado, en medio de la polémica por afirmar tras la extracción de Maduro que no tenía suficiente apoyo en Venezuela para presidir la transición. En el encuentro recibió la Medalla del Nobel que le fue otorgada a la dirigente de Vente Venezuela, y de esa reunión salió calificando esta decisión como un “maravilloso gesto de respeto mutuo”, al tiempo que la describió como una “mujer maravillosa que ha pasado por mucho”.
Tras este gesto de Machado, el Comité del Nobel aclaró que el premio era “intransferible” y Trump volvió a expresar su frustración por no recibir la distinción. En un reciente mensaje enviado al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, afirmó que, al no recibir el premio tras “haber detenido 8 guerras”, ya no se siente obligado a “pensar puramente en la paz” y ha vinculado su insatisfacción por esta causa con su renovado interés en adquirir Groenlandia, pues ahora puede priorizar lo que es “bueno y apropiado” para su país por encima de los ideales de paz global.
Bombardeo a instalaciones nucleares en Irán
Seis meses antes de la operación militar en Caracas, el gobierno de Trump bombardeó instalaciones nucleares de Irán, bajo la denominada Operación Midnight Hammer. La operación se produjo en el marco de una escalada militar de 12 días que comenzó con ataques israelíes previos el 13 de junio. Los ataques de EE.UU. se llevaron a cabo el 22 de junio de 2025 y se enfilaron contra tres instalaciones principales: Fordow, Natanz e Isfahán.
Se utilizaron bombarderos B-2 Spirit que lanzaron bombas “rompebúnkeres” GBU-57 (MOP), diseñadas específicamente para destruir objetivos subterráneos profundos. Trump calificó la misión como un “éxito histórico”, afirmÓ que la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán había sido “totalmente obliterada”.
Tras el bombardeo, Irán lanzó represalias contra una base de EE. UU. en Catar y ataques con misiles contra Israel. Sin embargo, la intervención directa de Trump llevó a un frágil alto el fuego anunciado el 25 de junio, justo antes de la cumbre de la OTAN.
El director del OIEA, Rafael Grossi, confirmó “destrozos muy importantes” en las instalaciones de Fordow, Natanz e Isfahán. Agencias de inteligencia occidentales estimaron que el programa fueretrasado considerablemente. Para finales de 2025, Irán declaró su intención de reconstruir sus plantas con mayor capacidad, lo que mantiene la tensión en la región.
Además, desde los ataques, Irán ha suspendido gran parte de su cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica, lo que ha provocado una “pérdida de continuidad del conocimiento” sobre el estado y ubicación exacta de sus materiales nucleares. Ese país aún mantiene una reserva de 440,9 kilogramos de uranio enriquecido hasta un 60% de pureza, un paso técnico muy corto para alcanzar los niveles de grado armamentístico del 90%, según el organismo de control nuclear de la ONU con sede en Viena.
Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han calificado el 2025 como el “año del retroceso absoluto” en materia de derechos humanos de los migrantes en EE.UU. Al asumir el cargo, se activaron planes para la mayor operación de deportación en la historia de EE. UU., utilizando recursos federales y militares para expulsar a millones de indocumentados.
El 27 de enero se suspendió indefinidamente el Programa de Admisión de Refugiados (USRAP), lo que afectó los procesos de reasentamiento en curso y días después, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rescindió la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela otorgada por la administración anterior. Esto revirtió la fecha de expiración del TPS 2023 de octubre de 2026 al 2 de abril de 2025, dejando a cientos de miles en vilo legal. En octubre, la Corte Suprema permitió que la terminación del TPS 2023 para venezolanos tuviera efecto inmediato, eliminando las protecciones para aquellos que no tuvieran documentos de autorización de empleo vigentes hasta 2026 y el 7 de noviembre cesó formalmente la validez del TPS para miles de venezolanos bajo la designación de 2021, lo que marcó el inicio de su estatus como irregulares si no contaban con otra vía legal.
El gobierno de Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar deportaciones, un hito polémico que permitió expulsar a migrantes venezolanos hacia El Salvador en marzo, ignorando en algunos casos órdenes judiciales previas. El 15 de marzo, 238 inmigrantes venezolanos fueron enviados a una cárcel de máxima seguridad de El Salvador, bajo el alegato de que eran integrantes del Tren de Aragua. En ese recinto penitenciario se documentaron importantes violencias a derechos humanos y abusos, según reveló un informe de HRW.
En el año fueron polémicos los operativos contra migrantes en zonas urbanas y ciudades santuario. En Midway Blitz (Chicago) se realizaron detenciones masivas que derivaron en disturbios y la muerte de un inmigrante, Silverio Villegas, mientras intentaba evitar su arresto.
ICE alcanzó un récord histórico de más de 68 000 personas detenidas simultáneamente en 2025, incluyendo individuos sin antecedentes penales y beneficiarios de DACA que anteriormente estaban protegidos. Las cifras oficiales hablan de 622 000 deportados y unos dos millones de autodeportaciones. La promesa de campaña fue superar el millón de deportaciones en el primer año de gobierno. No obstante, organizaciones de rastreo de datos como TRAC (Transactional Records Access Clearinghouse) y medios de comunicación han reportado cifras distintas basadas en registros internos de ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement). Las cifras obtenidas hasta diciembre sugieren que las remociones atribuibles directamente a la administración actual rondan las 335 000 a 350 000 personas.
Aranceles como arma de negociación y economía local
A un año del inicio de su segundo mandato (enero 2025 – enero 2026), la economía de EE.UU. bajo Donald Trump presenta un panorama de contrastes marcado por la agresividad arancelaria y una moderación lenta de los precios.
Trump ha convertido los aranceles en su principal herramienta de política exterior y económica. En febrero de 2025, impuso un arancel inicial del 10% a todos los productos chinos. Ante la falta de acuerdos, esta cifra escaló rápidamente, llegando en algunos puntos a superar el 100% en sectores estratégicos. Actualmente, tras una tregua de 90 días, los aranceles recíprocos se han estabilizado en torno al 10%. Sin embargo, se mantienen restricciones severas y aranceles altos en tecnología y productos relacionados con el fentanilo.
A principios de su segundo período presidencial, el mandatario republicano también amenazó a México con un arancel del 25% a todas las importaciones mexicanas. En julio de 2025, anunció una nueva tarifa del 30%.El gobierno de ese país logró pausas temporales (la última de 90 días en agosto de 2025) al comprometerse a reforzar el control fronterizo y combatir el tráfico de drogas.
Con Reino Unido mantiene un arancel del 10% tras un acuerdo bilateral en mayo de 2025. Con China, los aranceles a semiconductores se han retrasado hasta junio de 2027 para proteger la cadena de suministro tecnológica y rientemente, en enero de 2026, impuso aranceles adicionales a ocho países de Europa para presionar por el control estadounidense sobre Groenlandia.
Expertos de Yale han advertido que aunque se busca forzar negociaciones favorables, estas medidas reducen el crecimiento del PIB real en un 0.5% y han destruido cerca de 490 000 empleos asalariados debido a los costos de producción más altos.
En lo que respecta a indicadores económicos locales, la inflación en Estados Unidos cerró 2025 en un 2.7%, una ligera baja con respecto al 3.0% heredado. Analistas sostienen que los aranceles han añadido entre 0.5 y 0.7 puntos porcentuales al índice de precios, lo que ha frenado una bajada más rápida.
El mercado laboral muestra grietas tras un año de gestión de Trump en este, su segundo período:la tasa de desempleo aumentó hasta el4.6% (el nivel más alto desde 2021), aunque se proyecta que podría estabilizarse en el 4.5% para el resto de 2026.
La Casa Blanca reporta ganancias en los salarios reales del4%, una tímida recuperación del poder adquisitivo perdido en años anteriores. Sin embargo, el recorte de nóminas federales mediante el Departamento de Eficiencia Gubernamental ha afectado a miles de trabajadores.
Un elemento que ha vendido la administración Trump como logro es la reducción de los precios de la gasolina, que están por el orden de $2, 78/galón. Si bien han disminuido, todavía no alcanzan su promesa de campaña de llevarlos a $2.00.
Retiro masivo de arquitectura multilateral
El 7 de enero de 2026, Trump firmó un memorando presidencial ordenando la salida de66 organizaciones internacionales (31 agencias de la ONU y 35 entidades fuera del sistema ONU), argumentando que operan “en contra de los intereses nacionales, la seguridad, la prosperidad económica o la soberanía de los Estados Unidos”.
También, EE.UU. abandonará la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la UNESCO(aunque en esta última seguirá siendo miembro pleno hasta el 31 de diciembre de 2026 por estatutos internos).
La administración trumpista también procedió al cierre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) durante 2025 y dejó de apoyar a los paneles de la ONU sobre género, trabajo y políticas climáticas calificadas como iniciativas “woke”. Se reportó también una reducción significativa de los aportes de EE.UU. al Programa Mundial de Alimentos (PMA).
El Departamento de Estado mantiene una revisión abierta (bajo la Orden Ejecutiva 14199) para identificar más organismos de los cuales retirarse.
La salida de EE.UU. de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dejado un déficit de casi $1900 millones para el presupuesto 2026-2027 y ha obligado a la agencia a recortar personal y programas en un 21%. La ausencia de EEUU debilita además la capacidad de vigilancia y respuesta rápida ante brotes infecciosos, ya que la OMS ahora enfrenta dificultades para movilizar recursos y coordinar investigaciones internacionales sin el apoyo técnico estadounidense. Entes independientes como el Impact Counter computan que el recorte de recursos para programas de luchas contra el VIH y la malaria en África y otros países vulnerables ya se traducen en vidas perdidas.
A pesar de su promesa de campaña de terminar la guerra en un solo día, al cumplirse el primer año de mandato, el conflicto persiste. Trump ha reconocido públicamente que alcanzar la paz es más complejo de lo esperado.
Las reuniones con el líder ucraniano Volodomir Zelenski fueron cambiando de tono desde un primer tenso encuentro en el Despacho Oval, seguidas de nuevas citas en agosto y octubre en Washington en búsqueda de una salida al conflictol.
A finales de 2025, la administración Trump presentó una propuesta formal que generó fuertes fricciones. El plan exige que Ucrania ceda territorio bajo control ruso, renuncie a entrar en la OTAN por un periodo prolongado y limite el tamaño de sus fuerzas armadas.
Trump también ofreció a Ucrania luego de una reunión con Zelenski el pasado 28 de diciembre «grandes ayudas económicas» si cede. Este 20 de enero de 2026, Zelenski reveló que fue invitado a unirse al “Consejo de Paz” del presidente estadounidense Donald Trump, pero que no se imagina participar en esa cita junto al mandatario ruso Vladimir Putin, al que también invitaron.
Zelenski ha condicionado su asistencia al Foro Económico Mundial de Davos a la garantía de obtener resultados concretos para Ucrania, mientras el Kremlin celebra que el conflicto ucraniano ha perdido protagonismo en la agenda del foro
Otro hueso duro de roer
Donald Trump pasó de una postura de apoyo incondicional a Israel durante su primer mandato a liderar activamente un complejo proceso de pacificación tras su regreso a la presidencia en 2025.
Tras un breve periodo de hostilidades renovadas en Gaza el 18 de marzo, la administración Trump intensificó la mediación directa para forzar un alto el fuego permanente. El 24 de junio,Trump anunció un cese al fuego histórico entre Israel e Irán, mediado por EE. UU. y Catar, que puso fin a la guerra directa entre ambas potencias regionales. Este alto al fuego se ha mantenido en líneas generales, aunque con violaciones recurrentes.
En septiembre de 2025, presentó el Plan de los 20 Puntos para terminar con el conflicto en Gaza, que tiene como puntos clave el desarme de Hamás y retirada de fuerzas israelíes a líneas acordadas, la liberación de todos los rehenes vivos en un plazo de 72 horas a cambio de prisioneros palestinos y la sustitución del mando de Hamás por una administración civil palestina no afiliada a grupos militantes.
El 13 de octubre de 2025, Hamás liberó a los últimos 20 rehenes israelíes que permanecían con vida en la Franja de Gaza. Esto ocurrió tras 738 días de cautiverio y como parte de la Fase I del Plan de Paz de Trump. Hasta diciembre de 2025, se habían recuperado los restos de 27 rehenes fallecidos. Sin embargo, el cuerpo de al menos un rehén, identificado como Ran Gvili, sigue técnicamente retenido en Gaza. El grupo terrorist alega que requiere maquinaria pesada para recuperarlo de entre los escombros. En reciprocidad, Israel liberó a cerca de 2000 prisioneros y detenidos palestinos, incluidos 250 que cumplían cadenas perpetuas.
Recientemente, el 16 de enero de 2026, Trump oficializó la “Junta de Paz”, un organismo presidido por él mismo e integrado por figuras como Tony Blair y Marco Rubio para supervisar la reconstrucción de Gaza y, potencialmente, otros conflictos globales.
Analistas de la ONU y agencias como UNICEF señalan que, aunque los misiles se han detenido en gran medida, Gaza entra en 2026 con un 80% de escuelas destruidas y una reconstrucción paralizada por restricciones en la entrada Otros destacan que la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que respalda el plan de Trump otorga, por primera vez en años, un marco legal internacional sólido para una fuerza de seguridad multinacional en el enclave.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Este martes, 20 de enero, se cumplen 11 meses desde que fue detenido el periodista y editor de La Patilla, Rory Branker. A pesar de que en días recientes se registró una ola de excarcelaciones de comunicadores en Venezuela, el nombre de Branker no figuró en ninguna de las listas. Su caso se sigue manteniendo bajo un hermetismo que genera profunda preocupación en gremios y organizaciones de derechos humanos.
Desde su detención, Branker ha sido víctima de una opacidad legal severa y ha enfrentado la desaparición forzada en dos oportunidades. Tras meses sin información oficial, sus familiares confirmaron que estuvo recluido en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (Zona 7) y en El Helicoide, antes de ser trasladado sin notificación previa al Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón), donde permanece actualmente. Se le imputan delitos de traición a la patria, financiamiento al terrorismo y conspiración.
La situación del periodista es crítica, no solo por el limbo jurídico de su proceso, sino por la tragedia familiar que le rodea: en octubre de 2025, su hermano Erman Branker, quien era su principal apoyo y encargado de suministrarle alimentos diariamente, falleció de forma repentina.
A nivel internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares a su favor en agosto de 2025, advirtiendo un riesgo grave para su vida e integridad, una exigencia que ha sido respaldada por la ONU y Amnistía Internacional sin que hasta ahora el Estado venezolano brinde una respuesta clara sobre su permanencia en prisión.
Ante esta situación, desde el sitio web Liberen a Rory Branker cuestionan la situación y exigen respuestas: “¿Por qué no liberan a Rory? ¿Por qué permanece detenido? ¿Quién está impidiendo que regrese a casa? ¿Por qué el poder parece decidido a mantenerlo tras las rejas?”.
11 meses sin libertad: el silencio que rodea el caso de Rory Branker
🗣️Rory Branker, editor y periodista de La Patilla, permanece detenido arbitrariamente desde que funcionarios del Estado venezolano lo detuvieron el pasado 20 de febrero de 2025 mientras transitaba en Caracas.… pic.twitter.com/608C467HIz
El pasado 14 de enero, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) confirmó la excarcelación de 19 de los 24 periodistas y trabajadores de la prensa que integraban la lista de presos políticos en el país. Entre los liberados se encuentran figuras como Roland Carreño, Carlos Julio Rojas, Ramón Centeno, Luis López, Gabriel González y Víctor Ugas, quienes habían sido acusados de delitos como terrorismo e incitación al odio por el ejercicio de su labor informativa.
Jonathan Carrillo: Estudiante y tesista de Comunicación Social, detenido desde el 20 de julio de 2022. Tras tres años en El Helicoide, fue trasladado a la cárcel de Yare II.
Juan Francisco Alvarado: Estudiante de periodismo, detenido el 20 de marzo de 2025 en Guanare, estado Portuguesa. Es acusado de incitación al odio por publicaciones en medios digitales.
Juan Pablo Guanipa: Comunicador social y dirigente político, detenido el 23 de mayo de 2025. Su familia ha denunciado que se encuentra en una situación de desaparición forzada intermitente, tras haber sido ubicado en la sede de la PNB en Maripérez.
Deivis Correa: Periodista e influencer, detenido el 31 de julio de 2025. Se encuentra en El Helicoide acusado de seis delitos, incluyendo asociación extranjera, tras publicar contenido satírico en redes sociales.
Rory Branker: Editor de La Patilla, detenido desde el 20 de febrero de 2025.
Organizaciones defensoras de la libertad de expresión coinciden en que estas detenciones no responden a hechos delictivos, sino a una política de criminalización del periodismo independiente y el uso de leyes “contra el odio” para castigar la difusión de opiniones críticas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
A través de un comunicado en la red social X, Mariana González, hija del diplomático y excandidato presidencial, Edmundo González Urrutia, denunció que fue víctima de extorsión en sedes de embajadas, del arzobispado y de organizaciones no gubernamentales que afirman defender los derechos humanos.
González, cuyo esposo Rafael Tudares se encuentra privado de libertad, afirmó que en los tres espacios hubo testigos presenciales que presenciaron la coacción a la que fue sometida.
“Se me indicó directamente que para que Rafael pudiera recuperar su libertad y volver a su hogar, yo debía obligar a mi padre a renunciar a su lucha y a su causa”, escribió González.
La hija del político exiliado en España sentenció que los espacios diplomáticos e institucionales deberían ser neutrales y protectores de derechos de la sociedad civil.
“Eso configura un patrón de persecución contra una familia civil, utilizando la privación de libertad como mecanismo de presión política y personal”.
González de Tudares aseguró que nunca se le permitió ver el expediente por el cual su cónyuge fue condenado a 30 años de prisión y le fue prohibido nombrar a una defensa privada.
“Rafael sí tuvo acceso al expediente en su única y sumaria audiencia de juicio. Rafael (quien es abogado) pudo revisar íntegramente su propio expediente y constatar que no había pruebas en su contra y eso es lo que más indignado lo tiene”.
González calificó el expediente como un fraude a la justicia y a los derechos humanos.
Aseguró que el caso carece de testigos, evidencias y hechos demostrables que constituyan delitos.
En este comunicado público, mi hija Mariana denuncia tres episodios de extorsión, en los que la detención de Rafael fue utilizada deliberadamente como instrumento de presión para forzar decisiones políticas.
“Ser yerno de Edmundo González no es delito, nada de esto que he sufrido es justicia, todo es arbitrariedad. Queremos pasar esta página y duro vía crucis que hemos vivido para seguir con nuestras vidas. De nuestra parte no tenemos ni albergamos sentimientos de venganza. Solo queremos que se haga justicia y se libere a Rafael”.
Luego de más de un año de su detención y desaparición forzada, González pudo ver a su esposo el pasado fin de semana en la cárcel del Rodeo I, ubicada en el estado Miranda.
Deterioro físico y emocional
González dijo que apenas el 15 de este mes, autoridades confirmaron que efectivamente se encontraba allí y pudo constatar el estado en el que se encuentra.
“Fue un momento muy duro, charlamos durante 25 minutos a través de un vidrio blindado. Vi a Rafael bastante afectado física y emocionalmente. Basta ya de ensañamiento contra él”, escribió González en su cuenta de X.
Tudares fue detenido el pasado 7 de enero de 2025, tres días antes de la investidura del hoy preso en Estados Unidos, Nicolás Maduro. Ese mismo día fueron aprehendidos el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa y el excandidato presidencial, Enrique Márquez, quienes ya fueron excarcelados.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró la responsabilidad internacional del Estado venezolano por las desapariciones forzadas, torturas y graves violaciones al debido proceso cometidas contra los hermanos Juan Bautista, Rolando y Otoniel Guevara, detenidos en noviembre de 2004 en el marco de la investigación por el asesinato del fiscal Danilo Anderson.
El tribunal ordenó su liberación inmediata y la anulación de todas las consecuencias jurídicas derivadas del proceso penal que los condenó a penas de hasta 30 años de prisión, según un comunicado de prensa emitido por el tribunal con fecha de enero de 2026.
Según la sentencia del caso Guevara Rodríguez y otros vs. Venezuela, los tres hermanos fueron víctimas de desaparición forzada durante varios días, en un período en el que agentes estatales negaron su detención y ocultaron su paradero. Durante ese tiempo, la Corte determinó que fueron sometidos a tortura física y psicológica, incluyendo golpes, asfixia con bolsas plásticas, descargas eléctricas, desnudez forzada, amenazas contra sus familias y condiciones de inmovilización prolongada.
El tribunal concluyó que estos hechos constituyen violaciones a los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal y reconocimiento de la personalidad jurídica.
La Corte también señaló que el proceso penal que los condenó estuvo marcado por irregularidades estructurales, entre ellas la alteración ilegal de la competencia judicial para casos de terrorismo, la ausencia de un juez natural, la manipulación de pruebas, el uso de testigos falsos y la falta de independencia e imparcialidad de los órganos de investigación y juzgamiento.
La CIDH calificó el caso como un ejemplo de “cosa juzgada fraudulenta“, lo que implica la nulidad total del juicio y de la sentencia condenatoria.
Reclusión en condiciones deplorables
Los hermanos Guevara permanecen privados de libertad desde 2006 en el centro de detención conocido como El Helicoide, donde la Corte documentó condiciones inhumanas de reclusión, celdas sin ventilación adecuada y falta de atención médica. En particular, el tribunal destacó el deterioro progresivo de la salud de Rolando Guevara, quien no recibió tratamiento oportuno pese a su estado crítico.
Además de ordenar su liberación inmediata, la Corte IDH instruyó al Estado venezolano a dejar sin efecto todas las consecuencias jurídicas del proceso penal, investigar de manera independiente las desapariciones y torturas, y adoptar medidas para garantizar que hechos similares no vuelvan a repetirse.
El fallo constituye una de las condenas más contundentes del sistema interamericano sobre violaciones cometidas durante los primeros años del gobierno de Hugo Chávez, y reafirma la existencia de crímenes de Estado en el contexto de la investigación por la muerte del fiscal Anderson, un caso que marcó un punto de inflexión en la relación entre el poder político y el sistema de justicia venezolano.
Beneficios negados
El pasado 14 de enero, la abogada Jackeline Sandoval de Guevara emitió un comunicado a propósito del proceso de excarcelaciones anunciado por la presidenta encargada con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez, y señaló que una vez más los hermanos Guevara nuevamente fueron excluidos de esta iniciativa.
Sandoval recordó que la sentencia de los hermanos Guevara “se sostuvo exclusivamente sobre el testimonio de dos testigos que, entre 2008 y 2010, confesaron públicamente haber recibido sobornos de funcionarios del Estado para mentir”.
La abogada insistió en que sin los “testimonios falsos” no existiría prueba alguna que vincule a los hermanos Guevara con el asesinato de Danilo Anderson.
En el comunicado, Jackeline Sandoval recalcó que el sistema de justicia venezolano establece beneficios que les han sido negados, entre ellos, destacamento de trabajo, que debió otorgarse en 2011 al cumplir 1/4 de la pena. Régimen abierto, que debió aprobarse en 2014 cuando cumplieron 1/3 y, la libertad condicional en mayo de 2023 al cumplirse 2/3 de la condena.
La situación de los hermanos Guevara no solo ignora la ley nacional, sino que desacata los pronunciamientos del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del ACNUDH y de la CIDH, organismos que han calificado su detención como arbitraria y han exigido su liberación inmediata.
“El Estado venezolano no puede hablar de justicia ni de un proceso de excarcelaciones real mientras mantenga tras las rejas a hombres cuya culpabilidad fue fabricada y cuya libertad es, legalmente, un derecho vencido. Mantener en prisión a los hermanos Guevara no es un acto de justicia, es la prolongación de una venganza política que ya suma más de dos décadas”, se lee en el comunicado.
La abogada de los hermanos insistió en que no se puede construir la paz de una nación sobre el cimiento de una mentira judicial confesada. Por lo que exigió que la libertad de Rolando, Otoniel y Juan Guevara.
La ONG Un Mundo Sin Mordaza alertó a través de su cuenta en X sobre la sentencia de la CIDH y recalcó que el fallo confirma que los hermanos fueron sometidos a torturas y que el Estado violó la presunción de inocencia e incumplió su deber de investigar.
#AlertaSinMordaza 🚨La @CorteIDH sentenció a Venezuela por la desaparición forzada de los hermanos Guevara y ordenó su liberación inmediata. El fallo confirma que fueron sometidos a torturas y que el Estado violó la presunción de inocencia e incumplió su deber de investigar #DDHHhttps://t.co/beJf9H6ibZpic.twitter.com/0WoJpJZ30v
Por su parte, el ciberactivista Luis Carlos Díaz afirmó que el caso de los hermanos Guevara es “importantísimo” porque demuestra crímenes de Estado en la era en la que gobernó el fallecido Hugo Chávez.
La @CorteIDH ha declarado responsable al estado venezolano por la detención ilegal en noviembre de 2004 y desaparición forzada de los hermanos Guevara (Juan Bautista, Rolando Jesús y Otoniel). Es un caso importantísimo porque demuestra crímenes de Estado en la era Chávez.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En los inicios de la II Guerra Mundial los ejércitos aliados que luchaban en contra del totalitarismo nazi solo sufrieron derrotas. La pérdida de Checoeslovaquia, Polonia, Dinamarca, Noruega, los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia culminó con el retiro desde las playas de Dunkerque hacia el Reino Unido.
El panorama era oscuro para la democracia. Sin embargo, en 1942, los aliados lograron la victoria contra Rommel en El Alamein. En esa ocasión, Winston Churchill advirtió que “ese no era el fin, tampoco el principio del fin, pero es quizá el fin del principio”. Guardando las distancias, podemos decir que la justificada extradición del criminal Nicolás Maduro y su sustitución provisional por Delcy Rodríguez no es el fin del régimen, ya que la represión y el control de los poderes del Estado está aparentemente vivito y coleando, aunque debilitado.
Tampoco es el fin del principio, ya que desmontar la estructura delictiva que logró consolidarse en el transcurso de 27 años no se logra de un día para otro. Sin embargo, el enjuiciamiento de Maduro es un punto de inflexión que marca el fin del principio. El régimen criminal está herido de muerte.
Un escenario no previsto
Es interesante que parece que nadie de la oposición planteó el escenario que estamos viviendo. Después de los hechos, hasta los simples escribidores de cuartillas nos percatamos de que extraer a Maduro y sustituirlo por nuestro presidente electo Edmundo González no era viable. Esta opción hubiese requerido que Estados Unidos mantuviese una fuerza militar de ocupación, lo que no era deseable ni para los venezolanos, ni para los estadounidenses.
¿Con qué apoyo cuenta Delcy Rodríguez?
Contar con todos los gobernadores y la mayoría de los alcaldes es importante, ya que pueden paralizar al país. Aunque probablemente muchos brincarían la talanquera ya que no tienen apoyo popular y ocupan cargos por disposición del tramposo Consejo Nacional Electoral. La Asamblea Nacional es una entelequia. Todos los diputados están conscientes de que no fueron electos por el voto popular. La Fuerza Armada sí es un factor importante a favor del régimen.
Cierto, como dice María Corina, que sus integrantes no simpatizan con el régimen como quedó demostrado en los centros de votación en donde sufragaron y, además, que no se opusieron a la divulgación de las actas de votación. Sin embargo, priva la máxima de que “superior manda y subalterno obedece”. En nuestra historia moderna, el único golpe de Estado que tuvo éxito sin intervención del Alto Mando militar fue el del 18 de octubre de 1945.
Quienes podrían perturbar el gobierno de Edmundo González son los paramilitares armados por Chávez-Maduro, siguiendo órdenes de Diosdado Cabello. Sin embargo, deben tener presente que sin apoyo popular les pasaría lo mismo que a los guerrilleros de la década de los años 60.
¿Qué hacer ante un fait accompli?
Ante el hecho cumplido, en esta etapa tan compleja, es necesario tender puentes entre el equipo que está en Miraflores y el de Edmundo González-María Corina. Quizá para esto se requiera la intervención de Lula y de Petro. El retiro de Diosdado Cabello es necesario, pero facilitando su salida al exterior. En estas difíciles gestiones se tiene que contar con la participación del equipo de Marco Rubio.
Entendemos que esto no es fácil, pero el desenlace no se puede dejar solo en manos de un tercero al que agradecemos haya tomado la arriesgada y exitosa acción de haber extraído a Maduro.
El fin del principio es irreversible, pero es necesario negociar con altura y desprendimiento.
Como (había) en botica
Nuestra solidaridad con Gonzalo Himiob y Alfredo Romero, así como con el resto de los abogados del Foro Penal Venezolano, atacados injustamente por Jorge Rodríguez.
Todavía hay más de 700 presos políticos en las ergástulas del régimen y los que han sido excarcelados deben presentarse periódicamente y no pueden declarar, ni participar en actividades políticas.
Lamentamos el fallecimiento bajo custodia del régimen del preso político Edgar Torres. También lamentamos la partida de Nelson Medina, compañero de Gente del Petróleo y de Unapetrol.
¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
eddiearamirez@hotmail.com
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