Alejandro Puglia es un especialista en finanzas e inversiones que en julio de 2026 fue designado presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), organismo encargado de promover inversiones y acompañar proyectos estratégicos del Estado venezolano.
Antes de llegar a la administración pública, Puglia desarrolló parte de su carrera en el sector financiero internacional. Su perfil profesional incluye experiencia en consultoría financiera en Nueva York y formación académica en negocios e inversiones.
Es licenciado en Finanzas por la Universidad Internacional de la Florida y cuenta con un Master of Business Administration (MBA) de la Universidad de Yale. Su trayectoria laboral lo llevó a ocupar cargos en firmas vinculadas al mundo financiero estadounidense antes de regresar al ámbito público venezolano.
Su paso por la política comenzó como director de la Oficina de Seguimiento y Evaluación de la Presidencia de la Asamblea Nacional entre 2016 y 2017, durante el período en que el Parlamento estaba bajo control opositor. Posteriormente, ocupó el cargo de director en Acción Democrática entre 2017 y 2019.
En septiembre de 2016 fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) durante la denominada “Toma de Caracas”, luego de utilizar un dron para registrar imágenes de la manifestación opositora. Permaneció 55 días privado de libertad y fue liberado posteriormente bajo medidas cautelares. Su defensa afirmó que la detención era ilegal.
Años después, Puglia pasó a formar parte de la estructura económica del Ejecutivo venezolano, pero no fue hasta 2026 que ingresó al Centro Internacional de Inversión Productiva como asesor, luego asumió la vicepresidencia y finalmente fue nombrado presidente de la institución. Ahora estará al frente del organismo encargado de atraer capitales, impulsar alianzas económicas y promover inversiones en Venezuela.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Desde las adyacencias de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Blanca Rosa Mármol exhortó formalmente a la administración de Donald Trump a dar un viraje en su política hacia Venezuela. La jurista solicitó al Gobierno estadounidense rectificar su apoyo al interinato de Delcy Rodríguez y respaldar, en su lugar, la instalación de una junta de gobierno como la auténtica salida institucional.
La especialista en ciencias penales y criminológicas considera que la continuidad de la Asamblea Nacional electa en 2015 carece de validez, y la catalogó como una “ficción jurídica” debido a que su período constitucional venció en 2021.
“La llave constitucional para resolver la crisis política en Venezuela es a través de la instalación de una junta de gobierno, y hacemos esa solicitud formal al representante del Gobierno de Estados Unidos en nuestro país”, afirmó Mármol en rueda de prensa.
Un plan de transición de dos meses
La magistrada emérita enfatizó que esta propuesta no responde a componendas políticas ni busca la perpetuación en el poder. De acuerdo con Mármol, las funciones medulares de dicha junta de gobierno consistirán en asumir la transición institucional, designar un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y convocar a elecciones generales —tanto presidenciales como parlamentarias— en un lapso perentorio de dos meses.
Al ser consultada sobre cómo se legitimaría esta junta sin la intervención de las cúpulas partidistas, la abogada precisó que el mecanismo se articulará directamente a través de asambleas de ciudadanos en todos los estados y municipios de Venezuela.
“La junta de gobierno será elegida por la ciudadanía porque finalizó el interinato. En Venezuela no hay presidente ni gobierno”, sentenció.
Finalmente, la jurista aprovechó el encuentro con los medios de comunicación para enviar dos mensajes políticos: un llamado a la líder opositora María Corina Machado a regresar al país, y un exhorto a la Plataforma Unitaria para que reflexione profundamente sobre sus actuales métodos de negociación.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La cifra de fallecidos por los terremotos del pasado 24 de junio, que afectaron en mayor medida a La Guaira, ascendió a 5069 personas, según datos difundidos vía Telegram por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
De acuerdo con el parte oficial correspondiente al 17 de julio, la cifra de personas heridas y rescatadas se mantiene en 16 740 y 6492, respectivamente. Hasta la fecha de este balance, 128 324 familias han sido atendidas y 17 907 perdieron su vivienda.
Con respecto a las personas desplazadas, según Jorge Rodríguez, un total de 21 235 se encuentran refugiadas en los 107 campamentos transitorios instalados por las autoridades gubernamentales. El reporte más reciente del vicepresidente sectorial Héctor Rodríguez solo detalla que hay 40 campamentos en Caracas, 28 en La Guaira, 28 en Miranda y 10 en Aragua.
Por otra parte, un total de 36 951 personas han recibido atención en centros de salud debido a afecciones causadas por los terremotos, mientras que se han distribuido 10 063 toneladas de alimentos —sin variación desde el reporte anterior— y un total de 29 565 652 litros de agua.
Según los datos oficiales, se mantienen 2278 rescatistas internacionales desplegados en terreno, 30 989 funcionarios nacionales y 31 745 voluntarios que han acudido a las zonas de desastre a prestar apoyo.
Hasta la fecha se han registrado 1331 réplicas desde el doblete sísmico, el cual causó severos daños estructurales: se desplomaron 190 edificios y otros 856 resultaron afectados parcialmente.
En los últimos años he insistido en dos ideas sobre Venezuela, cuya muy dolorosa experiencia me las confirma. Mis aproximaciones eran teóricas, sin que dejase de estimarlas como reales. No eran simples hipótesis. Una es la desmaterialización constitucional de la república.
A raíz de la saga que inaugura Hugo Chávez Frías (véase nuestra Historia inconstitucional de Venezuela, 2012) aquélla se hizo hiperbólica a partir de 2013. El vicepresidente, Nicolás Maduro Moros, colombiano, impedido de ser candidato presidencial por ser el vicepresidente en ejercicio asumió la presidencia. Lo había ordenado Chávez Frías en su tránsito hacia la muerte. El Tribunal Supremo de Justicia confeccionó el vestido a la medida de lo acordado en La Habana. Los hermanos Castro y su añeja organización criminal trasnacional del narcotráfico, asociada a la narcoguerrilla colombiana, se aseguraron, así, la transformación de nuestra república en un protectorado.
Chávez le abrió las puertas a las FARC en agosto de 1999. Pactó con estas un modus vivendi y asoció a sus negocios criminales a la Fuerza Armada, columna histórica de la república. Ha sido la gran ausente en La Guaira, mientras la parca se engullía a decenas de miles de sus habitantes el pasado 24 de junio. La república construida en 1811, que se reafirma en 1830, que ve arrasado al 30 % de su población durante las guerras fratricidas por la independencia, ha desaparecido. Deja a la soberanía hecha jirones.
Friedrich de Martens, el juez ruso que nos desgaja el costado oriental de nuestro territorio en 1899, quitándonos la Guayana Esequiba, sostenía que el abandono territorial por un Estado, la falta de ejercicio de sus poderes jurisdiccionales hacía lícita su ocupación por otros Estados (Traité de droit international, I, 1883). No por azar, tras la extracción de Maduro el pasado 3 de enero, en tierra que ha sido nuestra y permanece bajo control extranjero, sobreviene una paradoja.
Dialogan por los escombros de la república, guiados por Estados Unidos, una ilegítima e inconstitucional Asamblea de facto, la que llaman de 2026, y aquella otra, la Asamblea de 2015, desaparecida en 2022 e inconstitucionalmente resurrecta. En paralelo, sobrevenido el doble terremoto, ilustres venezolanos dirigen sus miradas hacia Washington. Les allegan proclamas y panfletos como para que su benevolencia los atienda. Para que les permita constituir una junta de gobierno transicional sobre una república imaginaria, sin asiento propio.
Unos y otros, por lo visto, omiten las lecciones del primer doble terremoto, el político, ocurrido en Venezuela el del 22 de octubre de 2023 ―el de las primarias que sellaron el final de la república de partidos, deambulantes como franquicias desde 1999― y el del 28 de julio de 2024, cuando el pueblo, corajudo, desamparado, tomó en sus manos las riendas de su propio destino y se dio un presidente electo.
Pasado el doblete sísmico, indiferentes a lo humano, ni siquiera atienden a los signos providenciales. Un rescatista encontró bajo los escombros mientras lloraba al mostrárselo a la prensa, un libro que se habían dedicado con afecto dos amigas fallecidas en ese viejo municipio Vargas. Intitulado El grito ignorado, novela de la periodista Ibéyise Pacheco, describe a personajes que se cebaban sobre la humanidad de un niño indefenso en la distante Guanare, que luego muere ante indolencia de sus maestros y de las autoridades.
La vorágine del terremoto, que es la de todos los venezolanos y que, por lo visto, le es subalterna a los malos hijos, rememora la metáfora de la inhumanidad. Hace presente al Chávez Frías durante el deslave de la cordillera de El Ávila sobre el litoral guaireño al término del pasado siglo. Ocupado de salvar su referéndum constitucional, que le daría todo el poder sobre Venezuela, en aquél fatídico 15 de diciembre fue sordo ante el ruido devastador de las aguas y los desesperados sollozos de los tapiados. Los ignoró, aviesamente. Contabilizaba votos.
Unos y otros, tirios y troyanos, olvidan o no reparan en que la chispa de Dios hace nación. La hace nacer y renacer cada vez que el territorio se mixtura con sus muertos. La tierra, que es inmemorial, se alimenta de la memoria temporal de la sangre inocente para hacerla imperecedera, para darle consistencia al genuino sentido de lo patrio.
El duelo es de la nación
De allí la otra idea que esbocé ante mis colegas de la Academia de Mérida (La conciencia de nación: Reconstrucción de las raíces venezolanas, 2022). Hacía relación con la pulverización de nuestro pueblo preterido ―diáspora hacia adentro y diáspora hacia afuera― a manos de esa república hoy en escombros. Los exjefes de Estado miembros del Grupo IDEA alertaron sobre esa fatal deriva, en 2015. Arreciaba la crisis humanitaria compleja y se iniciaba la saga que frisa en esta hora a unos nueve millones de migrantes desperdigados por el mundo. La hicieron saber a los gobernantes de las Américas durante el encuentro que realizaban Raúl Castro, gobernante cubano y protector de Venezuela, y Barack Obama, presidente norteamericano, en el istmo de Panamá. Maduro Moros se les hacía incómodo. Les urgía resolver.
Desde ese instante optó la Casa Blanca por negociar con este procónsul cubano, ocupa de facto del Palacio de Miraflores. La tarea se le encomienda al consejero del Departamento de Estado, Thomas Alfred Shannon Jr. Venía de ser embajador en Brasil y de intimar con Lula da Silva y Dilma Rousseff, líderes del Foro de São Paulo.
El 16 de junio siguiente, Shannon Jr. se encuentra en Haití con Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, los causahabientes, los forjadores de la traición que se consumaría una década más tarde, cuando el mismo Maduro Moros y su esposa Cilia son extraídos por la Administración de Donald Trump y luego recluidos en una cárcel de New Jersey.
Venezuela, en suma, vio migrar al 30 % de su población. El daño antropológico golpeó al conjunto de los venezolanos. Se le suma el duelo por los muertos de ahora. Familias separadas, esposos alejados, hermanos, hijos y nietos que solo se miran a través de los aparatos inteligentes para enterarse de la tragedia que los enluta, como si fuesen sombras, reflejos de caverna, expresiones oníricas en tierras extrañas, como la es también la Venezuela explotada y expoliada por unos extraños.
El territorio de la república fue enajenado por esta y sus élites coludidas, las políticas y las económicas, las propias y las ajenas. Hasta ayer la poseyó Cuba. La hereda Norteamérica; la misma que le arrancó dicha isla a España para transformarla en su protectorado, en 1898. Y la cuestión viene al caso, pues leo la muy lúcida y directa columna de Carlos Casanova Leal, El primer escombro es el Estado”, a la que adosa su pregunta afirmativa: “Por qué Venezuela no puede reconstruirse”. Dice que “con este aparato estatal, capturado, centralizado, y desprofesionalizado, la reconstrucción corre el riesgo de quedarse en promesa y maqueta”.
Su razonamiento es lapidario, visto desde la óptica de la república en escombros: “El actual Estado tiene una crisis de gobernanza y legitimidad, tiene fracturada las reglas y prácticas constitucionales, con ello una debilidad operativa e institucional; cuerpos de protección civil y bomberos insuficientes, una profunda cultura reactiva más que anticipatoria, desconocimiento e incumplimiento de los protocolos de gestión de riesgos y reconstrucción; sus prioridades de seguridad han estado distorsionadas, la inversión todavía concentrada en el «enemigo interior», aparatos de control sobre toda la actividad ciudadana; con estas prioridades abandonaron [los ocupas del Estado y sus aspirantes] la capacidad para enfrentar lo que no pudieron ni pueden, los desastres, dejando al ciudadano sin respuesta, como lo evidencian los hechos”.
A la persona humana, a la víctima, al mismo pueblo, ya ni siquiera le cuida como minusválido su tutor de siempre, el gobernante de turno. No entra en las ecuaciones del militantismo. A la razón de humanidad se le sobreponen los teatros de utilería. Mientras todavía permanecen víctimas bajo los escombros, eso sí, inundan las propuestas de reconstrucción, para hacer del litoral venezolano, sobre un camposanto que habría de convocar al recogimiento y a la contrición, un moderno polo de atracción para el turismo. Lo mismo se pensó, pasada la avalancha de hace casi tres décadas.
Pues bien, tras el diagnóstico, lo veraz es que las víctimas, sus familiares y vecinos, los integrantes de esa sociedad civil hasta ayer mantenida en su informidad por la república desaparecida y que, en sus más variopintas manifestaciones expresan la nación venezolana y su legitimidad, emerge ella como fuerza volcánica por sobre los escombros. Parece guiada, dada su desgarradora experiencia y en su orfandad cabal, por la vieja conseja de que “la letra con sangre entra”.
Ha tomado en sus manos el timón del porvenir. Le ha reclamado airada a los soldados de la república que bajen los fusiles y se hagan de picos y de palas, que salgan de la inutilidad; que ayuden, como parte del común a quienes permanecen tapiados y para que muestren algo de empatía con los deudos. El Ejército del Libertador es un fantasma. A nadie le causa miedo, menos tras el 3 de enero.
Ante la cara de quienes la han reprimido, la nación les rompe los dólares que bien necesita y encuentra ocultos en caletas dentro de uno de los edificios que han implosionado. Son la evidencia cruda del Estado criminal, sorprendido por la fatalidad y al desnudo. La dignidad y la vida del venezolano, es la enseñanza que se proclama desde La Guaira, no la comprarán más ni el petróleo, ni las notas bancarias americanas, tampoco las cajas CLAP, menos las neveras que quiso obsequiar a los familiares de las víctimas el junior de Maduro Moros como si fuesen monedas de cambio los hijos de la misma nación, aprisionados por el terremoto, en su repetición.
La maldad inconmensurable vomitada desde el poder y por sus élites sirvientes, que se refocilan para sus actos de vileza, vale recordarlo, se instaló entre nosotros desde antes de las sacudidas de la Naturaleza que nos han hecho presas. Por lo que se hace realidad y viene a la memoria el relato Los de abajo, de Mariano Azuela. Nos cuenta la historia de Demetrio Macías, un campesino que se une a la revolución mexicana por venganza personal y no por ideales políticos. Narra el ascenso de su tropa y su posterior desilusión, mostrando cómo la lucha degenera en violencia, saqueos y traición, antes de su trágico e inevitable final. La revolución bolivariana es su calco. Mas en este pasaje inicial, durante una acalorada discusión, el cacique local don Mónico ofende y humilla profundamente al protagonista, a Macías, lanzándole dinero como si fuera caridad.
Este acto de soberbia, en el que el rico poderoso y caudillo reduce la dignidad del peón a unas pocas monedas tiradas al suelo, simboliza el desdén absoluto hacia la clase trabajadora durante el porfiriato en la nación azteca. Es el mismo desdén del «rodrigato» hacia los venezolanos. Es la errada creencia de que la república puede reconstruirse a través de los grandes virajes, como girando desde el comunismo expoliador hacia una alianza “clientelar” con Washington y sobre las hornillas del poder financiero global, como de buena fe y en vano se intentase en el lejano 1989, en la hora del «quiebre epocal».
Todo esto basta para explicar, más allá de lo material, tal como lo describe con tacto Casanova Leal, el cabal divorcio entre la república en escombros y la gente de a pie, las víctimas del deslave y de los terremotos. Y no se olvide que el Estado, entre nosotros, obra germinal de la traición que sufriesen los padres fundadores de levita, en 1811, se resumía, casualmente y no por casualidad, en el Ejército de Libertades. No es el mismo sino otro que, desde los inicios del siglo XXI hizo yunta con el entramado del mundo narco criminal y el señalado de las finanzas, que desplazaron y aplanaron a la clase capitalista productora, la de la industria y el comercio venezolanos. Fue desgajada.
La verdad palmaria, como recién lo proclamado León XIV en su encíclica Magnifica humanitas, es que a esa economía del dinero y sin alma nada le importan la propiedad o las empresas que secularmente articulaban las relaciones de trabajo, extendidas hacia las familias y sensibles a lo humano. El todo se reduce a la gestión masiva de capitales, la forja de bonos y de deudas para esquilmar, los controles accionarios de sociedades de fachada y, eso sí, el contar con influencia política; la necesaria para la impunidad, para el lavado de los dineros que son productos de la corrupción y de la actividad delictiva transnacionalizada.
Fue siempre la milicia, en suma, el astrolabio de nuestra existencia como república. Los soldados, unidos a los pulperos de la política, se bastaban a sí mismos, sin nación. Despreciaron la legitimidad, el poder verdadero e invisible que se cuece en la confianza social. Los terremotos han desnudado ese fraude y ese régimen político de la mentira, a la obra revolucionaria de envilecimiento. De allí las ausencias, los silencios. Es el Estado cadáver e insepulto. Su máscara, disuelta la sumisión, solo concita el desprecio.
Mientras las retroexcavadoras y las topadoras permanecen en las minas de oro, las que se necesitaban en La Guaira, desde los escombros, las víctimas y la verdad, arrugándoles la cara a los depredadores, construyen y de le dan su talante al futuro de Venezuela.
La misión de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) es orientar las acciones que salvan vidas en caso de terremotos. Sin embargo, su capacidad para cumplir con este propósito se encontraba disminuida cuando el 24 de junio la tierra tembló dos veces y devastó el litoral central del país.
Diversas fuentes consultadas por separado para este reportaje coinciden en que la institución sufrió un desmantelamiento progresivo tras un cambio de mando clave: la histórica tradición de presidentes científicos en el organismo se sustituyó por un liderazgo militar. En simultáneo, el ente pasó de estar adscrito al Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, a depender del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
Quienes formaron parte de la institución la recuerdan con nostalgia; hablan de una época en la que el presupuesto siempre fue estrecho, pero la mística de trabajo bastaba para priorizar la ciencia, la formación y la prevención. Hoy el panorama revela una red de monitoreo significativamente reducida, programas formativos clausurados y una diáspora de personal especializado que dejó al país en mayor situación de vulnerabilidad.
Menos precisión en la actividad sismológica
En la actualidad, la Red Sismológica Nacional representa una cuarta parte de lo que era hace una década. Una señal de esta debilidad institucional es que la Fundación tardó 4 horas y 26 minutos en informar a la ciudadanía los detalles sobre el doblete sísmico. El Servicio Geológico de Estados Unidos maneja un estándar promedio de 20 minutos para procesar y publicar un terremoto fuera de su territorio. Para los eventos dentro del estado de California, donde su red sísmica es extensa, los reportan en entre 2 y 5 minutos.
Según la propia institución, la Red Sismológica Nacional se encarga de registrar los temblores de Venezuela en tiempo real mediante estaciones de banda ancha “para la reducción de la vulnerabilidad en el país”.
André Singer, presidente de la institución entre 1996 y 2000, precisó que en 1999 se logró reunir los fondos necesarios para la adquisición de la red sismológica moderna que contaba con 35 estaciones de banda ancha y que se instaló a partir del año 2000. En ese año, Funvisis pasó a ser un ente adscrito del recién creado Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Para 2014, en la página web que tenía Funvisis, explicaban que Venezuela contaba con 40 estaciones distribuidas en las zonas de mayor actividad sismológica y que, además, existían redes regionales para complementar con información local, como la Red Sismológica de los Andes Venezolanos (RedSAV) y el Centro de Sismología de la Universidad de Oriente (CSUDO).
Curiosamente, en la memoria de 2015 del Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Funvisis reportó la expansión de la red a 38 estaciones. Esto se logró tras la puesta en funcionamiento de dos estaciones sismológicas satelitales y la construcción e instalación de otras dos.
“La red debe contar actualmente con por lo menos unas diez estaciones, además de disponer de varios acelerómetros y estaciones GPS satelitales en estado de operación”, explicó Singer en entrevista con Runrun.es, y agregó que esto fue posible gracias a un reciente esfuerzo de restauración.
En un foro el 2 de julio, el doctor Raúl Estévez, fundador del Laboratorio de Geofísica de la Universidad de los Andes (ULA), aseguró que esta reducción de las estaciones ocurrió por “la falta absoluta de presupuesto y soporte técnico”. Añadió que la red regional de occidente, gestionada por la ULA y que llegó a operar unas 25 estaciones propias, se quedó completamente inoperativa también por falta de recursos.
En el estado venezolano con mayor peligro sísmico, Sucre, tampoco está activo el Centro de Sismología de la UDO, confirmó a Runrun.es su directora, Janette Castillo. La institución contaba con una red de estaciones que abarcaba la región nororiental.
La especialista explicó que se vieron afectados tras la pandemia por el desmantelamiento del núcleo Sucre de la UDO y el venido a menos presupuesto universitario. Sin embargo, señaló que en la actualidad realizan esfuerzos para intentar recuperar la institución. Recordó que las redes locales son necesarias para permitir un monitoreo y estudio más detallado de la actividad sísmica en cada región del país.
La suspensión de espacios insignes
Tras el terremoto de Caracas de 1967 —de magnitud 6,5 y que causó unos 283 fallecidos y 2000 heridos— surgió la necesidad de crear una institución especializada en el estudio e investigación de los sismos. Así nació Funvisis, en julio de 1972. Después del sismo de Cariaco de 1997 —que dejó 73 víctimas fatales—, el ente modernizó la forma como se registraban los terremotos en el territorio: se pasó del papel termosensible a una pantalla digital-satelital que aún se mantiene.
En 1998 se creó uno de los programas insignes de la institución: el Aula Sísmica Madeleilis Guzmán, nombrado así por la maestra que falleció durante el sismo de Cariaco tras salvar a dos de sus alumnas. Se trataba de un laboratorio para conocer la respuesta de distintos sectores de la población a los temblores, y adecuar así las correspondientes pautas de formación y prevención.
A través del programa se logró la creación, en su momento, de aulas sísmicas administradas por autoridades locales en varios rincones de la geografía sísmica del país, como Cariaco, Lagunillas de Mérida, El Tocuyo y en el Observatorio Cagigal, antes del cese de las funciones del antiguo Museo Sismológico de Caracas, detalló Singer.
Inauguración del Aula Sísmica en Cariaco. Foto: Funvisis
Sin embargo, en 2018 el programa cerró bajo la administración del vicealmirante Roberto Antonio Betancourt Arocha. El espacio donde funcionaba terminó convertido en un salón de actos.
Un exempleado de la institución, con experiencia en la gestión integral de riesgos de desastres socionaturales y tecnológicos, explicó que bajo esa gestión se pretendía industrializar la formación y cobrar por los talleres. “Esa fue la razón por la cual renuncié a Funvisis, porque el conocimiento y el saber es un derecho universal”, dijo a Runrun.es.
Pese a que cinco fuentes informaron sobre la suspensión del programa, en una nota de prensa del 16 de febrero de este año, Funvisis dijo que celebraban el aniversario 28 de su creación.
Fue bajo la gestión del militar que cerró el Museo Sismológico de Caracas, que funcionaba, precisamente, en el histórico Observatorio Juan Manuel Cagigal, donde se conservaba, entre otros equipos, un sismómetro Wiechert de mediados del siglo XX.
“Aquel museo disponía de un simulador de sismos para la experimentación por el público de las sacudidas de un terremoto, de instructores y personal técnico especializado y de una biblioteca mantenida por Funvisis. Cumplía una importante función en materia de atención de la demanda social potencialmente más necesitada en materia de prevención sísmica, concerniente a las zonas populares de los alrededores del Observatorio Cagigal y del oeste de Caracas”, detalló Singer. Agregó que parte del instrumental y el personal de ese museo se traspasaron a una Sala del Museo de Ciencias Naturales en Bellas Artes.
De acuerdo con el extrabajador que prefirió mantener su nombre en reserva, durante la gestión de Betancourt también se suspendió el servicio telefónico gratuito 0800-TEMBLOR. Runrun.es llamó a ese número varias veces durante la primera semana de julio pero no contestaron.
El pulmón financiero que se secó
El expresidente de la institución en los años 90 explicó que “la situación presupuestaria deficitaria de Funvisis ha sido un mal recurrente a través de su historia”. Relató que él mismo se enfrentó a estas dificultades y que logró evitar el cierre técnico del ente a través de una rectificación presupuestaria y el apoyo del diputado Walter Márquez frente a las fracciones políticas del Congreso. Añadió: “La institución se sostuvo por los ingresos obtenidos por concepto de contratos de estudios de amenaza sísmica que nos solicitó durante más de 20 años y de manera continua la industria petrolera para la seguridad de sus instalaciones desde el año 1980”.
“En la época de mayor demanda de estudios contratados, aquella fuente de ingresos representó cerca de la mitad del presupuesto anual de Funvisis”, dijo.
Sin embargo, durante los últimos 15 años, esta última fuente de financiamiento se vino a menos a la par del colapso de la industria petrolera. Entonces, Funvisis pasó a depender casi exclusivamente del presupuesto de los ministerios a los que estaba subordinada.
En 2015, cuando estaba adscrita al Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, la institución reconoció entre los obstáculos para cumplir con sus objetivos que “el retardo en la liquidación de divisas ha paralizado los procesos de compras de equipos tecnológicos adquiridos en el exterior, que incurren en demoras en la ejecución física de los proyectos, así como el correcto desenvolvimiento de las funciones de seguimiento de la actividad a nivel nacional de Funvisis”.
Por decreto del entonces presidente Nicolás Maduro, en 2018 Funvisis pasó a ser un ente adscrito al Ministerio de Interior, Justicia y Paz cuando estaba a cargo Néstor Reverol. El entonces titular de esa cartera indicó que el cambio era para potenciar el Servicio Sismológico Nacional, con inversiones en las diferentes estaciones distribuidas en todo el territorio y para garantizar su seguridad.
No obstante, esta garantía de seguridad no fue rotunda. A pocos días de los terremotos del 24 de junio, el geólogo Franck Audemard, de Funvisis, denunció el hurto de un sensor instalado para monitorear movimientos telúricos de la falla de Boconó, que guarda relación con el primero de los sismos que se registraron el mes pasado. El equipo lo instalaron en 2013 en el sector La Chicharronera, entre Morón y Barquisimeto, dentro de una propiedad del exgrandeliga venezolano Melvin Mora. “Los datos del equipo son vitales para lo que está ocurriendo en materia sísmica en el país”, dijo en un video compartido en redes sociales.
Una de las fuentes entrevistadas señaló que a partir de septiembre de 2025 tomó el mando el actual presidente de Funvisis, el general de división (G/D) Luis Alejandro Jiménez Villarruel.
“A él le tocó la parte fuerte, porque ya recibe la fundación sin insumos, sin equipos, sin herramientas y sin material logístico y, además, con el poco personal calificado, en vista de que la mayoría pasó a ser persona non grata para la fundación por parte del vicealmirante Betancourt y de la mayoría de su tren directivo, al punto de que negó la visita de personas que quisieran usar la biblioteca disponible en la fundación para el público en general”, expresó.
Estévez, de la ULA, coincidió en que existe una falta de expertos en el tema en el país, que atribuye a la fuga de talentos ocasionada por la asfixia a las universidades y a los centros de investigación. “Las generaciones de relevo en el área se fueron. Quedamos los jubilados”, lamentó durante un foro en el Colegio de Ingenieros de Mérida.
Días después del doblete sísmico, la ingeniera geóloga Luiraimar Salazar denunció en su cuenta de X que el deterioro de Funvisis coincide directamente con la gestión militar que asumió desde 2017, periodo en el que denunció que hubo jubilaciones forzadas de científicos experimentados. También señaló que a otros especialistas los apartaron de la institución y que el personal que se mantiene trabajando lo hace con salarios precarios y recursos cada vez más limitados.
La experta insistió en que la ciudadanía tiene derecho de cuestionar sobre qué decisiones se tomaron y cuáles no, y cómo eso impactó en la capacidad del país para monitorear y estudiar la amenaza sísmica.
Runrun.es acudió a la sede de Funvisis en Caracas para buscar una declaración oficial, sin embargo, el personal de la entrada indicó que no había nadie disponible para atender la solicitud. Afirmaron que se comunicarían con el medio para gestionar una entrevista, pero al momento de esta publicación la llamada no había ocurrido.
A continuación, las principales claves del informe:
No miden los daños, sino la capacidad de respuesta
El estudio no busca calcular cuántas víctimas o edificaciones dejó el terremoto. Su propósito es evaluar cómo respondió el Estado frente a una emergencia de gran magnitud.
Para ello construye un patrón de comparación con cinco terremotos internacionales y utiliza estándares como Insarag, Sphere, el Marco de Sendai y metodologías de Naciones Unidas y el Banco Mundial. A partir de esos parámetros concluye que la principal brecha estuvo en la velocidad con la que se movilizaron recursos humanos, logísticos y de rescate.
Las primeras 72 horas marcaron la diferencia
El informe sostiene que la mayor oportunidad para salvar vidas se concentra en las primeras 72 horas posteriores a un terremoto.
Mientras los países utilizados como referencia alcanzaron gran parte de su capacidad operativa durante esos primeros días, Venezuela llegó al máximo despliegue nacional 18 días después del evento. Según el estudio, esa diferencia limita la eficacia de las labores de búsqueda y rescate, pues el rendimiento esperado disminuye considerablemente después del tercer día.
Persisten dudas sobre la magnitud del desastre
El documento dedica un apartado completo a explicar por qué considera que aún no existe una dimensión plenamente establecida del impacto del terremoto.
Los autores comparan cifras oficiales con datos de Naciones Unidas, registros ciudadanos e imágenes satelitales de distintas plataformas internacionales. Aunque reconocen que varias estimaciones son preliminares y requieren validación en terreno, sostienen que la convergencia de esas fuentes apunta a un posible subregistro tanto de las edificaciones afectadas como del número de personas impactadas por el desastre.
La gobernanza de la emergencia también quedó bajo evaluación
El análisis no se limita al despliegue de personal. También examina la forma como se organizó la respuesta institucional.
En ese sentido, señala que la creación de instancias para atender la emergencia y conducir la reconstrucción ocurrió sin mecanismos públicos verificables de rendición de cuentas. El informe plantea que la gobernanza del riesgo debe ser parte de la respuesta y no una etapa posterior, especialmente cuando se prevé la administración de recursos destinados a la reconstrucción.
El desafío ya no es el rescate, sino la reconstrucción
Los autores advierten que Venezuela dejó atrás la fase de búsqueda y salvamento para entrar en una etapa distinta: la recuperación de viviendas, infraestructura y servicios públicos.
En ese contexto, sostienen que las lecciones del doble terremoto deberían traducirse en planes de reducción del riesgo, fortalecimiento institucional, actualización de protocolos de Protección Civil y mayor transparencia sobre el uso de los recursos que financiarán la reconstrucción. De lo contrario, concluye el informe, las brechas detectadas durante la emergencia podrían repetirse frente a un nuevo sismo.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En los últimos años hemos hablado mucho sobre inclusión. La hemos convertido en una palabra frecuente en congresos, campañas corporativas y discursos institucionales. Pero la verdadera pregunta sigue intacta: ¿estamos preparados para ejercer la inclusión más allá del discurso?
Con frecuencia, algunas organizaciones entienden la inclusión como el cumplimiento de una cuota o de una obligación legal. Sin duda, los marcos jurídicos son importantes y han permitido avances significativos, incluso generando beneficios para las empresas. Pero la inclusión auténtica no nace de una ley, sino de la sensibilidad. Es, ante todo, un ejercicio de humanización.
Durante años he escuchado un argumento que se repite con demasiada facilidad: “Nuestra infraestructura no está preparada”. Lo curioso es que, desde mi experiencia personal y profesional, puedo afirmar que la mayoría de las adaptaciones físicas necesarias para incorporar a una persona que utiliza silla de ruedas son mucho menores de lo que se imagina. Lo que realmente requiere una transformación profunda no es el edificio, sino la mirada con la que se evalúa al candidato.
El mayor cambio no consiste en construir una rampa, sino en derribar un prejuicio.
Quien utiliza una silla de ruedas no necesita que lo contraten por compasión ni como un gesto de buena voluntad. Debe ser valorado por sus conocimientos, por su experiencia, por su capacidad para resolver problemas y por el talento que puede aportar a una organización, exactamente igual que cualquier otro profesional.
A lo largo de mi vida profesional me encontré con entrevistas en las que la infraestructura aparecía como la primera excusa. En otras ocasiones, el argumento fue que estaba “sobrecalificado” para el cargo. Con el tiempo comprendí que ninguno de esos motivos representaba el verdadero obstáculo. El desafío estaba en otro lugar: el miedo a enfrentar la diferencia y a dejar de evaluar a una persona por aquello que la hace distinta para comenzar a reconocer aquello que la hace valiosa.
Paradójicamente, vivimos en la época de mayor desarrollo tecnológico de la historia. Hoy existen herramientas digitales, modalidades de trabajo híbridas, plataformas colaborativas y recursos que reducen significativamente muchas de las barreras que antes parecían insalvables. La tecnología ha igualado oportunidades como nunca antes. Por eso resulta contradictorio que todavía existan empresas que continúen levantando barreras donde la innovación ya las ha derribado.
La verdadera inversión no está únicamente en adecuar un espacio físico. El retorno más importante ocurre cuando una organización incorpora nuevas perspectivas, fortalece su cultura y descubre que la diversidad también genera innovación, empatía y mejores equipos de trabajo.
Estoy convencido de que las empresas que comprendan esto serán más inclusivas, más humanas y, en consecuencia, más competitivas.
La inclusión laboral nunca debería convertirse en un acto de caridad ni en una estrategia de reputación. Debe entenderse como una oportunidad para construir organizaciones donde las diferencias sumen, donde cada persona pueda desarrollar su potencial y donde el talento tenga mucho más peso que cualquier condición física.
Porque la accesibilidad no comienza con una rampa, sino cuando decidimos mirar a las personas por todo lo que son capaces de aportar y no por las barreras que nosotros mismos hemos construido.
El panorama del sector comercial después del doblete sísmico en Caracas y La Guaira refleja una realidad compleja y con distintos niveles de afectación. Desde locales con daños parciales hasta edificaciones que se derrumbaron por completo, todo forma parte del balance tras los movimientos telúricos del pasado 24 de junio.
Luis Montero, presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, informó en una entrevista con Unión Radio que el sondeo sectorial que finaliza este 17 de julio apunta que dos tercios de los establecimientos comerciales se encuentran abiertos y operativos.
Por el contrario, dentro del tercio restante que permanece cerrado se cuentan aquellos comerciantes que están haciendo arreglos en estructuras, y los propietarios de un 15 % de los negocios que quedaron destruidos por el impacto de los terremotos.
Montero enfatizó que el nivel de devastación se concentró principalmente en el estado La Guaira, aunque también se evalúan daños en distintas zonas de la capital. Los resultados de las encuestas permitirán precisar el alcance real de las pérdidas, pues el sector todavía no cuenta con datos sobre los daños comerciales en áreas como El Junquito, Maracay y el resto de las zonas afectadas.
“Entre los que tenemos en la muestra que contempla Caracas-La Guaira tenemos 15 % de destrucción. Dentro de los comercios que están abiertos también manifiestan que ha habido una reducción de la afluencia de visitantes, y eso es tanto en La Guaira como en Caracas”, detalló Montero.
Impacto y movilización
Los indicadores del sondeo preliminar señalan que uno de cada diez trabajadores, comerciantes o personas vinculadas con el sector comercial sufrió consecuencias graves durante el sismo, incluyendo la pérdida de familiares, hospitalizaciones por lesiones o el derrumbe total de sus viviendas. A pesar de las dificultades, la cámara regional, Consecomercio y Fedecámaras articularon una serie de redes de solidaridad para las zonas con índices más altos de vulnerabilidad.
A través de esta alianza intergremial, el sector empresarial centró y coordinó el envío de ayuda humanitaria hacia La Guaira. Los directores de varias cámaras del país se trasladaron directamente en transportes para apoyar en las labores de descarga y distribución de recursos de necesidades básicas para la población que se encuentra en situación de extrema vulnerabilidad.
“Entre 12 y 15 toneladas de insumos fueron centralizados después en Caracas y de aquí distribuidos hacia La Guaira. Y aquí tú veías gente, directores de cámaras de comercio regionales viniendo acá en los camiones, caleteando, cargando las cajas, los equipos; apoyando y hablando con la gente para ver cómo estaba toda la situación que se estaba viviendo. Entonces, la respuesta inmediata fue apoyar A todos los centros que ya estaban constituidos”, indicó Montero.
También destacó la disposición del empresariado para flexibilizar las jornadas de trabajo, planes de horarios y permisos especiales con el propósito de facilitar que sus trabajadores participen activamente como voluntarios en las labores de ayuda comunitaria.
Urgencia financiera
La recuperación de la actividad comercial, descrita por Montero como el ecosistema de la economía del día a día del venezolano, requiere de una estrategia que va más allá de remover los escombros. Para reactivar ese motor económico, los empresarios han formulado tres solicitudes prioritarias a las autoridades públicas y al sector financiero.
La primera urgencia consiste en acelerar las inspecciones de habitabilidad, ya que el volumen de las infraestructuras dañadas sobrepasó la capacidad de los equipos técnicos que evalúan los daños de las fachadas, paredes y fundaciones.
La segunda solicitud es fundamental para garantizar la supervivencia empresarial y se centra en el acceso a recursos financieros que permitan costear los proyectos de reconstrucción de los locales comerciales. El sector bancario ha dado un paso adelante mediante medidas temporales como exoneración de comisiones en los puntos de venta por un lapso de 90 días para ayudar a reflotar los negocios que sufrieron pérdidas estructurales significativas.
Finalmente, el presidente de la Cámara de Comercio de Caracas enfatizó la necesidad de que las autoridades tributarias y municipales flexibilicen las fechas fiscales, argumentando que las empresas operan a un ritmo más lento debido a las pérdidas humanas y materiales.
“El sentido común tiene que prevalecer por encima de la obligación tributaria No solamente no estás operando, sino que hay que evaluar en qué condiciones quedaste”, sentenció Montero.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
