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Delcy y la Ley contra el odio, del aplauso a la reforma: ¿por qué no basta con despenalizarla?

Yakary Prado
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Delcy y la Ley contra el odio, del aplauso a la reforma: ¿por qué no basta con despenalizarla?

Después de participar activamente en su promoción y aprobación, la presidente encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, plantea reformar la Ley contra el Odio. La misma que en 2017, cuando presidía la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), ayudó a impulsar y defendió públicamente como una herramienta para contener los mensajes de “odio” e intolerancia.

La solicitud llegó este 29 de septiembre de 2026. En una carta dirigida a su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, la mandataria encargada pidió modificar parcialmente la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, vigente desde noviembre de 2017. La razón que expuso ahora es avanzar en la “despenalización de las conductas previstas” en la norma, como parte de las acciones para “transformar el sistema de justicia penal” y “favorecer el reencuentro y convivencia democrática” en Venezuela, todo en el marco de la presión que ha ejercido el gobierno de Estados Unidos desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

El giro tiene una fecha y una imagen difíciles de separar. En noviembre de 2017, Delcy Rodríguez ocupaba la presidencia de la ANC, instalada durante una de las mayores crisis políticas de los últimos años. Entre abril y agosto de ese año, más de 150 personas murieron en las protestas antigubernamentales, según el recuento de distintas organizaciones defensoras de derechos humanos. El Poder Ejecutivo convocó entonces a una Asamblea Nacional Constituyente de espaldas a la Constitución: sin el referendo previo que la Carta Magna contempla en su artículo 347, en donde se establece que el pueblo es el depositario del poder constituyente originario y que puede convocarlo mediante referendo. Al prescindir de ese paso del referendo, la Ley contra el Odio nació ilegítima y fue rechazada por numerosos gobiernos democráticos, organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Nicolás Maduro había presentado el proyecto ante la ANC el 10 de agosto. La intención era desplazar por completo a la Asamblea Nacional electa en 2015 de mayoría opositora y concentrar las decisiones legistativas en un órgano bajo el control de la presidencia. El detonante de las protestas había sido justamente el zarpazo que había dado el gobierno de Maduro a ese Parlamento opositor a finales de marzo de 2017, cuando dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo despojaron de sus facultades legislativas y limitaron la inmunidad parlamentaria de los diputados.

El debate de la Ley contra el Odio comenzó el 4 de septiembre y la norma fue aprobada por unanimidad el 8 de noviembre. Rodríguez estaba allí. La entonces presidenta de la Constituyente apareció aplaudiendo la aprobación del instrumento y defendió que los partidos, personas u organizaciones que difundieran “mensajes de odio o intolerancia” fueran sancionados. Incluso, habló de establecer “mecanismos disciplinarios para el castigo”. Al referirse a las redes sociales, Rodríguez advertía entonces: “Está prohibido la difusión, deben retirar los mensajes que promuevan el odio, guerra, intolerancia, en un lapso de seis horas”.

Solo bastaron dos días para que la ley fuese aprobada en Gaceta Oficial. La norma terminó estableciendo penas de entre 10 y 20 años de prisión para determinadas conductas relacionadas con la “promoción o incitación al odio”. También contempló sanciones para medios y plataformas digitales. Espacio Público ha documentado que, entre 2017 y diciembre de 2023, hubo 63 casos que derivaron en 162 denuncias de violaciones a la libertad de expresión vinculadas con la aplicación de esta legislación.

Primer eslabón de un patrón punitivo

Desde su aprobación, organizaciones de derechos humanos cuestionaron tanto el origen de la norma como la amplitud de sus disposiciones. En sus albores, ya se advertía que la ley podía criminalizar libertades como la participación, asociación, reunión y expresión. Espacio Público también cuestionó la vaguedad de conceptos como “odio” e “intolerancia” y advirtió sobre el riesgo de sanciones desproporcionadas.

Y la preocupación no quedó en el debate jurídico. Lo que se temía, se materializó. En enero de 2018, fueron detenidas las dos primeras personas por este instrumento legal: Érika Palacios, de 44 años, y Ronald Sevilla, de 25. Tras haber protestado por falta de comida, les imputaron  “instigación al odio”, delito contemplado en la ley.

La aplicación de esta norma implicó por más de ocho años detenciones, hostigamientos judiciales y episodios de censura relacionados con la aplicación de la norma. En abril de 2026, Espacio Público hizo un balance en el que concluyó que la ley ha operado “de manera sistemáticamente sesgada”. Los números lo demuestran: Entre 2017 y 2024 registraron más de 120 casos de vulneración a la libertad de expresión vinculados a esta ley, en los que fueron afectados ciudadanos particulares, trabajadores públicos, periodistas y miembros de ONG, un patrón de persecución que ha sido ampliamente documentado por organismos como Human Rights Watch y los relatores especiales de la ONU.

Este patrón de criminalización se agudizó severamente durante el ciclo poselectoral de 2024-2025. En este período inmediato se documentaron 73 detenciones por ejercer el derecho a la libre expresión, de las cuales 33 invocaron de manera directa el supuesto delito de “instigación al odio”. La evolución de estas cifras confirma que la ley no ha operado de manera neutral, sino como una herramienta punitiva y discrecional orientada a silenciar el disenso político y la contraloría ciudadana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también señaló en su informe anual de 2024 que se documentaron procesos judiciales y sanciones penales contra periodistas en Venezuela, especialmente en el contexto electoral, en algunos casos bajo la Ley contra el Odio y con restricciones al derecho de defensa.

Uno de los casos más visibles de ese año fue el de Óscar Murillo, coordinador general de Provea. En noviembre recibió una citación del CICPC relacionada con una investigación por un supuesto delito contemplado en la Ley contra el Odio. Amnistía Internacional y otras organizaciones cuestionaron el procedimiento. La norma que había nacido, según el oficialismo, para promover la convivencia terminaba así apareciendo en investigaciones contra quienes denunciaban abusos y cuestionaban al poder.

Pero además Espacio Público expone que la Ley contra el Odio en Venezuela ha trascendido la persecución política para convertirse en un instrumento de extorsión económica. Este mecanismo opera, según denuncia en dos niveles: por un lado, funcionarios de seguridad y del Ministerio Público que exigen dinero a cambio de no iniciar investigaciones; por el otro, disputas entre particulares donde se amenaza con denunciar comentarios en redes sociales si no se realiza un pago. Atribuyen estas prácticas delictivas a tres deficiencias estructurales de la propia ley: sus desproporcionadas penas de prisión, una ambigüedad jurídica que etiqueta casi cualquier crítica como “odio” y la criminalización de la simple difusión de mensajes.

Asimismo, el documento señala que esta normativa sirvió como el primer eslabón de un patrón legislativo punitivo en expansión. Lejos de ser una medida aislada, sentó las bases para nuevas leyes restrictivas aprobadas en 2024, tales como el proyecto de ley antifascista y la Ley Simón Bolívar.

“Esta continuidad no es accidental: es la evidencia de que la Ley contra el Odio no fue un exceso puntual, sino el primer eslabón de un patrón legislativo deliberado”, recalcan.

El “comodín” de la represión

De acuerdo con los reportes sistemáticos de organizaciones de DDHH, el uso de la ley no ha sido uniforme, sino que ha operado como un “comodín” represivo activado con mayor fuerza en momentos de alta tensión política o descontento social. Los periodos de mayor aplicación coinciden con protestas locales, descontento por servicios públicos y tras procesos electorales cuestionados. El instrumento legal ha servido como justificación de las detenciones calificadas por las ONG como “ejemplarizantes” para sembrar autocensura colectiva.

Durante la pandemia de COVID-29 hubo una oleada de arrestos bajo esta ley contra médicos, periodistas y ciudadanos comunes que cuestionaban las cifras oficiales de contagios o denunciaban la escasez de vacunas y medicinas en internet.

Además, su aplicación se incrementó sustancialmente a medida que los ciudadanos sustituyeron los medios tradicionales de comunicación masiva (fuertemente censurados) por redes como TikTok o estados de WhatsApp para expresar críticas, lo que derivó en detenciones inmediatas bajo cargos de “incitación al odio”. El artículo 20 de la ley establece sanciones de 10 a 20 años de prisión para quien “públicamente fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o grupo de personas”. Como agravante, el texto legal señala que la pena aumentar o considerarse más grave “si la incitación se realiza a través de un medio de comunicación, redes sociales o plataformas digitales”.

Algunos de los casos de figuras procesadas o imputadas bajo esta figura o en conjunto con cargos similares (como terrorismo o conspiración) incluyen el de Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, detenido en julio de 2021 tras denunciar la presencia de grupos irregulares en la frontera; Nelson Piñero, activista y dirigente del partido opositor Encuentro Ciudadano, detenido a finales de 2023 debido a sus publicaciones críticas en la red social X (antes Twitter), donde cuestionaba las políticas económicas y las gestiones del gobierno y Gabriel González, miembro del equipo de comunicaciones del partido opositor Vente Venezuela, una detención en el marco de la persecución judicial a los comandos de campaña de la candidata María Corina Machado y el candidato Edmundo González. Se le aplicó la normativa bajo el argumento de que sus coberturas y difusión de los eventos políticos configuraban delitos de odio.

Otros de la amplia muestra de quienes fueron perseguidos por supuesta incitación al odio son el creador de contenido de viajes y youtuber Oscar Alejandro Pérez, detenido arbitrariamente en el Aeropuerto Nacional de Maiquetía igualmente en marzo de 2024 por un breve fragmento de uno de sus videos en el que señalaba un edificio financiero en Caracas y comentaba, de manera descriptiva, el impacto que tendría un hipotético ataque a esa infraestructura para el sistema bancario; al igual que los también periodistas y reporteros Luis López, Yuosnel Alvarado,Paúl León, Deisy Peña, Eleángel Navas, Gilberto Reina y Ana Carolina Guaitia (en la represión poselectoral de ese mismo año).

También fue emblemática la detención del defensor de derechos humanos, Perkins Rocha, abogado y asesor jurídico del comando de campaña de la oposición de María Corina Machado y Edmundo González. Fue detenido en agosto de 2024 dentro de la ola represiva posterior a los comicios. El equipo de la oposición recopiló, digitalizó y publicó las actas de votación que contradecían los boletines del Consejo Nacional Electoral (CNE), por lo que Rocha y otros técnicos políticos fueron recluidos e imputados formalmente en tribunales de terrorismo por cargos combinados de traición a la patria, asociación para delinquir e incitación al odio, bajo el argumento de que la difusión de datos electorales alternativos generaba “zozobra y odio generalizado” en la población.

Aunque fue excarcelado, Rocha permanece bajo arresto domiciliario con prohibición de libertad plena, asedio policial y un grillete electrónico.

El adolescente Gabriel Rodríguez también fue otra víctima de la Ley Contra el Odio. El joven fue detenido en enero de 2025 cuando se dirigía a un centro de salud tras salir de trabajar en una panadería. Funcionarios de seguridad lo interceptaron sin orden judicial, basándose en su ropa deportiva y alegando que tenía “pinta de guarimbero”. Posteriormente, revisaron su teléfono celular para adjudicarle supuestas imágenes en contra del gobierno. El régimen de Nicolás Maduro lo sentenció a 10 años de cárcel por cargos de terrorismo, incitación al odio y cierre de vías públicas.

El bombardeo que detonó las bases de la ley

El primer movimiento para revisar la ley llegó desde el propio Parlamento controlado por oficialistas que antes estuvieron a la cabeza de la promoción de la ley. El 19 de febrero de 2026, Jorge Rodríguez reconoció durante el debate de la Ley de Amnistía que había existido una utilización inadecuada de la normativa. Poco más de un mes después de que Estados Unidos bombardeara Caracas por dos horas para llevarse a Nicolás Maduro y encargara el control del país a su hermana, Delcy.

“Es muy probable que esa ley venga a reforma en esta Asamblea Nacional, pero también es verdad que hubo situaciones de mala utilización de la Ley contra el Odio, eso es verdad y tiene que ser corregido”, dijo entonces.

Jorge Rodríguez sostuvo además que el Programa por la Convivencia Democrática estaba estudiando los alcances de la legislación. Pasaron más de siete meses de esa declaración. Y la reforma que entonces aparecía como posibilidad llegó finalmente este 29 de septiembre, pero esta vez con la firma política de Delcy Rodríguez.

En su carta al Parlamento, la presidenta encargada plantea que la reforma debe servir para “avanzar en la despenalización de las conductas previstas” en la ley. También la vincula con una transformación del sistema de justicia penal y con la recuperación de la confianza en las instituciones.

“Finalmente, visto el impacto positivo que esta reforma generará sobre la reconstrucción de la confianza en las instituciones y la dinamización de la vida democrática de la nación, agradezco sus buenos oficios para que esta iniciativa pueda ser considerada con carácter de urgencia”, escribió Rodríguez.

El contraste con 2017 queda registrado en sus propias palabras. Antes ella misma defendía sanciones contra quienes difundieran mensajes que el poder considerara de odio o intolerancia y reclamaba mecanismos para el castigo. Ahora, solicita reducir el alcance penal de esas conductas y presenta la reforma como parte de una política de reconstrucción institucional.

Despenalizar es insuficiente

La propuesta de reformar la Ley contra el odio encontró una coincidencia entre sectores políticos y organizaciones de derechos humanos: modificarla puede ser un paso, pero no necesariamente desmonta el andamiaje que durante años permitió restringir la libertad de expresión.

La delegación de la Asamblea Nacional de 2015 saludó el anuncio y recordó que la norma fue utilizada “como un instrumento de persecución y represión de la disidencia”. En su comunicado expresó solidaridad con quienes fueron víctimas de su aplicación y con sus familias. Para la delegación opositora, la reforma ocurre dentro del proceso de diálogo orientado a la reinstitucionalización democrática y a la celebración de elecciones “justas, libres y transparentes”. Su posición es de expectativa: esperan que la modificación cumpla con los fines democratizadores discutidos en ese espacio y contribuya a recuperar derechos y garantías ciudadanas.

Pero el mismo comunicado deja una advertencia. “Sabemos que aún permanecen vigentes otras normas y mecanismos que han sido utilizados con fines represivos”, señaló la AN 2015, que se comprometió a trabajar por su desmantelamiento.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) fue más específico. Su conclusión cabe en una frase: “Despenalizar la Ley contra el Odio no basta”. Consideran que eliminar las penas de prisión sería un avance, pero advierte que conservar otras disposiciones dejaría en pie mecanismos capaces de afectar directamente a periodistas y medios.

El punto está en el artículo 22. Según el SNTP, esa disposición permite revocar concesiones de radio y televisión y establece sanciones económicas para medios electrónicos y redes sociales, además de contemplar el bloqueo de portales cuando determinados contenidos no sean retirados en seis horas.

“No son penas de cárcel, pero sus consecuencias para la libertad de expresión son igualmente graves”, sostuvo el SNTP. La revocatoria de una concesión puede sacar una emisora del aire; el bloqueo de un portal impide que un medio llegue a su audiencia; y la obligación de retirar contenidos interviene directamente sobre las decisiones editoriales.

Por eso, el SNTP mantiene su posición original: la ley debe ser derogada. Si finalmente se opta por una reforma parcial, exige que esta desmonte tanto la criminalización penal como los mecanismos administrativos que permiten censurar, bloquear portales o sacar emisoras del aire.

Primero Justicia también saludó el anuncio, pero lo inscribió en una discusión más amplia. La organización atribuyó el paso al trabajo de la comisión delegada de la AN 2015, al proceso de diálogo y a la presión de la sociedad civil. Recordó que, desde 2017, la norma ha servido para abrir causas contra personas por expresarse y cuestionar al poder. Su conclusión va más allá de esta legislación: “Así como la Ley contra el Odio, todas las leyes creadas para la persecución política deben ser despenalizadas o derogadas”.

Desde el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) la respuesta fue todavía más directa. Ante la solicitud de reforma, reiteraron que el instrumento debe ser derogado por su carácter “punitivo y discrecional” y por considerar que viola derechos constitucionales, entre ellos la libertad de expresión.

Óscar Murillo, coordinador general de Provea, también pidió avanzar hacia la derogatoria de todo el marco jurídico que, según señaló, ha permitido criminalizar derechos ciudadanos. Incluyó, además de la Ley contra el Odio, otras normas y disposiciones utilizadas para procesar a personas críticas del gobierno o defensoras de derechos humanos.

“Exigimos cambios genuinos y creíbles. El país rechaza cualquier mecanismo de simulación. Requerimos avanzar en el proceso de reconstrucción institucional”, escribió Murillo.

El dirigente opositor y expreso político, Juan Pablo Guanipa, también opinó que una ley “que durante años fue utilizada para perseguir, encarcelar y silenciar a venezolanos” y que generó decenas de víctimas “familias destruidas y denuncias de torturas” no puede ser solo modificada: “Esa infame ley debe ser derogada. Completa y definitivamente. Y deben ser liberados todos los presos políticos, civiles y militares”.

VE sin Filtro, por su parte, puso el foco en el espacio digital. Tras sentenciar que “despenalizar no elimina la censura” la organización recordó que la ley contempla mecanismos para ordenar el retiro de contenidos, imponer sanciones y bloquear portales de internet, por lo que pidió que una eventual reforma elimine esas formas de censura y garantice la libertad de expresión en línea. Una preocupación que coincide con sus registros y con la documentación de organizaciones de libertad de expresión sobre bloqueos y criminalización digital.

Así, la discusión sobre la reforma a la Ley contra el Odio termina abriendo una pregunta más incómoda que la que plantea su nombre: no solo qué penas desaparecerán, sino qué mecanismos quedarán.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Maryhen Jiménez: recuperar la agencia política es el desafío de la transición

Ruinas, polvo y desolación, lo que quedó del hospital Rísquez

Francisco Zambrano
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Ruinas, polvo y desolación, lo que quedó del hospital Rísquez

Juan Carlos Hereira vive justo detrás del Hospital Francisco Antonio Rísquez, en el sector caraqueño de Cotiza, su residencia está separada solo por una pared que da al estacionamiento del centro de salud pública, que después del doblete sísmico del pasado 24 de junio quedó en ruinas.

En su casa, ubicada en el callejón Rísquez del barrio Anauco III, se observan paredes y pisos agrietados. La pared que colinda con el hospital está inclinada y la familia de Juan Carlos vive con miedo de un posible colapso de la estructura.

Para Juan Carlos y sus afectos la situación no es novedosa: fueron sobrevivientes de la vaguada de 1999 que afectó particularmente al estado Vargas, ahora La Guaira. De ese desastre socioambiental se salvaron y el entonces gobierno de Hugo Chávez les prometió ayuda para mejorar sus condiciones de vida, pero todavía la están esperando.    

“Aquí hay problemas estructurales, esta casa se está hundiendo. Cuando lo de Vargas se salió la quebrada Anauco y se llevó varias casas, no nos mandaron a un refugio ni tampoco nos ayudaron, ahora vuelve a suceder otra tragedia”, dijo Juan Carlos.

Después de los terremotos a Jackeline Rodríguez se le arruinó el sueño, le cuesta dormir y cada vez que escucha un ruido entra en pánico. El susto fue grande y, en un momento, pensó que el rancho se le iba a venir encima. Rodríguez tiene toda su vida viviendo en el barrio Anauco II y jamás había tenido una experiencia similar. 

Pero a pesar de que Jackeline y su octogenaria madre salieron ilesas, el miedo no ha pasado. Ambas temen que el hospital Rísquez termine de colapsar y caiga sobre el barrio.

El centro asistencial, que según el Ministerio del Poder Popular para la Salud fue fundado en 1909, sufrió considerables daños estructurales, especialmente en el área de hospitalización, emergencia y oftalmología. Como consecuencia de esto, Protección Civil le colocó una etiqueta roja de inhabitable.

Apenas al doblar por la calle Real de Cotiza, la destruida estructura del hospital impacta a los transeúntes que no pueden dejar de observar los escombros en los pisos inferiores del ala derecha y una cama clínica que se asoma por la ventana repleta de piedras y polvo.

Una delgada cinta amarilla en la acera frente al centro asistencial advierte a quienes rondan por la zona que no se pueden acercar al edificio que quedó inclinado hacia atrás, y que ahora es una amenaza para el sector donde viven Jackeline y Juan Carlos.

“Para acá no ha venido nadie, entiendo que algunos pusieron una denuncia, pero no han atendido, nosotros estamos preocupados porque puede suceder una tragedia”, dijo Rodríguez.

A través de la puerta principal se puede ver el daño interno / María Gracia LaCruz

En el barrio que colinda con la quebrada Anauco, la gente sonríe cuando se le aborda, pero inmediatamente cambian el semblante cuando se mencionan los daños que sufrió el hospital.

“Yo creo que lo más indicado es que lo tumben”, dijo un vecino del barrio mientras intentaba encender su motocicleta. “Eso quedó inservible, para allá no van a poder llevar más pacientes, entonces no entiendo qué están esperando”.

Aunque el gobierno encargado de Delcy Rodríguez no ha ofrecido cifras oficiales de demoliciones de estructuras, de acuerdo con agencias internacionales, a finales de julio de este año comenzaron una serie de explosiones controladas, especialmente de edificios en sectores devastados como Catia la Mar, Caraballeda y Playa Grande en La Guaira.

“Ninguna estructura va a ser demolida teniendo deudos o personas que recuperar”, declaró el ministro de Transporte y presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Viviendas e Infraestructura, Francisco Garcés, en esa ocasión.

De acuerdo con las últimas cifras oficiales, 190 edificios se derrumbaron mientras que 856 quedaron afectados por los movimientos sísmicos de magnitud 7,2 y 7,5, que sacudieron al país el 24J, aunque informes satelitales y organismos internacionales, como Copernicus, contabilizaron entre 400 y 600 edificaciones completamente destruidas.

Es imposible pasar por el frente del hospital y no mirar la estructura deteriorada / María Gracia LaCruz

Piden una respuesta y no reciben nada

Vecinos del sector consideran que lo más indicado con el hospital es aplicar una implosión controlada como han hecho con varios edificios de La Guaira, o demolerlo paulatinamente, lo que no conciben es que nadie haga algo y la estructura siga como está. 

Más arriba del hospital, siguiendo por la calle Real, se encuentra el Instituto Oncológico Luis Razetti, estructura que en apariencia no sufrió daños y por ello recibió una estampilla verde que lo hace habitable.

“Es verdaderamente incomprensible que hayan pasado tres meses y eso (el hospital Rísquez) esté todavía en ese estado”, dijo un vecino de Cotiza que pidió no ser identificado. “Siempre es lo mismo después que pasan los desastres es que actúan y de paso, mal. Eso no se cayó de broma”, lamentó.

Otra vecina dentro de una bodega sostuvo que “por fortuna” ese día no había nadie en el Rísquez por tratarse de un día feriado.

“A toda esa gente la mudaron para el hospital Vargas (en el mismo sector de Cotiza), médicos, consultas, pacientes, hasta los vigilantes, ahí no quedó nadie”.

Considerado uno de los mejores centros oftalmológicos públicos de la ciudad, el hospital Rísquez atendía a un promedio de 50 pacientes diarios, de acuerdo con el Ministerio de la Salud, y además formaba parte de la Misión Milagro, que se encarga de llevar a cabo operaciones en los ojos de manera gratuita.

“El tráfico por aquí ha bajado considerablemente”, dijo otro vecino. “A ese hospital venía mucha gente, ahora no sé para dónde irán a agarrar, siempre sale perjudicado el pueblo, era para que ya hubiesen tomado acciones”. 

Mientras mira la estructura del muro que colinda con su residencia, Juan Carlos Hereira dice que se siente abandonado.

“Aquí vinieron personas del Colegio de Ingenieros y nos pusieron en alerta roja, pero deben venir los de la Comisión Presidencial, tenemos miedo con las lluvias, el piso se está hundiendo más y hay una parte del techo que se está cayendo. La gente me dice que nos vayamos ¿Pero para dónde? No tenemos adonde ir”, sostuvo Juan Carlos.    

El habitante de Cotiza, que frecuentemente pasaba frente al hospital Rísquez, asegura que el centro de salud está más bajo que de costumbre.  

“Mi esposa vive en una eterna una zozobra, no puede escuchar lluvia porque se altera, después del terremoto nada es igual, al menos siete casas que están pegadas al hospital corren riesgo”, añadió Juan Carlos.

Sentenció que han acudido al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih) en Caracas, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat. Hasta ahora la respuesta es la misma: silencio. 

Implosionar es cuesta arriba

Para el ingeniero estructural y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Esteban Tenreiro, lo más recomendable con el hospital Rísquez sería una demolición parcial y luego una reconstrucción.  

“El ala derecha del edificio está colapsada y hay que demolerla, lo ideal sería que Cavim (Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares) se encargue de ese procedimiento con explosivos o por medio de equipos de demolición”, explicó.

Los pisos sufrieron los embates de los terremotos / María Gracia LaCruz

A juicio de la también ingeniera estructural, María Eugenia Korody, se deben hacer cálculos para saber si es conveniente demoler y volver a construir.

“La Comisión de Habitabilidad, Protección Civil, Bomberos del Distrito Capital y Alcaldía de Caracas deben hacer una sustentación técnica del caso”,  expuso la profesional.

Tenreiro indicó que podría emplearse un martillo hidráulico para demoler desde arriba hacia abajo.

“Como el edificio del ala izquierda está en mejor estado y el barrio colinda, considero que implosionar es complejo. Cualquier error podría afectar a la parte del hospital que sufrió menos y a los vecinos. Probablemente,  por eso se han tardado en tomar una decisión”, dijo el ingeniero.

El profesional agregó que el procedimiento con un edificio que corre el riesgo de colapsar es sencillo.

“Hay que acordonar la zona y no dar acceso a nadie. La gente en los alrededores está corriendo un alto riesgo”, sentenció Tenreiro. 

El ingeniero indicó que después de una eventual demolición, llevar a cabo un proyecto de un nuevo edificio podría tardar un año y medio.  

“Y la construcción un par de años más, es decir, eso puede durar alrededor de cuatro a cinco años”, concluyó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

CLAVES | Derrames petroleros dejan pobreza, enfermedades y hambre a pescadores del Lago de Maracaibo

Acoso, vigilancia y exclusión: La realidad de las mujeres en la política venezolana

Redacción Runrun.es
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Acoso, vigilancia y exclusión: La realidad de las mujeres en la política venezolana

87% de las mujeres consultadas considera que las principales decisiones dentro de sus organizaciones siguen siendo tomadas principalmente por hombres.

El dato se desprende de una investigación hecha por la ONG Laboratorio de Paz, que lleva por nombre “Inquebrantables: Violencia contra las mujeres en la política venezolana”, un escrutinio hecho a 23 mujeres con experiencia de participación en organizaciones partidistas.

La organización destacó que los sucesos del pasado 3 de enero, que concluyeron con la captura de Nicolás Maduro y su pareja Cilia Flores, han vuelto a colocar en la agenda pública la libertad de expresión, el libre tránsito, el pluralismo y el ejercicio de los derechos políticos.

El estudio reveló que aunque 52,2 % de las consultadas afirmó participar actualmente en espacios de toma de decisiones, 91, 3% considera que las mujeres deben demostrar más méritos que los hombres para acceder a cargos. 

Igualmente arrojó que 69,6 % de las mujeres piensan que las decisiones se construyen en espacios informales a los que tienen acceso limitado o inexistente y solo 13 % considera que las propuestas formuladas por mujeres son incorporadas frecuentemente a las decisiones finales.

Para Laboratorio de Paz, el estudio identificó patrones recurrentes de violencia, discriminación y exclusión que afectan las trayectorias políticas, personales y familiares de las mujeres. 

“Una democratización no consiste solamente en recuperar libertades restringidas, sino en garantizar que puedan ejercerse en condiciones de igualdad”, se desprende de la investigación. 

A continuación, en claves, los principales hallazgos de la investigación y categorías para el análisis.

¿Cómo reconocer la violencia política contra mujeres?

Según la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) la violencia política contra las mujeres tiene tres componentes.

– Está basada en el género y se dirige a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, posee efectos desproporcionados y adquiere formas específicas

-Causa daño o sufrimiento

-Tiene como objetivo impedir total o parcialmente que las mujeres ejerzan sus derechos políticos.

Violencia no viene solo del Estado

La investigación advirtió que la violencia contra las mujeres en la política no es una consecuencia exclusiva de la represión estatal o de la crisis democrática por la que atraviesa el pais desde hace casi tres decadas.  Quienes fueron consultadas denunciaron prácticas de discriminación, exclusión y subordinación dentro de sus propias organizaciones políticas.

La ONG expuso que si Venezuela está comenzando a discutir sobre diálogo, libertades políticas y reconstrucción institucional, es momento de preguntarse si ese proceso es equitativo.

“Recuperar derechos y libertades debe significar también transformar las prácticas que durante décadas han limitado la participación política de las mujeres” señaló Laboratorio de Paz.

No todo es elecciones

El informe expone que la participación política de las mujeres no se limita al ejercicio de cargos públicos, candidaturas o militancia partidista.

“La vida política y pública comprende el ejercicio de funciones legislativas, ejecutivas, judiciales y administrativas; la participación en la administración pública; y también la intervención en organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, organizaciones de mujeres, organizaciones comunitarias y otras iniciativas vinculadas a la vida pública y política”, reza la investigación. 

Sin marco legal

De acuerdo con Laboratorio de Paz, a diferencia de otros países de la región, Venezuela no cuenta con una legislación específica de cuotas o paridad de género para cargos de representación política. Según la Red Electoral Ciudadana (REC) “las iniciativas de promulgación de normativas para incluir a las mujeres en los procesos electorales y en los espacios públicos y políticos terminan siendo meramente simbólicas, el Estado muestra una intención de paridad que no se ve reflejada en los procesos electorales”.

Imposibilidad de cooperación internacional 

La ONG expuso que a través de narrativas oficiales, organizaciones de derechos humanos, asociaciones civiles y actores humanitarios fuera del país fueron presentados como agentes de injerencia o desestabilización.

“Estas restricciones tuvieron efectos diferenciados sobre organizaciones de mujeres, defensoras y redes de acompañamiento a víctimas, cuya acción pública depende en gran medida de la cooperación internacional y de la existencia de un espacio cívico abierto y seguro”, afirman.

Inhabilitaciones a mujeres 

Laboratorio de Paz informó que de las 38 inhabilitaciones políticas registradas desde 2004, seis fueron contra mujeres, un 15,7 %. del total.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó que “estas decisiones acaban por contribuir a un ambiente de persecución que desalientan la participación ciudadana en asuntos de interés público”.

Por su parte, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) expresó que las inhabilitaciones políticas no solo representan un patrón sistemático de persecución política, sino que además “se llevan a cabo bajo procedimientos que vulneran la Constitución Nacional y las convenciones y pactos internacionales en materia de derechos humanos”.

La familia primero

En la investigación se desprende que el 100 % de las entrevistadas afirmó haber modificado decisiones relacionadas con su participación, liderazgo o visibilidad política para proteger a su familia. Igualmente, la totalidad manifestó temor a ser objeto de investigaciones, acusaciones o procesos de judicialización por razones vinculadas a su actividad política.

82,6 % afirmó haber sentido que era objeto de seguimiento o vigilancia, mientras que el 65,2 % reportó haber experimentado intimidación por parte de organismos de seguridad o actores vinculados al poder.

Asimismo, 69,6 % señaló haber reducido su visibilidad pública en determinados momentos, mientras que el 60,9 % afirmó haber evitado participar en actividades políticas presenciales.

Por otro lado, 8 7% de las entrevistadas afirmó haber brindado apoyo a presos políticos o a sus familiares, mientras que 100 % considera que esta labor implica riesgos específicos.

Mujeres, más cuestionadas

Otro de los hallazgos de la investigación de Laboratorio de Paz es que 100 % de las entrevistadas considera que la vida personal de las mujeres en política es más cuestionada que la de los hombres. Sin embargo, 78,3 % de las entrevistadas no ha considerado abandonar la actividad.

“Para mí la política es la profesión más apasionante del mundo y es transversal en todo”, dijo una de las entrevistadas. 

Una lotería que no se quiere ganar

Paralelo a la investigación, Laboratorio de Paz presentó también la “Lotería de las violencias contra las mujeres en política”, una herramienta que convierte distintas manifestaciones de violencia política basada en género en postales que permiten identificarlas.

Según la ONG la iniciativa persigue contribuir a desnaturalizar prácticas de exclusión, hostigamiento, descalificación e invisibilización que se han normalizado dentro de la actividad política.

Avanzar hacia la paridad de género 

Dentro de las propuestas de Laboratorio de Paz para acabar con la violencia política hacia las mujeres destaca la incorporación de la perspectiva de género en los procesos de reforma institucional, justicia transicional y reconstrucción democrática. 

Asimismo, la ONG recomienda avanzar hacia mecanismos de paridad y alternabilidad electoral, además de plantear a los partidos establecer protocolos contra la violencia política basada en género, mecanismos seguros de denuncia, procesos transparentes para seleccionar candidaturas y mayor presencia de mujeres en posiciones reales de dirección y toma de decisiones.

A juicio de Laboratorio de Paz, la agenda de democratización debe contener la recuperación del espacio cívico y la igualdad política de las mujeres. Para la ONG, sin mujeres con capacidad real de ejercer poder, la democratización venezolana estará incompleta. 

“Una apertura democrática no debería medirse solamente por quién puede regresar al país, qué medios vuelven a estar disponibles o quién se sienta en una mesa de diálogo. También debe medirse por quién puede hablar, organizarse, participar y decidir en igualdad de condiciones”, concluyó el documento. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

Venezuela en el eje de la difusión propagandística del Kremlin en América Latina

Redacción Runrun.es
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Venezuela en el eje de la difusión propagandística del Kremlin en América Latina

Rusia ha refinado sus mecanismos de influencia internacional. Ya no se trata solo de la señal abierta de RT en Español o los despachos de la agencia Sputnik. Una investigación publicada por el New Eurasian Strategies Centre (NEST Centre) —un think tank internacional con sede en Londres y Washington— revela cómo el Kremlin ha estructurado un complejo ecosistema de “desinformación subcontratada” (outsourced disinformation) en América Latina, teniendo a Venezuela como su principal centro de operaciones en la región.

El estudio, elaborado con el apoyo de organizaciones de verificación como la venezolana Cazadores de Fake News, la mexicana Verificado.mx y la española Fundación Maldita.es, concluye que Moscú destina para este 2026 una cifra récord de 148.900 millones de rublos (equivalentes a cientos de millones de dólares) a su aparato de propaganda estatal y proyectos en línea, lo que representa un incremento del 28 % respecto a los niveles previos a la invasión a Ucrania.

De la señal oficial al “lavado de contenidos”

Según el informe del NEST Centre, Rusia ha cambiado el enfoque: en lugar de intentar hacer crecer a sus medios oficiales, el trabajo actual consiste en cooptar y subcontratar a actores locales existentes que ya cuentan con audiencias consolidadas. El Kremlin ha construido un sistema de interconexión entre sus propios canales de comunicación oficiales y diplomáticos, medios estatales, redes sociales, granjas de contenido, aliados regionales e influencers locales.

A través de esta red, se identificaron al menos 32 periodistas, analistas geopolíticos e influencers en Venezuela, México y Brasil que difunden mensajes pro-Kremlin presentándolos como “análisis independientes” u “opiniones personales”.

La operación se apoya en tres pilares clave:

  1. Agencias privadas y la operación Doppelgänger: Empresas contratistas rusas sancionadas por la Unión Europea —como la Social Design Agency (SDA) y Structura— clonan sitios web de medios de comunicación legítimos e internacionales para publicar noticias falsas dirigidas a influir en la opinión pública occidental y latinoamericana.
  2. Red ‘Pravda’ / Portal Kombat: Una red masiva de más de 224 portales automatizados que replican sistemáticamente contenidos de canales rusos de Telegram y medios estatales. Su objetivo principal es “contaminar” los motores de búsqueda de Google y sesgar los datos con los que se entrenan los modelos de Inteligencia Artificial en español y portugués.
  3. El disfraz del Fact-Checking: Moscú creó en 2024 la red Global Fact Checking Network (GFCN), una organización impulsada por la agencia estatal TASS y la firma propagandística ANO Dialog. Bajo la fachada de “combate a las noticias falsas”, la plataforma agrupa a 119 miembros de 53 países (incluyendo a 15 representantes latinoamericanos) para impartir capacitaciones y legitimar la narrativa rusa.

Venezuela: el nodo central de la propaganda del Kremlin

El análisis sitúa a Venezuela en el corazón de la estrategia rusa en América Latina. A diferencia de otros países donde Moscú busca infiltrar voces disidentes, en territorio venezolano la propaganda rusa opera con la complicidad directa y el patrocinio del Estado.

Antes de la captura de Nicolás Maduro por el ejército estadounidense el 3 de enero de 2026, Venezuela era el principal socio informativo del Kremlin en América Latina. Rusia se posicionaba allí como un contrapeso estratégico anticolonial frente a Estados Unidos. Ambos países firmaron acuerdos de cooperación en el ámbito de las comunicaciones, y RT y Sputnik Mundo eran citados con frecuencia por los medios estatales venezolanos.

La Academia RT impartía programas de capacitación en la Universidad Internacional de Comunicaciones de Caracas, y RT transmitía desde la sede de TeleSUR, creada por Hugo Chávez. Representantes de Sputnik, TASS y ANO Diálogo también se reunían con funcionarios locales. Entre 2019 y 2022, el número de republicaciones de RT y Sputnik en los medios estatales se multiplicó por diez, alcanzando las 500 publicaciones mensuales.

Aunque después de la captura de Maduro cambió significativamente, los medios públicos e institucionales venezolanos amplifican de forma sistemática los boletines de RT, Sputnik y las embajadas rusas. Esto permite al Kremlin proyectar sus discursos clave sobre la guerra en Ucrania: presentar la invasión como un acto de “autodefensa frente a la OTAN”, deslegitimar las sanciones internacionales y calificar al gobierno ucraniano de “junta títere de Occidente”.

Imagen cortesía de https://nestcentre.org/

Sin embargo, el informe señala una vulnerabilidad estructural: al depender fuertemente de la infraestructura de medios estatales del gobierno venezolano, la efectividad real del mensaje se encuentra limitada por el deterioro del propio ecosistema de medios públicos y la pérdida de audiencia de la televisión tradicional.

México y Brasil: la maniobra antiimperialista y el contenido “gratuito”

En el resto de la región, la estrategia de Rusia se adapta a las grietas de la política local:

  • México como trinchera contra EE. UU.: El Kremlin aprovecha el sentimiento antiintervencionista y los recelos históricos hacia la política exterior estadounidense para posicionar sus contenidos en canales de YouTube y programas de análisis geopolítico con alto nivel de interacción.
  • Brasil y el incentivo económico: En el gigante suramericano, portales de noticias locales e independientes reproducen material de RT y Sputnik no necesariamente por afinidad ideológica, sino por razones financieras: el contenido en portugués distribuido por las agencias rusas es de libre acceso y gratuito, mientras que las agencias internacionales de calidad exigen suscripciones o pagos de licencias.

Las recomendaciones del informe

Frente a la expansión de este esquema de desinformación, el NEST Centre sugiere a las plataformas globales y a las organizaciones de la sociedad civil no evaluar la amenaza por el número de seguidores de un medio oficial, sino por el alcance real y el compromiso (engagement) de los creadores de contenido individuales. Además sugiere excluir activamente los dominios identificados de las redes automatizadas (como la red Pravda) para evitar que manipulen los resultados de búsqueda globales. Finalmente, considera que  reforzar a los medios independientes y a los verificadores de datos locales en Venezuela representa la oportunidad más efectiva para neutralizar el principal centro de redistribución de propaganda rusa en la región.

La nota es una versión del trabajo publicado en https://nestcentre.org/ bajo el título Desinformación externalizada: Cómo Rusia difunde propaganda en Brasil, México y Venezuela

Cayendo, corriendo y aterrizando como ministro del chavismo sin Maduro

Maryhen Jiménez: recuperar la agencia política es el desafío de la transición

Redacción Runrun.es
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Maryhen Jiménez: recuperar la agencia política es el desafío de la transición

La política venezolana ha transitado por giros inéditos tras los acontecimientos del 3 de enero. En una nueva entrega de Espacio Runrunes, conducida por Luis Ernesto Blanco, la politóloga, investigadora y doctora por la Universidad de Oxford, Maryhen Jiménez, analizó el panorama sociopolítico del país, centrándose en el estado actual de la transición democrática, la agencia política, los límites de las dinámicas internacionales y la urgente necesidad de rescatar un rol decisivo por parte de la dirigencia venezolana.

La pérdida de la agencia 

Jiménez destacó cómo la irrupción directa de actores externos después del 3 de enero ha mermado la autonomía y soberanía de los actores domésticos en la toma de decisiones y advierte que hay alguien, un tercero, que ahora tiene la capacidad de decidir y esto sobre todo es particular después de haber tenido tanta agencia en 2023 y 2024″.

Aunque la sociedad venezolana reclama y exige legitimación de los actores que están en el poder, para el mundo eso no parece ser un problema y cada vez hay más señales de normalización y reconocimiento, aunque sea transitorio, de la élite dominante, lo cual pudiera no ser necesariamente negativo, si lo que se busca es que Venezuela recupera cierta normalidad. 

La politóloga señaló que, ante el agotamiento y la urgencia de resolver el día a día en medio del colapso de servicios y la fragilidad estatal, gran parte de la sociedad ha adoptado una postura de “delegar y esperar”. Sin embargo, la historia comparada demuestra el riesgo que eso implica.

“Sin presión social, y eso nos lo dicen también los estudios comparados, es muy difícil que las demandas sociales estén sobre la mesa, sean discutidas y sean implementadas”, dice Jiménez.

De la fragmentación a una «MUD 2.0»

Para que la dirigencia política recupere el control del proceso frente a acuerdos que amenazan con ser «élitescos y de espaldas a la gente», Jiménez enfatiza la necesidad crítica de la coordinación estratégica:

Aunque reconoce la diversidad de visiones e ideologías dentro de la oposición es natural y deseable en democracia, actuar de forma desarticulada fortalece al gobierno. Muestra de ello han sido los diálogos y negociaciones paralelas donde no todos los sectores opositores han caminado sobre la misma hoja de ruta. 

Frente a la política venezolana predominantemente vertical y personalista, Jiménez reflexiona sobre la necesidad de articular una coalición o plataforma unificada, una especie de “Mesa de la Unidad 2.0”, que según la académica, sea un mecanismo que no solo permitiría conectar de manera directa con las demandas de la gente.

“La coordinación de la oposición es clave aquí. Más fácil sería, si tuvieras una MUD 2.0 hoy, que llame a una protesta en demanda de tal y cual el día de mañana o pasado mañana. Tienes una capacidad de convocatoria más amplia, articulada, creíble para la gente”.

Asimismo, al abordar la transición de los partidos opositores y la necesidad de trascender la postura de «partido-protesta» o de mera confrontación al régimen, Jiménez reflexiona:

“¿Dónde está la oposición venezolana hoy? ¿Cuál es su visión para la sociedad? O sea, más allá de ser antichavista, ¿qué ofrece? ¿Cómo piensa articularse? ¿Cuál es su visión sobre el pluralismo político?”.

Las reservas de resistencia 

A pesar del complejo escenario de desarticulación y los intentos del poder por controlar los tiempos del cambio, Maryhen Jiménez enfatiza la valentía y el aprendizaje acumulado por la sociedad civil:

“Mi experiencia haciendo investigación en Venezuela es que la sociedad venezolana es muy valiente y que se sobrepone a los miedos. Evidentemente todavía hay, pero la sociedad venezolana aprendió también en sus momentos a expresar el rechazo y digamos a atajarlo. La agencia también aplica a la propia sociedad venezolana”.

La politóloga considera que la sociedad venezolana ha demostrado históricamente, e incluso en momentos recientes como  la atención a los terremotos del 24 de junio, una altísima capacidad de organizarse de forma autónoma y desafiar la ausencia o los abusos del Estado.

“Si tú me preguntas si yo soy optimista en si viene una democracia perfecta como la hemos soñado mañana, bueno, no. Ahora, si yo soy optimista en cuanto a la capacidad de la sociedad venezolana a resistir y eventualmente a lograr cambios, sean pequeños, sean puntuales, sean más de largo plazo, ahí te puedo decir que sí, porque he visto cómo la sociedad venezolana ha resistido a todo lo que se le ha impuesto”.

El segundo round del diálogo y la necesidad de EE. UU. por resultados

Alí Daniels: es inaceptable para los ciudadanos retrasar presidenciales hasta 2030

Mariana Sofía Iglesias
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Alí Daniels: es inaceptable para los ciudadanos retrasar presidenciales hasta 2030

Alí Daniels, abogado y cofundador de la ONG Acceso a la Justicia, afirmó este 28 de septiembre en una entrevista con Shirley Varnagy que la reciente propuesta formulada desde la vocería gubernamental presente en el diálogo sobre la realización de un cronograma electoral agrupado en cuatro procesos (parlamentarios, alcaldes, gobernadores y presidenciales) padece de un severo error de interpretación que pretende desconocer los lapsos constitucionales.

El especialista enfatizó que, según el orden constitucional de Venezuela, la primera elección que debe convocarse es la presidencial.

“Debería haber un acuerdo político para convocar el resto de las elecciones menos para las presidenciales, pues, de acuerdo con la constitución, es la que debe convocarse primero”, explicó.

Daniels interpretó que el oficialismo busca extender hasta 2030 la realización del proceso presidencial, quizás partiendo del punto de que era en ese año cuando se vencía el período de Nicolás Maduro, luego de que el Consejo Nacional Electoral lo proclamara ganador de la contienda de 2024 pese a los reclamos de la oposición.

“Me parece que 2030 es inaceptable para la mayoría de los venezolanos”, sostuvo.

Lapsos vencidos

El abogado cuestionó la figura impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de una “ausencia forzada”, ya que, según lo establecido en la Constitución, el Poder Legislativo es el que debió haber calificado formalmente la ausencia como “ausencia absoluta” una vez superado el margen de los 180 días, y no la Sala Constitucional.

“no lo han hecho porqie no quieren declarar lo que obligatoriamente deben hacer, que es declarar la ausencia absoluta y, a partir de allí, aplicar la constitución. Lo que no puede pasar es aplicar esta interpretación absolutamente absurda que algunos dicen, que como la sala constitucional habló de ‘ausencia forzada’ y esa figura no está en ninguna parte, entonces, no se debe aplicar la constitución. Eso es inaceptable (…) No es cierto que haya razones constitucionales para extender de manera indefinida este interinato que, en realidad, ya está fuera de la constitución”, expuso el experto.

Daniels también consideró, por otra parte, que sería irreal convocar elecciones en un mes por distintas razones. Entre ellas, recordó que hay siete millones de venezolanos fuera del país a quienes no se les podría garantizar su participación en ese lapso.

De igual forma, el representante de Acceso a la Justicia examinó el orden impuesto en los acuerdos políticos donde se condiciona la elección del Consejo Nacional Electoral (CNE) a la previa designación del TSJ. Insistió en que ambos procesos (renovación del TSJ y del CNE) podrían ejecutarse en paralelo sin ninguna traba jurídica.

Minoría oficialista en el Comité Asesor

Daniels clasificó la conformación del comité asesor encargado de evaluar a los postulantes al TSJ como un hecho particular, ya que la junta cuenta con menor representación oficialista (dinámica que no se observaba desde 1999). No obstante, enfatizó que el proceso no debe juzgarse por sus integrantes, sino por el resultado: la conformación de un tribunal verdaderamente autónomo.

     “Es importante que este proceso termine con un Tribunal Supremo que le diga ‘no’ al poder, que proteja al ciudadano y que no ocurra como ha ocurrido en el pasado, que cuando un abogado dice ‘a mi cliente le han violado derechos humanos’ el tribunal calle”, opinó daniels.

    Este experto concluyó que la verdadera prueba para el nuevo Poder Judicial radicará en su capacidad para actuar de forma imparcial frente a las acusaciones por conductas indebidas. A su juicio, la falta de tutelas judiciales ante detenciones arbitrarias y vulneraciones de derechos humanos ha demostrado la sumisión institucional en los últimos años, por lo que la reestructuración del TSJ no solo es indispensable para el ámbito electoral, sino una garantía fundamental para la protección del individuo frente al Estado.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Mesa de diálogo designa consejo de juristas para revisar credenciales de aspirantes al TSJ

El Mañanero del 29 de septiembre: Protestas en todo el país para exigir mejoras en calidad de vida

Redacción Runrun.es
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El Mañanero del 29 de septiembre: Protestas en todo el país para exigir mejoras en calidad de vida

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este martes, 29 de septiembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Con el fin de exigir el cese de la vulneración de sus derechos civiles, políticos y económicos, trabajadores de distintos gremios profesionales y la asociación civil Alianza por la Libertad de los Presos Politicos (ALPP) llevaron a cabo una protesta nacional este lunes 28 de septiembre. Entre sus denuncias están la consolidación de un cronograma electoral para escoger a un presidente, la liberación de los más de 300 presos políticos y el aumento del salario mínimo.

Trabajadores protestan en Venezuela por mejoras salariales y calendarios electorales

Recién salido del horno: otras noticias


Se elevó a 60 la cifra de presos fallecidos bajo custodia del Estado desde abril de este año

Padre de preso político: “Mi mayor deseo es volver a abrazarlo, temo morir sin hacerlo”

SenosAyuda: 20 años de sobrevivencia organizacional

Habitantes de San Cristóbal ganan en bolívares y gastan en pesos colombianos

«Por no recibir atención médica»: Denuncian muerte de exdirectora de cárcel de Guárico presa en La Crisálida

Dólar/Euro BCV

La cita

“Los venezolanos ansían tener elecciones lo más pronto posible, la delegación de la Asamblea Nacional 2015 acompaña ese anhelo y está trabajando para que en conjunto con nuestros aliados podamos tener instituciones que permitan estas elecciones y las condiciones mínimas”, Jorge Millán, diputado de la Asamblea Nacional del 2015

Lo que rompe en las redes

Azuquita pa’l café

La Ñapa (recomendamos)

Con gol de Michael Olise, Francia venció a su similar de Bélgica 1-0 en la UEFA Nations League.

Organizaciones de la diáspora se pronuncian

Eddie A. Ramírez S.
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Organizaciones de la diáspora se pronuncian

La gran mayoría de quienes integramos la diáspora seguimos de cerca los acontecimientos en Venezuela, así como las dificultades de nuestros compatriotas, tanto dentro como fuera del país. Probablemente, muchos no regresaremos a nuestra tierra, pero podemos decir, como el poeta Pérez Bonalde, que mientras estuvimos ausentes ni un día ni un instante la hemos olvidado. Eso nos da derechos y nos obliga a opinar y actuar. Aquí resumimos las actividades de varias organizaciones de la sociedad civil en el exilio, en defensa de nuestros compatriotas y en la lucha por la democracia.

El Manifiesto de Filadelfia

III Cumbre de Organizaciones Venezolanas-Estadounidenses, 13 de septiembre de 2026

Los participantes aprobaron exigir la liberación de todos los presos políticos y el cese de las persecuciones; un cronograma electoral, seguridad para electores y candidatos, observación internacional independiente y elecciones libres; la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de acuerdo con la Constitución; y el respeto al voto en el exterior.

También reclamaron garantías para la libertad de expresión y la participación política, así como condiciones seguras para el retorno de quienes fueron obligados a salir por razones políticas. La sociedad civil y la diáspora deben participar en auditorías cívicas, contribuir a la reconstrucción de Venezuela y a la formación de líderes y buenos ciudadanos, así como construir una red global de talento venezolano.

Además, exigieron que los venezolanos en Estados Unidos sean tratados con dignidad y que las actuaciones migratorias respeten las garantías del debido proceso. Expresaron que defender la ley y proteger las fronteras es una responsabilidad legítima del Estado, pero que no es aceptable criminalizar a una comunidad por su nacionalidad, origen o condición migratoria. En este enlace está el texto completo y la lista de firmantes.

Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (CICIVEN)

El 17 de septiembre de 2026, la organización denunció violaciones al debido proceso de venezolanos en Estados Unidos. Señaló que la situación migratoria no convierte a nadie en delincuente ni justifica la privación arbitraria de la libertad. Reclamó respeto a las garantías de notificación, audiencia y defensa, especialmente para quienes llevan años esperando entrevistas o audiencias, pese a tener permisos de trabajo, pagar impuestos y estar integrados a la sociedad estadounidense. Advirtió que la criminalización y detención de estas personas genera angustia y afecta también a sus familias. En este enlace está el texto completo y la lista de firmantes.

Trump y su intervención en Venezuela

VenAmérica

El 18 de septiembre de 2026, su directiva aprobó un extenso documento que aborda exhaustivamente varios puntos. El documento critica el acuerdo petrolero desde la perspectiva de las constituciones de Venezuela y de Estados Unidos. Señala que una cosa es respaldar la recuperación de Venezuela dentro del espacio democrático occidental y otra muy distinta considerar que ese objetivo estratégico permite prescindir de la legalidad, la legitimidad y la soberanía venezolana. Así mismo, cuestiona la solvencia de la empresa privada que participa y la de su principal accionista.

Enfatiza que el informe de la Misión Internacional de la ONU sobre Determinación de Hechos sobre Venezuela expresa con claridad que “las instituciones estatales responsables de la represión, las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad siguen intactas y el control del poder político y económico permanece incólume”. El país continúa empobrecido, con servicios esenciales gravemente deteriorados. El documento exige un cronograma para elecciones presidenciales libres, competitivas, inclusivas y observadas internacionalmente, sin exclusiones arbitrarias.

En relación con los venezolanos en Estados Unidos, exige respetar la vigencia de documentos y autorizaciones emitidos conforme a derecho; ofrecer instrucciones administrativas claras y solicitar que empleadores o agencias no desconozcan protecciones todavía válidas; asegurar notificación suficiente, acceso a abogado, revisión individual y oportunidad real de impugnar toda detención o remoción, con protección efectiva contra persecución y tortura.

Asimismo, plantea evitar la estigmatización colectiva por nacionalidad, preservar la unidad familiar y establecer soluciones legislativas estables para venezolanos con arraigo, buena conducta y procesos migratorios pendientes. En este enlace está el texto completo y la lista de firmantes.

Movimiento Ciudadano de Venezolanos en el Mundo (MCVM) y VenAmérica

Delcy en la ONU: la representación usurpada de una Venezuela reprimida

El 21 de septiembre de 2026, ambas organizaciones manifestaron que la ONU debe distinguir entre interlocución diplomática y legitimidad democrática. Aunque se han producido algunas aperturas en Venezuela, la Misión de la ONU de Determinación de Hechos sobre Venezuela advierte que persisten las estructuras represivas, la impunidad y graves violaciones de derechos humanos.

Recalca que la participación de Delcy Rodríguez en la Asamblea General no debe interpretarse como una certificación de legitimidad ni como una absolución. La interlocución internacional debe estar condicionada a resultados verificables: liberación de presos políticos, acceso de organismos internacionales a los centros de detención, independencia judicial, investigación y reparación de las violaciones, y garantías democráticas y electorales.

La diplomacia no debe sustituir a la justicia ni la normalización internacional a la democratización de Venezuela. Ginebra ha documentado; corresponde ahora a Nueva York convertir esa documentación en compromisos, seguimiento y exigencias públicas. El texto se puede leer en este enlace.  

Conclusión

Los documentos presentados por la sociedad civil, así como numerosos artículos, han fijado posición sobre la situación en Venezuela y sobre los atropellos a los venezolanos en Estados Unidos. Lamentablemente, se percibe que, salvo excepciones, ha faltado contundencia por parte del sector político en criticar las acciones del presidente Trump posteriores al 3 de enero 2026.

Como (había) en botica

  • El pasado día 25 se cumplieron 25 años del salvaje ataque de madrugada a los residentes en el campo petrolero de Los Semerucos. Los desalmados guardias nacionales del Destacamento 44, conjuntamente con policías del estado Falcón, arremetieron con lacrimógenas, balas de plástico y golpeando con peinillas a  una población en la que había ancianos y niños. Prohibido olvidar.
  • Lamentamos el fallecimiento de Nora Lugo de Sánchez, compañera de Gente del Petróleo y de Unapetrol.
  • ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

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