“En realidad no sabemos dónde está, no hemos tenido comunicación con él”. La última vez que Gloria Morales vio a su hijo Rosmel Méndez fue el 26 de julio de 2025. “En esa oportunidad me dijo que les habían dicho que los iban a trasladar, pero no les dijeron dónde”, recuerda.
Méndez es uno de los 32 presos políticos condenados por la operación Gedeón (2020) que se encontraban en el Sebin Helicoide. Condenado a 25 años de prisión, el año pasado, y en distintas fechas, fueron sacados de esa cárcel y desde entonces se desconoce su paradero.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos registra que, de poco más de mil presos políticos, 201 personas están actualmente en desaparición forzada. En medio del proceso de excarcelaciones que se adelanta desde el 8 de enero, algunas personas que habían sido reportadas como desaparecidas han podido tener contacto con sus familiares o algunos excarcelados han confirmado que se encontraban en su centro de reclusión.
Un ejemplo de ello es Rafael Tudares Bracho, yerno de Edmundo González. Desde el momento de su detención, el 7 de enero de 2025, el abogado estuvo aislado e incomunicado. A su esposa, Mariana González, le comunicaron en medio del proceso judicial que se encontraba en la cárcel de máxima seguridad Rodeo I. Sin embargo, no fue sino hasta el 16 de enero de 2026 que pudo verlo, a través de un vidrio de seguridad, por espacio de 20 minutos. Cinco días después fue liberado bajo medidas cautelares.
Pero en el caso de los “gedeones”, como les llaman, esa “fe de vida” que exigen sus familiares no ha sucedido.
“Yo como madre me siento desesperada al no saber de mi hijo”, dice Morales. En cinco meses no ha podido tener siquiera una llamada telefónica o una confirmación oficial sobre el paradero de Méndez. Al igual que al resto de las madres, les han dicho que podría encontrarse en el Centro Nacional de Procesados Militares Central (Cenapromil Central), mejor conocido como el fuerte Guaicaipuro.
En cuatro oportunidades, al grupo de madres se les ha negado información. Incluso denuncian que han sido objeto de amenazas y vejámenes por parte de los custodios. “Es preocupante, es angustiante. Yo no sé realmente si está bien”, reitera Morales.
La Organización de Naciones Unidas ha señalado que la desaparición forzada produce una triple afectación: a la persona desaparecida, a su núcleo familiar y, por último, a la sociedad.
“La desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad”, ha destacado la ONU en su convención internacional, de la cual el Estado venezolano es firmante.
Tanto la Convención (aprobada en 2006) como el Estatuto de Roma, que rige la función de la Corte Penal Internacional, señalan que cuando las desapariciones forzadas se ordenan o producen como parte de un “ataque generalizado o sistemático” dirigido a cualquier población civil, éstas pueden calificar como un crimen contra la humanidad y, por tanto, no prescriben.
La Misión de Determinación de Hechos y organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado esa “sistematicidad”. Las autoridades venezolanas han desechado sus argumentos.
“La desaparición forzada es el secuestro, la no presentación ante un órgano policial o judicial de la persona y su posterior asesinato. Una desaparición forzada exprés no existe. No se pongan a inventar cosas”, dijo el fiscal Tarek William Saab en febrero de 2025.
Desaparición forzada de militares
Madres, esposas y hermanos también se han unido para conocer el paradero de 16 militares que el 3 de noviembre de 2025 fueron sacados de la cárcel de Ramo Verde (Los Teques). A estos hombres, todos con sentencia cumplida, se les ordenó recoger sus pertenencias, pues serían trasladados a tribunales para recibir su boleta de excarcelación. Nunca llegaron.
El capitán Ronald Marrero es uno de ellos. El 23 de febrero del año pasado cumplió su condena por el delito “contra la seguridad de la FANB”. A los familiares se les dijo que fueron trasladados al fuerte Guaicaipuro, pero los custodios niegan que se encuentren en ese lugar o les dicen que esperen una llamada telefónica.
“No sabemos nada de él, en qué condiciones está su salud ni nada por el estilo. Necesitamos ayuda inmediata, que sea su libertad porque él ya pagó la condena que le impuso un tribunal”, dice su madre.
El primer teniente Willian Paredes está en igual situación. El 30 de marzo de 2025 cumplió su condena por “instigación a la rebelión”, pero al dirigirse a los tribunales de ejecución “nunca hay despacho”.
Paredes fue detenido en Maracay el 13 de abril de 2021, pero en el expediente del juicio se señala que fue presentado el 30 de ese mes. Fue torturado, pero tampoco se dejó constancia en el proceso judicial o se ordenaron las investigaciones respectivas.
Los familiares de Paredes introdujeron un amparo constitucional, pero no han obtenido respuesta. “Nos dicen que debemos esperar una llamada para entregarles sus artículos personales, pero hasta la fecha no hemos recibido tan llamada y tampoco hemos podido verlos”.
Los familiares se enteraron, de manera extraoficial, que estos 16 militares serían presentados en tribunales por un nuevo caso. “No entendemos por qué, si ellos ya cumplieron su condena. Ellos tienen que estar en libertad. Esa nueva causa es falsa, ¿van a esperar hasta el 3 de noviembre para enjuiciarlos por una nueva razón?”.
El año pasado pudieron reunirse con el mayor general Luis Ojeda, director general del Servicio Penitenciario Militar (Dispemil), y el general de División Manuel Cova Cardona, defensor general militar. Ninguno les ha dado información.
Zona 7: un lugar sin respuestas
Desde el pasado 8 de enero, un grupo de familiares se ha concentrado -al igual que en otros centros de reclusión- a las afueras de Zona 7, como se conoce al comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ubicado en Boleíta, municipio Sucre del estado Miranda.
Familiares presumen que al menos 25 personas están detenidas en estos calabozos. Estos hombres y mujeres fueron arrestados, la mayoría de forma arbitraria, por funcionarios de la PNB u otros organismos en distintos procedimientos durante la segunda quincena de noviembre de 2025.
De este grupo, solo Yessy Orozco pudo recibir una “confirmación” sobre uno de sus familiares. Es hija del diputado Fernando Orozco, detenido el pasado 25 de noviembre. Ese día también detuvieron a su esposa, Dilia Castillo, uno de sus hijos, Brayant Fernando Orozco, y Carolina Briceño, una expareja.
A Yessy le mostraron un vídeo donde su madre le dice que “está bien”, pero no pudo tener la misma confirmación del resto de sus familiares. Esa “fe de vida” se la entregaron para que mediara con el resto de las mujeres concentradas a las afueras del comando y se retirasen del lugar.
“No nos vamos a mover de aquí”, ha sido la respuesta de cada una de las madres.
Alicia Rojas es la esposa de Arnaldo Méndez Silva, de 56 años y sindicalista del sector salud. El trabajador del hospital Universitario fue detenido el 25 de noviembre de 2025 dentro de su vivienda ubicada en El Valle (Caracas) por funcionarios de la PNB. Desde entonces no ha podido verlo.
Rojas se ha trasladado a diversos centros de reclusión y, presume, su esposo se encuentra en Zona 7. Entregaron documentos al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y una solicitud de habeas corpus al Tribunal Supremo de Justicia, pero ninguna ha sido respondida.
La Hora de Venezuela ha podido conocer que al menos una decena de detenciones arbitrarias se practicaron luego del 24 de noviembre, fecha en que el Departamento de Estado de Estados Unidos informó sobre su intención de designar al «Cartel de los Soles» como organización terrorista.
A este «cártel» está vinculado Nicolás Maduro, quien fue capturado por fuerzas militares estadounidenses el pasado 3 de enero durante un ataque armado a varios puntos de Caracas, La Guaira y Miranda. Junto a su esposa, Cilia Flores, fue presentando ante un tribunal de Nueva York.
Casos emblemáticos
Las desapariciones forzadas, temporales o permanentes, han sido identificadas en el país como parte de un patrón de violaciones a los derechos humanos (que incluye detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales) para reprimir a la disidencia, real o percibida por las autoridades como tal. Esta práctica también se extiende a familiares para conseguir información o que el señalado se entregue.
Desde 2019, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas ha solicitado permiso al Estado para hacer una visita en terreno, que fue reiterada en abril de 2020, pero no han recibido el visto bueno de las autoridades. Justamente ese año, el Foro Penal registró 524 desapariciones de corta o larga duración.
También han solicitado información sobre al menos 30 casos, sin respuesta oficial del Estado venezolano.
Desde febrero de 2015 se encuentran desaparecidos Alcedo Mora y los hermanos Eliécer y Esnéider Vergel Prado. Según los relatos que han podido armar sus familiares, los hermanos se encontraban junto a Mora cuando fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el estado Mérida, tras denunciar una red de tráfico de combustible que incluía a figuras del chavismo y de Pdvsa.
Merlyn Tovar y su vecino José Alejandro Martínez desaparecieron en medio de un operativo hecho por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en la población de Capaya, estado Miranda, en mayo de 2017. Sus familiares presumen que fueron asesinados por los policías, pero negaron en un interrogatorio que hubiesen “dado de baja” a ningún ciudadano.
Merlyn Tovar y José Martínez desaparecieron el 20/05/17 de la localidad de Capaya en medio de un operativo de la PNB,hasta el día de hoy se desconoce su paradero,no hay detenidos a pesar de existir evidencias de peso y el caso ha pasado de fiscal en fiscal #DondeEstánJoséYMerlyn pic.twitter.com/jdaQtf3Bvz
— Convite A.C (@conviteac) August 30, 2018
Hugo Marino Salas también se encuentra en desaparición forzada desde el 20 de abril de 2019, cuando fue detenido por funcionarios de la Dgcim. Desde esa fecha, ni el organismo de contrainteligencia ni el Estado venezolano han respondido las solicitudes de información sobre el paradero del buzo, que llegó a Venezuela ese año para atender asuntos de rutina, ya que tenía oficinas en el país.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
