La organización Laboratorio de Paz presentó una propuesta técnica denominada “Hoja de Ruta para la Reconstrucción Democrática e Institucional de Venezuela”, un documento que sistematiza una década de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Mediante el análisis de 591 recomendaciones emitidas por la CIDH entre 2014 y 2024, la organización extrajo mandatos estructurales que conforman el “núcleo normativo sustantivo” de dicha hoja de ruta. El objetivo es transformar una década de denuncias en orientaciones programáticas verificables que puedan ser ejecutadas por actores nacionales e internacionales en un eventual proceso de cambio.
No se trata de un plan de gobierno ni una propuesta de un partido político, sino una arquitectura mínima de transición basada en la premisa de que Venezuela no enfrenta fallas aisladas, sino un “colapso funcional del Estado democrático”.
Para abordar esta crisis de forma estratégica, Laboratorio de Paz organiza las reformas necesarias en siete ejes temáticos que buscan restaurar la dignidad ciudadana y el equilibrio de poderes, explicados a continuación:
Institucionalidad democrática y Estado de derecho
Este eje aborda el problema central de Venezuela como un colapso sistémico provocado por la cooptación de los poderes públicos por parte del Ejecutivo. La hoja de ruta exige el restablecimiento de la separación de poderes y el control ciudadano sobre el Estado.
Retorno al Sistema Interamericano: Es imperativo que el Estado ratifique la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconozca nuevamente la competencia de la Corte IDH.
Transparencia: Se propone adoptar legislación sobre acceso a la información pública y promover espacios de control ciudadano en todos los procesos del Estado,.
Justicia e independencia judicial
Para la CIDH, la justicia venezolana ha sido capturada y convertida en un instrumento de persecución. La propuesta se centra en desmantelar la impunidad estructural que impera desde 2017.
Fin de la provisionalidad: Se deben adoptar medidas urgentes para reducir el alto número de jueces provisorios y otorgarles garantías de estabilidad en sus cargos.
Justicia militar y penal: Es fundamental que los civiles dejen de ser procesados por tribunales militares y que cese el uso arbitrario del sistema penal para silenciar la disidencia.
Derechos políticos y participación democrática
Este eje busca revertir el vaciado de contenido de los derechos políticos, que han sido usados como mecanismos de legitimación autoritaria.
Integridad electoral: La hoja de ruta exige la publicación de todas las actas de votación, auditorías independientes con presencia de la sociedad civil y observación internacional.
Inhabilitaciones y diáspora: Se deben dejar sin efecto las inhabilitaciones administrativas de la Contraloría y garantizar el derecho al voto de los venezolanos en el exterior.
Seguridad ciudadana y uso de la fuerza
La CIDH denuncia un patrón donde la seguridad pública opera bajo una lógica de “enemigo interno”. La transición requiere un cambio profundo en la gestión del orden público.
Desmilitarización: Es vital excluir a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad ciudadana y del control de manifestaciones pacíficas.
Control de “colectivos”: El Estado debe abstenerse de apoyar a grupos civiles armados y asegurar que las instituciones de inteligencia tengan un control externo e independiente.
Libertad de expresión y espacio cívico
La propuesta identifica que la censura no es un efecto colateral, sino un pilar funcional del modelo actual para silenciar voces críticas.
Protección a la prensa: Se exige el cese de la estigmatización desde el poder y la protección de periodistas frente a detenciones arbitrarias o confiscación de equipos.
Cese de la censura digital: El Estado debe abstenerse de bloquear sitios web y servicios de internet como forma de control de información.
Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca)
La crisis humanitaria es vista como una herramienta de “control político” y disciplinamiento social. La reconstrucción requiere que los servicios básicos dejen de depender de la lealtad política.
No discriminación en ayudas: El acceso a programas como los CLAP debe optimizarse bajo criterios de derechos humanos, sin distinción por opinión política.
Autonomía y salud: Es necesario garantizar la autonomía universitaria y publicar datos epidemiológicos y estadísticas de mortalidad de forma regular.
Protección diferenciada de grupos vulnerables
La hoja de ruta advierte que, sin un enfoque interseccional, la transición solo sería una sustitución de “élites” que ignore a los más afectados por la crisis.
Mujeres y niños: Se priorizan medidas contra la violencia de género, la reducción de la mortalidad materna y la protección de niños en contextos de protesta.
Pueblos indígenas y migrantes: El plan incluye garantizar derechos territoriales frente a la minería ilegal (como en el Arco Minero) y atender la crisis de migración forzada mediante la protección internacional.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
