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Prosperidad en libertad, fundamento occidental del orden nuevo

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El derecho internacional contemporáneo –suave civilizador de las naciones, como le titula Marti Koskenniemi, reputado jurista finlandés– hace crisis a partir de los años 60 del pasado siglo. No es ahora, como se afirma, sobre todo por los europeos y por los libelistas del progresismo quienes lo infringen y después se apalancan sobre sus metáforas para denunciar a Estados Unidos por sus acciones militares unilaterales en varias partes del mundo, cuando sus garantías han hecho aguas y se han demostrado inefectivas.

Los aliados del progresismo globalista, unos, los causahabientes del catecismo de Marx ahora sustituido por el decálogo de Gramsci, y los otros, iliberales a secas, ayer enemigos acérrimos del comunismo y practicantes del capitalismo salvaje, todos a uno, desde el cenáculo mismo de Naciones Unidas han trastocado a su arbitrio las soberanías e independencias de las naciones atlánticas para procurar sus disoluciones sociales. Se han afanado para instaurar la dictadura global del relativismo y la fugacidad, es decir, la del relativismo democrático a partir de 1989; relativismo en las libertades de quienes sostengan los valores del patrimonio judeocristiano, relativismo, en fin, en las esencias de la naturaleza humana y en los derechos que puedan desprenderse de la misma, que le sean inherentes.  Así lo denunció en su momento Benedicto XVI, antes de verse presionado a la renuncia. 

Un acto de racionalidad práctica, lo afirmaba Jacques Maritain en 1949, hizo posible un acuerdo entre el Este y el Oeste del mundo sobre el catálogo de derechos humanos que todos se obligaban a defender, de manera universal. Sería el freno válido de las soberanías estatales a partir de 1948. Mas llegado 1963 Europa se muestra dividida, parcelada en dos partes. La separa la Puerta de Brandemburgo. Media una oposición abierta entre su cultura del derecho y las libertades y el totalitarismo comunista, que usando de sus soberanías esgrime tener una concepción distinta en materia de derechos fundamentales y decide avanzar con su ideología más allá de sus fronteras, fisurando los espacios geopolíticos occidentales.

La declinación práctica de la Carta de San Francisco y su manipulación al detal no se hace esperar. Ya paralizado el sostenimiento del orden mundial posbélico por la inacción del Consejo de Seguridad, solo resuelta por vía de excepción en 1953, por la Asamblea General a propósito de la guerra en Corea, sucesivamente hubo de proveer Occidente a su propia defensa y blindaje. Sobre ese telón de fondo, aquél y éste, nace la Conferencia de Política de Seguridad con sede en Munich. Hoy la integran más de 70 países junto a sus jefes de Estado y de gobierno, primeros ministros, cancilleres, parlamentarios, altos jefes militares, actores de la sociedad civil, empresas y medios de comunicación.

La crisis cubana de los misiles –lo ha advertido Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, en su memorable e histórico discurso de 2026 en Múnich– hizo comprender al conjunto de los occidentales que estaban amenazados los fundamentos de su civilización, desde entonces. La unidad se entendió, en la circunstancia, como crucial, y a la seguridad y defensa se le dio un sentido teleológico, consistente con esa realidad e identidad subyacente, la occidental, compartida por todos sin mengua de sus pluralidades culturales, sus modos de hacer las mismas cosas con idéntico propósito, pero de formas diversas.

“Formamos parte de una misma civilización: la civilización occidental. Estamos unidos por los lazos más profundos que puedan compartir las naciones, forjados por siglos de historia común, fe cristiana, cultura, patrimonio, lengua, ascendencia y los sacrificios que nuestros antepasados hicieron juntos por la civilización común que hemos heredado”, afirma Rubio ante su audiencia, el pasado 14 de febrero. Y ajusta, pertinente y oportuno: “La pregunta fundamental que debemos responder desde el principio es qué es exactamente lo que defendemos, porque los ejércitos no luchan por abstracciones. Los ejércitos luchan por un pueblo; los ejércitos luchan por una nación. Los ejércitos luchan por un modo de vida. Y eso es lo que defendemos: una gran civilización que tiene todas las razones para estar orgullosa de su historia”.

El deconstructivismo, como corriente posmoderna que al término deja sin base cierta al derecho internacional y sus predicados vertebrales, una colectividad de estados soberanos e independientes cuyos poderes se encuentran limitados por la primacía del principio ordenador del respeto a la dignidad de la persona humana y, de suyo, la prohibición de la guerra y la obligación de resolver pacíficamente los conflictos llega animado por el llamado «quiebre epocal».

Los causahabientes del final del socialismo real se mueven sobre dicho tablero. Predican, así, el desencanto democrático, en casual coincidencia con el derrumbe soviético y como primera línea de cuestionamiento al Occidente de las leyes, propiciando el regreso de la experiencia de la democracia hacia su forma más elemental, la electoral. La vuelven un vicio.

Entretanto, de forma coetánea, menguan las libertades de pensamiento y expresión, de asociación y de reunión, y de discernimiento político en libertad como contrapesos y salvaguardias ante el poder gubernamental arbitrario, en los países ganados para el deconstructivismo. Les viene como anillo al dedo la emergencia de las grandes revoluciones, la digital y la de la inteligencia artificial, pues cosifican la experiencia humana, la deslocalizan y vuelven sensorial, y cultivan la instantaneidad, haciendo imposible toda moral democrática.     

El voto, desde ese hito, a partir del siglo XXI deja de estar en manos ciudadanas. Se le reduce a algoritmos bajo disposición –así lo ha demostrado la experiencia inaugurada en Venezuela– de las élites cibernéticas y de sus narrativas, que instalan sobre las redes con efectos fugaces envolventes, útiles para el dominio de las circunstancias. Y si se trata del discernimiento político que habría de preceder y conducir a todo objetivo electoral, basta lo que ahora desnuda el pontífice actual, León XIV, al inaugurar su papado: “No se pueden construir relaciones verdaderamente pacíficas, incluso dentro de la comunidad internacional, sin verdad. Allí donde las palabras asumen connotaciones ambiguas y ambivalentes, y el mundo virtual, con su percepción distorsionada de la realidad, prevalece sin control, es difícil construir relaciones auténticas, porque decaen las premisas objetivas y reales de la comunicación”.

El error de Occidente

Lo veraz no es solo que la fuerza persuasiva del deconstructivismo progresista y/o iliberal sea la responsable de la deconstrucción de las realidades institucionales en Occidente. El poder de los Estados, los mayores y los medianos e incluso los recipiendarios y rezagados del eje atlántico residió en sus autonomías políticas y económicas relativas, en medio de términos de intercambio y de complementación que se ajustaban por vía de la cooperación internacional. El secretario Rubio desnuda el error político sobrevenido, el de 1989: “Fue una elección política consciente, una iniciativa económica que duró décadas y que despojó a nuestras naciones de su riqueza, su capacidad productiva y su independencia. Y la pérdida de soberanía de nuestra cadena de suministro no fue la consecuencia de un sistema de comercio mundial próspero y saludable. Fue una tontería. Fue una transformación tonta pero voluntaria, de nuestra economía que nos dejó dependientes de otros [pensemos en China]para satisfacer nuestras necesidades y peligrosamente vulnerables a las crisis”, señala.

Esas crisis, como cabe recordarlo, fueron usadas y explotadas por los enemigos de Occidente para desmontar las estabilidades políticas y democráticas en un momento en el que a la vez estas vivían su crisis de cambio, generalmente inadvertida. Venezuela fue el paradigma y la pionera en la región. Asume como dogma el célebre Consenso de Washington, sin valorar el contexto social y cultural que a la par se estremecía ante la simplificación del predicado del «final de la historia» y las ideologías, obviándose la alerta del choque de civilizaciones en puertas.

Solo una década había transcurrido desde la adopción del Consenso, cuando emerge la violencia deslocalizada del terrorismo sin Estado ni soberanía. Derrumba los símbolos del capitalismo en la Roma del siglo corriente. El sistema de la ONU evidenció su irrelevancia. Quedaron fracturadas las bases del derecho internacional posbélico. Luigi Ferrajoli, más allá de sus opiniones sobre lo circunstancial, admite que aquel es muy frágil, que es una realidad el regreso de lo global al «estado de naturaleza» como el evidente clima de guerra y el «colapso del derecho»; el colapso radical de lo institucional y la vigencia [transicional] de la «ley del más fuerte». El corolario, cree, no es la mera reforma, sino la urgencia de la “refundación” de unas Naciones Unidas que avancen más allá de las declaraciones de principios, que formen ex novo una constitución «eficaz» para la Tierra en un mundo claramente bipolar (CNN, 26 de enero de 2026).

“En los asuntos más urgentes que se nos plantean, no tiene respuestas y prácticamente no ha desempeñado ningún papel. No pudieron resolver la guerra en Gaza… No ha resuelto la guerra en Ucrania… Fue incapaz de frenar el programa nuclear de los clérigos chiitas radical de Teherán…”, insiste el secretario de Estado norteamericano, sin dejar de apuntar al realismo: “En un mundo perfecto, todos estos problemas y muchos más se resolverían mediante diplomáticos y resoluciones enérgicamente formuladas. Pero no vivimos en un mundo perfecto…”, finaliza.

En la coyuntura cabe que nos preguntemos, sin embargo, ¿cuáles serán las categorías constitucionales del orden global que habrá de emerger? Rubio, sin abordar el fondo, obviamente, atina en la formulación de la advertencia: “No queremos que nuestros aliados se vean atados por la culpa y la vergüenza. Queremos aliados que [al igual que los chinos, agregaría] estén orgullosos de su cultura y patrimonio… No queremos que… racionalicen el ‘statu quo’ roto en lugar de reconocer lo que es necesario para arreglarlo”.

Estados Unidos, por lo pronto, fija un marco infranqueable: “preservar la libertad de acción que nos permite forjar nuestro propio destino, no una para gestionar un estado de bienestar global y expiar los supuestos pecados de generaciones pasadas”; que, al cabo, sin lugar a duda, es lo que estimula el progresismo, para que nos avergoncemos de lo que somos y para que medremos como adanes sin paraíso.

Quienes ayer, desde los núcleos originales del señalado progresismo –como el Foro de São Paulo– procuran, antes de regresar luego sobre sus pasos, volver a las raíces de lo nacional, a Bolívar, a Martí y a Sandino, para denunciar la amenaza de la unipolaridad, el secretario de Estado, lapidado por estos, declara bien que “no podemos anteponer el llamado orden mundial a los intereses vitales de nuestros pueblos y nuestras naciones”.

Y mientras el maestro Ferrajoli, maximalista como filósofo y teórico del Derecho, sugiere una Constitución para Tierra y una Corte Constitucional Mundial que invalide los atentados a sus normas sobreponiéndolas al todo y ante todos, la misma experiencia de la ONU alecciona en línea diferente. Muestra la inefectividad de lo normativo solo inscrito sobre las exigencias de la Justicia –apartando las desviaciones ideológicas que han corroído al sistema– cuando se separan de la dimensión sociológica. Siempre se requiere de una variable de poder legítimo factible, que garantice la efectividad de lo normativo dentro de los propios límites que mandan la Justicia y el principio de la mayor libertad.

La prueba madre en todo orden constitucional, el internacional y el de los Estados, reside, por ende, en la posibilidad real de que ante toda ruptura o ilicitud se haga exigible, en la práctica, la respuesta, el cumplimiento del deber de responsabilidad por quien, como individuo o en nombre del Estado haya desplegado comportamientos atentatorios contra los principios universales de humanidad. Construir ese equilibrio, muy complejo, demanda reconocer los extremos en tensión, sin que uno se sobreponga al otro. En suma, globalización sí, pero respetuosa de las localidades, de lo que es irrenunciable como tejido existencial, plural e identitario de las sociedades. No habrá paz sin democracia, sin libertad, es lo que le ha recordado Oslo al conjunto de Occidente al inaugurarse el año presente, renovándole su memoria, para que se reencuentre con sus huellas extraviadas y se cure de falsas utopías.

correoaustral@gmail.com | @asdrubalaguiar

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Rodríguez afirma que muchos excluidos de la amnistía serían considerados para recibir indulto

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El presidente de la Asamblea Nacional de corte oficialista, Jorge Rodríguez, anunció que hasta este sábado, 21 de febrero, han recibido más de 1,500 solicitudes de personas privadas de libertad para acogerse a la Ley de Amnistía.

Durante una declaración televisada, Rodríguez precisó que han recibido 1,557 solicitudes “que se están atendiendo de inmediato y en este momento ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la Ley de Amnistía”

Pero además, el oficialista señaló que hay otras 11,000 personas que tienen medidas cautelares como régimen de presentación o casa por cárcel, las cuales también están contempladas en la ley que aprobó la Asamblea Nacional el pasado jueves, 19 de febrero. “Esas 11.000 personas sí van a ser atendidas por el comité de seguimiento de la Ley de Amnistía”, aseguró.

“El que cree en el diálogo para la construcción de la paz hace un aporte donde la paz es duradera, donde todos nos respetemos y podamos discutir diferencias sin recurrir al odio ni a la polarización”, expresó Rodríguez al referirse sobre el espíritu de la ley.

Asimismo, Rodríguez afirmó que “muchas” de las personas excluidas de la ley “están siendo consideradas” para recibir “medidas de gracia” o indultos del Ejecutivo.

Rodríguez se refirió a casos como el del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa quien, a su juicio, tendría que haber sido excluido de la amnistía y se le otorgó libertad plena. “Este señor, no me acuerdo el nombre, maracucho. ¿Cómo se llama? Guanipa. Él está entre las personas que debieron ser excluidas porque convocó acciones violentas contra Venezuela. Pero se decidió que se le diera una medida, que espero que él sepa apreciar bien, ojalá, y en este momento goza de libertad plena”, dijo.

El día anterior, el diputado Jorge Arreaza aseguró que 379 presos políticos serían beneficiados con la Ley de Amnistía. Arreaza precisó que se otorgará la amnistía a 371 personas en Caracas, cinco en Barinas, dos en Portuguesa y una en Monagas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Del arrastre al galope: 2026, el año del caballo de fuego, promete moverse

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Pasar de la culebra de palo al caballo de fuego supone un cambio de ritmo que, para un país acostumbrado al movimiento lento y viscoso, casi parece una provocación. Y así, como quien no quiere la cosa, se alinearon el calendario gregoriano y el lunar para recordarnos que hasta los astros pueden ponerse de acuerdo cuando se trata de acelerar las cosas… aunque nadie haya pedido tanta velocidad.

La culebra, dicen, es sigilosa y arrastrada. De palo, además, rígida y resistente. No hace ruido; simplemente aparece cuando ya es tarde. Ataca por hambre o por defensa, como tantas decisiones que vimos el año pasado: silenciosas, calculadas y, por momentos, estrangulantes. Fue un año serpentino, sin duda. Uno de esos que se enroscan alrededor del cuello colectivo mientras alguien insiste en que todo forma parte de una “planificación estratégica”.

Para la tradición china, la culebra de palo representa transformación profunda. Y algo de eso hubo: cambios que llegaron como susurro y terminaron siendo gritos. Renovación, crecimiento… o al menos la promesa de ambos, que en estas latitudes suele funcionar como moneda simbólica.

Ahora entra el caballo de fuego. Y aquí la cosa cambia: del arrastre al galope. Energía explosiva, acción inmediata, impulso sin mucha paciencia para la reflexión. Según los expertos —si no me cree, googléelo— es el año ideal para lanzar proyectos, liderazgos y ambiciones que llevaban tiempo en el establo esperando permiso.

El caballo acelera los acontecimientos. Lo que parecía estancado se mueve, a veces demasiado rápido. Casi como si el horóscopo hubiese sido redactado desde alguna oficina con vista a El Helicoide, donde las sorpresas nunca llegan caminando sino corriendo.

Pero cuidado: el fuego ilumina y también quema. La energía que impulsa puede convertirse en destrucción si no se maneja con cierta inteligencia emocional, algo escaso en tiempos de hiperventilación colectiva. El ataque silencioso de la culebra se transforma ahora en un golpe veloz, inesperado, sin tiempo para el análisis de contexto.

El silencio reptiliano se vuelve respiración agitada. Calor constante. Un ritmo que, si no se acompasa, termina en burnout nacional, categoría no reconocida oficialmente, pero ampliamente practicada.

Claro, el fuego también trae luz; y, después de un período prolongado de oscuridad, cualquier chispa se agradece, aunque sea para ver mejor el desorden.

Como todo buen sistema zodiacal, el año favorece a unos y castiga a otros. Ratas, bueyes y conejos, por ejemplo, no suelen llevarse bien con la energía del caballo de fuego. Algo que suena sospechosamente familiar para quienes viven en permanente incompatibilidad con el momento histórico.

Los expertos recomiendan evitar el exceso de color rojo para mitigar efectos adversos. Consejo útil en un país donde el rojo ha sido, durante años, más que un color: una experiencia multisensorial.

Los nacidos bajo el signo de la cabra —o la oveja, según el traductor que uno prefiera— parecen tener mejor suerte. Se espera que actúen como fuerza estabilizadora frente al ímpetu impulsivo del año, aportando creatividad y cierta calma maternal. En otras palabras, les toca ser adultos responsables mientras el resto galopa.

El gallo de tierra, en cambio, entra en conflicto indirecto con Tai Sui, el Dios del Año. Traducción libre: obstáculos inesperados, relaciones tensas y la sensación de que la suerte se cae justo cuando parecía agarrar vuelo. Además, advierten mayor propensión a enfermedades y accidentes.

El conejo de agua tampoco la tiene fácil. Su relación con la deidad del año viene marcada por fricciones, trabas y la incómoda sensación de que el entorno dejó de cooperar. Su sabiduría será puesta a prueba, algo que en este país suele equivaler a descubrir que la paciencia también tiene fecha de vencimiento.

Tanto el mono de fuego como el tigre de fuego experimentarán una fase de transformación intensa, aunque con dinámicas distintas según su relación natural con el caballo. La energía del caballo de fuego impulsa al mono a salir de su zona de confort y expandir su mundo. Se sugiere “limpiar” la vida de vínculos o hábitos pesados a inicios de año para avanzar con ligereza.

Para el tigre de fuego es un año de “uniones afortunadas”; los solteros podrían encontrar el amor y las parejas fortalecerán su complicidad. Para el tigre, sin embargo, la velocidad del caballo de fuego puede llevarle a empujar demasiado fuerte, resultando en un colapso físico o emocional, especialmente durante los meses de verano.

Así que aquí estamos: dejando atrás el sigilo de la culebra para abrazar el galope del caballo. Pasamos del silencio al ruido, del cálculo al impulso, del arrastre al vértigo. Si el horóscopo chino tiene razón, 2026 será un año de movimiento acelerado.

Y en Venezuela, donde llevamos años esperando que algo finalmente se mueva, quizás lo más sensato sea ajustar el casco, apretar las riendas, respirar profundo y tratar de no caerse del caballo antes de que termine la carrera… sobre todo, sabiendo que el 2027 será el año de la cabra de fuego.

Por si acaso siente usted la misma propensión que yo a googlear ciertas fechas y actores, aquí le dejo unos “datos calientes” estilo gaceta del 5y6 para este año hípico: Delcy gallo de tierra, Diosdado y Vladimir son cochinos de agua, Cilia es mono de fuego y Nicolás tigre de fuego, María Corina es cabra de fuego… ¡Suerte y gaceta hípica!

@bocaranda20

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Táriba Malpica: el diseñador gráfico señalado de ser militar estadounidense

Dos intentos de suicidio ya ha tenido Luis Armando Táriba Malpica de 29 años. Desde septiembre de 2024 el carabobeño se encuentra arrestado, acusado de los delitos de terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir y conspiración con gobierno extranjero. 

Táriba fue aprehendido luego de que fuese acusado por una vecina de ser un “militar estadounidense infiltrado”, según expuso su madre, Priscilla Malpica.

Malpica indicó que su hijo padece de TDAH (Trastorno por Deficit de Atencion e Hiperactividad) y por ello se obsesiona con cosas que le atraen.

“¿Qué pasa con esto? Él empezó a vestirse con ropa de camuflaje porque su sueño frustrado siempre fue el de ser militar, pero no pudo serlo porque aparte de su compromiso de aprendizaje, también tiene un tema cardiológico, tiene un prolapso de la válvula mitral”, dijo la madre de Luis Armando.

Malpica aseguró que pese a su predilección por la ropa camuflada, Táriba no portaba vestimenta alguna del Ejército venezolano. “Él compraba su ropa en los buhoneros o en tiendas populares, ese día cargaba un pantalón de camuflaje, sus botas, una camisa verde olivo y un morral, también camuflado”.

Priscilla indicó que su hijo nunca imaginó que la predilección por usar prendas militares lo iba a convertir en un preso político de los que la ONG Foro Penal contabiliza más de 600 actualmente.  

“Incluso funcionarios de la policía le pasaban por el lado y lo saludaban, le tocaban la corneta, la sirena de las patrullas. Varias veces se le dijo que no se vistiese así, pero no quiso escuchar ”. 

Malpica aseveró que su hijo fue detenido por miembros de la Policía Municipal en su sitio de trabajo en la avenida Bolívar de Valencia y lo llevaron a un módulo en la urbanización Prebo.

Posterior a su estancia en la sede de la policía municipal, Luis Armando fue trasladado al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide de Caracas. “Nos dijeron que les iban a hacer unas preguntas y luego regresaban a su casa y ya tenemos un año y cinco meses en esto, sigue detenido”. 

Malpica expuso que el día que lo presentaron en tribunales, su hijo se desmayó producto del shock emocional y su compromiso cardiológico. “Debido a eso lo llevaron de El Helicoide a la sede de la PNB (Policía Nacional Bolivariana) en La Yaguara, ahí estuvo 45 días hasta el día de la audiencia preliminar”. 

Priscilla contó que su propio hijo le dijo que no tenían pruebas en su contra. 

“No entendía por qué lo dejaron preso, el juez sólo accedió a hacerle exámenes psicológicos, psiquiátricos y psicopedagógicos, desconoció totalmente el diagnóstico cardiológico, pese a que presentamos todos los informes”.      

Luego de la audiencia, Malpica sostuvo que la defensa pública les indicó que Táriba estaba siendo enjuiciado con dos señores desconocidos.

“Él los conoció en la PNB de La Yaguara, no los había visto anteriormente, ni idea de que hacia ahí y por qué”.    

La madre de Luis Armando comentó que a este le dijeron que si se declaraba culpable le reducirían la sentencia.

“Él les dijo que no se iba a declarar culpable porque no era terrorista, no es político ni traidor a la patria y mucho menos está asociado con nadie para delinquir. Ni siquiera está inscrito en el Consejo Nacional Electoral (CNE), no vota”.  

Malpica indicó que el juicio en el Tribunal 3 de control de Terrorismo y 52 de control ordinario de la Circunscripcion Judicial del Area Metropolitana de Caracas no ha empezado por retardo procesal.

“Tengo entendido que legalmente ya debería estar libre porque si no hay pruebas y tiene más de un año de retraso procesal, sumado a su cardiopatía y compromiso de aprendizaje, debería estar en la calle”, dijo Malpica. 

La tristeza e impotencia arropan

La madre de Luis Armando manifestó que este es diseñador gráfico, pero debido a la precariedad laboral en Venezuela se ha visto en la obligación de trabajar de mesonero.

“Es padre de una niña de apenas tres años, tiene un alto sentido de la responsabilidad y el compromiso, siempre ha sido proveedor de su casa, su esposa e hija”.

La propia Malpica, de profesión terapeuta, quedó sin empleo a raíz de la detención de su hijo y se dedica a vender pulseras, caramelos y chupetas en la calle para recolectar dinero.

Malpica indicó que debido a un cuadro depresivo, su hijo ha intentado quitarse la vida en dos oportunidades.

“Él estuvo en la Zona 7 de la PNB en Boleíta y allí se intentó ahorcar en un par de ocasiones”. 

Malpica dijo que actualmente su hijo está recluido en la cárcel de Tocuyito en el estado Carabobo, donde le permiten verlo una vez al mes.

“Tiene una visita familiar y otra conyugal una vez al mes. Me han permitido pasar paquetería sin problema alguno, el me ha dicho que no lo han maltratado ni golpeado”.

Priscilla aseguró que su hijo cree en Dios y se ha aferrado a la Biblia. “Él es cristiano y tiene mucha fe”.

La madre de Luis Armando admitió que el sufrimiento de su hijo es de carácter emocional.

“Hay días en los que está tranquilo, sereno y centrado, regularmente se muestra animado, pero cuando se termina la visita obviamente nos decaemos, no es nada fácil dejar ahí a mi hijo sabiendo que es inocente”.

Malpica denunció que su hijo no ha recibido la atención médica correspondiente como cita las Reglas Mandela de la ONU.

“Cuando él se desmayó el año pasado, los funcionarios de la PNB lo llevaron al Hospital Pérez de León en Caracas. Ahí indicaron que había que hacerle estudios cardiológicos porque ya había tenido alrededor de cuatro desmayos en el tiempo que había estado detenido”.

Malpica sentenció que se trasladó al Ministerio Público con las órdenes de los exámenes y que incluso un Fiscal fue a Zona 7 a prometer que efectivamente se iban a llevar a cabo.

“Cuando fui la siguiente vez a Caracas me dijeron que sí se los iban a hacer, pero que el oficio estaba en el Ministerio esperando por una firma y un sello, hasta la fecha no le han hecho nada”. 

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El Estado es el principal perpetrador de violencia contra la población LGBTIQ+ en Venezuela

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La población LGBTIQ+ en Venezuela enfrenta un entorno de “desprotección estatal” y “violencia sistemática”, caracterizado por una profunda desigualdad jurídica en comparación con el resto de la región. Esta situación ha convertido a las instituciones en agentes de agresión y al hogar en un espacio de peligro.

De acuerdo con un informe publicado por el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, titulado “Venezuela: La arquitectura del odio y la deuda histórica que asfixia a la población LGBTIQ+”, solo en el primer semestre de 2025 se documentaron cerca de 150 casos de violencia y discriminación. El organismo destaca que, en 2024, el 43,18% de los hechos violentos fueron perpetrados directamente por funcionarios del Estado (25% por fuerzas de seguridad y 18,18% por otros agentes públicos).

El país arrastra una mora legislativa de 16 años que impide el derecho a la identidad de las personas trans, a pesar de las reformas en la Ley de Registro Civil. Asimismo, la exclusión del matrimonio igualitario en el Código Civil refuerza un sistema de “muerte civil” y exclusión para estas familias.

El contexto poselectoral de 2024 agravó la crisis con detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y la persecución de activistas. Políticas como la “Operación Tun Tun” y la Ley de Fiscalización de ONG han forzado el cierre de organizaciones históricas y el exilio de defensores de derechos humanos.

La violencia también se manifiesta a través de discursos de odio emitidos por altos funcionarios y prácticas de extorsión policial. El informe advierte que el silencio institucional es cómplice, pues sin leyes que protejan la identidad y sancionen el odio, el Estado permanece como “el principal verdugo”.

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Jorge Arreaza anuncia que 379 presos políticos serán beneficiados con la Ley de Amnistía

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El diputado Jorge Arreaza, integrante de la comisión especial encargada de ejecutar la recién aprobada Ley de Amnistía Democrática, anunció este viernes, 20 de febrero, que un grupo de 379 presos políticos recibirá medidas inmediatas de libertad y amnistía tras las gestiones realizadas ante el sistema de justicia. Esta cifra representa el inicio de la implementación operativa de la ley, con un despliegue que abarca distintas regiones del país.

En una entrevista concedida al programa A Pulso, el parlamentario compartió información oficial suministrada por los órganos judiciales, precisando: “Me acaban de pasar un papel donde me informan el tanto el Tribunal Supremo como el Ministerio Público que se han recibido solicitudes del Ministerio Público a los tribunales competentes para otorgar medidas de amnistía a 371 en Caracas, cinco en Barinas, dos en Portuguesa y una en Monagas”.

Este anuncio se produce en el marco de una ley aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional, la cual busca, en palabras de Arreaza, cerrar los “ciclos de violencia” y permitir el “reencuentro” de todos los actores políticos bajo el respeto a la Constitución.

“Amnistía es perdón, es el Estado que está perdonando, dándole otra oportunidad a quienes cometieron o presuntamente cometieron un delito con plenos derechos, en un hecho eh político de manifestación o un hecho violento y el Estado le dice ‘muy bien, quedas amnistiado ya no tienes delito, reincorpórate a la vida política y reincorpórate a tu vida plenamente sin el delito'”. Este proceso conlleva la extinción de la causa penal y la eliminación de antecedentes penales y registros policiales para los beneficiados.

La comisión especial, instalada bajo lo establecido en el artículo 15 de la normativa, trabaja actualmente en coordinación directa con el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia para revisar los casos que se ajustan a los hechos ocurridos entre 1999 y 2025.

Asimismo, Arreaza recordó que existe un lapso de 15 días continuos para que el sistema de justicia ejecute las libertades y medidas correspondientes. No obstante, enfatizó que la ley mantiene “exclusiones estrictas” para quienes cometieron homicidios intencionales o atentaron contra la soberanía nacional al solicitar “intervenciones extranjeras”.

Tras los anuncios de Arreza, la mañana de este sábado, 21 de febrero, el vicepresidente del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob, informó que desde el viernes en la noche se comenzaron a producir las primeras excarcelaciones derivadas de la Ley de Amnistía.

A su vez, Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, calificó de “discriminatorio e inconstitucional” excluir de la amnistía a militares presos y perseguidos políticos. “No puede hablarse de convivencia nacional mientras se excluye a un sector tan importante de la sociedad como el militar y a sus familias”, señaló.

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Stalin González: “La puerta quedó abierta para resolver los casos que quedaron por fuera”

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El diputado del Grupo Parlamentario Libertad, Stalin González, declaró que después de aprobada la Ley de Amnistía, cualquier persona puede usar una vía para ser amparado judicialmente. 

“La puerta no se puede cerrar, la puerta quedó abierta para resolver los casos que no están previstos en la ley, y la puerta que quedó abierta es el artículo 15”, dijo en una rueda de prensa ofrecida junto a otros diputados de oposición. 

González reconoció que la recién sancionada Ley de Amnistía tiene varias limitaciones.

“El Estado no ha cumplido su rol de impartir justicia imparcialmente, los tribunales no han cumplido con su papel, es importante que este país tenga instituciones que generen confianza”, sostuvo.

El miembro de Un Nuevo Tiempo manifestó que el artículo 7 permite que las personas que están en el exterior puedan nombrar a un abogado con un poder simple. 

“Los venezolanos en el exterior pueden apegarse a la Ley de Amnistía y venir a Venezuela sin riesgo de ser detenidos. La ley no solo está hecha para los que están presos, sino también para cerrar las causas de mucha gente”, celebró.

González aseguró que sin el 3 de enero, la Ley de Amnistía no hubiese sido aprobada.

“Estamos aquí porque esta es una Venezuela distinta, han sucedido cosas en siete semanas, la voluntad política es diferente a la de antes”, opinó.

Mucho por hacer

Por su parte, la diputada Nora Bracho indicó que si un juez rechaza la solicitud de amnistía, la persona puede apelar.

“Los casos que no son por razones políticos serán enviados a la Comisión de Política Interior, es un clamor del pueblo venezolano que las heridas se cicatricen”, expresó.

Bracho, también de UNT, agradeció a los familiares de presos políticos, las ONG y la sociedad civil que participaron en la elaboración de la ley y recordó que este viernes 20 de febrero fue instalada la comisión especial de seguimiento a la Ley de Amnistía.

“Quedan pendientes temas como la amnistía laboral, la CVG, los empleados de Corpoelec, Pdvsa o personas que por montar un tuit hayan sido privadas de libertad”, resaltó.

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“Fue un fraude”: Familiares de excluidos de Ley de Amnistía exigen decreto presidencial de indulto

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Familiares de aquellos presos políticos que quedaron excluidos de la Ley de Amnistía, aprobada y sancionada por la Asamblea Nacional de corte oficialista, exigieron un decreto presidencial de indulto para poder incorporar a quienes no serían beneficiados.

Durante una rueda de prensa organizada por el Foro Penal, la señora Francis Quiñones, madre del sargento segundo acusado de participar en la Operación Gedeón, Jonathan Franco Quiñones, calificó la ley como un “terrorismo, fraude y un paquete chileno, porque solo incluye a una minoría”.

Quiñones recordó que el Parlamento se reunió con familiares y ONG para escuchar a las víctimas “como quien dice, para cumplir las pautas”. Ironizó que cuando se reunían en privado decían: “‘Ya llamamos a las víctimas y a las ONG, ¿qué hablaron? Basura. No nos importa’. ¿Qué podíamos esperar de la decisión que tomaron, si ellos mismos se cobran y se dan el vuelto?”.

“Ellos tienen a sus mismos jueces y abogados. Es mentira que hayan querido dar este paso valiente hacia la paz y la justicia. Seguimos en lo mismo acá, con las mismas leyes que nos quieren impedir hablar, que nos quieren sancionar, nos quieren cerrar la boca,  pero acá estamos y no nos van a callar, nosotros seguimos luchando por nuestros familiares contra esta extorsión y fraude”, expresó.

Ante esa situación, señaló que los familiares exigen un decreto presidencial para que todos los presos políticos sean liberados, destacando el caso de los “gedeones” o de operaciones militares que no fueron incluidas entre las consideraciones de amnistía. También instó a Laura Dogu, representante diplomática de los Estados Unidos en Venezuela, a investigar cárceles como el Fuerte Guaicaipuro “en la que hay varios desaparecidos, hay familiares que tienen hasta un año y medio sin saber de ellos”.

“Nuestros familiares están desnutridos, locos, mi hijo a mí no me pidió la bendición, él hablaba conmigo y ni me reconocía, temblaba,les dieron el mismo guion, todos decían que no los maltrataban. Creo que ha perdido como 40 kilos. Así como está él están todos los  del Fuerte Guaicaipuro”, cuestionó.

Por su parte, la señora Betzaida Natera, madre del sargento Geomer Natera (caso Cotiza), calificó como una “burla” la Ley de Amnistía y, al igual que Francis Quiñones, denunció las condiciones de presos políticos en el Fuerte Guaicaipuro.

“A un año yo no he podido ver a mi hijo”, alertó la señora, quien exigió que su hijo sea trasladado de nuevo a la cárcel de Ramo Verde.

Una ley a espalda de las víctimas y a “conveniencia” de quien manda

Andreína Baduel, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) y hermana del preso político Josnars Baduel, señaló que la Ley de Amnistía “ratifica que el régimen realmente no tiene voluntad de hacer las cosas distintas”.

En una entrevista que ofreció al programa Conclusiones, conducido por el periodista Fernando del Rincón, Baduel expresó: “Esta Ley de Amnistía, desde que comenzó hasta este momento, inició de forma incorrecta porque su primera discusión se hizo sin siquiera haberse reunido con las víctimas de persecución en Venezuela. Ellos vinieron a escuchar a las víctimas fue porque hicimos una actividad fuera de la Asamblea Nacional luego de la primera discusión, lo que los obligó a recibir a las víctimas y escuchar la cantidad de casos de persecución que ellos supuestamente manifestaron desconocer”.

Aún así, tras haber escuchado a las víctimas, Baduel lamentó que hayan aprobado una ley excluyente “porque dejaría más de la mitad de los presos políticos injustamente presos como lo están y en condiciones de horror”, alertando que aunque el contexto es otro ,“después del 3 de enero, la tortura en Venezuela no ha cesado”.

Andrés Villavicencio, testigo electoral en el estado Falcón durante los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024 y quien tuvo que exiliarse por persecución, también rechazó que la ley implica “que los perseguidos debemos pedir perdón a los verdugos”.

“En mi caso, como testigo electoral exiliado,por defender las actas de mi centro debo ‘pedir perdón’ a Elvis Amoroso, que tiene 572 días violando la ley negándose a publicar el resultado desglosado”, expresó en su cuenta de X.

Por su parte, Zoraida González, madre del preso político José Miguel Estrada, señaló que la ley “está hecha a conveniencia de quien la armó” y denunció que cuando detuvieron a su hijo por el caso de los drones -quien actualmente está recluido en El Rodeo I- fue torturado.

“Le arrancaron las uñas de los pies, lo colgaban, le metían electricidad en sus testículos, le metieron la cara en una poceta llena de excrementos”, narró. Esos tratos crueles le dejaron graves secuelas a su hijo, quien fue detenido a los 23 años y hoy en día tiene 30.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.