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5% de ingresos petroleros para sanear el Lago de Maracaibo: La ley que propone Azul Ambientalistas

En el marco de la posible llegada de nuevas actividades petroleras al estado Zulia durante este 2026, la Fundación Azul Ambientalistas presentó una hoja de ruta con 10 puntos críticos para el saneamiento definitivo del Lago de Maracaibo. El eje central de la propuesta es la creación de una ley que obligue a destinar el 5% de los ingresos brutos de las nuevas concesiones a un fondo exclusivo para la recuperación del ecosistema.

En un video compartido en las redes sociales de Azul Ambientalistas su directivo, Yohan Flores, expuso la propuesta dirigida al gobierno regional, nacional y al de Estados Unidos, que tutela la presidencia encargada de Delcy Rodríguez.

La organización plantea que estos recursos se manejen mediante una cuenta fideicomiso supervisada por organismos multilaterales para que se garantice transparencia en la ejecución de un presupuesto que, históricamente, ha sido opaco.

Instaron también a los ciudadanos y al sector privado a sumarse a esta iniciativa para impulsar el saneamiento del lago más grande de América.

Los puntos clave sugeridos

Entre las medidas de urgencia técnica que plantea la fundación destacan:

  • Sustitución de infraestructura: Reemplazar de manera inmediata los 28 000 km de “tuberías obsoletas” por tecnología de última generación para frenar los derrames.
  • Tratamiento de aguas: Reactivar plantas para evitar que el 80% de las aguas residuales domésticas sigan cayendo al Lago sin procesar.
  • Biorremediación: Utilizar bacterias autóctonas para “devorar” el petróleo residual y controlar la expansión del “verdín” (cianobacterias).
  • Plan “cero derrames” con auditoría externa: exigen protocolos de respuesta inmediata (menos de 2 horas) con equipos de contención permanentes en las plataformas.
  • Impulso a la acuicultura sostenible: Financiar la transición de pesca extractiva a granjas de camarón y cangrejo azul con tecnología que no dependa de la calidad del agua del canal de navegación.
  • Plantas recicladoras de plástico y hacer esta actividad masiva para evitar que estos terminen en la orilla del lago.
  • Educación ambiental obligatoria, mediante la integración en el sistema escolar del Zulia de la cátedra “Cuidado de la cuenca”, desde la que se fomente una nueva cultura ciudadana de no vertido de desechos sólidos.
  • Atención a la fauna y a la flora, proteger la biodiversidad ante los diferentes derrames petroleros y la contaminación en general.

Además, la propuesta incluye un enfoque social y de protección al trabajador, por lo que recomiendan implementar un seguro por contingencia ambiental que indemnice a los pescadores afectados por derrames y la promoción de la acuicultura sostenible para proteger la seguridad alimentaria de la región.

Crisis ambiental de larga data

El Lago de Maracaibo atraviesa una crisis ambiental crítica, marcada por denuncias constantes de comunidades locales y organizaciones no gubernamentales sobre el deterioro de su ecosistema. Derrames petroleros, proliferación de verdín, acumulación de desechos sólidos y plásticos e indolencia gubernamental frente a los derrames, al colapso de tuberías y la desinversión en la infraestructura de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) son constantemente reportados.

En enero de 2023,  organizaciones ambientales reportaron que el año inició con derrames de petróleo constantes que afectaron las costas de los municipios Cabimas y Santa Rita. En junio de ese mismo año, la fundación Azul Ambientalistas declaró un “estado de emergencia” debido a la acumulación masiva de crudo y la proliferación del “verdín” (cianobacterias).

Un mes después, el gobierno anunció el Plan Maestro para el Rescate, Conservación y Desarrollo Sostenible del Lago de Maracaibo, un documento elaborado en el Ministerio de Ecosocialismo bajo la dirección de una Comisión Presidencial, que ha reportado hasta 2026 la sustitución de aproximadamente 927 kilómetros de tuberías de acero por tuberías flexibles para prevenir derrames de crudo y en el marco del cual se activó la planta  “El Swiche”, que procesa 760 litros por segundo, y evita que estas aguas servidas lleguen al lago.

El Estado también informó la extracción de más de 76 000 toneladas de desechos petrolizados como parte del plan de saneamiento, pero a finales de 2024, comunidades locales continuaron denunciando que, pese a la limpieza superficial, las filtraciones de tuberías submarinas no habían cesado.

Habitantes de zonas costeras han reportado en diversas ocasiones enfermedades respiratorias y de la piel debido a gases del crudo y las toxinas del verdín. Adicionalmente, especies en peligro como el manatí, han sido halladas muertas en costas impregnadas de petróleo.

A pesar de las obras, expertos y reportes ambientales señalan que el lago sigue enfrentando problemas críticos, como el “verdín” o presencia de la cianobacteria Microcystis aeruginosa que afecta la oxigenación del agua y la pesca. En agosto de 2024, Alex Ferguson, biólogo y ambientalista, advirtió que el Lago de Maracaibo se encontraba en situación de emergencia por esta bacteria y que el 70% de su superficie estaba afectada tanto por ella como por la contaminación y los derrames petroleros.

Cabe recordar que en febrero de 2025  la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura) iniciaron la validación de un proyecto técnico para el saneamiento integral de la cuenca con apoyo internacional. Recientemente, el Instituto para el Control y la Conservación del Lago de Maracaibo (ICLAM) informó sobre la segunda jornada de monitoreo científico de este año para evaluar la calidad del agua bajo lineamientos de la Vicepresidencia de la República.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El temor a la exclusión marca la solicitud de las amnistías

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Un pasillo de comercios de ropa en los alrededores del Palacio de Justicia, en Caracas, fue el punto de encuentro de familiares de presos políticos este 3 de marzo, quienes acudieron desde las 10:00 de la mañana para llenar las planillas que entregarían en este organismo, con el fin de solicitar amnistía para los parientes que aún siguen detenidos.

Familiares llenando las planillas para solicitar amnistía de sus parientes detenidos / Foto: Andrea González

Hiowanka Ávila, hermana del preso político Henryberth Rivas, detenido por el caso de los drones y recluido en El Rodeo I, refirió que acudieron familiares de presos políticos civiles y militares, así como personas que ya fueron excarceladas quienes personalmente solicitaron adherirse a la Ley de Amnistía para ser beneficiados.

“Estamos a la espera de liberaciones todavía, pero no estamos dejando de hacer el proceso mientras se producen estas liberaciones (…) El hecho de que haya militares excarcelados para nosotros es una puerta abierta, debido que durante estos años a ellos no los habían considerado para liberaciones. Esto a nosotros lo que hace es incentivarnos para solicitar este beneficio”, comentó.

Muchos familiares vinieron desde el interior solo para presentar la documentación necesaria. Amparo García vive en Maracaibo y llegó por el caso de su hija Kristyel Andrade -estilista y madre de cinco hijos-, detenida el 14 de octubre de 2022 en Maracaibo, estado Zulia, por su supuesta vinculación al «caso Conas», el cual fue descrito por las autoridades como un supuesto intento de colocar explosivos en el Palacio de Justicia ese año.

“Los funcionarios querían nuestras dos casas, la de ella y la mía, y 6000 dólares. Como no lo hicimos, se la trajeron para acá sin decirme. Cuando vine a ver ya la habían trasladado al INOF”, relató la señora. A krystel La acusaron de terrorismo, asociación para delinquir y extorsión.

Fotos y nombres de todos los detenidos vinculados al “caso Conas” / Foto: Andrea González

Amnistía aprobada para algunos

El politólogo Nicmer Evans había sido detenido el 13 de diciembre por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y fue excarcelado el 14 de enero de 2026. Hoy acudió al Palacio de Justicia e informó que fue sobreseído de la causa y se le otorgó la amnistía.

“Entré al tribunal, firmé, no tengo la copia de la amnistía porque falta la firma del juez, pero he sido sobreseído de la causa, según el documento que me han presentado en el marco de la Ley de Amnistía”, señaló Evans tras salir del Palacio de Justicia.

Tras haber obtenido el beneficio de amnistía, Evans afirmó que la causa de su detención fue haber revelado la causa de muerte del preso político y exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz. Además, afirmó que más de 600 presos políticos siguen tras las rejas y que la cifra puede superar incluso los 1000. Instó a exigir la reparación de las víctimas: “Hay gente que ha sido robada, expropiada, mancillada, que han perdido sus trabajos, estudios y familiares”.

“Yo vengo de la izquierda, como ustedes saben. Y con base a ese hecho hoy le voy a agradecer a Donald Trump y a Marco Rubio, pues gracias a la convocatoria de transición que han implementado es que yo estoy libre y muchos están saliendo de las cárceles”, agregó.

Otro de los expresos políticos que tramitaron su solicitud de amnistía fue Ángel Godoy, detenido el 8 de enero de 2025 y excarcelado el día 14 de ese mes en 2026. Godoy señaló que solicitó su amnistía la semana pasada, pero no se le ha entregado el documento: “Están todavía en un proceso de orden administrativo, y en una semana aproximadamente, tendríamos documento en mano”, dijo.

Inconsistencias en la Ley de Amnistía

Sairam Rivas, activista y expresa política, afirmó que no hace falta una amnistía para que todos los presos políticos salgan en libertad. Ella fue una de las que acudió a solicitar adherirse a la ley, puesto que estuvo cuatro meses detenida en El Helicoide en el año 2024.

“Fui injustamente detenida en el 2014 junto a muchos jóvenes, quienes también fuimos víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Y cuando se vio este inicio más cruento de la persecución en Venezuela, que luego de las elecciones del 2024 convirtieron en una situación de terrorismo de Estado”, expresó.

Familiares de presos políticos en las afueras del Palacio de Justicia / Foto: Andrea González

La activista fue una de las personas que entregó el recurso para acogerse a la ley, debido a su detención en 2014 durante cuatro meses en el Sebin Helicoide. Además, consideró que la amnistía “no puede ser un instrumento para seguir prolongando el dolor que viven día tras día cientos de familiares a las afueras de los centros de detención y que viven los presos políticos que siguen en este momento privados injustamente de libertad”.

Por su parte, el abogado Joel García advirtió que por la forma en que está redactada la ley, no es general ni cubre el período que dice, generando contradicciones. En cuanto a las personas excluidas, señaló que muchos quieren designar defensores privados, pero no se les permite.

“El juez Carlos Liendo acaba de decirme que el mismo imputado que represento debe firmar la designación (…) Esa ley puede dar libertades, pero no dignifica a nadie”, cuestionó.

Pendón informativo sobre la solicitud de amnistía a las afueras del Palacio de Justicia / Foto: Andrea González

Asimismo, Joel García alertó que la ley de amnistía no contempla reparación ni indemnización a víctimas. Destaca falta de criterio al decidir quiénes son beneficiados o no: “Cuando pones a legislar sobre libertad al que piensa como carcelero, no vas a tener un producto bueno”, sentenció.

Los que esperan

La familia Baduel ha sido duramente golpeada por la injusticia. Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa, murió bajo custodia del Estado y actualmente su hijo Josnars se encuentra en prisión. Fue detenido en mayo de 2020 y vinculado a la Operación Gedeón. Su hermana, Margareth Baduel, introdujo el documento para solicitar amnistía para Josnars, pese a los temores de exclusión.

“Acabamos de introducir este documento como una solicitud de ley de amnistía, ya que en la ley que publicaron un grupo muy extenso sale excluido, pero nosotros como familiares exponemos que ellos están siendo excluidos y que no debería ser, ya que es una ley amplia y deberían tomar en cuenta a todos los casos”, declaró.

Baduel espera que se cumpla el debido proceso y con las promesas que han hecho. Aunque no tiene mucha información, solo le indicaron que debe esperar 10 días mientras pasa por una etapa de “evaluación”. Tiene la expectativa de que el caso de su hermano sea considerado, así como cientos de personas que podrían quedar excluidas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

“Más importante es la economía”: Jorge Rodríguez desestima elecciones en el corto plazo y más perlas

“Viene una recuperación económica, no lo duden”, soltó el presidente de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, Jorge Rodríguez desde la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), horas antes de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) decretara a Nicolas Maduro como ganador de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio de 2024 sin mostrar pruebas.

A poco menos de dos años de esa fecha, la recuperación financiera de los venezolanos siguen sin llegar y nuevamente el parlamentario la esgrimió en una entrevista que le concedió a Luis Olavarrieta, por encima de un eventual proceso para elegir al reemplazo de Maduro, ahora preso en Nueva York y a la espera de un juicio por narcotráfico y terrorismo.

Para Rodríguez, unas futuras elecciones no son más importantes que el bolsillo del venezolano pese a que los artículos 233 y 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela hablan de tiempos, límites y condiciones para Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela luego que Maduro y su esposa Cilia Flores fueran capturados por un comando estadounidense el pasado 3 de enero.  

El artículo 234 de la CRBV reza que las faltas temporales serán suplidas por el vicepresidente, en este caso Delcy Rodríguez, por un lapso de 90 días (hasta el 3 de abril de este año), prorrogables por la AN por 90 días más, en teoría, hasta principios de julio.

“Si una falta temporal se prolonga por más de noventa días consecutivos, la Asamblea Nacional decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta”, expone el artículo.  

El 233 reza que “serán faltas absolutas del presidente: su muerte, su renuncia, o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia; su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el TSJ y con aprobación de la Asamblea Nacional; el abandono del cargo, declarado como tal por la AN, así como la revocación popular de su mandato”. 

Según el texto de la Carta Magna, si se declara una falta absoluta del presidente durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. 

“En Venezuela siempre hay elecciones, pero lo más importante ahorita es la sociedad y la economía”, dijo Jorge Rodríguez, desestimando la posibilidad de un proceso electoral en el futuro cercano. Expresó que la falta de Maduro no es absoluta ni temporal.

“Aquí hay una falta forzada, el presidente fue forzado a abandonar su cargo y la Sala Constitucional del TSJ tiene potestad para decir lo que se va hacer. La vicepresidenta por ahora ha asumido esa envergadura, ahora lo que viene es un proceso de fortalecimiento de todas las instituciones incluido el voto. Tenemos que pintar bien la cancha para cuando se convoquen las elecciones”, sostuvo.

Elecciones supeditadas a consenso

El presidente de la AN opinó que unas futuras elecciones dependerá de puntos de consenso que se acuerden con factores de la oposición: “Hay que ponernos de acuerdo si van a hacer presidenciales, de  Asamblea Nacional, de alcaldes o gobernadores” .

Para el funcionario público, lo fundamental en este momento es estabilizar el país económicamente.

“Después de 900 sanciones, estamos en un proceso paulatino de recuperación económica, necesitamos que se profundice más el proceso de liberación de sanciones, todo lo que entre con fondos soberanos por el acuerdo petrolero con Estados Unidos va a ser dedicado a mejorar la economía de las personas”, aseguró.

No a la derogación de Ley del Odio

Aunque varias organizaciones y miembros de la sociedad civil han exigido la derogación de la Ley del Odio por considerarla que criminaliza a la disidencia y especialmente a las personas, el presidente de la Asamblea Nacional negó que se esté considerando esta opción.  

“No hablé de derogar, sino de revisar la Ley del Odio”, le dijo a Olavarrieta el funcionario.  

Pese al rechazo colectivo que genera, Rodríguez siguió defendiendo el documento legal: “Fue creada en 2017 en un momento de máxima tensión, por supuesto, tiene elementos que deben ser revisados, pero es, por ejemplo, una ley contra  familiares de los políticos, ellos no tienen la culpa y han sido hostigados”.

A pesar de que la Ley de Amnistía no contempla indemnizaciones psicológicas, morales ni económicas, el diputado dijo que en esta está prevista la reparación de las víctimas. 

Por otra parte, y en oposición a las cifras manejadas por ONG, el parlamentario aseguró que 5628 personas han recibido libertad plena en el marco de la Ley de Amnistía.

El diputado también informó que este año, el Parlamento tiene previsto sancionar 34 leyes para mejorar la calidad de vida de la gente.

“Tenemos pensado una serie de leyes que acompañen la reforma económica impulsada por la presidenta, como la Ley de Hidrocarburos, que ya fue aprobada, No queremos seguir diciendo que somos el país con las mayores reservas de petróleo, sino convertir eso en hospitales, escuelas, bienestar para la gente”, dijo.

Rodríguez indicó que la renuncia del Fiscal General de la República y del Defensor del Pueblo permite avizorar un proceso intensivo de reforma al sistema judicial: “La gran mayoría del país está de acuerdo con la paz y el reforzamiento de las instituciones”.

“Gente que se devuelve“

De acuerdo a una investigación, realizada entre el 3 y el 17 de febrero de 2026, el Observatorio de la Diáspora Venezolana determinó que la mayoría de los venezolanos no planea regresar al país. 

En un programa radial, Tomas Páez Lander, presidente del Observatorio, informó que 19,3% prefiere permanecer en el extranjero sin planes inmediatos de retorno, 44,5% regresaría solo si mejoran las condiciones en Venezuela, 11,4% contempla un regreso a corto plazo y 9,6% lo considera posible, pero no de forma inmediata.

Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional indicó que por primera vez en los últimos 12 años la curva de migración se invirtió.

“Son más los venezolanos que están pensando regresar a su país, que los que están pensando en salir, aquí los esperamos con los brazos abiertos”, expresó. 

Aunque no fustigó la política de expropiación estimulada por el fallecido presidente Hugo Chávez, reconoció que con la productora Agroisleña “debió buscarse una solución consensuada”.

También, en cuanto a momentos polémicos del chavismo, se refirió al caso de Radio Caracas Televisión (RCTV). Opinó que la televisora no fue cerrada arbitrariamente. “Se le venció la licencia y no se le renovó por decisión del Estado, hubo una intención del presidente  Chávez de comprarles el canal, pero dueños se negaron”.  

Rodríguez resaltó que tiene una relación estrecha con su hermana y que la tragedia familiar que vivieron los unió más.

“Cuando mi padre falleció ella tenía 5 y yo 10 años, yo asumí el papel que dejó el vacío de mi padre. En 1989 yo era presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela y nos reunimos con Carlos Andrés Pérez, él me preguntó si yo guardaba rencor por lo de mi padre y le dije que mi madre me enseñó a no odiar”, reveló.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Los pasos concretos que exige el CNP al gobierno para recuperar libertad de expresión en Venezuela

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) difundió a través de su cuenta en X un pronunciamiento en el que exige al gobierno tres pasos concretos para recuperar la libertad de expresión en Venezuela.

El CNP señaló que una verdadera “apertura informativa” debe brindar acceso universal y transparente a la información, diálogo abierto y ético entre actores sociales medios, así como también el pluralismo y la diversidad de voces.

“La recuperación de la libertad de expresión en Venezuela no es, bajo ninguna circunstancia, una concesión política ni una moneda de cambio; es un Derecho Humano fundamental e innegociable”, aseguró el CNP.

El CNP aseveró que un ecosistema democrático sano no puede coexistir con la persecución, el bloqueo de portales digitales o una hegemonía comunicacional diseñada para silenciar la disidencia.

Exigencias del CNP al Estado:

Devolución y reapertura

El Colegio Nacional de Periodistas demanda la “devolución inmediata” de los medios de comunicación expropiados y la reapertura de las estaciones de radio y prensa escrita que han sido clausuradas por motivos políticos.

“El espectro radioeléctrico y los espacios informativos son de la ciudadanía”, recalcó el CNP.

Retorno Seguro de Colegas

El gremio exigió también el cese de la persecución judicial que ha forzado al exilio a cientos de periodistas.

“Solicitamos el cierre de las causas penales abiertas por el simple ejercicio de la profesión, garantizando un retorno con garantías de seguridad y libertad”, pide el ente gremial.

Plena vía Amnistía

Otra de las demandas del Colegio Nacional de Periodistas es la libertad plena de todos los periodistas y trabajadores de la prensa que permanecen con medidas cautelares, como presentación ante los tribunales, prohibición de salida del país y de declarar ante los medios de comunicación.

“La Ley de Amnistía debe ser el instrumento jurídico que borre las injusticias cometidas contra quienes solo cumplieron con su deber de informar”, sugirió el Colegio Nacional de Periodistas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

¿Aló, Jorge?: Hechos que desmienten que el periodismo se ejerce sin represalias en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, aseguró este lunes, 2 de marzo, que actualmente en Venezuela se puede hacer periodismo sin temor a represalias.

En entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, Rodríguez aseguró que “el periodismo venezolano está viviendo unos nuevos tiempos”, en referencia a la “nueva etapa” que inició luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de funcionarios estadounidenses y tras una incursión en Caracas.

“Creo que es fundamental el trabajo de todo el periodismo, del periodismo independiente principalmente”, dijo el presidente de la AN y afirmó que cualquiera que sea la posición frente a los medios y periodistas “se debe respetar la libertad de expresión”.

Sin embargo, las declaraciones de Rodríguez contrastan ampliamente con las denuncias realizadas por organismos de derechos humanos y entes gremiales como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) que han documentado, en los últimos meses, detenciones, citaciones, allanamientos y restricciones al ejercicio periodístico en distintas regiones del país, incluso después de la “transición tutelada” por EE.UU tras la captura de Maduro.

Aquí, los cuatro hechos que desmienten que el periodismo se ejerce sin represalias en Venezuela actualmente.

Periodistas sometidos

El SNTP insiste en que, pese a los cambios políticos que han ocurrido luego del 3 de enero, persisten los obstáculos para que los periodistas en Venezuela puedan ejercer su labor libremente.

Registros del gremio precisan que reporteros, camarógrafos y trabajadores de la prensa, tanto nacionales como extranjeros, aún son sometidos a detenciones arbitrarias, confiscación de equipos y limitaciones para acceder a la información pública.

El pasado 5 de enero, día de la instalación de la Asamblea Nacional y juramentación de Delcy Rodríguez, el SNTP denunció que 14 periodistas fueron detenidos. Horas después todos fueron liberados. Según denunció el sindicato, a los comunicadores se les prohibió transmitir en vivo y grabar o hacer fotos.

A los periodistas también se les impide informar hechos que comprometan al gobierno nacional, especialmente temas de corrupción y narcotráfico.

Cabe recordar que antes de aprobarse la Ley de Amnistía, 23 periodistas y trabajadores de la prensa estuvieron encarcelados por ejercer su labor de informar, varios de ellos durante años y en situación de vulnerabilidad, como el periodista Ramón Centeno, quien salió de prisión sin poder caminar por una lesión que se agravó en reclusión por no recibir la atención médica idónea ni oportuna.

Medios cerrados

La organización Espacio Público documentó que en 20 años de chavismo y madurismo han desaparecido más de 400 medios de comunicación, incluyendo prensa escrita, emisoras de radio, televisoras y plataformas digitales.

Según cifras del sindicato, entre 2013 y 2018 desaparecieron 80 de los 155 periódicos que circulaban en el país.

Entre 2003 y principios de 2023, más de 285 emisoras de radio fueron cerradas. De acuerdo a Espacio Público, el año más crítico de la radio independiente fue en 2022 cuando 81 estaciones dejaron de escucharse.

En 2025 más de una veintena de medios radiales han sido obligados a cerrar por presiones o sanciones administrativas de Conatel, regularmente sin previo aviso ni derecho a defensa.

Mientras que, en lo que va de 2026, se ha reportado el cierre de tres emisoras: Impacto 105.3 FM (Táchira), Urbana 94.3 FM (Miranda), Rítmica 104.1 FM (Carabobo) en procesos arbitrarios y denunciados por los gremios como lesivos contra la libertad de expresión.

Bloqueos a portales web y redes sociales

Los bloqueos a portales web y redes sociales, con el pasar de los años, se convirtieron en una política sistemática de censura. Según la organización VesinFiltro, 61 portales de noticias fueron bloqueados de forma permanente. 134 sitios web fueron bloqueados, incluyendo 60 medios de comunicación, durante el ciclo electoral entre julio de 2024 y enero de 2025.

El bloqueo se realiza a través de los principales proveedores de Internet: CANTV, Movistar, Digitel, Inter, Supercable, Vnet, Airtek y NetUno. En la lista se incluye nuestro sitio web Runrun.es, que fue bloqueado desde el año 2020.

Las plataformas sociales de interacción no escaparon de la censura en Venezuela. Después de las elecciones presidenciales del 28 de julio TikTok fue bloqueado por 11 noches consecutivas.

Mientras que la red social X (antes Twitter) está bloqueada en Venezuela desde el año 2024 por orden directa de Nicolás Maduro. Varias VPN (Red Privada Virtual) también han sido bloqueadas para dificultar el acceso a información censurada. La situación se mantiene hasta el presente.

Leyes que criminalizan el trabajo informativo

Actualmente, todavía están vigentes leyes que criminalizan el ejercicio periodístico en Venezuela y que no han sido derogadas. Una de ellas es la Ley Contra el Odio, normativa utilizada para detener y procesar periodistas por “incitación al odio”. Esta misma ha sido aplicada en casos de reporteros detenidos por informar sobre corrupción, inseguridad o protestas.

La Ley de Responsabilidad Social en Radio, TV y Medios Electrónicos, asimismo, permite sanciones administrativas, multas y cierre de medios por contenidos considerados “no aptos” o “contrarios a la seguridad de la nación”. Ha sido usada para sacar del aire emisoras críticas y obligar a la autocensura.

Mientras que la  Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en noviembre de 2024, castiga a medios de comunicación que difundan mensajes considerados promoción de sanciones internacionales.

Sippenhaft como castigo alterno

En Venezuela, diversas organizaciones internacionales, ONGs y figuras políticas han denunciado el uso del Sippenhaft —una táctica de castigo colectivo de origen nazi— que consiste en perseguir, arrestar o torturar a familiares de disidentes para forzar la entrega o el silencio de estos.  La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela ha documentado de la Organización de las Naciones Unidas ha denunciado formalmente el uso de este método en sus informes desde 2021. Los periodistas venezolanos no han escapado de ser víctimas de estas prácticas.

El pasado 26 de febrero, el periodista que acompañó a María Corina Machado en su campaña por las presidenciales, Luis Gonzalo Pérez, reveló que en diciembre de 2025, cuatro miembros de su familia fueron detenidos y amenazados si él seguía informando “sobre la dictadura”.

La actuación del Cicpc ocurrió en los estados Guárico y en Caracas a la misma hora del 5 de diciembre. En la primera entidad detuvieron a sus suegros, posteriormente, se llevaron a su cuñado en su sitio de trabajo, y los funcionarios derrumbaron las puertas de la vivienda de sus padres en Petare, Caracas. Minutos antes, Pérez les había alertado lo ocurrido en Guárico y sus padres pudieron ponerse a resguardo, su tío no corrió con la misma suerte.

“Robaron objetos de valor de la casa, se llevaron detenido a mi tío sin ninguna orden a destino incierto, estuvo en desaparición forzada (…)A mis suegros y cuñados en Guárico los trasladaron de Valle de la Pascua y a San Juan de los Morros. Los sometieron a un interrogatorio intenso para que dieran mi ubicación. A todos, se les indicó que debían hablar conmigo para que yo dejara de informar y hablar sobre la dictadura, ya que los estaba “desestabilizando”. Esa noche fueron liberados y les amenazaron diciéndoles que tenían que hablar conmigo para que yo cesara de informar, o sino, serían nuevamente detenidos”, relató.

En un video compartido en redes sociales, pidió que bajo la Ley de Amnistía, revisen este caso nacional e internacionalmente para proteger a sus seres queridos y para que él pueda materializar su retorno a Venezuela, ya que permanece exiliado.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Piden libertad para sobreviviente de cáncer Manuel Alejandro Bohórquez

La vida del preso político Manuel Alejandro Bohórquez Colina corre riesgo. Así lo expone la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) en una publicación de X.  

La ONG expuso que la condición de salud del zuliano de 31 años, que permanece preso en la cárcel de Tocorón en el estado Aragua desde marzo de 2025, es precaria y requiere una atención urgente.

“Nuestro llamado a las autoridades del Estado venezolano es para que se otorgue de manera inmediata la libertad plena a Manuel”, escribió la ONG en sus redes sociales.

Bohórquez requiere atención médica especializada por ser paciente sobreviviente de sarcoma epitelioide, un tipo de cáncer poco común que afecta los tejidos blandos. 

Sus familiares denunciaron además que padece una alergia crónica en la piel como consecuencia de picaduras de insectos en distintas zonas del cuerpo y que presenta igualmente dolor en la zona lumbar por atrofia en la columna.

De acuerdo a la ONG, a Bohórquez se le han violado sus derechos fundamentales, especialmente a la salud y al debido proceso.

Bohórquez fue detenido en el sector 13 de San Jacinto, en Maracaibo, el pasado 14 de agosto de 2024 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), a dos semanas de los comicios presidenciales donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio como ganador al hoy preso en los Estados Unidos Nicolás Maduro, sin hasta ahora presentar resultados desagregados en su página web. 

“Mantener su privación de libertad bajo estas circunstancias representa un riesgo desproporcionado para su integridad física, contraviniendo los estándares nacionales e internacionales de protección a la vida y los derechos humanos”, indicó la ONG.

El zuliano fue aprehendido luego de que el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, lo vinculara con un presunto plan terrorista para atentar contra la Embajada de Argentina en Caracas, sede diplomática donde estaba retenido un equipo vinculado a María Corina Machado que posteriormente fue evacuado sin que el Ejecutivo diera mayores explicaciones.

Amnistía sin casos rezagados

JEP expuso que la recién aprobada por la Asamblea Nacional controlada por el chavismo Ley de Amnistía, debe regirse por el principio de igualdad “asegurando que ningún caso quede rezagado y menos cuando existen razones humanitarias de peso”.

La organización agregó que el llamado a justicia con Bohórquez debe extenderse igualmente a Nudre Javier Chourio y Reny Regino González, quienes se encuentran procesados por la misma causa.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Venezuela sigue sin arreglarse después del 3 de enero

Parece, pero no es. Después de la incursión armada del pasado 3 de enero se respira un aire de estabilización en Venezuela, pero al parecer, es solo una sensación.

A juicio de activistas en materia de derechos humanos luego de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte de fuerzas armadas estadounidenses a comienzos de este año, el aparato represivo del chavismo continúa intacto, aunque probablemente su ritmo no sea similar al escenario poselectoral del 28 de julio de 2024. Pero la sociedad civil sigue a merced de la discrecionalidad de un régimen ahora tutelado por la administración del presidente Donald Trump.

“Efectivamente, la persecución no ha cesado. Una de las novedades de la represión post 28J fue su masividad y ahora parece que estamos volviendo a la época de detenciones selectivas”, dijo Rafael Uzcátegui de la ONG, Laboratorio de Paz.

Martha Tineo, coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, sostuvo que mientras por un lado el Estado a través de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo promulga una Ley de Amnistía y excarcela a centenas de personas con medidas restrictivas de libertad, por el otro, familiares y afectos continúan denunciando detenciones arbitrarias y atropellos a los derechos fundamentales.

“Sí han ocurrido nuevas detenciones políticas a partir del 3 de enero, pero no queremos dar una cifra específica porque algunas están en fases de investigación y también por cuestiones de seguridad”, dijo la abogada.

Para Diego Casanova, miembro del Comité por la Liberación de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve), las aprehensiones luego del 3E son tan quirúrgicas como la operación que decantó en el traslado de Maduro y Flores a una cárcel en Nueva York.    

“Estamos viendo detenciones puntuales, algunas de corta duración, pero efectivamente tenemos registros”, precisó.

Máquina represora en funcionamiento

Entre el 21 y el 22 de febrero, familiares y allegados denunciaron la supuesta detención y tortura de una treintena de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Cientificas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) por negarse a alterar los resultados de las pesquisas sobre las muertes de los bombardeos del 3E en Fuerte Tiuna.

Días después, el director del organismo, Douglas Rico, desmintió en sus redes sociales el número de apresados, pero no se refirió al motivo por el cual están en la cárcel. 

“No existe ningún procedimiento que involucre la detención de tal cantidad de funcionarios”, afirmó Rico.

Una misiva a la que tuvo acceso Runrun.es señala que los efectivos fueron llamados a una reunión y obligados a “suministrar información falsa o alterar los resultados de las investigaciones periciales”, y a quienes se negaron a hacerlo, los detuvo la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y se les acusó de “intento de homicidio” contra Douglas Rico.

Familiares de los funcionarios denunciaron que estos permanecen detenidos desde el 23 de enero y que han sido sometidos a desaparición forzada y torturas.

De acuerdo a la ONG Espacio Público, al menos cinco ciudadanos fueron aprehendidos por celebrar la captura de Maduro en enero: dos en Carabobo, un par en Mérida y otro en Anzoátegui. Efectivos del Instituto Autónomo de la Policía del Estado Bolivariano de Mérida (Iapem) detuvieron en el municipio Guaraque a los hermanos sexagenarios Edubín y Pablo Montilva por supuestamente festejar el traslado de Maduro y Flores a Estados Unidos.

“Se encontraban gritando consignas en contra del gobierno, celebrando el secuestro del presidente y la primera dama”, expresó un comunicado del organismo policial, que además asegura que los agricultores dispararon al aire y pronunciaron ofensas contra vecinos que militan en el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

En Anzoátegui, Carlos José Guzmán Armas, de 40 años de edad, corrió con la misma suerte por presunta “incitación al odio”. A través de un video de TikTok, el habitante de Puerto La Cruz habría dicho consignas en contra del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.   

A comienzos de febrero, el coordinador nacional de DDHH del partido Vente Venezuela, Orlando Moreno, denunció el secuestro por razones políticas de Ciro Antonio Castro Pacheco en la parroquia Santa Rosalía de Caracas. Según Moreno, efectivos de la Dirección de Inteligencia Policial (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se lo llevaron sin una orden judicial. “Ciro es diabético y su salud corre grave riesgo sin su medicación”, escribió.  

El comerciante Pedro José González Cavanier, de 42 años, fue aprehendido el 21 de enero en el estado Bolívar y excarcelado el viernes 27 de febrero de El Rodeo I. González fue detenido por emitir una opinión en WhatsApp sobre el arresto de Maduro. Según el partido Vente Venezuela, recibió amenazas de un funcionario de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) por apenas colocar un emoji. 

“El decreto de estado de conmoción exterior ha permitido las extorsiones y detenciones de personas en el país bajo el argumento de haber celebrado la detención de Maduro o haber aplaudido la acción de una fuerza extranjera en territorio venezolano”, indicó Uzcátegui.

A juicio del activista, este tipo de aprehensiones estarían excluidas de la Ley de Amnistía.

“Lamentablemente, las detenciones van a continuar, porque el aparato represivo, las leyes que avalan la persecución y los funcionarios que han estimulado el hostigamiento por razones políticas siguen en sus puestos y el Estado no ha reconocido que ha violado derechos humanos en el caso de las personas presas políticas, sino que continúa considerándolas como delincuentes”.

Denuncias de confiscaciones, robos y más censura 

Así como los ojos del fallecido presidente Hugo Chávez, los de Trump están posados sobre Venezuela a través de su encargada de negocios Laura Dogu, sin embargo, el régimen de Delcy Rodríguez sigue persiguiendo a la disidencia y aplicando prácticas similares al pasado.

Laura Acosta, asistente de la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, denunció este 27 febrero que funcionarios confiscaron su casa en Caracas y robaron todo lo que estaba dentro.

“Soy Laura Acosta y hoy les hablo desde el exilio. Tuve que huir con un bolso de Venezuela, pero toda mi vida, mis recuerdos, se quedaron en mi casa. Desde el 24 de marzo de 2025, el régimen venezolano se apropió de nuestra casa en Caracas y la declaró asegurada, pero este 5 de febrero, fueron más lejos: sacaron todas mis pertenencias. Se robaron mi casa. Para el régimen soy una terrorista y la verdad es otra. Soy madre, soy docente, soy americana de origen, pero venezolana por decisión”, expresó Acosta en un video publicado por Vente Venezuela. 

Días previos, Magalli Meda, colaboradora cercana a MCM, hizo una denuncia similar. “16 hombres armados entraron a mi casa para destruir y llevarse o sembrar lo que les dé la gana”.

La prensa sigue bajo “bombardeo”

A la persecución contra las personas, se suma el asedio a los medios de comunicación independientes. Al menos cuatro emisoras de radio han sido cerradas luego del 3E.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) publicó en su cuenta de X que el pasado viernes 27 de febrero miembros de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sacaron del aire a Rítmica 104.1 FM en Puerto Cabello, estado Carabobo.

“Además del cierre, los funcionarios incautaron equipos y bienes de la estación, que tenía 26 años al aire de manera ininterrumpida. Cerca de 30 trabajadores quedaron cesantes. Rechazamos esta acción que restringe el derecho a la información y la libertad de expresión”, escribió el organismo gremial.  

Mientras que Espacio Público comunicó el viernes 20 de febrero el cierre de Urbana La Salserísima 93.4 FM en el estado Miranda, y a finales de enero -después de 19 años, salió del aire la emisora comunitaria de corte cristiano Unika 92.1 FM, en la parroquia Coche de Caracas. También, fue clausurada Impacto 105.3 FM, ubicada en La Fría, municipio García de Hevia del estado Táchira, después de que no fuera renovada su concesión.

Asimismo, Venevisión denunció a finales de enero que su señal fue sacada del aire del sistema satelital y digital de televisión abierta luego de que el ministro Cabello hizo referencia al canal privado, a propósito de la emisión de una declaraciones de Machado desde Estados Unidos.

Otro hecho irregular contra la prensa ocurrió el pasado 4 de febrero cuando presuntos funcionarios de la PNB detuvieron parcialmente al corresponsal del canal de televisión alemán Deutsche Welle, Alvaro Algarra.

Durante la jornada de instalación de la Asamblea Nacional el pasado 5 de enero, fueron detenidos 14 periodistas y trabajadores de la prensa: 13 de ellos de agencias y medios internacionales y uno de medios nacionales. Horas después los profesionales de comunicación fueron liberados y deportados.

Reavivó la protesta

La protesta, que había estado adormecida debido a la criminalización de esta práctica consagrada en la Constitución que hizo el gobierno luego del 28J, tomó un nuevo aire después del 3E.

Asimismo algunos dirigentes políticos opositores y miembros de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) han regresado a la palestra pública. Motivados por los familiares de presos políticos que no han abandonado la calle desde que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciara el 8 de enero la excarcelación de un número importante de detenidos, distintos protagonistas de la sociedad civil retomaron sus reclamos.

El 12 de febrero, día de la juventud, la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas convocó a una masiva concentración en Caracas, mientras que en el interior se dieron réplicas en distintas casas de estudio de educación superior.

“El 3E bombardeó también la intocabilidad del poder. Y la gente percibe que es posible hablar, movilizarse y organizarse de una manera que no era posible antes de esa fecha”, dijo Uzcategui.

El activista sentenció que el silencio terminó perjudicando a las personas presas, y por eso, cientos de familiares emergieron del anonimato luego del 3E para exigir la libertad plena de sus afectos.

“De manera progresiva, la ciudadanía está recuperando la confianza en ejercer sus derechos en un contexto de alta expectativa por el tutelaje y acompañamiento de Estados Unidos”, opinó Uzcátegui.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El Mañanero del 3 de marzo: AN recibirá postulaciones para Fiscal General y Defensor del Pueblo

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este martes, 3 de marzo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Desde este lunes 2 de marzo hasta el 9 de este mes, la Asamblea Nacional (AN) recibirá postulaciones para Fiscal General y Defensor del Pueblo. Los candidatos para los cargos deben consignar una declaración de no militancia político-partidista.

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