Luego del 3 de enero de 2026 conocimos en Venezuela el surgimiento de un régimen híbrido, cuyo comportamiento se asemeja, en la literatura, a la novela El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde, de Robert Louis Stevenson: en la penumbra nocturna hace gala del verbo propio del Estado comunal, para luego, al surgir el alba, ser un fiel discípulo de los postulados del anteriormente odiado imperialismo yanqui.
Todo viene a colación con la propuesta de constituyente laboral que reafirmó recientemente la presidenta de facto, Delcy Rodríguez. Esta informó el 22/2/2026 que el Ejecutivo nacional hizo una reunión para revisar el desarrollo y los avances obtenidos en la aludida constituyente.
Por nuestro lado, destacamos que tal propósito había sido anunciado previamente por Nicolás Maduro en 2025, antes de su intempestivo viaje al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. El hoy presidiario impulsó el Congreso Constituyente de la Clase Obrera al convocar «a debates en más de 14.000 centros de trabajo para renovar liderazgos sindicales y fortalecer la producción nacional bajo las ‘7 Transformaciones’ (7T). El proceso culminó en diciembre de 2025 con la recepción de más de 5000 propuestas».
En definitiva, la idea no es nueva: la maquillan para luego publicarla en el canal oficial de Telegram de la inefable mandataria. Allí explica que revisaron los progresos de esta instancia y señala que el objetivo principal del instrumento es «garantizar los derechos y beneficios de los trabajadores y trabajadoras del país». Añade que escogen el Sistema Patria para realizar, desde el Ejecutivo nacional, «un amplio proceso de consultas directas con los trabajadores, recoger propuestas y diseñar políticas públicas que fortalezcan el modelo laboral venezolano».
En ese contexto, el actual ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, en entrevista en el canal del Estado VTV el 3/3/2026, destacó que estas acciones siguen la línea anunciada previamente por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez: «Estamos retomando diversas reuniones enfocadas en la reivindicación de los trabajadores. En los próximos días, convocaré a equipos de delegados para reiniciar el debate y darle un impulso definitivo a la Constituyente laboral que quedó pendiente desde diciembre». Piñate detalló que en este proceso participarán 124.000 delegados de trabajo, 17.000 voceros de los Consejos Productivos de Trabajadores (CPT) y la comisión promotora de la constituyente.
Asimismo, recordó que durante el año 2025 se sistematizaron más de 5000 propuestas surgidas desde las bases obreras. Según el funcionario, estos planteamientos no solo abordan beneficios contractuales, sino que también incluyen proyectos para la renovación del movimiento sindical.
Ante esto, la abogada especialista en Derecho del Trabajo y dirigente de la APUCV, Jacqueline Richter, denunció que las organizaciones sindicales autónomas de Venezuela no fueron convocadas a la reunión del sábado sobre la Constituyente laboral impulsada Delcy Rodríguez, y reiteró que el salario mínimo vigente es “paupérrimo” frente al dólar.
Richter señaló que ninguna de las tres principales centrales sindicales autónomas —Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Central de Trabajadores y Trabajadoras Alianza Sindical Independiente de Venezuela (ASI Venezuela) y Confederación General de Trabajadores— estuvo presente en el encuentro.
Cabe señalar que, en el ámbito de la protesta del Comité Nacional de Trabajadores en Conflicto, las centrales sindicales ASI, CODESA, UNETE, CTV y numerosos sindicatos autónomos entregaron el pasado 26/2/2026 un pliego de reclamos de los trabajadores venezolanos ante el Ministerio del Trabajo. En el mismo alertaban además sobre las intenciones antisindicales de la Constituyente laboral promovida desde Miraflores.
La encuesta del Sistema Patria refleja la intención gubernamental de ignorar las organizaciones sindicales independientes y las conquistas laborales en torno al concepto de salario y la negociación colectiva. Al revisar el cuestionario enviado, se plantean preguntas en torno a la existencia actual de un Consejo Productivo de Trabajadores y Trabajadoras en el sitio de trabajo, sobre productividad, horarios de trabajo y número de empleados; pero en modo alguno sobre la realidad del sistema de relaciones de trabajo que define la existencia del sindicato, el tabulador, los convenios colectivos y la libertad sindical.
En resumen, no es de interés oficial el salario como concepto fundamental de remuneración. El sindicato o el convenio colectivo no aparecen: solo la palabra pago. Esto evidencia la intención de imponer el nuevo concepto de ingreso como remuneración. Orientación que, lamentablemente, comparte la representación empresarial Fedecámaras.
Escoger el Sistema Patria para recoger respuestas refleja la orientación corporativa del régimen, cuando se trata de temas que debe definir una consulta tripartita. De hecho, todos los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estipulan que cualquier reforma laboral debe discutirse con los sindicatos representativos.
En conclusión, la propuesta de constituyente laboral es solo una iniciativa presidencial, ajena al movimiento sindical y totalmente alejada del diálogo social, que es la instancia definida por la OIT para acordar en materia de relaciones de trabajo.
En el caso de Venezuela, el organismo tripartito mundial lo ha exigido en torno a la libertad sindical, el salario mínimo y la consulta tripartita. Al mismo tiempo, la propuesta pone de manifiesto las intenciones de desconocer las reivindicaciones establecidas en la Constitución en materia laboral y de derechos humanos.
La operación para capturar a Nicolás Maduro [3/1/2026] no fue un episodio aislado ni una decisión táctica menor. Fue el resultado de meses de presión militar, económica y legal que culminaron en una acción de enorme impacto global. El presidente de EE. UU. —Donald Trump— presentó el operativo como parte de una doctrina de intervención definida, más allá de la lucha contra el narcotráfico, que implica restaurar el orden democrático, sancionar lo que él denominó “narcocarteles estatales” y reconectar a Venezuela con el respeto a la ley y la soberanía popular.
Este ensayo analiza por qué ese evento es un parteaguas en la política exterior estadounidense del siglo XXI, cómo reconfigura expectativas de cumplimiento para regímenes autoritarios y qué implicaciones tiene en términos de transición política, reconstrucción económica, autoridad institucional y desafíos políticos. Irán, no se queda atrás…
Un parteaguas: La incursión, el enforcement, la espada de Damocles.
Históricamente EE. UU. ha oscilado entre enfoques multilateralistas y unilateralistas en política exterior. La intervención de 1898 en Cuba, la doctrina Roosevelt en América Latina (siglo XX), y la política hacia el Medio Oriente en 2003, son hitos donde Washington usó la fuerza o la presión para recalibrar regímenes que percibía como amenazas.
Sin embargo, en el caso de Venezuela, estamos ante un nuevo paradigma mixto:
Uso de fuerza militar directa y legitimación policial: la captura de Maduro fue formalizada por un operativo con apoyo militar pero anunciado como un acto judicial y de enforcement.
Justificación multivectorial: se presentaron tres narrativas: combate al narcotráfico, protección de la seguridad hemisférica y restauración de un proceso democrático vulnerado por Maduro.
Creación de un “espíritu de compliance” (cumplimiento obligatorio): el mensaje es que los regímenes autoritarios son responsables penalmente no solo por violaciones internas, sino por su impacto transnacional, estableciendo un precedente donde líderes pueden enfrentar consecuencias extraterritoriales.
La captura de Maduro simboliza esta “espada de Damocles” bajo otros líderes autoritarios, contemplando que obedecer normas globales puede ser la única opción viable para evitar sanciones, capturas u otras acciones coercitivas.
En palabras de Trump [State of the Union] se trata de proyectar una política exterior donde la obediencia a estándares legales y democráticos deja de ser opcional y pasa a ser una condición para la coexistencia internacional normalizada […] Aunque esta lógica es profundamente polémica en foros académicos y de derecho internacional, desde el punto de vista estratégico es un cambio radical respecto a la política estadounidense de las últimas décadas y es una aplicación directa de la legítima defensa internacional.
Una historia de transiciones tuteladas
Para entender lo que ocurre en Venezuela es útil mirar ejemplos históricos donde potencias hegemónicas han orquestado o apoyado transiciones bajo su supervisión —a menudo denominadas “transiciones tuteladas” (tuteladas por una potencia externa).
Tras la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue administrada por las potencias aliadas antes de la creación de las República Federal y Democrática. La autoridad se centró en: desmilitarización, desnazificación y reinstauración de instituciones democráticas. Aunque en un contexto de guerra total [Joseph Goebbels dixit], este ejemplo ilustra cómo el poder exterior puede controlar la transición política y social de un país derrotado sin abolir su identidad.
La no ruptura con el régimen imperante —lo cual genera un elemento diferenciador en escaso Venezuela— no supone una claudicación absoluta. El control por parte del Estado tutelar se relativiza en “el control territorial y de las FF. AA.” que conserva el régimen tutelado. Pero es precisamente este table d’hôt [menú fijo], lo que demanda una comprensión superior del momento.
Si María Corina lo entiende será presidenta
La gente en Venezuela valora el paso decisivo que dio EE. UU. de la mano del presidente Donald Trump. El pueblo le agradece y, aunque existe una celebración reprimida, la gran mayoría está entusiasmada y esperanzada por un futuro mejor. Machado también lo hace.
Apenas han transcurrido 60 días de la incursión de marras. Algunos elevan voces críticas a dicho evento, cuestionando la viabilidad de la estrategia de Pensilvania Avenue. Será aquella dirigencia que demuestre el mismo entendimiento, sentimiento de gratitud y entusiasmo del pueblo, la que se convertirá en una real alternativa [realpolitik] de poder transicional y fundacional. O lo contrario. Quién no lo entienda figurará, pero no llegará.
Cuando se habla de radicalismo, se hace referencia a un hermetismo moral, normativo y puro que no existe en la política. Aquella dirigencia que sepa leer y aceptar la agenda sugerid por el país tutor [EE. UU.], que asimile la convivencia necesaria aún en medio de la divergencia, tolere los tiempos, acepte los modos y se sepa insertar fases diseñadas, heredará el apoyo necesario y fundamental para refundar la república.
Quienes desde una sensible ignorancia, contumacia y fanatismo sigan adversando, enmendando planas o criticando a Washington y a la administración Trump, se autoexcluirán —no inmolándose ellos solos—sino arrastrando inevitable e injustamente a quiénes desean defender. Daños políticamente innecesarios a todos los venezolanos que deseamos cambio, paz, democracia y regreso a casa, porque no comprenden que la política no es pura ni lo que dicen los libros de Harvard. La política es posibilista… lo que dictan los “libros de la vida”, de la realidad que puedes atrapar, no al revés.
No milito con demócratas ni republicanos [EE. UU.] ni soy liberal o conservador [Canadá]. Soy militante de los DD. HH., de la libertad, la pluralidad, la igualdad de oportunidades y el derecho a la propiedad. Predico la justicia, la solidaridad y la paz, siendo que repudio el abuso, la violencia, la represión y la discriminación. Inevitable reprochar igualmente la arrogancia y la necedad de aquellos que, acuñando lugares comunes, clichés, descalificaciones y falacias de cuatro patas, intentan invertir el curso de la historia que merecemos y que podemos.
María está en el corazón de Venezuela
El reto es mantenerse en él con sabiduría, pulso y sencillez. La historia la escriben aquellos que comprendan que la humildad y la inclusión preceden a la justicia.
Justicia que la precede el orden, orden que lo precede la obediencia de un pueblo bueno y decente, obediencia que la determina el amor y la nobleza del líder, nobleza que es redención y paz.
Si el chavismo-madurismo interpreta mejor la historia que la disidencia radical, o si algunos opositores decantan mejor la comprensión de lo acontecido, entonces los moderados sobrevivirán la turbulencia y tocarán tierra […] Pasó en Brasil y la convivencia con militares —duros y blandos— con la transacción pactada de Jõao Goulart a Geisel, Figueiredo [quien decreta la Amnistía en 1979], Tancredo Neves y Servey [quien asume por muerte de Neves].
Ocurrió en la Uruguay de Sanguinetti con el Pacto del Club Naval; sucedió en la España post Franco, donde Adolfo Suarez fue el artista de lo posible o en la transición. En Argentina con un Alfonsín que no rompió las estructuras militares; Aylwin en Chile que convivió con Pinochet [comandante en jefe del Ejército] o Fernando Belaúnde en Perú, y la retirada ordenada de los militares a los cuarteles más la Constitución negociada de 1979.
La justicia en los casos in comento fue parcial, diferida. Se celebraron pactos entre civiles y militares del anterior régimen y se acometieron reformas graduales en vez de una depuración total. No es desmontar totalmente el viejo poder, es encapsularlo. No es demolición de las estructuras autoritarias, es neutralizarlas. Ni es cambio radical, es evitar sabotajes y caos.
Cuando la democracia nace con “muletas autoritarias”. La proporción inevitable
Maquiavelo alertó: “A prudent ruler should not keep faith when by doing so it would be against his interest”: “Un gobernante prudente no debe cumplir su palabra cuando hacerlo va contra su interés”. Ellos saben manejar muy bien sus conveniencias y dosificar su intemperancia. Del otro lado, la oposición también debe aprender cómo contener su palabra, aún siendo ello un acto que consideren inmoral. Lo prudente es callar o dejar pasar si atenta sus intereses, que son los intereses de la libertad. Son momentos de inmensa madurez e inteligencia.
Max Weber dijo: “Politics is a strong and slow boring of hard boards. It takes both passion and a sense of proportion”: “La política es taladrar lentamente tablas duras: exige pasión, pero también sentido de la proporción”. No es lo que mereces, no es perfecto; es lo que puedes arrancarle a la realidad.
Muchos exégetas están taladrando tablas sin el debido sentido de la proporción. No comprenden —apenas a dos meses de la incursión— que los tiempos deben hacer su trabajo, que conseguir la democracia no supone que los tiempos ni los modos sean perfectos. Y, muy importante, que el autoritarismo y el poder de los cuarteles es un factor que no se puede eliminar sino, en todo caso, reconducir con mucha persuasión y leverage.
El único que lo tiene es EE. UU. Pues toca entender que ese aliado tutelar merece gratitud y obediencia de tirios y troyanos. Entonces, a controlar el uso de la palabra y, sobre todo, contener aquella que pueda convertirse en una amenaza a nuestro interés.
La proporcionalidad es buscar el justo medio de las cosas: del poder, de la libertad, de la vida. Es encontrar humildad, silenciosamente. La aparición de Enrique Marquez en el State of the Union no fue casual. Algo hace bien el político zuliano. No veamos tanto lo crítico como el mérito de haber lanzado nuestra agenda a las galerías de la realpolitik norteamericana [el Estado tutor] en prime time.
Valor que, según San Agustín, “es el fundamento de todas las virtudes…”, la forma sabia de encontrar y respetar los límites del poder.
Japón [1945–1952]; Irak [2003-2011]
Estados Unidos dirigió la reconstrucción de Japón después de la rendición en la II Guerra Mundial. Japón mantuvo su monarquía constitucional, pero perdió su estructura militar ofensiva. La transición implicó: nueva Constitución con soberanía popular; apertura económica y reestructuración estatal. Ello muestra que transiciones orientadas —no solo impuestas— pueden reconstruir estructuras rotas.
La invasión y posterior ocupación de Irak por EE. UU. también buscó un cambio de régimen, con un largo y costoso proceso de reconfiguración política y social. Aunque menos exitoso, subraya la complejidad de imponer orden desde el exterior en sociedades fragmentadas.
En el caso venezolano, la narrativa oficial estadounidense ha tratado de posicionar la acción como un hito que combina justicia internacional, desmantelamiento de autoritarismos y reintroducción al sistema global. Pero el desafío real será construir algo más que un cambio superficial de personas: se trata de generar un orden sostenible.
A dos meses de la extracción de Maduro, ya hay hechos concretos que marcan la transición en múltiples ámbitos:
liberaciones parciales de presos y amnistía: Venezuela ha recibido más de 1550 solicitudes bajo una nueva ley de amnistía, con cientos de presos liberados;
entorno de recuperación ciudadana y política: en muchas áreas urbanas se ha visto un alivio en tensiones cotidianas, aunque la transición no ha sido perfecta. La población enfrenta grandes retos económicos y de servicios públicos; no obstante, el ambiente político externo ha cambiado, ofreciendo un espacio donde voces opositoras pueden respirar con menos represión directa;
economía petrolera: apertura y potencial: Trump ha enmarcado la gestión venezolana como una oportunidad para que compañías petroleras estadounidenses ingresen a explotar reservas y reconstruyan la infraestructura deteriorada.
Parteaguas geopolítico: mensaje para regímenes autoritarios
Una de las consecuencias más significativas de esta intervención es la creación de un precedente que reconfigura cómo se perciben las obligaciones de cumplimiento internacional por parte de regímenes autoritarios.
El uso de la diplomacia coercitiva ha seguido su ruta en las recientes incursiones en Irán. Una reconfiguración del orden internacional que, sin duda, coloca al filo del poder a regímenes totalitarios. ¿Era la solución? Lo que demuestra la historia es que sin el uso de la fuerza estos regímenes no salen con primaveras.
La respuesta está en el modelo de enforcement que la intervención estadounidense ha instituido:
Presión jurídica y penal: actores con historial de corrupción, violaciones de DD. HH. u operaciones ilícitas (como financiamiento de grupos criminales) enfrentan cargos internacionales y sanciones.
Pérdida de control de recursos clave: el control de la industria petrolera, las finanzas del Estado y la administración del aparato gubernamental ya no reside completamente en las estructuras tradicionales del chavismo madurista. Esto debilita la base de poder que líderes como Cabello tradicionalmente han ejercido.
Cambio de balance político-social: la apertura política y las demandas ciudadanas por justicia, empleo e inclusión han erosionado el modelo de dominación vertical. En este contexto, obedecer el proceso de transición y adaptarse a las nuevas reglas es una forma de garantizar relevancia política y evitar consecuencias penales o económicas.
En este sentido, la obediencia ya no es una opción ideológica sino una estrategia de supervivencia política y legal en un entorno global donde el enforcement —externo y doméstico— se ha intensificado.
Escenarios de elecciones y caminos hacia la estabilidad. Conclusiones.
Mirando hacia adelante, varios escenarios son plausibles:
elecciones supervisadas internacionalmente;
transición prolongada con apoyo técnico internacional;
fragmentación polarizada. Existe el riesgo de polarización continua entre sectores opositores y grupos leales a la vieja guardia del chavismo, especialmente si no se establecen mecanismos de inclusión y reconciliación.
En conclusión, la incursión de Donald Trump en Venezuela representa un antes y un después en la política exterior de EE. UU. No solo cambió el destino de un régimen autoritario, sino que redefinió expectativas de cumplimiento para liderazgos autoritarios, reconfiguró la percepción de enforcement geopolítico en el hemisferio; introdujo tensiones entre soberanía e intervención y ofreció, por primera vez en muchos años, un real camino hacia la restitución de libertades políticas y participación democrática en Venezuela.
La dirigencia política debe ponerse a nivel de un pueblo desplazado, marginado, torturado y profanado. Anteponer posturas normativas, moralistas y exégetas [principistas] conducirá a un choque de intereses entre Estado tutor y aquella oposición [radical], donde el poder de decisión lo tiene Washington [no Altamira].
Comprenderlo es llegar y hacer historia. No hacerlo es correr el riesgo de quedar del otro lado de la acera…
@ovierablanco – vierablanco@gmail.com | Abogado / Activista de DD. HH. / Exembajador en Canadá.
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En el marco de la posible llegada de nuevas actividades petroleras al estado Zulia durante este 2026, la Fundación Azul Ambientalistas presentó una hoja de ruta con 10 puntos críticos para el saneamiento definitivo del Lago de Maracaibo. El eje central de la propuesta es la creación de una ley que obligue a destinar el 5% de los ingresos brutos de las nuevas concesiones a un fondo exclusivo para la recuperación del ecosistema.
En un video compartido en las redes sociales de Azul Ambientalistas su directivo, Yohan Flores, expuso la propuesta dirigida al gobierno regional, nacional y al de Estados Unidos, que tutela la presidencia encargada de Delcy Rodríguez.
La organización plantea que estos recursos se manejen mediante una cuenta fideicomiso supervisada por organismos multilaterales para que se garantice transparencia en la ejecución de un presupuesto que, históricamente, ha sido opaco.
Instaron también a los ciudadanos y al sector privado a sumarse a esta iniciativa para impulsar el saneamiento del lago más grande de América.
Los puntos clave sugeridos
Entre las medidas de urgencia técnica que plantea la fundación destacan:
Sustitución de infraestructura: Reemplazar de manera inmediata los 28 000 km de “tuberías obsoletas” por tecnología de última generación para frenar los derrames.
Tratamiento de aguas: Reactivar plantas para evitar que el 80% de las aguas residuales domésticas sigan cayendo al Lago sin procesar.
Biorremediación: Utilizar bacterias autóctonas para “devorar” el petróleo residual y controlar la expansión del “verdín” (cianobacterias).
Plan “cero derrames” con auditoría externa: exigen protocolos de respuesta inmediata (menos de 2 horas) con equipos de contención permanentes en las plataformas.
Impulso a la acuicultura sostenible: Financiar la transición de pesca extractiva a granjas de camarón y cangrejo azul con tecnología que no dependa de la calidad del agua del canal de navegación.
Plantas recicladoras de plástico y hacer esta actividad masiva para evitar que estos terminen en la orilla del lago.
Educación ambiental obligatoria, mediante la integración en el sistema escolar del Zulia de la cátedra “Cuidado de la cuenca”, desde la que se fomente una nueva cultura ciudadana de no vertido de desechos sólidos.
Atención a la fauna y a la flora, proteger la biodiversidad ante los diferentes derrames petroleros y la contaminación en general.
Además, la propuesta incluye un enfoque social y de protección al trabajador, por lo que recomiendan implementar un seguro por contingencia ambiental que indemnice a los pescadores afectados por derrames y la promoción de la acuicultura sostenible para proteger la seguridad alimentaria de la región.
El Lago de Maracaibo atraviesa una crisis ambiental crítica, marcada por denuncias constantes de comunidades locales y organizaciones no gubernamentales sobre el deterioro de su ecosistema. Derrames petroleros, proliferación de verdín, acumulación de desechos sólidos y plásticos e indolencia gubernamental frente a los derrames, al colapso de tuberías y la desinversión en la infraestructura de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) son constantemente reportados.
En enero de 2023, organizaciones ambientales reportaron que el año inició con derrames de petróleo constantes que afectaron las costas de los municipios Cabimas y Santa Rita. En junio de ese mismo año, la fundación Azul Ambientalistas declaró un “estado de emergencia” debido a la acumulación masiva de crudo y la proliferación del “verdín” (cianobacterias).
Un mes después, el gobierno anunció el Plan Maestro para el Rescate, Conservación y Desarrollo Sostenible del Lago de Maracaibo, un documento elaborado en el Ministerio de Ecosocialismo bajo la dirección de una Comisión Presidencial, que ha reportado hasta 2026 la sustitución de aproximadamente927 kilómetros de tuberías de acero por tuberías flexibles para prevenir derrames de crudo y en el marco del cual se activó la planta “El Swiche”, que procesa 760 litros por segundo, y evita que estas aguas servidas lleguen al lago.
El Estado también informó la extracción de más de 76 000 toneladas de desechos petrolizados como parte del plan de saneamiento, pero a finales de 2024, comunidades locales continuaron denunciando que, pese a la limpieza superficial, las filtraciones de tuberías submarinas no habían cesado.
Habitantes de zonas costeras han reportado en diversas ocasiones enfermedades respiratorias y de la piel debido a gases del crudo y las toxinas del verdín. Adicionalmente, especies en peligro como el manatí, han sido halladas muertas en costas impregnadas de petróleo.
A pesar de las obras, expertos y reportes ambientales señalan que el lago sigue enfrentando problemas críticos, como el “verdín” o presencia de la cianobacteriaMicrocystis aeruginosa que afecta la oxigenación del agua y la pesca. En agosto de 2024, Alex Ferguson, biólogo y ambientalista, advirtió que el Lago de Maracaibo se encontraba en situación de emergencia por esta bacteria y que el 70% de su superficie estaba afectada tanto por ella como por la contaminación y los derrames petroleros.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Un pasillo de comercios de ropa en los alrededores del Palacio de Justicia, en Caracas, fue el punto de encuentro de familiares de presos políticos este 3 de marzo, quienes acudieron desde las 10:00 de la mañana para llenar las planillas que entregarían en este organismo, con el fin de solicitar amnistía para los parientes que aún siguen detenidos.
Familiares llenando las planillas para solicitar amnistía de sus parientes detenidos / Foto: Andrea González
Hiowanka Ávila, hermana del preso político Henryberth Rivas, detenido por el caso de los drones y recluido en El Rodeo I, refirió que acudieron familiares de presos políticos civiles y militares, así como personas que ya fueron excarceladas quienes personalmente solicitaron adherirse a la Ley de Amnistía para ser beneficiados.
“Estamos a la espera de liberaciones todavía, pero no estamos dejando de hacer el proceso mientras se producen estas liberaciones (…) El hecho de que haya militares excarcelados para nosotros es una puerta abierta, debido que durante estos años a ellos no los habían considerado para liberaciones. Esto a nosotros lo que hace es incentivarnos para solicitar este beneficio”, comentó.
Hiowanka Ávila, hermana del preso político Henryberth Rivas, detenido por el caso de los drones y recluido en El Rodeo I: "Que se hayan dado liberaciones de militares es una puerta abierta, debido a que en estos años a ellos no los habían considerado pic.twitter.com/w5SJmxOtFK
Muchos familiares vinieron desde el interior solo para presentar la documentación necesaria. Amparo García vive en Maracaibo y llegó por el caso de su hija Kristyel Andrade -estilista y madre de cinco hijos-, detenida el 14 de octubre de 2022 en Maracaibo, estado Zulia, por su supuesta vinculación al «caso Conas», el cual fue descrito por las autoridades como un supuesto intento de colocar explosivos en el Palacio de Justicia ese año.
“Los funcionarios querían nuestras dos casas, la de ella y la mía, y 6000 dólares. Como no lo hicimos, se la trajeron para acá sin decirme. Cuando vine a ver ya la habían trasladado al INOF”, relató la señora. A krystel La acusaron de terrorismo, asociación para delinquir y extorsión.
Amparo García, madre de Kristyel Andrade -estilista madre de cinco hijos-, detenida el 14 de octubre de 2022 en Maracaibo relata las dificultades que ha sufrido su hija en su proceso de defensa. García está en proceso de juicio. Recientemente, le negaron la designación de un… pic.twitter.com/BkqPjAWec2
Fotos y nombres de todos los detenidos vinculados al “caso Conas” / Foto: Andrea González
Amnistía aprobada para algunos
El politólogo Nicmer Evans había sido detenido el 13 de diciembre por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y fue excarcelado el 14 de enero de 2026. Hoy acudió al Palacio de Justicia e informó que fue sobreseído de la causa y se le otorgó la amnistía.
“Entré al tribunal, firmé, no tengo la copia de la amnistía porque falta la firma del juez, pero he sido sobreseído de la causa, según el documento que me han presentado en el marco de la Ley de Amnistía”, señaló Evans tras salir del Palacio de Justicia.
Tras haber obtenido el beneficio de amnistía, Evans afirmó que la causa de su detención fue haber revelado la causa de muerte del preso político y exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz. Además, afirmó que más de 600 presos políticos siguen tras las rejas y que la cifra puede superar incluso los 1000. Instó a exigir la reparación de las víctimas: “Hay gente que ha sido robada, expropiada, mancillada, que han perdido sus trabajos, estudios y familiares”.
“Yo vengo de la izquierda, como ustedes saben. Y con base a ese hecho hoy le voy a agradecer a Donald Trump y a Marco Rubio, pues gracias a la convocatoria de transición que han implementado es que yo estoy libre y muchos están saliendo de las cárceles”, agregó.
Nicmer Evans: "Yo vengo de la izquierda, como ustedes saben. Y con base a ese hecho hoy le voy a agradecer a Donald Trump y a Marco Rubio, pues gracias a la convocatoria de transición que han implementado es que yo estoy libre y muchos están saliendo de las cárceles" pic.twitter.com/QzCW6lyCoW
Otro de los expresos políticos que tramitaron su solicitud de amnistía fue Ángel Godoy, detenido el 8 de enero de 2025 y excarcelado el día 14 de ese mes en 2026. Godoy señaló que solicitó su amnistía la semana pasada, pero no se le ha entregado el documento: “Están todavía en un proceso de orden administrativo, y en una semana aproximadamente, tendríamos documento en mano”, dijo.
Ángel Godoy, expreso político, solicitó su amnistía la semana pasada y fue aprobada, pero no se le ha entregado el documento: "Están todavía en un proceso de orden administrativo, y en una semana aproximadamente, tendríamos documento en mano" pic.twitter.com/dZINU5Yh6t
Sairam Rivas, activista y expresa política, afirmó que no hace falta una amnistía para que todos los presos políticos salgan en libertad. Ella fue una de las que acudió a solicitar adherirse a la ley, puesto que estuvo cuatro meses detenida en El Helicoide en el año 2024.
“Fui injustamente detenida en el 2014 junto a muchos jóvenes, quienes también fuimos víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Y cuando se vio este inicio más cruento de la persecución en Venezuela, que luego de las elecciones del 2024 convirtieron en una situación de terrorismo de Estado”, expresó.
Familiares de presos políticos en las afueras del Palacio de Justicia / Foto: Andrea González
La activista fue una de las personas que entregó el recurso para acogerse a la ley, debido a su detención en 2014 durante cuatro meses en el Sebin Helicoide. Además, consideró que la amnistía “no puede ser un instrumento para seguir prolongando el dolor que viven día tras día cientos de familiares a las afueras de los centros de detención y que viven los presos políticos que siguen en este momento privados injustamente de libertad”.
Sairam Rivas: "Hoy estamos acá para interponer este recurso de amnistía (…) Pero tenemos que dejar muy claro que la amnistía no puede ser un instrumento para seguir prolongando el dolor de cientos de familiares y de los presos políticos injustamente privados de libertad" pic.twitter.com/zxtlLDEzYF
Por su parte, el abogado Joel García advirtió que por la forma en que está redactada la ley, no es general ni cubre el período que dice, generando contradicciones. En cuanto a las personas excluidas, señaló que muchos quieren designar defensores privados, pero no se les permite.
“El juez Carlos Liendo acaba de decirme que el mismo imputado que represento debe firmar la designación (…) Esa ley puede dar libertades, pero no dignifica a nadie”, cuestionó.
Pendón informativo sobre la solicitud de amnistía a las afueras del Palacio de Justicia / Foto: Andrea González
Asimismo, Joel García alertó que la ley de amnistía no contempla reparación ni indemnización a víctimas. Destaca falta de criterio al decidir quiénes son beneficiados o no: “Cuando pones a legislar sobre libertad al que piensa como carcelero, no vas a tener un producto bueno”, sentenció.
Abogado Joel García denuncia que la ley de amnistía no contempla reparación ni indemnización a víctimas. Destaca falta de criterio al decidir quiénes son beneficiados o no: "Cuando pones a legislar sobre libertad al que piensa como carcelero, no vas a tener un producto bueno" pic.twitter.com/q8p9PIrbw1
La familia Baduel ha sido duramente golpeada por la injusticia. Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa, murió bajo custodia del Estado y actualmente su hijo Josnars se encuentra en prisión. Fue detenido en mayo de 2020 y vinculado a la Operación Gedeón. Su hermana, Margareth Baduel, introdujo el documento para solicitar amnistía para Josnars, pese a los temores de exclusión.
“Acabamos de introducir este documento como una solicitud de ley de amnistía, ya que en la ley que publicaron un grupo muy extenso sale excluido, pero nosotros como familiares exponemos que ellos están siendo excluidos y que no debería ser, ya que es una ley amplia y deberían tomar en cuenta a todos los casos”, declaró.
Baduel espera que se cumpla el debido proceso y con las promesas que han hecho. Aunque no tiene mucha información, solo le indicaron que debe esperar 10 días mientras pasa por una etapa de “evaluación”. Tiene la expectativa de que el caso de su hermano sea considerado, así como cientos de personas que podrían quedar excluidas.
Margareth Baduel introdujo un documento de solicitud de amnistía para su hermano, Josnars Baduel, quien tiene casi seis años preso: "Un grupo extenso queda excluido de la ley, los familiares exponemos que una ley amplia debería tomar en cuenta todos los casos" pic.twitter.com/ltymh20BE2
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
“Viene una recuperación económica, no lo duden”, soltó el presidente de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, Jorge Rodríguez desde la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), horas antes de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) decretara a Nicolas Maduro como ganador de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio de 2024 sin mostrar pruebas.
A poco menos de dos años de esa fecha, la recuperación financiera de los venezolanos siguen sin llegar y nuevamente el parlamentario la esgrimió en una entrevista que le concedió a Luis Olavarrieta, por encima de un eventual proceso para elegir al reemplazo de Maduro, ahora preso en Nueva York y a la espera de un juicio por narcotráfico y terrorismo.
Para Rodríguez, unas futuras elecciones no son más importantes que el bolsillo del venezolano pese a que los artículos 233 y 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela hablan de tiempos, límites y condiciones para Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela luego que Maduro y su esposa Cilia Flores fueran capturados por un comando estadounidense el pasado 3 de enero.
El artículo 234 de la CRBV reza que las faltas temporales serán suplidas por el vicepresidente, en este caso Delcy Rodríguez, por un lapso de 90 días (hasta el 3 de abril de este año), prorrogables por la AN por 90 días más, en teoría, hasta principios de julio.
“Si una falta temporal se prolonga por más de noventa días consecutivos, la Asamblea Nacional decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta”, expone el artículo.
El 233 reza que “serán faltas absolutas del presidente: su muerte, su renuncia, o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia; su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el TSJ y con aprobación de la Asamblea Nacional; el abandono del cargo, declarado como tal por la AN, así como la revocación popular de su mandato”.
Según el texto de la Carta Magna, si se declara una falta absoluta del presidente durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes.
“En Venezuela siempre hay elecciones, pero lo más importante ahorita es la sociedad y la economía”, dijo Jorge Rodríguez, desestimando la posibilidad de un proceso electoral en el futuro cercano. Expresó que la falta de Maduro no es absoluta ni temporal.
“Aquí hay una falta forzada, el presidente fue forzado a abandonar su cargo y la Sala Constitucional del TSJ tiene potestad para decir lo que se va hacer. La vicepresidenta por ahora ha asumido esa envergadura, ahora lo que viene es un proceso de fortalecimiento de todas las instituciones incluido el voto. Tenemos que pintar bien la cancha para cuando se convoquen las elecciones”, sostuvo.
Elecciones supeditadas a consenso
El presidente de la AN opinó que unas futuras elecciones dependerá de puntos de consenso que se acuerden con factores de la oposición: “Hay que ponernos de acuerdo si van a hacer presidenciales, de Asamblea Nacional, de alcaldes o gobernadores” .
Para el funcionario público, lo fundamental en este momento es estabilizar el país económicamente.
“Después de 900 sanciones, estamos en un proceso paulatino de recuperación económica, necesitamos que se profundice más el proceso de liberación de sanciones, todo lo que entre con fondos soberanos por el acuerdo petrolero con Estados Unidos va a ser dedicado a mejorar la economía de las personas”, aseguró.
No a la derogación de Ley del Odio
Aunque varias organizaciones y miembros de la sociedad civil han exigido la derogación de la Ley del Odio por considerarla que criminaliza a la disidencia y especialmente a las personas, el presidente de la Asamblea Nacional negó que se esté considerando esta opción.
“No hablé de derogar, sino de revisar la Ley del Odio”, le dijo a Olavarrieta el funcionario.
Pese al rechazo colectivo que genera, Rodríguez siguió defendiendo el documento legal: “Fue creada en 2017 en un momento de máxima tensión, por supuesto, tiene elementos que deben ser revisados, pero es, por ejemplo, una ley contra familiares de los políticos, ellos no tienen la culpa y han sido hostigados”.
A pesar de que la Ley de Amnistía no contempla indemnizaciones psicológicas, morales ni económicas, el diputado dijo que en esta está prevista la reparación de las víctimas.
Por otra parte, y en oposición a las cifras manejadas por ONG, el parlamentario aseguró que 5628 personas han recibido libertad plena en el marco de la Ley de Amnistía.
El diputado también informó que este año, el Parlamento tiene previsto sancionar 34 leyes para mejorar la calidad de vida de la gente.
“Tenemos pensado una serie de leyes que acompañen la reforma económica impulsada por la presidenta, como la Ley de Hidrocarburos, que ya fue aprobada, No queremos seguir diciendo que somos el país con las mayores reservas de petróleo, sino convertir eso en hospitales, escuelas, bienestar para la gente”, dijo.
Rodríguez indicó que la renuncia del Fiscal General de la República y del Defensor del Pueblo permite avizorar un proceso intensivo de reforma al sistema judicial: “La gran mayoría del país está de acuerdo con la paz y el reforzamiento de las instituciones”.
“Gente que se devuelve“
De acuerdo a una investigación, realizada entre el 3 y el 17 de febrero de 2026, el Observatorio de la Diáspora Venezolana determinó que la mayoría de los venezolanos no planea regresar al país.
En un programa radial, Tomas Páez Lander, presidente del Observatorio, informó que 19,3% prefiere permanecer en el extranjero sin planes inmediatos de retorno, 44,5% regresaría solo si mejoran las condiciones en Venezuela, 11,4% contempla un regreso a corto plazo y 9,6% lo considera posible, pero no de forma inmediata.
Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional indicó que por primera vez en los últimos 12 años la curva de migración se invirtió.
“Son más los venezolanos que están pensando regresar a su país, que los que están pensando en salir, aquí los esperamos con los brazos abiertos”, expresó.
Aunque no fustigó la política de expropiación estimulada por el fallecido presidente Hugo Chávez, reconoció que con la productora Agroisleña “debió buscarse una solución consensuada”.
También, en cuanto a momentos polémicos del chavismo, se refirió al caso de Radio Caracas Televisión (RCTV). Opinó que la televisora no fue cerrada arbitrariamente. “Se le venció la licencia y no se le renovó por decisión del Estado, hubo una intención del presidente Chávez de comprarles el canal, pero dueños se negaron”.
Rodríguez resaltó que tiene una relación estrecha con su hermana y que la tragedia familiar que vivieron los unió más.
“Cuando mi padre falleció ella tenía 5 y yo 10 años, yo asumí el papel que dejó el vacío de mi padre. En 1989 yo era presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela y nos reunimos con Carlos Andrés Pérez, él me preguntó si yo guardaba rencor por lo de mi padre y le dije que mi madre me enseñó a no odiar”, reveló.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) difundió a través de su cuenta en X un pronunciamiento en el que exige al gobierno tres pasos concretos para recuperar la libertad de expresión en Venezuela.
El CNP señaló que una verdadera “apertura informativa” debe brindar acceso universal y transparente a la información, diálogo abierto y ético entre actores sociales medios, así como también el pluralismo y la diversidad de voces.
“La recuperación de la libertad de expresión en Venezuela no es, bajo ninguna circunstancia, una concesión política ni una moneda de cambio; es un Derecho Humano fundamental e innegociable”, aseguró el CNP.
El CNP aseveró que un ecosistema democrático sano no puede coexistir con la persecución, el bloqueo de portales digitales o una hegemonía comunicacional diseñada para silenciar la disidencia.
Exigencias del CNP al Estado:
Devolución y reapertura
El Colegio Nacional de Periodistas demanda la “devolución inmediata” de los medios de comunicación expropiados y la reapertura de las estaciones de radio y prensa escrita que han sido clausuradas por motivos políticos.
“El espectro radioeléctrico y los espacios informativos son de la ciudadanía”, recalcó el CNP.
Retorno Seguro de Colegas
El gremio exigió también el cese de la persecución judicial que ha forzado al exilio a cientos de periodistas.
“Solicitamos el cierre de las causas penales abiertas por el simple ejercicio de la profesión, garantizando un retorno con garantías de seguridad y libertad”, pide el ente gremial.
Plena vía Amnistía
Otra de las demandas del Colegio Nacional de Periodistas es la libertad plena de todos los periodistas y trabajadores de la prensa que permanecen con medidas cautelares, como presentación ante los tribunales, prohibición de salida del país y de declarar ante los medios de comunicación.
“La Ley de Amnistía debe ser el instrumento jurídico que borre las injusticias cometidas contra quienes solo cumplieron con su deber de informar”, sugirió el Colegio Nacional de Periodistas.
La recuperación de la libertad de expresión en Venezuela no es, bajo ninguna circunstancia, una concesión política ni una moneda de cambio; es un Derecho Humano fundamental e innegociable. 🧵1/5 pic.twitter.com/02nib89lay
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, aseguró este lunes, 2 de marzo, que actualmente en Venezuela se puede hacer periodismo sin temor a represalias.
En entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, Rodríguez aseguró que “el periodismo venezolano está viviendo unos nuevos tiempos”, en referencia a la “nueva etapa” que inició luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de funcionarios estadounidenses y tras una incursión en Caracas.
“Creo que es fundamental el trabajo de todo el periodismo, del periodismo independiente principalmente”, dijo el presidente de la AN y afirmó que cualquiera que sea la posición frente a los medios y periodistas “se debe respetar la libertad de expresión”.
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Sin embargo, las declaraciones de Rodríguez contrastan ampliamente con las denuncias realizadas por organismos de derechos humanos y entes gremiales como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) que han documentado, en los últimos meses, detenciones, citaciones, allanamientos y restricciones al ejercicio periodístico en distintas regiones del país, incluso después de la “transición tutelada” por EE.UU tras la captura de Maduro.
Aquí, los cuatro hechos que desmienten que el periodismo se ejerce sin represalias en Venezuela actualmente.
Periodistas sometidos
El SNTP insiste en que, pese a los cambios políticos que han ocurrido luego del 3 de enero, persisten los obstáculos para que los periodistas en Venezuela puedan ejercer su labor libremente.
Registros del gremio precisan que reporteros, camarógrafos y trabajadores de la prensa, tanto nacionales como extranjeros, aún son sometidos a detenciones arbitrarias, confiscación de equipos y limitaciones para acceder a la información pública.
El pasado 5 de enero, día de la instalación de la Asamblea Nacional y juramentación de Delcy Rodríguez, el SNTP denunció que 14 periodistas fueron detenidos. Horas después todos fueron liberados. Según denunció el sindicato, a los comunicadores se les prohibió transmitir en vivo y grabar o hacer fotos.
A los periodistas también se les impide informar hechos que comprometan al gobierno nacional, especialmente temas de corrupción y narcotráfico.
Cabe recordar que antes de aprobarse la Ley de Amnistía, 23 periodistasy trabajadores de la prensa estuvieron encarcelados por ejercer su labor de informar, varios de ellos durante años y en situación de vulnerabilidad, como el periodista Ramón Centeno, quien salió de prisión sin poder caminar por una lesión que se agravó en reclusión por no recibir la atención médica idónea ni oportuna.
Medios cerrados
La organización Espacio Público documentó que en 20 años de chavismo y madurismo han desaparecido más de 400 medios de comunicación, incluyendo prensa escrita, emisoras de radio, televisoras y plataformas digitales.
Según cifras del sindicato, entre 2013 y 2018 desaparecieron 80 de los 155 periódicos que circulaban en el país.
Entre 2003 y principios de 2023, más de 285 emisoras de radio fueron cerradas. De acuerdo a Espacio Público, el año más crítico de la radio independiente fue en 2022 cuando 81 estaciones dejaron de escucharse.
En 2025 más de una veintena de medios radiales han sido obligados a cerrar por presiones o sanciones administrativas de Conatel, regularmente sin previo aviso ni derecho a defensa.
Mientras que, en lo que va de 2026, se ha reportado el cierre de tres emisoras: Impacto 105.3 FM (Táchira), Urbana 94.3 FM (Miranda), Rítmica 104.1 FM (Carabobo) en procesos arbitrarios y denunciados por los gremios como lesivos contra la libertad de expresión.
Bloqueos a portales web y redes sociales
Los bloqueos a portales web y redes sociales, con el pasar de los años, se convirtieron en una política sistemática de censura. Según la organización VesinFiltro, 61 portales de noticias fueron bloqueados de forma permanente. 134 sitios web fueron bloqueados, incluyendo 60 medios de comunicación, durante el ciclo electoral entre julio de 2024 y enero de 2025.
El bloqueo se realiza a través de los principales proveedores de Internet: CANTV, Movistar, Digitel, Inter, Supercable, Vnet, Airtek y NetUno. En la lista se incluye nuestro sitio web Runrun.es, que fue bloqueado desde el año 2020.
Las plataformas sociales de interacción no escaparon de la censura en Venezuela. Después de las elecciones presidenciales del 28 de julio TikTok fue bloqueado por 11 noches consecutivas.
Mientras que la red social X (antes Twitter) está bloqueada en Venezuela desde el año 2024 por orden directa de Nicolás Maduro. Varias VPN (Red Privada Virtual) también han sido bloqueadas para dificultar el acceso a información censurada. La situación se mantiene hasta el presente.
Leyes que criminalizan el trabajo informativo
Actualmente, todavía están vigentes leyes que criminalizan el ejercicio periodístico en Venezuela y que no han sido derogadas. Una de ellas es la Ley Contra el Odio, normativa utilizada para detener y procesar periodistas por “incitación al odio”. Esta misma ha sido aplicada en casos de reporteros detenidos por informar sobre corrupción, inseguridad o protestas.
La Ley de Responsabilidad Social en Radio, TV y Medios Electrónicos, asimismo, permite sanciones administrativas, multas y cierre de medios por contenidos considerados “no aptos” o “contrarios a la seguridad de la nación”. Ha sido usada para sacar del aire emisoras críticas y obligar a la autocensura.
Mientras que la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en noviembre de 2024, castiga a medios de comunicación que difundan mensajes considerados promoción de sanciones internacionales.
Sippenhaft como castigo alterno
En Venezuela, diversas organizaciones internacionales, ONGs y figuras políticas han denunciado el uso del Sippenhaft —una táctica de castigo colectivo de origen nazi— que consiste en perseguir, arrestar o torturar a familiares de disidentes para forzar la entrega o el silencio de estos. La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela ha documentado de la Organización de las Naciones Unidas ha denunciado formalmente el uso de este método en sus informes desde 2021.Los periodistas venezolanos no han escapado de ser víctimas de estas prácticas.
El pasado 26 de febrero, el periodista que acompañó a María Corina Machado en su campaña por las presidenciales, Luis Gonzalo Pérez, reveló que en diciembre de 2025, cuatro miembros de su familia fueron detenidos y amenazados si él seguía informando “sobre la dictadura”.
La actuación del Cicpc ocurrió en los estados Guárico y en Caracas a la misma hora del 5 de diciembre. En la primera entidad detuvieron a sus suegros, posteriormente, se llevaron a su cuñado en su sitio de trabajo, y los funcionarios derrumbaron las puertas de la vivienda de sus padres en Petare, Caracas. Minutos antes, Pérez les había alertado lo ocurrido en Guárico y sus padres pudieron ponerse a resguardo, su tío no corrió con la misma suerte.
“Robaron objetos de valor de la casa, se llevaron detenido a mi tío sin ninguna orden a destino incierto, estuvo en desaparición forzada (…)A mis suegros y cuñados en Guárico los trasladaron de Valle de la Pascua y a San Juan de los Morros. Los sometieron a un interrogatorio intenso para que dieran mi ubicación. A todos, se les indicó que debían hablar conmigo para que yo dejara de informar y hablar sobre la dictadura, ya que los estaba “desestabilizando”. Esa noche fueron liberados y les amenazaron diciéndoles que tenían que hablar conmigo para que yo cesara de informar, o sino, serían nuevamente detenidos”, relató.
En un video compartido en redes sociales, pidió que bajo la Ley de Amnistía, revisen este caso nacional e internacionalmente para proteger a sus seres queridos y para que él pueda materializar su retorno a Venezuela, ya que permanece exiliado.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La vida del preso político Manuel Alejandro Bohórquez Colina corre riesgo. Así lo expone la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) en una publicación de X.
La ONG expuso que la condición de salud del zuliano de 31 años, que permanece preso en la cárcel de Tocorón en el estado Aragua desde marzo de 2025, es precaria y requiere una atención urgente.
“Nuestro llamado a las autoridades del Estado venezolano es para que se otorgue de manera inmediata la libertad plena a Manuel”, escribió la ONG en sus redes sociales.
Bohórquez requiere atención médica especializada por ser paciente sobreviviente de sarcoma epitelioide, un tipo de cáncer poco común que afecta los tejidos blandos.
Sus familiares denunciaron además que padece una alergia crónica en la piel como consecuencia de picaduras de insectos en distintas zonas del cuerpo y que presenta igualmente dolor en la zona lumbar por atrofia en la columna.
De acuerdo a la ONG, a Bohórquez se le han violado sus derechos fundamentales, especialmente a la salud y al debido proceso.
Bohórquez fue detenido en el sector 13 de San Jacinto, en Maracaibo, el pasado 14 de agosto de 2024 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), a dos semanas de los comicios presidenciales donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio como ganador al hoy preso en los Estados Unidos Nicolás Maduro, sin hasta ahora presentar resultados desagregados en su página web.
“Mantener su privación de libertad bajo estas circunstancias representa un riesgo desproporcionado para su integridad física, contraviniendo los estándares nacionales e internacionales de protección a la vida y los derechos humanos”, indicó la ONG.
El zuliano fue aprehendido luego de que el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, lo vinculara con un presunto plan terrorista para atentar contra la Embajada de Argentina en Caracas, sede diplomática donde estaba retenido un equipo vinculado a María Corina Machado que posteriormente fue evacuado sin que el Ejecutivo diera mayores explicaciones.
Amnistía sin casos rezagados
JEP expuso que la recién aprobada por la Asamblea Nacional controlada por el chavismo Ley de Amnistía, debe regirse por el principio de igualdad “asegurando que ningún caso quede rezagado y menos cuando existen razones humanitarias de peso”.
La organización agregó que el llamado a justicia con Bohórquez debe extenderse igualmente a Nudre Javier Chourio y Reny Regino González, quienes se encuentran procesados por la misma causa.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
