Sobre los escombros del sistema de relaciones de trabajo, el Poder Ejecutivo pretende decretar la eliminación definitiva de los sindicatos, la negociación colectiva y el diálogo social. Una ofensiva observable en la realidad laboral de los sectores público y privado en nuestro país, donde el incordio del Estado, a través de tribunales e inspectorías del trabajo, desaplica con premeditación y alevosía las leyes laborales y la CRBV.
Ciertamente, ¿cuál era el sueño de Hugo Chávez y luego de Maduro? Que en Venezuela existiera solo la Central Bolivariana Socialista, fundada en 2011. El caudillo del patio emulaba con ello, otra vez, a Fidel Castro, quien reconoció únicamente la Central de Trabajadores de Cuba como organismo “sindical”. Su predecesora fue la Confederación de Trabajadores de Cuba (CTC), fundada en 1939 y desde 1961 captada como una organización que opera bajo el sistema político cubano. Esta representa a los trabajadores que, como “pilar de la revolución”, participan en tareas de apoyo en la construcción de la sociedad cubana.
Entre tanto, en la URSS y el conjunto de países inscritos en el Pacto de Varsovia, los sindicatos funcionaban como organizaciones estatales bajo el control del Partido Comunista, no como entidades independientes que defendieran a los trabajadores frente a un patrón. Su propósito principal era promover los objetivos del gobierno y del partido, asegurando el cumplimiento de los planes de producción y gestionando aspectos sociales como las vacaciones o las guarderías, en lugar de negociar derechos laborales contra el empleador, que era el propio Estado.
Por otra parte, en China, el rol de los sindicatos bajo el régimen comunista es el de una organización única: la Federación Nacional de Sindicatos (ACFTU), que actúa como brazo del Partido Comunista para mantener la unidad y disciplina de los trabajadores, además de proteger sus intereses bajo la ideología del partido, pero sin autonomía o independencia para actuar por sí mismos. Los sindicatos independientes son ilegales en China, y solo la Federación Nacional de Sindicatos de China (ACFTU) cuenta con el permiso del Estado chino y el Partido Comunista Chino para operar.
Este es el “modelo sindical” que ha querido implantar el PSUV y el Estado chavomadurista a lo largo del siglo XXI. Pero que encara la cultura sindical acumulada desde hace un siglo. De hecho, incipientes organizaciones sindicales clandestinas trazaron la orientación clasista al fundar la primera central en el país: la CVT, en diciembre de 1936, enraizada con las luchas petroleras. Posteriormente se reforzó la libertad sindical con la fundación de otras centrales como la CUTV, CODESA y CGT durante el siglo XX, agregándose en el siglo XXI la UNT y ASI.
La propuesta madurista de la constituyente sindical viene precedida del fracaso evidente de los Consejos Productivos de Trabajadores (CPT), también denominados Consejos Revolucionarios de Trabajadores (CRT), reconocidos mediante la “Ley de los Consejos de Trabajadores”. Una ley aprobada por la Constituyente fraudulenta e inconstitucional electa en 2017, con la identificación de Ley de los Consejos Productivos de Trabajadoras y Trabajadores (CPTT), en febrero de 2018, y que dice:
“Esta ley regula la constitución, organización y funcionamiento de los Consejos Productivos de Trabajadores en las entidades de trabajo públicas, privadas, mixtas y comunales de Venezuela, con el objetivo de promover la participación protagónica de la clase obrera y el Poder Popular en la gestión productiva para garantizar el acceso a bienes y servicios”.
La indiferencia manifiesta de los trabajadores de las empresas públicas, como el caso de PDVSA o Guayana, en la creación de estos CPT —concebidos para sustituir paulatinamente a los sindicatos—, se debe a la creciente preocupación de la masa obrera por la depauperación de sus salarios y la anulación de sus contratos colectivos.
Circunstancias que animan a los trabajadores mantenerse en sus históricos sindicatos, por muy maltrechos que estén, en lugar de abrazar estos parapetos ideológicos impuestos desde el Estado. Saben que estos son organismos creados para bloquear toda protesta laboral contra el régimen y desmantelar la protección al trabajo establecida en la Constitución.
En resumidas cuentas, la pretensión del Estado madurista es eliminar la libertad sindical y la negociación colectiva. Ilegaliza el movimiento sindical libre para imponer finalmente un sindicalismo único afín a su proyecto político como condición para ser reconocido por el Estado totalitario.
En tal sentido planteamos: ¿el sindicalismo libre en sus diferentes expresiones permitirá que se concrete esta ofensiva del régimen? ¿O será capaz de superar sus divergencias y unirse para enfrentar su posible desaparición? Son los retos a abordar en lo inmediato ante el régimen.
@froilanbarriosf | Movimiento Laborista.
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