La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) denunció supuestos “pactos” para designar al nuevo fiscal general y defensor del Pueblo, luego de la renuncia de Tarek William Saab y Alfredo Ruíz, respectivamente, el pasado 25 de febrero.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, la PUD alertó que “a espaldas del momento político que vive Venezuela y desconociendo, una vez más, lo establecido en la Constitución de la República, se estaría gestando un pacto entre el régimen y sus aliados para repartirse estos nombramientos”.
“El objetivo sería garantizar que quienes resulten designados mantengan su lealtad al poder y su subordinación a un aparato represivo que, durante años, ha actuado con total impunidad, permitiendo el encarcelamiento de miles de ciudadanos inocentes. La autonomía del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo es indispensable para asegurar investigaciones imparciales, garantizar el acceso a la justicia y restablecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado”, aseveró la PUD.
No más reparto de cuotas de poder: Venezuela exige justicia independiente.
Posición de la Plataforma Unitaria con ocasión del proceso en curso para la escogencia del Fiscal General de la República y el Defensor del Pueblo. #Comunicadopic.twitter.com/4K28rer4v7
La Plataforma Unitaria advirtió que la designación de estos dos funcionarios “no es un cargo administrativo más”.
“Se trata de una de las piezas fundamentales para reconstruir el Estado de derecho y asegurar que nunca más se utilicen las instituciones para encarcelar, intimidar o silenciar a quienes piensan distinto”, afirmó la PUD y recalcó que la designación de las autoridades del Poder Ciudadano no puede formar parte de acuerdos políticos orientados a preservar cuotas de poder.
La PUD señaló que la reconstrucción de un sistema de justicia independiente constituye un requisito esencial para garantizar una verdadera transición política y el restablecimiento pleno de las libertades.
¿Qué dicta la Constitución?
La Constitución establece que el Ministerio Público (MP) tiene la responsabilidad de dirigir la investigación penal, ejercer la acción penal en nombre del Estado y velar por el respeto de los derechos y garantías constitucionales en los procesos judiciales.
Por lo tanto, el Fiscal General de la República es el funcionario llamado a garantizar que en Venezuela se respete el debido proceso, se investiguen los abusos de poder y se ponga fin a la utilización del sistema penal como herramienta de persecución política.
Para optar por el cargo a Fiscal General, se exige a los candidatos: tener al menos 30 años, ser abogado o abogada de reconocida honorabilidad, contar con un mínimo de 15 años de ejercicio del derecho y no poseer vínculos de consanguinidad con altos cargos del Estado.
Las candidaturas serán evaluadas por la comisión de diputados (de mayoría oficialista) integrada por: Giuseppe Alessandrello, Rodbexa Poleo, Gloria Castillo, Willy Medina, Carolina García, Roy Daza, José Villarroel, así como los opositores Pablo Pérez, Bernabé Gutiérrez, Julio Hernández, Antonio Ecarri y Luis Augusto Romero.
Luego de la evaluación de las candidaturas, los diputados presentarán ante el Legislativo una selección de aspirantes para que el Parlamento elija a los nuevos titulares.
¿Quiénes son los postulados a Fiscal General?
Larry Devoe: Actual fiscal general encargado y uno de los perfiles técnicos que suena para la ratificación o titularidad permanente.
José Luis Alcalá Rhode: Abogado y dirigente político que presentó formalmente su postulación el 5 de marzo de 2026 bajo la premisa de “reconstruir la justicia”.
Magaly Vásquez González: Secretaria de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), doctora en derecho y especialista en derecho penal.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
A 80 años de su fundación, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) enfrenta uno de los desafíos más complejos de su historia: contribuir a reconstruir las condiciones para que el periodismo pueda existir en Venezuela con libertad, seguridad y dignidad laboral.
Ese desafío pasa hoy por enfrentar un ecosistema profundamente fracturado: la libertad de prensa afectada por la censura, los bloqueos a medios y los cierres arbitrarios; la seguridad de los periodistas, amenazada por detenciones, procesos judiciales y hostigamiento; la sostenibilidad del sistema de medios, golpeado por el cierre de estaciones, la precariedad y el debilitamiento institucional; y las condiciones laborales de los trabajadores, marcadas por salarios insuficientes y la pérdida de garantías básicas, reseñaron en una nota de prensa.
En el documento, el SNTP reafirma su compromiso “con la defensa de los derechos de quienes hacen posible el trabajo informativo y con el derecho de la sociedad a estar informada”.
Ocho décadas de defensa y acompañamiento
Actualmente, el sindicato ha asumido un rol fundamental en la documentación, denuncia y acompañamiento de víctimas de violaciones a la libertad de expresión y al derecho a la información.
“El SNTP ha estado al lado de periodistas detenidos arbitrariamente, desaparecidos, judicializados o forzados al exilio, así como de sus familias y de los medios afectados por la persecución y la censura”, asegura el ente y reafirma su compromiso con la defensa de la libertad de expresión, el derecho de la sociedad a estar informada y las reivindicaciones laborales de periodistas y trabajadores de la comunicación.
El sindicato insiste en que ocho décadas después de su fundación, mantiene intacta su convicción de que un periodismo libre, seguro y digno es indispensable para la democracia y para la reconstrucción de las libertades en Venezuela.
A propósito del aniversario, rinde también homenaje a sus fundadores y a las generaciones de dirigentes y afiliados que, a lo largo de estas ocho décadas, han asumido la responsabilidad de conducir y sostener esta organización. Su compromiso, valentía y vocación de servicio permitieron que el sindicato se mantuviera firme en la defensa del periodismo, del derecho de la sociedad a estar informada y de las reivindicaciones laborales de quienes trabajan en los medios de comunicación, incluso en los momentos más difíciles para el ejercicio de la profesión en el país.
Formación, asistencia legal y nuevas iniciativas
El SNTP a propósito de su 80 aniversario, informó que se cumplen también 10 años de la creación de la Red de Delegados Voluntarios del SNTP, una iniciativa que ha permitido expandir la presencia del sindicato y su capacidad de acompañamiento a periodistas y trabajadores de la comunicación en los 24 estados del país.
“Esta red se ha convertido en un mecanismo clave para la documentación y para la atención directa a quienes enfrentan riesgos en el ejercicio de su trabajo”, aseguró el sindicato.
El SNTP ha impulsado programas de formación que han alcanzado a centenares de periodistas en todo el país, promoviendo un periodismo cada vez más responsable, especializado y comprometido con los estándares profesionales.
En ese mismo espíritu, la organización ha constituido recientemente una red de abogados voluntarios destinada a brindar asistencia legal gratuita, oportuna y especializada a periodistas y medios sometidos a procesos judiciales o persecución por su labor informativa.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
A Esteban siempre le llamó la atención aquello de los “accidentes domésticos”. Nunca entendió cómo alguien puede ir a parar a un centro asistencial por un imprevisto en su propia casa, ese día había estado limpiando y al pasar por un área del piso que estaba mojada resbaló, se torció un pie y cayó al piso de costado, un golpe que al momento le quitó la respiración y lo dejó atónito. Estaba solo, por fortuna no fue una fractura de cadera, pero sí sabía que era una lesión de consideración. Como hombre quincuagenario “testarudo” no acudió a un médico ni mucho menos a una emergencia, era domingo y sumado a ello carece de un seguro médico.
Aunque no existe una estadística oficial de accidentes domésticos en Venezuela debido al nulo acceso a data pública, informes de especialistas y algunos centros de salud sostienen que la cifra llega a alcanzar hasta un 80% de las emergencias atendidas, la mayoría de estos percances protagonizados por personas de la tercera edad.
Esteban es periodista y trabaja en una empresa pequeña, hace una década laboraba en un emporio comunicacional donde disfrutaba de un seguro de hospitalización, cirugía y maternidad (HCM) para él, su esposa e hija, pero la galopante crisis, además de la censura en los medios de comunicación venezolanos, hicieron que saliese junto a un nutrido grupo de colegas. Ahora, laborando en una página web, las opciones son limitadas y no hay recursos para contar con un seguro.
A raíz de esta realidad, Esteban, quien siempre había estado amparado por un HCM colectivo, ahora se ha visto desprovisto de un seguro que permita hacerle frente a un accidente, dolor repentino o enfermedad. Así tiene un lustro, su sueldo le permite alimentar a su familia, pero no rubricar un contrato con una empresa privada para proteger su salud.
Debido a la precariedad del sistema de salud, el ciudadano común ha tenido que buscar redes de apoyo para paliar imprevistos de salud como GoFundMe y recolectas por distintas vías, haciendo hincapié en familiares y venezolanos que forman parte de la diáspora, cuyos ingresos suelen ser más elevados que el grueso del promedio en el país.
Cuando se cayó, Esteban pensó que el padecimiento podía ser solapado con un tratamiento casero. Tomó su teléfono y llamó a un amigo médico que le recomendó acudir a una emergencia para practicarse al menos una radiografía.
“Yo no tengo seguro y no voy a ir a un hospital público”, le dijo Esteban al galeno.
“Bueno compadre, entonces aguántate el dolor, toma analgésicos y ponte hielo”, le respondió el doctor.
Pese a que los artículos 83, 84 y 85 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establecen “que la salud es un derecho fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida”, la realidad es distante de lo estipulado en la ley.
Para la primera mitad del año 2024, el índice de desabastecimiento de insumos en áreas de emergencia en hospitales públicos fue de 36%, de acuerdo al más reciente informe de la Encuesta Nacional de Hospitales.
El propio Estado viola el artículo 85, el cual reza que este “garantizará un presupuesto para la salud que permita cumplir con los objetivos de la política sanitaria”.
También se vulnera el artículo 83, el cual cita que “el Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios”.
De acuerdo a la ENH, en el primer semestre de 2024, el servicio de agua fue intermitente y en su mayoría el líquido llegó por cisternas y no por tuberías a los hospitales, además se registraron 129 fallecidos que coincidieron con las fallas de servicio eléctrico.
Los días transcurrieron y el dolor de Esteban iba in crescendo, ya le costaba respirar. Había cumplido el tratamiento de tres días con analgésicos fuertes, hielo, pomadas y hasta hierbas que le recomendó su “nana” en Coro, estado Falcón, de donde es oriundo. Nada mitigaba la molestia.
En medio de sus desesperación se fue a una cadena de farmacias a pedir una recomendación a un farmaceuta, quien le dijo que en el municipio Chacao de Caracas había un centro asistencial donde existe una emergencia gratis y los precios de los exámenes son módicos.
Como pudo se trasladó hasta allá, cada movimiento, cada respiro era un suplicio. Lo atendió una joven doctora y le dijo que en apariencia no tenía fractura en las costillas, pero que lo más recomendable era hacerse una radiografía. Allí mismo se la hizo por una modesta suma comparado con clínicas de la capital venezolana, el resultado: fisura en par de costillas.
¿Cómo has aguantado ese dolor?, le preguntó la joven médico a Esteban, a lo que este se encogió de hombros y argumentó que no quería ir a parar a una emergencia en un hospital público como cientos de venezolanos.
“Dale gracias a Dios que no fue peor y no te fracturaste”, le dijo la doctora, quien le recetó un tratamiento con otro protocolo de analgésicos, colágeno, ejercicios de respiración y un reposo que cumplió a medias porque según Esteban, “si no trabajo, no como”.
¿Quién dijo que todo está perdido?
De acuerdo a la Cámara de Aseguradores de Venezuela, menos del 10% de la población en el país posee un seguro médico, lo que significa que más de 28 millones de venezolanos dependen de su bolsillo, la red pública o la caridad de los demás para atender una emergencia.
Según la corredora de seguros Esylmer Ruiz hay opciones para no quedarse desamparado, siempre y cuando la persona no dependa de una pensión o de un salario mínimo, que desde marzo de 2022 está ubicado en 130 bolívares, lo similar a poco más de 0,30 centavos de dólar mensual.
Ruiz destacó que las pólizas de accidentes y atención primaria van desde 120 a 300 dólares anuales y las otras que poseen una mayor cobertura tienen un promedio de 1.500 dólares por año.
“Las coberturas dependen del plan que cada quien seleccione, de la edad del asegurado e incluso el género (las mujeres tienen mayor siniestralidad), si eres mayor por supuesto que pagas más, una póliza básica puede tener una cobertura de $5.000 y una amplia de $500.000 y más”.
Es decir, tener un seguro básico implica desembolsar entre 20 y 30 dólares mensuales, lo que representa un esfuerzo titánico e imposible para aquellos que no perciben un sueldo en divisas, especialmente con una canasta alimentaria familiar que se ubicó en 677 dólares para enero de 2026, de acuerdo al Centro de Documentación y Análisis Social de Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).
Aunque Ruiz considera que apenas un 5% de la población en Venezuela posee seguro médico, las cifras se han levantado a partir de la dolarización de facto.
“2017 y 2018 fueron años críticos, pero a partir de 2019, se vio una recuperación, la gente empezó a asegurarse nuevamente”, dijo, al tiempo que precisó que aunque no ha perdido clientes, si ha debido de hacer malabares para mantenerlos.
“Antes asegurábamos a muchos docentes, hoy no, ahora quien más adquiere pólizas de seguros son medianos y grandes comerciantes, empresarios y los propios médicos. ¿Periodistas? No tengo a ninguno”.
Esteban planea en un futuro inaugurar la lista de Ruiz o que en su trabajo la situación mejore y puedan ofrecerle una póliza al personal. “Por ahora, le doy gracias a Dios que estoy vivo y que no fue peor”, dijo.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El caso de Víctor Hugo Quero, cuyo paradero y estado físico se desconocen desde hace más de 14 meses, ha pasado de ser una omisión administrativa para convertirse en una “política de opacidad” que vulnera tratados internacionales y derechos constitucionales fundamentales. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció este 10 de marzo que la negativa sistemática a proporcionar información oficial sobre un detenido constituye una denegación de justicia y se aproxima a la configuración de una desaparición forzada.
“No existe argumento legal que justifique el ocultamiento de información a una madre sobre el destino de su hijo. El silencio representa una absoluta arbitrariedad”, sentenció la organización en un comunicado donde exigen una fe de vida inmediata y un reporte transparente sobre la situación de Quero.
Detrás de las cifras y los términos legales está Carmen Teresa Navas, de 81 años, quien vive en un estado de ansiedad permanente tras dedicar 14 meses a un “peregrinaje incansable” por oficinas gubernamentales. Para el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), esta situación es una forma de trato cruel, inhumano y degradante: “Nadie debería rogar por saber si su hijo está vivo”.
A pesar de su avanzada edad, la señora Carmen ha recorrido diversos centros de detención en todo el país, encontrando solo negativas. Presume que a Víctor Hugo Quero Navas (51 años) lo detuvieron el 1 de enero de 2025 y, desde entonces, su paradero es un enigma: “Lo acusan de terrorismo, traición a la patria y otras cosas más”, declaró a Dossier Venezuela el 12 de febrero pasado.
Doce días después, Navas pidió desde la Cárcel El Rodeo I una fe de vida de su hijo, tras revelar que en seis ocasiones había acudido hacia ese centro porque en los tribunales de Caracas le dijeron que estaba recluido allí.
“La incertidumbre no puede ser la respuesta de la justicia”, advierte el comité, recordando que negar información sobre una persona bajo custodia es una violación flagrante que constituye un crimen de lesa humanidad mientras no se revele el paradero.
Una ficha en la Comisión de Amnistía
En un intento por romper el muro de silencio, el pasado 5 de marzo, Carmen Navas acudió ante la Comisión Parlamentaria de la Asamblea que atiende la Ley de Amnistía. Allí llenó una planilla formal para solicitar que su caso sea atendido con urgencia. Esta acción se suma al agotamiento de todas las instancias institucionales que, hasta la fecha, no han dado respuesta al paradero de su hijo.
¿Es correcto hablar de desaparición forzada en este caso?
De acuerdo con lo explicado por defensores y organismos internacionales, es preciso hablar de desaparición forzada cuando las autoridades niegan información sobre el lugar de reclusión de un detenido o se niegan a reconocer la privación de libertad.
El artículo II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personasdefine en su artículo II que se considera como tal “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.
En mayo de 2025, la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó al gobierno venezolano a cesar las detenciones en condiciones de aislamiento e incomunicación y señaló que, a menudo, esta práctica equivale a desapariciones forzadas.
“Mantener a personas opositoras en condiciones de aislamiento e incomunicación es una práctica perversa e ilegal que puede constituir un crimen internacional,” afirmó la presidenta de la Misión, Marta Valiñas, en ese reporte.
Mientras que Amnistía Internacional (AI) publicó un informe titulado“Detenciones sin rastro: El crimen de desaparición forzada en Venezuela en julio de 2025, en el que denunció que la desaparición forzada de personas opositoras, disidentes y ciudadanos extranjeros en Venezuela se consolida como parte de un ataque “sistemático y generalizado contra la población civil”. En los casos analizados en el documento, encontraron denominadores comunes.
“Las autoridades negaron información sobre las detenciones de todas estas personas. Cuando las reconocieron, negaron información sobre su suerte o paradero. Sus familiares acudieron incansablemente a organismos gubernamentales, fiscalías, el poder judicial y diversos centros de detención para intentar localizar a sus seres queridos, sin obtener respuesta”, relataban entonces, la misma situación que le ha tocado vivir a la señora Carmen Teresa Navas, madre de Quero.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este miércoles, 11 de marzo,ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
Desde inicios del año 2026, con Delcy Rodríguez en el poder -avalada por Estados Unidos- tras los eventos del 3 de enero, el Estado venezolano ha intentado proyectar una imagen de “reconciliación nacional” mediante la aprobación de una Ley de Amnistía.
Sin embargo, testimonios de defensores de DDHH ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revelan que esta supuesta apertura no ha desmantelado las estructuras de control social y persecución política y destacaron la necesidad de que el Estado garantice la reparación y no repetición.
En una audiencia pública en el marco del 195 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebrada en Guatemala este martes 10 de marzo, y titulada «Venezuela: Derecho a la libertad de expresión, prensa, información y asociación», representantes de la ONG Espacio Público y del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) expusieron un panorama donde la esperanza por la reciente Ley de Amnistía colisiona frontalmente con patrones de persecución que se niegan a desaparecer.
“En el caso de Víctor Hugo Quero, cuyo paradero y estado físico se desconocen desde hace más de 14 meses, el silencio administrativo ha dejado de ser una omisión para convertirse en una política de opacidad que vulnera tratados internacionales y derechos constitucionales fundamentales”, ONG Justicia, Encuentro y Perdón.
Lo que rompe en redes
Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) denunciaron que, tras sostener una rueda de prensa del Movimiento “Salvemos Venezuela” en conjunto con la Alianza Sindical Nacional, miembros de seguridad grabaron a los presentes sin ningún motivo.
#AlMomento | Luego de la rueda de prensa del Movimiento “Salvemos Venezuela” en conjunto a la Alianza Sindical Nacional, miembros de la Seguridad UCV se dedicaron a grabar y a documentar a los presentes sin motivo alguno.
El periodista venezolano Ramón Centeno se recupera exitosamente tras someterse a una cirugía que le permitiría volver a caminar. Este martes, 10 de marzo, se le vio llegar caminando con ayuda de una andadera a una consulta médica posoperatoria.
Ya está disponible en Netflix la segunda temporada del live action de One Piece, la popular serie de manga y anime escrita por el mangaka japonés Eiichirō Oda.
La periodista Yolimar Hidalgo, de 30 años de edad, fue hallada muerta la mañana del 8 de marzo en una vivienda del sector Huete de Cagua, estado Aragua. Según datos publicados por el medio aliado El Pitazo, el cuerpo de la comunicadora social presentaba un impacto de bala en la cabeza.
Una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se trasladó al sitio para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar las pesquisas correspondientes. Fuentes policiales indican que la determinación de la trayectoria de la bala es el elemento técnico fundamental para esclarecer si se trató de un hecho violento o de otra naturaleza.
Hidalgo egresó de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) en la promoción de 2021. En la actualidad, desempeñaba labores de periodismo comunitario y popular, enfocada en la difusión de actividades sociales y políticas en el eje central de Aragua.
Su historial laboral incluía experiencia en el área de comunicaciones durante la gestión de Hipólito Abreu en el Ministerio de Transporte y Comunicación. Asimismo, se conoció que formaba parte del Movimiento Integrador Revolucionario Antiimperialista (MIRA). La periodista era madre de tres hijos.
Ante el suceso, la Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Aragua, emitió un comunicado oficial en el que instó a los organismos de seguridad a establecer con claridad las causas del fallecimiento. El gremio enfatizó que la muerte ocurrió en circunstancias que todavía están bajo investigación.
“Para dar tranquilidad y conformidad a familiares y allegados, solicitamos dar celeridad a las investigaciones”, señaló la representación gremial, al tiempo que subrayó la importancia de evitar la opacidad en casos que involucran a profesionales de la comunicación.
La Junta Directiva Nacional del CNP acompañó este pronunciamiento y exhortó a las autoridades competentes a esclarecer las circunstancias en las que perdió la vida Hidalgo.
Dos periodistas muertos en diez días
Lamuerte violenta de Yolimar Hidalgo se suma a la del periodista merideño Walter Jaimes, quien el 28 de febrero fue reportado como desaparecido tras salir de su residencia en la mañana para cubrir una pauta noticiosa.
El 1 de marzo, el cuerpo del periodista fue localizado en una zona enmontada del sector El Anís, en la carretera La Variante del municipio Sucre, Mérida. El cadáver presentaba signos de tortura, el rostro quemado y traumatismo craneoencefálico severo. Al no ser identificado inicialmente por falta de documentación, el cuerpo es enterrado en una fosa común en el municipio Campo Elías (Lagunillas).
El 5 de marzo pasado, un tribunal autorizó la exhumación del cuerpo de Jaimes tras la exigencia de familiares y del gremio periodístico para realizar nuevos exámenes forenses. El procedimiento se llevó a cabo un día después y los restos fueron trasladados hacia el municipio Tovar y posteriormente a Bailadores.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Desde inicios del año 2026, con Delcy Rodríguez en el poder -avalada por Estados Unidos- tras los eventos del 3 de enero, el Estado venezolano ha intentado proyectar una imagen de “reconciliación nacional” mediante la aprobación de una Ley de Amnistía.
Sin embargo, testimonios de defensores de DDHH ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revelan que esta supuesta apertura no ha desmantelado las estructuras de control social y persecución política y destacaron la necesidad de que el Estado garantice la reparación y no repetición.
En una audiencia pública en el marco del 195 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanoscelebrada en Guatemala este martes 10 de marzo, y titulada «Venezuela: Derecho a la libertad de expresión, prensa, información y asociación», representantes de la ONG Espacio Público y del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) expusieron un panorama donde la esperanza por la reciente Ley de Amnistía colisiona frontalmente con patrones de persecución que se niegan a desaparecer.
Una herramienta insuficiente y criminalizante
La “Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”, aprobada el 19 de febrero de 2026 por la Asamblea Nacional, fue el eje central del debate. Aunque la normativa permitió un “indicio de reconciliación nacional”, las organizaciones denunciaron ante la CIDH fallas estructurales en su implementación.
Francis Betancourt, coordinadora del Programa de promoción, defensa y acción pública de Espacio Público, subrayó la opacidad que ha rodeado el proceso desde su anuncio por parte de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez: «Una vez que los familiares se dan cuenta de que no hay listas oficiales del Estado, proceden a documentar caso por caso.Queda en evidencia la falta de transparencia de estos casos y la falta de información pública del alcance de estas medidas», alertó.
Por su parte, Marysabel Rodríguez, investigadora del CDH-UCAB, señaló que el espíritu de la ley no es el de reparar a las víctimas, sino el de “perpetuar una narrativa de culpabilidad”. Según Rodríguez, el texto “trata a las víctimas como delincuentes” y parte de la premisa de que los beneficiarios cometieron delitos, obviando que muchos fueron procesados arbitrariamente por razones políticas
La paz necesita justicia, reparación y no repetición
Aunque organizaciones registran entre 500 y 600 excarcelaciones desde enero de 2026, los defensores advierten que estar fuera de una celda no significa ser libre. Francis Betancourt explicó que persisten graves vulneraciones al debido proceso y a la presunción de inocencia.
Muchos de los excarcelados mantienen regímenes de presentación y sus casos carecen de sentencias firmes que aborden el fondo de la causa; en su lugar, se les otorga una simple “boleta” de excarcelación en lugar de un sobreseimiento judicial definitivo.
«Celebramos los sobreseimientos otorgados a través de la Ley de Amnistía, pero vemos con preocupación que se están dando a través de una boleta y no una sentencia. Queremos apelar a que estas sentencias respondan al fondo de la causa… para que las víctimas puedan tener acceso a la justicia», acotó Betancourt.
A su vez, Carlos Correa, director de Espacio Público, subrayó la importancia de estas salidas, pero con matices claros. Aunque afirma que cada libertad llena de gozo a las organizaciones y permite a las personas abrazar a sus familias, enfatizó que se requiere libertad plena y que la gente pueda incorporarse al debate social sin temor a las consecuencias. Para Correa, la excarcelación actual permite documentar lo ocurrido y saber quiénes son los responsables, pero no constituye el fin del camino hacia la justicia y la reparación.
Asimismo, enfatizó que, aunque cada reencuentro familiar tras las rejas es motivo de celebración, el objetivo final es la reintegración total del ciudadano a la vida pública sin represalias. «Es fundamental que la gente pueda sentirse con libertad. Expresarnos sin temor a las consecuencias. Tenemos que vencer las consecuencias de expresarse», dijo.
Finalmente, hizo un llamado a la “coherencia” institucional, recordando que el discurso oficial de pacificación debe sostenerse sobre pilares sólidos: «Se habla de paz; la paz necesita justicia, derechos humanos, reparación y no repetición. Esas son las agendas en las que hay que avanzar y transformar».
La “arquitectura del odio”
La situación de la prensa en 2026 sigue marcada por la censura y la violencia. A pesar de que algunos medios recuperaron acceso a sedes oficiales como el Palacio de Miraflores, los ataques directos persisten. El 5 de enero, durante la instalación de la Asamblea Nacional, al menos 14 periodistas fueron detenidos y sus equipos fueron revisados ilegalmente.
Carlos Correa denunció ante la CIDH que en Venezuela se constituyó una “arquitectura legal del resentimiento y del odio” diseñada para castigar a quienes critican. La Ley contra el Odio, que Correa describe como la más severa de la región, permite penas de hasta 20 años de cárcel solo por emitir una opinión.
Recientemente, el 26 de febrero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió que el delito de “incitación al odio” es imprescriptible. Francis Betancourt alertó que esto convierte una opinión en un crimen de lesa humanidad, violentando todos los estándares internacionales y la libertad de expresión.
Ante este panorama, Correa defendió la necesidad de la libertad incluso con sus imperfecciones, señalando que es preferible abordar los problemas del periodismo responsable al silencio impuesto por el Estado. El director de Espacio Público también mencionó el asesinato del periodista Walter Jaimes, cuyo cuerpo fue exhumado recientemente en un intento por esclarecer un crimen que sigue bajo la sombra de la impunidad.
La censura digital y la criminalización de la asociación
El entorno digital en Venezuela está bajo un bloqueo sistemático. Al menos 62 sitios de noticias y portales de derechos humanos se mantienen bloqueados por la operadora Cantv y empresas privadas que proveen servicios de Internet.
Pedro Vaca, relator especial de la CIDH, calificó como “impresionante” el reporte de sitios censurados, que incluye incluso aplicaciones de mensajería, limitando severamente el acceso a la información de la sociedad venezolana.
«Es difícil entender cómo en una libertad plena existen mecanismos importantes de contención, propaganda y conducción de lo que entiende la sociedad», señaló.
En cuanto al derecho de asociación, Marysabel Rodríguez denunció que el Estado utiliza la figura penal de “asociación para delinquir” como “punta de lanza” para criminalizar la labor política y social.
«Se utiliza sistemáticamente esta atribución de asociación para delinquir para criminalizar a personas que ejercen de manera legítima y legal la libertad política de asociarse… El derecho a la asociación es criminalizado a través de esa figura penal», advirtió Rodríguez.
Decálogo de la ruta hacia la democracia
Para concluir su intervención, Carlos Correa propuso un decálogo de medidas inmediatas que el Estado venezolano debería adoptar si realmente busca una transición democrática. Estas incluyen:
– Libertad plena y no solo medidas cautelares para los excarcelados
– Derogatoria de leyes restrictivas, como la Ley contra el Odio y la Ley contra las ONG
– Cese del discurso de descalificación desde los medios estatales hacia la disidencia
-Garantía de acceso a la información pública, incluyendo datos precisos sobre los beneficiarios de la amnistía
Correa enfatizó que, aunque cada liberación es recibida con “gozo”, no se debe perder de vista que la paz genuina solo es posible si se basa en la “justicia, derechos humanos, reparación y no repetición”.
El rol de la CIDH y demandas al Estado
La Comisión, a través de sus relatores, reafirmó su compromiso con el seguimiento técnico de la situación venezolana. Gloria de Mees, relatora para Venezuela, agradeció a los defensores por mantener “una luz de verdad en una realidad deliberadamente formada por terror y opacidad”.
Asimismo, la relatora solicitó al Estado que haya una visita in situ. «No es un gesto simbólico, es algo en una sala que se ha mantenido en la oscuridad», declaró.
Por su parte, Edgar Stuardo Ralón, presidente de la CIDH, destacó también la necesidad de tener esta visita en terreno, ya que ayudaría a acelerar “los procesos de una transición democrática”.
«La historia de nuestra región nos recuerda que la libertad puede ser demorada pero nunca extinguida. Venezuela ha atravesado años difíciles marcados por restricciones a la libertad de expresión, persecución y miedo. Sin embargo, también ha demostrado una extraordinaria resiliencia cívica», finalizó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Para los agrónomos, tutorear es colocar una estaca amarrada a un árbol recién sembrado para que crezca derecho. En relación a una persona o grupo, se refiere a guiar y apoyar para que tome decisiones acertadas. Para poder tutorear a alguien con éxito se requiere que tenga disposición para cambiar e implica un largo proceso de enseñanza.
Arrear es estimular o empujar para arrancar o acelerar el paso, y aunque se usa generalmente para llevar el ganado a determinado sitio, también se aplica coloquialmente a personas. No implica voluntad de moverse, solo obedece por la fuerza o por miedo, no por convicción, demorando actuar lo más que puede. En el caso del G4, integrado por Delcy Rodrígez, su hermano Jorge, Diosdado Cabello y Padrino López, ¿vale la pena tutorearlos o deben arrearse para encauzar a Venezuela hacia la democracia?
¿En qué ha cedido el G4?
Como no están agarrados a lazo, detectaron que el interés del presidente Trump es económico y geopolítico. En consecuencia, Delcy y sus tres compinches se doblaron, dejaron de lado sus convicciones y prédicas políticas y aceptaron recibir con sonrisas complacientes a altas personalidades, civiles y militares, de Estados Unidos, y reformar la Ley de Hidrocarburos casi hasta donde lo permite la Constitución.
Esa reforma, a pesar de sus fallas, es favorable tanto a Venezuela, como a las compañías petroleras y servicios conexos, especialmente a las estadounidenses que conocen el terreno. En el aspecto geopolítico, seguro que, por presión de Marco Rubio, expulsaron a los equipos cubanos de paramédicos y entrenadores deportivos que realizaban una buena labor, así como a quienes actuaban como espías, controlaban registros y notarías, y eran guardaespaldas de Maduro y quizá de otros jerarcas.
Ahora Irán no cuenta, Rusia está cada vez más desgastada por su invasión a Ucrania y la resistencia encontrada, y a la dictadura cubana la tienen en caldo de ñame.
Cedieron muy parcialmente al aprobar una Ley de Amnistía que es una farsa. Aunque ha permitido la excarcelación de muchos, otros permanecen en las ergástulas del régimen. Trump está satisfecho con Delcy Rodríguez, pero Marco Rubio y la señora Dogu deben arrearla, porque los venezolanos no percibimos cambios fundamentales y queremos democracia.
Insistimos sin duda en la libertad de todos los presos políticos y que el régimen proporcione información a los familiares de quienes siguen encerrados o desaparecidos, que de hecho también están presos, así como que los exiliados puedan regresar. En segundo término, el desarme de los paramilitares apoyados por el régimen y combatir a las guerrillas colombianas relacionadas con el tráfico de drogas, así como enjuiciar a nuestros militares implicados en el tráfico de drogas y de oro. También que cesen los encarcelamientos, y las invasiones, robos y destrucción de viviendas de opositores como los recientes perpetrados en los hogares de Leopoldo López y su esposa Lilian, y sean devueltas las casas robadas a varios conocidos opositores.
¿En qué áreas debe actuar la oposición?
Nos permitimos insistir en la necesidad de suspender el fuego amigo, disparado desde la cintura e injustamente en contra de opositores por cualquier diferencia de opinión. En este sentido, pensamos que María Corina, con su gran liderazgo, tendría una gran influencia en reducir esas descalificaciones. Otro punto importante es prepararnos para las elecciones. Que no nos agarren con las lámparas apagadas.
En este sentido, el Movimiento Ciudadano de Venezolanos en el Mundo, del que formamos parte, emitió un comunicado que, entre otros puntos, exige a la autoridad gubernamental interina tutelada por el gobierno estadounidense que el Consejo Nacional Electoral abra el Registro Electoral, que, por ley, es permanente y continuo. En segundo lugar, debe establecerse un mecanismo que permita el registro y actualización de datos de los venezolanos en el exterior inclusive si no existen sedes consulares, y los ajustes legales para permitir el voto por medios digitales. Estimamos que estas acciones de restitución del derecho al voto de la diáspora deben ser asumidas por todos los factores políticos y de la sociedad civil en Venezuela que aspiran a la reconciliación del país y al retorno de la libertad y la democracia. Solicitamos también el apoyo de las autoridades norteamericanas, para que cualquier plan de transición tenga en cuenta el derecho al voto de la diáspora como elemento medular. Ello será un hito fundamental en cualquier proceso electoral que conduzca a una transición verdadera en Venezuela para elegir presidente cuando se fije la fecha, que aspiramos a que sea lo antes posible.
Como (había) en botica
Duele conocer las muertes de inocentes en Irán. Quizá la guerra no hubiese estallado si en Israel y en USA hubiese otros gobernantes, pero el principal culpable es el régimen teocrático que promueve el terrorismo y se empeña en no desmantelar su proyecto de tener un arma nuclear.
¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
eddiearamirez@hotmail.com
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