La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y Movimiento Vinotinto denunciaron la noche de este martes 17 de marzo que la expresa política, María de los Ángeles Castillo, fue nuevamente detenida en un punto de control del estado Táchira, cuando planeaba salir del país para reunirse con sus hijas en Perú.
De acuerdo a las organizaciones, Castillo, excarcelada el pasado 24 de febrero, fue aprehendida por funcionarios que alegaron que su nombre aparecía en el Sistema de Investigación e Información Policial (Sipol).
JEP alegó que Castillo acudió de manera voluntaria en tres ocasiones a los tribunales y el Ministerio Público en Caracas, donde se ratificó la “inexistencia de causas pendientes”.
“Este hecho evidencia una grave falta de coordinación institucional y una omisión por parte del Tribunal al no tramitar el levantamiento de las alertas policiales tras haber decretado su libertad plena”, escribió la ONG en su cuenta de X.
Para la organización este hecho constituye un precedente que deriva en la revictimización de los excarcelados después de haberse aprobado la Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional.
“Exhortamos a la liberación inmediata de María de los Ángeles y al trámite que ponga fin al asedio. La libertad personal no puede estar sujeta a la ineficiencia administrativa del Estado”, añadió la ONG.
La persecución también sale de las rejas
Por su parte, Movimiento Vinotinto expuso que el Estado debe cesar en poner trabas a quienes tienen el derecho de acceder a los beneficios de la Ley de Amnistía.
El pasado 22 de febrero, la madre e hijas de Castillo grabaron un video en redes sociales donde exigieron la libertad plena de la oriunda del estado Lara, luego de que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunciara el 8 de enero de este año la excarcelación de un “número importante” de presos políticos.
Castillo fue detenida el 18 de julio de 2025, luego de que le aplicaran la operación “tun tun”, la cual consiste en secuestrar sin orden judicial a personas que disientan del gobierno chavista o que hayan sido denunciadas por afectos al régimen, denominados patriotas cooperantes.
La larense estuvo presa en el Centro de Reclusión femenino en el sector caraqueño de El Valle.
Luego de ser excarcelado el pasado 8 de febrero, el dirigente político y ex diputado, Juan Pablo Guanipa, fue detenido el mismo día mientras protagonizaba caravanas por Caracas y visitaba a presos políticos en El Helicoide y Zona 7. Posteriormente fue remitido a casa por cárcel en Maracaibo y un tribunal le concedió libertad plena.
Los Tribunales han negado amnistía a otros presos de conciencia como el abogado Perkins Rocha, quien paga casa por cárcel con un grillete electrónico en el tobillo, así como al teniente Juan Carlos Caguaripano y a los periodistas excarcelados Nakary Ramos Menas y Gianni González.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este miércoles, 18 de marzo,ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
El camino hacia la renovación del Poder Ciudadano en Venezuela ha entrado en una fase crítica con la publicación el pasado 16 de marzo, por parte de la Asamblea Nacional juramentada en enero de 2026, de los listados de aspirantes,
Lejos de ser un trámite meramente administrativo, la danza de nombres revela una compleja red de intereses donde convergen figuras de alto perfil del oficialismo, académicos de renombre y un fenómeno particular que ha encendido las alarmas de los analistas: la doble postulación.
Mientras el Comité de Postulaciones avanza en el cronograma, el escrutinio público ha puesto la lupa sobre varios postulados: candidatos que saltan de pretender alcaldías y gobernaciones a buscar la titularidad del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
Este proceso no solo definirá a los titulares de estas instituciones, sino que marcará el diseño institucional del sistema de justicia y los derechos humanos en el país.
“La a estructura represiva del régimen sigue ahí, estamos presionando ante organismos internacionales para que el Servicio Bolivariano de Inteligencia [Sebin], y la Dirección General de Contrainteligencia Militar [Dgcim] sean eliminados por completos, y los funcionarios sean investigados por crímenes de lesa humanidad”, Orlando Moreno, Comité de Derechos Humanos (DDHH) de Vente Venezuela.
Lo que rompe en redes
El presidente de la Asamblea Nacional de corte oficialista, Jorge Rodríguez, aseguró este martes, 17 de marzo, que un 24% de personas que solicitaron beneficiarse con la ley de amnistía “no cumplen” con los requisitos legales.
#EnVideo📹| Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, notificó que un 24% de los ciudadanos que solicitaron el amparo de la Ley de Amnistía no cumplen con los requisitos legales, esto debido a que la naturaleza de sus acciones no se ajusta a este beneficio jurídico.… pic.twitter.com/0sELAdiof0
El mánager de la selección italiana de béisbol, Francisco Cervelli, conmovió a millones de personas por su reacción ante la eliminación de los europeos del Clásico Mundial tras quedar en el terreno contra la selección venezolana. Cervelli es un ciudadano italo-venezolano.
Perdió su equipo, pero ganó su país ❤️ 🇻🇪
Francisco Cervelli no pudo contener la emoción tras el pase de Venezuela a la Final del WBC a pesar de que fue en contra de su equipo ⚾️
El manager de Italia es nacido en Valencia, Venezuela, pero decidió representar a los europeos por… pic.twitter.com/fzwtMSsjND
Como una mutación hacia formas de represión más selectivas y silenciosas calificóEqualiael proceder actual del gobierno venezolano que lidera la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. De acuerdo con la organización, y según datos de un reciente informe, en 2025 se documentaron 455 ataques e incidentes de seguridad contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, lo que significó una disminución con relación a 2024.
El informe abordó las estrategias de supervivencia y resiliencia de las defensoras venezolanas ante el cierre del espacio cívico. Asimismo, reiteró que el cierre del espacio cívico se ha concretado con la promulgación de una serie de leyes restrictivas como la de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro.
A juicio de Equalia, la ley establece controles intrusivos sobre el financiamiento y registro formal de las ONG y otorga al Ejecutivo la discrecionalidad para disolver organizaciones apelando a términos como la “promoción del fascismo” o la “desestabilización”.
Destacan que el activismo en Venezuela ha derivado en la detención de varios defensores de derechos humanos como el director de FundaREDES, Javier Tarazona; el también director de Espacio Público, Carlos Correa; el abogado de Provea, Eduardo Torres y la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel.
Estos son los puntos más resaltantes del informe destacan los siguientes:
Sobre la afectación personal
El documento señala el endurecimiento del entorno legal y administrativo en Venezuela obligó a las activistas a una clandestinidad estratégica y el empleo del silencio como herramienta de autoprotección. “Ante el riesgo inminente de represalias, las defensoras han optado por reducir drásticamente su exposición pública, limitando la vocería en medios y abandonando el uso de sus redes sociales”, expresó el informe.
La organización manifestó que el silencio tiene como costo la pérdida de incidencia pública y la dificultad para documentar violaciones de derechos humanos. También expusieron que la asfixia financiera y el asedio administrativo ha obligado a redefinir la sostenibilidad de los proyectos.
“Este escenario ha provocado una fuga de capital humano; el miedo y la necesidad han llevado a muchos activistas a abandonar sus roles para dedicarse a actividades económicas de subsistencia”, alertan. Indican asimismo que la defensa de los derechos humanos en Venezuela ya no se entiende como una labor social, sino como un ejercicio de resistencia política y personal.
La ONG reveló que uno de los hallazgos es la soledad del tejido debido a la migración forzada y la pérdida de redes de apoyo: “Tras las elecciones presidenciales, implementación de la Operación Tun Tun y detenciones masivas, entrevistados expresaron que padecieron trauma colectivo, cuadros de burnout, depresión y alteración del sueño”.
Sobre las dinámicas de trabajo y seguridad
La ONG expuso que el repliegue o el ocultamiento responde a un contexto de criminalización de la asociación. “El dato sobre la ruptura de vínculos con familiares o conocidos afines al gobierno por miedo a la delación es un indicador crudo de cómo el cierre del espacio cívico fractura incluso el núcleo más íntimo de la sociedad”.
La organización reveló que otro hallazgo es la adopción de protocolos de seguridad física y digital como limpieza constante de chats, borrado de imágenes sensibles y uso de teléfonos corporativos diferenciados: “Mientras algunas organizaciones logran formalizar estos protocolos, otras se ven forzadas a la inacción no solo por miedo, sino por la precariedad económica”.
El informe revela que el activismo en Venezuela pasó de ser una labor de campo a una labor de “inteligencia social” y cuidado extremo. Aunque algunas de las personas entrevistadas reportan una disminución del nivel de riesgo luego del 3 de enero de este año, todas coinciden en que el aparato represivo sigue intacto. “La criminalización ya no solo viene de una orden judicial, sino de la arbitrariedad del funcionario de calle que revisa un teléfono en un punto de control”.
Citan datos de organizaciones como Espacio Público, según los cuales el número de ciudadanos detenidos por expresarse en redes sociales ha crecido exponencialmente. “Existe una lucha interna entre la necesidad técnica de ser invisible y la necesidad moral de elevar la voz”, agregaron. Para la ONG, la migración masiva hacia el uso de Signal y VPN ha dejado de ser una recomendación técnica para convertirse en un estándar de supervivencia.
Mecanismos de afrontamiento y resiliencia
Especialistas en derechos humanos han expresado que a raíz de la persecución la disidencia se ha privatizado debido a que el trabajo humanitario y la documentación se refugia en espacios domésticos, grupos de WhatsApp y reuniones de confianza. Testimonios revelaron que los defensores de derechos humanos no solo luchan contra la represión política, sino también contra la irregular conectividad y constantes apagones.
El diseño de protocolos para ahorrar batería y el uso de SMS son tácticas de resiliencia que permiten mantener el flujo de información en un país donde, según reportes de Freedom House, la calidad de la conexión es de las más bajas de la región. Por otro lado, debido a las limitaciones de acceso a líneas de financiamiento, algunas organizaciones han recurrido a la solidaridad como colectas y campañas de recaudación privadas. El informe también señala que el financiamiento para asistencia psicológica profesional aparece como salvavidas fundamental, aunque insuficiente. El documento señala que la estrategia de no llenarse de noticias y la capacidad de crear burbujas de normalidad puede representar un desahogo.
Perspectiva de género y el futuro
El informe revela que las mujeres experimentan una “vulnerabilidad aumentada” debido al asedio estatal y los mandatos sociales de cuidado: “Un patrón predominante es la asunción casi exclusiva de la carga de cuidado de personas dependientes, lo que limita la movilidad de las activistas y su capacidad de buscar refugio o migrar”.
Según el documento, a diferencia de sus colegas hombres, la mujer activista se percibe a sí misma como el “ancla” de su núcleo familiar, enfrentando una presión económica y emocional adicional.
“Las activistas sienten que, a pesar de estar en la primera línea de la noticia y de la gestión de crisis, sus voces son desplazadas por dinámicas masculinas más agresivas y competitivas”, explicaron.
El documento expresa que la renuncia de las mujeres a espacios de esparcimiento personal para dedicarse exclusivamente a la sobrevivencia y la defensa de otros es una forma de violencia silenciosa: “Para las mujeres trans, este escenario se agrava con un estigma que dificulta su participación segura, exponiéndolas a un escrutinio más significativo”.
El informe concluye que ser mujer y activista en Venezuela no solo implica resistir a la fuerza del Estado, sino también a un sistema que ignora sus necesidades específicas: “Las mujeres persisten porque entienden que su presencia es la última línea de defensa de la dignidad en sus comunidades, y que rendirse significaría dejar el camino libre para que la injusticia sea la única norma heredable”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Las empresas suelen cumplir años contando números: ventas, sedes o empleados. Pero Empresas Polar, al alcanzar la meta de los 85 años, ha decidido contar algo distinto: historias de agradecimiento.
Bajo la premisa “Gracias por estar”, la organización estrena una campaña que se aleja del protocolo corporativo para enfocarse en el tejido humano que la sostiene. No es una celebración de una estructura industrial, sino un tributo a la resiliencia de quienes, desde el pupitre de una escuela, el mostrador de una bodega o la mesa de una casa, han hecho de estas marcas parte de su identidad.
Un relato escrito a mano
El corazón de esta campaña no está en las oficinas, sino en lo cotidiano. El concepto, desarrollado junto a la agencia Pa’los Panas, busca elevar esos gestos que a veces pasan desapercibidos: la constancia de una madre, la guía de un maestro o la lealtad de un amigo.
“Estos 85 años son, ante todo, un legado de compromiso con un país que no deja de ofrecernos oportunidades”, reflexiona Lorenzo Mendoza, Presidente Ejecutivo. “Siento un orgullo profundo por quienes estuvieron antes y por quienes hoy caminan a nuestro lado. A los trabajadores, aliados y consumidores que nos permiten entrar en sus vidas, solo puedo decirles: gracias por dejarnos acompañarlos”.
Una conversación global
Aunque el sentimiento nace en casa, el eco será internacional. La campaña se despliega hoy como un ecosistema de gratitud que trasciende fronteras, llegando a todos los países donde la empresa tiene presencia:
En la intimidad del hogar: A través de la televisión y las redes sociales, donde el contenido testimonial buscará que la audiencia sea protagonista de sus propias historias de agradecimiento.
En la gran pantalla: Con piezas cinematográficas diseñadas para conmover desde la narrativa visual.
En el día a día: Con una presencia estratégica en las calles y ciudades, recordándole al ciudadano que su esfuerzo es el motor de esta historia.
Mirar atrás para tomar impulso
Más que un cierre, estos 85 años funcionan como un punto de apoyo. La campaña reafirma la apuesta de la organización por la excelencia, pero con la mirada puesta en un futuro donde el bienestar común siga siendo la brújula. Las piezas de esta celebración estarán disponibles hasta el 25 de marzo.
El camino hacia la renovación del Poder Ciudadano en Venezuela ha entrado en una fase crítica con la publicación el pasado 16 de marzo, por parte de la Asamblea Nacional juramentada en enero de 2026, de los listados de aspirantes,
Lejos de ser un trámite meramente administrativo, la danza de nombres revela una compleja red de intereses donde convergen figuras de alto perfil del oficialismo, académicos de renombre y un fenómeno particular que ha encendido las alarmas de los analistas: la doble postulación.
Mientras el Comité de Postulaciones avanza en el cronograma, el escrutinio público ha puesto la lupa sobre varios postulados: candidatos que saltan de pretender alcaldías y gobernaciones a buscar la titularidad del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
Este proceso no solo definirá a los titulares de estas instituciones, sino que marcará el diseño institucional del sistema de justicia y los derechos humanos en el país.
El Comité de Evaluación de Postulados del Poder Ciudadano de acuerdo a lo señalado en la ley, presenta la lista de las candidatas y los candidatos postulados a ocupar el cargo de Defensor o Defensora del Pueblo. pic.twitter.com/MLXaNpw0O6
El Comité de Evaluación de Postulados del Poder Ciudadano de acuerdo a lo señalado en la ley, presenta la lista de las candidatas y los candidatos postulados a ocupar el cargo de Fiscal General de la República. 👇👇👇 pic.twitter.com/rC3mB40jX7
Dentro de los listados resaltan figuras con una notable vinculación a la administración pública, en el ámbito del derecho penal, así como algunos que han estado ligados de manera estrecha a los gobiernos de Nicolás Maduro y el expresidente Hugo Chávez:
Larry Devoe : Abogado y actual fiscal general encargado tras la renuncia de Tarek William Saab. Ha sido una pieza clave en la defensa jurídica del Estado ante organismos internacionales, desempeñándose como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y representante ante la CIDH y la Corte Penal Internacional.
Ernesto Villegas: Reconocido periodista y político que actualmente ejerce como ministro de Cultura y presidente del Programa de Paz. Su trayectoria en el gobierno incluye haber sido ministro de Comunicación e Información en dos ocasiones, presidente de VTV y jefe de Gobierno del Distrito Capital. En estos días en los que su nombre se reveló como postulado, se viralizaron nuevamente en redes los videos de sus declaraciones en 2017 cuando, en el marco de las protestas, aseguró que la muerte del estudiante Juan Pablo Pernalete se había producido por el impacto de una pistola de perno cautivo y no por una bomba lacrimógena de la Guardia Nacional.
En 2017 el ahora postulado a la Defensoría del Pueblo, el ministro Ernesto Villegas, impulsaba la hipótesis de que a Juan Pablo Pernalete lo habían asesinado otros manifestantes con "una pistola de perno cautivo". A su lado, Delcy Rodríguez.https://t.co/wxhvLrhKC9
Mirelys Contreras: Abogada que ocupó el cargo de ministra del Servicio Penitenciario durante dos periodos (2017–2018 y 2020–2023).
Magaly Vásquez: Académica y Secretaria General de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Fue la redactora del Código Orgánico Procesal Penal en 1998 y es la primera mujer penalista en ingresar a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.
Carlos Calatrava: Educador y director de la Escuela de Educación de la UCAB entre 2020 y 2024. Su labor se ha centrado en la investigación de políticas públicas y el análisis del estamento militar en Venezuela.
Julio César Pineda: Diplomático con más de 30 años de carrera, habiendo servido como embajador en Libia, Corea del Norte y Kuwait. Es conocido por su programa de televisión “Brújula Internacional”.
Ángel Zerpa Aponte: Exjuez y docente universitario que fue designado magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio en 2017, hecho por el cual fue detenido y posteriormente liberado bajo medidas cautelares.
Enrique Ochoa Antich: Político y activista de derechos humanos, exdiputado al Congreso Nacional en la década de los 80.
Emilio Graterón: Abogado y exalcalde del municipio Chacao. Ha trabajado recientemente con organismos de la ONU en temas de resiliencia urbana.
Nelson Chitty La Roche: Abogado y profesor de la UCV que fue diputado al Congreso por 15 años en representación de COPEI.
Doble postulación
En el proceso también figura un grupo de 14 ciudadanos que han presentado sus nombres para optar a ambos cargos de manera simultánea. Los nombres que figuran bajo esta modalidad son:
Adriana Del Valle Meaño Díaz
Ignacio Ramírez Romero
Tomás Rafael Aguilera Marín
Edgar José Fuenmayor De La Torre
Gabriel Gregorio Guerrero Gil
Yonmar Yhovanny Montoya Yonmar
Gilberto Alfredo Landaeta Gordon
Josmary Angelica Paéz Fonseca
Marioly Elideth Flores Vives
Libardo Rubén García Robles
Juan Bautista Mirabal Ascanio
Karla Consuelo Ramírez Loreto
Jesús Enrique Ramírez Paz
Luisa Elena Rivero
Los “insistentes”
El usuario de X Giuseppe Gangi, conocido por crear la plataforma de cotejo de resultados de las elecciones presidenciales de 2024 con información del Comando ConVzla y reportes adicionales, elaboró una base de datos a partir del cotejo de las listas publicadas por la Asamblea Nacional sobre los aspirantes al Poder Ciudadano.
En esta base de datos se documentó que hay varios postulados que en el pasado aspiraron a cargos de elección pública. A estas personas, el periodista especializado en la fuente electoral Eugenio Martínez, los calificó como “los insistentes”.
Por ejemplo, Martín Gerardo López Ríos y Gabriel Guerrero Gil son diputados suplentes de la Asamblea Nacional, juramentados en enero de 2026, es decir, participaron en el proceso electoral del 2025. En el caso de López Ríos, también aspiró a la alcaldía del municipio Leonardo Infante, del estado Guárico, el año pasado.
También, el abogado Julio César Pineda Pabón fue candidato a la gobernación del Esequibo en las elecciones regionales de 2025, pero finalmente declinó su candidatura días antes de la contienda electoral.
Otros nombres figuran como jueces de paz, bien sea porque participaron en elecciones comunitarias para este cargo o porque lo ejercieron. Un juez de paz es una autoridad judicial comunitaria encargada de resolver conflictos cotidianos de forma rápida y pacífica, priorizando el diálogo y la conciliación. A diferencia de un juez ordinario, su enfoque no es puramente legalista, sino que busca restaurar la armonía y la convivencia en su localidad.
En la lista de postulados admitidos a Defendor del Pueblo o Fiscal General también está la lista de los "insistentes". Aspirantes que en 2025 buscaron ser alcaldes, gobernadores o diputados y ahora aspiran a ser Fiscal o Defensor https://t.co/x0fyn6aIeppic.twitter.com/2VNXlpdSXS
Algunos especialistas del derecho y dirigentes políticos que analizaron las listas manifestaron su preocupación por algunos nombres postulados. La abogada constitucionalista María Alejandra Díaz alertó vía X que algunos “personajes postulados” puede representar la prueba de que el “gatopardo está en plena ejecución”, es decir, en sus propias palabras, “cambiar todo para que nada cambie”.
“Estas convocatorias de la Asamblea Nacional validan una pseudo legalidad y normalizar una superestructura que sigue respondiendo al mismo diseño autoritario que el 3 de enero terminó de enterrar a la República”, advirtió Díaz.
ATENCIÓN La publicación de las listas para el Poder Ciudadano con ciertos personajes postulados en ella, puede representar la prueba de que el "Gatopardo" está en plena ejecución: cambiar todo para que nada cambie. No entiendo cómo la sociedad política no termina de asimilar… pic.twitter.com/Wu2PnXFlSw
— María Alejandra Díaz Marín🐞🦗🦎🐝🐜 (@MariaesPueblo) March 16, 2026
Por su parte, Delsa Solórzano, abogado y líder del partido Encuentro Ciudadano, consideró fundamental que las decisiones institucionales que se tomen en la nueva “etapa política que vive Venezuela”, sea con “estricto apego a la Constitución”.
“Nuestro interés es que esta nueva etapa del país se desarrolle de la mejor manera posible y que podamos avanzar efectivamente hacia las tres etapas que deben conducir a la transición democrática”, señaló Solórzano en su cuenta de X.
Recordó que la designación del fiscal general de la República y del defensor del Pueblo no es un trámite discrecional de la Asamblea Nacional y que la Carta, en su artículo 279, dispone que el Consejo Moral Republicano debe convocar un Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, integrado por representantes de diversos sectores de la sociedad.
Dicho comité debe realizar un proceso público de evaluación del cual surja una terna por cada cargo, que posteriormente se somete a la consideración de la Asamblea Nacional: “Solo a partir de esas ternas la Asamblea Nacional puede escoger a los titulares correspondientes, mediante el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes. Este mecanismo es la garantía de transparencia, participación ciudadana e independencia institucional”, insistió la exdiputada.
#IMPORTANTE SOBRE EL PROCEDIMIENTO CONSTITUCIONAL PARA DESIGNAR AL FISCAL GENERAL Y AL DEFENSOR DEL PUEBLO
A propósito de los listados de postulados que circulan hoy públicamente y que no provienen del Comité de Evaluación de Postulaciones establecido por la Constitución, es…
Mientras que organizaciones no gubernamentales como Provea y Acceso a la Justicia consideraron necesaria la aplicación de un baremo para establecer criterios de evaluación de los candidatos. “Sin eso, la selección solo depende de lealtades políticas, no de méritos”, alertó Provea.
A su vez, Acceso a la Justicia indicó que un baremo tiene la función de “determinar quiénes están mejor capacitados, evitando que la selección dependa de inclinaciones personales“. Para la elección del fiscal general y del defensor del pueblo en Venezuela, señaló la ONG, “la aplicación de un baremo permite que la evaluación se centre en el mérito y la idoneidad de los postulados, en lugar de en consideraciones políticas”.
En 25 años, nunca se ha publicado un baremo para elegir al fiscal general ni al defensor del pueblo de Venezuela.
Un baremo establece criterios para evaluar candidatos. Sin eso, la selección solo depende de lealtades políticas, no de méritos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La presidenta encargada de Venezuela, con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez, designó a Asdrúbal Chávez como presidente de PDV Holding Inc., Citgo Holding Inc. y Citgo Petroleum Corporation, las principales filiales de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en territorio estadounidense.
Durante el nombramiento, realizado este lunes, 16 de marzo, en la reunión N° 2026-11 de la Junta Directiva de Pdvsa, se aprobó también la incorporación de tres nuevos directores: Nelson José Ferrer Sánchez, Alejandro José Escarrá Gil y Ricardo Javier Gómez Rincón.
A Asdrúbal Chávez, primo del fallecido presidente Hugo Chávez, se le había negado una visa estadounidense para dirigir Citgo antes de que se impusieran sanciones estadounidenses al país en 2019.
Cabe recordar que el pasado 12 de marzo, Donald Trump, confirmó el reconocimiento oficial de su administración al gobierno encargado de Delcy Rodríguez como la autoridad legítima de Venezuela, pero aún no está claro si el gobierno interino venezolano solicitó una nueva autorización a las autoridades estadounidenses para permitir que Chávez y su equipo asuman la dirección de las filiales.
Reacciones al nombramiento
José Ignacio Hernández, abogado en Derecho Constitucional y Administrativo, recordó en X que la designación de administradores en PDV Holding debe contar con una autorización mediante una licencia de la OFAC.
El abogado recordó que el anuncio de posibles cambios en la directiva de Citgo (sujeto a licencia de la OFAC) coincide con el próximo vencimiento de la suspensión de la Licencia General 5, en tres días.
El exembajador de Venezuela en Grecia y Portugal, Rafael Huizi Clavier, cuestionó la designación de Chávez y aseguró que el nombramiento es retroceder al “chavismo ordinario”.
Alguien puede aclarar hacia donde vamos, porque esta designación es retroceder al chavismo originario? Que dice la administración Trump? El proceso de recuperación en materia petrolera debe hacerse con la gerencia que ha dirigido PDVSA y sus filiales (CITGO) con cifras negras.
El ingeniero y columnista Freider Gandica señaló que el primo de Chávez es “el mismo que hace 10 años, cuando el país se encaminaba a la crisis humanitaria compleja, compraba votos de silencio de los países del caribe con petróleo”.
El primo de Chávez, Asdrúbal José Chávez, es el designado por la interina para presidir Citgo.
Era el mismo que hace 10 años, cuando el país se encaminaba a la crisis humanitaria compleja, compraba votos de silencio de los países del caribe con petróleo. pic.twitter.com/v33ocroWvX
— Freider Gandica Morales (@FreiderGandica) March 17, 2026
A propósito del nombramiento, la internacionalista Magdalena Boersner afirmó que en Venezuela nada ha cambiado.
Volvimos al punto de partida, nada ha cambiado, solo el nombre del dictador(a) de turno. La prueba el nombramiento de asdrúbal chávez como presidente de PDV, Citgo Holding Inc. y Citgo Petroleum Corp.
Asdrúbal José Chávez Jiménez es ingeniero químico graduado en la Universidad de Los Andes. El 27 de abril de 2020 fue nombrado presidente de Pdvsa hasta enero de 2023.
Fue presidente de Citgo, filial de la estatal PDVSA desde 2017 hasta 2019. Se ha desempeñado como diputado a la Asamblea Nacional (2016-2017) y ministro de Petróleo y Minería.
Chávez ha sido mencionado en diversas investigaciones y reportes relacionados con irregularidades financieras dentro de la industria petrolera.
Investigaciones periodísticas y de organizaciones como Transparencia Venezuelalo señalan como una pieza clave en el esquema de desvío de fondos a través de criptoactivos y ventas de crudo no declaradas. Sin embargo el gobierno no lo ha responsabilizado ni mencionado durante las investigaciones del Caso Pdvsa-Cripto ocurrido entre abril de 2020 y marzo de 2023.
El gobierno de Estados Unidos le revocó la visa en 2018 cuando intentaba ejercer como jefe de Citgo. Además, ha estado bajo la mira del Departamento de Justicia por investigaciones sobre lavado de dinero.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La Red de Excarcelados denunció este lunes, 16 de marzo, selectividad y retraso injustificable en la aplicación de la Ley de Amnistía.
A través de un mensaje difundido en la cuenta en X del Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales, la red señaló que la Ley de Amnistía no solo resultó “chucuta” sino también “una gran estafa”.
La Red de Excarcelados, en la vocería del periodista Carlos Julio Rojas, expresó que el caso de los periodistas la ley “es más infame” porque los comunicadores sociales fueron encarcelados y condenados por cumplir con su trabajo de informar y enfrentar la mentira con la veracidad periodística y la opinión libre.
En rueda de prensa, Rojas, acompañado por los expresos políticos Eduardo Torres, Williams Dávila y Nicmer Evans, propusieron una Comisión de la Verdad con presencia de organismos internacionales para que quienes sometieron a procesos judiciales a los presos políticos no sean los que hagan la evaluación.
“Estamos siendo evaluados por nuestros verdugos” denunciaron.
Rojas opinó que el “fiscal impostor “debe “dejar de engavetar los casos y trabajar para que haya una transición real a la democracia y la reconciliación”. Agregó que la “dictadura tutelada de Delcy” tiene total responsabilidad en que la situación de los presos políticos continúe igual “y se siga sometiendo a los venezolanos”.
El periodista Carlos Julio Rojas detalló que la mañana del lunes acudió al Palacio de Justicia para una nueva presentación ante el Tribunal Primero del Terrorismo y conocer la respuesta sobre la solicitud de amnistía que introdujo.
“Eso le está ocurriendo a centenares de personas que están con la angustia de que solicitaron la ley de amnistía que le fuera aplicada y no ha habido respuesta. Y mi mensaje, primeramente, es a Larry DAVOe, que está como fiscal interino. De verdad que se acometan estos casos, porque si se está dando una reconciliación nacional, no puede ser de la boca para afuera”, dijo el comunicador.
Comentó que las colas en la puerta del Palacio de Justicia llegaban a la Plaza Diego Ibarra, con familiares y presos políticos en condición de medidas cautelares, angustiados porque no saben qué respuesta se va a recibir.
“Larry Davoe, en vez de estar encabezando casos o aplicando la selectividad, nosotros le pedimos que realmente trabajen. Porque hoy muchos estamos con medidas cautelares, hoy incluso tenemos amenazas de hablar, pero la decisión fue quitarnos la mordaza, porque hay que decir lo que está pasando”, reclamó el periodista.
Rojas, en nombre de la Red de Excarcelados, pidió a Jorge Arreaza y a Nora Bracho la necesidad una reunión para que escuchen a los presos políticos que aún quedan detenidos.
“Nosotros les hacemos un llamado, que ellos tienen derecho a un debido proceso, que no puede haber daños colaterales. Hay gente inocente que ha pasado incluso 8 años preso y no ha recibido la medida cautelar”, recordó.
RETARDOS EN LA AMNISTÍA | #16marzo | 📹 | La #LeyDeAmnistía no solo resultó chucuta, como todo lo que ofrece esta #Dictadura, es también una gran estafa.
Las víctimas no reciben su libertad plena, pese a que nunca debieron estar presos porque no han cometido ningún delito.
— Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales (@LibertadLuchSoc) March 16, 2026
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Para el excandidato presidencial, Edmundo González Urrutia, el informe presentado por el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk, confirma la crisis estructural que rodea a los venezolanos desde hace tres décadas.
“Hay liberaciones, pero la mayoría son con condiciones, en realidad son excarcelaciones. Además persisten las detenciones arbitrarias, denuncias graves de tortura y el espacio cívico restringido. No hay garantías de cambio”, escribió el diplomático en su cuenta de X.
González Urrutia, quien debió aceptar un exilio en España gestionado por el propio chavismo, expuso que lo relevante del informe son las exigencias del funcionario de la ONU que entre cosas solicita; liberación inmediata y sin condiciones para todos los detenidos arbitrariamente, apertura del espacio cívico y protección a la sociedad civil, reformas profundas en justicia y seguridad, acceso a derechos básicos y una ruta de justicia transicional con verdad, reparación y garantías de no repetición.
González Urrutia añadió que es perentorio cooperar con organismos internacionales, incluida la Misión de Determinación de los Hechos, la cual continúa recopilando información sobre violaciones a los derechos fundamentales y eventuales responsabilidades en Venezuela.
“Sin cambios reales, la crisis seguirá reproduciéndose”, escribió.
Señalamientos del alto comisionado
Con respecto a la Ley de Amnistía y en el marco de la sesión de este lunes 16 de marzo, Türk reconoció que las autoridades en Venezuela han dado pasos “importantes” para corregir errores del pasado, pero dejó claro que han sido insuficientes para reparar a las víctimas.
De acuerdo a Türk, el documento legal aprobado por unanimidad en la Asamblea Nacional se llevó a cabo sin una consulta adecuada con los miembros de la sociedad civil.
“Insto a una mayor transparencia en lo que respecta a la liberación de los detenidos. Si bien comparto el alivio de quienes han sido liberados y de sus seres queridos, nunca debieron haber sido detenidos en primer lugar”, indicó el funcionario de la ONU.
Türk hizo hincapié en la derogación de leyes que coartan los derechos de los venezolanos como la Ley del Odio, la ley Simón Bolívar, la ley contras las ONG y la ley Resorte, que promueve la censura en los medios de comunicación.
“Es necesario el desmantelamiento de los marcos legales y las prácticas que han permitido la opresión del disenso político”, expresó el funcionario.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
