El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este sábado 27 de septiembre un mensaje en su cuenta de X en el que promete «desmantelar y eliminar las organizaciones terroristas» y librar al hemisferio occidental del control de los narcoterroristas.
La publicación, que está acompañada de un video en el que hablan varios funcionarios, también muestra la imagen de la recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro.
El subsecretario para el control de armas y seguridad internacional de EEUU, Brent T. Christensen, explica en el audiovisual que el narcotráfico y las actividades delictivas relacionadas «son un grave problema».
En este sentido, indican que la administración de Donald Trump ha tomado medidas «audaces y decisivas» para proteger a sus ciudadanos y apoyar a los países vecinos en la lucha contra el narcotráfico.
La publicación del Departamento de Estado se da en medio de las crecientes tensiones entre EEUU y Venezuela, luego de que Trump desplegara embarcaciones militares en el Caribe para luchar contra el narcotráfico. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses han aniquilado tres embarcaciones, que dicen, proceden de Venezuela y transportan drogas.
Por su parte, Venezuela condena el despliegue de EEUU en las cercanías de su territorio y considera que la intención de Trump es «un cambio de régimen» en el país.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La propuesta del ministro de Educación, Héctor Rodríguez, sobre la posible eliminación de las tareas escolares con el objetivo de “reducir la carga de estrés en los estudiantes y sus familias”, ha generado debate entre grupos de educadores y comunidades de representantes.
En el marco del inicio del nuevo año escolar 2025-2026, Rodríguez afirmó que las tareas representan un “factor de violencia en el hogar, de gritos, es una hora de maltrato, de castigo”, por lo que propuso abrir un debate nacional para llegar a una solución.
Diversas voces del gremio educativo se han pronunciado a favor y en contra, cuestionando si la medida es una solución efectiva sin que se comprometa el reforzamiento del aprendizaje en el hogar, que es la función principal de las asignaciones.
“Yo he estado tentado a eliminar las tareas. Hay quienes dicen: ‘Ya va, Héctor, porque es un conector entre la escuela y el representante’. Bueno, busquemos otras alternativas. No lo quiero hacer a lo loco, quiero que lo reflexionemos, que hagamos un estudio sobre ese tema”, dijo Rodríguez el pasado 13 de septiembre en una alocución con el sector educativo.
Las tareas escolares han sido una práctica que se aplica desde el siglo XIX como herramienta pedagógica para reforzar la disciplina, el aprendizaje, la memoria y las técnicas de estudio.
A juicio de la psicopedagoga Jessica Ochoa (@psicointeligencia) las tareas en sí no generan estrés. Señaló que lo que puede generar angustia o agotamiento tanto para los estudiantes como para sus familiares es el exceso de las mismas y más aún cuando estas sobrepasan las capacidades del alumno en cuanto a cantidad y habilidades.
La psicopedagoga explicó que si bien las tareas son un recurso educativo de aprendizaje útil, cuando estas se envían en grandes cantidades, con poco tiempo para la entrega y con requerimientos altamente exigentes, se desvirtúa el propósito porque el estudiante se enfoca en cumplir con el deber escolar y no realmente en aprender.
Lila Vega, pediatra y miembro de la Red de Madres, Padres y Representantes sostiene que las tareas son una herramienta pedagógica importante en el proceso de aprendizaje y que satanizarla es “inapropiado”.
La pediatra aseguró que actualmente en Venezuela se está produciendo una “deformación de las tareas” y en esto citó a Abel Saraiba, psicólogo de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) quien señaló a propósito de todo el debate que “hay cierto narcisismo escolar” en algunas instituciones educativas porque envían gran cantidad de tareas complejas y tienen la creencia de que mientras más difíciles o elaboradas sean, el colegio tiene más prestigio.
“No puede ser que un niño estudie desde que llega a su casa hasta que se acuesta a dormir. Eso no debe ser así, eso también es una deformación de las tareas. Los niños tienen que tener espacio para crecer, para jugar, para socializar, para descansar, para aburrirse, para inventar cosas. Las tareas tienen un lugar, lo que pasa es que no pueden ocupar todo el lugar, y tienen que ser para practicar lo que aprendiste, esencialmente”, explicó Vega.
Eliminarlas no, reformularlas sí
El proceso de aprendizaje no ocurre solamente en las aulas, inherentemente se extiende al hogar porque el sistema educativo está diseñado para que las estrategias que aplican los docentes sean reforzadas con el trabajo individual que debe realizar cada estudiante.
Ese proceso que debe incluir lectura, investigación, análisis, reflexión y práctica no puede quedarse a un lado o rezagado, pues son de gran importancia para la consolidación del conocimiento.
Para Carlos Calatrava, exdirector de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), las tareas “siempre son necesarias”, pero considera que deben replantearlas o reformularlas para favorecer el aprendizaje.
Calatrava señala que no hay ninguna investigación ni teoría que correlacione la eliminación de las tareas con un desarrollo óptimo de aprendizaje, por el contrario, las actividades potencia el desarrollo y desempeño de los estudiantes. “Lo que sí podemos debatir, discutir, ahondar y profundizar es el cambio del tipo de tarea”.
Lila Vega, coincide con Carlos Calatrava en que las tareas no deben eliminarse y señala que pueden ser altamente creativas sin abarrotar a los estudiantes ni a sus padres. Sobre todo “no deben ser una fuente de castigo”.
Cristina Rojas, docente de primaria con más de 15 años de experiencia, no está de acuerdo con que se eliminen las tareas, pero sí con que se reformulen.
Apunta a que con una eventual eliminación de las responsabilidades escolares el niño va a ocupar ese espacio en otras actividades que quizás no sean tan productivas.
Rojas propone disminuir la cantidad de tareas, pero que en cambio, la poca que se asigne sea “significativa”. La docente considera necesario retomar las visitas guiadas a lugares históricos, parques, museos y hacer actividades que los motiven a investigar y querer saber más sobre determinado tema.
La psicopedagoga Jessica Ochoa sumó que la investigación, los debates, reescribir la información, ver videos sobre determinado tema, incluso métodos como el aula invertida favorecen el aprendizaje, sin necesidad de saturar.
Calatrava prevé que con una eventual eliminación de las tareas el aprendizaje de millones de estudiantes podría verse afectado y en esto Jessica Ochoa lo secunda y agrega que eliminar del todo las tareas “debe manejarse con cautela” y de llegar a ocurrir, el tiempo libre debería canalizarse de manera efectiva con actividades deportivas o artísticas.
Érika Milano, madre de un niño que estudia quinto grado, no está de acuerdo con que se eliminen las tareas, pero sí pide que se reflexione un poco sobre las maquetas y tareas que prácticamente le mandan a los padres. “A mi hijo le mandan a hacer muchas cosas que termina haciendo su papá y eso no está bien porque un niño de 10 años no puede hacer un robot con movimiento, por ejemplo”, dijo.
Mariana Campos afirma que a su hija de 6 años que cursaba primer grado “le mandaban a hacer demasiadas cosas innecesarias como a realizar disfraces cuando lo importante en ese grado es que sepa leer y escribir”.
El tema de la eliminación de las tareas no es algo nuevo. Países con excelentes sistemas educativos como Finlandia, Francia, Bélgica y Chile han eliminado de forma drástica o parcial las asignaciones para el hogar con la finalidad de reducir el estrés, mejorar el bienestar estudiantil y evitar las desigualdades entre estudiantes con y sin apoyo familiar.
Problemas de fondo
Con una posible eliminación de las tareas escolares surgen también otros cuestionamientos que están directamente relacionados con la situación del sector educativo.
La docente Cristina Rojas recordó que desde hace varios años los docentes venezolanos están mal remunerados, con salarios que no satisfacen las necesidades más básicas, las escuelas presentan graves deterioros a nivel estructural sin servicios básicos eficientes y los estudiantes no cuentan con un programa de alimentación de calidad.
Rojas recordó que la necesidad de actualizar el currículo escolar (algunos no se actualizan desde el año 1986) es un tema importante al que también hay que prestarle atención.
Este viernes, 26 de septiembre, Mariana González, hija del dirigente político Edmundo González, denunció que lleva ocho meses sin conocer el paradero de su esposo, Rafael Tudares.
A través de su cuenta en X, Mariana González expresó que Tudares se encuentra en “desaparición forzada” ya que hasta ahora ningún funcionario del gobierno ha informado el lugar de reclusión ni los motivos de su detención.
“Más de 8 meses: sin llamada telefónica, sin fe de vida, sin saber dónde lo tienen, sin saber cómo está”, subrayó. También indicó que durante este tiempo no ha podido entregarle medicinas ni otros insumos necesarios.
262 días desde la detención arbitraria y desaparición forzada de mi esposo Rafael Tudares Bracho
Más de 8 meses: Sin llamada telefónica Sin fe de vida Sin saber dónde lo tienen Sin saber cómo está Sin poder entregarle medicinas y/o paquetería. 8 meses sin nada de información pic.twitter.com/y9vKwN6sNt
Tudares fue detenido el 7 de enero de este año mientras se trasladaba en un vehículo con sus dos hijos menores de edad, a tres días de que Nicolás Maduro se juramentara como presidente, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) controlado por el chavismo lo declarara ganador de los pasados comicios del 28 de julio de 2024, sin hasta ahora mostrar actas y resultados desagregados que lo comprueben.
En junio de este año, la hija del opositor exiliado en España aseguró que un tribunal acordó el avance a juicio de su esposo por los presuntos delitos de forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación, legitimación y financiamiento.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Nicolás Maduro ofreció ayudar al mandatario estadounidense Donald Trump par capturar a los líderes de la mega banda criminal venezolana el Tren de Aragua, según información difundida por el portal internacional Bloomberg.
De acuerdo con el medio, la oferta realizada por Maduro fue parte de un esfuerzo para reiniciar las conversaciones con Washington, que tiene buques de guerra en el mar Caribe, cerca de Venezuela, y ha informado que ha aniquilado cuatro embarcaciones que supuestamente iban cargadas de drogas con rumbo a EEUU, asesinando a 17 personas.
Bloomberg pudo conocer de este acuerdo tras consultar con personas familiarizadas con este tema, quienes pidieron no ser identificadas.
Las fuentes indicaron que Maduro dijo que podría ayudar a localizar a los jefes más buscados del Tren de Aragua, quienes se han convertido en una prioridad para Trump, tras ser designados como organización terrorista extranjera.
Se pudo conocer que esta propuesta la hizo Nicolás Maduro a Richard Grenell, enviado especial del Donald Trump para Misiones Especiales de Estados Unidos, a principios de este mes, junto a una carta que envió al presidente estadounidense en la que lo instaba a un diálogo directo para aliviar las tensiones entre ambos países y donde negaba que el país sea una fuente importante de narcotráfico hacia su país.
Bloomberg solicitó información al Ministerio de Comunicación y a Grenell, pero no respondieron a la solicitud; sin embargo, el pasado jueves 25 de septiembre, le dijo a CBS News que seguía en contacto con el equipo de Maduro, sin precisar tantos detalles.
«El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cártel narcoterrorista, y Maduro no es un presidente legítimo», indicó un funcionario de la Casa Blanca en un comunicado al ser consultados sobre comentarios al respecto. «La política de la administración es la ‘máxima presión’ sobre el régimen de Maduro, y no se están produciendo negociaciones que puedan beneficiar potencialmente al régimen».
El Tren de Aragua, que se ha extendido desde Venezuela a Chile y hasta Canadá, está acusado de extorsiones, tráfico de drogas, personas, armas, prostitución, minería ilegal, robos y secuestros. Se cree que algunos de sus altos dirigentes se encuentran fuera del país.
El año pasado, el Departamento de Estado de EEUU, en cooperación con el gobierno de Colombia, anunció millonarias recompensas a cambio de información que permita capturar a tres cabecillas del Tren de Aragua. Por alias Héctor Guerrero, alias «Niño Guerrero», ofrecen hasta $5 millones; por Yohan José Romero, alias «Johan Petrica», hasta $4 millones; y por Giovanny San Vicente, también conocido como «Giovanny», hasta $3 millones.
El comunicado del Departamento de Estado precisó que, por información que han conseguido en colaboración con la policía de Colombia, creen que alias «Petrica» se encuentra en Venezuela y los otros dos líderes en Colombia.
*Con información de TC
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Desde finales de julio de 2025, familiares y organizaciones de derechos humanos han denunciado una nueva práctica contra los presos políticos en Venezuela: traslados irregulares sin notificación previa a abogados ni parientes, y sin órdenes judiciales que los respalden.
El pasado 2 de septiembre, el partido político Voluntad Popular (VP) exigió una fe de vida de sus miembros Freddy Superlano y Roland Carreño, luego de conocerse de manera extraoficial que ambos fueron trasladados de El Helicoide a un paradero desconocido. Se dice que pudieran estar en El Rodeo, pero a la fecha, sus familiares no han podido confirmar esa información.
La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas establece ninguna persona puede ser detenida en secreto. En su artículo 17, esta normativa establece que los Estados deben mantener registros oficiales y actualizados de todas las personas privadas de libertad, con información detallada sobre identidad, motivo de detención, lugar de reclusión, condiciones de salud y cualquier traslado. Este marco jurídico internacional protege el derecho de los allegados y representantes legales a conocer de manera inmediata el paradero de los detenidos y a impugnar judicialmente detenciones ilegales.
En entrevista con Runrun.es, Andreína Baduel, miembro del Comité por la Libertad de Presos Políticos (Clippve), denunció que al menos 170 detenidos por motivos políticos se encuentran actualmente en condición de desaparecidos.
Baduel explicó que, en muchos casos, las familias sienten temor de denunciar o incluso de acercarse a los centros de reclusión a preguntar. “Quizás son más, eso puede variar también por el tema de que hay mucho miedo para las familias a denunciar”, señaló.
Nuevos traslados denunciados
El Comité por la Libertad de Presos Políticos (Clippve) alertó este jueves, 25 de septiembre, que familiares y amigos denunciaron el traslado de Ysaira Villamizar, presuntamente al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques, estado Miranda, y de José Luis Machín (exalcalde del municipio Barinas), el estudiante Junior Rivas y los ingenieros Miguel Jorge y José Osorio a la Cárcel Yare II, en el estado Miranda.
En su denuncia, el Clippve recordó que todos ellos fueron detenidos arbitrariamente y sometidos a “desaparición forzada” el 25 de agosto, cuando regresaban de una reunión con militantes en Ciudad de Nutrias, municipio Sosa, estado Barinas. Tras las denuncias públicas, los familiares fueron informados de que se encontraban recluidos en la sede del Sebin en Barinas, donde estuvieron sin acceso pleno a sus abogados ni a las condiciones mínimas del debido proceso.
Los familiares denuncian que el traslado a un estado lejano a su ciudad de residencia complica la atención y acompañamiento que deben brindarles mientras siguen injustamente presos, además de someterlos a un sistema penitenciario con “condiciones inhumanas” que no garantiza lo establecido por la ley venezolana: alimentación adecuada, atención médica, suministro de agua potable, condiciones de higiene y salubridad ni espacios de recreación.
🔴ATENCIÓN | Familiares y amigos denuncian el traslado de la Lcda. Ysaira Villamizar, presuntamente al INOF en Los Teques, estado Miranda, y de José Luis Machín (exalcalde del municipio Barinas), el estudiante Junior Rivas y los ingenieros Miguel Jorge y José Osorio a la Cárcel… https://t.co/xdmJlnv0OH
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) September 25, 2025
Impacto en la salud y condiciones de reclusión
Los traslados y la falta de información también han afectado el derecho a la salud de los presos políticos. Al no saber dónde están, no pueden recibir ningún tipo de atención ni tratamiento de sus familiares.
Sobre esta situación, Andreína Baduel puntualizó casos como los de Freddy Superlano y Roland Carreño, quienes sufren de hipertensión. “En este punto que ya no sabe la familia ni siquiera dónde está pues tampoco saben si están recibiendo su medicación”, alertó.
La activista también se refirió al caso de Carla Da Silva, detenida desde mayo del año 2020 al ser vinculada a la Operación Gedeón. Da Silva estaba recluida en El Helicoide, pero desde el pasado 5 de agosto fue trasladada de forma arbitraria hacia un destino desconocido. Es paciente bariátrica, por lo que necesita cumplir con una alimentación especial que su mamá le proveía, pero al no saber dónde está, no puede hacerlo. “Eso va agravando las condiciones de cada uno y va generando daños orgánicos”, alertó Baduel.
Sobre Da Silva, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) difundió un video en redes sociales este miércoles, 24 de septiembre, en donde aparece su madre, Miriam Marrero, pidiendo la libertad de su hija, así como la de todos los presos políticos del país.
Miriam Marrero, madre de Carla Da Silva Marrero, sigue sin saber dónde está su hija, luego de que se conociera sobre su traslado de las celdas de El Helicoide.
Desde el 5 de agosto las autoridades del régimen de Maduro no han brindado información sobre Carla y su mamá no ha… pic.twitter.com/7GNvCnhj5x
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) September 24, 2025
Familias también bajo tortura
Andreina Baduel alertó que las familias de los presos políticos y desaparecidos también son sometidas a un trato cruel y degradante.
“Hay familias que están fuera del país que eso también les limita poder accionar en favor de los suyos, porque otro de los protocolos de horror a los que son sometidos los familiares de los presos políticos y los desaparecidos es que los obligan casi que a un viacrucis a preguntar por distintos sitios de reclusión para tratar de precisarlos hasta que bueno, lamentablemente cuando a ellos les da la gana es que confirman si están o no están”, denunció.
La activista denunció que incluso cuando los familiares deciden levantar la voz enfrentan nuevas represalias. “Hay familiares que sí tienen conciencia de la importancia de la denuncia, a pesar de las represalias que esto puede implicar, porque en Venezuela denunciar hasta se ha convertido en un delito. (…) Muchos lo han intentado y la respuesta es más silencio, más opacidad y más impunidad. En algunos casos ni siquiera quieren recibir las denuncias y tienen hasta la desfachatez de decirles a las familias que si denuncian es peor”.
Para Baduel, esta situación configura un tipo de tortura psicológica: “Es otra dimensión de horror que quizá la gente no aprecia. No solo es contra el preso, también contra su familia. Yo lo digo por experiencia propia: es muy fácil decir ‘están desaparecidos’, pero no hay días, no hay momentos, no hay paz para quienes lo vivimos, porque sabemos perfectamente de lo que es capaz el régimen. En esos días en que no sabes dónde está, puedes temer lo peor”.
“Eso constituye un tipo de tortura no solo para los presos políticos sino para su familia”, concluyó. “La violación de los derechos se traslada del preso hacia los suyos, que deben lidiar con la incertidumbre, el desgaste y las amenazas. Al final, las familias también son víctimas secundarias, viviendo muy cerca lo mismo que ellos”.
Restricciones de alimentación y agua
La situación de los presos políticos varía según el centro de reclusión, pero en todos los casos se han registrado limitaciones que afectan directamente su salud y condiciones de vida, siendo El Rodeo donde hay mayores restricciones de insumos para los detenidos.
“Por lo menos en El Helicoide antes podían suministrar insumos tres veces a la semana, ahora eso se redujo a una sola vez a la semana. En Tocuyito (…) hay una imposición de restricción de alimentación también parcial (…) todos los alimentos y todos los artículos de uso personal sean regresados (…) el que más extremo está con las restricciones de alimentación es El Rodeo I y el Fuerte Guaicaipuro, que no permite ni agua”, explicó Andreína Baduel.
La activista advirtió que estas medidas deterioran gravemente la salud de los detenidos. “En general la situación de los presos políticos se traduce a que cada día se están restringiendo mucho más las opciones para que ellos puedan resistir medianamente y se están vulnerando sus derechos fundamentales”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Es inviable un país asediado permanentemente por la represión y la desigualdad acelerada y generalizada de la población, la negación de la justicia y el desmantelamiento de la institucionalidad democrática.
Las elecciones presidenciales de 2024, que eran una oportunidad para superar la crisis venezolana de forma pacífica y democrática, fueron opacadas por el secuestro de la voluntad popular en medio de una escalada represiva sin precedentes en la historia reciente.
La extinción de la Democracia y la suspensión de facto del Estado de Derecho desencadenó una espiral de abusos e impunidad que parece interminable.
A la par del socavamiento de las libertades públicas, se impone un modelo económico basado en el desconocimiento de las obligaciones estatales con los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), que ha aumentado exponencialmente la desigualdad, mediante el estrangulamiento del ingreso y ahorro de las familias, y la precarización del empleo decente.
El colapso económico devino en la proliferación de gobernanzas y economías criminales, poniendo en grave riesgo a poblaciones en situación de vulnerabilidad como las comunidades y pueblos indígenas y pobladores fronterizos, además de causar graves daños en el medio ambiente.
Los barcos pesqueros han sido reconfigurados para contrabandear migrantes, traficar humanos, vida silvestre y combustible.
Los “otros negocios” – como le llaman en las costas o en las profundidades de la selva amazónica venezolana – han florecido a la par de la crisis económica que inició en Venezuela hace una década.
Luego se consolidaron bajo el amparo de una gobernanza que cede territorio y facilita estas actividades al margen de las formalidades que establece la Constitución.
Una escalada sin precedentes
En este escenario de profunda inestabilidad, en el que el poder intenta superar la crisis de legitimidad a la fuerza, persiguiendo y amenazando a la población civil, se ha generado una mayor e inédita movilización militar de Estados Unidos en El Caribe, cerca del mar territorial venezolano.
En el marco del despliegue de activos militares de Estados Unidos en El Caribe, siguen siendo escasos los detalles que se conocen sobre el mortal ataque ocurrido el 2 de septiembre contra una embarcación que, según el gobierno de EE.UU, partió de Venezuela transportando drogas y a 11 supuestos miembros de la banda “Tren de Aragua”.
Los cuestionamientos al operativo han sido alimentados, entre otras cosas, por la poca información brindada por la gestión de la Casa Blanca.
Este y otros ataques letales, que tuvieron lugar después de una acumulación de fuerzas marítimas estadounidenses en el Caribe, marcan un cambio de paradigma en la forma en que Estados Unidos está dispuesto a combatir el narcotráfico en el hemisferio occidental.
A la luz del derecho internacional -que como organización defensora de Derechos Humanos con 37 años de trayectoria reivindicamos como un logro histórico de la humanidad-, estos hechos constituyen claras violaciones y minan un campo del derecho en los que pudiera justificarse de forma indiscriminada el uso de la fuerza letal contra civiles.
“La sola acción extrema del hundimiento de la embarcación y de sus ocupantes priva a la sociedad de conocer la verdad”, advirtió en su momento Alerta Venezuela.
Por su parte, Amnistía Internacional afirmó que “el uso de la fuerza letal en este contexto no tiene absolutamente ninguna justificación” y recordó que “el uso intencionado de la fuerza letal se rige por las normas de aplicación de la ley establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos”.
El uso excesivo de la fuerza y el resultado de dichos ataques puede ser calificado como una ejecución extrajudicial.
Preocupante desapego de los Sistemas de Protección y estándares internacionales
La lucha contra el terrorismo y el narcotráfico tiene estándares internacionales para garantizar el respeto al Derecho Internacional y a los Derechos Humanos.
La ONU también cuenta con una Oficina contra el Terrorismo, mientras que, desde 2006, su Asamblea General aprobó una Estrategia Global el terrorismo, que es actualizada cada dos años por esa instancia, y en la quelos Estados deben proteger los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.
Es preocupante la progresiva desvinculación de los sistemas internacionales de protección de Derechos Humanos, puesto que fomentan la peligrosa noción de que la gobernanza internacional es opcional o carece de sentido, debilitando aún más el consenso global sobre la aplicación de los Derechos Humanos en un momento de gran incertidumbre global.
Cabe recordar que en 2024 el gobierno de Maduro expulsó a los miembros de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para luego permitir el ingreso de tan solo una funcionaria, haciendo así irrisoria su presencia en el país.
Tampoco ha permitido el ingreso de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, desde su creación en octubre de 2019, ni responde a sus solicitudes de información al tiempo que insulta a los comisionados durante los debates sobre sus informes en el Consejo de Derechos Humanos.
Además, incumple con las recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU) y suele no responder a las comunicaciones sobre violaciones a derechos humanos enviadas por los Relatores y los Grupos de Trabajo de las Naciones Unidas.
En el Sistema Interamericano, la administración Maduro mantuvo la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) -presentada en 2012 durante la gestión de Hugo Chávez, y en vigor desde septiembre de 2013 con Nicolás Maduro en la presidencia- para sustraerse de las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y del escrutinio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), situación revertida recientemente por la CorteIDH.
Mayor militarización para controlar a la sociedad
El escenario está siendo respondido por el gobierno venezolano a través del autoritarismo y los abusos, generando nuevas violaciones de Derechos Humanos y justificando sus acciones bajo el paraguas de la “lucha contra el terrorismo de la derecha”.
La respuesta del gobierno de Nicolás Maduro da un nuevo oxígeno a la militarización total del país bajo la justificación de la “defensa de la soberanía”, mientras insiste en desconocer la voluntad popular expresada el 28-J e intensifica los abusos contra los Derechos Humanos a través del cierre del espacio cívico, la persecución de la disidencia política y el desconocimiento de sus obligaciones en materia de derechos sociales.
Preocupa que en esta coyuntura se produzca un incremento considerable del gasto relacionado a la actividad militar, sacrificando los recursos que deberían estar destinados a la inversión para atender los altos niveles de pobreza y la crisis de los servicios públicos, aumentando con ello las calamidades de la población.
El Estado venezolano tiene la obligación constitucional de adoptar las medidas que considere adecuadas para la defensa de la soberanía nacional, sin embargo, estas medidas deben tener proporcionalidad y corresponderse con una práctica que no implique violaciones de Derechos Humanos, ni la desatención de sus obligaciones en materia social.
El anuncio del Ejecutivo Nacional sobre la posible declaratoria de un Estado de Conmoción Exteriory la aprobación del Decreto N° 5.164 que crea las llamadas Áreas de Defensa Integral (ADI) de las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) adscritas a las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), constituyen pasos cruciales hacia la militarización total del país y abre las puertas a la comisión de más abusos.
La prolongada y cada vez más creciente militarización del territorio -que ha estado amparada en la doctrina de seguridad nacional-, ha generado graves consecuencias para las garantías ciudadanas.
Democracia, Derechos Humanos y multilateralismo
Las escasas conversaciones entre las administraciones Trump y Maduro a comienzos de año, y que recién Nicolás Maduro tachó de “desechas”, se limitaron a temas vinculados a las deportaciones masivas y sumarias de venezolanos en Estados Unidos, la liberación de estadounidenses presos ilegalmente en Venezuela y las nuevas licencias para que la petrolera Chevron siguiera operando en el país.
En las conversaciones, narrativas y acciones de ambos gobiernos hay dos grandes ausentes: la necesidad de re-democratizar el país y la indeclinable obligación de respetar el Derecho Internacional y garantizar los Derechos Humanos en todo momento y sin ninguna excusa.
La crisis venezolana ha tenido un severo impacto en la vida y los derechos de millones de venezolanos y también en la estabilidad de la región.
Sin embargo, insistimos en que la superación de la misma debe producirse en el marco del respeto al Derecho Internacional, mediante el esfuerzo del multilateralismo y la presión ciudadana de los sectores democráticos, con la mirada fija en la garantía para los Derechos Humanos de la población.
Provea afirma que ninguna circunstancia, por muy grave que sea, puede justificar el desconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional.
Dejar el campo libre para la violación de los Derechos Humanos no es, ni debe ser, opción.
Reiteramos que son tiempos de firmeza y compromiso histórico. Exhortamos a todos los actores de la vida nacional a seguir al lado de un pueblo resuelto a vivir con dignidad y a vivir en la verdad; un pueblo que decidió pacíficamente su destino político.
“No puedo creer que ABC (Fake News) le haya devuelto el trabajo a Jimmy Kimmel. Por qué querrían recuperar a alguien que lo hace tan mal, que no es gracioso y que pone a la cadena en peligro al emitir un 99% de basura demócrata. Que Kimmel se pudra con sus malos índices de audiencia”, dijo recientemente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump sobre el regreso del presentador a su Late Show, luego de haber sido suspendido parcialmente por comentarios sobre el asesinato del líder republicano, Charlie Kirk.
Kimmel fue objeto de ataques de la Casa Blanca luego que asomara la posibilidad de que los republicanos estaban tratando de sacar ventaja política del crimen y pusiera al aire un video donde a Trump se le preguntaba por el suceso y respondía con la construcción de un salón de baile.
A su regreso a la televisión, Kimmel ofreció disculpas por las palabras sobre Kirk, pero no tuvo reparo en alertar a Trump que iba por un camino errado.
“Nuestro líder celebra que los estadounidenses pierdan su sustento porque no puede soportar una broma”, indicó.
El caso de Kimmel se suma a la cancelación de Late Show de Stephen Colbert en CBS hace un par de meses, luego que este dijera que la compañía Paramount había pagado un soborno para arreglar una demanda de Trump por la edición de la entrevista con Kamala Harris cuando era candidata presidencial demócrata.
Tanto en su primer gobierno como en su segundo mandato, Trump ha tenido fuertes críticas a los medios de comunicación independientes, atacando verbalmente a los representantes de la prensa e incluso llegando a demandar por difamación a empresas como The New York Times.
“Cállate”, le dijo Trump a un periodista australiano a mediados de este mes luego que este le preguntara si creía que un presidente en ejercicio podía estar involucrado en muchos negocios. “Estás dañando a Australia ahora mismo, tu país se quiere llevar bien conmigo, tu líder vendrá a verme y le diré que haces preguntas en un muy mal tono”.
Así como al comunicador social australiano Trump ha encarado a decenas de periodistas que le hacen preguntas “incómodas” y no son de su agrado.
Apenas la semana pasada, Trump dijo que la prensa en Estados Unidos es una amenaza para su gobierno y la democracia.
“Convierten cualquier noticia positiva en algo negativo. Yo creo que es realmente ilegal”.
El periodista y defensor de derechos humanos, Luis Carlos Díaz enfatizó que es notable un cambio de estilo entre los dos gobiernos de Trump, debido a la ola de popularidad en la que navega en esta ocasión.
“Estados Unidos vive un retroceso en múltiples niveles en temas de libertad de expresión, sin embargo aún tienen la capacidad institucional y la masa crítica para corregirlo. No han llegado, por los momentos, a puntos de no retorno”
“Trump es un patán con los periodistas que le preguntan cosas que no se amoldan a su gusto, no estoy de acuerdo con sus formas”, manifestó una reportera venezolana que prefirió permanecer en el anonimato.
A juicio de Díaz, Trump intenta implantar un estilo que persigue ser personalista en pos de construir una imagen fuerte.
“Pero que en paralelo puede hacer mella en el rol institucional y de contrapesos que representan el periodismo y los medios”.
La reportera indicó que no solo del lado republicano, los comunicadores sociales experimentan el lado más oscuro del poder.
“Fui expulsada de una rueda de prensa de Kamala Harris por una pregunta que hice sobre la frontera. El partido demócrata se molestó, llamó a reclamar a mi canal y tres semanas después me sacaron sin explicación alguna, y con la evaluación más alta de todos los reporteros del noticiero en mi historial”.
Para Díaz, aunque pueden conseguirse algunas similitudes entre el gobierno estadounidense y el venezolano, estas tienen que ver con el modo de usar la popularidad para tratar de que unas ideas tengan más peso que otras.
“Hugo Chávez tuvo manifestaciones de violencia institucional monstruosas que aún no han sido replicadas en Estados Unidos, por lo que las comparaciones deberían ser bien diseccionadas”.
¿Está realmente amenazada la libertad de expresión? en Estados Unidos. Runrunes consultó a periodistas venezolanos que viven en el país norteamericano y consiguieron similitudes y diferencias con la experiencia nacional mediática del último cuarto de siglo en suelo nacional.
Boris Muñoz, cronista y fundador de la sección de opinión en español del The New York Times; Luz Mely Reyes, creadora de medios independientes y Jesús Rivero Bertorelli, director del medio digital somostuvoz.net, analizaron la situación de libertad de expresión en suelo estadounidense., donde residen actualmente.
1- ¿Cuál es su valoración sobre el estado de la libertad de expresión en los Estados Unidos en la actualidad. Existe un retroceso incluso en comparación con el primer mandato de Trump?
Boris Muñoz: En la actualidad existe un retroceso incluso en comparación con el primer mandato de Trump, si vemos el reporte anual de Reporteros Sin Fronteras, Estados Unidos bajó en dos años del puesto 55 al 57 en cuanto a la protección de la libertad de prensa y expresión. Eso parece pequeño, pero es significativo en un país que se ha caracterizado en su historia por una defensa bastante contundente de la libertad de expresión, desde la primera enmienda hasta la decisión de Sullivan versus el New York Times en los años 60. Esto lo que hace es fomentar un ambiente de miedo, intimidación y autocensura promovido desde lo más alto. Donald Trump se ha encargado de amedrentar a periodistas, a dueños de medios y de chantajear a empresas ligadas a los medios para controlar las expresiones de sus críticos. Ha demandado al New York Times, Wall Street Journal y a CBS. Comparado a su primer mandato, ahora hay un ambiente mucho más deteriorado. En su primer gobierno enseñó los dientes, pero no se tomaron medidas tan agresivas como las que estamos viendo hoy. Trump siempre ha descalificado a sus críticos. En su primer período pronunció más de 30 mil mentiras. En ocho meses de este año lleva 5.000, es decir que quizás pueda batir su propio récord.
Luz Mely Reyes: Hay muchas diferencias respecto a nuestros países. Aquí se valora la libertad de expresión de manera maximalista por una enmienda constitucional. En ese sentido hay un consenso, no ven límites a la libertad de expresión y si hay algo que no se corresponde se recurre a la justicia, que es otro gran poder concebido de manera independiente. Por tanto, hay un ataque a la libertad de expresión y a las instituciones democráticas, pero no estoy segura de que esté en peligro como en los casos nuestros (incluyendo El Salvador). Por otro lado, el más reciente episodio con el comediante Jimmy Kimmel muestra lo valioso que es para la sociedad estadounidense el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo si percibo mucho temor en algunos sectores por las consecuencias de expresarse. Eso a raíz de la eliminación de fondos a la Universidad de Columbia.
Jesús Rivero Bertorelli: Mi valoración en este momento sobre el estado de la libertad de expresión en Estados Unidos es que está garantizada afortunadamente. En este país hay esa gran ventaja. Está garantizada, pero por supuesto siempre está amenazada. Garantizada porque la libertad de expresión va más allá del derecho que pueda tener un periodista de escribir, preguntar o trabajar en un medio. De hecho, cualquier persona puede escribir en un periódico en Estados Unidos, con la única condición de que sea estadounidense. La libertad de expresión no la veo tan asociada directamente a los medios. Ahora, los medios tienen que luchar contra el poder de alguna manera. Hoy es Trump, ayer fue Joe Biden. Lo que pasa es que Biden tenía otro carácter. El intenta que los medios digan lo que él exactamente dice, que transcriban, que no estén interpretando ni le hagan razonamientos o cuestionamientos difíciles. Quien ejerce el poder, siempre intenta que los medios le sean sumisos.
2- ¿Cuál es su opinión sobre el tratamiento que le da Trump a los periodistas que le hacen preguntas que no se amoldan a su gusto?
Boris Muñoz: Trump es muy despectivo con los periodistas, los descalifica, los llama tontos, imbéciles, etcétera. Es un tratamiento generalmente confrontativo. Sabemos que al principio de su período se le prohibió a algunos periodistas asistir a las ruedas de prensa en la Casa Blanca. Hay una decantación de los periodistas que pueden preguntar mucho más estricta de lo que había sido habitualmente. Por otro lado también se ha permitido la entrada de influencers a las ruedas de prensa, a medios más afines con la corriente del presidente y eso también cambia la ecuación porque se trata de tener una prensa que sea más favorable o menos crítica y más obsecuente. Eso implica un deterioro serio de la capacidad de examinar e investigar que tienen los medios. Se ha tensado mucho esa relación y eso no transpira nada bueno de aquí en adelante.
Luz Mely Reyes: Es una técnica muy empleada que no empezó en Venezuela. El tema es que los medios y el periodismo independiente son vulnerables a la desinformación y los ataques que provienen del poder político, sobre todo cuando este poder se construye sin contrapesos. Me cuesta pensar en un retroceso, pero si hay una política que rompe el pacto entre lo que debe ser el rol de periodistas y medios frente al poder y el rol de ese poder frente a los medios. La Casa Blanca ha dado cabida a los influenciadores y creadores de contenido que no siguen los lineamientos periodísticos sino que se alinean con la administración. Eso es lo que creo que es parte de la ruptura de ese pacto.
Jesús Rivero Bertorelli: Donald Trump tiene ese perfil que habla desde la tapa de la barriga como se dice coloquialmente en venezolano. No se detiene, es un animal político y en consecuencia dice lo que le provoca y habla feo. A muchas personas no les gusta Trump. No tanto por sus hechos, sino por sus palabras o la manera en la que se expresa. No le gusta que le hagan preguntas incómodas. También hay que decir que la mayoría de los grandes medios son de una tendencia suave o de una descarada tendencia demócrata y quizás hasta de izquierda. Por ejemplo, los dos grandes medios en español en Estados Unidos, Telemundo y Univisión, tienen un sesgo muy marcado anti-Trump. CBS, ABC y CNN también, entonces Trump tiene que luchar contra eso. Le van quedando pocos aliados, el caso de la cadena Fox y de algunos medios pequeños en español. Antes de decir la primera palabra ya tiene enemigos porque hay ese sesgo.
3- ¿Encuentra similitudes entre Trump y Chavez/Maduro con respecto al comportamiento que tienen con la prensa independiente?
Boris Muñoz: Veo más similitudes entre Trump y Chávez porque durante Chávez todavía existían ciertos niveles de libertad de expresión que por supuesto se fueron cerrando. Chávez tenía una guerra mediática franca primero con las televisoras y después con todo los medios. Trump parece tener una guerra semejante con CBS, CNN, Wall Street Journal, el New York Times, entonces, sí hay unos paralelos bastante claros, que no se pueden decir que sean iguales. Maduro se aseguró al principio de cerrar el grifo de la información con compras hostiles de medios en Venezuela negando los recursos para importación de papel, eliminando concesiones. Fue un ambiente mucho más negativo para la libertad de expresión. Yo creo que la referencia es muy negativa y no quisiera ver nunca que Estados Unidos está llegando al punto en el que está Venezuela. Maduro es un ejemplo muy negativo y nefasto para la libertad de expresión. Desafortunadamente, es un ejemplo que siguen muchos otros regímenes autoritarios.
Luz Mely Reyes: Hay algo más macro que tiene que ver con el auge de los liderazgos autoritarios y populistas y es la descalificación de medios independientes y del periodismo como un especie de contrapeso o como un espacio de contraste frente al poder. En ese sentido, los liderazgos autoritarios o populistas tienen la tendencia de descalificar a los medios y los periodistas. Lo mismo pasa con Nayib Bukele en El Salvador, él hace exactamente lo mismo que Maduro y va un poco más allá de lo que hizo Hugo Chávez. Hay estadios en esa relación que siempre ha sido tensa entre el poder político y el periodismo. La gran diferencia que hay hoy en día es que hay una crisis de modelos de negocio en los medios, otra en el relacionamiento entre medios y audiencias y la disrupción en redes sociales que permiten que se generen contenidos que avalen la narrativa contra medios y periodistas. Hubo periodos en donde había muchísimos ataques a la libertad de expresión por parte de de las autoridades, cuando estaba todo el tema anticomunista en la Guerra Fría, cuando Nixon, pero la gran diferencia en este momento es que se apunta a medios y periodistas como enemigos, se responsabiliza a medios y periodistas de situaciones sobre las que no tienen mayor responsabilidad. Eso se amplifica al ver este sistema de redes sociales que permiten magnificar cualquier opinión o cualquier desinformación.
Jesús Rivero Bertorelli: Yo no veo que haya mayor similitud entre Chávez, Maduro y Trump, yo creo que ni siquiera entre Maduro y Chávez habría similitud. El discurso de Trump es de decir lo que le provoca. Pero no es solo Trump, yo creo que los políticos en líneas generales son así, más bien las excepciones son aquellos que son condescendientes con el discurso El político tiende a ser así cuando ya está ejerciendo una magistratura, a lo mejor cuando es candidato es más light o dado a escuchar opiniones y a medirse en lo que dice, pero una vez que estás ejerciendo el poder, la verdad es que la mayoría de políticos tienden a ser radicales, muy abruptos en el verbo. Eso sí tiene Trump. Es allí donde pudiéramos hallar similitudes tal vez con Chávez.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
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Medidas de autoprotección ante sismos: recomendaciones y pasos a seguir
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Después del sismo, las indicaciones incluyen interrumpir los servicios de gas, agua y electricidad, no encender fósforos ni velas, seguir las instrucciones de las autoridades a través de la radio, evitar caminar descalzo sobre escombros y mantenerse en el punto de reunión previamente acordado.
“Ya he hablando con Venezuela por órdenes del presidente Trump. He hablado con el señor Maduro, he ido a Venezuela y sigo en contacto con su equipo”, Richard Grenell, enviado especial para Venezuela del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.