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Preocupación por torturas y maltratos en el Rodeo I se acentuó tras “la noche de los gritos”

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La noche del 10 de abril, las adyacencias del centro penitenciario El Rodeo I no solo se iluminaron con velas, sino con el reclamo persistente de familiares que suman tres meses pernoctando a la intemperie. Lo que comenzó como una espera por promesas oficiales de liberación se ha transformado en una guardia de denuncia ante tratos crueles y el aislamiento sistemático de los presos políticos.

La actividad de este 10 de abril tuvo lugar luego de tensos días, debido a una protesta de presos extranjeros en ese sitio de reclusión que fue reprimida violentamente. Andreína Baduel, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), calificó la situación como una “violencia institucional”.

“No fue sino a través de gritos de los presos políticos que supimos de la situación. Ellos no solo denunciaban que fueron agredidos, torturados y amenazados con armas de fuego, sino que había muchas personas heridas sin recibir atención médica, como es el caso de mi hermano Josnar Adolfo Baduel”, sentenció Baduel desde la protesta.

Pese a la gravedad de los testimonios, el viernes 10 de abril el beneficio de visita fue suspendido para tres de los reclusos tras las estrictas medidas de vigilancia impuestas.

En esta protesta simbólica, los asistentes exigieron el cierre de los centros de tortura y denunciaron la persistencia de condiciones que vulneran la integridad de los detenidos.

Insisten en que el derecho a la integridad personal y familiar está siendo vulnerado en el Rodeo I mediante protocolos que parecen diseñados para la deshumanización: las visitas ocurren a través de un vidrio, duran escasos minutos y prohíben cualquier contacto físico, incluido un abrazo. Se ha reportado que tanto detenidos como familiares son obligados a usar capuchas durante el proceso de traslado a las áreas de visita.

Además, a raíz de las protestas por maltratos a presos extranjeros, recientemente se prohibió el ingreso de cartas o fotografías.

La respuesta oficial vs. la realidad en las puertas

En un intento por mitigar las denuncias, el Ministerio Público emitió un comunicado afirmando haber verificado los protocolos de respeto a los DDHH en el recinto. La Fiscalía desmintió específicamente el fallecimiento del ciudadano colombiano Luis Eduardo Quinchia, y en un comunicado publicado en su cuenta en Instagram, aseguró que fue entrevistado por funcionarios.

Sin embargo, para Hiowanka Ávila, hermana de Henrybert Rivas, la realidad es de desgaste físico y emocional. Ávila denunció que más de 500 personas detenidas por motivos políticos siguen esperando los beneficios de la Ley de Amnistía, mientras las familias cumplen 90 días durmiendo frente al penal, esperando una libertad que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, asomó meses atrás pero que no llega.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos reiteró que la vida de quienes están bajo custodia es responsabilidad directa del Estado, exigiendo el cese inmediato de las prácticas que vulneran la dignidad humana y el cierre de los espacios de tortura.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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Condenan recientes hechos de violencia contra la prensa en Venezuela

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El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) condenó los actos de violencia contra comunicadores que cubrían la marcha del 9 de abril.

“Estas acciones deben ser investigadas de manera pronta e imparcial, y los responsables deben rendir cuentas. Obstruir el trabajo de los periodistas es una violación directa del derecho del público a acceder a información de interés público”, consideró el comité en una publicación en la red social X.

La protesta fue liderada por sindicatos de trabajadores, jubilados y estudiantes, quienes exigían salarios y pensiones dignas

La concentración, que partió de Plaza Venezuela, tenía como destino Miraflores, pero fue interrumpida por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes impidieron el paso y enfrentaron a los manifestantes con escudos antimotines.

La libertad de expresión continúa reprimida

Durante la cobertura, varios comunicadores fueron golpeados, rociados con gas pimienta y despojados de sus herramientas de trabajo. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) documentó diez agresiones, entre ellas las sufridas por José Mireles Alcalá (El Martillo Venezuela), Francisco Cáceres (La TV Calle), Sergio González (Provea), José Caruci (CaracasInfo24), Maryorin Méndez y Ana Rodríguez Brazón.

La Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero (Apevex) también rechazó la agresión contra el equipo de VPITV. Tanto la reportera como el camarógrafo —quien resultó herido en el rostro— fueron atacados por funcionarios de la PNB. Estos hechos vulneran el Artículo 57 de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión y de pensamiento por cualquier medio de difusión.

El riesgo de informar

La censura contra el gremio periodístico no es nueva y se ha mantenido a lo largo de los años. El pasado 6 de abril, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela denunció que al menos 20 periodistas permanecen en un “limbo jurídico”, atrapados en procesos judiciales sin cerrar y medidas cautelares. Esta situación, descrita como una forma de censura y castigo permanente, limita la movilidad y libertad de trabajo, a pesar de las excarcelaciones.

El CNP también denunció este miércoles 10 de abril la postergación del juicio contra Ramón Centeno, periodista venezolano cuyo estado de salud es delicado.

“El retardo procesal también es una forma de castigo”, expresó el CNP a través de Instagram.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha denunciado que, según el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa, Venezuela ocupa el puesto 23, el último de la lista. “Este entramado ha derivado en el cierre de más de 400 emisoras de radio, la casi desaparición de medios impresos independientes y el exilio masivo de periodistas”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

¿Cómo y porqué se acabó en Venezuela la república?

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Habrán transcurrido 30 años hasta 2029, apenas faltará un lustro y todavía resta sin una respuesta seria, objetiva, serena, desprejuiciada, ajena a la generosidad de los odios de trincheras prorrogados y que ardieran desde el término de la república civil de partidos, que explique de manera satisfactoria el cómo una de las más afirmadas democracias del hemisferio –la venezolana– pudo derivar no en una dictadura o dictablanda, sino en la destrucción cabal de la república y la pulverización de su inacabada nación.

La historia recorrida y su crónica, que es lo único que tenemos a mano los venezolanos, no servirá como pretendida ejemplaridad hacia el porvenir, menos la opinión panfletaria, obra de los enconos; pues esa solo satisface animosidades de coyuntura entre quienes habiendo elegido democráticamente el camino del desierto en 1998, incluso corrigiendo sus yerros y habiéndose transformado en víctimas, apuestan a una tierra prometida que aún no llega y les devuelva hasta 1989.

Todos, tirios y troyanos, sostenemos, sí, la fe y voluntad de los carboneros en pie. Pero no pocos ceden a la fácil tentación de buscar, primero, a los culpables, a los de ayer y a los de hoy, para luego decidir sobre la nación parcelada que marcaría el próximo derrotero del país y el diseño de la república que sería la sucesora.

Las simplificaciones, cabe reiterarlo, son fútiles e inútiles; como aquella que le endilgaran los partidos del siglo XX –incluido su propio partido oficial que lo defenestra– al presidente Carlos Andrés Pérez una vez como se casa, sin miramientos, con el Consenso de Washington. Quiso provocar un parto económico y social mediante un “fórceps”, tras haber raspado la olla su predecesor, Jaime Lusinchi. Resolver sobre la cuestión democrática y la de la libertad quedaron en segundo plano.

Tampoco ayuda la otra verdad palmaria y aquí sí agonal, que fuese su misma revelación auténtica, constante en sus “memorias proscritas”: “Cuando se iniciaron las investigaciones sobre los implicados en el golpe [del 4 de febrero de 1992], cada uno de los jefes de las distintas fuerzas tenía un criterio distinto sobre las sanciones”, afirma Pérez. Mostraba, así, el rompecabezas en que se había transformado una institución que se creyó la dueña de la república tras la guerra por la Independencia, y después de superada la Guerra Federal hasta 1959.

La pregunta que sí resultaba pertinente, y nadie se la hace, ni siquiera ahora, es qué y cómo se hace, trascurridas casi dos centurias desde cuando se instala la Fuerza Armada como piedra basal de la república –más allá de la literatura constitucional, civil y democrática– al revelársenos fracturada, subalterna, incapaz de tumbar o de reponer a un gobierno. Y este es el dato cierto y crucial. El que cabe evaluar con seriedad; que ya muestra sus síntomas desde 1983, que golpea al rostro del país en 1992, que se revela como caja de gatos en 2002, y que el 3 de enero de 2026 confirma a todas luces la inanidad de lo militar para la defensa y seguridad de Venezuela.   

CAP lo sabía, le preocupaba y no solo lo intuyó, al punto que declara, textualmente, que “en lugar de abrirles juicio a los oficiales implicados en la intentona golpista [frisaban 650 entre oficiales y suboficiales del 4F], optamos por cernir, depurar, ir a los verdaderos responsables, que no significaba dejar sin aclarar las cosas”.

No abrir los juicios –hoy lo revelo, tal como me lo confesara personalmente el presidente Pérez– tampoco arrojaba luz sobre las causas profundas del proceso de disolución de la república en avance, dada la misma fractura de su columna vertebral e histórica. Como afectado directo no contuvo su indignación: ¡A Uslar Pietri me provoca llevarlo a juicio militar!, me dice. Pero no lo hizo, más allá de sus expresiones coloquiales posteriores, para hacer arder el debate político. Como hombre de Estado que lo fue, creyó bastarle, en buena lid, alcanzar la concordia entre los soldados insurrectos y los institucionales; pero de lo que se trataba era del agotamiento de la república. Esa cuestión solo la tuvieron presente, sin eco, los ilustres civiles que hicieron parte de la Comisión de Reforma del Estado. Sus estudios quedaron para los anaqueles, como quedó la reforma constitucional. No encontraron eco en los partidos.

La pregunta que hemos de respondernos los venezolanos, de conjunto: ¿cómo y porqué una nación y una república tan pretenciosamente moderna y democrática –república de universitarios como la de 1811, pero militarmente hipotecada a lo militar, por imperio de la inercia histórica – pudo desaparecer? Es como si nos las hubiésemos bebido los venezolanos en un instante de delirio, como quien se engulle una botella de licor que luego no sabe cómo reponer.

Distinta fue la circunstancia de José María Vargas, preocupado por la cuestión de la impunidad con relación a los militares alzados en una república por hacerse; sin nación que existiese o que fuese tomada en cuenta, mientras que el general José Antonio Páez, que salva a Vargas tras la Revolución de las Reformas que lo tumba y le repone en el ejercicio del poder, opta por perdonar a los conjurados. Se hacían llamar a sí bolivarianos. Eran partes del ejército libertador. Quedaron fuera de la organización de la Primera República de Venezuela. Fue el primer tramo de nuestro recorrido republicano que se sostuvo, mediante equilibrios críticos forjados por el propio Páez, pero que al final decantan en la Guerra Federal, donde muere allí el 30 % de nuestra población. Es la cifra equivalente a nuestra diáspora contemporánea.

Lo circunstancial histórico nuestro lo aclara el presidente Rafael Caldera en su primer mensaje al Congreso de 1995; en línea exacta con la política de perdones decidida por CAP en su primer decreto de sobreseimientos de los mayores y capitanes tras el golpe del 4F, que lo firma el 2 de abril siguiente (Gaceta Oficial No. 34.936). Esa política la sostiene el presidente Ramón J. Velásquez y la acompaña el país político.

Todos los partidos y los candidatos presidenciales (Fermín, Álvarez Paz, Andrés Velásquez) proclaman la amnistía. Y eso se olvida, de mala fe, por quienes reescriben la historia patria para ocultar sus personales historias: “Con pleno respaldo del Alto Mando que designé, me propuse remediar los traumas causados por los intentos de sublevación del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992”, asevera Caldera.

Luego discierne sobre el trato diferenciado que aplicaría y estimaba de crucial para contener la crisis agonal o terminal en el seno de la república y de su Fuerza Armada; evitando con ello otro golpe posible, como se lo previene el mismo presidente Velásquez: “Muchos se reincorporaron a la actividad [bajo el gobierno de CAP y en el de este] mediante una etapa de transición, indispensable para restablecer los vínculos de compañerismo que se habían quebrantado a causa de lo ocurrido”. El propósito de los tres presidentes era, efectivamente, volver a cementar la columna fracturada de lo militar, para que la república no hiciese aguas. 

A los otros, a los jefes, “no se consideró conveniente que lo hicieran –se les dio de baja e impidió volver a endosar el uniforme y reencontrarse con los suyos– por haber tomado una declarada actividad política, incompatible con el apartidismo de las Fuerzas Armadas”, agregó el último gobernante del siglo XX.

La saña cainita que absuelve o condena a Pérez o que condena, sin más, a Caldera, actores fundamentales del siglo anterior, es solo saña y miopía, alimentada, sí, por quienes le dieron soporte mediático y financiero al candidato militar Chávez en 1998, acompañados por la embajada norteamericana. De poco sirve ello, en suma, para el rehacer a la nación y forjar a una república libertaria, sujeta a los desafíos del siglo XXI. No hay vuelta atrás. 

Hacia una nación de ciudadanos

Lo de destacar, aquí sí, pues es lo que sí nos ofrece un astrolabio, tomado del pasado remoto, distante del contaminado con la bilis de los actores del presente, es que el Estado venezolano emerge en 1830 sin precederle la nación como su contenido.

Simón Bolívar denuesta y desconoce a la nación en 1812. En sus guerras por la independencia –que no por la libertad– también desaparece el 30 % de la población, como ahora. El anhelo o la apuesta de tal Estado y sus gobiernos sucesivos para subsistir fue la inmigración, en sus inicios la canaria. Mas el dato relevante es que, dominando al ser del venezolano un no-ser todavía o cultor del presente, como nación logra amalgamarse paulatinamente –en un esfuerzo de sincretismo con los migrantes europeos durante la primera mitad del siglo XX. Pero esa nación en cierne existe, sí, originariamente, solo a partir de los cuarteles. Es lo que nos dejó una huella controversial, a la hora de resolver sobre las cuestiones de la paz y la estabilidad de la república hasta la actualidad. Medra afuera otra inmigración y a la espera, hecha de venezolanos.

Durante la segunda mitad del siglo pasado adquiere texturas la nación, sin ser acabada, evolucionando hacia su modernización plena, pero tamizada por el odre de los partidos de la llamada república civil que concluye en 1998; detrás de la cual se mantiene oculto el dominio y miedo a los militares. Daba muestras de agotamiento esa república, insisto y he aquí el elemento de juicio que era indispensable haberlo tenido a mano a partir de 1989, casualmente en coincidencia con el final del comunismo y el declive de Occidente. Los sistemas de partido desaparecen y declinan, se hacen líquidos en muchos países, no solo en Venezuela. Chávez no es el autor del final de los partidos en Venezuela, y solo se ocupa de enterrar a la institución histórica de la que hizo parte.

No podemos obviar lo propio, entonces. Me refiero, como primer hito, al voto mayoritario depositado por los venezolanos en 1998, sin reparar efectivamente en la naturaleza militar del escogido. Entonces, incluso modernizados, los venezolanos optamos por seguir ocupando las butacas del teatro de la república y de la democracia. Esperábamos, como en el siglo XIX, que se subiesen a la escena actores que siempre aciertan o yerran y ante quienes nos limitamos sea tirándoles tomates, o aplaudiéndoles sin discernimiento cuando nos regatean el botín. Juan Vicente Gómez, así, escogió por nosotros al actor del momento, a Eleazar López Contreras, bajo su dictadura. Y en la democracia, aún en la actualidad, seguimos creyendo que el caudillo de turno es el culpable de haber mal escogido al nuevo actor de reparto y de haberlo puesto bajo nuestra mirada, para elegirlo. Chávez escogió a Maduro. Ni Pérez ni Caldera escogieron a Chávez.

¿Es esa, entonces, la nación que aún no somos y a la que aspiramos, pues no-ser nos resulta más útil? ¿Puede sobrevivir de tal modo la democracia como experiencia de vida o estado del espíritu, en cada ciudadano que solo sabe medrar, pendiente del padre bueno y fuerte, si posible militar o del traficante de ilusiones, del hombre a caballo que estimule nuestros sentidos, enajene nuestra razón, y nos alimente de mitos? 

Restablecer las raíces de la nación y sobre aquéllas, desde ésta, arreglar el pasado, tanto como avanzar hacia la forja de un sistema político que la exprese modo fidedigno, que restablezca el equilibrio de poderes que sirva como organicidad capaz de asegurar a la democracia desde la localidad –desde el fogón casero y como experiencia cotidiana– para que todos ejerzamos con libertad de todos nuestros derechos connaturales, es el gran desafío. Es la respuesta a la pregunta que siempre obviamos, como si el tiempo no hubiese transcurrido desde 1989 y como si el cesarismo no fuese el cáncer de nuestros males.

Ha de ceder, a todo evento y como premisa, antes de resolver, la saña cainita que aún alimentan los cadáveres insepultos de la república agotada, incluso hasta para querer reducir a quien hoy se muestra, con absoluta legitimidad, como el alma de la nación que habrá de resucitar, María Corina Machado.

correoaustral@gmail.com | @asdrubalaguiar

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

La Conversa | De los 674 presos políticos que quedan, 49 están gravemente enfermos

La directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tineo, informó este martes 7 de abril en La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual que de acuerdo a los registros de la organización aún quedan 674 presos políticos en Venezuela, de los cuales 49 se encuentran en grave estado de salud.

En la conversación que sostuvo con Víctor Amaya, director de Tal Cual y Luis Blanco, director de Runrunes, la abogada sostuvo que desde el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, de excarcelar a una “cifra importante de personas” el pasado 8 de enero, la ONG ha confirmado la salida de centros de reclusión en Venezuela de 709 presos políticos. 

Tineo indicó que antes del 8 de enero, JEP tenía contabilizados 1.011 presos políticos.

“Y tal vez muchos más porque lamentablemente hay un subregistro, familiares que no se habían atrevido a denunciar sino hasta 2026, por intimidación, miedo o simplemente decisión personal”, sostuvo la defensora de derechos humanos.

La directora de la ONG expuso que después del 3 de enero, fecha en la que se produjo la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores, las condiciones en los centros de reclusión siguen siendo deplorables y si bien las organizaciones de la sociedad civil celebran la excarcelación de algunos presos políticos, por otro lado denuncian la precariedad de quienes se mantienen tras las rejas.

“Siguen habiendo personas que se encuentran en situación de desaparición, las condiciones en los centros de reclusión son inhumanas, antes de las excarcelaciones teníamos un registro de al menos 91 presos políticos enfermos y estoy hablando de patologías como cáncer, insuficiencia renal y padecimientos cardiovasculares”. 

La abogada aseguró que hay denuncias de desnutrición y torturas a los presos políticos, entre quienes hay alrededor de 200 militares, adultos mayores y al menos 100 mujeres, entre quienes se encuentra una adolescente (Samantha Hernández), cuyo único “pecado” es ser hija de un militar.

“El maltrato y la violencia institucional contra los presos políticos y familiares igualmente se mantiene”, confesó la abogada.

Tineo explicó que la falta de normativas nunca ha sido impedimento para que se respete el debido proceso en Venezuela.

“La Ley de Amnistía ha sido un instrumento desordenado y que se aplica con discrecionalidad. Todas las detenciones han sido políticas, entonces las liberaciones también pasan por la política, además en Venezuela existe la figura del indulto, el problema aquí ha sido la violacion del ordenamiento jurídico”, aseveró Tineo.     

La abogada indicó que en un principio, las autoridades de turno hablaron de que laLey de Amnistía iba a abarcar un periodo de 27 años, pero después aclararon que se trataba únicamente de 13 eventos a lo largo de ese tiempo.

“Cuando revisamos hay siete eventos donde ya no existían presos políticos, estaban judicializados, pero ya no en prisiones. El lapso de 2018 a 2023 quedó excluido de la norma y en ese período fueron detenidos un número considerable de personas por supuestas conspiraciones contra la Patria”, añadió la abogada.

Tineo expuso que la mayoría de las negativas a otorgar amnistía responden a la aplicación del artículo 9, el cual reza que “quedarán excluidos del beneficio aquellos que hayan cometido violaciones a los DDHH, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción, narcotráfico y promoción de acciones armadas extranjeras”.

“Hay que recordar que el sistema de justicia se ha caracterizado por criminalizar a disidentes, incluso acusándolos de delitos como estos”, sentenció Tineo.   

La abogada expresó que la Comisión de Seguimiento a la Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional ha sido incapaz de elaborar al menos un listado con el total de beneficiados.  

“Ha sido imposible para las ONG medir el alcance de esta ley, son cifras que no se han podido verificar”.

La abogada calificó la ley como revictimizante e irrespetuosa de los estándares internacionales.

“Era fundamental que se reconociera el daño, el compromiso de llevar a la justicia a los responsable y la garantía de reparación a las víctimas, esto pasa por una reinstitucionalización genuina del sistema de justicia, el aparato represivo se mantiene intacto, las leyes que han sido diseñadas para perseguir a la disidencia siguen vigentes”.

100 días de reinado tutelado 

Blanco informó que el próximo lunes 13 de abril se cumplirán 100 días del 3 de enero, fecha en la que se produjo la detención de Maduro y Flores y que desencadenó la ascensión al poder de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.  

Amaya aportó que desde la narrativa chavista se maneja la tesis de que Maduro ganó las elecciones del pasado 28 de julio de 2024 y por ello la otrora vicepresidente debe culminar el mandato. 

Por otro lado, Blanco dijo que la pausa de Semana Santa metió en el congelador la elección del fiscal general de la República y el defensor del pueblo, que se produjo apenas este jueves con la ratificación de Larry Devoe y la designación de Eglée González Lobato, respectivamente.

Amaya apuntó que la urgencia de la sociedad civil venezolana para establecer un camino electoral no pareciera ser la prioridad del chavismo y tampoco de la Casa Blanca. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Exigen a nuevo fiscal y defensora luchar contra la impunidad

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Las organizaciones Provea y Espacio Público instaron este viernes, 10 de abril, a Larry Davoe, recién designado Fiscal General de la República, y a la abogada Eglée González, nueva Defensora del Pueblo, a combatir la impunidad que persiste en Venezuela.

En una nota publicada en su página web, Provea señaló que ambos funcionarios tienen una serie de obligaciones establecidas por la Constitución.

“De conformidad con el artículo 29 de la Carta Magna, deben evitar la impunidad ante graves violaciones de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad que han ocurrido al menos desde el 2014, y las que pudiesen ocurrir en el futuro”, recalcó Provea.

La ONG subrayó que la impunidad no es una opción en estos tiempos y los exhortó a escuchar, tramitar y contribuir a resolver las denuncias y reclamos de la población relacionados con el abuso de poder por parte de funcionarios policiales y militares; entre ellos, prácticas de extorsión, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas.

La ONG advirtió que la Fiscalía “no puede continuar siendo una institución central en la persecución por motivos políticos y que debe estar al servicio de la justicia, sin discriminación, y contribuir a superar los vicios actualmente existentes en esa institución y en el Poder Judicial”.

Llamados a defender los derechos humanos

Provea hizo un llamado a los dos funcionarios a adoptar las medidas necesarias para colaborar con los organismos internacionales de protección de Derechos Humanos así como con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. 

La ONG Espacio Público a través de su cuenta en X señaló que el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo son las piezas angulares para: la garantía del debido proceso y la erradicación de la impunidad, la protección de los sectores más vulnerables frente a abusos de poder y el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado en materia de derechos humanos.

“Las nuevas autoridades de la Fiscalía y la Defensoría deben trabajar genuinamente por la restitución democrática lo que implica atender, acompañar y procurar justicia efectiva para las víctimas de graves violaciones a los”, insistió la ONG.

Vigilantes y atentos

Aunque las designaciones del Fiscal y la Defensora del Pueblo se realizaron en ausencia de reglas claras y públicas sobre el procedimiento y los criterios de evaluación, abogados venezolanos expresaron a través de sus cuentas en X que estarán atentos y vigilantes al desempeño de ambos.

El abogado abogado y profesor de Derecho Penal, Alberto Arteaga Sánchez, señaló que González “tiene el desafío de demostrar que el ciudadano tiene quien lo defienda ante la arbitrariedades del poder”.

Por su parte, el abogado constitucionalista, José Manuel Romano, aseguró que los ciudadanos “estaremos vigilantes de su desempeño” al tiempo que les deseó éxitos en sus funciones “por el bien del país”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

TalCual presenta su especial “26 tareas para la restitución democrática de Venezuela” en su aniversario

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En un contexto marcado por cambios políticos significativos, Venezuela atraviesa un momento que durante años pareció improbable, y en este escenario, el medio aliado TalCual celebra su aniversario 26, reafirmando su compromiso con el ejercicio de un periodismo independiente, crítico y sin concesiones al poder, tal como ha sido su misión desde su fundación en el año 2000.

Como parte de esta conmemoración, el medio presenta su edición especial titulada “26 tareas para la restitución democrática de Venezuela”, una propuesta que recoge aprendizajes acumulados durante más de dos décadas de cobertura informativa sobre la realidad del país. Este especial plantea una hoja de ruta orientada a la reconstrucción institucional, política y social de Venezuela.

El documento organiza estas tareas en cinco bloques temáticos, según sus ámbitos de acción, e incluye una tarea final que destaca la importancia del compromiso ciudadano y la construcción de consensos amplios como pilares fundamentales para lograr una transición sostenible.

⦁ Bloque 1: Libertades Civiles
⦁ Bloque 2: Reparación y Justicia Transicional
⦁ Bloque 3: Reinstitucionalización del Poder
⦁ Bloque 4: Autonomía de la Sociedad y Regiones
⦁ Bloque 5: Derechos Políticos e Integridad Electoral

En ese sentido, la Tarea 26 cobra un carácter central: la construcción de una cultura y ética democrática que permita abandonar la lógica del enemigo y avanzar hacia el reconocimiento del adversario legítimo.

Este enfoque plantea la necesidad de superar décadas de polarización política mediante una pedagogía basada en la tolerancia, la transparencia y el respeto mutuo. Más allá de leyes o decretos, esta transformación requiere un cambio profundo en el comportamiento cotidiano de los actores políticos, las instituciones y la sociedad.

Implica, además, asumir procesos de autocrítica, promover acuerdos amplios y entender que la convivencia democrática depende de aceptar la diferencia como parte esencial del sistema. Se trata de la tarea más compleja, pero también la más urgente: sentar las bases culturales que hagan posible una democracia sostenible en el tiempo.

Es así como TalCual subraya que la Venezuela que emerge de este momento histórico debe reinventarse, superando los esquemas autoritarios que marcaron las últimas décadas. En ese proceso, el rol del periodismo independiente sigue siendo clave para informar, acompañar y contribuir al debate público.

A lo largo de sus 26 años, TalCual ha enfrentado desafíos como censura, bloqueos y presiones políticas, manteniéndose como una referencia del periodismo venezolano y reafirmando su lema de informar “claro y raspao”.

Con este especial, el medio no solo celebra su trayectoria, sino que, también apuesta por el futuro, proponiendo un conjunto de acciones concretas que buscan aportar a la construcción de una Venezuela plenamente democrática.

*Nota de prensa

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Cinco personas siguen detenidas tras protesta por salarios del #9Abr

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El abogado defensor de derechos humanos y expreso político Eduardo Torres denunció este viernes, 10 de abril, que cinco personas resultaron detenidas en la protesta del jueves que realizaron dirigentes sindicales, trabajadores públicos y el movimiento estudiantil en Caracas.

Desde la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Maripérez, Torres señaló que inicialmente pensaron que eran dos detenidos, pero son cinco: Ort Betancourt, Cesar Gómez, Adrián Balza, Tonny Zapata y una quinta persona cuya identidad está por confirmar.

Torres recordó que durante la marcha los asistentes superaron seis piquetes “con los brazos” y que “no hubo violencia de parte de los manifestantes”. En ese sentido, exigió que todos los detenidos sean liberados “de inmediato”.

Además, familiares de los detenidos acudieron a la sede de la PNB en Maripérez. El padre del joven Ort Betancourt, dirigente juvenil del partido Primero Justicia, señaló que a su hijo lo detuvieron en las inmediaciones de la Plaza El Venezolano. “Presumimos nosotros que es de intimidación”, declaró el familiar periodistas.

Por su parte, una pariente de César Gómez señaló que este estaba en la manifestación y, según le notificaron, estaba desaparecido. Gómez es dirigente político de La Guaira y todos los que lo acompañaban llegaron a su casa, excepto él.

Represión durante la marcha

La marcha convocada para exigir un salario digno y acorde a lo establecido en el artículo 91 de la Constitución, se vio empañada por la represión y la violencia de los funcionarios de la PNB.

Ciudadanos de los distintos gremios, así como adultos mayores y trabajadores de la prensa, denunciaron que fueron víctimas de represión, agresiones físicas, verbales, maltratos y detenciones arbitrarias.

La convocatoria comenzó en Plaza Venezuela y arrancó cerca de las 10:30 am con destino a Miraflores; sin embargo, más de diez piquetes policiales apostados en distintos puntos impidieron que los manifestantes avanzaran hacia su objetivo. Todos los posibles accesos a la sede oficial del Gobierno fueron bloqueados.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Vente Venezuela urge a declarar falta absoluta y convocar a presidenciales

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Este viernes, 10 de abril, el partido político Vente Venezuela exhortó a la Asamblea Nacional (AN) a declarar la falta absoluta en la Presidencia de la República y a convocar elecciones presidenciales en los plazos establecidos por la Constitución, al considerar que se han cumplido todas las condiciones jurídicas y políticas que obligan a activar el mecanismo previsto en el artículo 233.

De acuerdo con Vente Venezuela, ya transcurrieron más de 90 días desde la extracción de Maduro por parte de los Estados Unidos, superando así el límite establecido por el artículo 234 para que la AN determine la existencia de una falta absoluta. En consecuencia, la organización afirma que corresponde convocar elecciones presidenciales dentro de los 30 días siguientes a dicha declaratoria.

La organización recordó que Nicolás Maduro fue proclamado presidente por el Consejo Nacional Electoral (CNE) tras los cuestionados comicios del 28 de julio de 2024 que —según el partido— estuvieron marcados por incontables irregularidades entre ellas, la presentación de las actas físicas recabadas por ciudadanos en donde quedó demostrada la victoria de Edmundo González Urrutia y la ausencia total de los resultados desagregados de la elección.

Cuestionable actuación del TSJ

Vente Venezuela cuestionó además la actuación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que atribuyó a Delcy Rodríguez el ejercicio de las funciones presidenciales. La Sala Constitucional calificó la situación como una “ausencia forzosa”, figura que, según la organización, no existe en el ordenamiento jurídico venezolano.

El partido sostiene que Rodríguez no ha sido electa por voto popular para ningún cargo y que la decisión del TSJ elude la aplicación de los artículos 233 y 234 de la Constitución, que regulan las faltas temporales y absolutas del Presidente de la República.

Nicolás Maduro fue extraído del territorio venezolano junto a su esposa, Cilia Flores, en una operación ejecutada por fuerzas estadounidenses y denominada “Operación Resolución Absoluta”. Actualmente enfrenta cargos por narcoterrorismo y conspiración en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, bajo la jurisdicción del juez federal Alvin Hellerstein. Permanece recluido en el Centro de Detención de Brooklyn.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.