La administración de Delcy Rodríguez, bajo la tutela de Estados Unidos, suscribió un Acuerdo de Entendimiento entre la Corporación Venezolana de Minería (CVM) y la empresa estadounidense Heeney Capital, que estará asociada a la suiza Mercuria Energy Group.
Se trata del primer acuerdo minero, avalado por la administración de Donald Trump, tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero pasado.
El convenio, suscrito en el Palacio de Miraflores, busca fortalecer la producción de minerales como el oro, níquel, hierro y bauxita, con una proyección de exportaciones de aproximadamente 2.200 millones de dólares anuales.
📌 La Corporación Venezolana y Heeney Capital firmaron un acuerdo que establece un primer paso para fortalecer los lazos mineros entre Estados Unidos y Venezuela. El Ministro Víctor Silva resaltó la inversión y tecnología que se espera.
En el acto de la firma, presidido por el ministro de Desarrollo Minero Ecológico e Industrias Básicas, Héctor Silva, el vocero de Heeney Capital, Sean Pin, aseguró que estos convenios permiten “crear fuentes de empleo y crecimiento sustentable de la economía”, según citó el Ministerio de Comunicación.
De acuerdo con el ministro Silva informó que Venezuela contará con una inversión importante de capital privado y se producirá un intercambio tecnológico para lograr el desarrollo de la producción minera en el país, en beneficio de la población.
“Excelente logro que hemos conseguido el día de hoy con la firma de este instrumento, con la firma de este acuerdo. Es el primer paso para el fortalecimiento de lazos en materia de minería entre el Gobierno norteamericano y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”, según reseñó Últimas Noticias.
La Coalición Sindical Nacional denunció que sus integrantes José Patines, Carlos Salazar y Victor Venegas fueron asediados por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), luego de participar en la marcha del Día del Trabajador este 1° de mayo en la ciudad de Barinas
“Aquí estamos al frente de los del Sebin que andan en camionetas persiguiéndonos desde esta mañana”, dicen en un video en el que muestran un vehículo en el que hay dos hombres que se tapaban el rostro.
“John Barret atienda: la represión continúa”, agrega otros de los denunciantes. “Usan los recursos del Estado para perseguir a quienes no callamos la verdad”, añaden.
— coalicionsindicatos (@coalicionsind) May 2, 2026
Ese mismo día, más temprano, el defensor de derechos humanos y director de la ONG Campo, Pedro Hernández Oropeza, denunció que también fue seguido por efectivos del Sebin en la población de Aroa, en el estado Yaracuy.
Hernández, quien por años ha denunciado la persecución política, amenazas y discriminación hacia campesinos y estuvo detenido, explicó que esto ocurrió un día después de que él acudiera a la sede la Defensoría del Pueblo para hacer una petición de agua para una comunidad rural.
Marcha el 7 de mayo
En otro video, publicado en las redes sociales, el sindicalista José Patines informó que la Coalición Sindical Nacional convoca a una marcha a la embajada de Estados Unidos en Caracas el miércoles 7 de mayo, que saldrá desde Las Mercedes.
Patines se dirigió directamente al encargado de negocios de EE. UU. para Venezuela, John Barrett, y le dijo que marcharán para que él atienda a los trabajadores y de respuesta los requerimientos que explicaron en una carta entregada en la embajada el 16 de abril pasado
Aseguró que la movilización también busca denunciar la persecución de la que fueron víctimas.
“Esto no puede seguir pasando o se le están riendo en la cara del presidente Donald Trump. La transición de la que tanto se habla no se está cumpliendo”, dijo. También responsabilizó a la presidenta encargada Delcy Rodríguez de lo que pueda pasarles a los integrantes de la Coalición Sindical.
La líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, convocó a la diáspora venezolana a participar este domingo 3 mayo en movilizaciones a favor de los presos políticos y perseguidos que aún hay en Venezuela.
“Quiero invitarlos a todos, a todos los venezolanos que estamos alrededor del mundo para encontrarnos este domingo 3 de mayo a las 12:00 m hora Caracas en más de 120 ciudades, en distintas partes del mundo”, dijo en un video publicado en la cuenta de X del Comando de Campaña por Venezuela en el exterior.
Machado afirmó que “todavía son más de 500 presos políticos, civiles y militares que están tras las rejas” en el país, y llamó a la ciudadanía a alzar la voz por ellos y por sus familias. Señaló que los encuentros también buscan que el mundo entero escuche el clamor de los venezolanos por la libertad, por la justicia y por la democracia.
“Les pido a todos que acudamos a estas movilizaciones donde van a encontrar a muchos de los ex presos políticos que han sido excarcelados, a sus familiares, compartiendo sus historias, sus testimonios, sus sentimientos, esta fuerza que crece de un pueblo que está decidido a ser libre”, añadió.
Dijo que las personas podrán encontrar los puntos de encuentro en las distintas ciudades en las cuentas en redes sociales del Comando con Venezuela y Mundo con Venezuela.
Revictimización a las familias
De acuerdo con la organización no gubernamental Foro Penal a la fecha hay 454 presos políticos en Venezuela, y advirtieron que se desconoce el paradero de dos de ellos.
Esta semana el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) condenó las recientes declaraciones del embajador de Venezuela para Estados Unidos, Félix Plasencia, en las que argumentó que las denuncias sobre los detenidos por razones políticas son “tonterías”.
“Las víctimas no son una ‘tontería’: exigimos respeto, verdad y libertad para todos los presos políticos”, dijeron en un comunicado. Aseguraron que las declaraciones del funcionario “Son ofensivas, niegan la prisión política, revictimizan a las familias y demuestran que no hay interés real en una reconciliación con verdad, libertad y justicia”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Nada detiene el sacudón que comenzó después del 3 de enero. En medio de la purga que Delcy Rodríguez, presidenta encargada que cuenta con el aval de Donald Trump, emprendió en su gabinete para desplazar a la mayoría de las fichas leales a Nicolás Maduro y Cilia Flores, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) inició una nueva reestructuración que también dejará por fuera a magistrados aliados de la antigua pareja presidencial.
Aunque todavía no ha sido publicado ningún anuncio en la web del máximo tribunal, los primeros pasos ya ocurrieron. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la gobernante, dijo el pasado 21 de abril que “por distintas circunstancias: por jubilación, renuncia o por ‘destacamiento’ (sic.) en otras responsabilidades, hay algunas plazas vacantes entre los magistrados principales y suplentes del TSJ”, aunque no precisó cuántos puestos estaban disponibles ni en cuáles salas.
Las palabras las pronunció al anunciar la creación de una comisión preliminar parlamentaria encargada de designar al Comité de Postulaciones Judiciales, integrado por miembros de la sociedad civil, que evaluará a los candidatos a nuevos togados. El grupo está presidido por Giuseppe Alessandrello y conformado por los diputados Carlos Mogollón, María Gabriela Vega, Desirée Santos Amaral, Gloria Castillo, Fernando Bastidas, José Villarroel, Luis Augusto Romero, Pablo Pérez, Félix Freites y Antonio Ecarri.
#22Abr || Este miércoles quedó instalada la Comisión Preliminar del Comité de Evaluación de Postulaciones Judiciales, nombrada por la Plenaria de la AN, el pasado martes, para escoger a los nuevos magistrados que se incorporarán al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). pic.twitter.com/PqnFnM9HYM
Pero el misterio de la lista completa de magistrados que se marchan del TSJ aún se mantiene. El lunes, 27 de abril, se confirmaron los nombres de ocho funcionarios que pidieron su jubilación y se sabe que hay otros cuatro que ya dejaron el máximo tribunal porque el gobierno les dio otra tarea y sus puestos son ocupados por suplentes. Sin embargo, no se sabe quién o quiénes son los que renunciaron a la magistratura.
Los magistrados de la sala Político Administrativa. Foto: TSJ
El balance actual indica que la sala que recibirá mayores cambios será la Político Administrativa, en donde todas las sillas (tres) deben ser ocupadas. En la Constitucional hay tres puestos disponibles de los cinco que la conforman; mientras que en la Civil, la Penal y la Social deben designarse dos de tres magistrados en cada una. La única sala que queda intacta es la electoral, en donde está la presidenta del TSJ, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, además de Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta y Fanny Beatriz Márquez Cordero.
Lo que sí se sabe es que los magistrados que dejan su puesto tienen trayectorias marcadas no solo por su militancia y apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, sino también por el nepotismo, la corrupción y las sanciones internacionales que se aplicaron a siete de los doce togados. Conoce los escándalos que deja cada uno:
Los aliados de la pareja presidencial
Edgar Gavidia Rodríguez
El excuñado de Cilia Flores es, actualmente, el primer vicepresidente del TSJ y quien lleva las riendas de la Sala de Casación Social. Además de un pasado militante (fue concejal principal al Cabildo Metropolitano de Caracas por el PSUV durante dos periodos legislativos), y de supuestamente cobrar en dólares por sentencias favorables, según los miembros del “TSJ Legítimo”, fue señalado por intento de feminicidio.
Según familiares de la víctima, Gavidia le disparó en la pierna izquierdaa quien era su esposa y le fracturó el fémur durante un viaje de vacaciones a Lechería en el Carnaval de 2018. Luego de un paseo en yate, la pareja llegó al estacionamiento del edificio en donde se hospedaba. Ambos discutieron y él la abofeteó. La mujer también lo golpeó en respuesta, pero el magistrado sacó un arma de fuego que tenía en el bolsillo y la abaleó en la pierna. El magistrado dejó a la víctima en el suelo y se fue en su camioneta camino a Caracas. Pero antes de partir amenazó a los vigilantes del edificio donde ocurrió el hecho y les pidió que llamaran a la policía para que denunciaran un robo.
Gavidia es abogado egresado de la Universidad Santa María, especializado en Derecho Penal e ingresó como magistrado al máximo tribunal en diciembre de 2014. Para completar su historial de “irregularidades”, desde su llegada se ha mantenido en la Sala Social a pesar de no tener especializaciones en el área laboral, protección de niños, niñas y adolescentes o agraria, las cuales son competencia de esa sala.
Elsa Janeth Gómez Moreno
Hasta la tía de la esposa de Walter Gavidia Flores, hijo mayor de Cilia Flores, se pudo hacer un lugar en el TSJ. Allí ingresó como magistrada suplente de la Sala de Casación Penal en 2010. Desde entonces, se ha mantenido en esa sala, en donde pasó a ser titular, en 2014, y presidenta desde 2022.
Públicamente se le ha denunciado por encabezar la persecución judicial contra la oposición tras las elecciones presidenciales de 2024. Además, solicitó insistentemente a España la extradición del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López. Es abogada egresada de la Universidad del Zulia (LUZ).
Apertura del año judicial 2026. Foto: TSJ
Maikel Moreno
A Moreno se le considera el instrumento que Maduro usó dentro del TSJ para enfrentar todo lo que trajo el turbulento 2017. Durante ese año, el magistrado se estrenó como presidente del más importante organismo de justicia del país, y en menos de un año invalidó casi todas las leyes importantes aprobadas por el Parlamento de mayoría opositora y aprobó la destitución y antejuicio de mérito a Luisa Ortega Díaz, quien entonces era la fiscal general de Venezuela. Además, permitió que Maduro impulsara las elecciones que dieron origen a la Asamblea Nacional Constituyente, que reemplazó a la Asamblea Nacional.
Moreno ingresó al TSJ como magistrado de la Sala de Casación Penal en diciembre de 2014. Fue electo primer vicepresidente del TSJ y presidente de la Sala de Casación Penal en febrero de 2015. Durante cuatro años fue presidente del máximo tribunal.
Es egresado de la Universidad Santa María, donde cursó una especialización en Derecho Constitucional. Antes, fue encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en Trinidad y Tobago e Italia. También fue juez del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. En su carrera policial, estuvo involucrado en un tiroteo y se le señaló de matar a un adolescente.
Estados Unidos lo sancionó en septiembre de 2024 por ser uno de los “funcionarios clave involucrados en las fraudulentas e ilegítimas afirmaciones de victoria de Maduro y su brutal represión contra la libertad de expresión después de las elecciones, mientras la abrumadora mayoría de los venezolanos pide un cambio”.
Es general de división retirado y magistrado de la Sala Político Administrativa del TSJ desde 2022. Antes de ello, fue fiscal general de la Fiscalía General Militar y jefe del Comando Antidrogas de la GNB. Además de abogado, egresado de la Universidad Santa María, es licenciado en Ciencias y Artes Militares de la Academia Militar Venezolana.
Henry José Timaure Tapia
El actual segundo vicepresidente del TSJ y presidente de la Sala de Casación Civil está señalado por corrupción, luego de ser el ponente de una sentencia de noviembre de 2022 que, de acuerdo con una investigación de Armando.info, favoreció a la aerolínea Rutaca y revirtió la orden dictada por un tribunal de Bolívar que exigía a la empresa pagar una deuda de dos millones de dólares al empresario Julio César Cuesta Eisler. Timaure Tapia además ocultó que había un conflicto de intereses en el caso: su hijo, Henry Antonio Timaure Colmenares, era para entonces director de mantenimiento aeronáutico de la aerolínea.
El general de división retirado, que se graduó en la misma promoción que Diosdado Cabello, llegó al TSJ en abril de 2022. Fue presidente de la Corte Marcial y del Circuito Judicial Penal Militar cuando tribunales militares enjuiciaron a decenas de civiles en medio de las protestas antigubernamentales de 2017.
Doce de los magistrados que estuvieron en enero en la ceremonia de apertura del Año Judicial 2026 ya no estarán en el TSJ. Foto: TSJ.
Rojos rojitos
Luis Fernando Damiani Bustillos
Damiani Bustillos, que ingresó a la Sala Constitucional desde diciembre de 2015, suscribió todas las sentencias que se emitieron en esa sala para menoscabar las funciones de la AN 2016-2021, de mayoría opositora. Sus acciones le valieron sanciones de Estados Unidos, Canadá, Panamá.
Es abogado egresado de la Universidad Santa María, profesor universitario y coordinador general del Instituto de Investigación y Postgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura del TSJ desde 2015.
Antes de dedicarse a labores en la justicia venezolana, fue viceministro de Desarrollo Académico del Ministerio de Educación Universitaria (2010-2011), rector encargado de la Universidad Bolivariana de Venezuela (2009-2010) y vicerrector de la misma casa de estudios (2007-2009).
Si bien Damiani no fue militante del PSUV, sí se identificó con el chavismo en actos públicos en los que advirtió que el país estaba en peligro cuando la oposición ganó las elecciones legislativas de diciembre de 2015.
Malaquías Gil
Aunque debía estar en su cargo por 12 años, logró mantenerse 16. Gil fue magistrado y vicepresidente de la Sala Electoral hasta 2022. Durante esa temporada, el gobierno de Canadá lo sancionó por haber dado luz verde a “las ilegítimas y antidemocráticas elecciones presidenciales del 20 de mayo” de 2018.
El abogado de la Universidad de Los Andes, con especializaciones de Derecho Laboral y Seguridad Social, pasó a la Sala Político Administrativa en 2022. Antes de llegar al TSJ tuvo un pasado militante: fue diputado a la Asamblea Nacional por el MAS, cuando apoyó a Hugo Chávez, y luego por Podemos, en representación del estado Trujillo.
Carmen Eneida Alves
Fue designada como integrante de la Sala Casación Civil en abril de 2022, aunque ingresó como miembro de la Sala Electoral en junio de 2020. Fue elegida magistrada suplente de la Sala Electoral en 2010 y 2015. Abogada egresada de la Universidad Santa María.
Tres “licencias” y una “falta absoluta”
El rey Felipe VI junto a la exmagistrada Gladys Gutiérrez durante la entrega de cartas credenciales. Foto: EFE
Gladys Gutiérrez
La expresidenta de la Sala Constitucional y del TSJ ingresó a esta instancia en diciembre de 2010 y se fue en abril de 2024, cuando el gobierno la designó embajadora en España. Al principio, Gutiérrez salió con una “licencia” del máximo tribunal para que pudiera para desempeñar sus funciones diplomáticas, pero meses después –en medio de críticas por desempeñar un doble cargo– fue jubilada y sustituida por la magistrada suplente Janette Trinidad Córdova Castro.
A pesar de ya no estar en el cargo, Estados Unidos, Canadá, Panamá y el TIAR mantienen sanciones contra ella “por usurpar funciones de la AN electa en 2015” y “socavar la democracia”.
Su paso por el TSJ está lleno de polémicas. Recién nombrada, la prensa española cuestionó que su tesis de grado de doctorado en la Universidad de Zaragoza fue avalada por un tribunal que tenía a dos profesores integrantes del partido Podemos (Juan Carlos Monedero y Francisco Palacios).
Además, es recordada por declarar “inadmisibles” los 10 recursos que señalaron un presunto fraude en las elecciones que Maduro ganó a Henrique Capriles en abril de 2013. Cuando la oposición dominó al Parlamento, ordenó el cumplimiento del Decreto de Emergencia Económica que había sido rechazado por la AN y echó para atrás varias de las leyes aprobadas en el hemiciclo, como la Ley de Amnistía y Reconciliación.
Gutiérrez no puede esconder su afiliación con el chavismo. Fue militante del MVR y llegó a ser candidata por ese partido a la gobernación de Nueva Esparta y, luego, diputada suplente a la Asamblea Nacional. También fue ministra consejera de la embajada venezolana en España y cónsul general en ese país. Chávez la designó Procuradora General de la República en 2006.
Entre 2020 y 2021, el TSJ la designó rectora principal temporal del Consejo Nacional Electoral. Posteriormente regresó a su cargo de magistrada.
Calixto Ortega
El otrora magistrado de la Sala Constitucional es otro que tiene un pasado chavista inocultable. Desde 1998 militó en el MVR, partido con el que fue diputado de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 y diputado a la AN en 2000. Con el PSUV, repitió en el Parlamento en 2005. En 2013 fue encargado de negocios en Estados Unidos y, luego, vicecanciller para Europa.
Su posición en la Sala Constitucional le permitió ser el ponente de tres de las sentencias dictadas en 2016 que anularon leyes aprobadas por la AN de mayoría opositora: la reforma de la Ley del BCV, la ley especial para atender la crisis nacional de salud y la ley orgánica del servicio nacional de policía. Con este historial, recibió sanciones de Estados Unidos, Canadá, Panamá y el TIAR.
A inicios de 2022, el TSJ le concedió una licencia a Ortega cuando la AN lo designó embajador ante la Corte Penal Internacional (CPI). Para ese momento, esa instancia acababa de abrir sus investigaciones al Estado venezolano por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad. Su lugar lo ocupó la magistrada suplente Michel Adriana Velásquez Grillet. Aunque Ortega dejó su puesto en La Haya (Países Bajos) a principios de 2024, jamás se reincorporó a la Sala Constitucional.
Carlos Alexis Castillo
En marzo de este año, Castillo salió del TSJ porque Delcy Rodríguez lo nombró ministro del Trabajo en sustitución de Eduardo Piñate, quien estaba en el círculo de confianza de Maduro. Su designación causó polémica porque era magistrado y vicepresidente de la Sala de Casación Social del TSJ desde abril de 2022 y se le otorgó una “licencia” para ejercer su nuevo cargo. En su lugar se designó a la magistrada suplente Eneida Alexandra Moreno Pérez.
Es abogado, especializado en Derecho del Trabajo y Derecho Procesal Civil, cercano a los hermanos Rodríguez. Fue Síndico Procurador Muncipal y director de Recursos Humanos de la Alcaldía de Libertador cuando Jorge Rodríguez era la máxima autoridad en esa jurisdicción. Delcy Rodríguez lo puso a cargo del la dirección de Recursos Humanos de la Cancillería y, más adelante, del Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior cuando ella tenía las riendas de estas instituciones.
Finalizó el misterio del TSJ: Bárbara César Siero, cuyos hermanos militares son acusados de conspiración, ya no es magistrada de Sala Política Administrativa.
Su “falta absoluta” no fue anunciada en un comunicado, sino en sentencias de la misma sala.
La magistrada de la Sala Político Administrativa se fue del TSJ en medio de la opacidad. En enero de 2024, se conoció que dos de sus hermanos militares del Ejército (el teniente coronel Guillermo Enrique César Siero y el mayor Guillermo Henry César Siero) fueron detenidos por presuntamente estar vinculados a una trama conspirativa. A ambos los degradaron y expulsaron de las Fuerzas Armadas.
En abril de 2024 se informó que desde el 13 de marzo el magistrado suplente Emilio Ramos González ocupó el lugar de César Siero por su falta absoluta, aunque nunca se aclaró si ella había renunciado o si fue jubilada.
#ATENCION Bárbara César Siero, es Vicepresidenta de la Sala Político Administrativa, la Sala que mantiene paralizado el recurso por la vía de hecho interpuesto por el equipo jurídico de @MariaCorinaYA. De pronto aparecen sus hermanos señalados en una imaginaria conspiración… https://t.co/P4UfB5bCRi
La hoy exmagistrada, especialista en derecho tributario y administrativo, no estuvo exenta de polémicas. Trabajó como defensora pública, coordinadora de Jueces Penales Itinerantes de Caracas y jueza 29 de Control de Caracas. En ese cargo, dictó medidas cautelares contra el diario TalCual y el ministro Carlos Genatios en demanda interpuesta por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.
También fue defensora agraria (perdió el caso) del general Víctor Cruz Weffer, excomandante general del Ejército y responsable del Plan Bolívar 2000 y del Fondo de Desarrollo Urbano (Fondur), quien fue imputado por corrupción y enriquecimiento ilícito.
Sentencias express y el próximo presidente del TSJ
Se espera que la presidenta del TSJ, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, sea sustituida en esta reestruturación. Foto: TSJ.
Esta reestructuración del TSJ también ha estado marcada por un ritmo frenético de sentencias. El abogado penalista y defensor de derechos humanos, Joel García, advirtió que entre el 20 y 27 de abril se emitieron 227 sentencias, “un volumen que sugiere una urgencia procesal vinculada a la transición y no a la eficiencia judicial”.
Solo un día, el 24 de abril, se produjeron 168 fallos, es decir, se aprobó una sentencia cada 2.8 minutos (en una jornada laboral de ocho horas). “Matemáticamente, es imposible garantizar el estudio del expediente, la deliberación y la técnica jurídica que exige el máximo tribunal”, aseguró. La sala Civil acaparó 50% de las decisiones, mientras que la Penal hizo lo propio con 25% y la Político-Administrativa con 14%.
1/5 La actividad del TSJ entre el 21 y 27 de abril revela una anomalía institucional. En plena fase de renovación de magistrados por la AN, se emitieron 227 sentencias, un volumen que sugiere una urgencia procesal vinculada a la transición y no a la eficiencia judicial.
El exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, adelantó que el magistrado con mayores probabilidades de convertirse en el próximo presidente del máximo tribunal es el actual vicepresidente de la Sala de Casación Social Elías Rubén Bittar Escalona, quien se convirtió en magistrado en abril de 2022. Es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con diploma de Estudios a Profundidad en Derecho Público Intern. Fue consultor jurídico de las Empresas 1BC-RCTV, asesoró a la Comisión de Política Interior de la AN para el Proyecto de Ley Orgánica del Poder Municipal y a la Procuraduría General del estado Bolívar. El desenlace de esta historia se conocerá cuando se instale el nuevo TSJ.
Durante las últimas horas varios venezolanos respondieron al mensaje que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dirigió a la diáspora que albergase “algún tipo de resentimiento” contra el Gobierno. El 29 de abril el funcionario dijo a los connacionales en el extranjero: “supérenlo, perdónanos y vente”.
En las redes sociales muchos decidieron citar la frase de Rodríguez y la acompañaron de duras fotos y videos que reflejan hechos como la emergencia humanitaria compleja, la represión a las protestas ciudadanas de la oposición, el asesinato de manifestantes y la migración de millones en condiciones precarias.
Algunas de las imágenes ilustran cómo miles de venezolanos en los últimos años atravesaron la selva del Darién, un trayecto de 100 kilómetros que separa Colombia de Panamá, rumbo a México y los Estados Unidos.
Otros compartieron la frase con imágenes y videos de las protestas de 2014 y 2017 en el que se observa la represión de los cuerpos de seguridad del Estado a quienes protestaban. Incluyeron una foto de Diego Arellano un biólogo de 31 años de edad asesinado durante las manifestaciones del año 2017.
El periodista Orlando Avendaño publicó en su cuenta de X una foto de Franklin Brito, el productor agropecuario que en 2009 comenzó una huelga de hambre para protestar contra la expropiación de sus tierras y falleció un año después, lo que lo convirtió en un símbolo de resistencia frente al chavismo.
Un intento de “borrón y cuenta nueva”
El hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que “hay que pasar la página de los odios, hay que pasar la página de la violencia estéril, hay que pasar la página de la polarización. Ya hemos vivido suficientes dolores, ya hemos pasado por suficientes dificultades, ya hemos experimentado situaciones que jamás, ni en la peor de las pesadillas pensábamos podíamos vivir las venezolanas y los venezolanos”.
Para el defensor de derechos humanos, Rafael Uzcátegui, resume una estrategia que busca hacer un “borrón y cuenta nueva” ante este nuevo momento político, donde se olviden estos hechos como la represión y persecución a la disidencia o el fraude electoral. También consideró que pedirles a los afectados perdonar “desplaza la carga hacia las víctimas” sin un reconocimiento claro de responsabilidades por parte de las autoridades. Por último señala que la invitación al retorno se hace sin que se hayan modificado aún las condiciones que provocaron el éxodo masivo.
Recientemente, Jorge Rodríguez expresó en un discurso un mensaje dirigido a los venezolanos que han tenido que migrar de manera forzada: “Supéralo, perdónanos y vente”.
Más que una simple frase proselitista, esta consigna resume la racionalidad estratégica de los Rodríguez luego…
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 1.926 protestas entre enero y marzo de 2026, un promedio de 21 por día. La cifra representa un aumento de 144 % en comparación al mismo período del año anterior.
La organización señaló que la captura y traslado a Estados Unidos de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero causó “una reconfiguración inmediata de las dinámicas de poder y la conflictividad social”.
Explicaron que durante este nuevo momento político “la movilización social se convirtió en el principal mecanismo de exigencia en un país donde los canales institucionales siguen siendo insuficientes”.
La mayoría de las protestas demandó derechos civiles y políticos (un 64 % del total). En el primer trimestre del año se registraron al menos 721 movilizaciones para exigir la libertad de los presos políticos en distintas regiones del país.
El Observatorio indicó que la promulgación de la Ley de Amnistía, lejos de calmar las calles, las encendió aún más. La ciudadanía exigió su aplicación real, sin exclusiones ni garantías a medias, y rechazó lo que percibió como instrumentalización del sistema judicial.
A medida que avanzó el trimestre, las demandas económicas y laborales ganaron fuerza. Trabajadores del sector público, jubilados y pensionados salieron a manifestar para exigir salarios dignos, pensiones suficientes y la derogación del instructivo Onapre, señalado como uno de los principales instrumentos de precarización laboral. Incluso llegaron a manifestarse frente a la Asamblea Nacional, algo impensable a finales de 2025.
Las protestas ocurrieron en todo el territorio nacional, pero se concentraron donde se concentra más poder e instituciones. Miranda lideró con 264 manifestaciones, seguido del Distrito Capital con 260. Bolívar, Anzoátegui y Sucre completaron los cinco estados con mayor movilización.
En contraste, Amazonas, Guárico y Apure registraron las cifras más bajas, una realidad que el OVCS atribuye a la represión local, el aislamiento mediático y la debilidad organizativa en esas regiones.
En cuanto a la represión, los datos muestran una reducción significativa en números absolutos: el OVCS documentó 21 protestas reprimidas, frente a 38 en el mismo período de 2025, una caída del 45 %.
El organismo atribuye esta disminución al mayor escrutinio internacional derivado del proceso de transición, no a un cambio estructural. Las detenciones arbitrarias, la intimidación selectiva y el uso instrumental del sistema judicial persisten. La represión, advierten los analistas, no desapareció: simplemente aprendió a ser menos visible.
El informe cierra con una advertencia que resuena como conclusión política: sin una sociedad civil movilizada, el llamado “nuevo momento político” corre el riesgo de convertirse apenas en un reacomodo de las mismas estructuras de poder que durante años mantuvieron al país en crisis.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Diosdado Cabello reconoció la incapacidad del Gobierno de Venezuela para pagar a los trabajadores de la administración pública $1.000 mensuales. Los gremios reclaman un ajuste salarial este 1 de Mayo. El gobierno afirma que no tienen recursos suficientes para responder a casi 5,3 millones de empleados del Estado.
La declaración de Cabello desató una ola de críticas en redes sociales después de que cuestionara la viabilidad de este ajuste cuando el gobierno, en los últimos años, ha dilapidado una fortuna que supera los 100.000 millones de dólares.
En las gestiones del fallecido Hugo Chávez y Nicolás Maduro han surgido casos de corrupción y desfalcos millonarios a la nación. En ambos gobiernos Delcy Rodríguez, presidenta interina tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, ocupó cargos clave en los ministerios de Finanzas, Petróleo y la vicepresidencia.
Según un cálculo realizado por El Pitazo, pagar a 5,3 millones de trabajadores un sueldo de 1.000 dólares mensuales tendría un costo total de 5.300 millones de dólares al mes.
La sumatoria de los fondos malversados, perdidos o desviados en al menos nueve tramas de corrupción asciende a aproximadamente 133.721 millones de dólares.
La organización Transparencia Venezuela, que ha realizado seguimiento a los desvíos de fondos de las arcas del Estado por casos de corrupción, estima que el desfalco supera los 200.000 millones de dólares en diferentes proyectos y obras inconclusas.
Ese monto habría alcanzado para pagar un sueldo de $1.000 mensuales a 5,3 millones de trabajadores durante 25,2 meses (poco más de dos años y un mes). Este cálculo demuestra que el total del dinero comprometido en casos de corrupción e irregularidades financieras equivale a más de dos años de una nómina masiva de 1.000 dólares mensuales para una gran parte de la fuerza laboral del país.
Si ajustamos el sueldo a 300 dólares mensuales —el monto del salario base sugerido por la mayoría de los gremios— para los 5,3 millones de trabajadores, el costo mensual de la nómina se reduce a 1.590 millones de dólares. Ese dinero, 133.721 millones, permitiría pagar el sueldo de todos esos trabajadores durante 84,1 meses. Esto equivale exactamente a 7 años y 3 días de salarios garantizados.
Aunque no todos los ingresos del país deben destinarse al pago de sueldos, en 1997 y 1998 representaba 30 % del presupuesto nacional mientras que de 2024 a 2026 se redujo a 15 %.
Antes del chavismo, el salario promedio del venezolano era de 450 a 600 dólares mensuales. En 1997, Venezuela tuvo un ingreso petrolero anual de 20.000 millones de dólares. En 2025 el Estado obtuvo 23.000 millones de dólares por el mismo concepto, pero el salario mensual de los ciudadanos era inferior a 160 dólares.
Recuento de casos
En El Pitazo hacemos un recuento de los desfalcos ocurridos en los últimos años:
Trama Pdvsa-Cripto
Por la trama Pdvsa-Cripto que desencadenó la salida de Tarek El Aissami del Ministerio de Petróleo y más de 60 detenciones de funcionarios y contratistas del Estado se desviaron 16.600 millones de dólares estadounidenses, según cálculos de Transparencia Venezuela y la firma Ecoanalítica.
Este dinero desviado cubriría 4,3 meses de salarios de 1.000 dólares a todo el sector público, si se parte del monto de 23.000 millones ventilado por el oficialismo o 3 meses de salario si se toma la cifra de 16.600 millones de Transparencia Venezuela. Partiendo de un salario de 300 dólares, los fondos alcanzarían para 10 o 14 meses, respectivamente.
El diputado oficialista Herman Escarrá dijo que el desfalco alcanza los 23.000 millones de dólares, sin embargo la cifra ha generado cuestionamientos al compararse con los ingresos petroleros y el presupuesto nacional del período 2020-2022.
En esos tres años, el ingreso petrolero fue estimado en unos 31.000 millones de dólares, mientras que el presupuesto acumulado rondó los 26.000 millones, lo que abre interrogantes no solo sobre la magnitud del esquema, sino también sobre la cantidad real de involucrados.
La trama estaría vinculada a un esquema paralelo de comercialización de crudo en el que el petróleo se vendía sin que los ingresos ingresaran al Estado. Para ocultar estas operaciones se habrían utilizado criptomonedas, más de un centenar de empresas fachada y redes de operadores financieros y militares, presuntamente conectados con el entorno de poder de El Aissami.
Crisis eléctrica
La Asamblea Nacional (AN) en 2016 calculó que hubo un desfalco de 26.000 millones de dólares en obras inconclusas o nunca iniciadas para mejorar el sistema eléctrico con 16.000 megavatios de capacidad. Diez años después, este servicio continúa inestable y con cortes diarios, según denuncias de ciudadanos que reportan las interrupciones de electricidad.
El Estado pagó un sobreprecio de 180 % y cubrió los gastos de 42 proyectos, de los cuales 16 no aparecían en el plan nacional de generación. El costo por kilovatio pasó de 800 dólares a 2.778 en esta trama.
Por otra parte, desde 2006, Venezuela destinó más de 2.000 millones de dólares a través de los convenios de cooperación a mejorar la situación eléctrica en países del Caribe y Bolivia.
Además, el chavismo envió el equivalente a 11.000 millones de dólares en barriles de petróleo para la generación eléctrica en Cuba, según cálculos de El Pitazo.
Mientras, Venezuela se sumía en los apagones y postergó su propio sistema al abandono y la corrupción, revela la investigación «El chavismo alumbró 12 países mientras apagó Venezuela», realizada por El Pitazo en alianza con Connectas.
Money Flight
La Operación Money Flight, un esquema de lavado de fondos obtenidos de forma fraudulenta de la compañía petrolera venezolana, se libraron orden de decomiso de 50 bienes y activos , entre cuentas bancarias, títulos valores e inmuebles, que, en total, suman al menos 190 millones de dólares. Es apenas 15,8% de los 1.200 millones de dólares que blanquearon con los activos al menos 20 personas involucradas en la conspiración.
Casos en Estados Unidos
Casi 4.000 millones de dólares se pueden perder en casos por corrupción abiertos por tribunales de Estados Unidos que involucran a funcionarios venezolanos vinculados con los gobiernos de Chávez y Maduro, de acuerdo con la información compartida por la organización Iniciativa Para La Recuperación de Activos Venezolanos (Inrav).
Según Inrav, que rastrea las órdenes de decomiso de fondos en tribunales estadounidenses, hasta marzo de 2025 había 72 casos judiciales abiertos por el Departamento de Justicia del país norteamericano, concentrados en Texas, Florida, Nueva York, Connecticut y Missouri.
Solo la investigación por el caso contra Álvaro Pulido, José Gregorio Vielma Mora, Enmanuel Enrique Rubio González, Carlos Rolando Lizcano y Ana Guillermo Luis, relacionado con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), el monto asciende a 1.600 millones de dólares.
Cadivi y Pdval
La Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi), adscrita al Ministerio de Finanzas y creada en el año 2003, perdió 25.000 millones de dólares a través del esquema de control cambiario, admitió en 2013 el ministro Jorge Giordani.
El caso de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval), en el año 2010, implicó el daño de más de 120.000 toneladas de alimentos importados, con pérdidas financieras estimadas en al menos 54 millones de dólares solo en alimentos descompuestos, según documento del TSJ. Pdval manejó 2.200 millones de dólares en esa operación.
Desvíos en Pdvsa
De acuerdo con el Corruptómetro, herramienta interactiva desarrollada por Transparencia Venezuela, la plataforma periodística Connectas y la Alianza Rebelde Investiga, en los últimos años se han registrado al menos 92 casos de presunta corrupción en la gestión del petróleo en Venezuela los cuales involucran 42.321 millones de dólares.
El inventario realizado incluye las investigaciones efectuadas por órganos de control, parlamentos, policías de investigación, fiscalías o tribunales en 16 países, incluido Venezuela.
Sistema de transporte
Venezuela firmó con China un contrato valorado en 7.500 millones de dólares para la construcción de una red ferroviaria de 468 kilómetros que atravesará cuatro regiones del país para la construcción del sistema ferroviario Tinaco – Anaco.
El tercer Puente sobre el Río Orinoco, o Puente Mercosur, es una megaestructura inconclusa en Venezuela que conectaría Caicara del Orinoco (Bolívar) y Cabruta (Guárico). Iniciado en 2006, el proyecto acumuló un presupuesto superior a los 2.500 millones de dólares, con una fecha de entrega original para 2011.
Estancado desde 2022
Las expectativas crecen mientras se acerca el 1 de Mayo, Día del Trabajador, por al menos 5.3 millones de venezolanos de la administración pública que esperan un aumento salarial. El sueldo base tiene más de cuatro años en 130 bolívares, cerca de 0,26 dólares, según la tasa del dólar fijada por el Banco Central de Venezuela.
Solo se han realizado ajustes a través de bonificaciones, como el de alimentación y el de Guerra Económica, que no tienen incidencia directa sobre prestaciones sociales, vacaciones, antigüedad y otros beneficios establecidos en la Ley del Trabajo. El salario integral está en 160 dólares.
«¿Qué es un incremento de sueldo responsable en una situación como la que está viviendo Venezuela? Porque eso es muy fácil para decir: ‘auméntenme el sueldo a 1.000 dólares’. Buen discurso. ¿De dónde saco la plata para sustentarlo?», dijo Cabello el 27 de abril.
El dirigente oficialista afirmó que un aumento salarial «responsable» debe realizarse sin recurrir a la emisión de dinero inorgánico y con base en recursos reales y disponibles.
«Aumento de sueldo responsable es que no tengamos que imprimir dinero inorgánico y que se haga con recursos asegurados, recursos reales», señaló.
Cabello infló el monto exigido por la mayoría de gremios y sindicatos en el país. La petición de la Confederación Venezolana de Trabajadores (CTV) se centra en aumentar el salario mínimo mensual a 200 o 300 dólares; mientras que la Federación Venezolana de Maestros sugiere que el ajuste cubra la canasta básica familiar que se sitúa en 692 dólares.
Hasta la fecha la única organización que ha propuesto un sueldo base de 1.500 al personal de salud es la Federación Médica Venezolana (FMV). En 1998, los médicos ganaban entre 800 y 1.300 dólares al mes. En ese período, Venezuela reportó un ingreso petrolero de 14.000 millones de dólares anuales, es decir, 9.000 millones de dólares menos que en períodos recientes. En 2024 y 2025 el país recibió un promedio de 23.000 millones de dólares, pero el personal sanitario del sistema público devengó menos de 200 mensuales.
Antes de la llegada del chavismo y durante el primer período de la revolución bolivariana, los profesionales en el sector público tenían salarios más competitivos. Un profesor universitario de alto nivel cobraba 2.500 dólares mensuales; ahora percibe 1,09 dólares, alerta el Observatorio de Universidades (OBU).
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Esta vez, los dejaron marchar. Este 1° de mayo, Día del Trabajador, en Caracas una movilización encabezada por la Red Sindical y la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) logró llegar a la sede de la Defensoría del Pueblo, en la plaza Morelos de Bellas Artes.
Comenzaron a concentrarse a las 10:00 a. m. en Chacaíto. En su mayoría los asistentes eran personas de la tercera edad, jubilados y pensionados. Iniciaron la movilización custodiados por un fuerte contingente de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Los efectivos cerraron algunos accesos a otras vías, para controlar por dónde iban a caminar los manifestantes.
Pese a un momento de tensión, luego de que un grupo de personas rompió un piquete policial en la zona de Plaza Venezuela, la marcha transcurrió en tranquilidad. Durante la actividad no solo exigieron mejores condiciones laborales y un aumento del salario real, también hubo quienes pidieron por la libertad de los presos políticos y por elecciones libres.
Una de las manifestantes en la marcha de este 1° de mayo en Caracas | Foto: María Gracia Lacruz
Al llegar a la plaza Morelos, los representantes sindicales leyeron un manifiesto y entonaron el himno nacional. Poco después, rodeada de un equipo amplio de seguridad, la defensora del pueblo, Eglée González Lobato, salió a escuchar a los manifestantes.
Compromiso de mediación
“Usted es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas y sabe que el trabajo merece tener regulación para proteger al eslabón más débil en esa relación que son los trabajadores… nadie hoy entiende que efectivamente fue lo que se dictaminó. Lo único que sí sabemos es que el salario no se movió ni un centavo”, expresó el profesor José Gregorio Afonso, presidente de la Apucv sobre los ajustes al llamado “salario mínimo integral” y las pensiones.
Mauro Zambrano, coordinador de la Red Sindical Venezolana, pidió a la Defensoría pronunciarse “a favor de los trabajadores”. Denunció que las decisiones sobre los aumentos se tomaron de forma unilateral. “No queremos bono, queremos salario”, insistió.
“Mis felicitaciones en el día de los trabajadores y trabajadores de Venezuela. Esta Defensoría se compromete a mediar en esa cercanía entre ustedes y autoridades del Ejecutivo para lograr que sea en beneficio de la población venezolana. Disfruten el día, que sea en paz y la próxima quedaremos pendientes para una reunión donde puedan subir a la defensoría”, respondió González Lobato.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
