Tras la difusión de testimonios que denunciaron presuntos abusos sexuales contra mujeres del pueblo Yekuana, perpetrados por un médico en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de La Esmeralda, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas (Orpia) acudió a la sede del Ministerio Público en Puerto Ayacucho para formalizar la denuncia.
El gremio, respaldado por diversas autoridades ancestrales, exige que el sistema de justicia actúe con celeridad contra el médico José García, señalado como el responsable de violentar a mujeres del pueblo Yekuana bajo engaño médico.
La movilización, realizada este viernes, 8 de mayo, marcó un hito en la búsqueda de justicia para las víctimas. Eligio Dacosta, coordinador general de Orpia, fue el encargado de consignar el documento donde se solicita procesar al presunto perpetrador con todo el peso de la ley.
“Dejamos constancia de que estos terribles sucesos constituyentes un hecho público, notorio y comunicacional y se configura como una noticia criminal”, declaró Dacosta.
Formalizan una denuncia ante el Ministerio Público en Puerto Ayacucho / Foto: Cortesía
JEI Yekwana ordena captura del médico señalado
El comunicado de la Jurisdicción Especial Indígena (JEI) Yekwana “Tuduma Saka”, respaldado por las organizaciones Mako y Huöttöja, emitió una orden de detención preventiva contra José García. En el documento, entregado en el Ministerio Público, la JEI aclara que, ante las limitaciones para sentenciar directamente delitos penales ordinarios, asume sus competencias como un órgano de justicia de remisión
Esta orden se fundamenta en el artículo 133, numeral 4 de la Ley Orgánica de los Pueblos Indígenas (LOPCI), que faculta a las autoridades legítimas para detener preventivamente a personas ajenas a la comunidad que cometan delitos en su hábitat y ponerlas a disposición de la jurisdicción ordinaria.
En el texto, las autoridades tradicionales ordenaron de forma inmediata a los organismos de seguridad, autoridades civiles y a la Fuerza Armada proceder con la captura del señalado. Asimismo, realizaron un llamado vinculante a la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) para que, bajo el principio de colaboración de poderes, ejecuten la detención.
El texto también exige la activación urgente del Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y exhorta a la Defensoría del Pueblo a tutelar exhaustivamente este proceso de remisión, garantizando que se evite cualquier tipo de amedrentamiento contra las víctimas y sus familias.
Se pudo conocer que, durante la entrega del comunicado, voceros del Ministerio Público informaron sobre el traslado de una comisión nacional a La Esmeralda, municipio Alto Orinoco, el 8 de mayo en horas de la mañana.
Documento entregado por Orpia ante el Ministerio Público / Foto: Cortesía
El temor a la fuga y la “justicia de papel”
El caso cobró relevancia nacional el pasado 3 de mayo, cuando Noira Pérez denunció en video que su hija, Norelys, habría sido víctima de abuso sexual el 26 de marzo tras acudir al CDI para la colocación de un implante anticonceptivo. Pese a la gravedad, el paradero del médico sigue siendo incierto, lo que genera alarma entre los líderes indígenas.
“La exigencia es la investigación y que la persona acusada ojalá no se haya ido del estado Amazonas. La información que tenemos es que está aquí, otros dicen que está allá, no queremos que se escape”, señaló el coordinador general de Orpia.
El activista indicó que no es la primera vez que hacen el acompañamiento a mujeres indígenas. Recordó que en el año 2020 ocurrió un caso similar, donde una mujer del pueblo Jivi, miembro de la Guardia Nacional Bolivariana, denunció haber sido víctima de abuso sexual el 21 de agosto de 2020 por su superior, un teniente de Fragata, que para ese momento era comandante del puesto naval A/F José Ramón López, Puerto Ayacucho, estado Amazona
De acuerdo con la experiencia de las mujeres Jivi, se conoció que luego de dos años hubo sentencia, sin embargo el acusado fue trasladado fuera del estado Amazonas. “Queremos justicia real y no de papel, la mujer indígena debe ser respetada esperemos que no sea un acto discriminatorio”, señaló Dacosta.
Eligio Dacosta, director general de Orpia, formalizando la denuncia ante el Ministerio Público / Foto: Cortesía
Desconfianza en las instituciones
El profesor Héctor Escandell García, excoordinador del Observatorio Venezolano de Violencia en Amazonas, ofreció una lectura crítica sobre denuncias que se publican en redes sociales, como ocurrió en este caso:
“Quien lo hace, siente que por los canales regulares, dado a los protagonistas del hecho, el caso se puede diluir en la indiferencia, no hay confianza en las instituciones, podría ser que el denunciante busque por redes un protagonismo que no lo logra por otras vías” señaló Escandell.
Por otra parte, existe una presencia casi nula de órganos de justicia en zonas de difícil acceso, lo que hace que la respuesta sea lenta y poco efectiva. Al respecto, Noraima Ángel, coordinadora de la oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, también reconoció que la falta de logística interfiere en el proceso.
“Es sumamente grave lo que está ocurriendo, el sistema de justicia sigue siendo débil a favor de las mujeres y aún más a favor de las mujeres indígenas”, expresó Ángel.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
No hay un solo culpable de encubrir y callar la muerte del preso político Víctor Hugo Quero durante 9 meses. Hay muchos. Es una cadena de mando completa y sus responsabilidades y silencios recaen en instituciones y funcionarios que debían garantizar la protección de sus derechos fundamentales y no lo hicieron.
Pero, ¿dónde comienzan esas responsabilidades? ¿Quiénes eran los que estaban a cargo?Runrun.es exploró la cadena de mando que, como recluso del Estado que era, estaba a cargo de la preservación de su salud y su vida. Allí están, con nombre y apellido, los más altos jerarcas y los equipos que los acompañan y que evitaron que su madre, Carmen Teresa Navas, de 81 años, supiera que su hijo falleció en julio de 2025, de acuerdo con el registro oficial.
El eslabón más alto en esta cadena lo ocupa el Ministerio del Servicio Penitenciario, representado por su titular, Julio García Zerpa, cercano a Diosdado Cabello. La institución que comanda debe tener la información completa de los detenidos, incluyendo su paradero y estatus procesal, datos que se negaron en repetidas ocasiones a su madre.
El Decreto 8.266, que ordenó la creación de esta cartera en julio de 2011, establece en su artículo 2, numeral 3, que el ministro debe regular la organización y funcionamiento del sistema penitenciario (y de cada cárcel que lo compone), así como “dictar, formular, supervisar y evaluar políticas que garanticen la seguridad y custodia de los procesados y procesadas (…) con estricto apego a los Derechos Humanos”, según reza el numeral 7.
Bajo el ala del Ministerio está el Internado Judicial Capital El Rodeo I, centro de reclusión de máxima seguridad en Guatire, estado Miranda, en donde Quero estuvo preso antes de morir. Su director es el coronel de la Guardia Nacional, Alexander José Martínez Endeiza, señalado en otros casos de presos políticos por impedir la salida de detenidos que tienen boleta de excarcelación. Años antes, presidió la Misión Negra Hipólita, dedicada a acoger y tratar a indigentes.
El director del centro penitenciario El Rodeo I, coronel Alexander José Martínez Endeiza, mantiene un desacato judicial al impedir la ejecución de las boletas de excarcelación de los hermanos ítalo-venezolanos Carmelo y Daniel De Grazia Suárezhttps://t.co/fO2pWuApTB
De acuerdo con los relatos de otros reclusos que lo conocieron en Rodeo I, Quero tenía una dieta especial que debió romper en la cárcel. Cada vez que reclamaba por la comida, los custodios del recinto –otros de los responsables– lo torturaban. La alimentación lo debilitó y enfermó, al punto de que durante la primera quincena de julio lo trasladaron al Hospital Militar “Carlos Arvelo” de Caracas con una “hemorragia digestiva superior”. Allí murió.
El Codigo Orgánico Penitenciario indica en su artículo 122 que, cuando trasladan a un recluso por motivos de salud, “deberá notificarse de manera inmediata al juez o jueza de ejecución, a los fines que se adopten las decisiones jurisdiccionales que correspondan”. Como Quero no había sido sentenciado, esta notificación debió llegar al juez de control que llevaba su caso.
Pero ese juez también permaneció en silencio. Su nombre es Carlos Liendo y está a cargo del Tribunal 2do de Control para el Terrorismo. Se trata de uno de los funcionarios de los tribunales de terrorismo que ha mandado a la cárcel a centenares de presos políticos, tanto adultos como adolescentes, desde las cuestionadas elecciones presidenciales de julio de 2024.
Liendo imputó a Quero Navas los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, asociación para delinquir, traición a la patria y conspiración. A partir de allí, el acusado permaneció tras las rejas por su decisión y, por eso, él debió garantizar “los derechos fundamentales y la legalidad” del proceso penal durante la fase preparatoria (investigación) e intermedia del proceso penal, según el Código Orgánico Procesal Penal.
La responsabilidad de los acusadores
Otra institución responsable por la vida de Quero Navas es el Ministerio Público, el órgano que dirige la investigación penal, ordena diligencias y presenta acusaciones. El fiscal 67 del Área Metropolitana de Caracas, Luis Felipe Cádiz Valdez, llevaba la causa de Quero y logró su imputación ante los tribunales.
Pero la labor del Ministerio Público no llega hasta allí. También debe garantizar “la legalidad, los derechos constitucionales y el ejercicio de la acción penal pública”. Por eso, el exfiscal general de la República, Tarek William Saab también es responsable de su integridad física y de prestar la información veraz sobre su situación y paradero.
El exfiscal Tarek William Saab
Una fuente vinculada con el Ministerio Público indicó a Runrun.es que, cuando Carmen Navas acudió a la sede para solicitar información, debió activarse un protocolo para confirmar la desaparición forzada entre los encargados del área de protección de los derechos humanos que operan en la Fiscalía. Pero en lugar de atenderla, solo ignoraron las peticiones de la madre.
Según la fuente, la Coordinación del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas debió recibir la petición y redirigirla a la Dirección de Derechos Humanos, encabezada entonces por Karin García. Posteriormente, la Dirección de Investigaciones de Derechos Humanos, cuyo titular para el momento era Nicola Stanley Coppolone, tenía que comisionar a un fiscal para investigar la desaparición forzada de Quero. También debió actuar el exdirector de Ejecución de la Pena, Enrique Arrieta Pérez, porque aunque el acusado no había recibido sentencia, debían verificarse sus condiciones de reclusión en Rodeo I. Pese a que el caso se difundió ampliamente en medios de comunicación, ninguno movió un dedo.
El rastro de los registros
De acuerdo con el Ministerio del Servicio Penitenciario, Quero Navas nunca suministró “datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal”. Pero lo cierto es que esos datos no se pidieron una sola vez, sino que se registraron de forma reiterada en las distintas instancias en las que se inscribió la detención del imputado.
“Cualquier órgano de policía que detiene a una persona, en este caso la DGCIM, debe llevarlo hasta el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en donde la División de Reseña debe llenar la Planilla de Detención Única, conocida como PD-1”, afirma la fuente vinculada al Ministerio Público. Ese documento recoge las fotografías del arrestado, junto a datos personales y filiatorios, que van desde su nombre, edad y residencia, hasta el nombre de sus padres, saber si estos están vivos o muertos, además de hermanos e hijos con sus números telefónicos de contacto. Posteriormente, la mayoría de estos datos, incluyendo los de los familiares, se ingresan también en el acta policial.
Quero tuvo que haber dado sus datos en otras oportunidades. Al momento de la audiencia de presentación, los secretarios del tribunal debieron pedírselos para registrarlos. Lo mismo que el defensor público que estaba a cargo de su caso, quien también llenó una planilla con esta información para poder comunicarse con los familiares sobre el proceso judicial que se le seguía.
Los Defensores que no defendieron
El Servicio Autónomo de Defensa Pública, que dirige el defensor público general, Daniel Ramírez Herrera, tampoco hizo nada por aportar información sobre la situación de Quero Navas. Se supone que él es el responsable de dirigir, supervisar y garantizar el derecho a la defensa jurídica gratuita y el acceso a la justicia para ciudadanos, especialmente los vulnerables. Por tanto, está por encima del defensor público que fue designado para el caso de Quero.
El artículo 14, numeral 8, de la Ley Orgánica de Defensa Pública indica que, entre las atribuciones del Defensor Público General, está la de “requerir la colaboración y coordinar con las distintas autoridades de la República, para el mejor cumplimiento de sus funciones”. ¿Dónde estaban los funcionarios de este organismo cuando la madre exigía, a través de los medios de comunicación, saber sobre su hijo?
La Defensoría del Pueblo tampoco cumplió con su trabajo a cabalidad. Dionita Coronado, defensora III de la Unidad de Investigación, Mediación y Conciliación de la Defensoría Delegada del Área Metropolitana de Caracas, firmó un acta de comparecencia de la madre de la víctima, Carmen Navas, quien acudió allí para exigir el debido proceso de su hijo en octubre de 2025.
Para ese momento, la Defensoría supuestamente confirmó que días antes Quero –quien para la fecha ya estaba muerto– había sido trasladado a la Fiscalía 67, que llevaba su caso. Alineada con los principios y deberes de la Defensoría del Pueblo, Coronado debió iniciar y proseguir de oficio “las verificaciones e investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos”, yendo a distintas instituciones que pudieran confirmar el paradero del detenido. Pero se conformó con la respuesta de un funcionario de la Fiscalía.
En la web de la Defensoría del Pueblo se indica que este despacho “tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos”. Además, la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo establece en su artículo 15, numeral 2, que puede intervenir en las acciones de hábeas corpus, hábeas data, medidas cautelares y demás acciones o recursos judiciales, y cuando lo estime justificado”, acciones que el exdefensor del Pueblo, Alfredo Luis Angulo, ni su sucesor, Tarek William Saab, emprendieron.
Más adelante, en el numeral 5 de la misma legislación, se establece que el Defensor del Pueblo debe “velar por los derechos y garantías de las personas que por cualquier causa hubieren sido privadas de libertad, recluidas, internadas, detenidas o que de alguna manera tengan limitada su libertad”. Otra completa omisión de los funcionarios que detentaron este cargo mientras Carmen Navas buscaba a su hijo preso.
Implicados colaterales
La cadena de responsabilidades no acaba con estas instituciones, sino que abarcan otras que también tenían información sobre el paradero de Quero Navas. El director del Hospital Militar Universitario “Dr. Carlos Arvelo”, el vicealmirante Luis Montaño Hernández, y el equipo de médicos y enfermeros que atendieron al detenido, también guardaron silencio. Quero Navas permaneció recluido en ese centro de salud al menos 9 días antes de su muerte. Allí debieron haber registrado sus datos.
De acuerdo con testimonios de la madre de Víctor Hugo Quero a medios de comunicación, ella asistió a las morgues para cerciorarse de que no había muerto. ¿Por qué la directora del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), Lissett Moreno, tampoco dijo nada sobre su fallecimiento?
Los funcionarios de esa institución, incluyendo el médico forense que firmó el acta, hicieron la autopsia, registraron la defunción del detenido y guardaron silencio al respecto. Tampoco se guiaron por el Protocolo de Minnesota, que dicta las directrices internacionales, adoptadas por la Organización de Naciones Unidas, para la investigación eficaz de muertes potencialmente ilícitas o sospechas de desaparición forzada, como lo era Quero Navas.
Desde el Cicpc se investigó de oficio la muerte de Quero a partir del 10 de marzo de 2026. Pero, ¿por qué la noticia sobre su muerte la confirmó el Ministerio del Servicio Penitenciarios y la policía técnica y su director, Douglas Rico, no dijeron nada al respecto?, ¿por qué el Cicpc tardó casi dos meses en conseguir respuesta sobre el paradero de una persona que murió bajo custodia del Estado?
Las faltas del Senamecf y del Cicpc recaen directamente sobre el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, cuyas riendas lleva Diosdado Cabello, otro de los responsables en esta cadena de silencios que acabó el pasado 7 de mayo con el ruido de una tragedia.
Organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionaron este domingo, 10 de mayo, la voluntad política del Estado y exige el cumplimiento de las garantías constitucionales para las personas LGBTIQ+ y la disidencia política, tras declaraciones de la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, sobre la sexodiversidad.
El sábado 9 de mayo, Rodríguez solicitó a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una doctrina sobre la diversidad como derecho humano fundamental. La funcionaria afirmó que su percepción sobre la realidad nacional ha cambiado tras identificar “nudos críticos” en la estructura social.
“Vamos a construir lo que significa un derecho fundamental que he entendido con mayor amplitud con el programa, que es el derecho a ser diverso. Y eso lo aplico no solamente con la sexodiversidad, sino para la diversidad política”, señaló Rodríguez.
Ante este anuncio, la Red de Derechos Humanos en Movimiento y organizaciones como Laboratorio de Paz, Caleidoscopio Humano y el OVV LGBTIQ+, entre otras, denunciaron lo que consideran una “instrumentalización de la diversidad como una etiqueta vacía” alegando que “la dignidad humana no es un recurso retórico”.
El comunicado destaca que, pese a lo establecido en el Artículo 21 de la Constitución sobre la prohibición de la discriminación, persiste una “omisión estructural” que condena a la población a la indefensión.
Denuncias de vulneraciones sistemáticas y casos críticos
Como evidencia de la crisis institucional, el texto menciona el caso de Víctor Hugo Quero Navas, quien murió bajo custodia estatal y las autoridades informaron su fallecimiento casi 10 meses después. Las organizaciones califican este hecho como un reflejo de un sistema penitenciario cruel y denuncian patrones de desaparición forzada que afectan a quienes están bajo control del Estado.
Las organizaciones enfatizaron en que no puede existir convivencia democrática mientras persistan las detenciones arbitrarias y la criminalización de la disidencia, se mantengan más de 16 años de omisiones institucionales que “impiden el derecho a la identidad de las personas trans”, continúe la “falta de acceso a la salud y la desprotección frente a los crímenes de odio” y el exilio forzado “siga siendo la única opción para activistas perseguidos”.
Finalmente, las ONG suscriptoras exigen a las autoridades pasar del “marketing político” a la garantía real de derechos a través de investigaciones independientes sobre muertes bajo custodia y la libertad plena para los detenidos por motivos políticos. También demandan la aplicación inmediata del reconocimiento del cambio de nombre para personas trans, un derecho contemplado en la ley desde hace más de una década pero ignorado institucionalmente.
COMUNICADO: La dignidad humana no es un recurso retórico
Exigimos justicia y cumplimiento constitucional Caracas, Venezuela
La Red de Derechos Humanos en Movimiento levanta la voz ante el país y la comunidad internacional para denunciar la instrumentalización de la “diversidad”… pic.twitter.com/0JdJvKJ5H8
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Este domingo, 10 de mayo, se conmemora en Venezuela el Día de las Madres, fecha en la que los agasajos y obsequios para ellas son comunes. Pero las de los más de 500 presos políticos deben resignarse a la distancia, a pausar ese abrazo y, en el caso de los que están desaparecidos, a una espera amarga.
No obstante y aún en medio de las limitaciones de la injusta prisión, muchos de ellos se las ingenian para devolver con un detalle la entrega de sus madres y la lucha que encabezan por la libertad. Es el caso de Jonathan Franco Quiñones, sargento de la GNB que cumple una condena de 24 años por la Operación Gedeón.
Aún desde las limitaciones de su reclusión en Fuerte Guaicaipuro, con materiales reciclables y haciendo gala de la creatividad plasmó su amor y gratitud en un ingenioso detalle con flores para su madre, Francis Quiñones, una de las que ha llevado la batuta en las exigencias por los presos políticos.
Flores con aroma a resiliencia
Según el testimonio de la señora Quiñones para Runrun.es, los presos políticos han desarrollado técnicas ingeniosas para transformar objetos cotidianos en piezas de valor sentimental con los pocos recursos a los que pueden acceder en medio de la precariedad carcelaria.
“Las flores las hacen con papel sanitario, los colorcitos esos que le colocan creo que es con desinfectante. Yo no sé cómo hacen eso para que les quede ese colorcito… De hecho le colocan también desinfectante al papel para que la flor tenga olor”, relató Quiñones.
Además de las flores, el hijo de la señora Quiñones le obsequió a su madre un portarretrato y un cojín en forma de corazón, ambos elaborados con materiales que ingresan al recinto como parte de los insumos básicos permitidos. El portarretrato fue fabricado con bandejas de anime, mientras que el cojín fue elaborado una colchoneta vieja y prendas de vestir para darle forma.
“Me dijo que le había arrancado un pedazo de forro a la colchoneta… lo que tiene por dentro el cojín es como una ropita que él tenía ya y no estaba usando, que le estaba quedando apretadita, estaba limpia… su misma ropita lo que está por dentro de él”, relató la señora Quiñones.
Un encuentro sin vidrios
Más allá de los objetos, la señora Quiñones destacó -para esta oportunidad- un cambio en las condiciones de la visita reciente en Fuerte Guaicaipuro, señalando que pudieron compartir en un espacio común sin las barreras físicas habituales y que pudo estar con su hijo el pasado jueves, 7 de mayo, durante dos horas.
“No fue por medio de vidrio, con esas rejas (…) Particularmente, yo tuve con mi hijo el jueves en un salón de visita. Los funcionarios que hay ahora ahí en el Guaicaipuro son muy respetuosos”, expresó la señora Quiñones.
La señora Quiñones contó también que otros presos políticos del Fuerte Guaicaipuro obsequiaron a sus familiares muñecos, flores y portarretratos como el que le dio su hijo.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Había pensado en escribirle una carta a la señora Carmen Navas. Aprovechar la oportunidad de la prensa para transmitirle palabras de pesar y de afecto tras lo que ha ocurrido. Conjurar la horrible distancia que nos hace pasar por ausentes para quienes una noticia no es una noticia sino un desgarramiento humano. Hacerle saber a la señora Carmen que, del imposible desierto de su sufrimiento, cada uno de nosotros quisiera llevarse, para aliviarlo, aunque fuese un grano de arena.
¿A qué se debe tanta maldad? Está bien que no tengan alma, ¿pero no tienen madre? Porque no se trata ya de que envilecieron las instituciones y sometieron el Estado a la zafiedad y la abyección, sino de que pueden sentarse a ver –como en un cine perverso– cómo transcurre un drama que ellos mismos crearon: una mujer de más de 80 años vaga por el mundo buscando a un hijo de cuya muerte no la enteran, a fin de que siga vagando para el morboso provecho de los ocultadores. Pese a que la conocíamos, no deja de sorprender tal capacidad para lo abominable.
El país se rinde ante Carmen Navas, quien, luego de meses de una desesperación exacerbada por una crueldad inaudita, ha recuperado los restos de su hijo y los ha depositado en lugar propio. Esa es la tierra sobre la que ahora pisamos, amigos míos. Y en la dignidad de esa mujer que no reclamaba para sí ninguna dignidad puesto que ya la traía como madre, en esa dignidad está un dolor que solo ella sabe y que en nosotros permanecerá como una vergüenza y como una sublevación.
Dicen que quien tiene un hijo tiene todos los hijos del mundo. Hoy, todos los hijos de Venezuela tenemos una sola madre. Ojalá pudiéramos hacérselo sentir.
La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, proyecta una determinación constante desde su oficina en Washington mientras planifica el futuro de Venezuela. En una entrevista concedida a El País de España, Machado analiza la compleja realidad política y económica tras más de 100 días de una nueva etapa de lucha.
La dirigente opositora detalla su visión sobre la transición y los desafíos que enfrentan los millones de venezolanos que esperan el cambio.
Machado destaca que, a pesar de la represión, la sociedad venezolana muestra hoy una capacidad de movilización y denuncia sin precedentes. Sostiene que la urgencia ética de las familias que padecen hambre impulsa un proceso de cambio que califica como irreversible.
“Tengo que concluir las tareas que me propuse al salir de Venezuela en diciembre: hablar con jefes de Estado, con inversionistas, con acreedores, con miles de venezolanos en el mundo. Y está también toda la preparación interna de esta nueva etapa. Trabajamos durísimo en ello”, señala sobre cuándo se dará su retorno al país.
Cronograma electoral y el respaldo internacional
Machado defiende el planteamiento de las tres fases que desembocan en una elección libre y democrática, calificando esta ruta como correcta y urgente. Explica que, desde el punto de vista técnico, se necesitan aproximadamente “40 semanas desde que designas un nuevo CNE. Ese es el detonante. Se puede comprimir algo, pero hay que ser serios. Lo importante es arrancar ya”.
Asimismo, la dirigente reconoce que el apoyo de Estados Unidos resulta fundamental porque “un sistema criminal solo cede ante una amenaza real”, y añade que “Trump es el único jefe de Estado que ha arriesgado posición y recursos por la libertad de Venezuela. No estaríamos donde estamos sin ese apoyo”.
El control del poder real y la gobernabilidad
Ante lo dicho por Trump el pasado 3 de enero, donde sugirió que Machado no estaba en la mejor posición para garantizar la gobernabilidad en un entorno controlado por el chavismo, la dirigente asegura que posee un plan detallado para la toma de control institucional y territorial.
Machado define esta situación como un problema medular que ha evaluado por años y sostiene que “la inmensa mayoría de quienes están en esos espacios, desde empleados de ministerios hasta policías y militares, favorecerían una transición”.
Asimismo, aclara que no busca desmantelar las instituciones de seguridad, sino que su objetivo es “liberarlas: el yugo y la persecución que padecen son intensos”, identificando a grupos como la Dgcim o colectivos como sectores reducidos que ya están identificados.
“A quienes temen una retaliación les doy mi palabra: vamos a garantizar los derechos y las libertades incluso de quienes nos las negaron a nosotros”, dice.
Confianza económica y el Estado de Derecho
La dirigente opositora opositora vincula la recuperación de Venezuela directamente con la instauración del Estado de Derecho para generar confianza en ciudadanos e inversionistas. Al respecto, indica que el país requiere una inversión masiva para alcanzar su potencial energético.
“Venezuela tiene potencial para cinco millones de barriles, pero alcanzarlos requiere 200.000 millones de dólares en inversión, y eso solo llega con Estado de Derecho”, dice.
Además, señala que el interés de los inversionistas actuales solo cobra valor real bajo un nuevo gobierno, pues sostiene que “esa opción vale si llegamos nosotros; si no llegamos, vale cero”. Según su visión, un régimen que confiscó y persiguió jamás podrá generar la seguridad necesaria para atraer los grandes capitales.
Delcy Rodríguez y el futuro del chavismo
Ante la pregunta de si negociaría directamente con los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, Machado indica que eso “depende de los términos”, recordando que han ofrecido su disposición “de avanzar en una transición negociada”, pero que no aceptarán “una nueva farsa”.
Sobre las purgas que ha hecho Delcy Rodríguez y que con ello la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos esté tratando de quedarse en el poder, Machado dice que ellos “van a hacer eso siempre que se les permita”.
“No puede sorprendernos. Han tenido que liberar presos, abrir espacios de comunicación, poner restricciones al uso de los fondos. En otras cosas no han cedido. Parte de nuestro trabajo es persuadir a actores clave de que ciertas decisiones tienen que acelerarse”, añade.
En cuando a las condiciones bajo las que podría subsistir el chavismo como movimiento político, recuerda las palabras que le dijo Felipe González, expresidente del Gobierno de España: “En una transición, hay dos cosas que no se pueden amnistiar, los crímenes de lesa humanidad y los actos de corrupción, a menos que quienes robaron devuelvan absolutamente todo lo robado”.
La respuesta de Machado a González, dice ella, es que pedir eso es muy difícil, porque “esto es el saqueo más grande de la historia”. Sin embargo, tiene conciencia de la responsabilidad histórica de que funcione bien.
“Una transición sostenible necesita el apoyo del pueblo, y ese pueblo solo aceptará compromisos difíciles si confía en el liderazgo que lo representa. Por eso les digo a quienes están aferrados al poder: les conviene negociar con liderazgos que tengan legitimidad. Pueden lograr más”, agrega-
Consenso nacional y el fin del modelo hiperpersonalista
Machado propone un gran acuerdo nacional que incluya el pluralismo, la no reelección y la subordinación del poder militar al civil. Ella se define como la antítesis de Hugo Chávez, argumentando que su movimiento busca unir y valorar la dignidad frente al proyecto de división del pasado.
“Chávez habló de división; nosotros salimos a unir. Él promovió la venganza; nosotros, el reencuentro. Chávez ofrecía regalos; yo pedía trabajo y responsabilidad. Ellos humillaron; nosotros valoramos la dignidad. Él construyó un proyecto basado en el odio y la violencia; nosotros, en el amor. Son expresiones totalmente antagónicas”, expresa.
Finalmente, la dirigenteconfiesa que extraña la luz y la música de su tierra, pero mantiene su fe en el poder de la gente y concluye con una promesa de cambio: “un día antes, un día después, este régimen va a terminar de salir”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Un día antes de que Josué cumpliera tres años, a Orfa Pineda le dijeron que su hijo tenía leucemia. Al principio pensaron que se trataba de dengue, pero después de varias investigaciones, dieron con el diagnóstico indeseable. Orfa confesó que a partir de ese momento su vida cambió.
Tiene doce años siendo madre cuidadora de un adolescente que hoy en día tiene 16. Su vida se la ha dedicado al cuidado de Josué, quien nació con síndrome de down.
“Cuando me dijeron que era cáncer yo lloraba por todos los rincones, le preguntaba a Dios por qué a nosotros”, relata.
A Josué le hicieron quimioterapia, pero fue descartado para un eventual trasplante de médula.
“Los niños con su condición no son candidatos para eso porque los médicos dicen que no aguantan la operación”, dijo Orfa, quien es oriunda de San Cristóbal, en el estado Táchira, pero vive desde hace décadas en Caracas.
Cuando tenía 5 años a Josué le dio tuberculosis y tuvieron que intubarlo, no una sino varias veces. Como consecuencia hizo una fístula y se le perforó la tráquea y el esófago. Desde entonces, requiere ser operado, pero la familia no cuenta con los recursos, están en una lista de espera que ya va para ocho años.
“Los doctores me han hablado claro y me dicen que es una operación de alto riesgo, que se puede morir, todos los años me hacen correr con la esperanza de operarlo, he estado en el hospital de El Llanito y en el del Algodonal y nada, en cualquier momento mi hijo va a fallecer y nadie hace nada por él, mientras no se opere su salud se sigue deteriorando”, dijo Orfa.
Además de Josué, Orfa tiene dos hijos más. Y su salud también se ha venido a pique.
“Estoy sufriendo mucho de la cervical, me dan dolores de cabeza, me siento triste, pero no puedo darme el lujo de deprimirme porque cada vez que Josué me ve vencida él también se ve afectado porque siempre está a mi lado”.
Orfa confesó que no ha podido siquiera hacerse una citología, una examen que se recomienda que las mujeres se hagan anualmente. Su esposo también vive enfermo: “Él es albañil y a veces sale a trabajar sintiéndose mal, me dice:’ Orfa, yo no me puedo dar el lujo de quedarme aquí, tenemos que comer’ ”.
A pesar de todo, la madre le da gracias a Dios: “Dios no le manda carga a alguien que no pueda soportar, yo vendo donas, hago bolsos, cuando me llaman para limpiar una casa voy, mi miedo es que si no estoy ¿a quién le voy a dejar a Josué?”.
Otra historia que evidencia lo complejo que es ser madre cuidadora es la de Rusbelia Figueroa. Su hija Aisha, después de haber ingresado a un quirófano para corregir una malformación del intestino, sufrió un paro cardiorespiratorio y quedó cuadrapléjica.
“Desde ese momento hasta hoy he sido madre cuidadora, todo esto me ha causado ansiedad y depresión. Mi hija requiere cuidados diarios, incluso hasta por la noche, porque convulsiona”, narra.
La situación, según admite, la ha llevado a alejarse de amigos, familiares, e igualmente, de su pareja: “Es poco el tiempo que uno tiene para dedicarse a eso”
Madres solitarias
De acuerdo a la investigación “Cuidado y salud mental” efectuada por la ONG Prepara Familia a madres cuidadoras de hospitales públicos en Caracas, 77 % han tenido pensamientos de angustia, mientras que 21 % se siente constantemente tristes.
Para Katherine Martínez, directora de Prepara Familia, es fundamental quitar el manto de invisibilidad que cubre a las madres cuidadoras en Venezuela.
“Es importante que esto sea reconocido, esto ocurre en todo el mundo, pero en Venezuela ha sido demasiado fuerte, es insostenible y un desgaste total para las madres”, dijo la activista durante la presentación del informe.
Por su parte, Alba Carosio, coordinadora académica de la maestría de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela (UCV), resaltó que la mayoría de la madres cuidadoras están en el umbral de la pobreza.
“Eso se traduce en una gran carga física y emocional. Estas mujeres suelen sufrir en soledad y necesitan una red de apoyo que la encuentran en fundaciones, el objetivo de este trabajo es mostrar el impacto psicológico y emocional que deben enfrentar estas madres”, amplió la profesora.
Carosio indicó que de acuerdo al estudio que elaboró la ONG, las consecuencias más recurrentes en las madres cuidadoras son ansiedad, depresión, enojo, dolor crónico, pérdida o aumento del apetito e incluso alteraciones del ritmo del sueño.
En ese abanico de sentimientos prevalece la angustia, con 85%, seguida de preocupación (77%), tristeza (72%), dolor (53%) y desesperación (52%).
De acuerdo al estudio de campo, 50% de las madres también perciben angustia en sus hijos y 67% dicen que sus descendientes igualmente presentan irritación y enojo.
“Ocho de cada diez madres cuidadoras tienen dificultades de sueño y de alimentación”, sentenció Carosio.
Según el informe, el 71% de las madres deben dedicar todo el día al cuidado de sus hijos cuando estos están bajo tratamiento ambulatorio.
“El alivio del dolor, estrés, angustia de niños y niñas se hace porque están las madres. Son las madres las que proporcionan ese valor emocional que se necesita para recuperar la salud”, apuntó Carosio.
¿Y a ellas quién?
La investigación “Cuidado y salud mental” también arrojó que la mayoría de las 100 madres encuestadas dedican una hora o menos al autocuidado y sienten que lo que hacen por sus hijos enfermos no es suficiente.
Por su parte, tres cuartas partes de las madres que tienen otros hijos se sienten culpables porque consideran que no les prestan suficiente atención. 53 % afirma tener alguna dolencia, en su mayoría generada o agravada por el estrés del cuidado, pero solo 10 % ha podido acudir al médico.
El estudio también encontró que el 44% de las madres cuidadoras no cuenta con apoyo de sus parejas, 23% recibieron sólo educación básica y 43% viajan desde las regiones para que sus hijos e hijas reciban atención en la capital.
“Las madres siempre están presentes para abrazar, consolar, jugar, dar soporte emocional profundo e incluso administrar o supervisar tratamientos, pero postergan su propia salud”, lamentó la académica.
De acuerdo a Carosio la madre cuidadora se pone a sí misma en un segundo plano: “Su prioridad es cuidar y proteger a su hijo o hija con la esperanza de que su cuidado y el tratamiento mejorarán su calidad de vida”.
La investigación también revela que 7 de cada 10 madres cuidadoras han sentido en algún momento desmotivación para realizar sus tareas cotidianas y apunta a que los rigores del cuidado diario de un hijo con situaciones comprometidas de salud impacta hasta en la talla: 45% de las encuestadas revelaron que han bajado de peso y perdido el apetito desde el diagnóstico de sus hijos. Además, la alimentación en ellas es intermitente.
La economía tampoco ayuda
La investigación “Cuidado y salud mental” de Prepara Familia expuso que 52% de las madres cuidadoras se las ingenia para tener ingresos propios y 63% siente temor por no poder comprar medicamentos.
En un país donde el salario mínimo sigue siendo 130 bolívares (menos de 0,30 centavos de dólar) y el resto se complementa con bonos que no constituyen pasivos laborales, a las madres se les hace cuesta arriba lidiar con la alimentación y medicamentos de sus hijos.
“Los ingresos son insuficientes para hacer frente a los gastos”, insistió Carosio.
Según la académica, el estudio concluye que, a pesar de las dificultades, las madres cuidadoras conforman redes de apoyo emocional y económico, y buscan soporte en organizaciones civiles. Apelan al intercambio de experiencias y se involucran en actividades grupales
Martínez destacó que este tipo de investigaciones se hacen para que el Estado voltee la mirada y asuma su responsabilidad honrando al artículo 84 de la Constitución Nacional, que establece la creación de un sistema público nacional, regido por principios de gratuidad, equidad e integración social.
Mientras eso ocurre, las madres cuidadoras se apoyan en organizaciones como Prepara Familia y dependen de las ayudas que familiares o terceros puedan suministrarles para no desistir en sus luchas.
“Es difícil para mí comprarle la mediación a Josué”, dijo Orfa Pineda. “A veces algunos médicos me regalan medicinas, además de eso tengo que hacerle su dieta, en algunas oportunidades no tenemos para el pasaje, me ha tocado pasar hambre y pedir”.
“A él (Josué) lo tengo estudiando en un centro especial y a Prepara Familia vamos a hacer actividades y a recibir apoyo. Cada día que amanece le doy gracias Dios, porque es un día más de vida para mi muchacho”. La madre agregó que en Prepara Familia, los profesionales le han enseñado a autocuidarse.
Mientras que para Rusbelia Figueroa, haber llegado a Prepara Familia en 2023 fue una especie de bendición: “Me sentía sola, pero ahora no, las madres acarreamos las mismas angustias, me siento apoyada”.
Alba Carosio, coordinadora académica de la maestría de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela (UCV), informó que pese a la situación actual del país, 66% de las madres cuidadoras son optimistas, por lo que resaltó la necesidad de comprometerse con ellas: “Negarle el apoyo a las madres es negarle el futuro a sus hijos”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Daniela ha escuchado todo tipo de palabras en su vida: unas interesantes, otras aburridas, algunas alegres y otras llenas de amor. Sin embargo, hay una que hubiese preferido no haber escuchado jamás: se la dijeron por primera vez hace 27 años, en un consultorio médico, cuando le diagnosticaron lupus.
Daniela González tenía tan solo 11 años cuando recibió un diagnóstico complejo que la acompañaría toda su vida: lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune que, como su nombre indica, puede afectar de forma sistémica cualquier órgano del cuerpo. De acuerdo con la Sociedad Española de Reumatología, el lupus se genera por la “confusión” del sistema inmunológico que, en lugar de proteger a la persona frente a virus y agentes externos, ataca las células y tejidos de los órganos. Esta confusión genera que el sistema inmunológico se ataque a sí mismo. Puede provocar daño e inflamación, y afectar la piel, las articulaciones, los pulmones, el sistema nervioso y los riñones, que son los órganos comúnmente más afectados.
Para Yurilis Fuentes, internista y reumatóloga de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar (UDO-Bolívar), la palabra “lupus” ya tiene una connotación negativa en sí misma, que muchas personas suelen asociar con la muerte. En una entrevista con Radio Fe y Alegría Noticias en 2025, la doctora Fuentes explicó que no existen dos casos de lupus iguales: la enfermedad actúa de forma diferente en cada persona.
Las causas de esta condición son desconocidas. El Instituto Nacional de Artritis, Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel de Estados Unidos reseña que es una enfermedad autoinmune compleja provocada por una combinación de factores genéticos, hormonales y ambientales, lo que lo hace más frecuente en mujeres que en hombres (de cada diez casos, nueve son mujeres) así como de factores ambientales como la luz solar, algunos virus o ciertos medicamentos.
Aunque es menos frecuente en varones, cuando ocurre, es más agresivo y suelen presentar mayores complicaciones. Mientras que en las mujeres, el diagnóstico puede tardar años debido a que los síntomas (fatiga, dolor articular) a veces se normalizan o se confunden con otras afecciones.
El lupus es más frecuente en personas de raza negra y asiáticas. La Sociedad Española de Reumatología señala que, aproximadamente, en una ciudad de 100 000 habitantes se presentan cada año siete casos nuevos de lupus. Además, puede aparecer a cualquier edad —en la infancia, la edad adulta y la vejez—, aunque en la mayoría de los casos se manifiesta entre los 17 y 35 años.
Al ser una enfermedad autoinmune, el lupus no tiene cura, pero puede tratarse con fármacos que ayudan a regular el sistema inmunitario y a garantizar una mejor calidad de vida para las personas.
Una enfermedad costosa
Los primeros años después del diagnóstico fueron los más difíciles para Daniela. El sol se convirtió en un enemigo que debía evitar a toda costa, con el fin de no “despertar” ni agravar su enfermedad. El dolor en las articulaciones le impedía moverse y las manchas en forma de mariposa, características del lupus, aparecieron en su rostro durante los inicios de su etapa como liceísta, lo que la avergonzaba mucho. Además, su peso variaba constantemente, dependiendo de las dosis del tratamiento.
Una vez aceptada la situación, manejar el lupus era más sencillo gracias a los medicamentos; sin embargo, desde hace algunos años, tener lupus en Venezuela se ha convertido en una odisea. En el marco de una crisis económica que no se supera, gran parte de la población no puede adquirir tratamientos médicos, o debe interrumpirlos al no poder costearlos.
En el caso del lupus, medicamentos como la prednisona, la hidroxicloroquina, el losartán, la aspirina, la vitamina D3 y el micofenolato de mofetil pueden ser necesarios para mantener estable a quienes viven con esta condición. Este último es uno de los tratamientos más costosos y difíciles de adquirir para Daniela. Debe tomar cuatro píldoras diarias para mantener en funcionamiento sus riñones, que han sido afectados por la enfermedad. Tan solo una caja de 50 tabletas tiene un costo de 74 dólares en Badan, una fundación que vende medicamentos para enfermedades crónicas como el lupus. Para que Daniela pueda cumplir con la dosis establecida, debe gastar en promedio unos 222 dólares mensuales.
Madrugones y viajes perdidos
La farmacia de Alto Costo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) es la encargada de suministrar todos aquellos medicamentos que constituyen una elevada inversión económica para el Estado. Patologías como el cáncer, la osteoporosis, la artritis reumatoide, los trasplantes y la insuficiencia renal crónica, entre muchas otras, son asumidas por la farmacia como tratamientos que no son fáciles de costear para el paciente.
Daniela suele llegar a la farmacia de Alto Costo en Los Ruices los días en los que debe retirar su tratamiento y permanece toda la mañana esperando ser atendida. La farmacia abre a las ocho de la mañana, y uno o dos empleados se encargan de revisar la disponibilidad de los medicamentos recorriendo las filas de asientos blancos. Sin embargo, para Daniela la espera se extiende hasta el mediodía, cuando en muchas ocasiones le informan que su tratamiento no ha llegado y que debe volver otro día. Aunque recientemente ha tenido más suerte en Alto Costo, señaló:
“Hace unos meses, o incluso un año, de verdad no había ningún tipo de medicamento. Debías ir todos los días para saber si había llegado”, narró.
Un diagnóstico que ejercita la paciencia
El Hospital Universitario de Caracas es uno de los pocos centros médicos públicos de la ciudad que cuentan con servicio de Reumatología, la especialidad médica que trata el lupus. Los médicos tratantes suelen ser estudiantes de posgrado que permanecen aproximadamente dos o tres años en formación antes de su graduación. La doctora Yurilis Fuentes calculó que hay menos de 120 reumatólogos activos en Venezuela, la mayoría cercanos a la jubilación.
Daniela asiste a consulta cada vez que observa o siente un síntoma fuera de lo normal. Sus visitas al servicio de reumatología varían dependiendo de si se encuentra en actividad lúpica o no. Por lo general, las citas para los pacientes con lupus suelen ofrecerse cada tres meses. En cada consulta, los pacientes deben llevar los exámenes inmunológicos actualizados.
Para ellos, un simple perfil 20 no evidencia el estado de la enfermedad, por lo que se requieren exámenes especiales que suelen ser extremadamente costosos. La proteinuria de 24 horas suele medir la cantidad de proteínas que se eliminan por la orina y permite verificar el estado de funcionamiento del riñón. El anti-DNA es un examen sanguíneo que ayuda a identificar la presencia de anticuerpos dirigidos contra el núcleo celular, los cuales suelen estar elevados en personas con lupus, al igual que el C3 y el C4, entre otros estudios. Daniela suele gastar unos 100 dólares cada vez que debe renovarlos, sin incluir los exámenes adicionales que le solicite su médico tratante.
Pedir una cita para las consultas también requiere un profundo ejercicio de paciencia. Las personas suelen acudir desde muy temprano en la mañana; algunas incluso amanecen en el hospital para asegurar uno de los pocos números que se reparten en el servicio de Reumatología. Los médicos suelen bajar después de sus clases y, en algunos casos, tras pasar revista médica, es decir, luego de atender a los pacientes hospitalizados. Con todo esto, comienzan a atender a las personas citadas pasadas las diez de la mañana.
La falta de medicamentos viola el derecho a la salud
La irregularidad en la entrega de medicamentos por parte de Alto Costo viola los artículos 83, 84 y 85 de la Constitución. El artículo 83 estipula que la salud es un derecho fundamental básico y una obligación del Estado; el artículo 84 establece que el Estado debe gestionar un sistema público que garantice la gratuidad y la universalidad, así como la entrega oportuna de medicamentos. Cuando no hay medicamentos, el sistema falla en su misión y, por lo tanto, se vulnera la Constitución. El artículo 85 señala que el financiamiento del sistema de salud es responsabilidad del Estado, por lo que es su obligación garantizar la entrega oportuna de fármacos a los pacientes.
A pesar de las adversidades que ha tenido que afrontar con su diagnóstico, Daniela aseguró que ha aprendido a vivir con lo que el lupus requiere. Trata de no fallar en su medicación, incluso cuando debe hacer un esfuerzo para comprar los fármacos que no están disponibles en Alto Costo. Para ella, la clave está en ser constante con el tratamiento. Su mayor temor es retroceder por este motivo y que el lupus termine afectando otros órganos.
Una comunidad que lucha contra el lupus
Aunque procura llevar una vida lo más normal posible, confesó que ha tenido que ocultar su condición en entrevistas de trabajo por temor a que no le otorguen el empleo o a que no acepten los permisos para sus controles médicos. Actualmente trabaja en una empresa de materiales médicos.
“ahorita me da igual que me puedan aceptar o no, porque primero está la salud; sin salud no eres nada”, aseguró.
Daniela González ha buscado concientizar sobre esta enfermedad, que muchas personas enfrentan de forma silenciosa. Para ello, creó un grupo de WhatsApp en el que los miembros comparten información sobre laboratorios con precios accesibles y avisan cuando llegan medicamentos a la farmacia, para ir a lo seguro.
Además, promueve actividades recreativas que ayudan a formar una red de apoyo para la comunidad, donde las pacientes pueden compartir sus experiencias con el lupus. Por otro lado, gestiona la cuenta de Instagram @lupusvenezuela2025, con la que busca establecer alianzas con ONG que puedan colaborar en la obtención de medicamentos.
El lupus no es una sentencia de muerte, pero sí requiere cuidados especiales para asegurar una vida digna y libre de dolor. Las personas con este diagnóstico enfrentan grandes retos a lo largo de su vida, que exigen una enorme resiliencia, fe y apoyo constante.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
