La madrugada del 17 de noviembre de 2025, Yenhalen Tovar, estaba durmiendo en su residencia ubicada cerca de la avenida Victoria en Caracas, cuando funcionarios armados ingresaron para llevársela, como acostumbran, sin una orden de aprehensión.

A la militante del partido Vente Venezuela le dijeron en un principio que se trataba de una entrevista, pero lo que supuestamente iba a ser un rápido interrogatorio se convirtió en un encierro que ha durado hasta hoy.

Funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) no solo se llevaron a Tovar, también a sus padres, que inmediatamente acudieron al apartamento de ésta ante el llamado de su nieta menor de edad.

Su sobrino, Leonel Colina, cuenta desde Madrid en España, que esa noche su teléfono sonó a las 5 de la mañana con la amarga noticia.

“Yo me vine a España en agosto de 2024 huyendo de la persecución que se desató después de las elecciones del 28 de julio porque también pertenezco a Vente Venezuela, se empezaron a llevar a todos los que colaboramos con María Corina Machado”, dijo Colina.

Colina contó que luego de que detuvieron a su tía y padres, pasó ocho días sin saber nada de ellos, hasta que les dijeron que estaban en la sede de la PNB en Maripérez, el mismo sitio donde tuvieron encarcelado al dirigente de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa.  

El militante relató que a sus padres los dejaron en libertad, pero a su tía no y a partir de ese momento comenzó un vía crucis para ella. 

Colina expuso que a su tía la vincularon con el caso de Plaza Venezuela, un supuesto complot para colocar explosivos en Caracas en agosto de 2025 denunciado por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y donde hay involucradas hasta 50 personas.  

El migrante denunció que sin previo aviso, el 20 de noviembre de 2025 a Yenhalen Tovar la trasladaron a la sede de la PNB en la Zona 7 de Boleíta en la capital venezolana.

“Después que se llevaron a Maduro el 3 de enero de este año fue que admitieron que estaba ahí y por supuesto mis familiares se apostaron en las puertas como el resto de quienes tienen allegados presos políticos”, dijo Colina.

El militante de Vente aseguró que su tía recibió la primera visita el 27 de enero y le contó a sus familiares que había tenido audiencias telemáticas.

“No la trasladaron a un tribunal y en la primera audiencia telemática tenía al director de un lado y al subdirector del otro”, dijo Colina.

Colina afirmó que cuando su mamá visitó a su hermana se percató que ésta había perdido alrededor de 20 kilogramos y su piel lucía amarilla, típico de quienes no son expuestos al sol durante un periodo prolongado. Además portaba la misma ropa de cuando se la llevaron detenida en noviembre del año pasado. 

Posterior a su estadía en Zona 7, funcionarios de cuerpos de seguridad lo volvieron a hacer. El pasado miércoles 11 de marzo trasladaron a Tovar sin previa notificación a sus familiares a la cárcel de La Crisálida en Los Teques, estado Miranda, donde todavía permanece.  

“En principio dijeron que no estaba ahí y después que estuvo en una zona de resguardo por 21 días”, indicó Colina. 

Dudar es traición

Colina manifestó que al menos una docena de personas acudieron a una audiencia preliminar por el caso Plaza Venezuela el 5 de marzo frente al para ese entonces juez del Tribunal Segundo de Control contra el Terrorismo, Carlos Liendo, quien portaba una gorra que decia “dudar es traición”. 

“Ese juez luego fue cambiado”, afirmó. 

Cuatro días después la familia de Colina solicitó amnistía para Tovar a través de la Ley aprobada en la Asamblea Nacional, pero le fue negada luego de 48 horas. Sin embargo, no fue sino hasta el 6 de abril que los familiares recibieron una notificación. 

“El 10 de abril se llevó una apelación al Tribunal 49 Segundo de Control, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta”, sentenció Colina. 

Colina denunció que cuando sus familiares acuden a los tribunales para pedir razón de la causa de Tovar, los funcionarios les dicen que solo van a hablar con el defensor público que tiene asignado y que la prioridad judicial en este momento es el caso Pdvsa-Cripto, donde está involucrado el exministro de Petróleo de Maduro, Tareck El Aissami y otros personeros que fueron execrados del chavismo que se mantiene en el poder. 

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