Tras 7 años en el exilio, el exdiputado y economista José Guerra, aseguró regresar a Venezuela para trabajar en un programa de reconstrucción nacional. En una entrevista concedida a la periodista Shirley Varnagy en el Circuito Onda, Guerra enfatizó que la inflación es el enemigo a combatir y advirtió por qué aunque la dolarización luce como la salida más expedita, podría no ser la más eficaz.
Aseguró que debido a la inflacón existe el riesgo de perder el crecimiento económico que ha tenido el país gracias a los ingresos petroleros. Justo este 1 de junio, la agencia Reuters difundió que las exportaciones de petróleo del país aumentaron a 1,25 millones de barriles diarios en mayo y que le crudo venezolano repunta en rutas internacionales tras los ajustes en las licencias generales emitidas por Estados Unidos a multinacionales como Chevron, Repsol y Eni.
José Guerra aseveró estar trabajando en un programa titulado “Venezuela, Programa de Reconstrucción Nacional”, un documento sobre reformas políticas y económicas que, a su juicio, deben materializarse en el país. El exdiputado expresó su deseo de que se celebren elecciones libres y competitivas en el país.
Por otro lado, manifestó que Venezuela afronta una crisis “monumental” en cuanto a servicios básicos. En su retorno al país, aseguró que en el sector en el que vive actualmente no cuenta con servicio de agua y lleva tres días bañándose con “tobitos”.
La dolarización es la vía más fácil, pero no la más eficaz
En cuanto a la posibilidad de dolarizar la economía venezolana, el economista expresó que se trata de una medida insuficiente aunque pueda frenar de forma casi inmediata el tema inflacionario, en un lapso de dos meses.
Sin embargo, advirtió que la economía petrolera está expuesta a choques que ameritan flexibilidad y la dolarización es de carácter rígido, pues una vez aplicada, no se puede salir de ella. Al caer los precios del petróleo, el país tendría una deflación que obligaría a bajar los salarios y las ganancias de las empresas.
Además, la Constitución establece como moneda nacional el bolívar, por lo que un cambio implica un referéndum: “La dolarización es la salida más fácil para resolver el problema, pero al ser la más fácil, no es la más eficaz. Aunque si dolarizan hoy tú en un mes tienes una inflación de 10%, 5%, que te baja luego al 1%”, insistió.
Añadió que al dolarizar el país se pierde el control sobre la política monetaria, pues pasaría a estar a cargo de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Informó que en al menos 180 países del mundo, solo cinco han dolarizado, y comparó las situaciones en naciones como Perú -en la que circula su propia moneda- y Ecuador -que está dolarizado: “Tienen la misma inflación pero Perú crece y Ecuador no, está comprimido, no tiene un instrumento de política monetaria. A ti se te presenta una crisis como la del covid-19 y tienes que obligatoriamente ajustar el tipo de cambio”.
Desde su perspectiva, y descartando la dolarización, Guerra propone pactar con el Fondo Monetario Internacional con el fin de captar divisas, “solicitar los 5000 millones de dólares que nos tiene, que son de Venezuela”, pedir otros 5000 millones de dólares adicionales por la línea rápida de financiamiento, reestructurar la deuda, fijar el tipo de cambio “al nivel que corresponda”, inyectar los dólares necesarios, quebrar las expectativas de devaluación y adoptar un programa que garantice disciplina en las finanzas públicas.
Para esto, es necesario también a su juicio una reforma a la Ley del Banco Central de Venezuela para que deje de financiar a Pdvsa.
Caracas es más cara que Washington DC
Guerra advirtió que aunque Venezuela ha presentado un crecimiento gracias a los ingresos petroleros, ese impulso se ve amenazado por la acechante inflación.
El economista explicó que la clave del consumo es que las personas tengan capacidad de compra y que solo con ingresos suficientes se puede dinamizar la economía.
Producto de la inflación que atraviesa el país, Guerra aseguró que si contara con 100 dólares pudiese comprar 50% más productos en Washington DC que en Caracas.
“Veo que en algunos productos Caracas es más cara que Washington DC”, aseguró. El mes de mayo, precisó, cerró con un aumento del 12% en el dólar, lo que posiciona la inflación del mes de abril cercana al 10%, una tasa “invivible” según el economista.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este martes, 2 de junio, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
Reforma del sistema penal: entre la resolución de la impunidad y la imposición de la justicia comunal
El lunes 1 de junio se formalizó el lanzamiento de la consulta nacional para la reforma del sistema de justicia penal, un proceso coordinado por el Ministerio Público —bajo la secretaría del fiscal general Larry Devoe— y Delcy Rodríguez, presidenta encargada bajo la tutela del gobierno de Estados Unidos.
El propósito de esta iniciativa, según promueven desde el gobierno, es elaborar un diagnóstico integral de las debilidades del sistema procesal actual y trazar una hoja de ruta para una transformación estructural del Poder Judicial, con un despliegue que involucra a sectores académicos, institucionales y comunales.
Mientras el sector académico enfatiza la necesidad de concentrar los esfuerzos en la idoneidad de los operadores de justicia y el respeto estricto a las leyes escritas vigentes, representantes comunales abogan por una transferencia de competencias hacia los territorios. Esta última postura propone reformar el marco legal para que las actas de conciliación vecinal tengan carácter vinculante ante fiscalías y tribunales.
“Confío en que este proceso fortalecerá las instituciones democráticas de Colombia e impulsará su crecimiento económico y su seguridad. Los venezolanos necesitamos una Colombia fuerte y unida para juntos desmontar las redes criminales y el comunismo que tanto dolor y miseria han traído a nuestra gente“, María Corina Machado, líder opositora, felicitando al ganador de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, Abelardo de la Espriella.
Lo que rompe en redes
La organización Mundo Sin Mordaza exigió este, lunes 1, de junio que se provea atención médica urgente para el preso político Rolando Guevara, quien se encuentra detenido en el Internado Judicial El Rodeo I y ha presentado un cuadro severo de mareos y vómitos según denunciaron sus familiares el fin de semana.
COMUNICADO OFICIAL 🚨
Un Mundo Sin Mordaza expresa su profunda preocupación ante el grave deterioro de salud de Rolando Guevara, preso político recluido en El Rodeo I, quien presentó un cuadro severo de mareos y vómitos que le impidió alimentarse. Denunciamos que las autoridades… pic.twitter.com/Go7xTKDqRf
La comunidad LGBTIQ+ le da la bienvenida al mes del orgullo, celebrado globalmente cada junio para conmemorar los históricos disturbios de Stonewall de 1969 en Nueva York. Durante el mes se rinde homenaje a quienes desafiaron la discriminación y allanaron el camino para los derechos de la comunidad. Más allá de las festividades, es una plataforma para alzar la voz por la igualdad, la visibilidad y el respeto.
Uno de los sueños de Simón Bolívar era crear una confederación entre los Estados recién independizados. Con ese fin, por estos días del año 1826 inició sus reuniones lo que llamó el Congreso Anfictiónico de Panamá. Solo participaron la Gran Colombia, Perú, la República Federal Centroamericana, México y Bolivia. Otros rechazaron la idea o no fueron convocados. Lamentablemente, un istmo puede unir, pero también separar. Los intereses de cada país hicieron fracasar un sueño difícilmente realizable.
La semana pasada, doscientos años después, el istmo de la República de Panamá fue escenario de un Congreso Anfictiónico de la oposición venezolana. No es un sueño, es una necesidad. Las circunstancias están dadas para que tenga un desenlace que facilite la unión para recuperar la democracia.
Opiniones contrarias a esta anfictionía
Algunos aseverarán que la diferencia en las encuestas a favor de María Corina es tan amplia que no hacen falta otros actores políticos. Otros alegan que ella se perjudica al reunirse y tomarse foto con dirigentes que perciben “quemados” por haber fracasado en lograr la salida del régimen, por señalamientos, ciertos o no, de haber incurrido en corrupción, por haberse opuesto a ella en determinados momentos o por haber coqueteado con el régimen.
Quizá, algunos de los señalamientos anteriores puedan ser ciertos, parcialmente ciertos o falsos, pero el punto a considerar es si ese evento favorece nuestra causa ante el mundo democrático al ofrecer una imagen de unidad en medio de la diversidad de ideologías o posiciones. Es importante que los países democráticos tengan la seguridad de que detrás de María Corina hay una estructura política, fuerte o débil, pero que aglutina a la oposición venezolana. En el ambiente político de los países desarrollados se tiene poca confianza en movimientos que dependen de una sola persona, ya que es una situación de riesgo.
¿Quiénes son los anfictiones?
La “pureza” de los asistentes varía de acuerdo a cada quien. Por lo general nos guiamos por razones un tanto alejadas de la razón, y con mucho peso hepático. Muchos olvidan que los integrantes de la Plataforma de Unidad Democrática (PUD) apoyaron la primaria, reconocieron la candidatura inicial de Corina Yoris y, posteriormente, la de Edmundo González, contribuyeron en el proceso de recolección de las actas de votación el 28 de julio 2024 y denunciaron el inmoral y descarado cambió de cifras. También, se olvidan de la trayectoria de algunos de los participantes a los que se descalifica sin razones de peso.
¿Qué se aprobó en la anfictionía?
Negociación política con el régimen, liderada por María Corina en articulación con la PUD y en consulta con organizaciones de la sociedad civil, con acompañamiento del gobierno de Estados Unidos. Previamente debe haber libertad de presos políticos, regreso de exiliados, desmantelamiento del aparato represor oficial y de grupos civiles armados, y nuevo Consejo Nacional Electoral. Paralelamente a estas negociaciones, se convocará a un Gran Acuerdo Nacional con participación de todos los sectores de la vida nacional para lograr la recuperación de la República.
La reunión anfictiónica de la oposición en el istmo de Panamá fue un paso importante para constituir un frente común, aunque sería deseable que en próximas reuniones firmen acuerdos sobre el programa del nuevo gobierno a largo plazo, manteniendo las líneas generales por unos tres períodos presidenciales, aunque cambie el primer magistrado. Esta reunión anfictiónica fue positiva y hay que destacar sus resultados.
Como (había) en botica
El presidente Trump y el secretario de Estado Rubio deben ponerse de acuerdo sobre las cifras de barriles de petróleo exportados e informar detalladamente sobre el destino de ese petróleo, el precio pagado y aclarar qué están haciendo con esos ingresos. Sería inaceptable que el gobierno estadounidense se quede con un porcentaje por gastos incurridos. Por otra parte, Humberto Calderón Berti y Evanán Romero han denunciado el otorgamiento de Contratos de Producción Compartida sin licitación, ni evaluación de credenciales a casi 30 empresas, varias de ellas de papel. El tutor no puede hacerse de la vista gorda.
Según el Foro Penal Venezolano, al 25 de mayo había 409 presos políticos, entre ellos 187 militares y 34 mujeres.
Continúan los atropellos y nombramientos inaceptables.
¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
eddiearamirez@hotmail.com
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
Emerge un documento convocado a hacer historia en América Latina, mediante el desempeño de sus propósitos en una “hora decisiva”, tal como lo señala su texto, apalancado sobre el “mandato ciudadano” –la elección del 28 de julio de 2024, en la que resultara electo presidente Edmundo González Urrutia. Este, mal puede obviarse por quienes están llamados, bajo el liderazgo modelador de María Corina Machado, a ser los artesanos de una “democracia plena” en Venezuela.
De buenas a primera evoca su adopción a la experiencia del Pacto de Puntofijo de 31 de octubre de 1958, que hizo posible la forja de una república civil de partidos. Lo emularon los españoles tras el conocimiento directo que tuvo del mismo don Manuel García Pelayo, autor del dictamen sobre el proyecto de Constitución aprobado en 1978 en España y quien, al vincularse con la Universidad Central de Venezuela al apenas caer la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, dirige a partir de 1959 el Instituto de Estudios Políticos y se le reconoce como el teórico del Estado de partidos. Pero equivalentes en su importancia, por lo pronto, el Manifiesto de Panamá sobreviene en un contexto interno e internacional diferente, si bien ambos coinciden en lo que este predica, a saber, “traducir la soberanía popular en una ruta concreta, ordenada y efectiva hacia la libertad”.
Si el Pacto de Puntofijo significó el compromiso para la “defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado electoral”, el de Panamá va más allá, por lo antes dicho. Busca crear la base política y social para la gobernabilidad democrática; lo que implica aquello que siempre faltó en el devenir nuestro a partir de 1830, es decir, la nación, ausente y preterida, cuya unidad –signada como estará por el reencuentro entre sus diásporas, la interna y la exterior, que han visto rotos sus lazos familiares y de afecto– “no es una consigna”, según lo precisa el manifiesto. “Es un compromiso, un modo de obrar, una responsabilidad y la herramienta más poderosa al servicio de la libertad”.
El pacto de 1958, más allá de proponer un “gobierno de unidad nacional”, subrayando que la unidad no debe confundirse con el “unanimismo impuesto por el despotismo”, pues lo saludable en toda democracia son “las naturales divergencias entre los partidos”, avanzó hacia un Programa Mínimo Común, con un claro propósito, “el afianzamiento de la democracia como sistema”, solo posible mediante la unidad nacional. En las demás cuestiones, cada partido o agrupación podía sostener sus diferencias, hacerlas objeto de discusión pública, pero “dentro de los límites de la tolerancia y el mutuo respeto a la que obligan los intereses superiores de la unidad popular y de la tregua política”.
El manifiesto de 2026, la construcción de un “Gran Acuerdo Nacional” para la recuperación de la república, a tenor de lo dicho con anterioridad, “pertenece al país entero”. Incluye a los partidos y movimientos democráticos, pero en igual orden cuentan los “gremios, sindicatos, iglesias, universidades, sectores productivos, organizaciones sociales, jóvenes, mujeres y venezolanos dentro y fuera de la patria”, a saber, la nación, que existe ahora y forja su dimensión republicana. Sin nación no habrá república, en pocas palabras.
Si Panamá, como sitio en el que se forja este compromiso histórico colectivo de los viejos dirigentes partidarios y otros sociales, que han sido opositores o aliados del chavismo a lo largo de los últimos 26 años que dura el régimen dictatorial y vive en prórroga agónica, aguas abajo de ese recorrido que ha sido traumático para todos, unos y otros aceptan que María Corina Machado tiene el “rol de conductora del proceso democrático del país”.
A diferencia de Puntofijo, ya que otros y muy distintos son los tiempos de Venezuela, que fuese el pacto entre los grandes conductores partidistas de la república civil, encabezados, según el orden indicado en el documento, por Jóvito Villalba, Rafael Caldera, y Rómulo Betancourt, el señalado liderazgo –el de Machado– trasvasa a lo político sin dejar de ser político. El mismo atiene a la vida cotidiana de los venezolanos bajo una misma república, pero que no se limita a la experiencia de lo ciudadano. De allí lo inédito del momento, ajeno cabalmente a los caudillismos que conociese el país durante casi dos centurias, civiles y también militares y más militares que civiles.
Nuestras huellas olvidadas
En nuestro primer documento histórico, la Proclamación de Coro suscrita el 2 de agosto de 1806 por don Francisco de Miranda, provee, para la recuperación de los derechos ciudadanos como americanos-colombianos, la reafirmación de la autoridad de los cabildos y ayuntamientos, a partir de los que se formaría un gobierno provisorio, con vistas a otro general y permanente, acordado por la nación; cuya identidad busca salvar y describe así el Precursor: ánimos generosos, modestia y carácter, virtudes morales y civiles, honesta índole nacional.
Seguidamente, en la Primera Proclama del Gobierno Independiente que suscriben en 1811 Cristobal Mendoza, como presidente de turno, Baltazar Padrón y Juan Escalona, el desafío de los venezolanos, según reza aquella, “sólo puede concebirse y ejecutarse por hombres animados de la libertad y dispuestos a sacrificarse por ella”. Residió este en la formación de un Estado independiente y soberano, “que tiene su gobierno, que dicta sus leyes, que establece sus magistrados y que no obedece sino los mandatos de las autoridades constituidas por él según la Constitución y reglas que se dan para su existencia política”. Su arquitectura se fundó justamente en el reconocimiento de la localidad, como primera expresión de la vida ciudadana.
El Acta de la Municipalidad de Caracas de 5 de mayo de 1826, desde el punto de vista político significaba, según sus analistas, el “reclamo de su soberanía originaria y “derecho de conservación”, luego de ver destituida por Colombia la autoridad del general José Antonio Páez, entendido como un ataque al derecho natural sobre el cual estaba fundamentada la cultura política y jurídica de los pueblos; razón por la cual otras municipalidades de la región decidieron organizarse a sí mismas y deliberar sobre su propio destino dentro de la república por medio de prácticas como el asambleísmo.
El Acta de Coche de 22 de mayo de 1826 que le puso término a la Guerra Federal –en la que se pierde el 30 % de la población, equivalente a la diáspora hacia afuera de actualidad– el acuerdo fue la vuelta a una asamblea, que designa el gobierno provisional de Juan Crisóstomo Falcón encargado “de presidir la República mientras ésta se organiza”, marcando el nacimiento solo formal de los Estados Unidos de Venezuela.
Mas, haciendo la historia corta, el Plan de Barranquilla que suscriben los exilados el 22 de marzo de 1931, entre estos Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Simón Betancourt, Valmore Rodríguez, insurge contra el capitalismo trasnacional, pide civiles para gobernar, protección de la clase productora local, revisión de las concesiones petroleras, confiscación de los bienes del gomecismo, un tribunal de salud pública, y garantías de libre expresión y asociación política.
Seguidamente, tras el 18 de octubre de 1945, el 22 de octubre la Junta Revolucionaria de Gobierno inhabilita como candidatos presidenciales a todos sus miembros y para “cuando en fecha próxima elija el pueblo venezolano su Primer Magistrado.”
Superadas las pasiones, archivada la saña cainita que inocularon en los venezolanos las guerras fratricidas, por la independencia y la federal, el Pacto de Puntofijo fue, al cabo, el producto de una larga maduración y de vivencias entre dictaduras y dictablandas.
En suma, de nuestros orígenes de localidad, de autoritarismos centralistas tamizados por el discurso federal, del logro de las elecciones universales y directas para la configuración de los gobiernos, del dominio partidista y operante como diafragma entre la sociedad civil y la sociedad política, desde Panamá, lo acordado por los líderes partidistas no significa otra cosa que el compromiso político de acompañar y avanzar a la par del pueblo, no delante de él, hasta alcanzar “el camino hacia una democracia plena”. Se trata de algo que desborda a lo electoral, y se transforma, valga el giro de Maritain, en forma de vida y estado del espíritu. Es el único camino para el rescate de eso que llama la teoría institución invisible, “la confianza inquebrantable que nos une en el pueblo venezolano”, como se lee en el Manifiesto reciente.
El 30 de octubre de 1945, el forjador del Plan de Barranquilla, Betancourt, celebra “haber reanudado sus relaciones diplomáticas” con el gobierno de Estados Unidos. Y ¡oh paradoja!, pues tal como esta vez, mientras el mundo ve trepidar sus capas tectónicas en búsqueda de un nuevo orden global, en medio de una guerra por partes en desarrollo, observaba el presidente de la Junta, sorprendido por ese reconocimiento, que “barrida de la superficie de la tierra esa negación del hombre y de sus posibilidades ilimitadas de dignificación que era el fascismo, se ha abierto para la humanidad una etapa de renacimiento”.
El istmo de Miranda
En esa estamos, con el Manifiesto de Panamá. De su significación providencial cabe destacar el sitio. Cuando el Precursor propuso a los británicos, en 1790, la emancipación de América bajo el nombre de Colombia visualizó al istmo de Panamá como el corazón de ese imperio en emergencia, un incanato. Convocado allí el Congreso Anfictiónico en 1826, se hizo patente el choque de dos visiones geopolíticas contrapuestas, la de las repúblicas confederadas para protegerse a sí mismas, y la del enfoque centrado en el libre comercio sostenido por los norteamericanos. Estas han vuelto por sus fueros y es la cuestión que ahora plantea el Manifiesto de 2026, la de alcanzar una armonización sin extremismos ni estridencias.
En Panamá, en fin, su presidente José Raúl Mulino, enemigo de las dobleces cuando se trata de la defensa de la libertad, acogió y protegió a los exjefes de Estado y de Gobierno integrantes del Grupo IDEA cuando se les impidió, por Nicolás Maduro, ahora encarcelado en USA, acudir como observadores a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2028, que este desconoció. El Banco Nacional de Panamá, enhorabuena y en consistencia con la crónica antes relatada, es hoy el custodio de la soberanía popular venezolana. Allí se conservan las actas auténticas, en original, de la elección lograda por María Corina Machado y que hizo presidente electo al embajador Edmundo González Urrutia. Y se lo decía Miranda al ministro británico William Pitt, Panamá es “la llave del continente”, es la ruta natural más corta entre el océano Atlántico y el océano Pacífico, vital para conectar el comercio mundial y asegurar la defensa de la América libre.
Organizaciones de la sociedad civil presentaron el movimiento Quiero Elegir, iniciativa que busca “impulsar una ruta electoral para la transición democrática en Venezuela”, así como promover “condiciones que permitan la realización de elecciones competitivas, verificables y con garantías para todos los actores políticos”.
Según un comunicado, este movimiento nace del “deseo generalizado” de los venezolanos de iniciar el proceso de transición hacia la democracia. “Nos une la convicción de que Venezuela puede reencontrarse con la democracia a través del ejercicio del voto como herramienta de cambio y expresión soberana”, señala el manifiesto.
Entre las organizaciones que respaldan la iniciativa se encuentran Transparencia Electoral, Cepaz, el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, REC, Laboratorio de Paz, Ideas por la Democracia y Voto Joven, además de medios y proyectos comunicacionales como La República TV y La TV Calle.
El documento se basa en 10 planteamientos:
Elegir es un derecho fundamental
“La recuperación plena de los derechos de participación pasa por ejercer el derecho a elegir”.
La reinstitucionalización democrática pasa por elecciones
“La restitución del orden democrático sólo puede materializarse mediante un proceso electoral auténtico, competitivo y verificable.
Exigencia de condiciones electorales reales y verificables.
“No es posible una elección legítima sin garantías”.
Promoción de una ruta política hacia elecciones de transición
“La salida democrática requiere acuerdos políticos que definan plazos, condiciones y mecanismos verificables para convocar elecciones que permitan reconstruir la institucionalidad”.
Promoción de procesos electorales auténticos como base de la solución democrática
“Las elecciones deben ser espacios reales de competencia, participación y confianza ciudadana”.
Defensa el voto como instrumento de lucha pacífica
“Frente a la confrontación y la imposición, reivindicamos la participación electoral como vía para canalizar el conflicto político dentro de un marco democrático”.
Reconocimiento del rol central de la ciudadanía
“El principal capital democrático reside en la ciudadanía organizada, consciente de sus derechos y comprometida con exigir condiciones para ejercerlos”.
Democracia, bienestar y derechos son inseparables.
“No habrá mejora económica sostenible sin cambio político real. La restitución democrática es condición para el desarrollo y la dignidad”.
Apuesta por una transición con base constitucional
“Incluso en contextos de ruptura institucional, la Constitución debe ser el marco de referencia que oriente la reconstrucción del Estado de Derecho”.
Acción colectiva para reconstruir la democracia.
“La transformación del país requiere articulación social, confianza ciudadana y compromiso sostenido con una salida electoral”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Observatorio Venezolano de prisiones (OVP) denunció que falleció otro recluso en custodia del Estado. Se trata de Leonardo José Figueroa, de 46 años, muerte ocurrida el 28 de mayo en el Internado Judicial de Monagas (La Pica).
Con la muerte de Figueroa, ya son 19 los reclusos que han muerto bajo custodia del Estado entre abril y lo que va de mayo de 2026, según registros del OVP.
“A mi hijo lo dejaron morir como a un animal, allí encerrado”, denunció la madre de Figueroa, quien estaba recluido en la cárcel de El Dorado, en el estado Bolívar, cuando fue sacado de emergencia a Maturín, donde fue atendido, operado y diagnosticado con cáncer.
"A mi hijo lo dejaron morir como a un animal, allí encerrado". Con estas palabras, la madre de Leonardo José Figueroa, denuncia la negligencia y la falta de humanidad que terminaron con la vida del hombre de 46 años, quien murió el #28May en el Internado Judicial de Monagas, La… pic.twitter.com/KyGkyAFD0U
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) May 31, 2026
El OVP señaló que a pesar de la gravedad de su condición y de la prescripción médica que indicaba la necesidad urgente de quimioterapias, el tratamiento nunca se materializó.
La madre de Figueroa denunció que durante el tiempo que estuvo en prisión nunca le permitieron que fuese evaluado por un oncólogo, no ajustaron la dieta que debía llevar por su condición y solo semanalmente le permitían el ingreso de paquetería y medicinas para apaciguar el dolor constante que padecía.
“Yo quiero que a mi hijo se le haga justicia, porque no se puede quedar ese caso así, impune. Porque prácticamente ella (la juez) no me lo condenó a 10 años, ella me lo condenó a muerte ahí”, expresó la madre.
El OVP aseguró que este caso está siendo debidamente documentado y se notificará antes instancias internacionales.
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El lunes 1 de junio se formalizó el lanzamiento de la consulta nacional para la reforma del sistema de justicia penal, un proceso coordinado por el Ministerio Público —bajo la secretaría del fiscal general Larry Devoe— y Delcy Rodríguez, presidenta encargada bajo la tutela del gobierno de Estados Unidos.
El propósito de esta iniciativa, según promueven desde el gobierno, es elaborar un diagnóstico integral de las debilidades del sistema procesal actual y trazar una hoja de ruta para una transformación estructural del Poder Judicial, con un despliegue que involucra a sectores académicos, institucionales y comunales.
Mientras el sector académico enfatiza la necesidad de concentrar los esfuerzos en la idoneidad de los operadores de justicia y el respeto estricto a las leyes escritas vigentes, representantes comunales abogan por una transferencia de competencias hacia los territorios. Esta última postura propone reformar el marco legal para que las actas de conciliación vecinal tengan carácter vinculante ante fiscalías y tribunales.
Nueve ejes de discusión
El fiscal general, Larry Devoe, señaló que el proceso no se limitará a una revisión teórica, sino que buscará establecer una evaluación profunda y con carácter autocrítico de las instituciones. “Venimos a este proceso a revisar cada uno de los procesos y prácticas que estamos desarrollando para alcanzar ese objetivo de una justicia justa”, expresó.
Devoe detalló que la metodología contempla un despliegue nacional para “escuchar a todos los sectores involucrados en el funcionamiento diario del sector penal”, sumando además el soporte técnico de las universidades.
“Vamos a sumar a la academia para realizar un conjunto de estudios especializados sobre diferentes áreas del sistema de justicia que permitan recabar datos y hacer recomendaciones para el desarrollo de políticas y correctivos en esta materia”, dijo, añadiendo que el debate se canalizará a través de nueve áreas de discusión:
La política criminal en la Venezuela del siglo XXI
Acceso a la justicia y participación ciudadana en el sistema de justicia penal
Coordinación, articulación e integración del sistema de justicia
Ética, autonomía e independencia
Garantías del debido proceso y celeridad procesal
Eficiencia y calidad en la organización y funcionamiento del sistema de justicia penal
Talento humano del sistema de justicia penal
Infraestructura, equipamiento y dotación del sistema de justicia penal
Herramientas tecnológicas para el acceso a la justicia
El enfoque técnico de la academia
Desde la perspectiva académica, José Bonvicini, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María, desestimó la necesidad de una reescritura total de las leyes, apuntando en su lugar a la idoneidad y ética de los funcionarios como el reto principal.
“Tenemos 27 años con un Código Orgánico Procesal Penal, tenemos una Constitución de avanzada y debemos decir que si hay que hacer algunos cambios a las leyes, son cosas muy particulares. El tema que tenemos por delante es el operador de justicia”, argumentó Bonvicini.
El decano enfatizó que la exigencia de la ciudadanía se centra en la resolución de la impunidad en el ámbito penal, instando a las instituciones a traducir las discusiones teóricas en acciones concretas dentro de las aulas y los tribunales.
“El venezolano de a pie clama justicia. La impunidad es una situación particular donde los delitos violentos deben ser atacados sin ningún tipo de situación que podamos dejar a un lado. Humanizar al sistema es parte del deber que tenemos cada uno de nosotros (…) Es importante que esto no quede en un decir, sino en un hacer”.
#EnVideo📹| Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María (USM), Dr. José Bonvicini, destacó la gestión que se lleva a cabo en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Añadió que es importante velar por la autonomía, independencia y responsabilidad en el… pic.twitter.com/IGde5Es7eS
Juan Díaz, responsable de la Sala de Autogobierno de la comuna Gran Campo Rico (municipio Sucre, estado Miranda), centró su intervención en la necesidad de dotar de herramientas legales vinculantes a las formas de organización popular que operan bajo la Ley Orgánica de Justicia y Paz desde 2024.
“La justicia de paz no viene a suplir a la justicia tradicional, simplemente viene a esa resolución de conflictos dentro de nuestros territorios, situaciones sencillas que se pueden resolver a través de estos mecanismos”, puntualizó Díaz.
Para evitar que los conflictos menores escalen a delitos graves y reducir la carga burocrática de los tribunales ordinarios, Díaz presentó las siguientes propuestas específicas en representación de su sector:
Vinculatoriedad jurídica: Conseguir que las decisiones y acuerdos resultantes de la resolución de conflictos en las comunidades sean de obligatorio cumplimiento para el sistema de justicia tradicional (tribunales, defensorías y fiscalías).
Integración estructural: Incorporar formalmente el Consejo de Justicia y Paz dentro de la estructura de las comunas, otorgando facultades legales explícitas a los voceros para hacer cumplir las normas de convivencia vecinal.
Foco del sistema: Orientar la reforma hacia un esquema que erradique de manera prioritaria el retardo procesal, la corrupción y evite la criminalización de la pobreza.
#EnVideo📹| Responsable de la Sala de Autogobierno de la comuna Gran Campo Rico en el municipio Sucre, estado Miranda, Juan Díaz, destacó la participación de los Jueces de Paz y los Cuadrantes de Paz en la administración de justicia en las comunidades.
Por su parte, Tahis Rojas, jueza de paz de la comuna Alianza Bolivariana (parroquia Leoncio Martínez, municipio Sucre), expuso la problemática desde la práctica operativa, al denunciar un “divorcio institucional” donde el colapso de los tribunales tradicionales coexiste con la subutilización de los mecanismos de conciliación vecinal.
“Mientras los tribunales tradicionales se ahogan en expedientes, las capacidades de mediación y conciliación que tenemos instaladas en los territorios no están siendo aprovechadas por las estructuras del orden penal”, afirmó Rojas.
Rojas planteó una reforma con un enfoque de justicia restaurativa basado en dos acciones concretas:
Reforma del COPP para remisión de casos: Modificar el Código Orgánico Procesal Penal para facultar expresamente a los fiscales del Ministerio Público y a los jueces de control a desviar y remitir a la jurisdicción de paz comunal “aquellos delitos de menor cuantía, menos graves o cuyas penas principales no excedan los ocho años”, siempre y cuando no atenten contra la vida o la integridad física de las personas.
Articulación policial temprana: Vincular directamente a los jueces de paz con los órganos de investigación penal en el territorio, permitiendo que las denuncias menores que saturan las delegaciones policiales activen de inmediato una “audiencia inicial comunitaria” para detener la escalada delictiva mediante actas de compromiso vecinal antes de llegar a los tribunales.
#EnVideo📹| Jueza de Paz de la comuna Alianza Bolivariana de la parroquia Sucre, estado Miranda, Tahis Rojas, propuso encaminar el país hacia un sistema de justicia restaurativo, ágil, humano y con fuerte arraigo territorial. pic.twitter.com/DV19dhLIiC
El cierre de la jornada estuvo a cargo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien se pronunció a favor de las propuestas de descentralización bajo el argumento de que la resolución de conflictos comunitarios evita el escalamiento hacia delitos de mayor gravedad. Asimismo, reconoció que el sistema actual presenta deficiencias estructurales que aún no responden a las necesidades de la ciudadanía.
“Hemos avanzado, pero no suficiente. No es lo que merece el pueblo venezolano, y no es la justicia que necesita Venezuela”, declaró Rodríguez durante su intervención.
Como respuesta a las denuncias sobre irregularidades en los procesos judiciales y policiales, se anunció la creación de un canal técnico de denuncias para fiscalizar el desempeño de los funcionarios del Estado a través de la línea 0800-EXTORSIÓN.
#EnVideo📹| Presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que se está dando un paso estratégico hacia la construcción de una nueva Venezuela con acceso a la justicia, a fin de asegurar los derechos humanos a través de las garantías del Estado y… pic.twitter.com/7x5MVCgjrY
#EnVideo📹| Presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó los esfuerzos realizados para construir un sistema judicial justo en el país, reconociendo que aún no es suficiente: "No es lo que merece el pueblo venezolano".
#EnVideo📹| Presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la línea telefónica 0-800 EXTORSIÓN con el objetivo de poner punto y fin a las prácticas delictivas que algunos policías, jueces y fiscales cometen contra el pueblo venezolano, añadió… pic.twitter.com/klwXvh02KQ
#EnVideo📹| "Debemos tener un sistema de justicia a la altura del momento histórico que se juega Venezuela, a la altura de la necesidad moral y ética que necesita esta República", puntualizó la presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (ONTV) y la ONG Prepara Familia denunciaron que se cumplen nueve años de la suspensión del programa de trasplantes de donante cadáver en Venezuela.
“Lo que empezó como una pausa temporal hoy cumple 9 años desde que el Sistema de Procura de Órganos y Tejidos (SPOT) fue suspendido en Venezuela. Nueve años en los que la palabra temporal perdió todo su sentido, transformándose en una espera eterna que apaga las esperanzas”, escribió la ONTV en su cuenta de X.
De acuerdo a la ONTV, existen 7000 personas que reciben diálisis en Venezuela y de ellos 40% tienen un perfil médico óptimo para ser candidato a trasplante.
“Queremos que este tema se retome en todas las discusiones que están dándose sobre la reinstitucionalización del país. Antes del trasplante, estamos hablando de recuperación, fortalecimiento e inversión en el sistema de salud, que está fraccionado y en malas condiciones. Para poder reactivar los trasplantes, los servicios deben estar funcionando de manera estructural”, expresó Katherine Martínez, directora de Prepara Familia, a través de un comunicado de prensa.
Entre las exigencias de Prepara Familia están mejorar las unidades de diálisis, priorizar la salud de los niños, niñas y adolescentes (NNA) e incluir la reactivación de los trasplantes en las discusiones políticas actuales.
De acuerdo a Prepara Familia, la modalidad de trasplantes de mayor frecuencia, de donante cadáver, sigue paralizada en Venezuela desde 2017, año en el que la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (Fundavene), adscrita al Ministerio de Salud, suspendió el (SPOT).
Prepara Familia indicó que en la actualidad solo se hacen trasplantes de donante vivo y la operación está disponible de manera limitada para adultos, mientras que la población pediátrica se deteriora debido a los largos tiempos de espera.
“El desafío que tenemos como sociedad es enfrentar el sistema de salud que tenemos y ver de qué manera, con el auxilio de tanta gente, como médicos, organizaciones y servicios, podemos trabajar en conjunto y lograr reactivar los trasplantes. En el caso pediátrico, como ya se ha propuesto, se puede consolidar la unidad piloto en el hospital de J.M. de los Ríos en Caracas, mejorarlo y que cumpla con los estándares internacionales establecidos por la Organización Mundial de la Salud”, indicó Martínez en la misiva de la ONG.
La organización indicó que algunos niños, niñas y adolescentes (NNA) han fallecido sin haber tenido acceso a un trasplante.
“El daño es irreparable, el resultado de todo esto es la muerte. Estos niños y adultos que están con una patología ya han vivido bastantes deficiencias este tiempo y merecen tener una nueva oportunidad de vivir con calidad de vida. Que el tiempo que permanezcan acá lo hagan de la mejor forma, y no con tantas deficiencias”, dijo Judith Bront, integrante de Prepara Familia, quien fue madre cuidadora.
Primero mejorar los servicios
Para Martínez, antes de reactivar los trasplantes en Venezuela es necesario garantizar servicios públicos óptimos, como electricidad, agua, ascensores activos, laboratorios y equipos funcionales, además de todos los servicios hospitalarios que permiten la atención integral del paciente.
“Podemos dar pasos para la reactivación del sistema de trasplantes. Mientras tanto, debemos ver de qué manera fortalecemos las unidades de diálisis, que las máquinas funcionen, que tengamos un personal de enfermería especializado y que podamos tener un grupo de médicos bien pagados para que se queden y no se vayan, especialmente en Nefrología”, expuso Martínez.
Martínez recalcó que en el caso del Hospital J.M. de los Ríos igualmente deben abrir los servicios de Cardiología o Neurología.
La directora de Prepara Familia recordó que además de riñón, en Venezuela también están suspendidos los trasplantes de médula ósea para NNA y solo están disponibles para adultos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
