Se avizoran tiempos electorales en estos lares ante la justificada exigencia de la sociedad civil de reinstitucionalizar el país, surgida como resultado de la debacle del régimen chavista gobernante durante 27 años, cuyo efecto lo resiente cada milímetro del tejido social nacional que insiste en la aspiración a una vida decente en la tierra que los vio nacer.
Al momento de hacer el balance del desastre general, diferentes análisis se entrecruzan: los voceros partidistas destacan el estado deplorable de las instituciones políticas y la pérdida de autonomía de los poderes públicos; los economistas hablan de los fríos números de la caída en barrena del 75 % del PIB; los sociólogos registran los números alarmantes de la pobreza general de un país extendida al 80 % de la población.
Paralelamente, detrás de todos estos análisis, pocos han reconocido la importancia merecida de los movimientos sociales surgidos para impedir este apocalipsis vivido en nuestro país, ni los sacrificios de millones de seres humanos enfrentando a un régimen sin valores ni talante democrático, que no vaciló en aplastarlos y reducirlos a la mínima condición humana.
El rostro humano de la catástrofe
Cuando hablamos de la catástrofe nacional nos referimos, en primer lugar, a los sectores laborales del país: a los más de 5 millones de pensionados y jubilados, a los centenares de miles de empleados públicos de la salud, la educación, el transporte y las universidades autónomas; en fin, a toda una población activa y pasiva de un país que sufrió las consecuencias de la ofensiva de un proyecto político devastador.
En esta oportunidad me referiré a los trabajadores de PDVSA participantes en el paro cívico nacional de 2002-2003 y a los trabajadores públicos despedidos en 2004 a raíz del referéndum revocatorio (RR). A ambos se les condenó a un apartheid a través de la lista de Tascón que, al calificarlos como «enemigos escuálidos», los excluyó del acceso al empleo y a los servicios públicos.
«Ni un paso atrás»: el paro petrolero de 2002-2003
En el caso de los trabajadores de PDVSA mencionados, fueron considerados al principio como héroes por haberse atrevido a conducir una huelga general contra un Estado todopoderoso, en plazas públicas y manifestaciones en el occidente, el oriente y el centro del país, bajo la consigna de «Ni un paso atrás», que significaba la postura de continuar hasta la caída del autoritario gobierno.
Lo particular de este conflicto fue estar dirigido por sectores gerenciales y apoyado por las federaciones Fedepetrol y Fetrahidrocarburos, así como por sindicatos de la base trabajadora, quienes no vacilaron en apoyar masivamente el conflicto hasta el final, en febrero de 2003. El atrevimiento derivó en el despido de aproximadamente 23 000 trabajadores de PDVSA y contratistas sin pago de prestaciones sociales, conjuntamente con el robo de lo acumulado en cajas de ahorro y fideicomisos laborales.
La OIT reconoció lo que el régimen negó
La legitimidad del conflicto fue reconocida por la OIT a través de uno de sus organismos: el Comité de Libertad Sindical reconoció la validez de la decisión de los trabajadores al calificarla, en 2005, como una huelga laboral en defensa del trabajo y de la meritocracia, y recomendó el reenganche y el pago inmediato de sus derechos laborales. Esta calificación internacional fue desacreditada por la administración del régimen, que a 23 años del desenlace de la huelga no ha reconocido ni un solo céntimo de una deuda multimillonaria en dólares para con estos trabajadores, hoy dispersos por todo el mundo.
El método nazi de la lista de Tascón
En el caso de los empleados públicos, la brutal ofensiva contra los petroleros se extendió a aproximadamente 10 000 trabajadores identificados como «escuálidos opositores» en el contexto del RR de agosto de 2004. Se los enumeró con el método nazi de asignarles una marca —«escuálido», «indiferente» o «prorrégimen»— en listados que cada ministerio e instituto autónomo debía presentar al Ejecutivo para proceder al despido sin pago de prestaciones sociales.
Las directrices gubernamentales desataron la barbarie de ejecutar miles de despidos en todo el sector público, lo que llevó a los sindicatos afiliados a Fedeunep a presentar las quejas respectivas ante la OIT y a registrar toda esta brutal ofensiva.
Una deuda constitucional que el nuevo Estado debe saldar
Hoy, en la perspectiva del fin de un régimen y el restablecimiento del Estado de derecho, la nueva administración que surja de elecciones debe reconocer plenamente los derechos de ambos sectores, por constituir una deuda que proviene de derechos consagrados en la propia Constitución y en las leyes laborales.
Presentar paliativos como excusas originadas en las arcas vacías dejadas por el autoritarismo chavomadurista no es la respuesta que merecen estos trabajadores: en primer lugar, los de PDVSA y contratistas participantes en el paro cívico de 2002-2003; y, en segundo lugar, los empleados públicos despedidos en 2004, como prueba del capítulo más bochornoso de la historia de las relaciones laborales, no solo en nuestro país sino en América Latina.
La respuesta de un nuevo Estado debe asumir el compromiso de comenzar por reconocer el esfuerzo y la valentía de miles de familias que con sangre, sudor y lágrimas no escatimaron su sacrificio para salvar el país y lograr el rescate de la Venezuela democrática a la que aspiramos hoy.
Cuando pienso hoy en Roosevelt no recuerdo solamente al presidente, al guerrero o al reformista. Recuerdo al hombre que convirtió su fragilidad en fuerza y su vida en una batalla permanente contra la mediocridad, el miedo y la resignación.
Antes de Theodore Roosevelt, la presidencia estadounidense era un despacho. Después de Roosevelt, la Casa Blanca se convirtió en el centro del poder mundial.
Nunca olvidaré aquella madrugada del 14 de septiembre de 1901
La noticia llegó como un disparo que atravesó la montaña. Theodore Roosevelt se encontraba en North Creek, descendiendo apresuradamente desde Adirondack después de haber recibido informes contradictorios sobre la salud del presidente William McKinley. Horas antes, todos pensaban que sobreviviría al atentado en la Pan-American Exposition de Buffalo. Pero el anarquista Leon Czolgosz había cambiado el destino de América.
Theodore Roosevelt, con solo 42 años, asumiría lo que el destino había reservado a él y a su nación: ser presidente de EE. UU. y convertirlo en la primera potencia del mundo. Un legado que aún vive.
La gran tragedia, las grandes batallas, el bronco salvaje
Recuerdo perfectamente el silencio de Roosevelt cuando leyó el telegrama confirmando la muerte de McKinley. No habló durante varios minutos. Miró hacia los bosques oscuros, respiró profundamente y finalmente dijo: “Una gran tragedia ha caído sobre la nación”.
Viajamos toda la noche hacia Buffalo. Theodore comprendía que el país no solo había perdido un presidente; había entrado en una nueva era. Cuando juró como el presidente 26 de los EE. UU., en la casa de Ansley Wilcox con apenas 42 años, se convirtió en el presidente más joven de la historia americana. Muchos republicanos conservadores estaban aterrados.
Lo recuerdo entrando al salón con una mezcla extraña de solemnidad y energía contenida. No parecía un hombre que hubiese alcanzado el poder. Parecía un hombre preparándose para una batalla. Y en efecto lo era.
Los viejos dirigentes republicanos, encabezados por el senador Mark Hanna, desconfiaban profundamente de Roosevelt. Lo consideraban impulsivo, impredecible, demasiado independiente. Temían que destruyera la alianza entre Wall Street, las corporaciones y el Partido Republicano que había dominado la política estadounidense desde la Guerra Civil.
Uno de sus detractores me confesó una noche en Washington: “Ese hombre [Roosevelt] es un bronco salvaje. No podremos controlarlo”. Tenían razón. Desde el primer día Roosevelt entendió algo fundamental: la presidencia no debía ser un cargo administrativo, sino un instrumento activo de transformación nacional.
La Casa Blanca cambió inmediatamente. Hasta entonces era una residencia ceremonial y distante. Theodore la convirtió en un hervidero político. Periodistas entrando y saliendo, asesores discutiendo estrategias, diplomáticos extranjeros aguardando reuniones improvisadas, oficiales militares consultando mapas del Caribe y el Pacífico.
Roosevelt vivía la presidencia como un soldado vive una campaña militar. Dormía poco. Leía compulsivamente. Dictaba cartas a velocidad frenética. Cabalgaba en las mañanas, boxeaba dentro de la Casa Blanca y caminaba como un huracán por los pasillos.
Recuerdo que una tarde, mientras observábamos desde una ventana del ala oeste [West Wind] me dijo: “No hay nada más solitario que la presidencia. Pero tampoco existe mayor oportunidad para hacer historia”. Y Theodore quería hacer historia todos los días.
Muy pronto inició su guerra contra los monopolios. EE. UU. vivía dominado por gigantes corporativos: ferrocarriles, bancos, compañías petroleras y conglomerados industriales acumulaban riquezas inmensas mientras millones de trabajadores sobrevivían en condiciones miserables.
Roosevelt decía constantemente: “No estoy en contra la riqueza. Estoy contra la riqueza depredadora”. Fue entonces cuando comenzó la ofensiva contra los grandes trusts. Con la Ley Sherman Antitrust enfrentó a poderosos intereses económicos, que ningún presidente anterior se había atrevido. Recuerdo particularmente su choque con J. P. Morgan y la Northern Securities Company, el gigantesco monopolio ferroviario.
Muchos empresarios creían que Roosevelt simplemente estaba actuando para ganar popularidad. No entendían que él concebía la regulación como una cuestión moral y patriótica. “El gobierno no pertenece a Wall Street, pertenece al pueblo estadounidense”.
La guerra política en Washington. El Square Deal
Los periódicos conservadores comenzaron a llamarlo socialista. Los magnates financieros lo acusaban de destruir la prosperidad nacional. Pero las clases medias y los trabajadores lo adoraban. Theodore había descubierto una nueva fuente de poder: la opinión pública.
Fue probablemente el primer presidente moderno en comprender el valor estratégico de los medios de comunicación. Invitaba a periodistas constantemente a la Casa Blanca, ofrecía entrevistas improvisadas y utilizaba la prensa para presionar al Congreso. Recuerdo verlo caminar sonriendo entre reporteros mientras decía: “No puedo gobernar sin el pueblo”. Y el pueblo lo escuchaba.
Durante la gran huelga del carbón de 1902 observé quizás uno de los momentos más decisivos de su presidencia. El país estaba al borde de una crisis energética. Los propietarios de minas se negaban a negociar con los trabajadores, y millones de estadounidenses corrían el riesgo de quedarse sin calefacción durante el invierno.
Roosevelt tomó una decisión sin precedentes: intervino como mediador entre empresarios y obreros. Hasta entonces los presidentes solían alinearse automáticamente con las grandes compañías. Theodore rompió esa tradición. Recuerdo la furia de varios industriales cuando Roosevelt insinuó utilizar tropas federales para garantizar la producción de carbón. Pero él insistía: “Un Square deal [trato justo] para cada hombre”.
Aquella frase —Square deal— se convirtió en el símbolo de su presidencia. No era socialismo. No era populismo. Era algo distinto: un nacionalismo progresista donde el Estado actuaba como árbitro entre el capital y la sociedad. La Casa Blanca también se convirtió en escenario de sensibles disputas raciales.
Nunca olvidaré la cena que Theodore ofreció a Booker T. Washington en 1901. Fue la primera vez que un líder afroamericano era invitado oficialmente a cenar con un presidente en la Casa Blanca. El sur segregacionista explotó de indignación. Gobernadores, senadores y periódicos sureños reaccionaron como si Roosevelt hubiese destruido el orden racial estadounidense.
Theodore sabía perfectamente el costo político de aquel gesto, pero aun así lo hizo. Más tarde me confesó: “No podía tratar como inferior a un hombre al que respeto intelectualmente”. Pero Roosevelt era también un hombre lleno de las contradicciones propias de su tiempo. Admiraba el coraje de los soldados negros que combatieron junto a él en Cuba y al mismo tiempo aceptaba muchas de las estructuras raciales predominantes en la sociedad estadounidense. Era progresista y conservador a la vez.
Así era Theodore: una mezcla compleja de modernidad y tradición.
Sin embargo —hemos comentado— su pasión casi espiritual era la naturaleza. Su fascinación por la vida silvestre era trepidante y podría decir que su interpretación del poder era tan majestuosa y vital como su pasión y respeto por la cultura verde y originaria. Era un león enjaulado en la Casa Blanca, que rugía cuando le embestía y salivaba sed de justicia.
Entre árboles gigantes y océanos te vea…
Nunca vi a Roosevelt tan feliz como durante nuestras excursiones por Yosemite, Yellowstone o los grandes bosques del Oeste. Miraba los árboles gigantescos como si fueran monumentos sagrados. “La nación se destruye cuando destruye su tierra”, repetía. Una frase muy potente e inmensamente atinada, porque cada nación, cada ciudadano es su tierra y la tierra es solo tiempo y espacio silencioso, sin su corazón que son sus lugareños. Si un nativo atenta contra su hábitat, atenta contra su vida.
Muchos empresarios madereros lo odiaban por ello. No comprendían esas simbiosis entre hombre, naturaleza y ambiente. Roosevelt creó reservas forestales, refugios de vida silvestre, monumentos nacionales y parques protegidos a una escala jamás vista en la historia moderna. Utilizó órdenes ejecutivas agresivamente, desafiando al Congreso y a los intereses privados.
Una noche, revisando mapas forestales junto a Gifford Pinchot [conservador, padre de la gestión científica de los bosques de EE. UU.] me dijo: “Dentro de cien años nadie recordará nuestras discusiones políticas. Pero sí recordarán si salvamos estas montañas”. Y las salvó.
Protegió cerca de 230 millones de acres de territorio estadounidense [900 000 Km² aproximadamente] es decir, casi el equivalente a Venezuela, el doble de Francia o España [500 000 Km²], o casi el triple que Japón o Alemania [370 000 km²]. Y de proteger extensos territorios también visualizó el dominio de los océanos.
Un día amaneció viendo obsesivamente el istmo de Panamá en un mapa. Buenos días presidente. ¿Qué le preocupa? Reconocía perfectamente aquella mirada. Ojos que hablan, retina que late cuando se le metía algo en la cabeza (y en el corazón). “Quien controle ese canal controlará dos océanos”, decía.
Esa era la dimensión real de un pensamiento perdurable y trascendente en su tiempo. Ese es el gran legado para EE. UU. y el planeta. Y entre árboles gigantescos y océanos infinitos, el bronco —salvaje, justo e indómito— hizo otra América.
De suave hablar, con el mazo dando… Panamá
Theodore no solo pensaba en América. Pensaba en el mundo. Su política exterior transformó radicalmente el papel internacional de EE. UU. Recuerdo perfectamente la frase que más repetía: “Habla suavemente y lleva un gran garrote”. Aquella doctrina del Big Stick definió toda una época.
Roosevelt estaba convencido de que el poder sin fuerza era inútil y que la diplomacia solo funcionaba cuando detrás existía capacidad militar real. Veía el mundo como un escenario de competencia permanente entre grandes potencias. Admiraba al Imperio británico, desconfiaba profundamente de Alemania y Rusia, y consideraba que EE. UU. debía convertirse inevitablemente en árbitro del hemisferio occidental.
Roosevelt impulsó decisivamente la independencia de Panamá frente a Colombia y garantizó militarmente el nacimiento del nuevo Estado panameño. Sus críticos lo acusaron de imperialista. Sus defensores lo consideraron un estratega visionario. Probablemente ambas cosas eran ciertas.
Cuando visitamos las obras del canal, en 1906, Theodore parecía un ingeniero más. Caminaba entre excavadoras, conversaba con obreros cubiertos de barro y examinaba personalmente los avances. Fue el primer presidente estadounidense que abandonó oficialmente el territorio continental durante su mandato. Y disfrutaba cada minuto.
La crisis venezolana de 1902 lo marcó profundamente
Alemanes, británicos e italianos habían bloqueado puertos venezolanos exigiendo pagos de deuda. Roosevelt temía especialmente que Alemania utilizara el conflicto para establecer presencia militar permanente en el Caribe. Movilizó la marina estadounidense y promovió arbitrajes internacionales para evitar una escalada mayor. Theodore comprendía que el Caribe era el cinturón defensivo de EE. UU.
También proyectó poder hacia Asia. Mantuvo relaciones complejas con Japón, admirando su modernización militar, pero desconfiando de sus ambiciones imperiales. Mediando el fin de la guerra ruso-japonesa logró convertirse en el primer estadounidense en ganar el Premio Nobel de la Paz.
Paradójicamente, el hombre del “gran garrote” recibía el máximo reconocimiento diplomático del mundo.
Cuando recibió la noticia sonrió y dijo: “Preferiría haber ganado otra batalla en San Juan Hill”. Así era Roosevelt, un irreverente empedernido. Un potro salvaje de fusta en mano, pero verbo suave. Guerrero, intelectual, reformista, imperialista, conservacionista, nacionalista y soñador al mismo tiempo.
Recuerdo una conversación nocturna en la Casa Blanca mientras observábamos el Potomac. Theodore parecía cansado por primera vez. Me dijo lentamente: “El gran problema de las democracias modernas será siempre el mismo: cómo impedir que unos pocos hombres ricos gobiernen sobre millones”.
Después de su presidencia. El alce macho (bull moose)
Cuando abandonó la presidencia, en 1909, Roosevelt no se retiró realmente del poder ni de la historia. África lo recibió entre safaris, expediciones científicas y peligros que parecían alimentar nuevamente su espíritu aventurero. Más tarde regresó a la política para disputar otra batalla imposible: desafiar a su propio partido y construir el movimiento progresista: Bull Moose.
Incluso después de recibir un disparo durante la campaña de 14/10/1912, insistió en continuar hablando ante la multitud antes de recibir atención médica. “Se necesita más que una bala para matar un Bull Moose”, dijo aquella noche con el pecho ensangrentado y la voz intacta. No quiso asistencia médica y siguió camino a dar su discurso a Milwaukee Auditorium*:
“Señoras y señores. No sé si comprenden que acabo de recibir un disparo”. A pesar de tener una bala alojada en el pecho habló durante 84 minutos. Aquel hombre estuvo muy cerca de morir, pero como cazador sabía que resistiría porque no tosía con sangre, respiraba con relativa normalidad y un grueso estuche de gafas habría impedido que la bala atravesara a profundidad.
Pero el tiempo finalmente alcanzó al hombre, al bronco, al alce, que parecía indestructible. La muerte de su hijo Quentin durante la I Guerra Mundial quebró algo profundo dentro de Theodore. Nunca volvió a ser el mismo. Su energía feroz comenzó lentamente a apagarse.
La madrugada del 6 de enero de 1919, Theodore Roosevelt murió a los 60 años, mientras dormía en Oyster Bay, Nueva York. Muere por una embolia pulmonar. Secuelas de múltiples accidentes de caza, infecciones recurrentes, asma severa durante su infancia, pero, además, el dolor profundo en el alma por las pérdidas de su padre, madre, esposa e hijo.
Cuando la noticia llegó al mundo, un viejo político republicano pronunció una frase que jamás olvidé: “La muerte tuvo que llevárselo dormido, porque si Theodore hubiese estado despierto, habría peleado”.
Cuando pienso hoy en Roosevelt no recuerdo solamente al presidente, al guerrero o al reformista. Recuerdo al hombre que convirtió su fragilidad en fuerza y su vida en una batalla permanente contra la mediocridad, el miedo y la resignación.
Fue tormenta y brújula. Pólvora y pensamiento. Fue la voz impaciente de una nación joven que descubre su destino. Y así partió Theodore Roosevelt, no en el fragor de una batalla ni bajo los reflectores de la tribuna que tantas veces conquistó con su voz, sino en el silencio sereno de la madrugada… La muerte encontró descanso donde la vida había encontrado propósito.
Roosevelt enseñó que el coraje no es ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él; que la adversidad no es una excusa para la resignación, sino una invitación a la superación y que la grandeza de una nación comienza por el carácter de sus ciudadanos.
Más de un siglo después, Theodore Roosevelt sigue recordándonos que la vida debe vivirse con vigor y honor. Como las montañas que admiraba y los bosques que ayudó a preservar, su legado se levanta al paso del tiempo: un monumento no de piedra ni de bronce, sino de voluntad, servicio y carácter. Es donde los hombres hacen historia. Cuando el valor no nace del ego sino del amor por la gente y su libertad.
Esa es la huella de Theodore Roosevelt. Una vida como la de una gran secuoya: fuerte y resiliente, de raíces profundas y valores sólidos, cuya grandeza humilde se elevó hacia el cielo, siendo el primero saborear la luz, obligando a la historia a no pasar de él, sino haciendo que la historia cabalgara y se moviese con él… a su ritmo, a su paso, a su suave y denso respirar.
Este martes, 2 de junio, la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, aprobó en primera discusión una reforma para abrir el sector eléctrico a inversión privada.
El instrumento legal tiene como propósito incorporar la inversión privada y de capital mixto para reconfigurar el modelo energético que ha regido en el país en los últimos 20 años.
#Atención Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico 🇻🇪
La medida fue respaldada por el diputado oficialista Orlando Miranda, quien sostuvo que en los últimos años el sistema eléctrico nacional ha mostrado “limitaciones estructurales” que no satisfacen la demanda de los venezolanos.
La presidenta encargada con el aval de los estados Unidos, Delcy Rodríguez, presentó la propuesta de reforma, la cual contempla un esquema de capital mixto y privado con concesiones, supervisión publica y corresponsabilidad civil y penal de las empresas operadoras.
La iniciativa deberá someterse a una segunda discusión antes de su aprobación definitiva.
¿Qué contempla la reforma?
La reforma al servicio eléctrico consta de 42 artículos, los cuales plantean una “diversificación en las cadenas de generación, comercialización y prestación del servicio”.
La modificación señala que el Estado Estado venezolano se mantiene como el eje central y actor fundamental del sistema. Sobre las empresas mixtas plantea que Venezuela conservará el control con más de 50% del capital social.
El texto plantea la corresponsabilidad civil y penal para los operadores. De aprobarse la reforma, las empresas distribuidoras y comercializadoras quedarán obligadas a compensar económicamente a los usuarios por las pérdidas o daños materiales que sufran a causa de los apagones o de deficiencias en la calidad del suministro.
El instrumento también establece un nuevo pliego tarifario basado en costos reales que garantice una “rentabilidad razonable” vinculada a la eficiencia, junto con políticas fiscales que concedan exenciones tributarias temporales condicionadas exclusivamente a la inversión en las zonas más críticas del sistema.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
“’La cárcel es el infierno en la tierra’, me dijo un familiar de una persona privada de libertad y el escritor Dostoievski (Fiodor) manifestó que la prisión es el infierno, porque el infierno es no poder amar”, comentó Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones este martes en la presentación del informe de la ONG correspondiente a 2025 titulado “En Venezuela es preferible estar muerto que vivir el horror tras las rejas”.
Para Prado, la desidia en las cárceles venezolanas y la presencia de más de 400 presos políticos en centros de reclusión, después de casi cinco meses del anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez de excarcelar a una “cifra importante” se debe a una sola cosa: “Falta de voluntad política”.
“En 27 años de gobierno que lleva el chavismo han tenido herramientas con las que no ha contado administración alguna, en 1998 se aprobó el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y además está el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 que dice que el Estado debe velar por el respeto a los derechos humanos de los privados de libertad”, apuntó el activista.
De acuerdo con Prado, las cárceles en Venezuela deben regirse por una administración descentralizada, pudiendo ir a una modalidad de privatización.
“Los policías y los militares no pueden trabajar en las cárceles, ellos están para reprimir, al preso no lo tratan como un ser humano”, añadió Prado.
El director de la ONG calificó como inconstitucional el Código Orgánico Penitenciario publicado en Gaceta Oficial en diciembre de 2015; aunado a eso fustigó la creación en 2011 del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario por instrucción del fallecido presidente, Hugo Chávez.
“Un ministerio que va a cumplir 15 años el 26 de julio y la gente se sigue muriendo en las cárceles, no hay médicos, no hay enfermeras, no hay acceso a la salud, no hay una alimentación adecuada, no se respeta el debido proceso, nadie puede nombrar a un abogado privado”, denunció Prado.
El activista sostuvo que el problema radica en que las personas que dirigen las cárceles desconocen el protocolo penitenciario y las instituciones no funcionan.
“La Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Poder Judicial en realidad funcionan de la siguiente manera: uno no ve. el otro no oye y el otro no habla”, comentó Prado.
Cifras más importantes del informe del OVP
–181 muertes bajo custodia del Estado se produjeron durante 2025 en cárceles y centros de detención preventiva o calabozos , lo que significa un deceso cada dos días.158 murieron en cárceles y 23 en calabozos. Hubo un incremento de 50,5% con respecto a 2024, donde se registraron 105 fallecimientos y también con respecto a 2023, cuando murieron 63. 153 fueron hombres y cinco mujeres
–95% de los fallecimientos se debió a falta de atención médica, 151 personas murieron por negligencia, lo que equivale al 95,57% de los casos documentados. Se registraron cuatro muertes por hechos violentos, uno por presunto suicidio y dos muertes accidentales. 48 de los decesos fueron por afecciones cardiovasculares o cardiorrespiratorias, 39 por causas respiratorias, ocho por falla multiorgánica y siete por shock hipovolémico.
–12 persona heridas. Nueve producto de un motín en el Centro de Reclusión para Procesados Judiciales 26 de Julio en el estado Guárico y hubo tres intentos de suicidio.
–26 presos políticos han muerto en prisiones nacionales desde 2015, cuatro de ellos en 2025, entre ellos, el exgobernador del estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz; el exministro de Defensa, Raúl Isaías Baduel y Víctor Hugo Quero Navas, cuya muerte fue ocultada hasta este año, pese a la incansable búsqueda de su también fallecida madre, Carmen Navas.
–176,83% de hacinamiento hay en las cárceles venezolanas. De acuerdo al OVP hay 11 142 plazas no aprovechadas y la capacidad real es de 15 096. “Las restricciones materiales se expresan en múltiples dimensiones, limitaciones de acceso a agua potable, alimentación insuficiente, servicios sanitarios colapsados y déficit de atención médica”, expone el informe.
–26 694 personas se encuentran privadas de libertad en Venezuela. De los cuales 24 149 eran hombres (90,47%) y 2.545 mujeres (9,53%).
–52 centros de reclusión tiene Venezuela, entre cárceles, internados judiciales, anexos femeninos y calabozos. Hay 35 exclusivos para hombres; una cárcel para mujeres, el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques, estado Miranda; un internado judicial masculino destinado a mujeres y 11 centros con anexos femeninos.
–20 267 personas penadas hubo en 2025, lo que significó un 75,92% de la población reclusa, mientras que 6427 fueron procesados para un 24,08%. De acuerdo al informe, en 2024 la población reclusa estaba compuesta básicamente por reclusos procesados.
“Que casi una de cada cuatro personas privadas de libertad siga sin sentencia firme sigue siendo una cifra alarmante, especialmente en un contexto marcado por el retardo procesal”, denunció el OVP.
–7 metros cuadrados es la cifra que corresponde a cada privado de libertad, de acuerdo a un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero el informe del OVP expone que en Venezuela los reclusos disponen de menos de un metro. En las cárceles de Yare II y Yare III en el estado Miranda hay denuncias de celdas de 3 x 3 metros, donde “conviven” seis personas, mientras que en las celdas de castigo apodadas “tigritos” pueden estar hasta una docena de personas en el mismo espacio.
–250 mujeres privadas de libertad en el anexo femenino del Centro Penitenciario David Viloria “Uribana” en el estado Lara denunciaron en octubre de 2025 que estuvieron al menos una semana sin acceso a agua potable. 9 fueron detenidas de manera arbitraria en octubre de 2025 en los estados Lara, Guárico, Mérida y Trujillo. Las aprehensiones se llevaron a cabo sin órdenes de detención y en algunos casos las viviendas de estas fueron saqueadas.
–9 años tiene el OVP denunciando condiciones casi “infrahumanas” en las prisiones para quienes padecen una patología. De acuerdo a las reglas Nelson Mandela, los enfermos tienen derecho a ser atendidos, sin embargo, “quienes entran a las prisiones venezolanas con enfermedades preexistentes no cuenta con controles regulares, ni con acceso adecuado a consultas, exámenes, medicamentos o seguimiento de sus condiciones de salud”, expresa el documento del OVP.
La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) documentó denuncias sobre presos políticos que permanecieron aislados e incomunicados pese a padecer afecciones respiratorias, gastrointestinales, cardiovasculares, dermatológicas y secuelas físicas derivadas de tratos crueles e inhumanos.
–5 adolescentes estuvieron detenidos en 2025, entre ellos Samantha Hernández, quien fue aprehendida en noviembre de 2025 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y excarcelada apenas en mayo de este año. También está el caso de Gabriel José Rodríguez, quien fue acusado de terrorismo y cierre de vías y condenado a 10 anos de prisión. Durante su reclusión padeció de una infección pulmonar, ansiedad y depresión y fue excarcelado en enero de este año.
–21 casos de fuga, todos hombres y entre ellos tres adolescentes. La totalidad de las evasiones se produjeron en centros de reclusión, no se registraron fugas en tribunales u hospitales. 14 de ellos fueron recapturados y del resto se desconoce el paradero.
–23 casos de sippenhaft, el método creado por los funcionarios de la Alemania nazi para perseguir a la familia de los perseguidos y presos políticos, registro el OVP en 2025. La ONG destacó el caso de Rocío San Miguel, quien fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía junto a su esposo, exesposo, hija y hermanos y de Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia.
–9 cárceles tienen medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por “encontrarse en una situación de extrema gravedad, urgencia y riesgo de sufrir un daño irreparable”. Estos centros de reclusión son: la cárcel de La Pica en Monagas, Yare I y Yare II en Miranda; Uribana en Lara, El Rodeo I y II en Miranda; Tocorón en Aragua, Vista Hermosa en Bolívar y Cepra en la región andina.
Recomendaciones
El OVP recomendó al Estado venezolano cumplir con el artículo 272 de la Constitución, capacitar a personal para trabajar en los centros de reclusión, presentar anualmente una Memoria y Cuenta del Ministerio de Servicio Penitenciario, garantizar el acceso a las prisiones y calabozos de organismos internacionales defensores de derechos humanos, crear un sistema efectivo de salud para atender al privado de libertad, liberar a todos los presos políticos, implementar políticas penitenciarias con enfoque de género y personas vulnerables como la comunidad LGBTI, investigar las muertes bajo custodia, permitir la defensa privada y el eliminar el Sistema de Máxima Seguridad (Sesmas).
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Este martes, 2 de junio, el Ministerio Público (MP) informó los resultados de la autopsia practicada a Víctor Hugo Quero Navas, preso político que permaneció nueve meses desaparecido y falleció bajo custodia del Estado. A través de un comunicado difundido en X, el MP reveló que luego de los estudios realizados el pasado 8 de mayo al cuerpo de Quero Navas, el equipo médico forense evidenció una data de muerte aproximada de 10 meses a un año.
Según el MP, la necropsia practicada, los estudios histológicos, toxicológicos y demás experticias complementarias, dictaminaron que el deceso de Víctor Quero se produjo por un tromboembolismo pulmonar.
“No se evidenciaron lesiones traumáticas en el cadáver”, afirma el breve reporte que compartió el Ministerio Público y que ratifica la versión del Ministerio para el Servicio Penitenciario.
Por otra parte, el Ministerio Público confirmó que el cuerpo evaluado correspondía al de Víctor Quero. Explicaron que para hacer el análisis compararon una muestra de tejido óseo con la sangre de la señora Carmen Teresa Navas, madre del preso político fallecida unos días después de que el Gobierno reconociera públicamente que Navas había fallecido.
“Como resultado de esta experticia se obtuvo una filiación biológica con una probabilidad estadística estimada de 99,496 %, lo que confirma que los restos humanos corresponden al hijo biológico de la ciudadana Carmen Teresa Navas”, acotó el MP.
El ente recalcó que se realizaron todas las diligencias de investigación pertinentes de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal y a los principios que rigen la investigación de muertes potencialmente ilícitas.
El Ministerio Público ratificó que “continuará velando por el respeto y garantía de los derechos humanos en las cárceles y demás establecimientos de reclusión en el país”.
Tal aseveración de MP contrasta ampliamente con las cifras que ha venido denunciado el Observatorio Venezolano de Prisiones en donde precisa que entre abril y mayo de 2026 han fallecido 19 reclusos bajo custodia del Estado.
— Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) June 2, 2026
Omisiones y cero responsables
Activistas, organizaciones de derechos humanos, expresos políticos y periodistas fijaron posición sobre las conclusiones del Ministerio Público sobre el caso.
El periodista Rory Branker, expreso político, se pronunció para rechazar la versión oficial: “El comunicado oficial del Estado venezolano sobre Victor Quero Navas, donde se cierra la investigación afirmando que murió por causas naturales, busca proteger a toda la cadena de mando que propició las condiciones letales que desembocaron en una muerte espantosa”.
Branker afirmó que Víctor hoy se enfrenta otra vez a desaparecer bajo custodia, pero esta vez para siempre.
— Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) June 2, 2026
El defensor de derechos humanos Rafael Uzcátegui denunció nueve omisiones del Ministerio Público en el caso de Víctor Quero. Entre las denuncias del activista destaca que el Estado invisibiliza la responsabilidad especial del Estado, no explica por qué fue enterrado sin conocimiento de la familia y que confunde causa de muerte con explicación de la muerte.
Las 9 omisiones del comunicado del Ministerio Público sobre el caso Quero:
1. Invisibiliza la responsabilidad especial del Estado 2. Confunde causa de muerte con explicación de la muerte 3. No aborda la desaparición de corta duración 4. No explica por qué fue enterrado sin… https://t.co/dxRP7oqyY5
Por su parte, la ONG Laboratorio de Paz cuestiona que el comunicado del MP omite y deja sin respuesta aspectos fundamentales la muerte de Quero Navas.
“El documento parece orientado a establecer una causa biológica de muerte, pero no satisface plenamente las exigencias de verdad, transparencia, independencia y rendición de cuentas que requieren los estándares internacionales aplicables a las muertes ocurridas bajo custodia estatal”, señaló la organización
El comunicado del Ministerio Público sobre la muerte de Víctor Hugo Quero Navas presenta una conclusión médica sobre la causa del fallecimiento, pero deja sin respuesta aspectos fundamentales desde una perspectiva de derechos humanos. Aunque señala que la muerte se produjo por un… pic.twitter.com/izQA2Zoq8R
“Es alarmante que el Ministerio Público pretenda hacer pasar un comunicado de pocos párrafos como el resultado definitivo de una investigación real del caso Víctor Quero Navas”, posteó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón sobre el caso.
#ATENCIÓN Es alarmante que el Ministerio Público pretenda hacer pasar un comunicado de pocos párrafos como el resultado definitivo de una investigación real del caso Víctor Quero Navas. Para cualquier organización de derechos humanos, este documento solo puede ser aceptable si se… https://t.co/ELXZabk6iL
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) June 2, 2026
La ONG indica que este documento solo puede ser aceptable si se asume como un avance preliminar; pues de lo contrario, “estamos ante un intento de carpetazo que carece del más mínimo rigor“. Lejos de esclarecer la muerte de Víctor Quero, JEP lamenta que este pronunciamiento oficial genere “más preguntas que respuestas y parece redactado para blindar la opacidad estatal”.
“El texto despacha el fallecimiento sugiriendo una causa médica, pero evade la responsabilidad penal del Estado. Si Quero murió por una enfermedad, la obligación es demostrar si recibió la atención médica debida o si existió una omisión de socorro por parte del personal de custodia, algo que el comunicado ni siquiera menciona. Cuando el Estado encierra a un ciudadano, se convierte en el garante de su vida; por ende, una muerte por salud no exime a la institución, muchas veces la incrimina por negligencia”, ampliaron.
La presidenta de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, consideró que la información de la fiscalía deja más preguntas que respuestas. Cree que más allá de la confirmación de la identidad de los restos y de la versión sobre la causa de muerte, no se explica lo fundamental del caso.
“¿Por qué no se refieren a la desaparición forzada? ¿Qué ocurrió durante los meses en que Víctor Hugo Quero Navas permaneció desaparecido? ¿Quiénes son los funcionarios responsables de ocultar a su madre, la Sra. Carmen, hoy lamentablemente fallecida, a su defensa y al país información sobre una persona que se encontraba bajo custodia del Estado?”, preguntó, al tiempo que denunció que tampoco se reporta si los funcionarios fueron investigados, entrevistados o sometidos a algún procedimiento para determinar responsabilidades.
Asimismo, destaca que persiste la interrogante de por qué no se permitió la participación de expertos internacionales independientes, conforme a los estándares del Protocolo de Minnesota, especialmente en un contexto donde la independencia de las instituciones de justicia ha sido ampliamente cuestionada.
“La verdad no puede ser parcial. Venezuela tiene derecho a conocer todos los hechos y a que se determinen todas las responsabilidades”, insistió.
Caso Víctor Quero
16 meses pasó Carmen Teresa Navas buscando por doquier a su hijo Víctor Hugo Quero Navas, de 51 años de edad. La madre visitó centros de reclusión, hospitales, morgues y cualquier sitio donde pudiese estar una persona desaparecida. Nunca hubo respuesta.
Carmen se convirtió en perenne asistente a vigilias y concentraciones de familiares de presos políticos, pero el 7 de mayo el Estado venezolano finalmente quebró el silencio y confirmó la muerte de Víctor, después de casi 10 meses de su fallecimiento.
De acuerdo al comunicado emitido por el Ministerio para el Servicio Penitenciario, Quero, de profesión comerciante, fue detenido en Caracas el 3 de enero de 2025 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Se le señaló de conspirador y su caso estuvo bajo la jurisdicción del Tribunal Especial Segundo de Terrorismo.
Según el ente gubernamental, el comerciante quincuagenario fue recluido en el Internado Judicial del Rodeo I en el estado Miranda y el 15 de julio del año pasado fue trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo en la localidad caraqueña de San Martín, donde murió bajo custodia del Estado.
Esto se traduce en que el Estado desde siempre le ocultó a Carmen la muerte de su hijo por más de 10 meses.
A propósito de esta omisión, que no fue mencionada por la Fiscalía en su comunicado, Justicia, Encuentro y Perdón denuncia que se ignora “deliberadamente” la cadena de responsabilidades de funcionarios de la institución, así como de la Defensoría del Pueblo, el CICPC, el Poder Judicial y el Ministerio Penitenciario.
“Ocultar la detención de una persona, negar sus condiciones de reclusión y esconder su fallecimiento es una desaparición forzada cometida por funcionarios públicos que debe ser investigada y sancionada. Al tratarse de una muerte bajo custodia, el Estado venezolano está obligado por el Protocolo de Minnesota a presumir el hecho como potencialmente ilícito y a indagar toda la cadena de mandos. No podemos aceptar que se culpe a una enfermedad para sepultar el caso. Exigimos una investigación exhaustiva que rinda cuentas por la desatención médica y que lleve ante la justicia a cada funcionario responsable de la desaparición y el ocultamiento de Víctor Quero”, concluyeron.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Implicados en la trama Pdvsa-Cripto que se encuentran recluidos en la cárcel de Yare II enfrentan el deterioro de su salud y fuentes cercanas al caso denunciaron la falta de atención médica oportuna.
Indicaron a RunRun.es que detenidos como los choferes Luis Guzmán, Miguel Irigoyen, Jean Meyer y Ramon Cardozo, y los hermanos Walter y Massimiliano Ranieri, cumplieron más de tres semanas con síntomas como vómitos, diarrea y deshidratación. Añadieron que Irigoyen experimentó tres episodios de parálisis facial; que Walter Ranieri padece de una cardiopatía congénita y una infección urinaria, entre otras patologías; y que Massimiliano tiene un tiene “un carcinoma de la glándula tiroidea que, un año antes de su detención, fue objeto de una cirugía de barrido total de la tiroides”.
Este lunes, 1 de junio, estaba prevista la audiencia número 17 desde que inició el juicio el 20 de abril pasado, a cargo de la jueza Alejandra Romero Castillo.
A los imputados que se encuentran recluidos en Yare II los llegaron a sacar de la cárcel, pero al llegar a uno de los peajes en la vía hacia Caracas el vehículo se devolvió a la prisión, contaron las fuentes. Tampoco se habría realizado el traslado al Palacio de Justicia de quienes permanecen en el Rodeo I y en el Centro de Formación Femenina La Crisálida.
La audiencia prevista finalmente se suspendió luego de que los abogados y acusados se negaron a realizarla de forma telemática (por videoconferencia). Esta fue una de las razones por la que al menos seis imputados decidieron, a modo de protesta, declararse en huelga de hambre. También reclaman que se les garantice su derecho a la salud y que les brinden atención especializada.
Los familiares y defensores se mantienen a la espera de que la próxima audiencia se realice este miércoles 3 de junio.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El anuncio realizado por Delcy Rodríguez el pasado 30 de abril, que elevó el ingreso mínimo integral a 240 dólares mensuales y las pensiones a 70 dólares, debe analizarse con cautela.
El incremento es importante porque representa un aumento de 50 % en dólares frente al nivel previo de 160 dólares y genera un incremento de los ingresos reales para millones de trabajadores y pensionados. Pero también es insuficiente frente al costo de vida en Venezuela y confirma que el país sigue operando bajo un esquema profundamente distorsionado, donde el salario formal prácticamente desapareció y fue sustituido por bonos no salariales. Más allá del anuncio, la discusión de fondo debe centrarse en cómo reconstruir de manera sostenible el sistema salarial venezolano.
Pasar de 160 a 240 dólares representa un incremento significativo en una economía donde el salario mínimo formal permanece congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022, equivalente hoy a cerca de 0,18 dólares mensuales. En ese contexto, cualquier mejora del ingreso debe reconocerse como positiva. Sin embargo, el problema es que el aumento sigue siendo insuficiente frente a la realidad económica del país.
Según estimaciones del Cendas-FVM, la canasta alimentaria familiar para marzo de 2026 se ubicó alrededor de 692 dólares mensuales. Eso significa que el nuevo ingreso mínimo integral cubre apenas el 34,6 % de los requerimientos alimentarios básicos de una familia promedio, sin incluir transporte, salud, educación, vivienda o servicios públicos.
La discusión pública ha girado precisamente alrededor de esa contradicción. Por un lado, existe reconocimiento de que el aumento genera un alivio importante frente al deterioro acumulado de los ingresos. Por otro lado, persiste la percepción de que Venezuela continúa teniendo uno de los ingresos laborales más bajos de América Latina.
Y precisamente ahí está el verdadero problema estructural: Venezuela sigue sin tener un salario mínimo real. Lo que existe actualmente es un ingreso mínimo integral compuesto fundamentalmente por bonos.
Estos anuncios generan una distorsión profunda del sistema laboral venezolano. Los trabajadores reciben mayores ingresos en el corto plazo, pero sacrificando protección laboral acumulativa. Las empresas logran aumentar remuneraciones sin asumir pasivos laborales crecientes difíciles de sostener. Y el Estado evita parcialmente el enorme impacto fiscal que implicaría un aumento significativo del salario formal, especialmente por el vínculo constitucional entre salario mínimo y pensiones.
Desde Ecoanalítica hemos sostenido que esta situación no puede convertirse en permanente. Venezuela necesita recuperar progresivamente el salario como referencia institucional del mercado laboral, pero también hemos insistido en que hacerlo requiere reconocer las restricciones reales que enfrenta hoy la economía venezolana.
El principal nudo estructural sigue siendo la Ley Orgánica del Trabajo y, particularmente, el esquema de retroactividad de las prestaciones sociales. Bajo el marco vigente, cualquier incremento significativo del salario base genera costos acumulativos muy elevados para las empresas. Esa realidad explica, en gran medida, por qué el sistema migró hacia bonos no salariales.
Por eso hemos señalado que, aunque es indispensable incrementar el salario mínimo, también es necesario abrir una discusión seria sobre reforma laboral. Mantener indefinidamente un salario formal cercano a cero no es sostenible ni económica ni socialmente. Pero tampoco es viable ignorar los enormes pasivos laborales que implicaría una normalización abrupta del salario bajo las reglas actuales.
El anuncio parece haber surgido de una mesa de diálogo con participación del gobierno, empleadores y algunas centrales sindicales. Sin embargo, no puede presentarse como un acuerdo tripartito plenamente representativo, porque varias organizaciones sindicales cuestionaron el proceso, denunciaron falta de transparencia y rechazaron que el ajuste se mantuviera en bonos no salariales. Más que un consenso laboral completo, lo ocurrido parece ser un primer paso de concertación parcial, que solo tendrá verdadero valor si se amplía, se transparenta y abre la puerta a una reforma laboral integral.
La reforma laboral ya no es una discusión ideológica; es una necesidad práctica. El modelo actual no beneficia a nadie. Los trabajadores reciben más ingresos vía bonos, pero con menor protección laboral. Las empresas operan bajo enorme incertidumbre jurídica y con pasivos potenciales difíciles de calcular. Y el Estado posterga indefinidamente la reconstrucción institucional del sistema salarial venezolano.
A esto se suma el desafío asociado al sistema de pensiones. El aumento a 70 dólares mejora parcialmente la situación de millones de pensionados, pero sigue siendo insuficiente frente al costo de vida. Además, la Constitución establece que las pensiones deben estar vinculadas al salario mínimo, lo que convierte cualquier aumento significativo del salario base en una decisión fiscal extremadamente compleja para un país con alta informalidad y baja capacidad contributiva.
Por eso, el camino razonable debe ser gradual, creíble y sostenible. Venezuela necesita construir una trayectoria de convergencia hacia estándares latinoamericanos en un horizonte de mediano plazo. Mientras los salarios mínimos en la región oscilan entre 300 y 800 dólares mensuales, aproximadamente, Venezuela todavía enfrenta una enorme brecha. Pero cerrar esa distancia requiere crecimiento económico, estabilidad macroeconómica, recuperación progresiva del salario formal y reforma institucional del mercado laboral.
El exdiputado opositor de la Asamblea Nacional de 2015, Richard Blanco, regresó formalmente a Venezuela este martes 2 de junio, tras haber permanecido siete años en el exilio. La información fue confirmada a primeras horas de la mañana por el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, detallando que el dirigente político arribó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía a las 11:00 a.m.
«Richard va con entusiasmo, su coraje que siempre lo ha distinguido, su talante pacifista y su primordial tarea: ayudar a que avance por buen destino lo acordado y expuesto en el manifiesto de Panamá: elecciones presidenciales libres y soberanas», expresó Ledezma a propósito del retorno de su mano derecha en las filas del partido Alianza Bravo Pueblo (ABP).
Tras pisar suelo venezolano utilizando un salvoconducto judicial, Blanco ofreció declaraciones directas a los medios de comunicación en la terminal aérea, donde enfatizó que su regreso tiene como objetivo prioritario reincorporarse a la lucha activa por la reinstitucionalización del país. “Acá no hay agendas personales. Venimos a exigir las elecciones presidenciales muy pronto”, aseveró con contundencia.
El retorno de Blanco se inscribe en medio de una ola de regresos de figuras políticas y parlamentarias que se habían visto forzadas a abandonar el territorio nacional. En las últimas semanas, también se ha registrado el regreso de otros dirigentes como José Guerra, Roberto Marrero, Lester Toledo y Wilmer Azuaje.
#2Jun | El dirigente político Richard Blanco y su hijo, llegaron la mañana de este martes en un vuelo procedente desde Bogotá, Colombia, tras 7 años en el exilio.
Año 2008 – Prisión en Yare III: Siendo prefecto de Caracas, bajo la gestión de Antonio Ledezma, fue detenido por el mandato de Hugo Chávez. Sufrió aislamiento en condiciones inhumanas durante 9 meses, donde contrajo dengue hemorrágico sin recibir auxilio médico elemental.
30 de abril de 2019 – Allanamiento de inmunidad: Tras el fracaso del pronunciamiento militar contra el gobierno de Nicolás Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de la mano de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), le arrebataron de manera inconstitucional su inmunidad parlamentaria, incluyéndolo en una lista de más de veinte diputados acusados de traición a la patria.
Mayo de 2019 – Refugio en la Embajada de Argentina: Ante el inminente arresto, Blanco se refugió en la residencia diplomática de Argentina en Caracas, donde permaneció por un lapso de 50 días.
1 de junio de 2019 – Escape por las trochas: Blanco salió clandestinamente de la sede diplomática y logró cruzar a pie los peligrosos pasos ilegales (“trochas”) de la frontera colombo-venezolana hacia Cúcuta. “Nadie me silenciará. Por eso decidí cruzar la frontera con Colombia y seguiré más adelante para pedir que nos ayuden”, anunció en sus redes sociales.
25 de junio de 2019 – Llegada a Argentina y duelo familiar: Se estableció formalmente en Buenos Aires, integrándose al bloque parlamentario 16 de Julio de Alianza Bravo Pueblo y Vente Venezuela. Ese mismo día se entera del fallecimiento de su madre en Caracas, sufriendo el dolor de no poder ingresar al país para despedirse debido a la orden de captura en su contra.
Decepción del interinato
En una extensa entrevista concedida al podcast ES RE VIRAL poco antes de concretar su retorno a Venezuela, Blanco rememoró los episodios más críticos que marcaron su trayectoria de disidencia. Blanco fue sumamente crítico con el balance de los últimos años de la oposición, manifestando abiertamente su desilusión respecto a la gestión del expresidente encargado Juan Guaidó.
“A mí me decepcionó Juan Guaidó y el balance del gobierno interino yo digo que fue realmente negativo”, evaluó, argumentando que no se capitalizó adecuadamente el apoyo popular interno ni internacional para generar una ruptura del sistema. Precisó que su organización, Alianza Bravo Pueblo, no aceptó cargos ni embajadas en dicha administración debido a que siempre mantuvieron la tesis de requerir una intervención decidida de organismos internacionales.
Con la mirada fija en el escenario de reconstrucción nacional, Blanco ratificó su respaldo categórico a María Corina Machado como la líder natural para guiar el camino a la presidencia. Aclaró que aunque mantiene aspiraciones propias legítimas —“el político que diga que no aspira es un mentiroso”— estas quedan plenamente subordinadas a la restitución del Estado de derecho.
Finalmente, manifestó su confianza en el valor del capital humano de la diáspora: “El venezolano que va a regresar de la diáspora viene mejor preparado para reconstruir el país y garantizar que las riquezas de la nación se utilicen con decencia”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
