MP cierra caso Víctor Quero con versión de afección pulmonar: persisten las dudas sobre su desaparición y custodia

Este martes, 2 de junio, el Ministerio Público (MP) informó los resultados de la autopsia practicada a Víctor Hugo Quero Navas, preso político que permaneció nueve meses desaparecido y falleció bajo custodia del Estado. A través de un comunicado difundido en X, el MP reveló que luego de los estudios realizados el pasado 8 de mayo al cuerpo de Quero Navas, el equipo médico forense evidenció una data de muerte aproximada de 10 meses a un año. 

Según el MP, la necropsia practicada, los estudios histológicos, toxicológicos y demás experticias complementarias, dictaminaron que el deceso de Víctor Quero se produjo por un tromboembolismo pulmonar. 

“No se evidenciaron lesiones traumáticas en el cadáver”, afirma el breve reporte que compartió el Ministerio Público y que ratifica la versión del Ministerio para el Servicio Penitenciario.

Verificación de identidad 

Por otra parte, el Ministerio Público confirmó que el cuerpo evaluado correspondía al de Víctor Quero. Explicaron que para hacer el análisis compararon una muestra de tejido óseo con la sangre de la señora Carmen Teresa Navas, madre del preso político fallecida unos días después de que el Gobierno reconociera públicamente que Navas había fallecido. 

“Como resultado de esta experticia se obtuvo una filiación biológica con una probabilidad estadística estimada de 99,496 %, lo que confirma que los restos humanos corresponden al hijo biológico de la ciudadana Carmen Teresa Navas”, acotó el MP.

El ente recalcó que se realizaron todas las diligencias de investigación pertinentes de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal y a los principios que rigen la investigación de muertes potencialmente ilícitas. 

El Ministerio Público ratificó que “continuará velando por el respeto y garantía de los derechos humanos en las cárceles y demás establecimientos de reclusión en el país”.

Tal aseveración de MP contrasta ampliamente con las cifras que ha venido denunciado el Observatorio Venezolano de Prisiones en donde precisa que entre abril y mayo de 2026 han fallecido 19 reclusos bajo custodia del Estado.

Omisiones y cero responsables

Activistas, organizaciones de derechos humanos, expresos políticos y periodistas fijaron posición sobre las conclusiones del Ministerio Público sobre el caso.

El periodista Rory Branker, expreso político, se pronunció para rechazar la versión oficial: “El comunicado oficial del Estado venezolano sobre Victor Quero Navas, donde se cierra la investigación afirmando que murió por causas naturales, busca proteger a toda la cadena de mando que propició las condiciones letales que desembocaron en una muerte espantosa”.

Branker afirmó que Víctor hoy se enfrenta otra vez a desaparecer bajo custodia, pero esta vez para siempre.

El defensor de derechos humanos Rafael Uzcátegui denunció nueve omisiones del Ministerio Público en el caso de Víctor Quero. Entre las denuncias del activista destaca que el Estado invisibiliza la responsabilidad especial del Estado, no explica por qué fue enterrado sin conocimiento de la familia y que confunde causa de muerte con explicación de la muerte.

Por su parte, la ONG Laboratorio de Paz cuestiona que el comunicado del MP omite y deja sin respuesta aspectos fundamentales la muerte de Quero Navas.

“El documento parece orientado a establecer una causa biológica de muerte, pero no satisface plenamente las exigencias de verdad, transparencia, independencia y rendición de cuentas que requieren los estándares internacionales aplicables a las muertes ocurridas bajo custodia estatal”, señaló la organización

“Es alarmante que el Ministerio Público pretenda hacer pasar un comunicado de pocos párrafos como el resultado definitivo de una investigación real del caso Víctor Quero Navas”, posteó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón sobre el caso.

La ONG indica que este documento solo puede ser aceptable si se asume como un avance preliminar; pues de lo contrario, “estamos ante un intento de carpetazo que carece del más mínimo rigor“. Lejos de esclarecer la muerte de Víctor Quero, JEP lamenta que este pronunciamiento oficial genere “más preguntas que respuestas y parece redactado para blindar la opacidad estatal”.

“El texto despacha el fallecimiento sugiriendo una causa médica, pero evade la responsabilidad penal del Estado. Si Quero murió por una enfermedad, la obligación es demostrar si recibió la atención médica debida o si existió una omisión de socorro por parte del personal de custodia, algo que el comunicado ni siquiera menciona. Cuando el Estado encierra a un ciudadano, se convierte en el garante de su vida; por ende, una muerte por salud no exime a la institución, muchas veces la incrimina por negligencia”, ampliaron.

La presidenta de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, consideró que la información de la fiscalía deja más preguntas que respuestas. Cree que más allá de la confirmación de la identidad de los restos y de la versión sobre la causa de muerte, no se explica lo fundamental del caso.

“¿Por qué no se refieren a la desaparición forzada? ¿Qué ocurrió durante los meses en que Víctor Hugo Quero Navas permaneció desaparecido? ¿Quiénes son los funcionarios responsables de ocultar a su madre, la Sra. Carmen, hoy lamentablemente fallecida, a su defensa y al país información sobre una persona que se encontraba bajo custodia del Estado?”, preguntó, al tiempo que denunció que tampoco se reporta si los funcionarios fueron investigados, entrevistados o sometidos a algún procedimiento para determinar responsabilidades.

Asimismo, destaca que persiste la interrogante de por qué no se permitió la participación de expertos internacionales independientes, conforme a los estándares del Protocolo de Minnesota, especialmente en un contexto donde la independencia de las instituciones de justicia ha sido ampliamente cuestionada.

“La verdad no puede ser parcial. Venezuela tiene derecho a conocer todos los hechos y a que se determinen todas las responsabilidades”, insistió.

Caso Víctor Quero

16 meses pasó Carmen Teresa Navas buscando por doquier a su hijo Víctor Hugo Quero Navas, de 51 años de edad. La madre visitó centros de reclusión, hospitales, morgues y cualquier sitio donde pudiese estar una persona desaparecida. Nunca hubo respuesta.

Carmen se convirtió en perenne asistente a vigilias y concentraciones de familiares de presos políticos, pero el 7 de mayo el Estado venezolano finalmente quebró el silencio y confirmó la muerte de Víctor, después de casi 10 meses de su fallecimiento

De acuerdo al comunicado emitido por el Ministerio para el Servicio Penitenciario, Quero, de profesión comerciante, fue detenido en Caracas el 3 de enero de 2025 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Se le señaló de conspirador y su caso estuvo bajo la jurisdicción del Tribunal Especial Segundo de Terrorismo.

Según el ente gubernamental, el comerciante quincuagenario fue recluido en el Internado Judicial del Rodeo I en el estado Miranda y el 15 de julio del año pasado fue trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo en la localidad caraqueña de San Martín, donde murió bajo custodia del Estado.

Esto se traduce en que el Estado desde siempre le ocultó a Carmen la muerte de su hijo por más de 10 meses.

A propósito de esta omisión, que no fue mencionada por la Fiscalía en su comunicado, Justicia, Encuentro y Perdón denuncia que se ignora “deliberadamente” la cadena de responsabilidades de funcionarios de la institución, así como de la Defensoría del Pueblo, el CICPC, el Poder Judicial y el Ministerio Penitenciario.

“Ocultar la detención de una persona, negar sus condiciones de reclusión y esconder su fallecimiento es una desaparición forzada cometida por funcionarios públicos que debe ser investigada y sancionada. Al tratarse de una muerte bajo custodia, el Estado venezolano está obligado por el Protocolo de Minnesota a presumir el hecho como potencialmente ilícito y a indagar toda la cadena de mandos. No podemos aceptar que se culpe a una enfermedad para sepultar el caso. Exigimos una investigación exhaustiva que rinda cuentas por la desatención médica y que lleve ante la justicia a cada funcionario responsable de la desaparición y el ocultamiento de Víctor Quero”, concluyeron.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El Ministerio Público ratificó que continuará velando por el respeto y garantía de los derechos humanos en las cárceles y demás establecimientos de reclusión en el país
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Este martes, 2 de junio, el Ministerio Público (MP) informó los resultados de la autopsia practicada a Víctor Hugo Quero Navas, preso político que permaneció nueve meses desaparecido y falleció bajo custodia del Estado. A través de un comunicado difundido en X, el MP reveló que luego de los estudios realizados el pasado 8 de mayo al cuerpo de Quero Navas, el equipo médico forense evidenció una data de muerte aproximada de 10 meses a un año. 

Según el MP, la necropsia practicada, los estudios histológicos, toxicológicos y demás experticias complementarias, dictaminaron que el deceso de Víctor Quero se produjo por un tromboembolismo pulmonar. 

“No se evidenciaron lesiones traumáticas en el cadáver”, afirma el breve reporte que compartió el Ministerio Público y que ratifica la versión del Ministerio para el Servicio Penitenciario.

Verificación de identidad 

Por otra parte, el Ministerio Público confirmó que el cuerpo evaluado correspondía al de Víctor Quero. Explicaron que para hacer el análisis compararon una muestra de tejido óseo con la sangre de la señora Carmen Teresa Navas, madre del preso político fallecida unos días después de que el Gobierno reconociera públicamente que Navas había fallecido. 

“Como resultado de esta experticia se obtuvo una filiación biológica con una probabilidad estadística estimada de 99,496 %, lo que confirma que los restos humanos corresponden al hijo biológico de la ciudadana Carmen Teresa Navas”, acotó el MP.

El ente recalcó que se realizaron todas las diligencias de investigación pertinentes de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal y a los principios que rigen la investigación de muertes potencialmente ilícitas. 

El Ministerio Público ratificó que “continuará velando por el respeto y garantía de los derechos humanos en las cárceles y demás establecimientos de reclusión en el país”.

Tal aseveración de MP contrasta ampliamente con las cifras que ha venido denunciado el Observatorio Venezolano de Prisiones en donde precisa que entre abril y mayo de 2026 han fallecido 19 reclusos bajo custodia del Estado.

Omisiones y cero responsables

Activistas, organizaciones de derechos humanos, expresos políticos y periodistas fijaron posición sobre las conclusiones del Ministerio Público sobre el caso.

El periodista Rory Branker, expreso político, se pronunció para rechazar la versión oficial: “El comunicado oficial del Estado venezolano sobre Victor Quero Navas, donde se cierra la investigación afirmando que murió por causas naturales, busca proteger a toda la cadena de mando que propició las condiciones letales que desembocaron en una muerte espantosa”.

Branker afirmó que Víctor hoy se enfrenta otra vez a desaparecer bajo custodia, pero esta vez para siempre.

El defensor de derechos humanos Rafael Uzcátegui denunció nueve omisiones del Ministerio Público en el caso de Víctor Quero. Entre las denuncias del activista destaca que el Estado invisibiliza la responsabilidad especial del Estado, no explica por qué fue enterrado sin conocimiento de la familia y que confunde causa de muerte con explicación de la muerte.

Por su parte, la ONG Laboratorio de Paz cuestiona que el comunicado del MP omite y deja sin respuesta aspectos fundamentales la muerte de Quero Navas.

“El documento parece orientado a establecer una causa biológica de muerte, pero no satisface plenamente las exigencias de verdad, transparencia, independencia y rendición de cuentas que requieren los estándares internacionales aplicables a las muertes ocurridas bajo custodia estatal”, señaló la organización

“Es alarmante que el Ministerio Público pretenda hacer pasar un comunicado de pocos párrafos como el resultado definitivo de una investigación real del caso Víctor Quero Navas”, posteó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón sobre el caso.

La ONG indica que este documento solo puede ser aceptable si se asume como un avance preliminar; pues de lo contrario, “estamos ante un intento de carpetazo que carece del más mínimo rigor“. Lejos de esclarecer la muerte de Víctor Quero, JEP lamenta que este pronunciamiento oficial genere “más preguntas que respuestas y parece redactado para blindar la opacidad estatal”.

“El texto despacha el fallecimiento sugiriendo una causa médica, pero evade la responsabilidad penal del Estado. Si Quero murió por una enfermedad, la obligación es demostrar si recibió la atención médica debida o si existió una omisión de socorro por parte del personal de custodia, algo que el comunicado ni siquiera menciona. Cuando el Estado encierra a un ciudadano, se convierte en el garante de su vida; por ende, una muerte por salud no exime a la institución, muchas veces la incrimina por negligencia”, ampliaron.

La presidenta de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, consideró que la información de la fiscalía deja más preguntas que respuestas. Cree que más allá de la confirmación de la identidad de los restos y de la versión sobre la causa de muerte, no se explica lo fundamental del caso.

“¿Por qué no se refieren a la desaparición forzada? ¿Qué ocurrió durante los meses en que Víctor Hugo Quero Navas permaneció desaparecido? ¿Quiénes son los funcionarios responsables de ocultar a su madre, la Sra. Carmen, hoy lamentablemente fallecida, a su defensa y al país información sobre una persona que se encontraba bajo custodia del Estado?”, preguntó, al tiempo que denunció que tampoco se reporta si los funcionarios fueron investigados, entrevistados o sometidos a algún procedimiento para determinar responsabilidades.

Asimismo, destaca que persiste la interrogante de por qué no se permitió la participación de expertos internacionales independientes, conforme a los estándares del Protocolo de Minnesota, especialmente en un contexto donde la independencia de las instituciones de justicia ha sido ampliamente cuestionada.

“La verdad no puede ser parcial. Venezuela tiene derecho a conocer todos los hechos y a que se determinen todas las responsabilidades”, insistió.

Caso Víctor Quero

16 meses pasó Carmen Teresa Navas buscando por doquier a su hijo Víctor Hugo Quero Navas, de 51 años de edad. La madre visitó centros de reclusión, hospitales, morgues y cualquier sitio donde pudiese estar una persona desaparecida. Nunca hubo respuesta.

Carmen se convirtió en perenne asistente a vigilias y concentraciones de familiares de presos políticos, pero el 7 de mayo el Estado venezolano finalmente quebró el silencio y confirmó la muerte de Víctor, después de casi 10 meses de su fallecimiento

De acuerdo al comunicado emitido por el Ministerio para el Servicio Penitenciario, Quero, de profesión comerciante, fue detenido en Caracas el 3 de enero de 2025 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Se le señaló de conspirador y su caso estuvo bajo la jurisdicción del Tribunal Especial Segundo de Terrorismo.

Según el ente gubernamental, el comerciante quincuagenario fue recluido en el Internado Judicial del Rodeo I en el estado Miranda y el 15 de julio del año pasado fue trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo en la localidad caraqueña de San Martín, donde murió bajo custodia del Estado.

Esto se traduce en que el Estado desde siempre le ocultó a Carmen la muerte de su hijo por más de 10 meses.

A propósito de esta omisión, que no fue mencionada por la Fiscalía en su comunicado, Justicia, Encuentro y Perdón denuncia que se ignora “deliberadamente” la cadena de responsabilidades de funcionarios de la institución, así como de la Defensoría del Pueblo, el CICPC, el Poder Judicial y el Ministerio Penitenciario.

“Ocultar la detención de una persona, negar sus condiciones de reclusión y esconder su fallecimiento es una desaparición forzada cometida por funcionarios públicos que debe ser investigada y sancionada. Al tratarse de una muerte bajo custodia, el Estado venezolano está obligado por el Protocolo de Minnesota a presumir el hecho como potencialmente ilícito y a indagar toda la cadena de mandos. No podemos aceptar que se culpe a una enfermedad para sepultar el caso. Exigimos una investigación exhaustiva que rinda cuentas por la desatención médica y que lleve ante la justicia a cada funcionario responsable de la desaparición y el ocultamiento de Víctor Quero”, concluyeron.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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