Banesco Banco Universal cerró el pasado 22 de mayo la tercera edición de “BanescoInnova”. La convocatoria recibió 807 propuestas de soluciones digitales desarrolladas por venezolanos dentro y fuera del país. Este programa abierto de Banesco promueve la cocreación entre desarrolladores digitales y el sistema financiero.
El 96 % de las propuestas fueron presentadas por personas residenciadas en Venezuela, lo que equivale a 776 iniciativas del total recibido. Esta tercera edición reunió más de 300 propuestas que incorporan soluciones basadas en Inteligencia Artificial (IA). De los emprendimientos digitales inscritos, el 40 % integra esta herramienta, mientras que el 30 % corresponde a servicios digitales, el 20 % a soluciones financieras y el 10 % a otros servicios.
La aplicación de herramientas de inteligencia artificial fue uno de los requisitos establecidos en el programa, junto con el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicables al sector financiero y a sus clientes.
Desarrollo de proyectos financieros con IA
De acuerdo con la vicepresidenta de Experiencia del Cliente, Transformación Digital e Innovación de Banesco, Yolanda Gigante, la institución ha comenzado a implementar IA desde hace algunos años para agilizar procesos internos y externos que contribuyan al desarrollo de productos y servicios, potencien los canales de atención y permitan un análisis de mercado más preciso y oportuno. Todo ello, destacó, bajo un enfoque de uso responsable y seguro de esta tecnología.
Los próximos pasos de BanescoInnova contemplan la revisión de cada una de las propuestas y una fase de preselección para la presentación de los modelos de negocio mediante sesiones de “pitch”. Una vez concluida esta etapa, se seleccionarán los proyectos ganadores y se definirá la estrategia de trabajo conjunta con la institución bancaria.
Proyectos que no se rinden
“BanescoInnova, sin duda, se ha convertido en un referente de oportunidades tanto para los desarrolladores digitales como para Banesco. En cada edición vemos nuevas ideas con gran potencial. Su valor radica en que ya están operativas, ejecutándose y extendiendo sus soluciones a un amplio universo de personas a las que atienden”, aseguró Gigante.
La vicepresidenta también destacó que el programa ha sido testigo de la perseverancia de proyectos que han evolucionado y mejorado en cada edición gracias al intercambio de experiencias entre emprendedores digitales que fomenta el espacio de coworking generado por BanescoInnova. Las ediciones anteriores acumularon más de 1.600 soluciones tecnológicas desarrolladas dentro y fuera de Venezuela. Como resultado de esas experiencias, seis propuestas fueron seleccionadas como ganadoras: una en la primera edición y cinco en la segunda edición, realizada en 2025.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) inició formalmente el proceso de registro nacional digital correspondiente al Sistema Nacional de Ingreso (SNI). Este mecanismo de ayuda tiene como propósito central el permitir que los estudiantes aspiren a un cupo en las diferentes universidades públicas del país, tras la carga de sus datos académicos y personales para la asignación de carreras.
Este proceso está dirigido exclusivamente a los alumnos que se encuentran cursando el último periodo de educación media general o técnica, igualmente para los bachilleres egresados de años anteriores que desean incorporarse o continuar su formación en el sistema de educación superior del país.
Para garantizar el acceso oportuno, las autoridades informaron que la plataforma permanecerá operativa de manera continua, de modo tal que la población estudiantil interesada pueda ingresar y cargar toda la información detallada que solicita el sistema.
El proceso de registro en el sistema
Los aspirantes que cumplan con los requisitos para optar por un cupo universitario en las instituciones públicas deberán seguir estrictamente con el siguiente listado de pasos, tras acceder al portal oficial de la OPSU:
Ubicar en el sitio web principal la sección correspondiente de “¿No tienes una cuenta? Regístrate” al final de la casilla de inicio de sesión.
Paso 3
Se abrirá una página llamada “Registro de Aspirante”, la cual hay que llenar con todos los datos personales del bachiller que esté buscando su cupo.
Paso 4
Al darle a “Siguiente” después de colocar los datos personales, hay un apartado de preguntas de seguridad para la validación de la identidad del bachiller cada vez que inicie sesión.
Paso 5
Al seguir en el proceso aparece una pestaña con todos los datos llenados al momento para revisarlos y asegurarse de que no hay ningún error, de modo tal de continuar con el proceso de registro.
Paso 6
Al verificar toda la información y darle a “Finalizar”, el sistema debería luego regresar a la página principal con un mensaje que dice que la información necesaria para el ingreso ha sido enviada a su correo electrónico.
Finalmente, al verificar la información en el correo electrónico y completado los pasos anteriores, los estudiantes podrán habilitar su perfil e iniciar sesión en el sitio web principal de la OPSU para formalizar la selección de sus elecciones universitarias.
Es importante no olvidar verificar la información en el correo registrado para evitar inconvenientes durante la recuperación del perfil y el cambio de contraseña.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La reciente orden emitida por el Ministerio del Poder Popular para la Salud orientada a disminuir las dosis y los refuerzos de las vacunas de inmunización a nivel nacional ha encendido las alarmas de los gremios médicos y de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, las cuales coinciden en señalar que atenta directamente contra el desarrollo integral de los niños.
A través de un análisis, la organización Cecodap advirtió que la escasez de estos productos no puede ser un justificante para la desatención de la infancia y adolescencia, por lo que el retraso en los cronogramas de vacunación sitúa a la población menor de cinco años en un panorama de extrema vulnerabilidad médica.
La organización alegó que la nueva estrategia de vacunación vulnera los principios de beneficencia, no maleficencia y justicia, al permitir que las consecuencias de un plan deficiente de recursos recaigan de forma desproporcionada sobre un sector vulnerable que no ejerce ningún tipo de control sobre las decisiones del sistema sanitario como los niños.
Las objeciones surgen tras la divulgación de la circular emitida por el ministerio el pasado 29 de mayo, la cual ordena la dosificación restrictiva en vacunas que son fundamentales como la Pentavalente, la Vacuna SRP (sarampión, rubéola y parotiditis), la Vacuna BCG (tuberculosis) y el Toxoide Tetánico-Diftérico, bajo el argumento de una optimización del limitado inventario de vacunas.
Frente a esta situación, los especialistas de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría (SVPP), Sociedades Científicas de Pediatría, Infectología, la Academia Nacional de Medicina y el doctor Huanides Urbina-Medina manifestaron que esto no representa una estrategia de administración técnica, sino una demostración del desabastecimiento en las instituciones.
Las estadísticas de la Oficina Panamericana de Salud correspondientes al año 2024 señalan que Venezuela apenas alcanza con suerte un 50% de cobertura vacunal en sus regiones más pobladas, una cifra que se ubica por debajo del 95% requerido por los organismos internacionales para certificar un sistema eficiente. La baja cobertura vacunacional deja en estado de desprotección a miles de niños frente a patologías que se pueden prevenir con la aplicación de los fármacos.
#Entérate | Huníades Urbina, expresidente de la Academia Nacional de Medicina, advierte que en el país las vacunas esenciales no llegar a toda la población. Señala que aunque Venezuela está en mora con organismos que proveen de inoculaciones esenciales ninguna de estas instancias… pic.twitter.com/VAJ2gBz2YO
La suspensión directa del primer refuerzo de la vacuna Pentavalente en menores de 18 meses, al igual que la del segundo refuerzo destinado a los infantes entre los 4 y 6 años, los deja expuestos a bacterias causantes de enfermedades. Las autoridades también postergaron la aplicación de la segunda dosis de la Vacuna SRP, lo que interrumpe la protección inmunológica masiva contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis en una etapa donde el crecimiento y la salud es crítica.
Afectar a los derechos infantiles adquiere una mayor gravedad al considerar las trabas logísticas que impone el racionamiento de la Vacuna BCG, cuya administración diaria quedó confinada a solo uno o dos establecimientos públicos por cada estado.
“Imagínate a una persona que vive al sur de Aragua que tenga que viajar horas para venir a Maracay a vacunar a su recién nacido con BCG y que, si no tiene cómo trasladarse, pues que vaya a ver qué resuelve sin protección y que no haya a quién reclamarle”, señaló el pediatra Alejandro Crespo Freytes, en información compartida en sus redes sociales
Crespo Freytes recordó que dosificar los refuerzos deja a los infantes abandonados de la protección necesaria frente a bacterias y virus de alto contagio que pueden derivar severas complicaciones de salud y hasta comprometer la vida.
Crespo Freytes insistió en que las vacunas no alcanzan por la baja inversión que hace el Estado venezolano, que “antes invertía hasta 48 millones de dólares anualmente en vacunas y en 2025. apenas destinó a las vacunas de tu hijo 4.2 millones de dólares según datos de la OPS”.
Consecuencias sanitarias
Las advertencias sobre las consecuencias y peligros sanitarios que este recorte puede traer no se han hecho esperar. La disminución de la coberturas de vacunación puede traer la reaparición de enfermedades que estaban erradicadas en el territorio, como brotes de difteria y sarampión. Los gremios en el área de salud recuerdan que el éxito de estas inmunizaciones está en el aspecto preventivo de los contagios, hospitalizaciones y fallecimientos que se logran evitar mediante una buena cobertura.
El doctor Huniades Urbina-Medina, expresidente de la Academia Nacional de Medicina, manifestó el pasado jueves en declaraciones a periodistas su preocupación por el riesgo de que haya una nueva entrada masiva del sarampión al país por el inicio del Mundial de Fútbol en México, país que ya registra más de 11 000 casos de esta afección.
El especialista explica que el tránsito de venezolanos con esquemas de vacunación incompletos hacia el exterior del país puede elevar la probabilidad de que esta enfermedad regrese a Venezuela y esto puede resultar problemático, ya que el sistema de salud carece de las dosis necesarias para responder ante nuevos brotes.
Vulneración de los derechos
Desde la perspectiva jurídica, Carlos Trapani, coordinador general deCecodap, resaltó en un artículo publicado en su sitio web que las restricciones del suministro de vacunación vulneran directamente el artículo 47 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna), el cual establece explícitamente el derecho que tienen los menores de edad a recibir la inmunización gratuita contra enfermedades prevenibles. Los defensores de los derechos humanos aclaran que la dotación de estos insumos médicos no es opcional, sino que es una garantía obligatoria que debe de prevalecer por encima de cualquier otra asignación de recursos públicos.
Y es que las estadísticas que registra la Organización Panamericana de la Salud, y mencionadas por el pediatra Alejandro Crespo Freytes, revelan un descenso drástico en el presupuesto destinado a insumos y tratamientos médicos por parte del gobierno venezolano, el cual pasó de tener inversiones de hasta 48 millones de dólares anuales a apenas destinar 4,2 millones para el año 2025.
Sin embargo, destaca que la insuficiencia de fondos no exime al oficialismo de sus responsabilidades para movilizar todas las herramientas financieras disponibles para poder gestionar vacunas dentro del país.
Restaurar el sistema
Para la mejora del derecho a la salud infantil, las organizaciones exigen la publicación oportuna y veraz de los datos sobre cobertura de medicamentos a nivel nacional, al igual que de los almacenes centrales y la situación epidemiológica actual de cada entidad, ya que la opacidad debilita la capacidad de los profesionales para dar respuesta y ayuda a nivel comunitario.
Finalmente, precisan que cualquier estrategia orientada a regular las dosis de vacunas disponibles debe considerar implementar un sistema de equidad que atienda prioritariamente a las comunidades más vulnerables del interior de la República. El médico Huniades Urbina-Medina, advirtió que en regiones como la Alta Guajira, Delta Amacuro y la Gran Sabana las coberturas reales apenas alcanzan un 20%, lo que expone a los niños de los pueblos indígenas a los impactos más fuertes del sistema sanitario.
Los especialistas coinciden en que la protección de la infancia de los riesgos de enfermedades necesita de acciones presupuestarias inmediatas y efectivas, y que cuando se atrasa la administración de una vacuna se quebranta de forma irreversible la protección de la vida de cada niño en el país.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 15 de junio, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
Mientras muchos centraban su atención en el partido entre Paraguay y Estados Unidos, la noche de este viernes, 12 de junio, el presidente norteamericano, Donald Trump, anunció en su red social Truth la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como el “Niño Guerrero”, principal cabecilla de la megabanda criminal “Tren de Aragua”.
Según la publicación de Trump, el ataque fue ejecutado por el Comando Sur, con el apoyo de las autoridades venezolanas. Describió la ejecución como un «ataque cinético rápido y letal». El mensaje del mandatario estadounidense confirmó el fin de una era para la criminalidad transnacional en el continente.
No se tienen muchos detalles del hecho más que un video difundido por Trump donde se ve el bombardeo a una vivienda, y la confirmación del Ministerio de Comunicación, el cual indicó que todo ocurrió en al sureste del estado Bolívar, zona en la que desde hace varios días se reportó una operación militar en zonas mineras y el Estado no había informado de qué se trataba el operativo.
“Viví 15 días horribles. O sea, tortura psicológica, tortura física, porque simplemente por el hecho de que me tenían con la cara tapada, sabiendo que yo era asmática, literal, era una asfixia lo que ellos me estaban haciendo”, Aranza Hernández, joven de 20 años expresa política, excarcelada el 12 de junio.
Lo que rompe en redes
El presidente Donald Trump dijo el domingo que un acuerdo de paz con Irán “ya está completo”; además, anunció que el estrecho de Ormuz ya está abierto y que Estados Unidos levantó el bloqueo marítimo impuesto a Teherán.
Azuquita pa’l café
La selección femenina de baloncesto de Venezuela hizo historia al clasificar por primera vez a la Copa Mundial FIBA U-19 Femenino, que se disputará en China en 2027.
🏀 VENEZUELA IRÁ A SU PRIMER MUNDIAL FEMENINO DE BALONCESTO
La selección femenina U-18 de Venezuela aseguró su clasificación a la Copa Mundial FIBA U19 de 2027, convirtiéndose en el primer combinado femenino venezolano de baloncesto en obtener un boleto a una cita mundialista pic.twitter.com/kuZ1qV1M3P
En su reciente visita a España, el papa León XIV acaba de calificar la pederastia clerical como una “plaga” y una “llaga abierta”. Se reunió con víctimas. Habló de verdad, justicia, reparación y escucha. Son palabras necesarias. Palabras que muchos católicos y no católicos esperábamos escuchar desde hace mucho tiempo. De Juan Pablo II en adelante, incluyéndolo, hubo algunas condenas públicas, pero veladas y definitivamente insuficientes, a la pederastia sacerdotal. Y dejaron una pregunta flotando en el aire: ¿por qué la Iglesia tardó tanto en actuar y por qué durante décadas la percepción pública fue que ciertos temas morales recibían más atención que la protección de los niños?
La Iglesia católica ha sido, durante dos mil años, una de las instituciones más influyentes de la humanidad. Ha inspirado obras de arte inmortales, fundado universidades, atendido enfermos, protegido pobres y servido de guía espiritual a miles de millones de personas. Precisamente por eso, cuando falla, sus errores son más dolorosos. Y cuando intenta ocultarlos, el daño es todavía mayor.
Numerosos católicos crecimos escuchando posiciones claras y contundentes sobre temas de moral sexual. Desde los “pecados horribles” que eran la masturbación, las relaciones prematrimoniales, el divorcio y los que se volvían a casar, la anticoncepción, el aborto, la homosexualidad y otros asuntos ocuparon innumerables documentos, homilías y debates. El fuego eterno era el castigo. Mientras tanto, miles de niños eran víctimas de abusos sexuales cometidos por hombres que llevaban sotana. ¡Tremenda hipocresía y tamaño horror!
Y lo más grave no fueron solamente los abusos. Lo verdaderamente devastador fue que, en demasiadas ocasiones, quienes debían proteger a los más vulnerables optaron por proteger la institución. Sacerdotes trasladados de una parroquia a otra. Denuncias archivadas. Familias ignoradas. Víctimas silenciadas. Desde los papas hasta los párrocos. No hubo jerarquía eclesiástica que no tapara a los pederastas.
Al menos a mí me resulta difícil comprender que algunos líderes eclesiásticos parecieran experimentar una mayor inquietud ante la vida privada de adultos que ante la destrucción de la infancia de miles de niños.
La verdad exige preguntarse por qué tantos responsables miraron hacia otro lado durante tanto tiempo. Exige reconocer que el problema no fueron únicamente los depredadores, sino también quienes los protegieron. Exige entender que el escándalo no radica solo en los pecados cometidos, sino en la estructura de silencio que permitió que continuaran, que, de paso, es pecado también. Es imposible no preguntarse cómo pudo ocurrir algo así dentro de una organización cuya misión principal –según ellos– es precisamente la defensa de la dignidad humana.
La homosexualidad entre adultos puede ser objeto de discusión doctrinal. La violación de un niño, no. No admite matices teológicos ni interpretaciones pastorales. Es un crimen. Y es, además, una traición absoluta al Evangelio que esos mismos sacerdotes predicaban.
Por eso resulta tan doloroso que la Iglesia nunca se haya pronunciado sobre los delitos cometidos contra menores dentro de sus propias filas. Quizás esa percepción no siempre fue justa. Quizás hubo quienes sí denunciaron y lucharon desde dentro. Pero la magnitud del escándalo demuestra que algo falló profundamente.
Hoy León XIV parece dispuesto a enfrentar esa realidad. Es una buena noticia. Nadie gana cuando la Iglesia pierde credibilidad. Nadie gana cuando las víctimas sienten que sus heridas son ignoradas. Nadie gana cuando el silencio reemplaza a la verdad. Ninguna institución –menos la “santa” Iglesia católica– debería preocuparse más por juzgar la vida privada de adultos que por proteger a los niños.
Las palabras, por sí solas, no bastan. La confianza no se reconstruye mediante discursos. Se reconstruye con transparencia. Con investigaciones independientes. Con colaboración plena con la justicia civil. Con sanciones para los culpables y también para quienes los encubrieron, porque son culpables también.
Porque la verdadera medida de una institución moral no está en la firmeza con que condena los pecados de otros, sino en el valor con que enfrenta los propios. Los católicos merecen respuestas. Las víctimas merecen justicia. Y la Iglesia, si quiere seguir siendo una referencia moral para el mundo, merece la oportunidad de demostrar que aprendió la lección.
Al final, ninguna prioridad puede estar por encima de la protección de un niño. Gracias, Su Santidad, por haber puesto, por primera vez con la contundencia debida, el tema sobre el tapete.
El juicio por el caso Pdvsa-Cripto se acerca a su fin tras la audiencia número 19, celebrada el pasado 12 de junio. En esta sesión, los acusados aseguraron ser inocentes, negándose a admitir los hechos imputados por el Ministerio Público. Para este lunes 15 de junio, se espera que el fiscal Eddie Rodríguez —quien ha sido objeto de recusación por parte de las defensas debido a presuntas violaciones a los derechos humanos durante el proceso— presente sus argumentos para contestar las múltiples incidencias planteadas.
Desde el inicio de las audiencias, el pasado 20 de abril, la jueza Alejandra Romero Castillo ha optado por cerrar el procesos a los ojos y oídos de la prensa. Pese a esta restricción, TalCual ha podido conocer que en lo que va de juicio, el banquillo de los acusados se transformó en una tribuna de denuncias donde los procesados califican el expediente como una «simulación de hecho punible» y una purga política.
Según los testimonios, a los que este medio ha tenido acceso, el objetivo del proceso no es la búsqueda de justicia, sino la reconfiguración del poder interno y el control de activos estratégicos que, durante años, permanecieron fuera de las auditorías estatales.
Mientras el país exige conocer el destino de los 21.200 millones de dólares que Pdvsa perdió por vender crudo a través de intermediarios opacos, el proceso judicial se ha transformado en una escenografía de denuncias sobre torturas, aislamiento prolongado y pugnas por la propiedad privada. Tres años después del inicio de las investigaciones, el debate se ha alejado de la arquitectura financiera de los criptoactivos para centrarse en un esquema que, de acuerdo con los involucrados, ha servido para la liquidación de patrimonio privado.
Una fuente cercana al proceso cuenta a TalCual que las tensiones escalaron desde la semana antepasada, con la negación de las autoridades a trasladar a los acusados al Palacio de Justicia desde sus centros de reclusión. En la audiencia del 10 de junio, las defensas rechazaron al formato telemático. El reclamo fue desestimado por la jueza que declaró sin lugar las oposiciones al formato, alegando supuestas medidas de seguridad que impiden el traslado de los detenidos desde Rodeo I.
Durante esta sesión, Tarek El Aissami, exministro de Petróleo, y quien en algún momento fue alto jerarca del Partido Socialista Unido de Venezuela, denunció la omisión de socorro médico ante su delicado estado de salud, calificando las condiciones de reclusión y el manejo del expediente como prácticas de «pena de muerte» por parte del Estado, al tiempo que cuestionó la falta de transparencia y publicidad del juicio.
Con la intervención del fiscal Rodríguez, prevista para el 15 de junio, y el posterior pronunciamiento de la jueza sobre las incidencias presentadas, el caso Pdvsa Cripto parece agotarse en su fase de exposición, dejando atrás un rastro de denuncias sobre irregularidades procesales que ponen en duda la legitimidad del proceso judicial en su conjunto.
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Jackeline Sandoval, abogada y esposa del preso político Rolando Guevara, exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), alertó que la salud se su cónyuge se encuentra en un estado “sumamente delicado”, puesto que ha manifestado sufrir mareos intermitentes desde el 3 de enero y el Estado se ha negado a ofrecerle atención médica.
En una publicación difundida en Instagram, Sandoval señaló que pareciera que la administración actual “está ejecutando de forma pasiva la pena de muerte indirecta impuesta durante los mandatos de Chávez y Maduro”.
“Todo indica que se pretende esperar a que su condición sea terminal para brindarle asistencia, o que el desenlace fatal es el objetivo real, tal como se ordenó en noviembre de 2004, algo que bien podrían dar testimonio los funcionarios policiales que investigaron el caso Anderson en aquella época”, añadió.
Sandoval responsabiliza al Estado por la vida y la integridad física de Rolando Guevara. “Desatender su situación no solo agrava su salud, sino que constituye un desacato flagrante a la sentencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Rolando Guevara está en prisión desde 2004, cuando fue detenido junto a su hermano Otoniel Guevara, excomisario de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip); y su primo, Juan Guevara. Fueron detenidos por el asesinato del fiscal del Ministerio Público Danilo Anderson.
Los hermanos Guevara y su primo Juan fueron detenidos sin orden judicial, incomunicados y sometidos a torturas (asfixia, golpes, descargas eléctricas) para extraer confesiones. Fueron condenados a casi 30 años de prisión. El testigo principal del caso, Giovanni Vásquez de Armas, confesó posteriormente que todo fue un montaje orquestado por la Fiscalía.
En agosto de 2025, los tres fueron trasladados de manera arbitraria de su centro de reclusión (Sebin – El Helicoide) sin notificar a sus abogados ni a sus familiares. Luego de 70 días fue que sus familiares supieron que estaban en el Servicio Especial de Máxima Seguridad (Sesmas) de El Rodeo I.
🚨 Es alarmante e inaceptable lo que sucede con la salud de Rolando Guevara con un cuadro recurrente desde pasado 23 de febrero ha presentado sintomatología sin recibir tratamiento médico adecuado ni atención médica especializada de acuerdo a las denuncias de sus familiares. pic.twitter.com/G3qRIZMkly
— Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia (@Coalicion_ddhh) June 14, 2026
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) alertó sobre el sumamente delicado estado de salud en el que se encuentra Rolando Guevara, quien cumple una condena de 27 años y seis meses de cárcel. La organización reportó que… pic.twitter.com/fCjj8uDKkC
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Aranza Hernández es una joven de 20 años que estuvo detenida por motivos políticos desde noviembre de 2025. Tras salir de prisión, contó que ahora debe cumplir un régimen de presentación cada 30 días, pero asegura que “no es momento de callar”. Su prioridad se centra en visibilizar la situación de sus familiares y compañeras que aún continúan en prisión.
La detención de Aranza, madre de una niña de cinco años, ocurrió de forma arbitraria en Maracaibo, estado Zulia, cuando los funcionarios ingresaron a su vivienda sin ninguna orden de aprehensión. Las autoridades la interrogaron insistentemente sobre su hermano Cristian Hernández, un militar exiliado en Estados Unidos a quien ella no veía desde los 8 años de edad. Durante el procedimiento, los agentes la encapucharon y la trasladaron a Caracas en un viaje a ciegas.
En una entrevista concedida desde El Rodeo I a la periodista Maryorin Méndez, la joven manifestó: “Sé que ya no va a haber más aprehensión, porque sé que es el momento donde yo me puedo expresary decir que todavía quedan presos políticos”.
Aranza pasó sus primeros 15 días de cautiverio en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta. La joven describió el lugar de encierro como una estructura inhumana. “Eso parecía como una perrera porque era algo súper pequeñito y con cuatro rejas; yo sentía que era un perro en ese momento”, denunció sobre las condiciones de su celda.
En ese sitio sufrió torturas físicas y psicológicas, agravadas por su condición de asmática mientras permanecía con el rostro cubierto. “Viví 15 días horribles. O sea, tortura psicológica, tortura física, porque simplemente por el hecho de que me tenían con la cara tapada, sabiendo que yo era asmática, literal, era una asfixia lo que ellos me estaban haciendo”, recordó.
La joven señaló que los funcionarios le cuestionaban constantemente sobre su hermano y si había hecho algún trabajo para él. “Solamente me preguntaban por mi hermano y que cuál mandado le había hecho”, dijo.
El 13 de enero de 2026, los custodios la trasladaron al centro de reclusión femenino Las Crisálidas. Aranza asocia su liberación directamente con los recientes acontecimientos políticos de Venezuela. “Si no hubiese caído el presidente, yo seguiría en las manos del Dgcim, todavía siguiera en aquel lugar del cual la gente me decía que no iba a salir”, sentenció.
Una familia perseguida
El entorno familiar de Aranza sufrió de manera directa la persecución del Estado. Las autoridades detuvieron en total a cinco miembros de su núcleo por el único motivo de ser parientes del Teniente Cristian Hernández. Entre los arrestados figura su hermana Samantha, una adolescente de 16 años que fue excarcelada en mayo; y su cuñada Maykelis Borges. “Hoy, para la gloria de Dios, también está en libertad con su bebé Christofer, quien nació atrás de las rejas”, celebró.
La mayor preocupación de la joven se concentra en su primo Ariel Alberto Camargo y su tío Henry Alberto Castillo. “Ellos por ser familia de un militar exiliado hoy viven la tristeza y la soledad tras aquellas rejas, con la esperanza de algún día salir de ese lugar”, lamentó Aranza, detallando que descubrieron el paradero de su tío en el Rodeo I tras pasar más de un año desaparecido.
Vocera de las que quedan atrás
La joven mostró una carpeta con los nombres de varias mujeres que conoció en prisión y exigió la liberación inmediata de todas ellas. Entre los casos que mencionó destacan las juezas Maurelis Vilches y Helen Ojeda, ambas acusadas de terrorismo. También denunció la situación de las ciudadanas ecuatorianas Cinthia y Sonia, detenidas en Apure bajo cargos de terrorismo y trata de personas por el hecho de ser extranjeras.
La lista de la joven incluye a Anny Moreno, de 19 años, acusada de fraude electrónico; a Lenny Cruz y Kristina Antonorsi, procesadas por el caso Pdvsa; y a Yazmín Fajardo, arrestada por exigir en redes sociales la libertad de su esposo. Aranza también recordó conmovida el caso de Víctor Hugo Quero, quien murió bajo custodia en julio de 2025 y el Estado ocultó su muerte durante casi 10 meses.
Los últimos dos días han sido de total desvelo para Aranza debido al impacto emocional del reencuentro con su hermana Samantha y la readaptación a la calle. “Me tengo que enfrentar a muchas cosas, tanto adaptación para mí… tengo dos días que no duermo… no he pegado ni un ojo”, confesó sobre sus primeras horas fuera de prisión.
En lo inmediato, la joven solicitará un permiso especial a los tribunales para viajar al estado Zulia. Su meta es asistir a la graduación de preescolar de su hija de cinco años. Finalmente, manifestó un compromiso de alzar la voz por quienes siguen encerrados: “Quisiera ayudar a cada uno de los presos políticos que se encuentran detenidos en la Crisálida, en el INOF, acá en el Rodeo I, en Yare”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
