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¿Luz a largo plazo? Los alcances del acuerdo entre Gobierno y General Electric

Yakary Prado
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¿Luz a largo plazo? Los alcances del acuerdo entre Gobierno y General Electric

El gobierno de Delcy Rodríguez, tutelado por Estados Unidos, y General Electric (GE) Vernova firmaron un memorando de entendimiento para estabilizar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). El acuerdo prevé la recuperación de más de 5000 megavatios en 48 meses y la formación de personal técnico local tras un diagnóstico previo de seis semanas.

La instrucción inmediata dada a los equipos técnicos es convertir este documento en un contrato definitivo a la brevedad posible para iniciar las obras civiles e industriales.

Por la delegación internacional y corporativa firmaron este memorado Roger Martella (director corporativo de GE Vernova), Eric Gray (presidente del Segmento de Generación de GE Vernova) y John Barrett (encargado de negocios de EE. UU. en Venezuela), mientras que por el gobierno de Delcy Rodríguez lo hizo ella misma y Rolando Alcalá, ministro de Energía Eléctrica.

Dentro de la comitiva oficial de respaldo, Calixto Ortega (vicepresidente de Economía y Finanzas), Juan José Ramírez (vicepresidente de Obras Públicas y Servicios), Paula Henao (ministra de Hidrocarburos), Héctor Obregón (presidente de Pdvsa), Jovanny Martínez (vicepresidente de Pdbvsa), José Luis Betancourt (presidente de Corpoelec) y Oliver Blanco (viceministro para Europa y América del Norte).

A continuación, las claves de este proyecto y el contexto en el que se firma:

Apertura al capital privado

Este paso coincide directamente con la reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico (aprobada en primera discusión el pasado 2 de junio de 2026), la cual contempla la creación de empresas mixtas en el sector eléctrico y revierte más de dos décadas de monopolio estatal absoluto.

Ruta diplomática

El acercamiento formal se aceleró a finales de marzo de 2026 tras una reunión entre Rodríguez y el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.

El convenio se suma a otro acuerdo «histórico» firmado recientemente por el Ejecutivo con la empresa energética argentina IMPSA para reactivar y completar el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Tocoma (estado Bolívar), con lo que se estima añadir otros 2400 MW.

Diagnóstico previo

El convenio es el resultado de un mes y medio de evaluaciones previas. Comisiones técnicas de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) recorrieron la red nacional junto a especialistas de GE Vernova y la firma alemana Siemens e inspeccionaron subestaciones, plantas termoeléctricas e hidroeléctricas.

¿Qué contempla el plan?

Los voceros de GE Vernova proyectan un fortalecimiento palpable de la infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional dentro de los próximos 12 meses, a través de la agilización de procesos industriales.

El plan oficial aspira a recuperar e incorporar 1000 megavatios (MW) en los primeros 24 meses de ejecución, y un acumulado superior a los 5000 MW al completarse los 4 años (48 meses).

Roger Martella, representante de GE Vernova, destacó que para cumplir con la misión de fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Venezuela en los próximos 12 meses, se enfocarán en la electrificación y la capacitación de la fuerza laboral local. La intervención, realizada en el Palacio de Miraflores, incluyó el compromiso de trabajar rápidamente en el ámbito técnico para mejorar el sistema y generar beneficios económicos.

Por su parte, y a juicio de Delcy Rodríguez, esta optimización es necesaria “para la vida nacional, tanto para cada hogar venezolano como para la plataforma industrial de nuestro país, pero principalmente para la vida de la nación. Yo les agradezco que estas sean buenas noticias para Venezuela», comentó durante la firma del convenio.

El proyecto incluye rehabilitación de plantas, mejora de eficiencia e incorporación de capacidad.

¿Hacia dónde se orientará la nueva generación eléctrica?

Una parte clave de la nueva generación eléctrica generada mediante este convenio se destinará directamente a estabilizar los procesos de Pdvsa y sostener la producción de crudo nacional.

Otra de las metas, según lo indicado, es la renovación de las centrales termoeléctricas, indispensables para respaldar la red nacional cuando la Central Hidroeléctrica de Guri —que aporta el 60 % del suministro total— sufre bajas operacionales o sequías prolongadas.

¿Será suficiente?

Datos e informes técnicos recopilados a inicios de 2026 estiman que la estabilización y recuperación total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) requiere una inversión estructural urgente de entre 15 000 y 40 000 millones de dólares.

La producción nacional de electricidad arrastra una caída superior al 30 % debido al severo rezago en mantenimiento técnico, desinversión crónica y falta de transparencia en la gestión operativa.

Aunque en la ciudad capital, a excepción de ciertas zonas, los apagones no suelen ser tan prolongados, el interior del país sufre cortes programados e imprevistos que superan con facilidad las 5 horas diarias y hasta más, en el caso de los estados occidentales y andinos. En mayo de 2026, el Ejecutivo prohibió la minería digital en todo el país tras admitir que la demanda había alcanzado su pico más alto en 9 años y que había saturado la ya frágil red nacional.

El “fantasma” de Tocoma

Desde el decreto de emergencia eléctrica de 2010, el chavismo ha anunciado múltiples planes de militarización de subestaciones y desembolsos masivos que no detuvieron el colapso sistémico reflejado en los apagones nacionales de 2019, y en la situación que se sigue arrastrando siete años después.

La paralización por más de una década de la Central Hidroeléctrica Tocoma (estado Bolívar) es el símbolo histórico del fracaso constructivo y la opacidad presupuestaria. El reciente acuerdo firmado en paralelo con la empresa argentina IMPSA para intentar reactivarla evidencia que el parque de generación del país lleva años operando con proyectos inconclusos.

¿Qué dicen los analistas?

Con cautela y poca expectativa recibieron algunos especialistas este anuncio. Entrevistado por VPITv, el ingeniero electromecánico Juan Carlos Rodríguez consideró que se necesita declarar una emergencia eléctrica nacional y que los recientes acuerdos del gobierno tutelado por EE.UU. con empresas del sector serán insuficientes para resolver la crisis energética en el país.

“En el 2013 la demanda máxima era de 18 000 megavatios (…) Para tener una actividad económica como la de ese año necesitamos, por lo menos, 23 000 megavatios disponibles. Lo que necesitamos es inversiones muy cuantiosas, no lo haremos con un plan de rehabilitación con algunas compañías, acá necesitamos grandes inversiones y en los próximos cinco años”, sostuvo.



En rueda de prensa este 16 de junio el economista José Guerra apuntó9 que la crisis eléctrica en sectores críticos del país, como el Zulia y los estados centrales, requiere una inversión de 10 000 millones de dólares durante aproximadamente cinco años para su recuperación. Añadió que Venezuela tiene una capacidad instalada de 30 000 MW, de los que dispone solo de 15 000 MW. Para alcanzar un nivel de crecimiento económico similar al de 2012 se requieren como mínimo 20 000 MW, y cada megavatio requiere una inversión de 2000 millones de dólares.

El anuncio del acuerdo entre la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la empresa estadounidense General Electric representa un punto favorable para el sistema eléctrico venezolano, a juicio del especialista. No obstante, Guerra insistió en que se requiere transparencia en el proceso. Recordó la inversión aprobada por la Asamblea Nacional de 25 000 millones de dólares en 2009 para la compra de turbinas, a la que nunca se le vio un impacto significativo. En ese sentido, insistió en que el convenio puede servir para “aliviar”, pero no para mejorar estructuralmente el SEN.

Mientras que Oscar Murillo, coordinador general de Provea, reveló que la firma del acuerdo con General Electric fue difícil de lograr y que hubo “varias visitas de técnicos y muchas vueltas al asunto”. Insistió también en lo arduo que resultará la materialización del acuerdo, en vista del “trabajo urgente y necesario” que se necesita, debido a factores como “la reputación de ‘mala paga’ del gobierno venezolano; la corrupción que ha minado la administración pública y el monto del acuerdo”.

A juicio de Murillo, la intervención de los EE. UU. fue “vital para salvar estos acuerdos” y que el gobierno de ese país fungió prácticamente como fiador de los mismos. El defensor de derechos humanos también recordó que la insuficiencia y el deterioro de la infraestructura eléctrica han sido el resultado del “abandono de los planes de inversión y mantenimiento; esto sin contar las múltiples decisiones improvisadas y/o tomadas por razones partidistas”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Crisis eléctrica: Gobierno reporta “hito en demanda” y anuncia que presentarán plan de recuperación

Celebrarán audiencia sobre caso Oscar Pérez en la CorteIDH este 17 de junio

Redacción Runrun.es
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Celebrarán audiencia sobre caso Oscar Pérez en la CorteIDH este 17 de junio

Este miércoles 17 de junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Costa Rica llevará a cabo una audiencia pública sobre el caso del ajusticiamiento del funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Oscar Pérez, ocurrido en enero de 2018 en El Junquito.

A la cita acudiran representantes de la ONG Foro Penal y del Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center, quienes expondrán ante la Corte las violaciones a los derechos humanos y al debido proceso ocurrido durante el operativo que acabó con la vida de Pérez y otros funcionarios, disidentes del entonces gobierno del ahora preso en Estados Unidos, Nicolás Maduro.  

En el operativo extrajudicial fueron muertos Abraham Agostini, José Alejandro Díaz Pimentel, Jairo y Abraham Lugo Ramos, Daniel Soto y Lisbeth Ramírez.

Pérez se convirtió en una figura emblemática contra el gobierno de Maduro al rebelarse públicamente y con un helicóptero del Cicpc arrojar explosivos sonoros contra la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas en junio de 2017, en el marco de las protestas antigubernamentales que arrojaron más de una centena de muertos. 

La imagen de Pérez pilotando un helicóptero con una pancarta que decía “350 libertad” se hizo viral y se convirtió en símbolo de la rebelión dentro de las fuerzas policiales y militares de Venezuela. 

De acuerdo con los exponentes, aproximadamente 500 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad participaron en la denominada “Masacre de El junquito”, un hecho que describen como “un operativo marcado por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la privación arbitraria de la vida de estas siete personas, en contravención de los estándares internacionales de derechos humanos”.

En la ponencia estarán el director del Foro Penal, Alfredo Romero; Angelita Baeyens, vicepresidenta de Incidencia y Litigio Internacional del Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center; Isabel Carlota Roby, abogada senior para América Latina del Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center; Aminta Pérez, madre de Óscar Pérez; Zeila Agostini, madre de Abraham Agostini y Giancarlo Fiorella, perito. 

Según el expediente que será presentado este miércoles, el caso incluye denuncias sobre los actos de hostigamiento, vigilancia, intimidación y persecución contra familiares de las víctimas tras los hechos, circunstancias que obligaron a varios de ellos a abandonar Venezuela.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

Dos decisiones del TSJ que abren la puerta a la amnistía según Acceso a la Justicia

La Conversa con la Luz | Ejecución del “Niño Guerrero” impide que se conozca la verdad sobre vínculos con el poder político

Alianza Rebelde Investiga (ARI)
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La Conversa con la Luz | Ejecución del “Niño Guerrero” impide que se conozca la verdad sobre vínculos con el poder político

¿A quién le conviene la muerte del Niño Guerrero?, ¿Quién gana y quién pierde? y ¿Qué revela esta acción sobre la seguridad y política en Venezuela? Todas estas preguntas fueron contestadas en una edición especial de La Conversa con la Luz el domingo 14 de junio conformada por la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual, además de Efecto Cocuyo. 

El pasado viernes 12 de junio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció en su cuenta Truth Social que las Fuerzas Armadas de su país mataron en una acción conjunta con el gobierno venezolano al líder de la banda criminal transnacional  Tren de Aragua, Hector Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero” en la población de La Claritas, en el estado Bolívar. Trump describió el ataque ejecutado por el Comando Sur estadounidense con apoyo venezolano como “cinético, rápido y letal”.

Ronna Rísquez, directora de ARI y autora del libro El Tren de Aragua: la banda que revolucionó el crimen organizado, indicó que si se hubiese querido hacer justicia lo indicado era detener a Guerrero Flores y no supuestamente eliminarlo en la segunda incursión violenta de fuerzas militares estadounidenses luego de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero.

Rísquez recordó que Guerrero Flores está en la misma causa que se le sigue en Estados Unidos a Maduro por terrorismo, tráfico de drogas, crimen organizado y empleo de armamento de guerra.

“Tendría que haber hablado, testificado o comparecido ante ese tribunal en Estados Unidos para hablar acerca de esa aparente relación con Maduro a quien el gobierno de Trump señala como el verdadero líder del Tren de Aragua”, dijo Rísquez. 

La directora de ARI sentenció que Guerrero hubiese podido hablar de las operaciones del Tren de Aragua fuera de territorio nacional, especialmente en Chile, donde la banda criminal está señalada de ser la autora del asesinato del teniente del Ejército venezolano, Ronald Ojeda, el pasado 21 de febrero de 2024 y donde además era solicitado por los delitos de secuestro, extorsión, homicidio y trata de personas. 

“También hubiese sido interesante que hablara acerca de cómo fue que el Tren de Aragua logró operar durante tantos años en la cárcel de Tocorón en el estado Aragua, salió y estableció células en distintos países, todo eso ante la mirada de las autoridades venezolanas”, enfatizó Rísquez. 

Luzmely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, dijo que el propio fiscal chileno, Héctor Barros, indicó que había información de que Guerrero Flores se encontraba operando en el estado Bolívar.  

Rísquez agregó que las autoridades brasileñas también presumían de la presencia de Guerrero en ese sector, porque existe la probabilidad de que eventualmente se moviera al vecino país por razones de seguridad.   

César Batiz, director del Pitazo, informó que la intervención de la cárcel de Tocorón se produjo en 2023 y el que el dominio hamponil en el sector de Las Claritas y el Kilómetro 88 estaba en manos de alias “Juancho” y posteriormente llegó Yohan José Romero, alias “Johan Petrica”, asi como Giovanni Vicente Mosquera. “Por otro lado está Fabio, que está en otra zona”.

Según Batiz, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, le dio a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la orden que debía sacar del Arco Minero al Tren de Aragua, al ELN y a los sindicatos.

“El alcalde de El Callao, Coromoto Lugo reconoció que estuvieron en la zona representantes de empresas mineras estadounidenses y dijo que necesitan seguridad. Y esa seguridad no la pueden tener mientras estén presuntos criminales del Tren de Aragua, el ELN, y los sindicatos”, dijo Batiz. 

Rísquez sostuvo que desde que se desmanteló la prisión de Tocorón en 2023 se especulaba sobre la presencia del “Niño Guerrero” en el estado Bolívar.

“Las personas con las que pude hablar confirmaron que el visitaba con frecuencia esa zona para reunirse con Petrica y después del desalojo de Tocorón se había ido a refugiar a Las Claritas. Entonces sí es posible que haya podido estar ahí”, dijo Rísquez.

La directora de ARI informó que todos los pueblos que tienen minas cuentan con un jefe criminal. “Y eso ha sido así, antes y después de la creación del Arco Minero y durante la época en que era gobernador Francisco Rangel Gómez”.

Rísquez apuntó que además en esa zona hay otras estructuras criminales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC.

Reyes calificó como llamativo que ahora el presidente estadounidense Donald Trump sea quien informe primero de lo que acontece en Venezuela y después el gobierno de Rodríguez lo confirme, tal cual y como sucedió con la captura de Maduro y Flores.  

Luis Ernesto Blanco, director de Runrunes, sentenció que la muerte del “Niño Guerrero” se produjo después de la aprobación de la Ley de Minas en la Asamblea Nacional y la presión de algunos voceros del gobierno de Estados Unidos para garantizar la seguridad en esa zona, donde supuestamente deben instalarse inversionistas extranjeros.

Una caja negra

Rísquez dijo que el Arco Minero es como una caja negra. La opacidad y la falta de transparencia con la que opera el gobierno venezolano hacen que sea prácticamente imposible corroborar una información. 

“Periodistas en la zona no tienen cómo constatar qué está pasando en esa zona de Las Claritas. Cazadores de Fake News hizo un análisis de la mayoría de los videos publicados, incluso donde se veían a mineros huyendo y determinaron que casi la mayoría son falsos, no corresponden a la zona ni al momento”, sostuvo Rísquez.

Reyes informó que aparte del comunicado que sacó la administración de Rodríguez, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Relaciones Interiores y el Ministerio de la Defensa no se han pronunciado sobre la incursión estadounidense en territorio venezolano. 

Blanco sentenció que Trump había usado al Tren de Aragua como un elemento recurrente en su campaña y la supuestamente eliminación del “Niño guerrero” se convierte en una victoria para su gestión política.

Batiz expresó que es perentorio buscar una solución para los mineros que no son delincuentes.

“Que están allí por necesidad. En El Callao se habla de unos 60.000 mineros. Algunas organizaciones dicen que han detectado 1.900 focos de minería, otras hablan de 3.700. Lo que sí es exacto es que el Arco Minero tiene una extensión de 120 mil kilómetros cuadrados aproximadamente, lo que corresponde al 12% del territorio nacional”, indicó el director de El Pitazo. 

Blanco agregó que el área es un poco más grande que Portugal y el doble del tamaño de Costa Rica.

Rísquez agregó que la gobernanza criminal que operaba en el Arco Minero se encargaba de establecer cierto orden.  

“Se daban a la tarea de reclutar a los mineros, comercializar todo lo que estaba alrededor de la mina, prostitución, droga, licor, logística en general. Y a cambio recibían un porcentaje de lo que generaba la mina”, expuso la directora de ARI.

A juicio de Rísquez, el gobierno venezolano pudo haber realizado esta operación sin el apoyo de Estados Unidos, así como desalojó Tocorón y otras prisiones de Venezuela, desmanteló la banda del “Koki” en la Cota 905 de Caracas, la banda del “Picure” en Guárico y al Tren del Llano en San Juan de Unare en el estado Sucre

“No significa que convalide las formas en que se hacen este tipo de operaciones, pero hay que tener claro que este mismo gobierno ha combatido a otras estructuras criminales sin el apoyo de Estados Unidos”, dijo la directora de ARI.

Para Rísquez, la supuesta muerte de Guerrero Flores cobra un protagonismo simbólico en la gestión de Trump.

En vista de la opacidad del operativo, Rísquez apuntó que desconoce si otros cabecillas del TDA cayeron igual que Guerrero Flores o ahora pasarán a tomar el control de la organización criminal. 

“Lo único que hemos visto es una publicación en una red social del presidente de Estados Unidos, un comunicado del gobierno de Venezuela y una casucha que fue explotada”, puntualizó  Rísquez.

La directora de ARI indicó que aún hay muchas preguntas por responder y que probablemente queden en el aire. “Qué tipo de aeronave se usó en el bombardeo, qué proyectiles se emplearon, cuántas personas intervinieron en la operación y por supuesto la cantidad de víctimas, si hubo heridos. No tenemos mayores detalles”. 

Reyes calificó a lo ocurrido en Las Claritas como un experimento de lo que es capaz de hacer Estados Unidos en cualquier territorio venezolano.  

“Y es una alerta para todos, para los grupos que están y también los que no están en el gobierno”, sostuvo la directora de Efecto Cocuyo.

Reyes añadió que organizaciones defensoras de derechos humanos como Provea exigieron una investigación exhaustiva. 

“Lo peor que le puede pasar a Venezuela es que la gente se termine adaptandose al autoritarismo”, indicó la fundadora de Efecto Cocuyo.

Reyes agregó que el Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que había que estar preparado, porque este tipo de acciones van a seguir. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

¿Elecciones pronto o cuando haya condiciones?

Eddie A. Ramírez S.
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¿Elecciones pronto o cuando haya condiciones?

¿Debemos ir a elecciones presidenciales y parlamentarias solo cuando se respete lo contemplado en la Constitución o aceptar que se efectúen con unos acuerdos mínimos? Este escribidor de cuartillas no es experto electoral, ni tiene experiencia político partidista, pero como ciudadano tiene el derecho y el deber de exteriorizar algunas inquietudes al respecto.

¿Qué le conviene a Delcy?

La mayoría de las voces que se escuchan dicen que le conviene que las elecciones sean lo más tarde posible, alegando que si logra que mejore la economía podría acortar la gran ventaja que le lleva María Corina.

Además, como en nuestro medio el tiempo borra muchos pecados, se podría olvidar que ella es una de las principales culpables de las violaciones a los derechos humanos, de la destrucción del país y de sus instituciones. Incluso, parte de los chavistas-maduristas quizá dejarían pasar su traición a los postulados del llamado socialismo del siglo XXI, la entrega al “imperio” de su antiguo jefe, así como su genuflexa aceptación de las órdenes del presidente Trump.

Otros elucubramos que lo que más le conviene es llegar a un acuerdo con María Corina, para realizar elecciones limpias, sacudirse las órdenes humillantes de Trump y retirarse a sus cuarteles de invierno a la espera de que el péndulo voluble de la opinión pública le sea menos adverso.

Bochinche: ¿con Delcy o con María Corina?

¿Qué le conviene al país y a María Corina?

Posponer elecciones esperando tener condiciones electorales de acuerdo a la Constitución ocasionaría desesperanza en la población que pasa hambre, que sufre por la debacle de los servicios médicos y de la educación, así como por la escasez de electricidad y de agua.

Sería traumático para los presos políticos y para sus familiares que esperan la libertad desde el 3 de enero. Además, mientras más demore tener un gobierno legítimo, será más difícil refinanciar la cuantiosa deuda externa que inevitablemente seguirá aumentando por los intereses vencidos. Desde luego, los grandes inversionistas se mantendrían al margen. En cuanto a María Corina, la demora y su relación con Trump no la favorecen.

Se alega que no se puede votar con un Consejo Nacional Electoral (CNE) y un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) corrupto, que el actual Registro Electoral está contaminado y no incluye a los nuevos votantes, a quienes cambiaron de domicilio, ni a la gran mayoría de los que estamos en el exterior. Todo esto es cierto, pero, a pesar de ello, el 28 de julio elegimos abrumadoramente a Edmundo González.

Delcy y su hermano harán la pantomima de seleccionar nuevos rectores electorales y nuevos magistrados del TSJ, pero difícilmente lo harán de acuerdo a la Constitución. Obviamente no podemos dejar al régimen rueda libre. Tenemos que presionar en la calle, en las negociaciones y ante el tutor para que el régimen depure el Registro Electoral, abra más centros de registro, designe ciudadanos independientes en el CNE y en el TSJ y facilite el voto de los venezolanos en el exterior.

¿Qué es lo mínimo que requerimos para volver a ganar?

Prioritariamente, que retiren la inhabilitación a María Corina y al resto de dirigentes segregados; asegurar la presencia de observadores internacionales en todas las fases de la elección, eliminar los centros de votación clandestinos, compromiso con la Fuerza Armada para aplicar el Plan República con el profesionalismo de la pasada elección y, desde luego, permitir obtener copias de las actas y respetar la integridad física de los testigos de mesa.

¿Es válido el argumento de que esta vez no se dejarían sorprender?

Desde luego, estarían más alertas y agresivos, pero si mantenemos el equipo que trabajó en las mesas y nuestros testigos adiestrados, además de la observación internacional de la OEA, ONU, Unión Europea y Centro Carter, el régimen no podrá cambiar los resultados.

Conclusiones

Al país, a los venezolanos y a María Corina les conviene elecciones lo antes posible. Si Delcy piensa a mediano plazo, a ella también le conviene. También le conviene al presidente Trump, ya que los venezolanos y países democráticos lo estamos percibiendo como el “americano feo” del libro de William Lederer y Eugene Burdick, lo cual no se merece el pueblo estadounidense.

Tenemos que presionar y luchar para que existan condiciones electorales de acuerdo a la Constitución. Sin embargo, si el régimen no cede, no se deberían demorar las elecciones y asumir el reto de votar como lo hicimos el 28 de julio.

Edmundo González: “Es momento de construir las condiciones para unas elecciones presidenciales”

Como (había) en botica

  • ¿Cómo queda nuestra Fuerza Armada ante la supuesta incursión del Comando Sur de los Estados Unidos para liquidar a unos bandidos que la Guardia nacional de Venezuela no quiso controlar en el Arco Minero del estado Bolívar?
  • ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Machado agradece a Trump por iniciar desmantelamiento de megabandas en Venezuela

Redacción Runrun.es
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Machado agradece a Trump por iniciar desmantelamiento de megabandas en Venezuela

La líder de oposición, María Corina Machado, agradeció al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por iniciar el desmantelamiento de megabandas criminales en Venezuela.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Machado valoró los cambios ocurridos en el país desde el 3 de enero, fecha que describió como el inicio de “una nueva etapa en nuestra larga marcha hacia la Libertad de Venezuela, gracias a la acción decisiva del Presidente Trump y su administración”.

“En los últimos días, hemos visto el inicio del desmantelamiento de grupos armados, organizaciones criminales y mafias que operaron con absoluta impunidad, controlando y destruyendo vastas áreas de nuestro territorio y extendiendo sus tentáculos más allá de nuestras fronteras, incluyendo al Tren de Aragua”, escribió, a propósito del operativo militar en el sur del país en el que resultó muerto Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, tras un bombardeo y posterior enfrentamiento en el sector minero de Las Claritas, estado Bolívar.

La líder de oposición sumó que el daño humano, social, ecológico y económico que estos grupos criminales —que nacieron al amparo del chavismo y actúan en complicidad con la tiranía— le han causado a Venezuela es “inconmensurable”.

Logros impensables

Entre los logros que consideró antes impensables, Machado enumeró la salida de Nicolás Maduro para rendir cuentas ante la justicia, el desmantelamiento progresivo de las alianzas con Rusia, Irán, China y Cuba, así como la liberación de presos políticos —tanto civiles como militares— y la ampliación del espacio cívico.

Machado reiteró su agradecimiento al presidente estadounidense Donald Trump, a quien reconoció como factor determinante en los avances recientes. “Todos estos logros eran impensables hace seis meses”, sostuvo.

La dirigente cerró su mensaje con una convocatoria directa a la movilización ciudadana: “Venezuela nos necesita a TODOS activos y comprometidos con este proceso. De la mano de Dios, hasta el final”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Dos decisiones del TSJ que abren la puerta a la amnistía según Acceso a la Justicia

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Dos decisiones del TSJ que abren la puerta a la amnistía según Acceso a la Justicia

De acuerdo con la ONG Acceso a la Justicia, dos recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) abren el camino hacia una interpretación progresiva de la Ley de Amnistía.

Según la organización, la primera decisión provino de la Sala de Casación Penal mediante una sentencia que advierte la existencia de un vacío legal en el artículo 12 de la Ley de Amnistía. 

De acuerdo al TSJ, la normativa legal establece la posibilidad de impugnar decisiones relacionadas con la amnistía, pero no indica cuál es el órgano competente para conocer los recursos cuando la decisión impugnada ha sido dictada por una Corte de Apelaciones en las que hay condenas.

Acceso a la Justicia resalta que la Sala Penal consideró que una interpretación de la ley podía dejar sin protección el derecho a la tutela judicial efectiva y al doble grado de jurisdicción. 

“Por ello, decidió asumir excepcionalmente la competencia para conocer estos recursos de apelación, integrando el ordenamiento jurídico a fin de evitar que los solicitantes de amnistía quedaran sin posibilidad de revisión judicial. La decisión es especialmente relevante, porque garantiza que una negativa de amnistía dictada por una Corte de Apelaciones no sea definitiva e inapelable por simple silencio del legislador.”, expresó el comunicado de la ONG.

La segunda decisión relevante corresponde a la sentencia número 517 de la Sala Constitucional de mediados de mayo de este año en la que levantaron las medidas cautelares sobre el economista Alejandro Grisanti. 

El director de Ecoanalítica tenía una medida prohibitiva de salida del país, de enajenar y gravar bienes y bloqueo de cuentas bancarias.  

“La amnistía puede instituirse entonces, como una respuesta normativa orientada a la clausura de litigios sociales y al fortalecimiento de la cohesión nacional. La amnistía prevista constituye un mecanismo de alivio jurídico y reencuentro civil, fundamentado en la igualdad ante la ley y la justicia transicional. El texto se supedita a la supremacía constitucional, garantizando el respeto irrestricto a los derechos humanos y a la convivencia democrática”, reza el comunicado de Acceso a la Justicia.

Según la ONG, ambas decisiones tienen un denominador común: frente a vacíos o dudas interpretativas, el TSJ optó por soluciones que favorecen el acceso a los beneficios de la Ley de Amnistía.

“La Ley de Amnistía constituye un mecanismo importante para avanzar en esa dirección, pero no es el único. Su correcta aplicación debe complementarse con la actuación diligente de jueces, fiscales y demás autoridades competentes, así como con el respeto efectivo de las garantías constitucionales y de los estándares internacionales de derechos humanos”, se desprende del texto publicado por Acceso a la Justicia.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

ONG advierten sobre riesgo de normalizar que el poder actúe “fuera de la ley”

Delcy Rodríguez sustituye a militar sancionado en la cartera de Vivienda y el sistema 1×10

Redacción Runrun.es
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Delcy Rodríguez sustituye a militar sancionado en la cartera de Vivienda y el sistema 1×10

La presidenta encargada bajo tutela estadounidense, Delcy Rodríguez, anunció nuevas designaciones en los sectores de vivienda e hábitat, dejando de lado al Mayor General Jorge Márquez Monsalve.

Rodríguez designó a la arquitecta Paola Posani como nueva ministra de Hábitat y Vivienda en sustitución de Márquez Monsalve. Posani es egresada y doctora en Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela (UCV), institución donde además dirigió la Escuela de Arquitectura Carlos Raúl Villanueva.

La nueva ministra ejerció cargos directivos en la Alcaldía del Municipio Libertador de Caracas. Asimismo, coordinó tareas de infraestructura dentro de la Comisión Presidencial para la Recuperación de la UCV.

Por su parte, Juan José Ramírez, quien ya se encargaba de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios, ahora pasa a ocupar la jefatura del Sistema 1×10 del Buen Gobierno, una plataforma tecnológica implementada por la administración oficialista, donde los usuarios denuncian mediante la aplicación móvil VenApp o la plataforma Patria fallas en los servicios públicos.

Ramírez es ingeniero civil y fue viceministro de Obras Públicas, viceministro de Infraestructura y Vialidad, además de presidir la Fundación Laboratorio Nacional de Vialidad.

El militar desplazado

Las designaciones de Posani y Ramírez dejan a un lado a Jorge Elieser Márquez Monsalve, un militar que acumula múltiples sanciones internacionales por parte de varios gobiernos americanos y europeos debido a su rol en la administración nacional.

En el año 2017, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó a Márquez Monsalve en su lista de sanciones, congelando sus activos bajo esa jurisdicción. Posteriormente, el gobierno de Canadá aplicó medidas en su contra en 2019, mientras que el Consejo de la Unión Europea y el gobierno de Suiza hicieron lo propio en 2020, prohibiendo su ingreso a dichos territorios y bloqueando sus bienes financieros.

En abril de 2024, Márquez Monsalve, que también fue edecán del exgobernante Nicolás Maduro, asumió el Ministerio para la Energía Eléctrica y la Vicepresidencia de Obras Públicas, para luego saltar brevemente al Ministerio de Hábitat y Vivienda entre marzo y junio de este año.

Durante los cinco meses que Rodríguez ha estado en el interinato ha hecho varios cambios ministeriales que incluyen la designación de profesionales técnicos en ciertas carteras. Lo hizo, por ejemplo, con la ingeniera de Petróleo Paula Henao, quien está al frente del despacho de Hidrocarburos desde marzo; y con el economista Johann Álvarez, nombrado como ministro de Comercio Exterior ese mismo mes.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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ONG advierten sobre riesgo de normalizar que el poder actúe “fuera de la ley”

Redacción Runrun.es
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ONG advierten sobre riesgo de normalizar que el poder actúe “fuera de la ley”

Las ONG Laboratorio de Paz y Provea advirtieron sobre el riesgo institucional de que el Estado venezolano actúe al margen de sus propias leyes y de la Constitución, a propósito de la operación militar en el sur del estado Bolívar, que resultó en la muerte de Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de la banda criminal Tren de Aragua.

A través de sus redes sociales, ambas organizaciones coincidieron en señalar que el caso abre un debate urgente sobre los “límites del poder” y el riesgo de que la búsqueda de seguridad se imponga sobre el respeto a los derechos humanos.

“¿Queremos una justicia que elimine acusados o una justicia que permita conocer la verdad, identificar cómplices, desmontar redes criminales y rendir cuentas ante las víctimas?”, cuestionó el Laboratorio de Paz.

Rafael Uzcátegui, director de la ONG, reflexionó sobre la importancia del debido proceso, la rendición de cuentas y los riesgos de normalizar que el poder actúe fuera de los límites de la ley porque “una democracia no debe elegir entre seguridad y derechos humanos. Debe garantizar ambas”.

“La cesión de soberanía ya es pública y notoria”

Por su parte, Provea denunció que la operación militar en Bolívar constituye una presunta violación de la soberanía territorial y podría configurar una ejecución extrajudicial, dada la ausencia de información oficial y la participación de fuerzas estadounidenses.

La organización recordó que desde 2016, con la creación del Arco Minero, el Estado permitió la expansión de economías criminales, el deterioro ambiental y la disputa violenta entre grupos armados irregulares y agentes estatales.

Provea recordó que la lucha contra el crimen organizado debe realizarse bajo la obligación estricta, por parte de las autoridades del Estado, de garantizar la seguridad a la población.

“No puede desarrollarse sin respetar la Constitución y las instituciones, ni violando la soberanía nacional”, insistió la ONG al tiempo que hizo un llamado al Fiscal General Larry Devoe sobre el operativo realizado.

“Fiscal general, ¿tuvo conocimiento del operativo el Ministerio Público? ¿Se actuará conforme al Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas?”, se lee en el post.

Provea también señaló a la Defensoría del Pueblo y le pidió explicar qué hizo para garantizar que esta operación, conocida desde inicios de semana, se desarrollara con respeto a los derechos humanos.

La organización concluyó que la violencia y el control de grupos criminales en el sur de Venezuela “son el resultado de años de abandono estatal y de una política que priorizó la extracción opaca de recursos sobre la institucionalidad”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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