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José Guerra propone plan de tres fases para frenar la inflación

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: El Estado debe dejar de lado la excusa de las sanciones

El economista y exdiputado a la Asamblea Nacional José Guerra declaró, durante una rueda de prensa este martes 16 de junio que, con un ingreso fiscal de 22 000 millones de dólares, existen recursos para un salario razonable. Por otro lado, propuso un plan de tres fases para disminuir la inflación en el país. También, se mostró a favor de la reestructuración de la deuda, que incluya el nombramiento de un grupo de venezolanos que participe en las negociaciones con el comité de acreedores.

Durante una rueda de prensa del partido Unión y Cambio, el economista aseguró que el gobierno “debe acordarse de los trabajadores” mediante la asignación de mejores salarios y dejar de lado la excusa de las sanciones.

Según Guerra, actualmente, se exporta un millón de barriles de petróleo diarios y se estima que para el segundo semestre del año las exportaciones alcancen 1.200.000 barriles.

Un plan para frenar la inflación

Con los recientes ingresos petroleros, Guerra considera que el salario puede establecerse entre 80 y 100 dólares, sin incluir bonificaciones. Para asegurar la estabilización salarial, el economista propone un plan de tres fases que incluye: estabilizar el tipo de cambio y evitar nuevas devaluaciones, prohibir al Banco Central seguir financiando a Pdvsa y declarar la política antiinflacionaria como una política nacional.

Este plan se sustenta, en primer lugar, en establecer un valor fijo del bolívar frente al dólar. En segundo lugar, en conseguir un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) que respalde esa decisión, ya que sin apoyo financiero, la confianza se debilita y la medida fracasa. En tercer lugar, en aprobar dos reglas estrictas: que el gobierno no pueda gastar más de lo que ingresa y que el Banco Central tenga prohibido financiar al Estado. Según Guerra, esto evitaría la emisión inorgánica de dinero y generaría la credibilidad necesaria para sostener un tipo de cambio fijo.

Guerra calificó como un error la restricción de compra de 1000 dólares diarios por parte del Banco Central. Señaló que, al establecer un límite, quienes desean adquirir divisas terminan acudiendo al mercado paralelo.

“Como resultado, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo se va a seguir ampliando, y esa brecha es el gran problema”, afirmó el economista.

Disminuirá el precio del petróleo, pero no su producción

Aunque la guerra en Irán benefició a Venezuela en materia petrolera, se estima que con el cese del conflicto disminuirá el precio, pero no la producción. “Puede caer un poco el precio, pero la cantidad importada va a aumentar, de manera que el país sí se va a seguir beneficiando”, aseguró el exdiputado.

En cuanto a la deuda de Venezuela, Guerra expresó que está de acuerdo con su reestructuración mediante un equipo de venezolanos que represente al país y negocie con el comité de acreedores. Señaló que esta deuda es compleja porque incluye bonos, laudos arbitrales, acuerdos con países y organismos multilaterales, por lo que se requiere asesoría legal especializada. Además, advirtió que sin esta renegociación el país no recibirá nuevos fondos ni de organismos internacionales ni del mercado financiero voluntario.

“Yo no soy diputado, pero creo hablar en nombre de los diputados que están en nuestra fracción: no van a votar a favor si el nuevo endeudamiento que se propone va contra los intereses del país”, expresó Guerra.

Asimismo, manifestó estar de acuerdo con la venta de empresas públicas, excepto Pdvsa. El economista señaló ser partidario de la reestructuración del sector público, sin afectar salud y educación. Según su criterio, el déficit del Estado se encuentra en el ámbito empresarial.

El exdiputado afirmó que, si se realizara una encuesta sobre la dolarización, el pueblo venezolano votaría a favor debido a la falta de confianza en el bolívar. Sin embargo, desaconsejó esta medida, ya que al dolarizar la Reserva Federal de Estados Unidos asumiría el control y, desde su perspectiva, lo más adecuado es un sistema bimonetario en el que el bolívar pueda competir con el dólar, lo cual requiere disciplina económica.

Un acuerdo transnacional que alivia la crisis eléctrica

La crisis eléctrica en sectores críticos del país, como el Zulia y los estados centrales, requiere una inversión de 10 000 millones de dólares durante aproximadamente cinco años para su recuperación, según estimó el economista. Venezuela tiene una capacidad instalada de 30 000 MW, de los que dispone solo 15.000 MW. Para alcanzar un nivel de crecimiento económico similar al de 2012 se requieren como mínimo 20 000 MW, y cada megavatio requiere una inversión de 2000 millones de dólares.

El anuncio del acuerdo entre la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la empresa estadounidense General Electric representa un punto favorable para el sistema eléctrico venezolano. No obstante, Guerra insistió en que se requiere transparencia en el proceso. Recordó la inversión aprobada por la Asamblea Nacional de 25 000 millones de dólares en 2009 para la compra de turbinas, la cual derivó en el apagón nacional.

“Con esos 20 000 millones de dólares se le da electricidad a Buenos Aires y a São Paulo juntos”, señaló Guerra.

Desde la perspectiva del economista, el acuerdo con empresas internacionales es positivo, aunque solo sirve para aliviar la situación y no para resolverla por completo.

Asimismo, señaló que este tipo de inversión presenta desafíos importantes, como la falta de retorno inmediato. Para que una gran inversión en el sector eléctrico sea sostenible, el Estado tendría que subsidiar los costos durante un tiempo para no afectar a la población. “Para nosotros sería un golpe mortal al bolsillo venezolano que la tarifa que se cobre por la electricidad sea una tarifa para resolver el punto de equilibrio de la compañía”, expresó Guerra.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Preso político uruguayo recibió alta médica y volvió a su casa desvalijada

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El ciudadano uruguayo-venezolano José Breijo, de 73 años, recibió este martes el alta médica tras permanecer 19 días recluido en el Hospital de Clínicas Caracas por complicaciones de salud. El expreso político regresó a una casa totalmente desvalijada y destruida.

El periodista y defensor de derechos humanos, Carlos Julio Rojas, informó que la salud de Breijo está mucho mejor tras dejar la clínica; sin embargo, su situación legal no ha cambiado y continúa bajo la medida de casa por cárcel.

Rojas indicó que a Breijo ya se le asignó la defensa privada y que el día de mañana van a juramentarse. Entre los abogados del ciudadano uruguayo están Eduardo Torres y Erick Camargo.

El periodista destacó que la casa del señor Breijo fue desvalijada y destruida en su totalidad: “Aquí no hay nada. A él lo dejaron sin nada. Aquí se produjo un robo”, comentó Rojas.

Carlos Julio Rojas hizo un llamado al fiscal Larry Devoe a iniciar una investigación en contra de los funcionarios del GOES que arrestaron a José Breijo y quienes, según él, fueron los mismos que invadieron la propiedad del adulto mayor.

El periodista pidió la colaboración a quienes puedan hacer donativos de electrodomésticos y piezas de baño para acondicionar el apartamento de José Breijo.

Detención arbitraria y ocupación ilegal de su apartamento

El señor José Breijo fue detenido en diciembre de 2023, cuando por una iniciativa personal, tras el estallido del conflicto en el Medio Oriente, acudió a un establecimiento en Caracas con el único objetivo tomar una fotografía de una bandera con una inscripción cuyo contenido desconocía por la diferencia de idioma. Tras intentar compartir el contenido con miembros de la comunidad judía local para reportar el hallazgo, fue delatado y posteriormente capturado por funcionarios del Grupo de Operaciones Especiales (GOES).

Luego de haber recibido una medida sustitutiva de libertad para cumplir con arresto domiciliario, Breijo se encontró con que su propiedad había sido ocupada ilegalmente por uno de los funcionarios que lo detuvo. Después de que se denunciara esta situación, el apartamento fue desocupado. Sin embargo, periodistas, vecinos y defensores de DDHH documentaron que la propiedad, ubicada en el edificio Pascuarelli en Bello Monte, fue desvalijada por el funcionario que la mantenía tomada de forma ilegal.

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Diosdado descubrió tarde que la Zona 7 de la PNB era “inhabitable”

En su acostumbrada rueda de prensa de los lunes, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, se refirió a que el gobierno de Delcy Rodríguez, bajo la tutela de Estados Unidos, está acondicionando los centros de detención del país y cerrando los que consideran “inhabitables”. Entre ellos, mencionó a la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta, Caracas.

“Nosotros hemos ido acondicionando sitios y cerrando sitios que, de verdad, no era habitables. Te pongo un ejemplo, la Zona 7 de la PNB acá. Eso era un centro de hacinamiento, eso es otra cosa. Era un sitio de ultraje, más bien. Hemos estado revisando los casos, hay más de 12 000 pendientes de juicio, una cantidad de personas que tienen ya condena, que deben estar en los centros de reclusión normales”, expresó Cabello a los periodistas.

El reconocimiento de que Zona 7 es un “centro de ultraje” parece llegar tarde para el también ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, quien fue nombrado en dicho cargo el 27 de agosto de 20024, un mes después de las disputadas elecciones presidenciales que derivaron en la mayor ola represiva y detenciones en el país en la historia contemporánea.

Cabello, quien ya había ocupado esa cartera ministerial 22 años atrás, asumió en esa fecha el control directo de los órganos de seguridad ciudadana, incluyendo a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

Su nombramiento se dio en medio de la denominada “Operación Tun Tun”, una política gubernamental orientada a la detención masiva de manifestantes, líderes políticos de oposición y ciudadanos percibidos como disidentes. Bajo su gestión, el discurso oficial justificó las capturas masivas bajo la narrativa de “neutralizar planes terroristas”. No obstante, organismos internacionales documentaron que esta estructura sirvió para consolidar una persecución sistemática que violó derechos fundamentales de forma generalizada.

En esta declaración Cabello hizo mención a la reforma del Sistema de Justicia Penal que adelanta el Rodrigato, con la que prometen transformar integralmente el sistema para garantizar una justicia “expedita, combatir la corrupción, erradicar la impunidad y asegurar el respeto a los derechos humanos”.

Pero las evidencias sobre el hacinamiento, “ultraje” y otras violaciones de derechos humanos en la Zona 7 de la PNB no son recientes. El reconocimiento de la situación llega dos años después de las constantes alertas que familiares de presos políticos, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales han hecho con insistencia desde 2024.

Un inframundo de vieja data

El Centro de Detención Preventiva de la PNB en Boleíta (Caracas), históricamente conocido como “Zona 7”, pasó a ser uno de los principales centros de reclusión temporal para civiles detenidos en el contexto poselectoral. A pesar de ser un espacio diseñado exclusivamente para resguardar a personas de forma transitoria —por un lapso no mayor a 48 horas—, se transformó en un reclusorio prolongado caracterizado por el hacinamiento extremo -que reconoce Cabello apenas casi dos años después- la insalubridad y la opacidad judicial.

En el informe “Prisión injusta, celdas inhumanas” de Provea (diciembre 2024) se recuerda que antes del evento electoral presidencial celebrado el 28 de julio de 2024, había centenares de personas detenidas por razones políticas en centros de reclusión
como “Boleíta Zona 7”
y “El Helicoide”, en Caracas. También destacan que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela (MDH) —en un informe presentado el 20 de septiembre de 2022— detalló que en esos espacios se realizaron actos de tortura, violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes a los detenidos — entre ellos dirigentes políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores
de los derechos humanos—.

Uno de los aspectos más graves denunciados por organizaciones como Foro Penal y Amnistía Internacional fue la reclusión de niños, niñas y adolescentes en el mismo perímetro de Zona 7. Tras las protestas de julio de 2024, más de 160 jóvenes de entre 14 y 17 años fueron encarcelados en todo el país, imputados bajo cargos severos de terrorismo e incitación al odio, delitos cuyas penas oscilaban entre los 10 y 30 años de prisión. La detención de este grupo vulnerable representó, a juicio de defensores de derechos humanos, la transgresión de un límite ético e institucional en la historia carcelaria contemporánea de Venezuela.

Bajo la gestión de Cabello, este centro de detención albergo al menos a 21 adolescentes en esos meses de alta represión, cuyas madres protestaron y denunciaron en distintas ocasiones que sus hijos fueron objeto de golpizas, humillaciones y torturas psicológicas prolongadas.

El impacto psicológico fue tal que familiares reportaron crisis severas de depresión e ideación suicida entre los menores recluidos dentro de una celda que se conocía como “La llorona” o “El inframundo”, ubicada en el sótano del recinto, en donde los presos debían pagar para “alquilar un ventilador por una hora para poder respirar”, enviándole un pago móvil a los policías custodios. La celda carecía de ventilación, entrada de luz solar y baños

En el informe titulado justamente “Inframundo: la amenaza oculta en los calabozos de Zona 7” del Observatorio Venezolano de Prisiones, y publicado en diciembre de 2024, se evidenció el colapso y las graves violaciones a los derechos humanos en el Centro de Control y Resguardo del Detenido en Boleíta. La principal recomendación desde entonces era cerrarlo, ya que al ser un espacio originalmente administrativo, no estaba acondicionado para retener personas por más de 48 horas ni para funcionar como un centro de reclusión permanente.

Para esa fecha, el OVP cifró en más de 400 el número de personas encarceladas allí, en espacios diseñados para una capacidad mucho menor, donde en celdas minúsculas se recluía a más de 25 personas. Además, las condiciones infrahumanas de reclusión fueron denunciadas: falta de ventilación y luz solar directa que propiciaba la rápida propagación de enfermedades, los reclusos se veían obligados a realizar sus necesidades fisiológicas en bolsas debido a la insalubridad de los baños.

El OVP identificó que en Zona 7 también funcionaba una celda de castigo a la que llamaban “El Tigrito”, en donde recluían a los que llegaban o o eran castigados. También era un área pequeña, de apenas cuatro por seis metros, en donde los presos eran obligados a dormir de pie y se turnaban para sentarse en envases de refrescos. 

“Una vez allí, deben pagar hasta 40 dólares para que los regresen a sus celdas (…) las aguas negras corren por el piso y por esta razón los presos deben dormir de pie entre cucarachas, roedores, malos olores y un alto riesgo de enfermedad”, se lee en el informe. 

A todo ello se sumaban actos corruptos y prebendas. El informe expuso la existencia de “polipresos” (presos privilegiados) que habitaban en áreas separadas con acceso a luz, ventilación y descanso digno.

Sobre la reclusión de adolescentes, esta investigación también reveló que en el marco del contexto poselectoral fueron recluidos en Zona 7 al menos 21 adolescentes por espacio de casi una semana, quienes compartieron reclusión con población penal adulta “sin respetar la separación por categorías”.

Justo una semana después de los hechos del 3 de enero que marcaron un “nuevo momento político” según el chavismo, en el que ahora reconocen parcialmente algunas fallas del sistema penal y judicial, el Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) anunció el fallecimiento bajo custodia de Edison José Torres Fernández, de 52 años.

El preso político, quien dedicó más de 20 años de su vida al servicio público como funcionario de la Policía de Portuguesa, murió en la sede de la PNB Zona 7. Lo habían detenido apenas un mes antes por compartir mensajes críticos contra la gestión del gobernador de Portuguesa y el Ejecutivo nacional. Bajo la sombra de la opacidad judicial, se le imputaron los delitos de traición a la patria y asociación para delinquir.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

¿Luz a largo plazo? Los alcances del acuerdo entre Gobierno y General Electric

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El gobierno de Delcy Rodríguez, tutelado por Estados Unidos, y General Electric (GE) Vernova firmaron un memorando de entendimiento para estabilizar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). El acuerdo prevé la recuperación de más de 5000 megavatios en 48 meses y la formación de personal técnico local tras un diagnóstico previo de seis semanas.

La instrucción inmediata dada a los equipos técnicos es convertir este documento en un contrato definitivo a la brevedad posible para iniciar las obras civiles e industriales.

Por la delegación internacional y corporativa firmaron este memorado Roger Martella (director corporativo de GE Vernova), Eric Gray (presidente del Segmento de Generación de GE Vernova) y John Barrett (encargado de negocios de EE. UU. en Venezuela), mientras que por el gobierno de Delcy Rodríguez lo hizo ella misma y Rolando Alcalá, ministro de Energía Eléctrica.

Dentro de la comitiva oficial de respaldo, Calixto Ortega (vicepresidente de Economía y Finanzas), Juan José Ramírez (vicepresidente de Obras Públicas y Servicios), Paula Henao (ministra de Hidrocarburos), Héctor Obregón (presidente de Pdvsa), Jovanny Martínez (vicepresidente de Pdbvsa), José Luis Betancourt (presidente de Corpoelec) y Oliver Blanco (viceministro para Europa y América del Norte).

A continuación, las claves de este proyecto y el contexto en el que se firma:

Apertura al capital privado

Este paso coincide directamente con la reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico (aprobada en primera discusión el pasado 2 de junio de 2026), la cual contempla la creación de empresas mixtas en el sector eléctrico y revierte más de dos décadas de monopolio estatal absoluto.

Ruta diplomática

El acercamiento formal se aceleró a finales de marzo de 2026 tras una reunión entre Rodríguez y el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.

El convenio se suma a otro acuerdo «histórico» firmado recientemente por el Ejecutivo con la empresa energética argentina IMPSA para reactivar y completar el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Tocoma (estado Bolívar), con lo que se estima añadir otros 2400 MW.

Diagnóstico previo

El convenio es el resultado de un mes y medio de evaluaciones previas. Comisiones técnicas de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) recorrieron la red nacional junto a especialistas de GE Vernova y la firma alemana Siemens e inspeccionaron subestaciones, plantas termoeléctricas e hidroeléctricas.

¿Qué contempla el plan?

Los voceros de GE Vernova proyectan un fortalecimiento palpable de la infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional dentro de los próximos 12 meses, a través de la agilización de procesos industriales.

El plan oficial aspira a recuperar e incorporar 1000 megavatios (MW) en los primeros 24 meses de ejecución, y un acumulado superior a los 5000 MW al completarse los 4 años (48 meses).

Roger Martella, representante de GE Vernova, destacó que para cumplir con la misión de fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Venezuela en los próximos 12 meses, se enfocarán en la electrificación y la capacitación de la fuerza laboral local. La intervención, realizada en el Palacio de Miraflores, incluyó el compromiso de trabajar rápidamente en el ámbito técnico para mejorar el sistema y generar beneficios económicos.

Por su parte, y a juicio de Delcy Rodríguez, esta optimización es necesaria “para la vida nacional, tanto para cada hogar venezolano como para la plataforma industrial de nuestro país, pero principalmente para la vida de la nación. Yo les agradezco que estas sean buenas noticias para Venezuela», comentó durante la firma del convenio.

El proyecto incluye rehabilitación de plantas, mejora de eficiencia e incorporación de capacidad.

¿Hacia dónde se orientará la nueva generación eléctrica?

Una parte clave de la nueva generación eléctrica generada mediante este convenio se destinará directamente a estabilizar los procesos de Pdvsa y sostener la producción de crudo nacional.

Otra de las metas, según lo indicado, es la renovación de las centrales termoeléctricas, indispensables para respaldar la red nacional cuando la Central Hidroeléctrica de Guri —que aporta el 60 % del suministro total— sufre bajas operacionales o sequías prolongadas.

¿Será suficiente?

Datos e informes técnicos recopilados a inicios de 2026 estiman que la estabilización y recuperación total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) requiere una inversión estructural urgente de entre 15 000 y 40 000 millones de dólares.

La producción nacional de electricidad arrastra una caída superior al 30 % debido al severo rezago en mantenimiento técnico, desinversión crónica y falta de transparencia en la gestión operativa.

Aunque en la ciudad capital, a excepción de ciertas zonas, los apagones no suelen ser tan prolongados, el interior del país sufre cortes programados e imprevistos que superan con facilidad las 5 horas diarias y hasta más, en el caso de los estados occidentales y andinos. En mayo de 2026, el Ejecutivo prohibió la minería digital en todo el país tras admitir que la demanda había alcanzado su pico más alto en 9 años y que había saturado la ya frágil red nacional.

El “fantasma” de Tocoma

Desde el decreto de emergencia eléctrica de 2010, el chavismo ha anunciado múltiples planes de militarización de subestaciones y desembolsos masivos que no detuvieron el colapso sistémico reflejado en los apagones nacionales de 2019, y en la situación que se sigue arrastrando siete años después.

La paralización por más de una década de la Central Hidroeléctrica Tocoma (estado Bolívar) es el símbolo histórico del fracaso constructivo y la opacidad presupuestaria. El reciente acuerdo firmado en paralelo con la empresa argentina IMPSA para intentar reactivarla evidencia que el parque de generación del país lleva años operando con proyectos inconclusos.

¿Qué dicen los analistas?

Con cautela y poca expectativa recibieron algunos especialistas este anuncio. Entrevistado por VPITv, el ingeniero electromecánico Juan Carlos Rodríguez consideró que se necesita declarar una emergencia eléctrica nacional y que los recientes acuerdos del gobierno tutelado por EE.UU. con empresas del sector serán insuficientes para resolver la crisis energética en el país.

“En el 2013 la demanda máxima era de 18 000 megavatios (…) Para tener una actividad económica como la de ese año necesitamos, por lo menos, 23 000 megavatios disponibles. Lo que necesitamos es inversiones muy cuantiosas, no lo haremos con un plan de rehabilitación con algunas compañías, acá necesitamos grandes inversiones y en los próximos cinco años”, sostuvo.



En rueda de prensa este 16 de junio el economista José Guerra apuntó9 que la crisis eléctrica en sectores críticos del país, como el Zulia y los estados centrales, requiere una inversión de 10 000 millones de dólares durante aproximadamente cinco años para su recuperación. Añadió que Venezuela tiene una capacidad instalada de 30 000 MW, de los que dispone solo de 15 000 MW. Para alcanzar un nivel de crecimiento económico similar al de 2012 se requieren como mínimo 20 000 MW, y cada megavatio requiere una inversión de 2000 millones de dólares.

El anuncio del acuerdo entre la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la empresa estadounidense General Electric representa un punto favorable para el sistema eléctrico venezolano, a juicio del especialista. No obstante, Guerra insistió en que se requiere transparencia en el proceso. Recordó la inversión aprobada por la Asamblea Nacional de 25 000 millones de dólares en 2009 para la compra de turbinas, a la que nunca se le vio un impacto significativo. En ese sentido, insistió en que el convenio puede servir para “aliviar”, pero no para mejorar estructuralmente el SEN.

Mientras que Oscar Murillo, coordinador general de Provea, reveló que la firma del acuerdo con General Electric fue difícil de lograr y que hubo “varias visitas de técnicos y muchas vueltas al asunto”. Insistió también en lo arduo que resultará la materialización del acuerdo, en vista del “trabajo urgente y necesario” que se necesita, debido a factores como “la reputación de ‘mala paga’ del gobierno venezolano; la corrupción que ha minado la administración pública y el monto del acuerdo”.

A juicio de Murillo, la intervención de los EE. UU. fue “vital para salvar estos acuerdos” y que el gobierno de ese país fungió prácticamente como fiador de los mismos. El defensor de derechos humanos también recordó que la insuficiencia y el deterioro de la infraestructura eléctrica han sido el resultado del “abandono de los planes de inversión y mantenimiento; esto sin contar las múltiples decisiones improvisadas y/o tomadas por razones partidistas”.

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Celebrarán audiencia sobre caso Oscar Pérez en la CorteIDH este 17 de junio

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Este miércoles 17 de junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Costa Rica llevará a cabo una audiencia pública sobre el caso del ajusticiamiento del funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Oscar Pérez, ocurrido en enero de 2018 en El Junquito.

A la cita acudiran representantes de la ONG Foro Penal y del Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center, quienes expondrán ante la Corte las violaciones a los derechos humanos y al debido proceso ocurrido durante el operativo que acabó con la vida de Pérez y otros funcionarios, disidentes del entonces gobierno del ahora preso en Estados Unidos, Nicolás Maduro.  

En el operativo extrajudicial fueron muertos Abraham Agostini, José Alejandro Díaz Pimentel, Jairo y Abraham Lugo Ramos, Daniel Soto y Lisbeth Ramírez.

Pérez se convirtió en una figura emblemática contra el gobierno de Maduro al rebelarse públicamente y con un helicóptero del Cicpc arrojar explosivos sonoros contra la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas en junio de 2017, en el marco de las protestas antigubernamentales que arrojaron más de una centena de muertos. 

La imagen de Pérez pilotando un helicóptero con una pancarta que decía “350 libertad” se hizo viral y se convirtió en símbolo de la rebelión dentro de las fuerzas policiales y militares de Venezuela. 

De acuerdo con los exponentes, aproximadamente 500 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad participaron en la denominada “Masacre de El junquito”, un hecho que describen como “un operativo marcado por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la privación arbitraria de la vida de estas siete personas, en contravención de los estándares internacionales de derechos humanos”.

En la ponencia estarán el director del Foro Penal, Alfredo Romero; Angelita Baeyens, vicepresidenta de Incidencia y Litigio Internacional del Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center; Isabel Carlota Roby, abogada senior para América Latina del Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center; Aminta Pérez, madre de Óscar Pérez; Zeila Agostini, madre de Abraham Agostini y Giancarlo Fiorella, perito. 

Según el expediente que será presentado este miércoles, el caso incluye denuncias sobre los actos de hostigamiento, vigilancia, intimidación y persecución contra familiares de las víctimas tras los hechos, circunstancias que obligaron a varios de ellos a abandonar Venezuela.

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La Conversa con la Luz | Ejecución del “Niño Guerrero” impide que se conozca la verdad sobre vínculos con el poder político

¿A quién le conviene la muerte del Niño Guerrero?, ¿Quién gana y quién pierde? y ¿Qué revela esta acción sobre la seguridad y política en Venezuela? Todas estas preguntas fueron contestadas en una edición especial de La Conversa con la Luz el domingo 14 de junio conformada por la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual, además de Efecto Cocuyo. 

El pasado viernes 12 de junio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció en su cuenta Truth Social que las Fuerzas Armadas de su país mataron en una acción conjunta con el gobierno venezolano al líder de la banda criminal transnacional  Tren de Aragua, Hector Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero” en la población de La Claritas, en el estado Bolívar. Trump describió el ataque ejecutado por el Comando Sur estadounidense con apoyo venezolano como “cinético, rápido y letal”.

Ronna Rísquez, directora de ARI y autora del libro El Tren de Aragua: la banda que revolucionó el crimen organizado, indicó que si se hubiese querido hacer justicia lo indicado era detener a Guerrero Flores y no supuestamente eliminarlo en la segunda incursión violenta de fuerzas militares estadounidenses luego de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero.

Rísquez recordó que Guerrero Flores está en la misma causa que se le sigue en Estados Unidos a Maduro por terrorismo, tráfico de drogas, crimen organizado y empleo de armamento de guerra.

“Tendría que haber hablado, testificado o comparecido ante ese tribunal en Estados Unidos para hablar acerca de esa aparente relación con Maduro a quien el gobierno de Trump señala como el verdadero líder del Tren de Aragua”, dijo Rísquez. 

La directora de ARI sentenció que Guerrero hubiese podido hablar de las operaciones del Tren de Aragua fuera de territorio nacional, especialmente en Chile, donde la banda criminal está señalada de ser la autora del asesinato del teniente del Ejército venezolano, Ronald Ojeda, el pasado 21 de febrero de 2024 y donde además era solicitado por los delitos de secuestro, extorsión, homicidio y trata de personas. 

“También hubiese sido interesante que hablara acerca de cómo fue que el Tren de Aragua logró operar durante tantos años en la cárcel de Tocorón en el estado Aragua, salió y estableció células en distintos países, todo eso ante la mirada de las autoridades venezolanas”, enfatizó Rísquez. 

Luzmely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, dijo que el propio fiscal chileno, Héctor Barros, indicó que había información de que Guerrero Flores se encontraba operando en el estado Bolívar.  

Rísquez agregó que las autoridades brasileñas también presumían de la presencia de Guerrero en ese sector, porque existe la probabilidad de que eventualmente se moviera al vecino país por razones de seguridad.   

César Batiz, director del Pitazo, informó que la intervención de la cárcel de Tocorón se produjo en 2023 y el que el dominio hamponil en el sector de Las Claritas y el Kilómetro 88 estaba en manos de alias “Juancho” y posteriormente llegó Yohan José Romero, alias “Johan Petrica”, asi como Giovanni Vicente Mosquera. “Por otro lado está Fabio, que está en otra zona”.

Según Batiz, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, le dio a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la orden que debía sacar del Arco Minero al Tren de Aragua, al ELN y a los sindicatos.

“El alcalde de El Callao, Coromoto Lugo reconoció que estuvieron en la zona representantes de empresas mineras estadounidenses y dijo que necesitan seguridad. Y esa seguridad no la pueden tener mientras estén presuntos criminales del Tren de Aragua, el ELN, y los sindicatos”, dijo Batiz. 

Rísquez sostuvo que desde que se desmanteló la prisión de Tocorón en 2023 se especulaba sobre la presencia del “Niño Guerrero” en el estado Bolívar.

“Las personas con las que pude hablar confirmaron que el visitaba con frecuencia esa zona para reunirse con Petrica y después del desalojo de Tocorón se había ido a refugiar a Las Claritas. Entonces sí es posible que haya podido estar ahí”, dijo Rísquez.

La directora de ARI informó que todos los pueblos que tienen minas cuentan con un jefe criminal. “Y eso ha sido así, antes y después de la creación del Arco Minero y durante la época en que era gobernador Francisco Rangel Gómez”.

Rísquez apuntó que además en esa zona hay otras estructuras criminales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC.

Reyes calificó como llamativo que ahora el presidente estadounidense Donald Trump sea quien informe primero de lo que acontece en Venezuela y después el gobierno de Rodríguez lo confirme, tal cual y como sucedió con la captura de Maduro y Flores.  

Luis Ernesto Blanco, director de Runrunes, sentenció que la muerte del “Niño Guerrero” se produjo después de la aprobación de la Ley de Minas en la Asamblea Nacional y la presión de algunos voceros del gobierno de Estados Unidos para garantizar la seguridad en esa zona, donde supuestamente deben instalarse inversionistas extranjeros.

Una caja negra

Rísquez dijo que el Arco Minero es como una caja negra. La opacidad y la falta de transparencia con la que opera el gobierno venezolano hacen que sea prácticamente imposible corroborar una información. 

“Periodistas en la zona no tienen cómo constatar qué está pasando en esa zona de Las Claritas. Cazadores de Fake News hizo un análisis de la mayoría de los videos publicados, incluso donde se veían a mineros huyendo y determinaron que casi la mayoría son falsos, no corresponden a la zona ni al momento”, sostuvo Rísquez.

Reyes informó que aparte del comunicado que sacó la administración de Rodríguez, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Relaciones Interiores y el Ministerio de la Defensa no se han pronunciado sobre la incursión estadounidense en territorio venezolano. 

Blanco sentenció que Trump había usado al Tren de Aragua como un elemento recurrente en su campaña y la supuestamente eliminación del “Niño guerrero” se convierte en una victoria para su gestión política.

Batiz expresó que es perentorio buscar una solución para los mineros que no son delincuentes.

“Que están allí por necesidad. En El Callao se habla de unos 60.000 mineros. Algunas organizaciones dicen que han detectado 1.900 focos de minería, otras hablan de 3.700. Lo que sí es exacto es que el Arco Minero tiene una extensión de 120 mil kilómetros cuadrados aproximadamente, lo que corresponde al 12% del territorio nacional”, indicó el director de El Pitazo. 

Blanco agregó que el área es un poco más grande que Portugal y el doble del tamaño de Costa Rica.

Rísquez agregó que la gobernanza criminal que operaba en el Arco Minero se encargaba de establecer cierto orden.  

“Se daban a la tarea de reclutar a los mineros, comercializar todo lo que estaba alrededor de la mina, prostitución, droga, licor, logística en general. Y a cambio recibían un porcentaje de lo que generaba la mina”, expuso la directora de ARI.

A juicio de Rísquez, el gobierno venezolano pudo haber realizado esta operación sin el apoyo de Estados Unidos, así como desalojó Tocorón y otras prisiones de Venezuela, desmanteló la banda del “Koki” en la Cota 905 de Caracas, la banda del “Picure” en Guárico y al Tren del Llano en San Juan de Unare en el estado Sucre

“No significa que convalide las formas en que se hacen este tipo de operaciones, pero hay que tener claro que este mismo gobierno ha combatido a otras estructuras criminales sin el apoyo de Estados Unidos”, dijo la directora de ARI.

Para Rísquez, la supuesta muerte de Guerrero Flores cobra un protagonismo simbólico en la gestión de Trump.

En vista de la opacidad del operativo, Rísquez apuntó que desconoce si otros cabecillas del TDA cayeron igual que Guerrero Flores o ahora pasarán a tomar el control de la organización criminal. 

“Lo único que hemos visto es una publicación en una red social del presidente de Estados Unidos, un comunicado del gobierno de Venezuela y una casucha que fue explotada”, puntualizó  Rísquez.

La directora de ARI indicó que aún hay muchas preguntas por responder y que probablemente queden en el aire. “Qué tipo de aeronave se usó en el bombardeo, qué proyectiles se emplearon, cuántas personas intervinieron en la operación y por supuesto la cantidad de víctimas, si hubo heridos. No tenemos mayores detalles”. 

Reyes calificó a lo ocurrido en Las Claritas como un experimento de lo que es capaz de hacer Estados Unidos en cualquier territorio venezolano.  

“Y es una alerta para todos, para los grupos que están y también los que no están en el gobierno”, sostuvo la directora de Efecto Cocuyo.

Reyes añadió que organizaciones defensoras de derechos humanos como Provea exigieron una investigación exhaustiva. 

“Lo peor que le puede pasar a Venezuela es que la gente se termine adaptandose al autoritarismo”, indicó la fundadora de Efecto Cocuyo.

Reyes agregó que el Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que había que estar preparado, porque este tipo de acciones van a seguir. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

¿Elecciones pronto o cuando haya condiciones?

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¿Debemos ir a elecciones presidenciales y parlamentarias solo cuando se respete lo contemplado en la Constitución o aceptar que se efectúen con unos acuerdos mínimos? Este escribidor de cuartillas no es experto electoral, ni tiene experiencia político partidista, pero como ciudadano tiene el derecho y el deber de exteriorizar algunas inquietudes al respecto.

¿Qué le conviene a Delcy?

La mayoría de las voces que se escuchan dicen que le conviene que las elecciones sean lo más tarde posible, alegando que si logra que mejore la economía podría acortar la gran ventaja que le lleva María Corina.

Además, como en nuestro medio el tiempo borra muchos pecados, se podría olvidar que ella es una de las principales culpables de las violaciones a los derechos humanos, de la destrucción del país y de sus instituciones. Incluso, parte de los chavistas-maduristas quizá dejarían pasar su traición a los postulados del llamado socialismo del siglo XXI, la entrega al “imperio” de su antiguo jefe, así como su genuflexa aceptación de las órdenes del presidente Trump.

Otros elucubramos que lo que más le conviene es llegar a un acuerdo con María Corina, para realizar elecciones limpias, sacudirse las órdenes humillantes de Trump y retirarse a sus cuarteles de invierno a la espera de que el péndulo voluble de la opinión pública le sea menos adverso.

¿Qué le conviene al país y a María Corina?

Posponer elecciones esperando tener condiciones electorales de acuerdo a la Constitución ocasionaría desesperanza en la población que pasa hambre, que sufre por la debacle de los servicios médicos y de la educación, así como por la escasez de electricidad y de agua.

Sería traumático para los presos políticos y para sus familiares que esperan la libertad desde el 3 de enero. Además, mientras más demore tener un gobierno legítimo, será más difícil refinanciar la cuantiosa deuda externa que inevitablemente seguirá aumentando por los intereses vencidos. Desde luego, los grandes inversionistas se mantendrían al margen. En cuanto a María Corina, la demora y su relación con Trump no la favorecen.

Se alega que no se puede votar con un Consejo Nacional Electoral (CNE) y un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) corrupto, que el actual Registro Electoral está contaminado y no incluye a los nuevos votantes, a quienes cambiaron de domicilio, ni a la gran mayoría de los que estamos en el exterior. Todo esto es cierto, pero, a pesar de ello, el 28 de julio elegimos abrumadoramente a Edmundo González.

Delcy y su hermano harán la pantomima de seleccionar nuevos rectores electorales y nuevos magistrados del TSJ, pero difícilmente lo harán de acuerdo a la Constitución. Obviamente no podemos dejar al régimen rueda libre. Tenemos que presionar en la calle, en las negociaciones y ante el tutor para que el régimen depure el Registro Electoral, abra más centros de registro, designe ciudadanos independientes en el CNE y en el TSJ y facilite el voto de los venezolanos en el exterior.

¿Qué es lo mínimo que requerimos para volver a ganar?

Prioritariamente, que retiren la inhabilitación a María Corina y al resto de dirigentes segregados; asegurar la presencia de observadores internacionales en todas las fases de la elección, eliminar los centros de votación clandestinos, compromiso con la Fuerza Armada para aplicar el Plan República con el profesionalismo de la pasada elección y, desde luego, permitir obtener copias de las actas y respetar la integridad física de los testigos de mesa.

¿Es válido el argumento de que esta vez no se dejarían sorprender?

Desde luego, estarían más alertas y agresivos, pero si mantenemos el equipo que trabajó en las mesas y nuestros testigos adiestrados, además de la observación internacional de la OEA, ONU, Unión Europea y Centro Carter, el régimen no podrá cambiar los resultados.

Conclusiones

Al país, a los venezolanos y a María Corina les conviene elecciones lo antes posible. Si Delcy piensa a mediano plazo, a ella también le conviene. También le conviene al presidente Trump, ya que los venezolanos y países democráticos lo estamos percibiendo como el “americano feo” del libro de William Lederer y Eugene Burdick, lo cual no se merece el pueblo estadounidense.

Tenemos que presionar y luchar para que existan condiciones electorales de acuerdo a la Constitución. Sin embargo, si el régimen no cede, no se deberían demorar las elecciones y asumir el reto de votar como lo hicimos el 28 de julio.

Como (había) en botica

  • ¿Cómo queda nuestra Fuerza Armada ante la supuesta incursión del Comando Sur de los Estados Unidos para liquidar a unos bandidos que la Guardia nacional de Venezuela no quiso controlar en el Arco Minero del estado Bolívar?
  • ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Machado agradece a Trump por iniciar desmantelamiento de megabandas en Venezuela

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La líder de oposición, María Corina Machado, agradeció al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por iniciar el desmantelamiento de megabandas criminales en Venezuela.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Machado valoró los cambios ocurridos en el país desde el 3 de enero, fecha que describió como el inicio de “una nueva etapa en nuestra larga marcha hacia la Libertad de Venezuela, gracias a la acción decisiva del Presidente Trump y su administración”.

“En los últimos días, hemos visto el inicio del desmantelamiento de grupos armados, organizaciones criminales y mafias que operaron con absoluta impunidad, controlando y destruyendo vastas áreas de nuestro territorio y extendiendo sus tentáculos más allá de nuestras fronteras, incluyendo al Tren de Aragua”, escribió, a propósito del operativo militar en el sur del país en el que resultó muerto Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, tras un bombardeo y posterior enfrentamiento en el sector minero de Las Claritas, estado Bolívar.

La líder de oposición sumó que el daño humano, social, ecológico y económico que estos grupos criminales —que nacieron al amparo del chavismo y actúan en complicidad con la tiranía— le han causado a Venezuela es “inconmensurable”.

Logros impensables

Entre los logros que consideró antes impensables, Machado enumeró la salida de Nicolás Maduro para rendir cuentas ante la justicia, el desmantelamiento progresivo de las alianzas con Rusia, Irán, China y Cuba, así como la liberación de presos políticos —tanto civiles como militares— y la ampliación del espacio cívico.

Machado reiteró su agradecimiento al presidente estadounidense Donald Trump, a quien reconoció como factor determinante en los avances recientes. “Todos estos logros eran impensables hace seis meses”, sostuvo.

La dirigente cerró su mensaje con una convocatoria directa a la movilización ciudadana: “Venezuela nos necesita a TODOS activos y comprometidos con este proceso. De la mano de Dios, hasta el final”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.