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Intervención de Cruz Roja Venezolana viola principios humanitarios y sienta “grave precedente”

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ONG, defensores y expertos en leyes denunciaron que la intervención de la Cruz Roja Venezolana desconoce principios humanitarios internacionales
Advierten que establece un precedente grave para las libertades asociativas y que las próximas víctimas pudieran ser las ONG
La intervención de la Cruz Roja Venezolana llega dos semanas después de que Diosdado Cabello denunciara a su vicepresidente por “abuso de poder” y “conspirar contra la revolución” y de que Tarek William Saab anunciara una investigación por presunto maltrato de trabajadores

 

Organizaciones de derechos humanos, defensores y expertos en leyes denunciaron que la intervención de la Cruz Roja Venezolana por parte del gobierno de Nicolás Maduro es un precedente alarmante para la libertad de asociación. 

El pasado 4 de agosto, en horas de la noche, el Tribunal Supremo de Justicia de corte madurista ordenó la intervención del organismo y designó una nueva directiva para su reestructuración. En ponencia de la magistrada Tania D’ Amelio se determinó el cese inmediato de la presidencia de la institución y todo su equipo directivo en Venezuela.

 

La directiva que estableció el TSJ estará presidida por el expresidente de Fedecámaras,  Ricardo Cussano.

Para Rafael Uzcátegui,  coordinador general de Provea, esta intervención a partir de una junta reestructuradora Ad-Hoc “es un precedente grave para el ejercicio de la libertad de asociación y reunión en el país”. “¿Qué viene después, la intervención de una ONG?”, preguntó.

 

La ONG Acceso a la Justicia explicó que la sentencia del TSJ no es la definitiva sobre el caso, y que se trata de otorgar una medida cautelar que solicitó el fiscal general para intervenirla y conformar la junta interventora a raíz de una investigación penal contra la directiva nacional de la Cruz Roja por supuesto manejo irregular de recursos.

No obstante, son enfáticos en denunciar que la sentencia viola el derecho a la presunción de la inocencia, pues toma medidas definitivas y que no se pueden retrotraer fuera inocentesi resultara que la directiva nacional de la Cruz Roja de de los delitos que se le endilgan. 

“Vulnera el derecho a la libre asociación al afectar su autonomía e independencia”, denunciaron. 

Lexys Rondón, coordinadora del Laboratorio de Paz, también considera que esta junta interventora es un nuevo avance contra las libertades asociativas en el país: “Atender las graves denuncias de corrupción y violencias debía estar dirigido a la persona apegado al debido proceso, no a intervenir la institución”.

José Ignacio Hernández, profesor de Derecho Constitucional y Administrativo, calificó la acción como un “abuso de poder” que implicó  “graves violaciones de procedimiento” y que además desconoce principios internacionales humanitarios. “Ahora, la Cruz Roja depende de la Sala Constitucional”, denunció.

El periodista Luis Carlos Díaz recordó que la medida del gobierno de Nicolás Maduro es parecida a la que aplicó hace tres meses el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, que disolvió y confiscó la Cruz Roja. 

Intervención tras amenazas de voceros oficialistas

La intervención de la Cruz Roja Venezolana se produce luego de una tanda de amenazas de voceros del gobierno madurista.

El 19 de julio pasado, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello denunció a Mario Villarroel, segundo vicepresidente del Comité Ejecutivo seccional del Distrito Capital de la Cruz Roja Venezolana, por “abuso de poder”. Añadió entonces que «usaba la institución para acumular poder y asuntos personales”.

“(Villarroel) lleva más de 40 años en el cargo sin elecciones sin ningún tipo de renovación dentro de la Cruz Roja, manipula en el mundo a mucha gente (…) es un mal ejemplo, y, además, conspira contra la Revolución Bolivariana”, declaró entonces Cabello. 

Agregó Cabello: “Ha llegado a controlar a magistrados del TSJ (Tribunal Supremo de Justicia), se va por el mundo a hablar en nombre de la Revolución (…) no hay estatutos , esos los pone él y quiere dejar a su hijo en el cargo, acusado de violencia familiar”.

Por su parte, el 29 de julio pasado, el fiscal designado por la constituyente, Tarek William Saab, informó de la apertura de una investigación sobre el “presunto acoso y maltrato” cometido contra voluntarios y trabajadores de la Cruz Roja nacional por parte de su presidente, Mario Villaroel.

 

Cussano se defiende

De acuerdo con la sentencia del TSJ, la constitución de una junta reestructuradora ad hoc presidida” por Cusanno, deberá “coordinar”, en los próximos siete días hábiles, la “designación de los miembros que la integrarán” , así como “colaborar” con la Fiscalía en la “investigación y consecución del proceso penal que adelante contra el comité directivo nacional (…) saliente”.

Asimismo, se encargará de “garantizar la continuidad en el servicio que presta la Cruz Roja Venezolana, el respeto a los trabajadores, las trabajadoras, los voluntarios y las voluntarias de la institución, y el cumplimiento de sus objetivos, fines y principios”.

Cusanno deberá también “administrar y ejercer la guarda y custodia de los bienes actuales y futuros que conformen el patrimonio de la Cruz Roja Venezolana y de los derechos y acciones que posea, previo el inventario correspondiente”.

Tras conocerse la noticia, Cusanno fue recriminado en redes sociales. A esos señalamientos respondió que asumiría con “humildad y compromiso” la tarea en la que supuestamente colaborará como “voluntario”.

En los mensajes compartidos en la red social “X” dijo que restaurará la  “institucionalidad” de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Venezolana y que, tras conformar una junta “plural, independiente y proba”, iniciará un proceso para “modernizar la institución” que culminará en una elección “transparente”.

Sentencia de sindicalistas casi iguala a la del “Niño Guerrero” 

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La condena del líder del Tren de Aragua es apenas un año mayor que la de los dirigentes gremiales 
Los asesinos del periodista Javier García y el actor Yanis Chimaras, así como el traficante de drogas Larry Tovar Acuña, fueron sentenciados a penas inferiores 
Analistas asoman que con esta acción se persigue enviar un mensaje a quienes protagonizan la protesta sindical en Venezuela 

 

@franzambranor
 

 

Las condenas de 16 años a los sindicalistas Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín apenas superan apenas por un año a la impuesta a Hector Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, quien purga una pena por delitos de asesinato, robo de residencias, porte de armas, tráfico de drogas y por haberse fugado de la cárcel de Tocorón. Guerrero es señalado además de ser operador de la megabanda del Tren de Aragua. 

Por su parte, Isaac Molleda Zárraga fue condenado a 15 años de prisión por el asesinato del periodista Javier García el 14 de junio de 2008; Jean Manuel Montilla fue sentenciado a 16 años de cárcel por el homicidio del actor Yanis Chimaras el 24 de abril de 2007, mientras que Larry Tovar Acuña a 13 años de confinamiento en 1998 por participar como testaferro de un cártel colombiano que trasladaba droga de Colombia a Estados Unidos.

Las sentencias a estos homicidas y narcotraficantes son inferiores a las impuestas el pasado martes 1 de agosto a los seis sindicalistas por los supuestos delitos de conspiración y asociación para delinquir.

Los dirigentes gremiales fueron detenidos entre el 4 y el 7 de julio de 2022 luego de que encabezaron protestas callejeras para exigir salarios dignos y otras mejoras laborales. 

Este jueves 3 de agosto, Tarek William Saab, fiscal general de la República impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, dijo que los condenados no son sindicalistas sino miembros de una organización subversiva llamada Unidad de Resistencia Popular (URP).

“No pertenecen a ningún sindicato. No se encontraban realizando alguna labor ligada a una lucha social, ninguno es trabajador activo, ninguno está registrado en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, aparecen como desempleados”, expresó. 

Saab sostuvo que el sexteto estaba apoyado por facciones colombianas.

“Actuaron como miembros de una estructura delictiva en la ejecución de acciones en distintos estados como Zulia, Vargas, Falcón y Distrito Capital”. 

Saab indicó que entre las acciones que supuestamente planeaban los sindicalistas estaba entorpecer las actividades de Nicolás Maduro y el alto mando militar en los actos del 5 de julio de 2022, así como asaltar el Conscripto de alistamiento militar de San Jacinto en Mérida con el propósito de apoderarse de 120 fusiles. 

El funcionario de Maduro agregó que las 15 evidencias recogidas en el caso de los sindicalistas fueron presentadas a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

 

LEA  Saab reivindica condena contra sindicalistas y dice que pertenecían a organización “subversiva”

 

Aberración judicial 

El abogado especializado en ciencias penales y criminológicas, Luis Izquiel, indicó que la pena de 16 años de prisión a los sindicalistas es un exabrupto.

“Es mayor que la pena promedio prevista para el homicidio intencional. El artículo 405 del Código Penal establece cárcel de 12 a 18 años para el homicidio intencional, que al aplicarse la regla de término medio quedaría en 15 años”.  

Izquiel sostuvo que a los sindicalistas se les está castigando por el simple hecho de protestar. “Eso es algo que no debería  ocurrir en un país con Estado de Derecho”.

En un video difundido por redes sociales, el abogado de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, Alfonso Medina Roa dijo que los dos elementos valorados por la jueza Grendy Duque del Tribunal 2do con competencia en terrorismo fueron un informe de contrainteligencia y la extracción de mensajes de diferentes equipos electrónicos.

“El informe por sí solo carece de vida jurídica, es anónimo, es un informe que de una u otra manera debe anteceder al proceso, no está estipulado en nuestro ordenamiento jurídico. En cuanto al procedimiento con los equipos electrónicos, estos se realizaron sin ningún tipo de autorización de ningún tribunal de la República, es decir, bajo una forma ilícita conforme a las leyes venezolanas”, explicó- 

El también abogado Juan Manuel Raffalli indicó que tomando en cuenta que delitos como robo y agresión sexual contemplan una pena de entre 6 y 12 años, lo acontecido con los sindicalistas es una desproporción jurídica.

“Es una pena desproporcionada para alguien que está en una actitud de protesta exigiendo reivindicaciones salariales, como ha sido expuesto pública y notoriamente. Creo que cuando las penas son desproporcionadas no se trata de poner un correctivo a esos hechos que constituyen un delito, sino lo que se trata de establecer es un escarmiento o evitar que otras personas en el futuro hagan lo mismo. Los trabajadores corren el riesgo de caer en el terreno de la persecución política, o de simplemente, intolerancia ante un reclamo sindical”. 

 

LEA  Estos son los sindicalistas condenados a 16 años en el gobierno del presidente obrero

Candidatos a primarias firman documento con “principios comunes” que regirán su eventual gobierno

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Entre los principios, destaca el “reconocimiento de la diversidad de intereses dentro de una sociedad pluralista bajo el amparo de un Estado de derecho social

Foto: @CesarPerezVivas

Los 13 candidatos a las primarias opositoras del 22 de octubre firmaron el 4 de agosto un documento con los “principios comunes” que regirán su programa de gobierno, en caso de ganar los comicios del próximo año.

El acuerdo suscrito establece que el país “debe avanzar en cambios que consoliden un nuevo modelo político, económico y social”, siempre que sea “sobre la base de unos principios comunes, a partir de los cuales la candidatura unitaria (quien resulte vencedor en octubre) diseñará su programa de reformas estructurales”.

Entre los principios, destaca el “reconocimiento de la diversidad de intereses dentro de una sociedad pluralista bajo el amparo de un Estado de derecho social”, un precepto que los precandidatos presidenciales se comprometieron a respetar tomando la Constitución como marco y “la reinstitucionalización del poder público como meta”.

“La afirmación de la primacía de los derechos humanos con el propósito de restitución de garantías constitucionales, liberación de presos políticos y restablecimiento del orden público en favor de la vida, bienes y derechos de los ciudadanos dentro y fuera del territorio nacional”, prosigue el texto, leído durante un acto en Caracas.

Deuda histórica

Los políticos también apoyan “la aspiración histórica de hacer realidad” la puesta en marcha de un “Estado federal descentralizado”, algo que contempla la Constitución pero que, en la práctica, se irrespeta, al estar la mayoría de tareas ejecutivas adjudicadas a órganos dominados por el gobierno nacional.

Además, se acuerda la “promoción de un entorno favorable al desarrollo de una economía (…) diversificada y socialmente incluyente que permita la superación de las causas inmediatas y estructurales de la pobreza”.

En este sentido, los opositores ven necesario un “replanteamiento de los modos tradicionales de encarar” la política energética y la “dependencia de las riquezas naturales” para el sostenimiento de la economía.

Los principios comunes contemplan “un modelo de desarrollo que favorezca la innovación y la transición energética de forma tal que sea amigable con el ambiente y contribuya a eliminar la pobreza”, así como un “compromiso con la alternabilidad y el principio de no reelección presidencial”.

El documento fue firmado por los exgobernadores Henrique Capriles, César Pérez Vivas y Andrés Velásquez, los exdiputados Roberto Henríquez, María Corina Machado, Delsa Solórzano, así como por la abogada Gloria Pinho, el productor agropecuario César Almeida y el exrector electoral Andrés Caleca.

A este grupo se unieron por vía remota los también candidatos Tamara Adrián, Freddy Superlano, Luis Farías y Carlos Prosperi.

Este es el documento:

Programa Minimo y Principio… by TalCual

Reacciones de algunos candidatos

A través de su cuenta de Twitter, Prosperi señaló que, con las acciones que está tomando, “la unidad se fortalece”.

“Desde Barinas, junto a nuestro pueblo, aplaudimos la iniciativa de la Comisión Nacional de Primaria que reúne a todos los candidatos y que también suscribimos los principios comunes del programa mínimo de gobierno de cambio, unidad y reconstrucción nacional. Solo en unidad lograremos el cambio político en Venezuela”, tuiteó. 

Por su parte, Solórzano habló del compromiso que significa para ella el acuerdo suscrito por sus compañeros de oposición: “Con mucho compromiso, hoy asistí a firmar el documento de ‘Principios Comunes del Programa Mínimo de Gobierno de Cambio, Unidad y Reconstrucción Nacional’, porque creo en la unidad, la cual que es tan necesaria para derrotar al régimen en el 2024”.

Reiteró que “sin unidad no habrá libertad” y aseguró que “hoy el anhelo de los venezolanos es que estemos unidos, y no existe ningún interés por encima de Venezuela”.

Pérez Vivas también se refirió al compromiso que representa el acuerdo con los demás dirigentes: “He firmado el acuerdo mínimo de gobernabilidad por la unión nacional, para restablecer la democracia y frenar la crisis humanitaria que hoy azota a la población”.

“Hoy, ratifico mi compromiso con el 80% de venezolanos en situación de pobreza, a que no daré descanso hasta poner fin al socialismo del siglo XXI. Defendamos las primarias y en unidad derrotemos a la barbarie roja en los comicios del 2024”, tuiteó.

Con información de EFE

El nauseabundo desdén a la furia cívica

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Si no nos molestamos por la profanación de lo sagrado, es porque perdimos la brújula moral. Sagrados para la ‘religión’ cívica son el Estado de derecho y la democracia

 

@AAAD25

¿Recuerdan aquellos días cuando las tribus de la oposición venezolana en perpetua y pueril pugna eran “las beatas” y “los guerreros del teclado”? Quien estuviera al tanto de mis opiniones por aquel entonces quizá hubiera concluido que yo calificaba como “beata”. Hoy, al contrario, si esa terminología siguiera en usanza, podría pasar por “guerrero del teclado”. Ciertamente, mis posturas han evolucionado, lo cual no está mal en sí mismo. “Si los datos cambian, mi opinión también” es un aforismo que se atribuye a John Maynard Keynes. O, por recordar a un más cercano Teodoro Petkoff, “solo los estúpidos no cambian de opinión”. En fin, mi metamorfosis comenzó en 2017, en coincidencia con la consolidación del sistema político chavista como fenómeno autoritario.

Desde entonces, dejé de creer que votar solo por votar en dicho sistema es algo inherentemente útil. Dejé de creer que vale la pena dialogar con el gobierno sean cuales sean las circunstancias.

Tales posiciones son para algunos “radicales”, “maximalistas” o “antipolíticas”. Y sin embargo… Mi visión sobre el fin más probable (de haber un fin) para esta desgracia nacional es una que a duras penas podría considerarse “radical”, etc. Me refiero a una transición democrática negociada entre el chavismo y la oposición. Un esquema provisional en el que ambos comparten el poder mientras dotan al país de instituciones republicanas. Eso sin duda puede sonar abominable para millones de conciudadanos, pues implica cohabitar con los responsables de tanto horror. Supone además que muchos de esos horrores queden impunes, al menos en el mediano plazo.

Pero resulta que en la política el ente rector no es lo que se quiere sino lo que se puede. No en balde su concepto central, el poder, es homófono con el verbo “poder” y comparte con él etimología. Ahora bien, nos guste o no, la oposición no tiene el poder para llevar a cabo un cambio político unilateral que además haga justicia implacable. Ni siquiera tiene de momento el poder para forzar al chavismo a aceptar una transición como la que describí. Para eso tendría que presionar. Tendría que jugar fuera del sistema de instituciones dominadas por el chavismo. Es decir, recurrir a aquellos mismos métodos, como la protesta ciudadana, cuya mera mención hace que empiecen los señalamientos de “radicalismo”.

Hasta ahora, el desarrollo de este artículo se puede enmarcar en una comprensión realista de la política. Aquella que sigue la tradición de Maquiavelo sobre la política como práctica con una especie de ética sui generis, la cual a veces debe romper con las convenciones morales si eso es lo necesario para el bien común. De ahí que tantas transiciones democráticas, desde la española a la chilena, se hayan concretado con algunos sacrificios en materia de justicia (piénsese en figuras vinculadas al franquismo y al pinochetismo que siguieron activas en política tras el fin de esas dictaduras, como Manuel Fraga y Jaime Guzmán, respectivamente).

De manera que esos sacrificios son una suerte de mal necesario. La aspiración de justicia puede ser inviable, pero no por eso deja de ser legítima. Cuando eso no se entiende, pues hay un problema. El problema al que quería llegar. Veo que muchos comentaristas de la política criolla, cultores del maquiavelismo acartonado, desdeñan el deseo de justicia de sus compatriotas. Lo pintan como algo de locos furiosos. De gente intolerante y llena de odio irracional. De sujetos con talante autoritario. De mentecatos que quieren arrasar con todo. Hasta se burlan de ellos copiando los modismos de la propaganda gubernamental, como fingir que aluden a Miraflores con una prolongación idiota de la vibrante alveolar múltiple (“el rrrrrrrrrrrégimen”).

Si usted asume que esta actitud es propia de la adaptación disfrazada de oposición, pues enhorabuena por su dotes intuitivas. Son estos “opositores” los que se la pasan en eso. De todas sus maniobras para blanquear el statu quo oprobioso que pesa sobre nuestras espaldas, y así desestimar el llamado a acciones contundentes contra el mismo, esta es una de las más repulsivas. Es una banalización, o un desconocimiento pleno, de todo el sufrimiento que ha infligido el gobierno a la sociedad venezolana. El daño antropológico, como diría el ensayista y filósofo Dagoberto Valdés. ¿Hambre y malnutrición entre las masas por la economía arruinada, mientras una oligarquía de altos funcionarios y empresarios amigos se enriquece de manera obscena? No importan. ¿Las miles de familias rotas por una estampida migratoria de personas desesperadas por ver cómo ganarse la vida? No importan. ¿Los presos políticos torturados y sus familiares sometidos a vejaciones escalofriantes? No importan. Y cualquiera que exprese indignación y clame por justicia ante todo eso es un insensato lleno de odio.

Por favor. Llenos de odio están los autores de aquellos desmanes. Ah, pero el desprecio y la mofa de los susodichos “opositores” nunca van por ese camino. No, señor. Para la elite gobernante solo puede haber guiños y sonrisitas, porque “hay que ponerse de acuerdo”. Ese empeño enfermizo en mostrar deferencia al gobierno empeora todo, pues es su argumento para una arrogancia insoportable. La pretendida superioridad moral de los que dizque no se dejan llevar por las pasiones y piensan con cabeza fría, siempre con el bien del país en mente, por encima de cualquier diferencia política. En realidad, eso no los hace epítomes de virtud, como creen. Los hace tontos útiles de un poder arbitrario e indigentes de la ética.

Para colmo, ni siquiera hemos llegado al punto en el que conviene moderar la molestia, aunque sea justa, y tragar sapos. Bien lejos estamos de esa situación. Para alcanzarla, insisto, hay que presionar. Hay que reclamar. ¿Y qué estimula el reclamo? Pues la indignación por una injusticia. Así que los traficantes de conformismo pueden irse a otro lado con sus ínfulas de nobleza sosegada.

La ira podrá ser un pecado capital, pero solo cuando es dirigida contra un inocente o contra alguien que, si bien obró mal, está recibiendo un castigo desproporcionado. No lo es cuando se dirige hacia alguien que abusa en flagrancia. Hasta Jesucristo puede montar en cólera. Miguel Ángel lo pintó visiblemente molesto cuando condena a los malhechores no contritos en El juicio final que adorna la Capilla Sixtina. Y si alguien cree que esa fue una caracterización impía del artista, pues que recuerde el furor de Jesús en el mismísimo Evangelio cuando expulsa a los mercaderes del templo hebreo. De eso se trata. Si no nos molestamos por la profanación de lo sagrado, es porque perdimos la brújula moral. Sagrados para la “religión” cívica son el Estado de derecho y la democracia. Más nos vale defenderlos de sus violadores.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Basta de realidades, queremos promesas

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La vacuidad del discurso político-electoral revela la falta de comprensión de los problemas nacionales. Los partidos no tienen canales para escuchar y dar respuestas a la gente

 

@victoralvarezr

En la diatriba político-electoral venezolana brilla por su ausencia el debate de ideas, las ofertas programáticas, la visión del país que se quiere construir. Esta vacuidad del discurso político revela la falta de análisis y comprensión de los problemas nacionales. Los partidos no tienen canales para escuchar y dar respuestas a las necesidades de la gente. Su dirigencia no estudia las causas de la problemática económica y social y no sabe cómo resolverla. No tienen propuestas para derrotar la inflación, estimular la actividad económica, detener el alza del dólar, mejorar los servicios de agua, electricidad, gas, telecomunicaciones, repotenciar los sistemas públicos de educación y salud, superar la escasez de combustible, ni mucho menos salvar Citgo o reconstruir la industria petrolera.

El elector crítico y consciente no encuentra opciones para analizar y evaluar los pros y contras, las ventajas y desventajas de unas alternativas que no se le ofrecen. La ciudadanía acusa este vacío y por eso no se siente atraída ante la proliferación de candidatos que perciben como más de lo mismo: manipulación emocional para lograr sus ambiciones personales y partidistas.

Los partidos políticos venezolanos han perdido vigencia como medio de organización y participación ciudadana. Están desprestigiados y no dan señales de reinventarse para desarrollar nuevas formas de conexión con una sociedad que no quiere que le sigan describiendo la cruda realidad que sufre cada día, sino soluciones a los problemas que la atormentan.

Al no generar propuestas para resolver los principales problemas que azotan al país, el debate se llena de ataques y contraataques personales. Es la política del escándalo.

Las organizaciones políticas están tan desdibujadas y escuetas que ni siquiera tienen un registro actualizado de militantes organizados. No tienen con qué armar sus maquinarias electorales para defender los votos en todos y cada uno de los centros y mesas electorales que se instalarán a lo largo y ancho del territorio nacional. Tan es así, que la mayoría de los electores no está enterada de que el 22 de octubre hay una elección primaria. Más del 95 % de los migrantes no se registraron para participar en la primaria y solo el 25 % de los consultados afirma que votará en la primaria. La apatía y la desmovilización se imponen.

La incertidumbre en torno a la elección primaria

Los partidos políticos tienen un propósito común: conquistar el poder. Se diferencian por su ideología, doctrina y estrategias. Su acción política es una combinación de razón y emoción, de inteligencia y pasión. Requiere análisis y comprensión de la realidad que se quiere transformar, un programa de gobierno atractivo y estimulante, un buen candidato, con visión de estadista, liderazgo y capacidad de gestión, una maquinaria electoral capaz de organizar y movilizar al electorado.

Pero los partidos viven sumergidos en sus crisis internas y pugnas con otros partidos. La oposición critica al chavismo por aferrarse al gobierno, exige democracia y alternancia en el poder, pero le cierra el paso al nuevo liderazgo, dando origen a pugnas internas que ha sido el pretexto perfecto para judicializarlos, intervenirlos y entregarles la dirección a disidentes dispuestos a pactar con el gobierno.

Luego de casi un cuarto de siglo de hegemonía chavista, la Plataforma Unitaria convoca una elección primaria en la que se presentan 14 precandidatos que no han sido capaces de articular un mensaje político con el que la sociedad venezolana se identifique al dar respuesta a su problemática. Cada quien anda por su lado y así es imposible construir alianzas que conviertan el triunfo electoral en una meta posible.

En el debate de la UCAB, María Corina Machado afirmó que en la primaria se elegirá un líder de la oposición y ratificó que su objetivo es llegar hasta el final; es decir, hasta asumir el liderazgo de la oposición. Luego hablará con Petro, Lula, Fernández, Boric, Arce y López Obrador para que presionen a Maduro y la dejen inscribirse en el CNE como candidata a la Presidencia de la República.

La primaria genera aprehensiones en quienes están rezagados en las encuestas y no quieren someterse a la dirección de MCM. Hay precandidatos como Benjamín Rausseo, Antonio Ecarri, Manuel Rosales, Henrique Capriles, Carlos Prosperi que no se inscribieron en la primaria o no muestran el mismo entusiasmo. Rafael Arráiz Lucca y María Carolina Uzcátegui renunciaron a la Comisión Nacional de Primaria y atizaron las dudas sobre un proceso que puede resultar excluyente.  Si las tensiones internas en la Plataforma Unitaria dan al traste con la elección primaria, no hará falta que el TSJ la suspenda.

Los mejores estrategas se preparan para los peores escenarios

El conflicto venezolano se puede resolver mediante el diálogo, la negociación y los acuerdos, pero hay quienes apuestan a prolongar las tensiones. Las negociaciones en Caracas, República Dominicana, Oslo, Barbados y México no dieron los resultados políticos, económicos y sociales esperados.

En la cumbre UE-Celac realizada en Bruselas, Macron promovió una nueva reunión entre el gobierno y la Plataforma Unitaria para destrancar las negociaciones. Acordaron volver en noviembre, después de las primarias. Estados Unidos entrará en campaña electoral y la agenda venezolana quedará postergada. Por lo tanto, no habrá canje de sanciones por mejores condiciones electorales, ni desbloqueo de los fondos venezolanos para mejorar las condiciones sociales.

El populismo exagera el estímulo de las emociones que nublan la razón. El desprecio, la descalificación y el insulto parecieran ser los principios rectores de la política venezolana, cuyo ejercicio exacerba las bajas pasiones. A MCM la han atacado grupos del oficialismo y HCR también ha sido víctima de arremetidas violentas. Las descalificaciones, insultos y agresiones violentas signarán la campaña electoral. Al calor de la campaña electoral, en Venezuela se atizará la confrontación política.

Si el PSUV pierde las presidenciales de 2024 puede perderlo todo. Teme no poder aguantar la euforia triunfalista de la oposición, ser barrido en las parlamentarias y perder la mayoría de gobernadores, alcaldes, diputados regionales y concejales. El oficialismo sabe que en las presidenciales de 2024 se juega su sobrevivencia y por eso no se descarta una megaelección que le permita desplegar toda su maquinaria electoral bajo el lema: o nos salvamos todos o no se salva ninguno.

El gobierno no va dejar correr en la carrera presidencial a quien luego se convierta en su verdugo. Por eso abusa de las inhabilitaciones políticas para sacar de la contienda electoral a candidatos incómodos o potencialmente ganadores. Quienes aspiren a capitalizar electoralmente el descontento nacional tiene que estar preparados para estas maniobras. Al forzar la renuncia del CNE, obstaculizar la asistencia técnica a la primaria, inhabilitar candidatos e impedir la observación internacional, el gobierno deteriora las condiciones electorales para inducir la división y abstención de la oposición.

¿Cuáles son las condiciones que es necesario crear para que se puedan celebrar unas elecciones competitivas? La solución electoral y pacífica del conflicto venezolano –que haga posible una alternancia en el poder sin revanchismos y afanes de venganza– tiene que ser pactada con el chavismo, al cual se le deben dar garantías y confianza de que no será perseguido, enjuiciado ni encarcelado. Solo así entregarán el poder.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Podcast |  La nueva clase media, la Ley de Armonización y Coordinación Tributaria y las detenciones en la comunidad sexodiversa

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En el episodio 226  de este condensado de información semanal, tres grandes reportajes destacaron esta semana por Tal Cual, El Pitazo y Runrun.es, los tres medios digitales venezolanos que conforman la Alianza Rebelde Investiga (ARI)

En El Pitazo destacan el trabajo “Clase media en Venezuela: ¿quiénes la conforman y de cuanto son sus ingresos?” Dos tipos de clase media confluyen en el país. Ya no solo existe el grupo que vive en urbanizaciones y cuyos jefes de familia son, en su mayoría, profesionales; hay otro porcentaje que desde las zonas populares percibe los ingresos suficientes para cubrir necesidades más allá de una canasta básica. Así, mientras unos vieron reducir sus ingresos con la llegada de la crisis, otros pudieron mantenerse o superarse con ingresos en dólares. 

Desde Tal Cual esta semana nos comparten el trabajo: “Ley de Armonización y Coordinación Tributaria no ataca problemas de fondo de municipios”. Expertos tributarios señalan a TalCual que, lejos de controlar la voracidad en el cobro de tributos e impuestos, la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios solo estandariza la tributación estadal y municipal. De acuerdo con las fuentes, la norma «pone en cintura» a las regiones y localidades, pero no al Poder Nacional.

“El baile de los 33: derechos de la comunidad LGBTIQ+ retroceden 30 años” es la nota que presenta Runrun.es en este episodio. 33 hombres fueron arrestados, expuestos al escarnio público e imputados con cargos que no corresponden a los hechos sucedidos y que pueden dar pie a una futura criminalización sistemática contra las personas sexodiversas.  La abogada Tamara Adrián explicó que fue un proceso irregular, así como por qué los cargos imputados no corresponden a los hechos y representan una violación a los derechos de los detenidos.

Te invitamos a sumarte a nuestra comunidad desde tu plataforma de podcast preferida y compartirlo, para que se mantengan informados. 

Además, puedes visitar las páginas web para tener acceso a las noticias y mayor detalle de los reportajes que destacaron esta semana en el Tres en Uno, tu suplemento informativo semanal.

Narración y producción ejecutiva: Luis D. Miquilena

Guión: Francisco Zambrano

Edición y montaje: Abrahan Moncada

Reportan aumento de 26% en psicofármacos durante el mes de julio

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Rehabilitarte estimó en su monitoreo de julio que el tratamiento mensual para una persona con trastorno de adaptación cuesta Bs. 338,53 u $ 11,55

La Fundación Rehabilitarte estimó en su monitoreo “¿En Cuánto el Récipe?”, de julio del 2023, un aumento promedio del 26 % en el precio de los psicofármacos con respecto a junio, cifra basada en 31 farmacias distribuidas en 11 parroquias de Maracaibo, estado Zulia.

Según una nota de prensa de Rehabilitarte, en julio, los antidepresivos lideraron este incremento con un 230 %, seguidos de los antipsicóticos con un 47 %, los antidemenciales con un 33 % y los antiparkinsonianos con un 2 %. 

En contraparte, durante julio también se observó que algunos psicofármacos bajaron su precio, como ocurrió con los estimulantes, que lideraron esta disminución con un 45%, seguidos de los moduladores del ánimo con un 16%, los anti-convulsivos con un 11% y los ansiolíticos con un 8%.

 

Por otro lado, Rehabilitarte observó que los medicamentos psiquiátricos escasearon en promedio un 60 %, una mejoría de 6 % con respecto al mes pasado. En el caso de julio, destacó una lista de 20 medicamentos que estuvieron totalmente escasos. 

Dicho índice lo lideraron los estimulantes con un 98,4 %, seguidos de los anti-parkinsonianos con un 80,6 % y los ansiolíticos, cuya carestía se situó en un 79 %. 

El tratamiento para el trastorno de adaptación cuesta más de $11

La Fundación Rehabilitarte estimó en su monitoreo de julio que el tratamiento mensual para una persona con trastorno de adaptación cuesta Bs. 338,53 u $ 11,55, es decir, más de dos sueldos mínimos, el cual se sitúa en Bs. 126,32.

El trastorno de adaptación (TA), añade la Fundación, corresponde a la combinación de síntomas afectivos, cognitivos y conductuales que aparecen tras un evento estresante. “Es uno de los diagnósticos más comunes en los intentos de suicidio atendidos en urgencias“, advierten. Además, añaden que su característica esencial es que los síntomas aparecen en relación directa con un evento percibido como estresante, “por lo que tiende a ser transitorio si cesa el evento o el individuo se adapta”.

*Nota de prensa

Venezolanos que tramitan visa para Curazao desde Caracas denuncian retrasos y costosas multas

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La gerente de un supermercado caraqueño solicitó la visa para Curazao y por un error en la planilla le impusieron una multa equivalente a 125 dólares y tuvo que buscar el monto en bolívares

A pesar de que las fronteras se abrieron, los venezolanos que desean ingresar a la isla de Curazao denuncian retrasos y costosas multas durante el trámite de la visa.

De acuerdo con un artículo de Crónicas del Caribe, no es solo el malestar por la exigencia de este documento para quienes solían viajar a Willemstad sin trabas, sino que el mismo es descrito como lento, engorroso y costoso.

Este malestar es manifestado por personas que han hecho la diligencia en la oficina de la compañía que presta este servicio a la embajada del Reino de los Países Bajos en Caracas.

“Son muy estrictos al momento de recibir las planillas y cobran montos muy altos por cambiar una palabra o una letra. En muchos casos los cambios que exigen son absurdos”, señala al citado medio el representante de una agencia de viajes que prefiere resguardar su identidad.

 

La gerente de un supermercado caraqueño solicitó la visa y por un error en la planilla le impusieron una multa equivalente a 125 dólares y tuvo que buscar el monto en bolívares.

“O pagaba allí o perdía la cita. Luego, cometí otros errores con los documentos y me pidieron hasta el seguro de viaje, cuando yo estaba esperando que me dieran la visa para comprarlo, no sabía que tenía que tener todo eso para introducir los documentos”, relató.

La señora tenía la cita a la 1:30 de la tarde y como llegó cinco minutos después, le advirtieron que la atenderían de última. Cuenta que muchas personas se confundían al registrar el dato de la emisión de sus pasaportes.

“Ese error cuesta el equivalente a 70 dólares y lo piden en bolívares, así que todo el mundo tiene que salir corriendo por los bolívares. Me parece terrible que no alerten eso, todo fue muy complicado”, resume su experiencia.

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