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Campaña de María Corina Machado denunciará ante la ONU, UE y OEA amenazas en su contra

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Antonio Ledezma, coordinador del Consejo Político Internacional de la campaña de María Corina Machado, consideró que el régimen de Maduro está “empeñado en reventar la ruta pacífica”
Ledezma fue tajante al afirmar que “el ‘plan b’ de María Corina es hacer realidad el ‘plan a’

 

 

La campaña de María Corina Machado denunciará la semana que entra ante la Unión Europea, Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y Estados Unidos las agresiones y amenazas de las que es víctima.

“Lo que busca no es solo inhabilitar a los candidatos sino inhabilitar a millones de ciudadanos venezolanos pacíficos a ejercer sus derechos”, dijo a EFE el exalcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, coordinador del Consejo Político Internacional de Machado, candidata a las primarias opositoras del 22 de octubre.

Ledezma encabezó este fin de semana un acto de campaña en Doral, ciudad del condado Miami-Dade donde reside una gran cantidad de venezolanos que dejaron su país por razones políticas y económicas.

El exalcalde compartió un mensaje dirigido por Machado en el que hace un llamado a “mantenerse firmes hasta el final”.

“Debemos luchar juntos para defender las elecciones primarias de donde debe emerger el candidato presidencial que sea capaz de derrotar esa dictadura”, dijo la opositora, que está inhabilitada para ejercer cargos públicos al igual que otros dos candidatos a las primarias opositoras, Henrique Capriles y Feddy Superlano.

Ledezma señaló que “en Venezuela existe una catástrofe de dimensiones inimaginables para cualquier pueblo del mundo; sin embargo, en medio de esas calamidades, la ciudadanía de nuestro país saca fuerzas para transitar por una vía cívica con la idea de superar esta catástrofe”.

A su juicio, es “evidente que el régimen que encabeza Nicolás Maduro está empeñado en reventar esa ruta, con la finalidad de impedir que la gente resuelva pacíficamente la tragedia que ellos han generado con sus fracasados planes del Socialismo del Siglo XXI”.

Ante la interrogante de qué hacer por las amenazas de las que viene siendo objeto María Corina Machado, Ledezma adelantó que esta semana empezarán a presentar denuncias ante organismos internacionales.

Entre los denunciados estarán no solo Maduro, que es “la cabeza más visible de esa corporación criminal”, sino también Diosdado Cabello, que “opera como el instrumentista de las operaciones de violencia que cumplen grupos organizados y financiados por él, para que atenten contra la vida de María Corina”.

En unas declaraciones a EFE, el dirigente opositor que está exiliado en España, subrayó que el “régimen” de Maduro ni siquiera guarda las “apariencias” respecto a las primarias opositoras, que son parte del compromiso hacia unas elecciones presidenciales con garantías democráticas en 2024.

Se refirió así al discurso pronunciado recientemente por el general Elio Estrada, comandante de la Guardia Nacional, quien, según Ledezma, dejó “al aire libre las macabras intenciones del régimen madurista de boicotear la salida cívica y pacífica”.

Además de Estrada será denunciado el gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, quien “en un acto público realizado en la comunidad de Pampanito instigó a grupos afectos al oficialismo a que se preparen para recibir con actos de violencia a María Corina Machado”.

“Esas pruebas demuestran que mientras nosotros estamos promoviendo una lucha cívica, pacífica, electoral, desde el régimen se atiza la violencia, llegando incluso a darle instrucciones a sus huestes de que aniquilen a quienes simplemente ejercemos nuestros derechos de disentir”.

Ledezma fue tajante al afirmar que “el ‘plan b’ de María Corina es hacer realidad el ‘plan a’, que no es otro que abrirle camino a los venezolanos para que avancemos todos, dejando atrás este pasado oscuro que representa Maduro”.

Con información de EFE

El desprecio al Estado de derecho

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La agenda del Foro de Sao Paulo, la del Grupo de Puebla, y la de la ONU 2030, no hablan de la democracia y menos le dan importancia al Estado de derecho. No cuenta para ellas

 

@asdrubalaguiar

A raíz del derrumbe del comunismo en 1989 ingresa Occidente al quiebre epocal o era de la gobernanza digital y de la inteligencia artificial, destacando la horadación o prosternación del Estado constitucional de derecho.

En el Foro de Sao Paulo (1990-1991) y sus textos se precisan como propósitos de los causahabientes del marxismo el acceder al poder democráticamente, pero con fines de perpetuación; tanto como advierten que se verán judicializados por lo anterior sus miembros, forjándoseles vínculos con el narcotráfico y el terrorismo.

Ha lugar, así, a las rupturas constitucionales que conocen Venezuela (1999), Bolivia (2007) y Ecuador (2008), bajo experiencias constituyentes que repite, en 2022 y sin éxito inmediato, el Chile de Boric. El molde deconstructivo transita por la inflación de derechos humanos al detal, imposibles de ser tutelados eficazmente, ser dispersores de la unidad nacional, propiciadores de enconos, mientras se incrementa la actividad electoral para banalizarla. Es utilería de teatro.

Llegado el COVID-19, los causahabientes del marxismo dejan de calificarse como socialistas del siglo XXI. Abandonan los nichos históricos que recrearan para sustituir al Estado y a la nación (bolivarianos, martinianos, sandinistas) –los tachan ahora como desviaciones fascistas– y se asumen de progresistas. Forjan el Grupo de Puebla y endosan los objetivos deconstructivos del Programa de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (Agenda 2030), y otra vez denuncian, en 2019, que, por defenderlos están siendo judicializados sus líderes. Hablan de LawFare o guerra judicial, y he aquí lo central.

El LawFare amalgama como nombre al grupo de juristas y constitucionalistas que sirven bajo las administraciones de Bush y Obama, y les hacen seguimiento a las decisiones de la administración Trump, en lo particular para frenar por vía judicial su Orden Ejecutiva 13.769 de 2017 sobre Protección de la Nación contra la Entrada de Terroristas Extranjeros en Estados Unidos. Esta la detiene un tribunal de apelaciones en sentencia que celebra el Grupo y no es ocioso hacer presente, al efecto, que el presidente español J. L. Rodríguez Zapatero –miembro del Grupo de Puebla, junto con Ernesto Samper (judicializado por la Suprema Corte a raíz del Proceso 8000, 1995)– impulsa en 2005 la Alianza de Civilizaciones, justamente para frenar el castigo de terroristas por USA a raíz del derrumbe de las Torres Gemelas.

A lo largo de este tiempo se hacen máximas de la experiencia la destitución de jueces sin fórmula de juicio y su sustitución, por abogados próximos al “autoritarismo electivo” de turno. Así pasó en Venezuela, en 1999, cuando Chávez controla para sus fines al Tribunal Supremo de Justicia, desde donde se decide siempre, en toda causa, a favor de los objetivos revolucionarios y deconstructivos. Antes, a partir de 1997, bajo el gobierno del presidente Fujimori en el Perú, ocurre la destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional que buscaban impedirle su reelección. Y tal como luego lo hace Nicolás Maduro, Fujimori denuncia la Convención Americana de Derechos Humanos, para evadir sus controles.

La perpetuación en el poder usando con fraude y mendacidad al Estado constitucional de derecho, que toma cuerpo luego en la misma Venezuela (2007, 2013), en Honduras (2016), en Bolivia (2018), en El Salvador (2021), fue denunciada, sin eco, por la Comisión de Venecia (2018) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, buscando salvar el principio de la alternabilidad democrática (2021).

No es azar, entonces, el actual desconocimiento del orden constitucional y de las decisiones del Tribunal Supremo por los líderes catalanes independentistas en España, queriendo fracturar la unidad nacional; el choque del presidente argentino con la Corte Suprema de Justicia, por la condena de su vicepresidenta; la inestabilidad endémica en el Perú, que afecta la neutralidad e imparcialidad de la justicia; los empeños “destituyentes” en el Ecuador, animados por otro condenado, Rafael Correa; el despotismo iletrado de Nicaragua, donde hay absoluta ausencia de Estado de derecho; las prisiones políticas en Bolivia, y en Venezuela, donde igualmente fracasa la Transición constitucional hacia la democracia, mientras la comunidad internacional se neutraliza respecto de esta cuestión y exige que la legalidad se transe con la ilegalidad.

En fin, como el absurdo no falta, la Colombia de Santos sustituye la regla contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad para abrirle espacios a una «justicia transicional» que los perdona –y le gana el premio nobel– o la Colombia de Petro, quien predica que la criminalidad se acaba derogando delitos en el código penal, al igual que pugna abiertamente contra la Fiscalía y la Corte Suprema.

He allí, pues, la abierta judicialización de la política en Estados Unidos, morigerada u oculta tras los extremismos de su opinión pública, o el caso de Nayib Bukele en El Salvador, que divide voluntades. Dice haber acabado con la criminalidad destituyendo con su “mayoría parlamentaria” a la Justicia Constitucional, pues controlaba sus actos. Ha establecido verdaderos campos de concentración que muestra con orgullo, para encerrar delincuentes a los que detiene indiscriminadamente con ausencia de revisiones judiciales autónomas.

Y ahora, como lo hiciera Chávez en Venezuela, instruye directamente al Ministerio Público y ordena a los jueces despojar de sus patrimonios a los adversarios de su causa. Por si fuese poco, en México, el gobierno de Andrés M. López Obrador avanza una reforma constitucional para manejar la ingeniería electoral y modificar los patrones de la representación política, buscando perpetuar su dominio.

Lo preocupante, a todas estas, es que la agenda del Foro de Sao Paulo, la del Grupo de Puebla, y la de la ONU 2030, no hablan de la democracia –que no sea para deconstruirla desde adentro, apuntando hacia un estadio de posdemocracia– y menos le dan importancia al Estado de derecho. No cuenta para ellas. Acaso lo reducen a las ideas de paz, de justicia, y el tener instituciones «fuertes». A la justicia independiente la ven de elitista y prescindible, por no abonar a la deconstrucción cultural ni someterse al dictado de las mayorías y el populismo.

correoaustral@gmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Oficina del Alto Comisionado ratifica preocupación por criminalización de sindicalistas

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La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ratificó a Tal Cual la denuncia sobre la criminalización de defensores de derechos humanos y sindicalistas en el país
La portavoz Marta Hurtado expresó que se mantiene el «compromiso de prestar asistencia técnica a las autoridades para promover el cumplimiento de las normas internacionales, en un espíritu de genuina cooperación» 

 

El medio aliado Tal Cual consultó a la  Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) sobre la condena a 16 años de prisión contra seis sindicalistas y defensores de derechos humanos venezolanos.

En un escrito que hizo llegar al medio la portavoz de la Oacnudh, Marta Hurtado, se dejó por sentado que la oficina del alto comisionado «reafirma las preocupaciones previamente planteadas en cuanto a la criminalización de los defensores de derechos humanos en Venezuela, incluyendo aquellos comprometidos en demandas por mejores condiciones de trabajo y derechos laborales».

Recordó la portavoz en comunicación con Tal Cual que la preocupación contra la criminalización contra defensores de DDHH en el país ha sido denunciada en varias ocasiones, entre ellas en el último informe sobre la situación venezolana que presentó Volker TüRK el pasado 3 de julio. 

«Otro es el juicio en curso de seis dirigentes sindicales y sindicalistas por cargos de conspiración y asociación para delinquir, tras su detención hace un año, también en relación con protestas laborales. Todos los venezolanos y las venezolanas tienen derecho a reunirse pacíficamente. Hago un llamamiento al Gobierno y a las organizaciones de empleadores para que respeten estos derechos fundamentales y entablen un diálogo serio con los sindicatos y los trabajadores», se leía en dicho texto.

La oficina del alto comisionado ratificó también que mantiene su compromiso  «de prestar asistencia técnica a las autoridades para promover el cumplimiento de las normas internacionales, en un espíritu de genuina cooperación».

Condena superior a la de criminales

El pasado 2 de agosto, el  Tribunal Segundo en funciones de Juicio de Caracas, a cargo de la jueza Grendy Duque, condenó a 16 años de prisión a los sindicalistas Emilio Negrín, Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortés.

La defensa de los sindicalistas afirma que las únicas pruebas promovidas en el juicio fueron unas capturas de pantalla y mensajes en la red social conocida antes como Twitter.

En un trabajo de Runrun.es, tras la comparación de sentencias, se determinó que las condenas de 16 años de los sindicalistas apenas es un año menor a la  impuesta a Hector Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, quien purga una pena por delitos de asesinato, robo de residencias, porte de armas, tráfico de drogas y por haberse fugado de la cárcel de Tocorón. Guerrero es señalado además de ser operador de la megabanda del Tren de Aragua. 

La condena de 16 años de este grupo de sindicalistas y defensores de DDHH es también mayor a la  Isaac Molleda Zárraga, condenado a 15 años de prisión por el asesinato del periodista Javier García el 14 de junio de 2008; es igual a la de Jean Manuel Montilla, sentenciado a 16 años de cárcel por el homicidio del actor Yanis Chimaras el 24 de abril de 2007 y superior a la  Larry Tovar Acuña, condenado a 13 años de confinamiento en 1998 por participar como testaferro de un cártel colombiano que trasladaba droga de Colombia a Estados Unidos.

 

Sentencia de sindicalistas casi iguala a la del “Niño Guerrero” 

Humano Derecho #6 con Lya Ortiz, de País Plural

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Conversamos con Lya Ortiz, coordinadora de RR. PP. de País Plural, sobre la detención de los 33 hombres de la comunidad LGBTIQ+

 

@_humanoderecho

¿Qué fue lo que sucedió realmente con los 33 hombres detenidos en Carabobo? ¿Se les cumplieron sus derechos al ser detenidos? ¿Fue una arbitrariedad por parte de los cuerpos de seguridad del régimen de Maduro? Conversamos de estos y otros temas con Lya Ortiz, coordinadora de Relaciones Públicas de País Plural.

Ortiz aseguró que lo que ocurrió en Valencia, estado Carabobo, fue una demostración de “homofobia de Estado”. Además, indicó que el hecho estuvo “atado” al inicio de la criminalización de las personas LGBTIQ+ en Venezuela. Por otra parte, acusó a los medios de comunicación de estigmatizar a las personas de la comunidad tras reseñar la noticia de forma “denigrante”.

“Todos amanecimos el lunes 24 de junio con la noticia de una supuesta orgía sexual en Valencia. De hecho, es muy triste que haya ocurrido una homofobia de Estado cuando tuvimos semanas atrás una gran marcha LGBTIQ+ en Caracas, donde duplicamos el número de asistentes y que luego ocurra esto”, dijo Ortiz.

Por otra parte, denunció que el cuerpo de seguridad se los llevaría como testigos, pero seguidamente los detienen. “Allí es donde ocurre toda la violación al debido proceso”. Asimismo, calificó de “degradante” el trato que le dieron los funcionarios a los detenidos: “Los trataron como lo peor que puede existir, se burlaron de ellos, les quitaron los teléfonos, eso es completamente violatorio y un trato cruel e inhumano para cualquier persona”, sentenció.

Presentado por Génesis Zambrano (@medicenmouzo) y Luis Serrano (@akaLuisSerrano). Somos el radio web show semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda a gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por RedesAyuda y Provea.

Más contenido en humanoderecho.com

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La elección de la barba

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Ahora por las calles de Buenos Aires camina un hombre cuya mitad de la cara tiene barba y la otra mitad no. ¡Que viva la democracia!

 

@SoyJuanette

La verdad es que estoy harto de elecciones. Cuando no es la elección de los miembros de la junta de condominio, es la elección de la reina de carnaval, las elecciones de alcaldes y gobernadores en Venezuela, la Pasos en Argentina y ahora en Venezuela van de vuelta con primarias en la oposición, inhabilitaciones y otras verduras.

Yo por mi parte, deseo, brille su luz para ti, para ti… perdón, digo, yo por mi parte deseo que esta gente se siente y se pongan de acuerdo. ¿No sería lindo un Estado donde los oficialismos gobiernen en la mañana y la oposición por la tarde? ¿Alberto en la mañana y la tarde se la den libre (bueno ya está libre desde hace rato)? ¿o que en Venezuela mande alguien sensato en la mañana y en la tarde… también?

En fin, todo en la vida se circunscribe a una elección. Si voy al chino debo debatir entre comprar fernet, vino o cerveza; bueno, esa elección es la más fácil de todas porque si no me pongo de acuerdo compro las tres cosas y listo, todos felices, menos mi hígado y mi doctor, pero como no son la mayoría no les hago caso.

La política no es tan fácil como ir al chino y seleccionar botellas. Afortunadamente, Instagram cuenta con una opción de encuestas para que los indecisos como yo consulten al pueblo, es decir a sus seguidores, cualquier decisión que quieran en la vida.

He visto desde la salida de las encuestas de Instagram gente consultando ¿cuál vestido me pongo?, ¿me compro un gato o un perro?, ¿le cuento a mi esposa que tengo una amante? (esa no terminó bien), ¿dejo a mi marido? (ese sí terminó bien). Es decir, Instagram desarrolló un nuevo paradigma: la democracia en la palma de tu mano o en la parte del cuerpo en la que lleves el dispositivo móvil.

Vamos a ver quién será el primer presidente en usar esta función de Instagram para gobernar. ¿Se imaginan a Putin preguntando ¿“quierren que parre la invasión a Ucrania”? y del otro lado Vladímir Zelenski, y el resto del mundo, pulsando el botón “Sí”.

O el simpático y tierno Kim Jong-un, preguntado amablemente: “¿Piso botón lojo (rojo) o no piso botón lojo?”. Incluso al presidente de Venezuela Nicolás Maduro haciendo una pregunta trascendental para el país: “¿me dejo el bigote o no?”.

Justamente inspirado en esa sabia consulta del presidente de mi país, decidí hacer mi primera encuesta y preguntarles a mis casi cuatro mil seguidores (por cierto, si aún no me sigues ¿qué esperas? @soyjuanette) lo siguiente:

“¿Juanette con barba o sin barba?”

Las personas hacían fila para contestar, todos me escribían y querían entrevistarme. De hecho, querían que mi barba les diera una rueda de prensa. En fin, las casi 12 horas que tomó la consulta en mis redes tuvieron un resultado inesperado:

De 100 personas que votaron, el 50 % pedía que me dejara la barba, el otro 50 % que no… Justo ahí entendí por qué en los sistemas electorales hace falta gente como la finada Tibisay Lucena para el desempate.

Esperé algunos minutos, pero al ver que ya no había gente haciendo filas para votar, cerré la encuesta. Y ¿qué pasó?

Ahora por las calles de Buenos Aires camina un hombre cuya mitad de la cara tiene barba y la otra mitad no. ¡Que viva la democracia!

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Aspiran a que primarias puedan demostrar al mundo la capacidad organizativa de los venezolanos

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Carmen Grijalva, integrante de la Comisión Nacional de Primaria,  aspira a que la consulta opositora permita recuperar la confianza en el voto
“Cada actor político tendrá su propio plan de gobierno en donde aspiramos a que sean incorporadas las bases programáticas”, precisó, sobre el acuerdo de gobernabilidad suscrito por los 13 aspirantes

 

La integrante de la Comisión Nacional de Primaria, embajadora Carmen Grijalva, calificó como positivo que en la jornada de actualización de datos de  venezolanos residentes en el exterior se superara “el número de inscritos en el registro electoral en los últimos 20 años”.

Estas declaraciones se produjeron en el marco del conversatorio organizado por la Mujer y Ciudadanía con las dirigentes de partidos políticos comprometidas con el voto como el mecanismo democratizador de Venezuela.

A principios de agosto, la Comisión Nacional de Primaria informó que alrededor de 400.000 venezolanos en el exterior podrán participar en el proceso. El número llega en específico a las 397.168 personas.

“Vamos a demostrarle al mundo la capacidad organizativa de los venezolanos. Nuestro compromiso es recuperar la confianza en el voto y vamos a convertirnos en sus defensores. Queremos votar en paz y en democracia, ¿qué más muestra de civismo y compromiso que esta elección primaria apoyada por la ciudadanía venezolana?, se preguntó Grijalva.

Con respecto a la firma del documento por parte de los 13 candidatos a la primaria dijo que en el texto se establecieron las bases  programáticas y de gobernabilidad que el ganador o ganadora “deberá presentar a los venezolanos”.

“Cada actor político tendrá su propio plan de gobierno en donde aspiramos a que sean incorporadas estas bases programáticas”, remarcó.

Explica la CNP que el documento contiene los lineamientos básicos del Programa de Gobierno que deberá presentar a los venezolanos quien resulte electo como candidato de los sectores democráticos el próximo #22oct.

Espacio Público registró al menos 10 violaciones a la libertad de expresión en julio

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De  acuerdo con Espacio Público, se registraron al menos 10 violaciones al derecho a la libertad de expresión en julio
En una protesta de la población LGBTI frente a la sede principal de la Fiscalía, en Caracas, “funcionarios policiales fotografiaron e intimidaron a activistas”

 

Al menos 10 violaciones al derecho a la libertad de expresión se registraron en Venezuela en julio, un “mes marcado por el hostigamiento y los actos de censura por parte de funcionarios y organismos del Estado”, aseguró este sábado la ONG Espacio Público.

De acuerdo con una nota de prensa de la organización, periodistas y medios de comunicación “fueron las principales víctimas de las violaciones a la libertad de expresión” el pasado mes.

Asimismo, aseguró que esta decena de violaciones “fueron perpetradas por tres instituciones del Estado, dos funcionarios y un directivo de medios”.

Entre las víctimas, prosiguió, “se cuentan tres medios de comunicación, dos periodistas/reporteros y un particular“, que se trata de una “ciudadana indígena”, quien “fue intimidada por un funcionario militar y obligada a pedirle disculpas (…) por una denuncia que hizo sobre la quema de unos equipos” usados para la “minería ilegal en el estado Amazonas”.

Espacio Público también mencionó que, en una protesta de la población LGBTI frente a la sede principal de la Fiscalía, en Caracas, “funcionarios policiales fotografiaron e intimidaron a activistas”, quienes rechazaban la reciente “detención arbitraria, persecución judicial y exposición de 33 hombres” privados de libertad en un bar gay en el norte de Venezuela.

Según un informe de la ONG, al menos 217 violaciones a la libertad de expresión se registraron en Venezuela durante el primer semestre de 2023, un promedio de 1,2 ataques al día contra el ejercicio del periodismo o del derecho a la protesta.

En 2022 se registraron 227 violaciones a la libertad de expresión, una disminución del 7 % respecto a 2021, de acuerdo con la organización.

Con información de EFE

DDHH Olvidados | Para el Ministerio Público el homicidio de Eduardo Orozco fue solo una «situación irregular»

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Pese a que la familia de Eduardo José Orozco Porras pidió al Ministerio Público investigar quién asesinó a su hijo en el marco de las protestas del 2017, ninguna institución estatal informa cómo avanza el caso por seis años

Eduardo José Orozco Porras estaba en una protesta pacífica en el Distribuidor Bellas Artes, municipio Palavecino, estado Lara. Sus amigos le dijeron al medio venezolano El Pitazo que él se acercó a esa manifestación contra Nicolás Maduro un 7 de agosto del 2017 para entregar agua y comida a las personas que exigían respetar sus derechos. 

Quienes acompañaban a Orozco relataron que a las 03:00 p.m. aparecieron dos camionetas —una Orinoco blanca y una Ford Explorer negra— y salieron funcionarios identificados por el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas). Empezaron a disparar sin mediar palabras. 

Entre las detonaciones, Eduardo, de 19 años, buscaba refugio, pero dos balas le atravesaron una de sus piernas. Una tercera bala le atravesaría el cráneo en la región occipital, en la parte trasera de su cabeza. Falleció en plena calle. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU revelaría después que los funcionarios del Conas se acercaron a Eduardo mientras estaba herido en el piso para dispararle. 

«Luego, le colocaron un arma en su mano y efectuaron varios disparos con la intención de acusarlo de terrorismo», resumió la ONG Defiende Venezuela en un informe sobre víctimas de ejecuciones extrajudiciales publicado en julio del 2023. 

«Habiendo transcurrido 6 años, la información que tienen las víctimas indirectas, los familiares, es que no se ha culminado la investigación por parte del Ministerio Público», reiteró Martha Tineo, abogada de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. «Según información que les fue suministrada por funcionarios del Ministerio Público durante el año 2019, para ese momento no tenían ubicados a los imputados. Desde entonces no ha recibido información concreta al respecto».

6 años de incertidumbre estatal

Al día siguiente, el Ministerio Público anunció en su cuenta de Twitter que investigarían el caso, y categorizaron el hecho como «una situación irregular». El Estado venezolano designó al Fiscal N° 21 del estado Lara en aquel momento, Carlos Muñoz, y a los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para investigar.

Mientras tanto, Carmen Porras organizó el sepelio de su hijo el 9 de agosto del 2017. En el mismo distribuidor donde asesinaron a Eduardo, en la ciudad de Cabudare, cientos de personas se congregaron para exigir justicia. Él es una de las cientos de víctimas que llenarían las denuncias de venezolanos ante la ONU. 

Frente al duelo, Carmen reunió los testigos y documentos necesarios para formalizar la denuncia el 14 de agosto del 2017. Hasta la fecha, esos cuatro mensajes del Ministerio Público en una red social privada es la única información oficial que se puede consultar sobre el caso. 

«La investigación no ha sido culminada. La familia se mantiene en permanente revictimización al no atender ni dar respuesta a sus solicitudes de información y avance del proceso», reitera Tineo.

https://www.youtube.com/watch?v=k–QV8mwr4Y

Denuncias de manipulación

Eduardo Orozco estaba empezando su carrera en Comercio Exterior en la Universidad José Antonio Páez, en Valencia, estado Carabobo. Su familia relata que aprovechó las vacaciones para visitar su ciudad natal. 

Carmen Porras reclama una investigación justa para su hijo desde la Organización No Gubernamental Alfavic (Alianza de Familiares y Víctimas en Venezuela). Al reunirse con los testigos de la muerte de su hijo pudo constatar que a Eduardo aún no le han hecho un protocolo de autopsia por parte de las autoridades. Que cuando llevó la denuncia al Ministerio Público, un funcionario la intimidó para firmar una hoja en blanco para tener sus supuestas declaraciones. Y, sobre todo, que el cuerpo de Eduardo fue presuntamente manipulado para implantar trazos de pólvora con la intención de modificar la escena del crimen.

Aún así, el Ministerio Público no ha anunciado, ni a la familia, ni a los abogados ni a la justicia, quiénes fueron los responsables de la muerte de Eduardo Orozco.

«Lamentablemente, este caso se enmarca dentro del más del 94% de impunidad respecto a los perpetradores o autores materiales de estos crímenes y en el 100% de impunidad respecto a la cadena de mando. Esto pone en evidencia el patrón de ataque contra grupos de la sociedad civil y se ha impuesto además un patrón de impunidad», dice Tineo.