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El Megafono

DDHH Olvidados | Para el Ministerio Público el homicidio de Eduardo Orozco fue solo una «situación irregular»

Joshua De Freitas
05/08/2023
Pese a que la familia de Eduardo José Orozco Porras pidió al Ministerio Público investigar quién asesinó a su hijo en el marco de las protestas del 2017, ninguna institución estatal informa cómo avanza el caso por seis años

Eduardo José Orozco Porras estaba en una protesta pacífica en el Distribuidor Bellas Artes, municipio Palavecino, estado Lara. Sus amigos le dijeron al medio venezolano El Pitazo que él se acercó a esa manifestación contra Nicolás Maduro un 7 de agosto del 2017 para entregar agua y comida a las personas que exigían respetar sus derechos. 

Quienes acompañaban a Orozco relataron que a las 03:00 p.m. aparecieron dos camionetas —una Orinoco blanca y una Ford Explorer negra— y salieron funcionarios identificados por el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas). Empezaron a disparar sin mediar palabras. 

Entre las detonaciones, Eduardo, de 19 años, buscaba refugio, pero dos balas le atravesaron una de sus piernas. Una tercera bala le atravesaría el cráneo en la región occipital, en la parte trasera de su cabeza. Falleció en plena calle. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU revelaría después que los funcionarios del Conas se acercaron a Eduardo mientras estaba herido en el piso para dispararle. 

«Luego, le colocaron un arma en su mano y efectuaron varios disparos con la intención de acusarlo de terrorismo», resumió la ONG Defiende Venezuela en un informe sobre víctimas de ejecuciones extrajudiciales publicado en julio del 2023

«Habiendo transcurrido 6 años, la información que tienen las víctimas indirectas, los familiares, es que no se ha culminado la investigación por parte del Ministerio Público», reiteró Martha Tineo, abogada de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. «Según información que les fue suministrada por funcionarios del Ministerio Público durante el año 2019, para ese momento no tenían ubicados a los imputados. Desde entonces no ha recibido información concreta al respecto».

6 años de incertidumbre estatal

Al día siguiente, el Ministerio Público anunció en su cuenta de Twitter que investigarían el caso, y categorizaron el hecho como «una situación irregular». El Estado venezolano designó al Fiscal N° 21 del estado Lara en aquel momento, Carlos Muñoz, y a los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para investigar.

Mientras tanto, Carmen Porras organizó el sepelio de su hijo el 9 de agosto del 2017. En el mismo distribuidor donde asesinaron a Eduardo, en la ciudad de Cabudare, cientos de personas se congregaron para exigir justicia. Él es una de las cientos de víctimas que llenarían las denuncias de venezolanos ante la ONU

Frente al duelo, Carmen reunió los testigos y documentos necesarios para formalizar la denuncia el 14 de agosto del 2017. Hasta la fecha, esos cuatro mensajes del Ministerio Público en una red social privada es la única información oficial que se puede consultar sobre el caso. 

«La investigación no ha sido culminada. La familia se mantiene en permanente revictimización al no atender ni dar respuesta a sus solicitudes de información y avance del proceso», reitera Tineo.

Denuncias de manipulación

Eduardo Orozco estaba empezando su carrera en Comercio Exterior en la Universidad José Antonio Páez, en Valencia, estado Carabobo. Su familia relata que aprovechó las vacaciones para visitar su ciudad natal. 

Carmen Porras reclama una investigación justa para su hijo desde la Organización No Gubernamental Alfavic (Alianza de Familiares y Víctimas en Venezuela). Al reunirse con los testigos de la muerte de su hijo pudo constatar que a Eduardo aún no le han hecho un protocolo de autopsia por parte de las autoridades. Que cuando llevó la denuncia al Ministerio Público, un funcionario la intimidó para firmar una hoja en blanco para tener sus supuestas declaraciones. Y, sobre todo, que el cuerpo de Eduardo fue presuntamente manipulado para implantar trazos de pólvora con la intención de modificar la escena del crimen.

Aún así, el Ministerio Público no ha anunciado, ni a la familia, ni a los abogados ni a la justicia, quiénes fueron los responsables de la muerte de Eduardo Orozco.

«Lamentablemente, este caso se enmarca dentro del más del 94% de impunidad respecto a los perpetradores o autores materiales de estos crímenes y en el 100% de impunidad respecto a la cadena de mando. Esto pone en evidencia el patrón de ataque contra grupos de la sociedad civil y se ha impuesto además un patrón de impunidad», dice Tineo. 

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