El Gobierno de Venezuela anunció que accedió este viernes 17 de julio a 346 millones de dólares que permanecían congelados en el Fondo Monetario Internacional (FMI), los cuales serán utilizados para financiar la recuperación y reconstrucción de las zonas devastadas por los terremotos del 24 de junio, en los que murieron más de 5000 personas y miles quedaron damnificadas.
Delcy Rodríguez, en su comunicado, agradeció el respaldo de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y de las instituciones que facilitaron el acceso a los recursos, al considerar que representan un apoyo clave para acelerar la recuperación de las comunidades afectadas.
Días antes, la portavoz del FMI, Julie Kozack, había explicado que el dinero corresponde al tramo de reservas de Venezuela dentro del organismo, un mecanismo que permite disponer rápidamente de liquidez para responder a situaciones de emergencia humanitaria.
El acceso a estos recursos ocurre pocos meses después de que el FMI reanudara formalmente sus relaciones con Venezuela, suspendidas desde 2019. El organismo anunció en abril el restablecimiento del vínculo institucional, lo que abrió la puerta para que el país pudiera gestionar nuevamente sus activos dentro del Fondo.
Balance de la tragedia
De acuerdo con el balance oficial más reciente, los terremotos del 24 de junio han dejado al menos 5119 fallecidos y 17 907 personas sin vivienda. Las autoridades mantienen las labores de reconstrucción con apoyo de organismos internacionales y de la ayuda humanitaria enviada por diversos países.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima que el impacto económico del desastre equivale aproximadamente al 6 % del producto interno bruto (PIB) venezolano, lo que convierte a los sismos en una de las mayores emergencias que ha enfrentado el país en los últimos años.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El doblete sísmico del pasado 24 de junio golpeó al sistema educativo del estado La Guaira. Algunos planteles presentaron daños reparables y otros enfrentan una compleja realidad marcada por el colapso de sus instalaciones y la necesidad urgente de recursos para iniciar su reconstrucción.
Uno de los casos más emblemáticos es el del colegio Madre Emilia, ubicado en Maiquetía, en el que los daños obligan a una intervención de gran magnitud para recuperar sus espacios.
En una entrevista concedida a Runrun.es, Rossy Corro, administradora del plantel, contó que las paredes de los edificios de educación inicial, primaria y bachillerato resultaron gravemente afectadas por el movimiento telúrico. Los daños alcanzaron salones, baños y pasillos. En el edificio de inicial y primaria la mampostería de los dos primeros niveles sufrió importantes fracturas.
Sin embargo, las inspecciones técnicas determinaron que las columnas y vigas permanecen en buen estado, por lo que la estructura principal sigue siendo segura.
“Estructural y emocionalmente estamos afectados, pero seguimos confiando en Dios y en el buen corazón de las personas que nos puedan prestar su mano de ayuda”, expresó Corro.
El colegio atiende a 918 estudiantes, desde educación inicial hasta sexto año de educación técnica, provenientes de distintas comunidades de La Guaira. Durante años, esta institución perteneciente a la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC) ha formado a generaciones de niños y jóvenes, especialmente de familias de bajos recursos.
Tras el sismo, la institución inició una campaña para recaudar fondos destinados a la reconstrucción. No obstante, las labores avanzan lentamente debido a que aún se encuentran en la fase de demolición y remoción de escombros, y no cuentan con un presupuesto definitivo ni con suficientes camiones para retirar el material.
A través de su cuenta en Instagram, están compartiendo información de cómo pueden contribuir con esta causa.
Desde el colegio también expresaron su pesar por la muerte en los terremotos de la psicopedagoga Marianel Berroterán y su hija Manuela Solórzano.
Otros planteles también registraron daños
El Colegio San José confirmó que, pese a las afectaciones, mantendrá abiertas sus puertas. A través de un mensaje dirigido a la comunidad educativa, el profesor Pedro Hernández aseguró que el plantel está preparado para recibir nuevamente a sus alumnos.
Entretanto, imágenes difundidas desde el Colegio Atlántida muestran los severos daños sufridos por las instalaciones del antiguo Gabriela Mistral y reflejan la magnitud del impacto que dejó el terremoto en parte de la infraestructura educativa de la entidad.
El viceministro de Educación, Alejandro López, informó el pasado 14 de julio que, si bien la mayoría de las instituciones educativas del país no sufrió daños de consideración, La Guaira fue una de las entidades más afectadas.
Según el balance oficial, de las 316 instituciones educativas existentes en el estado, 14 colapsaron, 38 presentan afectación media y 86 registran daños menores como consecuencia de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio.
Mientras avanzan las evaluaciones y los trabajos de recuperación, planteles como el Madre Emilia apelan a la solidaridad de la ciudadanía para acelerar la reconstrucción y garantizar que cientos de estudiantes puedan regresar a espacios seguros en el menor tiempo posible.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que Venezuela enfrenta una “catástrofe” que agrava las vulnerabilidades de la población y profundiza la crisis humanitaria y de derechos humanos que afecta al país desde hace años. De acuerdo con un comunicado difundido el pasado 17 de julio, alertan que la situación empeoró tras los terremotos ocurridos el 24 de junio.
En el texto, se destaca que ante la dimensión de la emergencia, las organizaciones de la sociedad civil, redes vecinales y organismos internacionales asumieron tareas esenciales en las zonas afectadas y que estas agrupaciones participan activamente en la búsqueda de personas desaparecidas, la identificación de fallecidos, la atención directa a las víctimas y la distribución de insumos básicos.
“Ante la magnitud de la tragedia, la sociedad civil ha asumido un papel indispensable y deberá ser considerada plenamente en las siguientes fases de la respuesta,” señalaron los expertos, quienes manifestaron su solidaridad con el pueblo venezolano. Los especialistas subrayaron que las autoridades locales y la comunidad internacional deben reconocer este trabajo, que incluye el suministro de medicinas y atención médica.
Obstáculos legales y financieros en plena emergencia
Los relatores denunciaron que esta labor de asistencia se encuentra bajo amenaza debido al marco regulatorio impuesto por el Estado venezolano. Señalaron directamente el impacto de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro.
“Pese a su importancia, este rol vital se ve gravemente obstaculizado y amenazado por las restricciones normativas existentes”, alertaron. Explicaron que la normativa obliga a las ONG a realizar registros ante el Servicio Autónomo de Registros y Notaría (Saren), un trámite que se vuelve imposible debido al “silencio administrativo” del Estado, lo que congela de forma arbitraria su personalidad jurídica.
Asimismo, cuestionaron las regulaciones de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), que imponen una supervisión excesiva a las cuentas de las ONG en comparación con otros sectores, lo que termina bloqueando la llegada y administración de recursos humanitarios.
Exigen levantar restricciones
Los expertos de la ONU exigieron al gobierno venezolano levantar estas restricciones y permitir modalidades de ayuda urgentes, como las transferencias de efectivo a los damnificados, una práctica internacional común que actualmente no está disponible en el país.
También hicieron un llamado directo a las fuerzas de seguridad del Estado: “Es imprescindible que las autoridades instruyan a las fuerzas y cuerpos de seguridad sobre sus obligaciones en el marco de la emergencia; en particular en relación con la protección de iniciativas ciudadanas de ayuda, como centros de acopio, y las acciones de las organizaciones nacionales e internacionales para que no se repitan los patrones de represión del pasado”.
“La sociedad civil debe ser respetada como parte fundamental en los procesos de localización de la asistencia, veedora de la transparencia de los recursos utilizados, garante de derechos en la atención de desastres”, insistieron.
Instaron, asimismo, a que la la provisión de alojamiento de emergencia, los planes reconstrucción y otras soluciones a largo plazo cuenten “con la participación significativa de las personas afectadas, incluidas las desplazadas internamente” y que la respuesta al desastre se lleve a cabo de conformidad con normas internacionales de derechos humanos.
El pronunciamiento fue firmado por una amplia lista de expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, entre ellos Gina Romero (relatora sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación), Paula Gaviria Betancur (relatora sobre los derechos humanos de los desplazados internos) y Morris Tidball-Binz (relator sobre ejecuciones extrajudiciales). Los firmantes concluyeron que la sociedad civil debe ser respetada como “veedora de la transparencia de los recursos utilizados” y “garante de derechos en la atención de desastres”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El doblete sísmico que sacudió al país el pasado mes de junio dejó al descubierto mucho más que el movimiento de las placas tectónicas en la región centro-norte de Venezuela. Al colapso temporal de subestaciones y la interrupción del servicio eléctrico en la Gran Caracas y La Guaira, le siguió la narrativa oficial de la contingencia y la respuesta rápida. Sin embargo, para los habitantes del Zulia, de los Andes, del centro del país o de los llanos occidentales, la penumbra no comenzó con el doblete sísmico.
Mientras Caracas experimenta el susto del apagón postsismo, en las otras regiones del país se continúa viviendo bajo el esquema de la “administración de carga”, un eufemismo para un racionamiento crónico que no responde a catástrofes naturales, sino a un severo y prolongado déficit de generación eléctrica, causado por años de desinversión y corrupción.
Guri no puede solo
Al verdadero diagnóstico del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se llega midiendo en megavatios (MW) y no en intensidad de sismos. Aunque la capacidad instalada teórica del país supera los 30 000 MW, los cálculos de firmas especializadas del sector privado y de ingenieros independientes señalan que la generación real apenas oscila entre los 12 000 MW y los 13 000 MW.
Con una demanda nacional que, a pesar de la contracción económica, supera con creces esa oferta durante las horas pico, la brecha se traduce en cortes diarios e impredecibles en las regiones. Estimaciones de consultores privados, que llevan el pulso de la generación y de la demanda eléctrica, ubican el racionamiento diario en alrededor de 2000 a 2500 MW. “No hay forma de tapar ese hueco si no es con racionamiento”, dijo una fuente del sector que prefiere declarar bajo condición de anonimato.
Con cifras oficiales en la mano, otro especialista asegura que “en marzo la generación promedió 12 456 MW y la demanda fue de 14 577 MW. ¿Cómo se cubrió esa brecha? Pues, quitándole la luz por 5 u 8 horas a varias regiones del país, en horarios escalonados”.
El núcleo de la crisis radica en la parálisis casi total del parque termoeléctrico del país. Centrales clave, como Planta Centro y Termozulia, operan a una fracción mínima de su capacidad por falta de mantenimiento, repuestos y combustible adecuado (gas y gasoil). Esto obliga a depender en más de un 75 % de la generación hidroeléctrica del Bajo Caroní. El Guri, simplemente, no puede sostener la demanda de todo el territorio nacional si no cuenta con el respaldo térmico en las regiones.
El ingeniero electricista Arturo Arenas presentó en marzo un diagnóstico preliminar sobre el estado del sistema eléctrico, basado en evaluaciones hechas por firmas multinacionales como Siemens Energy y General Electric, que ubica entre 15 000 y 40 000 millones de dólares la inversión necesaria para recuperarlo.
En entrevista en Unión Radio explicó que para tener un SEN confiable se requieren entre 5 y 15 años de ejecución de trabajos de recuperación.
La colosal factura de recuperación plantea una pregunta que el Ejecutivo esquiva: ¿de dónde saldrá el dinero? Con el país en default crónico y sin acceso al crédito multilateral, el financiamiento propio es una utopía. Hasta la fecha, no existe un solo contrato firme, con fondos asignados y licitaciones transparentes, para iniciar estas obras. Lo que se presenta como “alianzas” no pasa de ser, por ahora, un portafolio de intenciones sin chequera que lo respalde.
Culpa de las sanciones criminales
La respuesta desde el Ejecutivo ha mantenido su habitual línea de defensa, aunque con matices de urgencia económica. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha insistido de forma reiterada en que el SEN ha sido uno de los blancos principales de las “sanciones criminales”. Argumenta que las restricciones financieras impiden la adquisición de repuestos originales para las turbinas.
A esta narrativa se suman las justificaciones de Corpoelec, bajo la dirección de José Luis Betancourt, que atribuyen la inestabilidad de las líneas de transmisión a los picos de calor extremo y a la sequía que afecta los embalses.
Sin embargo, las acciones recientes de la estatal eléctrica demuestran que el diagnóstico interno es de extrema gravedad. Tras la recaudación masiva que implicó el plan “Borrón y Cuenta Nueva” entre 2023 y 2024, del que no se tienen cifras, la urgencia de caja continúa. En la actualidad Corpoelec mantiene una campaña de cobro mensual con avisos por correo o SMS. Sin embargo, este empeño recaudador contrasta con la realidad operativa: el racionamiento sigue siendo la única herramienta de la estatal para evitar que el sistema colapse por completo.
De la iguana al morrocoy
La admisión más clara de que el modelo centralizado y estatal del sector eléctrico tocó fondo no vino de una declaración de prensa, sino de la Asamblea Nacional, que aprobó en primera discusión la reforma de la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico y durante el debate dejó clara la necesidad urgente de abrir las puertas al capital privado y mixto, una medida que el propio oficialismo había rechazado en el pasado.
La solución, no obstante, se proyecta a mediano y largo plazo. Las cartas de intención que el Gobierno ha firmado con consorcios internacionales para recuperar las turbinas en el Caroní o rehabilitar la transmisión troncal no aceleran los tiempos de la ingeniería; por eso, los especialistas insisten en que estabilizar el sistema es un proceso complejo que tomará años.
Hasta que esos proyectos se materialicen, el interior del país seguirá pagando el costo de un sistema que trabaja al límite. El doblete sísmico de junio solo sacudió las líneas de distribución de quienes usualmente no pierden la luz; para el resto de Venezuela, el verdadero terremoto es el día a día en la oscuridad de una crisis estructural que no se resuelve con discursos.
Alejandro Puglia es un especialista en finanzas e inversiones que en julio de 2026 fue designado presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), organismo encargado de promover inversiones y acompañar proyectos estratégicos del Estado venezolano.
Antes de llegar a la administración pública, Puglia desarrolló parte de su carrera en el sector financiero internacional. Su perfil profesional incluye experiencia en consultoría financiera en Nueva York y formación académica en negocios e inversiones.
Es licenciado en Finanzas por la Universidad Internacional de la Florida y cuenta con un Master of Business Administration (MBA) de la Universidad de Yale. Su trayectoria laboral lo llevó a ocupar cargos en firmas vinculadas al mundo financiero estadounidense antes de regresar al ámbito público venezolano.
Su paso por la política comenzó como director de la Oficina de Seguimiento y Evaluación de la Presidencia de la Asamblea Nacional entre 2016 y 2017, durante el período en que el Parlamento estaba bajo control opositor. Posteriormente, ocupó el cargo de director en Acción Democrática entre 2017 y 2019.
En septiembre de 2016 fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) durante la denominada “Toma de Caracas”, luego de utilizar un dron para registrar imágenes de la manifestación opositora. Permaneció 55 días privado de libertad y fue liberado posteriormente bajo medidas cautelares. Su defensa afirmó que la detención era ilegal.
Años después, Puglia pasó a formar parte de la estructura económica del Ejecutivo venezolano, pero no fue hasta 2026 que ingresó al Centro Internacional de Inversión Productiva como asesor, luego asumió la vicepresidencia y finalmente fue nombrado presidente de la institución. Ahora estará al frente del organismo encargado de atraer capitales, impulsar alianzas económicas y promover inversiones en Venezuela.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Desde las adyacencias de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Blanca Rosa Mármol exhortó formalmente a la administración de Donald Trump a dar un viraje en su política hacia Venezuela. La jurista solicitó al Gobierno estadounidense rectificar su apoyo al interinato de Delcy Rodríguez y respaldar, en su lugar, la instalación de una junta de gobierno como la auténtica salida institucional.
La especialista en ciencias penales y criminológicas considera que la continuidad de la Asamblea Nacional electa en 2015 carece de validez, y la catalogó como una “ficción jurídica” debido a que su período constitucional venció en 2021.
“La llave constitucional para resolver la crisis política en Venezuela es a través de la instalación de una junta de gobierno, y hacemos esa solicitud formal al representante del Gobierno de Estados Unidos en nuestro país”, afirmó Mármol en rueda de prensa.
Un plan de transición de dos meses
La magistrada emérita enfatizó que esta propuesta no responde a componendas políticas ni busca la perpetuación en el poder. De acuerdo con Mármol, las funciones medulares de dicha junta de gobierno consistirán en asumir la transición institucional, designar un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y convocar a elecciones generales —tanto presidenciales como parlamentarias— en un lapso perentorio de dos meses.
Al ser consultada sobre cómo se legitimaría esta junta sin la intervención de las cúpulas partidistas, la abogada precisó que el mecanismo se articulará directamente a través de asambleas de ciudadanos en todos los estados y municipios de Venezuela.
“La junta de gobierno será elegida por la ciudadanía porque finalizó el interinato. En Venezuela no hay presidente ni gobierno”, sentenció.
Finalmente, la jurista aprovechó el encuentro con los medios de comunicación para enviar dos mensajes políticos: un llamado a la líder opositora María Corina Machado a regresar al país, y un exhorto a la Plataforma Unitaria para que reflexione profundamente sobre sus actuales métodos de negociación.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La cifra de fallecidos por los terremotos del pasado 24 de junio, que afectaron en mayor medida a La Guaira, ascendió a 5069 personas, según datos difundidos vía Telegram por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
De acuerdo con el parte oficial correspondiente al 17 de julio, la cifra de personas heridas y rescatadas se mantiene en 16 740 y 6492, respectivamente. Hasta la fecha de este balance, 128 324 familias han sido atendidas y 17 907 perdieron su vivienda.
Con respecto a las personas desplazadas, según Jorge Rodríguez, un total de 21 235 se encuentran refugiadas en los 107 campamentos transitorios instalados por las autoridades gubernamentales. El reporte más reciente del vicepresidente sectorial Héctor Rodríguez solo detalla que hay 40 campamentos en Caracas, 28 en La Guaira, 28 en Miranda y 10 en Aragua.
Por otra parte, un total de 36 951 personas han recibido atención en centros de salud debido a afecciones causadas por los terremotos, mientras que se han distribuido 10 063 toneladas de alimentos —sin variación desde el reporte anterior— y un total de 29 565 652 litros de agua.
Según los datos oficiales, se mantienen 2278 rescatistas internacionales desplegados en terreno, 30 989 funcionarios nacionales y 31 745 voluntarios que han acudido a las zonas de desastre a prestar apoyo.
Hasta la fecha se han registrado 1331 réplicas desde el doblete sísmico, el cual causó severos daños estructurales: se desplomaron 190 edificios y otros 856 resultaron afectados parcialmente.
En los últimos años he insistido en dos ideas sobre Venezuela, cuya muy dolorosa experiencia me las confirma. Mis aproximaciones eran teóricas, sin que dejase de estimarlas como reales. No eran simples hipótesis. Una es la desmaterialización constitucional de la república.
A raíz de la saga que inaugura Hugo Chávez Frías (véase nuestra Historia inconstitucional de Venezuela, 2012) aquélla se hizo hiperbólica a partir de 2013. El vicepresidente, Nicolás Maduro Moros, colombiano, impedido de ser candidato presidencial por ser el vicepresidente en ejercicio asumió la presidencia. Lo había ordenado Chávez Frías en su tránsito hacia la muerte. El Tribunal Supremo de Justicia confeccionó el vestido a la medida de lo acordado en La Habana. Los hermanos Castro y su añeja organización criminal trasnacional del narcotráfico, asociada a la narcoguerrilla colombiana, se aseguraron, así, la transformación de nuestra república en un protectorado.
Chávez le abrió las puertas a las FARC en agosto de 1999. Pactó con estas un modus vivendi y asoció a sus negocios criminales a la Fuerza Armada, columna histórica de la república. Ha sido la gran ausente en La Guaira, mientras la parca se engullía a decenas de miles de sus habitantes el pasado 24 de junio. La república construida en 1811, que se reafirma en 1830, que ve arrasado al 30 % de su población durante las guerras fratricidas por la independencia, ha desaparecido. Deja a la soberanía hecha jirones.
Friedrich de Martens, el juez ruso que nos desgaja el costado oriental de nuestro territorio en 1899, quitándonos la Guayana Esequiba, sostenía que el abandono territorial por un Estado, la falta de ejercicio de sus poderes jurisdiccionales hacía lícita su ocupación por otros Estados (Traité de droit international, I, 1883). No por azar, tras la extracción de Maduro el pasado 3 de enero, en tierra que ha sido nuestra y permanece bajo control extranjero, sobreviene una paradoja.
Dialogan por los escombros de la república, guiados por Estados Unidos, una ilegítima e inconstitucional Asamblea de facto, la que llaman de 2026, y aquella otra, la Asamblea de 2015, desaparecida en 2022 e inconstitucionalmente resurrecta. En paralelo, sobrevenido el doble terremoto, ilustres venezolanos dirigen sus miradas hacia Washington. Les allegan proclamas y panfletos como para que su benevolencia los atienda. Para que les permita constituir una junta de gobierno transicional sobre una república imaginaria, sin asiento propio.
Unos y otros, por lo visto, omiten las lecciones del primer doble terremoto, el político, ocurrido en Venezuela el del 22 de octubre de 2023 ―el de las primarias que sellaron el final de la república de partidos, deambulantes como franquicias desde 1999― y el del 28 de julio de 2024, cuando el pueblo, corajudo, desamparado, tomó en sus manos las riendas de su propio destino y se dio un presidente electo.
Pasado el doblete sísmico, indiferentes a lo humano, ni siquiera atienden a los signos providenciales. Un rescatista encontró bajo los escombros mientras lloraba al mostrárselo a la prensa, un libro que se habían dedicado con afecto dos amigas fallecidas en ese viejo municipio Vargas. Intitulado El grito ignorado, novela de la periodista Ibéyise Pacheco, describe a personajes que se cebaban sobre la humanidad de un niño indefenso en la distante Guanare, que luego muere ante indolencia de sus maestros y de las autoridades.
La vorágine del terremoto, que es la de todos los venezolanos y que, por lo visto, le es subalterna a los malos hijos, rememora la metáfora de la inhumanidad. Hace presente al Chávez Frías durante el deslave de la cordillera de El Ávila sobre el litoral guaireño al término del pasado siglo. Ocupado de salvar su referéndum constitucional, que le daría todo el poder sobre Venezuela, en aquél fatídico 15 de diciembre fue sordo ante el ruido devastador de las aguas y los desesperados sollozos de los tapiados. Los ignoró, aviesamente. Contabilizaba votos.
Unos y otros, tirios y troyanos, olvidan o no reparan en que la chispa de Dios hace nación. La hace nacer y renacer cada vez que el territorio se mixtura con sus muertos. La tierra, que es inmemorial, se alimenta de la memoria temporal de la sangre inocente para hacerla imperecedera, para darle consistencia al genuino sentido de lo patrio.
El duelo es de la nación
De allí la otra idea que esbocé ante mis colegas de la Academia de Mérida (La conciencia de nación: Reconstrucción de las raíces venezolanas, 2022). Hacía relación con la pulverización de nuestro pueblo preterido ―diáspora hacia adentro y diáspora hacia afuera― a manos de esa república hoy en escombros. Los exjefes de Estado miembros del Grupo IDEA alertaron sobre esa fatal deriva, en 2015. Arreciaba la crisis humanitaria compleja y se iniciaba la saga que frisa en esta hora a unos nueve millones de migrantes desperdigados por el mundo. La hicieron saber a los gobernantes de las Américas durante el encuentro que realizaban Raúl Castro, gobernante cubano y protector de Venezuela, y Barack Obama, presidente norteamericano, en el istmo de Panamá. Maduro Moros se les hacía incómodo. Les urgía resolver.
Desde ese instante optó la Casa Blanca por negociar con este procónsul cubano, ocupa de facto del Palacio de Miraflores. La tarea se le encomienda al consejero del Departamento de Estado, Thomas Alfred Shannon Jr. Venía de ser embajador en Brasil y de intimar con Lula da Silva y Dilma Rousseff, líderes del Foro de São Paulo.
El 16 de junio siguiente, Shannon Jr. se encuentra en Haití con Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, los causahabientes, los forjadores de la traición que se consumaría una década más tarde, cuando el mismo Maduro Moros y su esposa Cilia son extraídos por la Administración de Donald Trump y luego recluidos en una cárcel de New Jersey.
Venezuela, en suma, vio migrar al 30 % de su población. El daño antropológico golpeó al conjunto de los venezolanos. Se le suma el duelo por los muertos de ahora. Familias separadas, esposos alejados, hermanos, hijos y nietos que solo se miran a través de los aparatos inteligentes para enterarse de la tragedia que los enluta, como si fuesen sombras, reflejos de caverna, expresiones oníricas en tierras extrañas, como la es también la Venezuela explotada y expoliada por unos extraños.
El territorio de la república fue enajenado por esta y sus élites coludidas, las políticas y las económicas, las propias y las ajenas. Hasta ayer la poseyó Cuba. La hereda Norteamérica; la misma que le arrancó dicha isla a España para transformarla en su protectorado, en 1898. Y la cuestión viene al caso, pues leo la muy lúcida y directa columna de Carlos Casanova Leal, El primer escombro es el Estado”, a la que adosa su pregunta afirmativa: “Por qué Venezuela no puede reconstruirse”. Dice que “con este aparato estatal, capturado, centralizado, y desprofesionalizado, la reconstrucción corre el riesgo de quedarse en promesa y maqueta”.
Su razonamiento es lapidario, visto desde la óptica de la república en escombros: “El actual Estado tiene una crisis de gobernanza y legitimidad, tiene fracturada las reglas y prácticas constitucionales, con ello una debilidad operativa e institucional; cuerpos de protección civil y bomberos insuficientes, una profunda cultura reactiva más que anticipatoria, desconocimiento e incumplimiento de los protocolos de gestión de riesgos y reconstrucción; sus prioridades de seguridad han estado distorsionadas, la inversión todavía concentrada en el «enemigo interior», aparatos de control sobre toda la actividad ciudadana; con estas prioridades abandonaron [los ocupas del Estado y sus aspirantes] la capacidad para enfrentar lo que no pudieron ni pueden, los desastres, dejando al ciudadano sin respuesta, como lo evidencian los hechos”.
A la persona humana, a la víctima, al mismo pueblo, ya ni siquiera le cuida como minusválido su tutor de siempre, el gobernante de turno. No entra en las ecuaciones del militantismo. A la razón de humanidad se le sobreponen los teatros de utilería. Mientras todavía permanecen víctimas bajo los escombros, eso sí, inundan las propuestas de reconstrucción, para hacer del litoral venezolano, sobre un camposanto que habría de convocar al recogimiento y a la contrición, un moderno polo de atracción para el turismo. Lo mismo se pensó, pasada la avalancha de hace casi tres décadas.
Pues bien, tras el diagnóstico, lo veraz es que las víctimas, sus familiares y vecinos, los integrantes de esa sociedad civil hasta ayer mantenida en su informidad por la república desaparecida y que, en sus más variopintas manifestaciones expresan la nación venezolana y su legitimidad, emerge ella como fuerza volcánica por sobre los escombros. Parece guiada, dada su desgarradora experiencia y en su orfandad cabal, por la vieja conseja de que “la letra con sangre entra”.
Ha tomado en sus manos el timón del porvenir. Le ha reclamado airada a los soldados de la república que bajen los fusiles y se hagan de picos y de palas, que salgan de la inutilidad; que ayuden, como parte del común a quienes permanecen tapiados y para que muestren algo de empatía con los deudos. El Ejército del Libertador es un fantasma. A nadie le causa miedo, menos tras el 3 de enero.
Ante la cara de quienes la han reprimido, la nación les rompe los dólares que bien necesita y encuentra ocultos en caletas dentro de uno de los edificios que han implosionado. Son la evidencia cruda del Estado criminal, sorprendido por la fatalidad y al desnudo. La dignidad y la vida del venezolano, es la enseñanza que se proclama desde La Guaira, no la comprarán más ni el petróleo, ni las notas bancarias americanas, tampoco las cajas CLAP, menos las neveras que quiso obsequiar a los familiares de las víctimas el junior de Maduro Moros como si fuesen monedas de cambio los hijos de la misma nación, aprisionados por el terremoto, en su repetición.
La maldad inconmensurable vomitada desde el poder y por sus élites sirvientes, que se refocilan para sus actos de vileza, vale recordarlo, se instaló entre nosotros desde antes de las sacudidas de la Naturaleza que nos han hecho presas. Por lo que se hace realidad y viene a la memoria el relato Los de abajo, de Mariano Azuela. Nos cuenta la historia de Demetrio Macías, un campesino que se une a la revolución mexicana por venganza personal y no por ideales políticos. Narra el ascenso de su tropa y su posterior desilusión, mostrando cómo la lucha degenera en violencia, saqueos y traición, antes de su trágico e inevitable final. La revolución bolivariana es su calco. Mas en este pasaje inicial, durante una acalorada discusión, el cacique local don Mónico ofende y humilla profundamente al protagonista, a Macías, lanzándole dinero como si fuera caridad.
Este acto de soberbia, en el que el rico poderoso y caudillo reduce la dignidad del peón a unas pocas monedas tiradas al suelo, simboliza el desdén absoluto hacia la clase trabajadora durante el porfiriato en la nación azteca. Es el mismo desdén del «rodrigato» hacia los venezolanos. Es la errada creencia de que la república puede reconstruirse a través de los grandes virajes, como girando desde el comunismo expoliador hacia una alianza “clientelar” con Washington y sobre las hornillas del poder financiero global, como de buena fe y en vano se intentase en el lejano 1989, en la hora del «quiebre epocal».
Todo esto basta para explicar, más allá de lo material, tal como lo describe con tacto Casanova Leal, el cabal divorcio entre la república en escombros y la gente de a pie, las víctimas del deslave y de los terremotos. Y no se olvide que el Estado, entre nosotros, obra germinal de la traición que sufriesen los padres fundadores de levita, en 1811, se resumía, casualmente y no por casualidad, en el Ejército de Libertades. No es el mismo sino otro que, desde los inicios del siglo XXI hizo yunta con el entramado del mundo narco criminal y el señalado de las finanzas, que desplazaron y aplanaron a la clase capitalista productora, la de la industria y el comercio venezolanos. Fue desgajada.
La verdad palmaria, como recién lo proclamado León XIV en su encíclica Magnifica humanitas, es que a esa economía del dinero y sin alma nada le importan la propiedad o las empresas que secularmente articulaban las relaciones de trabajo, extendidas hacia las familias y sensibles a lo humano. El todo se reduce a la gestión masiva de capitales, la forja de bonos y de deudas para esquilmar, los controles accionarios de sociedades de fachada y, eso sí, el contar con influencia política; la necesaria para la impunidad, para el lavado de los dineros que son productos de la corrupción y de la actividad delictiva transnacionalizada.
Fue siempre la milicia, en suma, el astrolabio de nuestra existencia como república. Los soldados, unidos a los pulperos de la política, se bastaban a sí mismos, sin nación. Despreciaron la legitimidad, el poder verdadero e invisible que se cuece en la confianza social. Los terremotos han desnudado ese fraude y ese régimen político de la mentira, a la obra revolucionaria de envilecimiento. De allí las ausencias, los silencios. Es el Estado cadáver e insepulto. Su máscara, disuelta la sumisión, solo concita el desprecio.
Mientras las retroexcavadoras y las topadoras permanecen en las minas de oro, las que se necesitaban en La Guaira, desde los escombros, las víctimas y la verdad, arrugándoles la cara a los depredadores, construyen y de le dan su talante al futuro de Venezuela.
