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Cifar alerta sobre medicamentos falsos que ingresan al país por la frontera

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El Instituto Nacional de Higiene notificó que en el país existen seis alertas sobre fármacos falsos o de dudosa eficacia que ponen en riesgo la salud de los consumidores

Con información de Radio Fe y Alegría

Tito López, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica (Cifar), alertó sobre la entrada de al menos cinco medicamentos falsos al país por la frontera con Colombia «a través del contrabando, evadiendo impuestos».

Los medicamentos que destacan son analgésicos; algunos para el tratamiento del cáncer de colon; otros para el cáncer de mama; albumina humana y unos anestésicos. «Hasta ahora, esos son los cinco denunciados a través de laboratorios afiliados a Cifar», aseguró López a Radio Fe y Alegría Noticias. 

López recomendó al público tener conciencia de dónde adquieren sus medicamentos y evitar hacer compras a través de redes sociales o vendedores ambulantes.

También, indicó que todos los medicamentos deberían pasar por el Instituto Nacional de Higiene «Doctor Rafael Rangel» (Inhrr), ente estatal ubicado en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, para que se compruebe la eficacia terapéutica a través de ciertos estudios.

Seis alertas por medicamentos falsos en 2023

El Inhrr publicó entre el 16 y el 26 de octubre dos alertas sobre la venta de Albúmina Humana —una sustancia para el restablecimiento del volumen sanguíneo en casos de emergencia— no apta para el consumo humano y la distribución de «Erbitux (Cetuximab)» —un medicamento para tratar el cáncer de colon— presuntamente falsificado.

Según los registros de la institución, estas completarían las seis denuncias públicas que existen hasta ahora sobre el comercio de fármacos falsos o de dudosa procedencia y eficacia.

Los otros fármacos con alertas de falsificación a nivel nacional son los sueros antiofídicos —para tratar las mordeduras venenosas de serpientes—, el Atamel de uso pediátrico, el ungüento de mentol marca «Davis» y el Herceptin (Trastuzumab) —una proteína que se une a las células cancerosas para evitar su propagación. El fármaco es usado por las pacientes con cáncer de mama—.

El presidente de Cifar señaló que frente a una escasez de medicamentos de alto costo que el Estado venezolano no puede proveer —vulnerando el derecho humano al acceso a la salud—,  «tiende a colarse este tipo de falsificaciones». 

López precisó que es necesario que los medicamentos cumplan con características específicas, como estar en idioma español, contar con el prospecto, fecha de fabricación y número de permiso de importación en el estuche, además de adquirirlo en las farmacias debidamente instaladas o en su cadena de preferencia.

En caso de conseguirse con un medicamento de dudosa procedencia o eficacia, el Instituto Nacional de Higiene recomienda que se denuncie a través del correo electrónico alertasinhrr@gmail.com.

Sin medicamentos para la influenza

De acuerdo con el diario TalCual, desde el mes de julio el Estado venezolano prometió revisar 105 farmacéuticas que no han pasado los controles de calidad y salubridad. Se informó que cuatro  laboratorios procedentes de la India no forman parte del Consejo de Exportación de ese país, y otros tres no tienen ningún tipo de registro en el Inhrr, aumentando el riesgo frente a los medicamentos falsos. 

Mientras tanto, la comunidad científica advierte que el Estado sigue en deuda con la procura de las vacunas contra la influenza en los servicios de salud públicos, enfermedad que está contagiando a los niños, niñas y adolescentes en este retorno al año escolar 2023 – 2024. 

«Nosotros vivimos en el hemisferio norte, pero epidemiológicamente hablando, nuestra epidemia de influenza se parece más a la del hemisferio sur, por lo que usamos las vacunas, que traen protección contra AH1N1, que la gente puede recordar como lo que se llamaba en 2008 gripe porcina , AH3N2 y dos serotipos de influenza de B. Las dos de la A han estado presentes siempre, porque son endémicas, y en los últimos años ha variado bastante el serotipo de la influenza B que tienen las vacunas», dijo el pediatra Alejandro Crespo Freytes.

Pero desde el año 2017 el país no vacuna con la frecuencia que los estándares internacionales de la Organización Panamericana de la Salud recomienda: entre el 90 y 95% de la población. 

Al mismo tiempo, la infectóloga Patricia Valenzuela advirtió que desde el mes de septiembre en el país se evidencia un repunte en los distintos tipos de influenza y en los casos de dengue. Hasta los momentos, el Estado no ha levantado una alerta sanitaria pública o un plan de acción. 

 

El Mañanero del #09Nov: las ocho noticias que debes conocer

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En El Mañanero de Runrun.es de este 09 de noviembre resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela y los derechos humanos: la Corte Penal Internacional (CPI) celebró su segundo día en la Sala de Apelaciones sobre el caso Venezuela I (y, spoilers, los expertos en DDHH analizan que al gabinete de Nicolás Maduro no le fue bien en la defensa), los funcionarios militares invaden la sexta cárcel, el Internado Judicial de Trujillo (y no encontraron al pran) y el gobierno estadounidense le dio chance a Nicolás Maduro de aflojar las inhabilitaciones a opositores hasta el 30 de noviembre si no quiere más sanciones.

CPI en segunda audiencia de apelación: En Venezuela se siguen cometiendo crímenes con impunidad

Una de las familias que murió en incendio en campamento en Chile caminó 11 días desde Venezuela

¿«El Loro» voló de la cárcel de Trujillo?

EEUU fija plazo a Maduro hasta el #30Nov para definir habilitación de Machado

Corpoelec también se borró los derechos de los adultos mayores

Sector educativo siguió liderando los reclamos laborales en el mes de octubre

Expertos consideran que al gobierno le falló la estrategia de victimización ante la CPI

Mi Convive premiará iniciativas locales que ayuden a resolver problemas comunitarios

https://twitter.com/_Provea/status/1722279327402770754?s=20

«Algo que para mí es muy estricto es que no voy a apoyar al régimen de Nicolás Maduro si no hay elecciones libres», dijo el presidente recién electo en Ecuador, Daniel Noboa. «Creo que lo que pasó con María Corina Machado es inconstitucional, no es democrático y es absurdo. Creo que debería haber elecciones libres»

Gracias por leer El Mañanero del día jueves 09 de noviembre del año 2023. 

Expertos consideran que al gobierno le falló la estrategia de victimización ante la CPI

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Simón Gómez, profesor de derecho internacional, explicó que el trámite de esta apelación que hizo la administración de Nicolás Maduro “no iba a ser suspensivo” para la investigación
Thairi Moya explicó que ahora solo resta esperar que la Sala de Apelaciones emita su sentencia. Para esto, dice, la CPI debe evaluar y contar con los elementos materiales para avalar una situación y la determinación de una responsabilidad

@Andrea_GP21

En los días 7 y 8 de noviembre se realizaron las audiencias de apelación en la Corte Penal Internacional (CPI), donde el régimen de Nicolás Maduro presentó sus argumentos sobre supuestos errores de la Fiscalía de la Corte en su decisión de continuar con la investigación del caso Venezuela I.

Este evento contó no solo con la participación de representantes del gobierno venezolano, sino también de la Fiscalía de la CPI y la Oficina de Defensa de las Víctimas de la Corte.

Durante las audiencias, aunque los representantes del oficialismo trataron de desacreditar el trabajo de la Fiscalía de la CPI, esta instancia rebatió todos sus argumentos.

«Venezuela no está investigando, ni enjuiciando, ni lo hará en un futuro inminente», consideró Paolina Massidda, integrante de la Oficina de Defensa de las Víctimas de la CPI.

 

Por su parte, la Fiscalía de la Corte rebatió cifras de condenas presentadas por la administración de Maduro, a la par que desmontó argumentos del oficialismo sobre supuestos errores en el actuar de la propia Fiscalía.

“Esto es algo inédito, nunca había ocurrido. Las partes pueden expresar directamente a los jueces”, sostuvo el abogado Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, en un “Spaces” realizado el 7 de noviembre en la red social X (antes Twitter).

Una estrategia de victimizarse y descalificar

Para el abogado Alí Daniels, el régimen aplicó la estrategia de la “victimización”.

“Al final se quería ver como que el gobierno está en indefensión cuando las que están en estado de  indefensión son las víctimas”, señaló.

Por su parte, la profesora e investigadora Thairi Moya sostuvo que el chavismo trató de “descalificar” la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares.

Una de las acciones del chavismo en las audiencias fue alegar que muchos documentos que enviaron no fueron traducidos al inglés y francés, únicos idiomas que maneja la CPI.

“Esto viene de la estrategia de llenar de información a la CPI, que no es pertinente, que vinieron a utilizar este argumento para descalificar la decisión de la Sala”, señaló Calixto Ávila, abogado y Magíster en Derecho Internacional Público de la Universidad Libre de Bruselas (ULB), en un Spaces que se realizó este 8 de noviembre en X (antes Twitter).

 

A juicio de Ávila, la estrategia de tratar de descalificar esta investigación “es muy peligrosa”.

También, el experto resaltó el lenguaje descalificatorio que utilizaron los representantes del chavismo. Aunque es costumbre escucharlos utilizar ese tipo de lenguaje, “no deja de ser sorprendente que rompan los mismos reglamentos de la CPI”.

Además, en esta etapa preliminar, para el profesor de derecho internacional Simón Gómez, resulta de gran valor para las víctimas que se exhibiera “este claro desdén del Estado venezolano para combatir los crímenes de lesa humanidad”.

El Estado se niega a hablar de las cadenas de mando

Por su parte, la investigadora Thairi Moya consideró que el Estado se encargó “solo de hablar de cadenas de mando y limitarse al momento de establecer responsabilidades” de la misma.

Esa acción, según Moya, es una forma de “desvirtuar el contenido del manejo principal de la corte”.

A su vez, Calixto Ávila opinó que durante estas audiencias se hizo frente a un Estado cuyas investigaciones “no son genuinas”.

“El tema de los elementos contextuales de los crímenes, si son sistemáticos o si corresponden a una política de Estado, debe ser investigado”, señaló el especialista.

 

Además, Ávila consideró que el Estado ratificó su posición de que no se han cometido crímenes de lesa humanidad y que tampoco hay una política de Estado para atacar.

En ese sentido, sostuvo que el chavismo prefiere calificar los incidentes como “hechos aislados” y no reconocer que existe una política de Estado.

“Sigue mostrando que solamente está investigando los mandos bajos”, alertó.

Sobre la cadena de mando, Meudy Osío, esposa del concejal Fernando Albán, calificó de “inaudito” que no sea investigada.

“Mi esposo fue injustamente detenido, se le violaron todos sus derechos desde su detención, hubo una desaparición forzada. Fue objeto de torturas y terminó muerto en custodia dentro de las instalaciones del Sebin. ¿Cómo la línea de mando no fue enterada de lo que sucedió con Fernando en el Sebin?”, cuestionó.

 

Las víctimas solo confían en la justicia internacional

Un hito que marcó la realización de estas audiencias es que se le permitió a los familiares y víctimas tener una representación. Por primera vez fueron escuchadas.

Sobre esto, Elvira Pernalete, madre del estudiante Juan Pablo Pernalete -asesinado en las protestas del año 2017-, consideró que su familia no obtendrá la justicia que espera en el país, y que espera que ocurra a través de mecanismos internacionales como la CPI.

“Nosotros, durante todos estos años, hemos tenido que enfrentar un sistema de justicia diseñado para violar los DDHH de los venezolanos, y cometer crímenes de lesa humanidad. Nos convertimos en víctimas directas de un Estado”, señaló la señora Pernalete en el Spaces del 7 de noviembre.

 

La señora Pernalete también criticó que el chavismo trate de crear una “falsa sensación de justicia ante los organismos internacionales” no reconociendo el “ataque” al que fueron sometidos ciudadanos como su hijo. 

Por su parte, Meudy Osío, esposa de Fernando Albán, quien murió en custodia del Sebin en octubre del 2018, cree que la justicia internacional es la única opción que tienen las víctimas.

“El caso de Fernando (Albán) cumplió cinco años y en Venezuela no se obtuvo la debida justicia que se merece”, dijo Osío este 8 de noviembre.

 

En ese sentido, reflexionó diciendo que la única opción que queda a las víctimas y familiares “es acudir a los espacios internacionales, con mucha fe de que algún día se obtenga esta justicia merecida”.

¿Qué esperar tras las audiencias?

Simón Gómez, profesor de derecho internacional, explicó que el trámite de esta apelación que hizo la administración de Nicolás Maduro “no iba a ser suspensivo” de la investigación.

No obstante, destacó Gómez, la intención del chavismo parecía ser “armar un show o simplemente de hacer uso de la audiencia como parte de esa cuenta que el gobierno tiene sobre cómo se da el manejo de este proceso”.

“El verdadero problema es que si Venezuela está interesada en demostrar que tiene la intención de investigación, es quien debe llevar los elementos de prueba”, añadió Gómez.

Por su parte, Alí Daniels señaló que aunque en algunos otros casos la CPI ha sido más lenta, en el caso venezolano no ha habido ningún retraso.

“Luego de esta audiencia pasaríamos a la etapa de sentencia. Ya con lo que oralmente expusieron las partes podrán tomar una decisión más rápido. Podrían sorprender con una decisión en diciembre o en el primer trimestre del año. Es una justicia mucho más rápida”, vaticinó Daniels.

 

Finalmente, la investigadora Thairi Moya explicó que ahora solo resta esperar que la Sala de Apelaciones emita su sentencia. Para esto, dice, la CPI debe evaluar y contar con los elementos materiales para avalar una situación y la determinación de una responsabilidad.

Asimismo, la especialista comentó que cuando se pasa a la etapa de investigación, la Fiscalía de la CPI puede determinar nombres, recordando que ya la Fiscalía había anunciado que estaba investigando los hechos.

El establecer responsabilidades le corresponde a la Fiscalía y, cuando ya hay nombres identificados, explicó Moya, se habla de “la existencia de un caso dentro de una situación”.

“En ese momento, se permite que el Estado pueda decir que está juzgando a esa persona” señaló Thairi Moya, quien aclaró que esos deben ser juicios “creíbles y con resultados garantizados”.

 

“El Estado puede levantar la mano y decir que está investigando y que tiene hechos que lo corroboran. Tiene que mostrar pruebas reales. Lo que interesa son los resultados”, acotó.

El Gobierno en modo Galtieri

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Tras dos décadas de desdeñar e incluso entregar nuestra soberanía sobre el Esequibo, el Gobierno simula la actitud cobarde con la que los militares argentinos trataron de evitar su caída

 

@froilanbarriosf

Las sucesivas apariciones mediáticas del ministro de la Defensa Vladimir Padrino López entonando cánticos de guerra en defensa de la patria, nos retrotrae a episodios dramáticos de la historia latinoamericana, cuando mandatarios condujeron a sus pueblos a tragedias y miles de pérdidas de vidas. Tal fue el caso de la última dictadura en Argentina de Jorge Videla y Fortunato Galtieri (1976-1982), quienes mediante una última jugada pretendían extender su tiranía manipulando el sentimiento nacionalista, convocando a una guerra por la reconquista de las islas Malvinas.

Aunque el trasfondo de la realidad era que, asediados por la crisis económica y los reclamos por los desaparecidos, el gobierno de Galtieri todavía tenía posibilidades de controlar la situación y ganar tiempo hasta que pasara lo peor de la tormenta. Había que recuperar el entusiasmo perdido, todo un desafío en medio de un panorama que ofrecía congelamiento salarial y subidas continuas de tarifas y precios.

Hoy presenciamos un clima parecido ante las declaraciones de voceros de ambos países subidas de tono. El ministro de Defensa venezolano, Padrino López, le solicitó recientemente al gobierno de Guyana que deje el «discurso guerrerista». Siendo lo cierto es que, más allá de los discursos, quien actúa con propósitos bélicos al instalar una base militar y construir un aeropuerto en la frontera con Guyana, es el gobierno venezolano.

Línea de tiempo del entreguismo oficial a Guyana

Para aproximarnos a la realidad actual debemos enfocarnos en cuál ha sido la posición de Hugo Chávez y Nicolás Maduro a lo largo del siglo XXI. Hagamos un breve recorrido histórico en torno a las declaraciones de ambos mandatarios en eventos nacionales en internacionales.

2004

Como antecedente citamos al presidente Chávez al pronunciar su célebre discurso del 2004 durante una visita a Georgetown. Entonces les sirvió el territorio Esequibo en bandeja de plata cuando indicó: «Venezuela no se opondrá a ningún proyecto de Guyana en beneficio de su pueblo, ni a que empresas extrajeras exploren yacimientos petroleros y gasíferos en el disputado territorio de Guyana… debemos abordar las relaciones con Guyana con un perfil distinto».

Estas declaraciones definieron el curso de la política exterior del gobierno venezolano durante el resto del mandato de Chávez y posteriormente de Maduro, hasta hoy. Sus consecuencias le acaban de explotar en la cara a la actual gestión.

En resumen, analistas coinciden en que después de muchos años de desatención hacia la disputa con Guyana por el territorio Esequibo «el problema le estalla en sus predios» al gobierno de Maduro, no solo por las licitaciones en la zona para la explotación petrolera que adelanta la gestión de dicho país, sino por un proceso en curso en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), cuya jurisdicción desconoce Venezuela.

2006

En reunión con la Comunidad del Caribe (Caricom) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), Chávez acordó con Bharrat Jagdeo, presidente de Guyana (1999-2011), congelar la disputa con ese país para obtener los votos del grupo caribeño y así Venezuela poder obtener un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU.

2009

El entonces canciller Maduro recibió del embajador de Venezuela en Guyana, Darío Morandi, un documento que advertía sobre las pretensiones limítrofes de ese país (ampliar la plataforma continental a 350 millas), lo cual implicaría cerrarle a Venezuela su salida al Atlántico con graves perjuicios económicos. En una entrevista en 2018, Morandi, quien fuera despedido posteriormente, reveló que Maduro ignoró el documento, lo que fue aprovechado e interpretado por Guyana como «falta de interés».

2012

El gobierno de Chávez envió comunicación al secretario general de la ONU para que se pronunciara en torno al litigio, aun cuando ese año se presupuestó un plan para delimitar el territorio nacional que fijaba frontera con Guyana sin tomar en cuenta la reclamación.

2015

A partir de 2015 la posición del gobierno venezolano varió. La Exxon Mobil encontró yacimientos de petróleo frente a las costas del Esequibo, que equivale a dos tercios de Guyana, lo que profundizó el reclamo territorial entre Venezuela y ese país. Maduro denunció una «conspiración» entre la petrolera estadounidense y el gobierno guyanés para “apropiarse de las riquezas de Venezuela”.

Cambio la soberanía por aplausos “antiimperialistas”

Como planteaba recientemente un experto del tema «Hay un dicho popular que reza ‘el que tiene tienda que la atienda y si no que la venda’ y es lamentablemente lo que ha ocurrido con el Esequibo”. En realidad, el chavismo asumió permanentemente ante Guyana un perfil ideológico de lucha antiimperialista, a cambio de entregar nuestra soberanía para garantizarse apoyo en su lucha internacional contra el malvado Occidente, aun cuando significara regalar nuestro petróleo en Petrocaribe, a Cuba y en este caso archivar el reclamo justo sobre el Esequibo.

¿Que pretende ahora el régimen madurista? ¿llevarnos a un simulacro de guerra para maquillar la entrega de nuestra soberanía nacional y de paso anular el resultado de las primarias del 22 de octubre?

Si no existiera la reclamación del Esequibo hubiera inventado cualquier patraña, como “inventar el referendo la arepa es venezolana ante la pretensión colombiana de arrebatárnosla del menú criollo”. Suena risible ante un régimen en agonía.

La tiranía, en sus estertores, pretende evitar a toda costa elecciones presidenciales libres para 2024 con un CNE autónomo. Sabe que será desalojada del poder por el voto popular y pretende escudarse en un conflicto bélico similar al de las Malvinas. Tras dos décadas de desdeñar e incluso entregar nuestra soberanía sobre el Esequibo, simula la actitud cobarde con la que los militares argentinos trataron de evitar su caída. Y no lo lograron.

En ocasiones las leyes de la historia son inexorables, como fue el caso de las atrocidades de los dictadores Jorge Videla y Leopoldo Galtieri, al no poder impedir el retorno de la democracia en Argentina desde 1983 hasta el presente 2023. Como también lo será para Venezuela en 2024 como aspiración legítima de toda una nación, convencida de reconquistar la libertad y el Estado de derecho conculcado a lo largo del siglo XXI.

*Movimiento Laborista.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

#MonitordeVíctimasCaracas | Matan a un residente de Misión Vivienda en Sabana Grande y a un albañil en La Dolorita

Leyenda: Tomás Enrique Pérez Rodríguez tenía alquilado un apartamento de la Misión Vivienda junto a su novia / Cortesía

El victimario de Tomás Enrique Pérez Rodríguez, de 19 años, también violó a la novia, y fue capturado luego de ser denunciado por ella. Del homicida de Adonais Pérez Perdomo, de 32 años, solo se conoce un apodo: “el Deivis”

@franzambranor

De múltiples puñaladas fue asesinado Tomás Enrique Pérez Rodríguez, de 19 años de edad, la madrugada de este domingo 5 de noviembre de 2023, en un apartamento del complejo Gran Misión Vivienda Venezuela, ubicado en Sabana Grande. El asesinato ocurrió cerca de la sede de la Policía Nacional Bolivariana, en la parroquia El Recreo de Caracas.

Aizquel Pérez, hermana de la víctima, explicó que esta fue atacada por el hijo de la dueña del apartamento que él tenía alquilado junto a su novia de 18 años.

“Después de matar a mi hermano, violó a la novia y le dio una puñalada en un brazo”, dijo.

Pérez indicó que desconoce el móvil del asesinato de su hermano; sin embargo, sospecha que podría tratarse de una venganza por celos. “El responsable ya está detenido. La novia de mi hermano, como pudo, bajó a avisar a los policías, y lo capturaron”, relató.

De acuerdo con la base de datos de Monitor de Víctimas, 23 personas han sido asesinadas con armas blancas, entre enero y septiembre de 2023, en el Área Metropolitana de Caracas.

A balazos en La Dolorita

Aproximadamente, a las 5 de la mañana de este 5 de noviembre de 2023, fue asesinado, a tiros, Adonais Pérez Perdomo, de 32 años, en la calle Bolívar del sector 19 de abril, en el barrio La Dolorita, municipio Sucre.

A través de una minuta policial se pudo conocer que Pérez fue interceptado por un hombre apodado “el Deivis”, luego de salir de una fiesta, quien le disparó en reiteradas oportunidades.

Hasta el momento, se desconoce el motivo del crimen, pero se presume que podría tratarse de una antigua rencilla entre ambos.

Pérez era albañil y vivía en el sector El Chorrito.

187 personas han sido asesinadas con armas de fuego en el Área Metropolitana de Caracas, en los primeros nueve meses del año, según cifras de Monitor de Víctimas.

Una de las familias que murió en incendio en campamento en Chile caminó 11 días desde Venezuela

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El incendió ocurrió en uno de los inmuebles de una toma (invasión), ubicada en la intersección de Vista Hermosa con calle Central

Foto: Ruta 5 (Norte y Sur) 

El pasado lunes, 6 de noviembre, se registró un incendió en dos viviendas precarias del campamento informal Los Pirquenes, en el cerro Obligado del municipio de Coronel, una región al sur de Chile. En el hecho perdieron la vida 14 venezolanos, de los cuales ocho de ellos eran menores de edad.

Medios locales comunicaron que el siniestro inició alrededor de las 7:00 pm. A pesar de que se reportaron alrededor de cinco unidades de bomberos, las llamas no pudieron ser apagadas sino hasta las 8:55 pm. El fallecimiento de ocho infantes, con edades entre los tres y los 14 años, lo confirmó Javier Valencia, alcalde subrogante de Coronel.

“Son tres familias, ocho menores de edad y seis adultos que fallecieron producto de este incendio que arrasó con su vivienda”, comentó el funcionario, quien agregó que estas personas vivían en condiciones precarias y de hacinamiento.

Causa del incendio

De acuerdo a El País, Hugo Cuevas, fiscal adjunto en la región del Bío Bío, declaró que el incendio fue provocado por el sobrecalentamiento por una estufa rudimentaria que funcionaba a leña y generó una “ignición mayor”.

Dicha estufa estaba cerca de la entrada de una de las viviendas, donde comenzó a propagarse el fuego. Luego se esparciría hasta la segunda vivienda. “Las personas se fueron hacia el fondo de la casa, quedando atrapadas”, explicó Cuevas.

Asimismo, el coronel Luis Rozas, prefecto de Carabineros de Concepción, una de las principales ciudades del sur de Chile, compartió que la vivienda “sólo tenía una entrada y salida”. Por lo que al avivarse las llamas, no tenían alternativa de escape.

Por otra parte, Julio Araya, presidente del Campamento Los Pirquenes,  dijo que había 689 familias viviendo en el campamento. “Luchamos por el tema de la luz eléctrica, las instalaciones eléctricas son terribles, los incendios en gran parte han sido por eso, necesitamos un permiso”, exigió Araya.

Las víctimas: todos venezolanos

Según informaciones del portal La Nación, los fallecidos serían oriundos del estado Táchira, de la región andina de Venezuela. Pertenecían a tres núcleos familiares: Martínez, Gutiérrez y Soto. Una de las familias de migrantes, incluso, caminó 11 días desde Venezuela para llegar a Chile. No tenían ni dos meses en suelo chileno.

Tras una respectiva investigación, las autoridades encargadas dieron con las identidades de las víctimas, quienes no tenían consigo documentación alguna. Estas quedaron identificadas como Martínez Wilmer Vivas, B. Martínez (13 años), N. Martínez (11 años), W. Vivas (nueve años) y S. Vivas (seis años); Edilza Mildred Martínez, Rafael Erasmo Soto, y A.E. Soto (seis años); Jorlej Pérez y Jeferson Márquez, junto a sus tres hijos de nueve, seis y cuatro años, respectivamente.

Familiares de Soto están preocupados porque no saben qué hacer para repatriar los cuerpos de sus fallecidos. “Todos somos de bajos recursos (…), esperamos que el Presidente de Chile nos pueda apoyar con ese tema. Esto ha sido muy difícil para todos”, comentaron para La Nación.

La tragedia en esta toma de la comunidad de Coronel también tuvo consecuencias para los vecinos de las víctimas. Distintas personas perdieron sus casas debido a la extensión del fuego. Al respecto, el alcalde Valencia aseguró que se dispondrá de “la presencia de la oficina de Derechos Humanos para ayudarlos a canalizar los trámites que sean necesarios con su documentación”.

Reacción del Estado chileno ante el incendio

Valencia también manifestó su preocupación por la proliferación de tomas, que apunta,  pueden estar causadas por la “pobreza, la exclusión social y las dificultades de acceso a una vivienda digna en el país”.

Hizo un llamado al gobierno pare evitar más episodios como el de Coronel. “El establecimiento de los campamentos de la manera que se está haciendo nos parece preocupante (…), viene una temporada de verano, de calor, de altas temperaturas, y donde vamos a enfrentar incendios tanto forestales, rurales, como de carácter urbano”, comentó a la prensa local.

Coronel además fue una de las zonas más afectadas por los incendios debido a las altas temperaturas del verano austral a principios de este año. El medio T13 reportó el incendio de más de 6.000 hectáreas en febrero, también en las cercanías de Coronel.

Por su parte, Carolina Tohá, ministra del Interior, compartió con “gran consternación” a través de su perfil de X (antes conocida como Twitter) la noticia del fallecimiento de los 14 migrantes venezolanos el mismo día del incidente.

“Migrantes merecen una mejor calidad de vida”

Tan solo un día después del deceso de los 14 migrantes, la Plataforma Unitaria de Venezuela se pronunció al respecto. Enviaron sus condolencias y lamentaron lo sucedido. Compartieron un comunicado en el que afirman que  “todo migrante venezolano merece mejor calidad de vida y poder regresar a un país seguro y con futuro”.

Mientras que, la ONG Asociación Venezolana en Chile (Asovenchile) también extendió sus condolencias a los familiares de las víctimas. Además, instó al gobierno de Chile, a la Subsecretaría del Interior y a la Comisión Migraciones Convergencia Social a “trabajar en una política que realmente se haga cargo de la seguridad de todas las personas que habitamos el territorio nacional”.

En su comunicado hicieron énfasis en la importancia de crear una “política de reconocimiento de los derechos de las personas migrantes y refugiadas”, así como la construcción de mecanismos para regularización y protección para las personas que se han visto forzadas a abandonar su país natal, ya que así lo establece la legislación chilena actual y también todos los tratados suscritos.

Descuido e indiferencia hacia los migrantes y las tomas

Julio Araya, presidente del Campamento Los Pirquenes,  declaró para el medio chileno Cooperativa, que este tipo de situaciones se han tratado de evitar en el pasado mediante protestas y manifestaciones, pero no han sido suficiente.

Para el presidente del Campamento Los Pirquenes, el siguiente paso es “hacer un catastro original ahora de las personas inmigrantes, de cuántas personas hay, de cuántas son las familias que están legales e ilegales y poder también buscar una ayuda frente a eso”, comentó.

Además, agregó que más del 50% de los migrantes en el campamento se encuentran de forma legal en el país. Aun así, vela por los que están de forma ilegal, ya que ellos “no pueden quedar a la deriva”.

Ante esta situación, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, argumentó: “Estamos enfrentando una situación especialmente habitacional, que es realmente una crisis, pero sin duda estamos llegando tarde y por eso tenemos una política de emergencia habitacional”.

A pesar de haber sido declarada como lugar de riesgo por el Servicio de Geología y Minería de Chile (Sernageomin), la ministra aseveró que están trabajando en este campamento desde 2022.

Los trabajos realizados en esta zona van en función de “tomar políticas definitivas que implican la relocalización de las familias de este campamento”. No obstante, la ministra no dudó en admitir que “el Estado no ha llegado a tiempo” en esta oportunidad y lamentó lo sucedido.

La ONG Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) señaló  en su estudio “La migración venezolana en Chile: un análisis general del ‘éxodo’ más importante de América Latina de los últimos tiempos”, de febrero de 2021, los venezolanos han enfrentado dificultades para regularizar su situación migratoria en Chile, debido a las políticas gubernamentales que han restringido el acceso a visas o refugio.

Esto último hace recordar el lamentable caso de tres venezolanos, radicados en Chile, quienes fallecieron por intoxicación dentro de un conteiner en 2022. Las víctimas de ese episodio vivían dentro del container, y la  intoxicación se dio por una estufa que habrían encendido para combatir las bajas temperaturas.

Comité de Derechos Humanos de la ONU reprobó a justicia venezolana

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El Gobierno de Maduro salió raspado en el V Examen sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)

 

12 de los actuales 20 miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ocuparon cargos ejecutivos o legislativos en los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro o militaron en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), mientras otro es hermano del secretario general  de la intervenida Acción Democrática (AD), Bernabé Gutiérrez. 

Así se desprende del V Examen sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), celebrado entre el 10 y 11 de octubre, donde el Gobierno de Maduro salió reprobado. 

El examen corroboró el profundo deterioro institucional y la progresiva regresión democrática sufrida por Venezuela desde la última evaluación en 2015.

En el documento publicado por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se evaluaron las medidas legislativas, judiciales y administrativas adoptadas por las autoridades nacionales para asegurar garantías como la igualdad, el derecho a ser juzgado por un juez natural o el acceso a la información pública.

La instancia de la ONU hizo especial hincapié en la decisión del TSJ de derogar el último parágrafo del artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar (COJM) que castiga las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, así como las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional (AN) para prevenir el abuso a niños y adolescentes, promover un enfoque de género y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público.

ONU denuncia justicia provisoria

El Comité de Derechos Humanos de la ONU manifestó alarma por el hecho de que la mayoría de los jueces y fiscales del país sigan siendo provisorios, es decir, que no se hayan hecho con su cargo mediante los concursos de oposición ordenados por la Constitución.

El segundo vicepresidente del TSJ, Henry Timaure, restó importancia al hecho de que alrededor del 80 % de los más de 2.200 jueces que hay en el país sean provisorios, temporales o accidentales.

“Los jueces suplentes y provisorios tienen los mismos derechos constitucionales, los mismos sueldos y salarios y prestaciones. Todos tienen los mismos derechos y las mismas exigencias”, indicó. 

De acuerdo a las leyes,  los jueces provisorios no tienen las mismas prerrogativas que los titulares, porque el TSJ los considera de libre nombramiento y remoción y, por lo tanto, los destituye sin procedimiento previo alguno que les garantice su derecho a la defensa. 

Desde el año 2006 el TSJ no celebra concursos de oposición, pese a que la presidenta del organismo Gladys Gutiérrez prometió que los mismos se reanudarán.

Inhabilitados por ser opositores

El Comité criticó el uso de las inhabilitaciones impuestas por la Contraloría General de la República para “impedir que miembros de la oposición se postulen a cargos públicos”.

“No hay una persona en Venezuela, a menos que haya una decisión de un tribunal, que haya perdido el derecho a elegir o ser electo. Ellos (los inhabilitados) pueden participar en una elección, pueden elegir o pueden ser electos”, dijo el canciller Yván Gil en Ginebra, durante el Comité de DDHH de la ONU.

La instancia internacional abogó por “la protección de candidatos de la oposición contra medidas arbitrarias y sin garantías judiciales adecuadas”.

El Comité igualmente fustigó “el uso de las leyes y reglamentos para limitar el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales, sindicatos y partidos políticos”.

Contra el secuestro y las desapariciones forzadas

La instancia lamentó que pese a las reformas hechas al Código Orgánico Procesal Penal (COPP), las recomendaciones en cuanto a las detenciones preventivas no se cumplan.

Demandó a las autoridades tomar medidas en contra de las desapariciones forzadas de corta duración.

“La práctica de aprehender a alguien y no permitirle contactar inmediatamente a sus familiares y abogados y de presentarlo ante los jueces mucho después de las 48 horas dispuestas en la Constitución ha sido denunciada por organizaciones nacionales e internacionales como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela (MIIDHV)”, destacaron. 

Con información de Acceso a la Justicia

 

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Simón y Juan Planchard

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Simón y Juan Planchard resumen dos actitudes frente al país: la de quien sueña con los valores de la libertad, y la de quien percibe la noción de patria como una oportunidad de negocios turbios

 

@laureanomar

¿Qué une a una película como Simón y a una obra de teatro como Las aventuras de Juan Planchard? En primer lugar, podríamos decir –obviamente– la presencia de un mismo protagonista: el actor venezolano Christian McGaffney, que en ambas producciones exhibe un extraordinario talento que augura la continuidad de una brillante carrera en el mundo de la actuación.

Otra conexión entre la obra teatral y la película es que ambas se inspiran en la situación política de Venezuela de los últimos tiempos. En el caso de la primera, se trata de una inmersión en las motivaciones de la descomposición moral y la inconmensurable corrupción que han marcado la historia reciente del país.

Se nos presenta de una manera tan realista que parece una caricatura (pero, desafortunadamente, no lo es). En medio de este drama aparecen algunas pinceladas de humor que ayudan a contener las inevitables ganas de llorar que la contemplación de nuestro drama produce, particularmente en el espectador venezolano.

El elenco que da vida a la obra es de primera: actrices y actores brillantes, conocidos, prestigiosos, de esos que nos da gusto volver a ver derrochando talento en múltiples papeles, porque, además, a cada uno de ellos les corresponde representar varios personajes. Impecable dirección, original propuesta que da vida sobre las tablas, con notable fidelidad, a la celebrada novela homónima de Jonathan Jakubowicz, un escritor y director de cine venezolano, de apellido tan impronunciable y agredido por todos los correctores, que todos preferimos llamarlo «el director de Secuestro express».

Simón, por su parte, tiene como centro de su trama la situación de los derechos humanos en Venezuela. Concretamente en relación con las manifestaciones estudiantiles de los últimos años y la implacable y cruel represión de la que fueron objeto. Simón toca el tema de la tortura y la persecución en contra de todo aquel que se atreva a manifestar sus discrepancias, sus deseos de cambio, su inconformidad, sus ansias de libertad. También da cuenta la película del penoso tema de la emigración venezolana y las tremendas dificultades a las que se enfrenta para emprender nueva vida en otras latitudes con la carga de dolores, nostalgias y ausencias que tal condición conlleva, más en el caso de los perseguidos políticos.

En Simón observamos la pesadumbre de conciencia de quien, habiendo sido líder inspirador del movimiento estudiantil, siente que, finalmente, ha sido doblegado, derrotado. Se ha instalado en él un miedo que se manifiesta en el recuerdo permanente de los horrores vividos durante su detención y la desesperanza que personajes como el coronel Lugo (Franklin Virgüez) logra sembrar en él: la inutilidad de una lucha que tiene perdida de antemano y en la que, de persistir, solo puede encontrar mayor dolor y sufrimiento para él y los suyos, sin obtener resultado alguno.

Simón y Juan Planchard son dos personajes de nuestra historia reciente, resumen de dos actitudes frente al país: la de quien sueña con transformarlo en una sociedad orientada por los valores de la libertad, la democracia y la justicia, y la de quien percibe la noción de patria solo como una oportunidad de negocios turbios para el propio provecho personal a costa del bienestar colectivo. Nada nuevo, por cierto, en nuestro devenir como pueblo: la ancestral confrontación entre civilización y barbarie. No deja de ser simbólico que ambos personajes sean representados por un mismo actor, probablemente al interior de más de un Juan Planchad habitó alguna vez un Simón.

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