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93 mujeres trans han sido asesinadas en Venezuela desde el año 2008

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Glorielys Pérez, estudiante de Sociología y miembro del OVV LGBTIQ+, denunció que desde el año 2008 hasta la fecha, en Venezuela han sido asesinadas 93 personas trans, todas mujeres
La abogada Richelle Briceño dijo que, cuando una persona trans es asesinada, los cuerpos de seguridad del Estado llevan a cabo sus investigaciones con base “en los prejuicios”

Texto y fotos: @Andrea_GP21

Activistas y defensores de los derechos de las personas LGBTIQ+ exigieron este lunes 20 de noviembre justicia a las autoridades venezolanas por los recientes asesinatos de dos mujeres trans ocurridos en el país.

A propósito del “Día Internacional de la Memoria Trans”, los activistas acudieron al Ministerio Público para entregar un documento donde piden que se investiguen estos asesinatos “y se informe debidamente a la sociedad civil de la naturaleza y el contexto de estos hechos”.

 

El primer caso, el cual según el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ es un “transfemicidio”, ocurrió el 7 de noviembre cuando una mujer trans apodada “La Gocha” y cuyo nombre asignado al nacer era Jorge Guerrero, de 44 años. En Venezuela no existe ninguna Ley integral de Identidad que reconozca las identidades de las personas trans, intersex, queer y no binarias. Aunque existe el artículo 146 de la Ley Orgánica del Registro Civil que permite a las personas cambiar de nombre, todavía no se ha hecho efectiva la norma para las personas LGBTIQ+

“La Gocha” fue apuñalada 40 veces en el tórax por cuatro personas no identificadas en su residencia en El Valle, Caracas.

Cuatro días después, en el estado Aragua, fue asesinada otra mujer trans de 27 años de apellidos Grancé Hidalgo, quien era trabajadora sexual. El hecho ocurrió en horas de la madrugada en la avenida Bolívar de Maracay cuando varias personas intentaron robarle sus pertenencias y, al oponer resistencia, le dispararon en la cabeza y en el rostro.

Por estos hechos, el OVV LGBTIQ+ exige al Ministerio Público, también, suministrar información sobre los casos que llevan sus oficinas y el estatus actual de los mismos, con el fin de cotejar con los reportes recibidos por el Observatorio y suministrar los datos necesarios para que se lleven a cabo las denuncias y procesos correspondientes.

 

Asimismo, pidieron una revisión de iniciativas y políticas públicas implementadas en el último año como respaldo del debido proceso, instalar una mesa de trabajo para determinar directrices de procesos penales donde se encuentren involucradas personas de la comunidad y que se aborden con perspectiva LGBTIQ+ y derechos humanos.

 

“La omisión es la regla”

Richelle Briceño, abogada y defensora de derechos humanos, recordó a aquellas personas trans violentadas y que perdieron la vida “por una sociedad intolerante”, pero también a aquellas que perdieron su vida a “manos de la violencia del Estado” por no reconocer sus identidades, sus DDHH y sus derechos fundamentales.

Asimismo, la abogada señaló que muchas personas trans han esperado justicia por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en cuanto al derecho a la identidad y muchas otras esperan por el cambio de nombre por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Muchas personas trans y familiares de otras víctimas han esperado justicia por parte del Ministerio Público y, a la fecha, la justicia brilla por su ausencia. Por eso es importante que cada 20 de noviembre  nos hagamos sentir en las calles del país y sepamos expresar nuestro dolor, el estado de humillación en el cual nos sostiene el Estado venezolano y destaquemos que, a la fecha, la omisión es la regla con la cual ha jugado el Estado para dar respuesta a nuestras necesidades. Es decir, no existe respuesta, no hay justicia, estamos en total abandono por parte del Estado venezolano”, denunció.

 

93 personas trans asesinadas desde 2008

Glorielys Pérez, estudiante de Sociología y miembro del OVV LGBTIQ+, denunció que desde el año 2008 hasta la fecha, en Venezuela han sido asesinadas 93 personas trans, todas mujeres.

De acuerdo con las cifras que presentó la activista, 13 de estos asesinatos ocurrieron en el año 2016, 11 en el año 2013 y 11 en el año 2015.

Asimismo, precisó que 51,09 % de estos asesinatos han ocurrido principalmente en  Zulia, Distrito Capital y en Miranda.

Este año 2023, según explicó Pérez, se contabilizan cuatro casos: dos mujeres trans indígenas, de 34 y 38 años; una estilista, de 45 años; y una trabajadora sexual, de 27, de los cuales los últimos dos ocurrieron “en una misma semana en el mes de noviembre”.

“Esta fecha es sumamente importante para recordar y exigir justicia por las muertes y por los asesinatos de cada una de estas personas, así como también es importante que acompañemos las voces de las personas trans, las exigencias por sus demandas y el derecho a una vida libre de violencia”, agregó Glorielys Pérez.

Revictimización por no reconocimiento de la identidad de género

La abogada Richelle Briceño lamentó que cuando una persona trans es asesinada los cuerpos de seguridad del Estado llevan a cabo sus investigaciones con base “en los prejuicios”.

Briceño detalló que las investigaciones se llevan a cabo basándose en la identidad legal de las personas trans, por lo que una mujer trans es tratada en masculino y un hombre trans en femenino. Esto se aplica a actas y expedientes de la Fiscalía.

“Ese enfoque de perspectiva de género, lamentándolo mucho, no existe, y eso en definitiva redunda en la revictimización de estas personas”, dijo Briceño en declaraciones ofrecidas a Runrun.es.

Además, acotó que no existen cifras del Ministerio Público en cuanto a resolución de casos relacionados con asesinato de personas trans y que “no hay ninguna perspectiva que indique que la investigación se está llevando a cabo con un enfoque de género, tampoco el motivo de las circunstancias por las cuales ocurrieron estos hechos delictivos y si tienen relación con la orientación sexual y con la identidad de género”.

 

Recalcó también que la Fiscalía no aborda estos asesinatos bajo la presunción de que pudieron ocurrir “como un delito de odio causado por motivos orientación sexual e identidades de expresión de género, sino que son tratados como un asesinato común, como el resto”.

Con relación al cambio de nombre de personas trans, Briceño señaló que este año se celebraron tres reuniones con el Consejo Nacional Electoral (CNE), pero esto se retrasó por el cambio de rectores.

Añadió la abogada que en la web del CNE se hizo pública la noticia del cambio de nombre en la sede administrativa y se publicó en Gaceta Electoral la resolución que permite el cambio de nombre, sin embargo, esto no se ha podido materializar porque no ha salido en Gaceta Oficial.

Añaden pruebas a juicio contra cinco efectivos de Policarabobo

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El proceso continuará este viernes 24 de noviembre 

 

La mañana del pasado viernes, 17 de noviembre, fueron consignadas dos pruebas documentales de protocolos de autopsia de las 69 personas que murieron en un incendio el 28 de marzo de 2018 en los calabozos de la Comandancia General de Policarabobo en Valencia.

El aporte fue hecho por los abogados del “Comité de Víctimas Indirectas de la Tragedia Navas Spinola”, donde perecieron 66 privados de libertad y tres mujeres que se encontraban de visita.

Lyli López, responsable del Comité de Víctimas, sentenció que se fijó como nueva fecha para la continuación del juicio el viernes 24 de noviembre a las 10:30 de la mañana en el Tribunal de Juicio 5 a cargo del doctor Rafael Sánchez Moreno.

La abogada indicó que por la masacre, que sucedió en la calle Navas Spinola de la zona norte del municipio metropolitano de Valencia, están siendo acusados los funcionarios policiales José Luis Rodríguez Ramírez, José Antonio Carrera Loaiza, Aníbal Antonio Padrón Pacheco, José Rafael Colina Palencia y Sergio Enrique Rodríguez Rodríguez.

A Rodríguez se le imputó homicidio calificado a título de dolo eventual en grado de coautor con los agravantes de omisión al socorro y el delito de introducción de arma de fuego y municiones en retenes policiales, así como corrupción propia.

Carrera Loaiza está acusado de homicidio calificado a título de dolo eventual en grado de coautor; omisión al socorro y el delito de introducción de arma de fuego y municiones en retenes policiales.

Mientras que Colina, Rodríguez y Padrón están señalados de corrupción propia, previsto y sancionado en el artículo 64 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción.

La masacre de Policarabobo está considerada la segunda más grave en prisiones venezolanas detrás del incendio en la cárcel de Sabaneta en Maracaibo, estado Zulia, donde fallecieron 127 personas.

Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos responsabilizaron también a la entonces ministra de Asuntos Penitenciarios Iris Valera y exigieron una investigación. 

 

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Cecodap ofrece cinco herramientas para hablar con niños sobre política

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Activistas de la ONG consideran que niños, niñas y adolescentes tienen derecho a tener una visión sobre el acontecer nacional en función de hacer valer sus derechos
Admiten que mientras más conozcan la realidad, menos oportunidad habrá de que sean víctimas de adoctrinamiento y proselitismo 

 

Para la ONG Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) el hecho de que los niños, niñas y adolescentes (NNA) no pueden ejercer el derecho a voto por ser menores de edad no quiere decir que no puedan estar enterados y tener un punto de vista sobre el acontecer político en Venezuela y el resto del mundo.

Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, dijo que los NNA tienen el derecho de participar en asuntos que les afecten directamente y en la toma de decisiones que influyan en sus vidas.

“Hablar de derechos políticos es más que votar. Este derecho está respaldado por la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales”, dijo en una nota de prensa compartida en el sitio web de la organización. 

El activista comentó que si bien los NNA poseen derecho a participar políticamente en función de hacer valer sus derechos, estos tienen que recibir el acompañamiento de sus padres y representantes. 

“Tenemos que recordar que la participación política es un punto de inicio para hablar de convivencia y cumplir consensos en la comunidad. Es esencial que los niños y niñas lo tengan presente, para que ejerzan con libertad su derecho a dar opinión a los problemas que le afectan directamente”, sentenció. 

Para Oscar Misle, psicólogo y fundador de Cecodap, no conversar con los NNA de política los hace más vulnerables al adoctrinamiento al que apelan regímenes autoritarios para perpetuarse en el poder.

“Cuando no converso con él lo hago vulnerable a que sea víctima de proselitismo político. Los niños deben estar informados, de forma adecuada a su edad y con un lenguaje que no lo agreda, porque de lo contrario el tema llegará de manera inadecuada”, indicó.

¿Cómo podemos hablar de política a los niños, niñas y adolescentes?

Abel Saraiba, coordinador adjunto de Cecodap enumeró cinco claves para hacer de esto algo más llevadero.

  1. Preguntarles qué piensan sobre la situación del país: antes de asumir qué saben, es mejor preguntarles qué conocen, de forma tal que pueda tenerse un punto de partida desde el cual puedan aclarar dudas, completarse vacíos e intercambiar ideas. Por más que nos parezca que están ajenos a la dinámica del país, esta les toca y van formando sus propias interpretaciones de la realidad.
  2. Recordar cómo deberían ser las cosas: aunque nuestra realidad diste del deber ser, o lo plasmado en la Constitución es clave no perder de vista los referentes de la sociedad que tenemos. Debemos analizar la realidad actual en relación a lo que debería ser, recordando que el hecho de que algunas personas no cumplan con su deber no significa que ese deber no exista.
  3. Evitar reproducir mi propia postura política en los niños: puede parecerme una respuesta madura el que los niños (especialmente si son mis hijos) repitan mis conceptos políticos tal como yo los digo, pero ¿realmente comprenden lo que están planteando? ¿Esa es su verdadera opinión? Cuando se nos presenta una opinión política de niños es muy importante preguntar, repreguntar, parafrasear para tratar de favorecer que estos desarrollen su punto de vista, permitiéndonos comprender qué quieren decir. Puedo estar de acuerdo o adversar una postura política, pero mi trabajo en la crianza no es reproducir una mirada del mundo, sino generar las condiciones para que los niños tengan su propio punto de vista. 
  4. Evitar ofender y ofenderme: debo evitar el uso de calificativos o insultos cuando me refiero a quienes piensan políticamente diferente, dado que enseñaremos que cuando alguien piense distinto tengo todo el derecho del mundo a descalificar. Puedo decir que no estoy de acuerdo e inclusive molesto, pero no perder de vista la importancia del modelo que representó para los niños y adolescentes. Del mismo modo, conviene que no me ofenda o tome de manera personal cuando piense de manera diferente, debo permitir que forme su propio criterio. Puedo cuestionar, reflexionar junto a él, pero comprender que su postura política no es un ataque hacia mí.
  5. Reconocer mis límites: si no tengo una respuesta a una pregunta o planteamiento es válido reconocerlo y tomarse el tiempo para buscarla. Es recomendable mostrarse abierto ante este escenario, dado que podemos dar respuestas poco adecuadas e inclusive hostiles cuando no sabemos qué decir. Incluso reconocer cómo me siento frente a un tema o situación, puesto que si no estoy en condiciones para poder hablar sobre un tema sensible es mejor posponer la reflexión, antes de generar daño.

Con información de Cecodap

 

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Denuncian presiones a trabajadores de la CVG y docentes para participar en simulacro del referéndum sobre el Esequibo

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Trabajadores de las empresas básicas de Guayana denunciaron que se les exigió enviar evidencia fotográfica de su presencia en los centros de votación.
 

Durante la jornada, trabajadores de las empresas básicas y docentes denunciaron haber recibido amenazas de desactivación y que fueron chantajeados con suspender el pago de bonos si no asistían al proceso.

El equipo de Correo del Caroní se trasladó al único centro de votación de Puerto Ordaz, ubicado en la parroquia Unare, específicamente en la Escuela Básica Fe y Alegría Gran Sabana, en el sector Core 8, donde pudo constatar que la mayoría de los votantes eran trabajadores de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), líderes de calle o miembros de organizaciones comunales, y efectivos de cuerpos de seguridad del Estado.

Asimismo se evidenció que en las afueras del centro hubo presencia de representantes de consejos comunales y grupos oficialistas pasando lista de asistencia y haciendo firmar a los votantes.

“Nos trajeron para acá como una obligación. Nadie nos motivó. Si es por mí, yo no votara. Uno en realidad lo que quiere es cambio. Nosotros fuimos a cumplir nuestra guardia de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. El presidente de la empresa nos dijo que teníamos que venir a votar por el Esequibo. Pero esto no nos motiva a nosotros. Uno está cansado de este gobierno. Nos han quitado todos nuestros beneficios. Nos han puesto por el suelo nuestro salario. El que no venga a votar lo van a desactivar”, denunció un trabajador de la Corporación Venezolana de Guayana que pidió reservar su identidad.

En medio de grandes botes de agua y una calle llena de baches, también se apersonó el presidente de CVG Venalum, Ángel González, quien negó las denuncias.

“Aquí estamos los trabajadores porque consideramos que esta es una función patria. Una función de cada uno de los venezolanos: defender nuestro territorio. En toda Venezuela debería haber una motivación especial para luchar por este territorio. Nosotros somos formados con sangre derramada de nuestros patriotas. Aquí todos vinimos porque sentimos la motivación de defender nuestro territorio”, destacó.

Según el director regional del Consejo Nacional Electoral, Daniel Prieto, el proceso comenzó puntualmente y hubo un total de 26 centros abiertos en la entidad. En Guayana se abrieron 6 centros: 4 en San Félix y 1 en Puerto Ordaz.

*Vea la nota completa en Correo del Caroní 

Plataforma Unitaria felicita a Milei y le pide proteger derechos de migrantes venezolanos en Argentina

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La organización le expresó a Javier Milei, la necesidad de acompañar este esfuerzo que incluye lograr elecciones presidenciales libres y competitivas en 2024

 

La Plataforma Unitaria de Venezuela (PUV) felicitó a Javier Milei, nuevo presidente de Argentina, electo este domingo 19 de noviembre en la segunda vuelta de los comicios presidenciales en ese país y también le envió un mensaje en el que le instó a profundizar y proteger los derechos de migrantes venezolanos en ese país. 

A través de la cuenta en X, antes Twitter, se publicó el comunicado:  “En Argentina, más de 170 mil venezolanos migrantes, que huyeron de la crisis en Venezuela, se encuentran haciendo vida y construyendo un mejor futuro para ellos y para la nación que les dio la bienvenida. Confiamos en que el nuevo gobierno continuará y profundizará las políticas, que los integren y protejan”, es parte del mensaje.

La organización le expresó a Javier Milei  la necesidad de acompañar este esfuerzo que incluye lograr elecciones presidenciales libres y competitivas en 2024.

Machado: La lucha por la libertad avanza en Latinoamérica

Por su parte, la candidata electa en las primarias opositoras de Venezuela, María Corina Machado, usó su cuenta en la misma red social para felicitar al mandatario argentino y afirmó que “la lucha por el cambio y la libertad avanza en América Latina”. 

“¡Viva Argentina! ¡Viva Venezuela libre!”, expresó Machado en su mensaje.

Horas antes, María Corina Machado, había expresado su cariño a los argentinos a propósito de la jornada electoral, asegurando que desde Venezuela les acompañan “en la misma lucha por la libertad”.

El triunfo de Milei supone una fractura ideológica en las relaciones entre Caracas y Buenos Aires, que vivieron tensiones durante la Presidencia de Macri, las cuales volvieron a normalizarse durante el actual mandato de Alberto Fernández.

Amnistía Internacional insta a firmar petición para exigir liberación de presos políticos en Venezuela

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La organización insistió en que Nicolás Maduro debe poner en libertad inmediata e incondicional a nueve hombres y mujeres que están detenidos injustamente en Venezuela

 

Amnistía Internacional (AI) instó a firmar una petición para exigir la liberación de los presos políticos en Venezuela. 

“Docentes y sindicalistas, defensores y defensoras de los derechos humanos o periodistas: cualquier persona puede ser víctima de detención arbitraria por motivos políticos, tortura, desaparición forzada y destrucción de sus planes de vida”, se lee en la petición. 

La solicitud, que se encuentra en la página web de la organización, insiste en que el gobernante debe poner en libertad inmediata e incondicional a  las siguientes personas: 

  • Emirlendris Benítez, comerciante y madre, detenida en agosto de 2018.
  • María Auxiliadora Delgado y Juan Carlos Marrufo: matrimonio, detenidos en marzo de 2019.
  • Guillermo Zárraga, exsindicalista y padre, detenido en noviembre de 2020.
  • Darío Estrada, padre y persona neurodiversa, detenido en diciembre de 2020.
  • Robert Franco, profesor y sindicalista, detenido en diciembre de 2020.
  • Javier Tarazona, defensor de los derechos humanos y hermano, detenido en julio de 2021.
  • Gabriel Blanco, activista y trabajador humanitario, detenido en julio de 2022.
  • John Álvarez, estudiante y músico, detenido en agosto de 2023.

Para firmar la petición solo se tiene que llenar la planilla con los datos de quien desea suscribirla y enviarla. El texto indica que decenas de personas detenidas por motivos políticos en Venezuela han sido puestas en libertad después de las acciones emprendidas por simpatizantes de AI.

 

#MonitordeVíctimasCaracas | Detenidos dos funcionarios de la PNB y un civil por el asesinato de un jeepsero en Catia

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El conductor Gustavo Alcides Mendez Guerrero, de 48 años de edad, tenía más de 20 años como transportista. Los acusados, antes de robarlo y matarlo, le pidieron una carrera a Los Magallanes de Catia. Un total de 23 homicidios por robo ha registrado Monitor de Víctimas entre enero y octubre de 2023

 

@lysaurafuentes

Gustavo Alcides Mendez Guerrero, de 48 años, fue herido de muerte durante un hecho de violencia el domingo 12 de noviembre, cerca de las 5:30 pm, en Catia, parroquia Sucre, municipio Libertador de Caracas. 

Mendez Guerrero había asistido desde tempranas horas al lugar donde opera la línea de transporte Emiliano Hernández, ubicada en el sector La Laguna de Catia, en la que él era uno de los integrantes de la asociación de conductores de jeep. 

De acuerdo con el testimonio de sus compañeros de trabajo, en el sitio del suceso, Alcides fue abordado por tres hombres, quienes le solicitaron un traslado hacia Los Magallanes de Catia. A escasos metros de la línea de conductores, a la altura de la bomba Telecuba de la zona, frente a un conocido supermercado, los involucrados sacaron un arma de fuego y sorprendieron al conductor del jeep, presuntamente, para robarlo.

Al parecer, Alcides se resistió y le efectuaron un disparo a la altura del intercostal derecho con salida en la clavícula.

Los tres hombres se fugaron tras cometer el robo y asesinato. 

Murió al día siguiente

Al inicio, se manejó la versión de que sus colegas de trabajo, al enterarse del suceso, auxiliaron al transportista. Pero en el sitio del suceso, se conoció que un motorizado, que pasaba por la bomba Telecuba, para ese momento, ayudó a Mendez Guerrero y lo trasladó hasta el Hospital José Gregorio Hernández, de Los Magallanes de Catia. 

En el lugar, se informó que la víctima habría sido trasladada luego al hospital Pérez de León, de Petare, para operarlo de emergencia, pero esta información no fue confirmada por sus parientes. 

El lunes 13 de noviembre de 2023, falleció debido a complicaciones de salud por la herida de proyectil. 

Policías detenidos  

Una comisión policial de la parroquia Sucre, que se presentó en el sitio del suceso, logró detener a uno de los hombres, que tenía un arma de fuego, y que resultó ser funcionario de la Policía Nacional Bolivariana. Se conoció que tiene 20 años de edad.  

Los otros dos acusados, uno que también es funcionario del cuerpo policial, y un civil, que se conoció en el lugar que, al parecer, era mecánico.  Ambos están detenidos. Se desconocen las identidades de los tres acusados. 

Los implicados quedaron bajo custodia policial y fueron presentados ante tribunales.

Se dio a conocer en un principio que, presuntamente, los involucrados querían apoderarse del jeep Toyota Land Cruiser, año 2022, de la víctima; no obstante, no se descartan otras hipótesis. 

Las averiguaciones están a cargo, también, de la Fiscalía 35° en materia de homicidios. 

La víctima tenía tres hijos

Gustavo Mendez Guerrero llevaba más de 20 años como transportista. Además, era socio en otra línea de conductores, situada en la Cota 905. 

Sus colegas de labores relataron que era una persona querida por sus compañeros y familiares. 

Vivía en Gramoven, sector Nuevo Horizonte, y era padre de familia con tres hijos. 

El jueves 16 de noviembre, le hicieron un homenaje en la línea de transporte y luego efectuaron el sepelio. En los vidrios de los jeeps y unidades de transporte tenían mensajes pidiendo justicia por el asesinato del conductor. 

Entre enero y octubre de 2023, Monitor de Víctimas ha registrado 23 homicidios por robos en el Área Metropolitana de Caracas. La mayoría de estos asesinatos los han perpetrado civiles y han sido ejecutados en la vía pública.

DDHH Olvidados | Josnars Baduel: doblemente juzgado y sin derecho a nada

Andreína Baduel aseguró en entrevista para Runrun.es que no hay pruebas que vinculen a su hermano con la Operación Gedeón
La joven afirmó que ser Baduel no es un delito. Cree firmemente en que el ensañamiento en contra de su hermano se debe principalmente a su apellido

 

@yeannalyfermin

 

El ensañamiento de la administración de Nicolás Maduro no terminó con la muerte en custodia de Raúl Isaías Baduel. Uno de los hijos del general en retiro, Josnars Baduel, lleva tres años detenido en la sede del Helicoide, en Caracas, acusado de conspiración, asociación para delinquir y terrorismo.

El pasado 4 de mayo de 2020, se registró una incursión marítima por las costas del estado Aragua. EL “Macutazo”, como también se le conoce a la operación, fue según información oficial, un intento fallido de varios disidentes venezolanos -en su mayoría militares exiliados-, apoyados por la empresa estadounidense de seguridad SilverCorp para, supuestamente, asesinar a Nicolás Maduro y a otros altos funcionarios del Gobierno.

Según las versiones oficiales, el “Macutazo” estuvo a cargo del estadounidense Jordan Goudreau, exboina verde de los Estados Unidos y exmiembro de las Fuerzas Armadas de Canadá y también por Clíver Alcalá Cordones, ex miembro de la FAN quienes a bordo de dos embarcaciones provenientes de Colombia pretendían colarse por las costas de Aragua y tomar el país. 

Según informó el fiscal de la república designado por la constituyente cubana, Tarek William Saab, el balance de la operación Gedeón finalizó con la detención de 85 personas, incluido Josnars Baduel y ocho fallecidos presuntamente por ejecuciones extrajudiciales. 

Josnars Baduel es abogado, no está casado y no tiene hijos. Cuando se produjo su detención en las costas del estado Aragua no se sabía de quién se trataba, hasta que se confirmó su identidad. Según información difundida en redes sociales, al joven lo capturaron junto a los dos estadounidenses en la segunda embarcación.

Andreína Baduel, hermana de Josnars, aseguró en entrevista para Runrun.es que no hay pruebas que vinculen a su hermano con la supuesta incursión marítima. 

“Doblemente juzgado”

Desde la detención de Josnars Baduel, el proceso ha estado plagado de irregularidades: desaparición forzosa, falta de atención médica, negación de defensa privada y daños físicos y emocionales.

 “Al no asumir su culpabilidad lo pasaron a juicio con defensa pública y ‘sin derecho a nada’, aunado a esto, recientemente el 29 de septiembre de este año, fue presentado en otro tribunal de terrorismo por otro supuesto caso de conspiración para juzgarlo por los mismos delitos por los cuales ya está siendo juzgado, es decir, está siendo doblemente juzgado, algo que absolutamente prohibido”, dijo.  

Andreína vio a su hermano Josnars hace 15 días. Indicó que el joven abogado “de ánimo está fuerte y mentalmente está resistiendo”, pero con secuelas físicas productos de los daños sufridos en prisión. Detalló que actualmente necesita cuatro operaciones quirúrgicas: una para reconstruir los ligamentos de ambas rodillas, otra en su hombro izquierdo, necesita remediar una lesión que tiene en los testículos y varias hernias, además de tratar una afección pulmonar crónica.

“Nosotros no tenemos confianza en los médicos de ellos, por lo cual hemos exigido su libertad para que él pueda ser atendido por nuestros médicos de confianza”, dijo.

Andreína Baduel se declara profundamente creyente en Dios y en la justicia divina. Dijo que ellos como familia hacen todo lo posible para que Josnars resista. “Desgraciadamente, en Venezuela no hay Estado de Derecho y a pesar de que no hay elementos para que él esté privado justamente de libertad lo ha estado, ya tiene casi cuatro años allí”.

 La tragedia de ser un  Baduel

La joven expresó que ser Baduel no es un delito y manifestó que cree firmemente en que el ensañamiento en contra de su hermano se debe principalmente a su apellido. El fallecido general Raúl Baduel fue aliado de Hugo Chávez desde antes del alzamiento del 4 de febrero hasta el año 2007, cuando empezó a demostrar su inconformidad y disidencia. 

Cabe recordar que fue Baduel quien se opuso al Gobierno de Pedro Carmona Estanga en abril de 2002 y ayudó activamente en el rescate de Chávez. 

Raúl Baduel fue arrestado en el año 2009 e inhabilitado para ejercer cargos públicos. En el 2015 recibió libertad condicional, pero en el 2017 regresó a la cárcel en donde pasó sus últimos años de vida en condiciones deplorables y con daños graves en su salud física y mental..

El 29 de septiembre de 2021, al general retirado Raúl Baduel lo sacaron de la Tumba, un sótano ubicado cinco pisos bajo tierra que funciona como sede principal del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, y lo llevaron al Helicoide. 

A la familia nunca se les notificó el traslado. Andreína lo supo porque ese mismo día que fue a llevarle comida y artículos, no lo encontró. 

Un día después, se enteraron de que Raúl Baduel había sido trasladado al mismo sitio de reclusión donde estaba Josnars, pero su salud estaba muy comprometida. Los daños eran irreversibles y en menos de 15 días falleció.

Según información del Ministerio Público, Baduel murió de un paro cardiorespiratorio producto de complicaciones asociadas al COVID-19, pero la familia duda de esta versión.

“Los últimos días mi papá compartió celda con su hijo y el 12 de octubre se murió en los brazos de Josnars”, dijo Andreína. 

“A ellos no le bastó con o matar a mi papá en cautiverio, no les bastó con tenerlo 12 años injustamente preso, sino que desgraciadamente toda esa persecución se ha extendido a la familia, y hoy, dos años y un mes después del asesinato de mi papá, mi hermano sigue preso por ser Baduel”, aseguró.

Otros miembros de la familia Baduel no han escapado de la ferocidad del régimen de Nicolás Maduro. En el 2020, a Raúl Iván Baduel lo aprehendieron en el estado Guárico para obligar a uno de sus hermanos a inculparse de los delitos por los que era acusado.

En 2014, a Raúl Emilio Baduel, hijo mayor del exgeneral lo arrestaron en el contexto de una protesta antigubernamental y fue sentenciado luego a ocho años de prisión. Gerardo Carrero, yerno de Baduel, también estuvo tres años en prisión también por participar en las protestas de ese año.

Lisbeth Oyoque, madre de Josnars, Iván y Andreína, falleció en el 2020 esperando la libertad de su hijo.