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Participación de vicerrectores de la UCV en junta ad-hoc de la Cruz Roja debió aprobarla el Consejo Universitario

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La vicerrectora académica de la UCV, Fátima Garcés,  forma parte de la junta directiva ad-hoc de la Cruz Roja de Venezuela tras ser intervenida por el TSJ,. Mientras que el vicerrector administrativo, José Balbino León, figuró en una imagen con dicho grupo
Cuatro representantes profesorales ante el CU de la UCV alertan que la participación de vicerrectores en la junta interventora de la Cruz Roja debió ser autorizada en consejo universitario extraordinario
“Participar en esa junta interventora es avalar una grave violación al derecho a la libertad de asociación, al Estado de Derecho y  al debido proceso”, alertaron

 

Cuatro representantes profesorales ante el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV) fijaron posición en una carta pública sobre la participación de la vicerrectora académica Fátima Garcés en la nueva directiva de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja, que se constituyó tras intervención del Tribunal Supremo de Justicia. 

“Nosotros los abajo firmantes, miembros del Consejo Universitario de la UCV, queremos dejar constancia de nuestra preocupación por la participación de la vicerrectora académica y, de manera no oficial, el vicerrector administrativo, en la junta interventora de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja, ordenada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Dicha participación no puede ser asumida como una decisión personal sin afectar la imagen de la Universidad Central de Venezuela”, se lee en el texto.

Afirman que en las reseñas curriculares de los miembros de la junta interventora hacen referencia a “su condición de autoridades de la UCV”.

El vicerrector administrativo al que hacen referencia es José Balbino León. Aunque no fue mencionado oficialmente como parte de la directiva provisional de la Cruz Roja tras la intervención (como sí pasó con Garcés), apareció en una imagen junto a miembros de esa directiva durante su instalación. 

León, además, salvó hace unos días su voto en el comunicado del Consejo Universitario donde se expresaba la inconformidad del cuerpo colegiado sobre el bono vacacional.

Participación debió ser aprobada en Consejo Universitario

Recuerdan, además, que la Ley de Universidades es clara al señalar que “las autoridades deben ser autorizadas por el Consejo Universitario para realizar cualquier actividad remunerada o voluntaria que asuman durante el ejercicio de su cargo”, según estipula en su artículo 162.

“Los cargos de rector, vicerrector, secretario, decano y directores de Escuela e institutos universitarios son de tiempo completo Dictes funciones y las de profesor de tiempo comploto son incompatibles con actividades profesionales o cargos remunerados que, por su índole o por su coincidencia de horario, menoscaben la eficiencia en el desempeño de las obligaciones universitarias”, reza dicho artículo. 

A juicio de los profesores que firmaron la misiva,  la importancia del asunto “obligaba a las dos autoridades rectorales a solicitar al rector que se convocase un consejo universitario extraordinario para autorizar su participación en esa junta interventora”. Pero, contrario a lo que dictaba la ley, “nada de eso ha ocurrido”.

“La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia interviene una persona jurídica de derecho privado, destituye a su directiva sin siquiera escucharlos y designa a una persona externa, sin ninguna vinculación con la institución, para constituir una junta interventora. Participar en esa junta interventora es avalar una grave violación al derecho a la libertad de asociación, al Estado de Derecho, al debido proceso y hacerse parte de una política estatal sistemática de cierre de los espacios democráticos en el país”, remarcan los miembros del Consejo Universitario en la carta,  profesores Félix J. Tapia, Jacqueline Richter, Eva Núñez y Mercedes Castro.

 

En la misiva, concluyen que la participación de dos de las autoridades rectorales de la UCV en dicha junta interventora “es un tema que escapa a una decisión personal de ellas”.

“Queremos dejar constancia de nuestra preocupación por las consecuencias de este tipo de decisiones para el arduo trabajo que nos debe convocar a todos para el rescate de nuestra universidad y para cumplir nuestra función de afianzar los valores democráticos en el país”, advirtieron finalmente los firmantes. 

 

DDHH Olvidados | Alcides Bracho, el profesor sentenciado por pedir mejores salarios

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Alcides Bracho se encuentra recluido en el centro de detención de La Yaguara, en Caracas. Antes de eso, estuvo en el Centro de Control y Resguardo del Detenido de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleita, conocido como “Zona 7”
Yorbelis Oropeza, esposa de Alcides Bracho, ya tenía el presentimiento de que él sería condenado, puesto que previamente hubo advertencias por parte del juez Mascimino Márquez, quien le pidió que se declarara culpable porque esta sería una “sentencia ejemplarizante”

 

@Andrea_GP21

 

A eso de las 9:00 de la mañana del día lunes 4 de julio de 2022, cuando se encontraba en su casa cuidando de sus dos hijos y un sobrino, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) irrumpieron en la vivienda de Alcides Bracho, en El Junquito, y se lo llevaron detenido de forma arbitraria.

“Más de 15 hombres con armas largas entraron sin orden de allanamiento, sin orden de detención. Revisaron la casa, amenazaron a mis hijos, nos robaron dinero, equipos electrónicos y relojes. Yo puse la denuncia en el Ministerio Público pero nada de eso fue tomado en cuenta”, denuncia Yorbelis Oropeza, esposa de Bracho.

 

Alcides Bracho fue acusado de “terrorismo” por su participación en las protestas antigubernamentales y por manifestarse contra los bajos salarios. Recientemente, el 1 de agosto de 2023, fue condenado a 16 años de prisión por  “conspiración” y “asociación para delinquir” junto a Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín.

 

Profesor, artista plástico y padre de familia

Alcides Bracho tiene 47 años. Es profesor de química y artista plástico. Además, desarrollaba activismo sindical en el magisterio venezolano a través de la Federación Venezolana de Maestros (FVM).

Su esposa, Yorbelis Oropeza, contó en entrevista con Runrun.es que Bracho dejó de trabajar en el sector formal en el año 2018, tanto en la educación pública como privada. Después de eso, comenzó a trabajar de forma independiente pintando y restaurando cuadros. También impartía clases de química a estudiantes de media general. Incluso, Bracho hacía  decoraciones para fechas especiales como San Valentín y el Día de las Madres.

“Si tenía que trabajar de taxista, trabajaba de taxista. Si tenía que picar carne y vender carne, picaba y vendía (…) Lo que saliera en ese momento era el trabajo en el que mi esposo podía hacer un mejor dinero y poder mantener a la familia de cinco personas, ya que el sueldo para ese momento estaba en cinco dólares”, señaló Yorbelis.

Alcides Bracho vivía junto a su esposa, dos hijos y una sobrina que criaron desde pequeña. Su esposa cuenta que siempre han sido una familia muy unida. Viven alquilados, puesto que tuvieron que paralizar la construcción de su casa porque el dinero no les alcanzaba.

“Mi familia, a raíz de la prisión de mi esposo, está fragmentada (…) Yo me quedo en mi casa y mis hijos viven de lunes a viernes con su tía porque no tengo el dinero suficiente para pagar el pasaje, ya que yo vivo en una zona montañosa y mínimo el pasaje por persona, entre ir y venir, son dos dólares”,detalló Oropeza. 

 

Cuando fue detenido, cuenta su esposa, Bracho fue víctima de amenazas. Los funcionarios le indicaron que si no entregaban el teléfono celular, ya ellos sabían dónde vive su familia, lo que le genera temor actualmente. Es una constante la preocupación por su esposa y sus hijos.

Una amenaza previa por el juez Mascimino Márquez

Yorbelis Oropeza señala que sabía que su esposo sería condenado, pero no pensó que fuese por 16 años. Cuando supo de la condena, cuenta, se sorprendió y no supo qué decir, porque pensaba que la misma sería de unos seis años y podrían buscar, por lo menos, alguna medida cautelar como casa por cárcel.

La familia ya tenía el presentimiento de que Alcides sería condenado, puesto que previamente hubo advertencias por parte del juez José Mascimino Márquez, quien le pidió que se declarara culpable porque esta sería una “sentencia ejemplarizante”.

“Ejemplarizante. Esa fue la palabra que usó Mascimino Márquez. ¿Un ejemplo para qué? Para que cese la protesta, no hables o no digas nada. Y dijo que era mejor que se declarara culpable y así poder cambiar los delitos”, reveló Oropeza.

 

Mascimino Márquez, juez Cuarto de Control con competencia en delitos asociados al Terrorismo del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas, es conocido por su implacable accionar en los procesos judiciales en contra de dirigentes políticos de oposición, militares, periodistas y miembros de la sociedad civil. Márquez fue detenido en marzo de 2023 en medio del operativo emprendido por la administración de Nicolás Maduro contra funcionarios públicos y empresarios por presunta corrupción.

 

“No hubo una prueba física”

Yorbelis Oropeza sostiene que no existe ni una sola prueba que pueda indicar que su esposo conspiraba o planificaba una acción en contra del gobierno. Además, señala, en una de las actas queda constancia de que, desde que inició la investigación en 2020 contra Bracho y los otros detenidos, “no han materializado nada contra el gobierno”.

“No hay ninguna foto ni ninguna prueba de que ellos hayan tenido armas, pancartas (…) ni nada de lo que dijo el patriota cooperante, que es el que hace la denuncia”, declara Yorbelis Oropeza.

Además, a Bracho y a los otros detenidos por la causa se les señaló de supuestamente querer perpetrar un “secuestro” de los abuelos de Tareck El Aissami, exministro de Petróleo, algo que supuestamente pasaría el 5 de julio de 2022.  Alcides fue detenido un día antes.

“Fue detenido en su casa y las otras personas en distintos lugares. Era humanamente imposible poder reunir por lo menos a 120 hombres, o por lo menos la mitad, que pudieran trasladar las 120 armas y trasladarlas a Caracas (…) Es una parodia que no se sustenta ni siquiera en una película de ficción”, dijo Yorbelis.

 

Además, la esposa del preso político rechaza el accionar de la jueza Grendy Duque, quien emitió la sentencia contra Bracho. “Uno no puede creer que exista un ser humano tan falaz, tan mentiroso y que pueda dirigirse a los presos y familiares de una manera tan descarada”, señala.

El Estado no le provee alimentación

Durante unas 72 horas, cuenta su esposa, Alcides estuvo esposado a un poste sin poder ir al baño ni recibir alimentos. Después, fue trasladado a una celda donde duró varios días y los funcionarios corrieron el rumor de que era un policía y, por esta razón, fue “maltratado por los presos”, hasta que pudo explicar quién era y la población carcelaria lo acogió por su condición de profesor y de preso político.

Actualmente, Bracho se encuentra recluido en el centro de detención de La Yaguara, en Caracas. Antes de eso, estuvo en el Centro de Control y Resguardo del Detenido de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleita, conocido como “Zona 7”.

“Hay que llevar la comida todos los días. El Estado no provee ningún alimento a los presos”, cuenta su esposa, Yorbelis Oropeza.

Bracho, según revela Yorbelis, ha padecido problemas respiratorios continuos y afecciones en la piel causadas por el calor. Y en el centro de detención cobran a los presos por afeitarse, pero ella no siempre tiene recursos económicos suficientes porque es quien se encarga de toda la familia y, como es profesora, no alcanza el dinero que puede generar.

 

“He recibido algunas ayudas de exalumnos y de familiares que están fuera del país. Sin embargo, mantener un preso en una cárcel de Venezuela, por ejemplo en el caso de mi esposo, ronda entre los 400 y 500 dólares. Es un alto costo mantenerlos ahí porque el Estado no proporciona absolutamente nada”, dice Yorbelis.

El preso político también sufre de hernias discales y daño a uno de los nervios, lo que ha empeorado con este proceso, porque debe dormir en el suelo. También ha perdido masa muscular.

“Mi esposo es un preso de algún funcionario del gobierno”

Yorbelis Oropeza señala que próximamente harán una apelación por la condena de su esposo, aunque dice que la hará no porque crean en el sistema de justicia venezolano, sino para demostrar a nivel internacional “que en Venezuela las leyes están sesgadas y que responden solo a intereses del gobierno”.

Oropeza señala que el juez Mascimino Márquez le hizo saber que su esposo es “un preso de algún funcionario del gobierno”, pero no saben cuál.

“Mi esposo ha podido comprobar cómo cuando ellos están en una audiencia llaman a la jueza ​​o llaman al fiscal y se detiene. Reciben órdenes”, revela Yorbelis Oropeza.

También, rechazó las declaraciones del fiscal general impuesto por la extinta ANC, Tarek William Saab, porque considera que ha tratado de “vilipendiar y dañar la imagen” de su esposo “como profesor, trabajador y sindicalista, en unas declaraciones que se alejan totalmente de la verdad”.

Lluvias, calor y almacenamiento de agua favorecen proliferación de mosquito transmisor del dengue

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El dengue es una enfermedad viral transmitida por los mosquitos, que causa fiebre alta, dolor en músculos y articulaciones y erupción
Los agentes transmisores del virus, los zancudos Aedes aegypti se reproducen con más facilidad, por el aumento de las lluvias y la falta de suministro de agua, que implica el almacenamiento del líquido en recipientes por varios días

 

El dengue está repuntando en Sudamérica y en Venezuela. Los agentes transmisores del virus, los zancudos llamados Aedes aegypti, se reproducen con más facilidad por el aumento de las lluvias y la temperatura cálida que genera el evento climático de El Niño.

Está enfermedad viral de prevalencia en las áreas tropicales y subtropicales origina síntomas como fiebre alta que suele durar entre 5 y 7 días que se acompaña de sarpullido, dolor de cabeza, principalmente detrás de los ojos, y dolor en los músculos y las articulaciones.

Al ceder la fiebre, aparece una erupción muy rojiza que se acompaña de mucha sensación de picazón, sobre todo en palmas de las manos y plantas de los pies.

La especialista en Infectología del Grupo Médico Santa Paula (GMSP), doctora Tatiana Drummond, aseguró que los nuevos casos de dengue se han presentado en Sudamérica desde finales del año pasado comenzaron en Brasil, pero que es en Perú donde se está registrando una de las “peores epidemias de esta enfermedad de los últimos 10 años”.

Explicó que el incremento de los casos es una situación cíclica que se produce cada 5 años. La última vez en Venezuela sucedió en 2015.

La importancia de acudir al médico

Drummond destacó que no existen datos exactos que indiquen la cantidad de personas infectadas por dengue en el país, aunque en todos los estados se observan aumento de consultas por dengue: “Igualmente, se presentan otras arbovirosis cíclicas como la fiebre amarilla y el zika”.

La especialista de Grupo Médico Santa Paula dijo que ante un malestar con cuadro febril, se debe acudir al pediatra si el paciente es un niño, y al internista, si se trata de los adultos.  Estos especialistas deben hacer el diagnóstico y aplicar el tratamiento adecuado, y si el estado del paciente se complica, es necesario involucrar a un infectólogo.

Dengue y falta de agua

Por otra parte, la infectólogo mencionó que en Venezuela el dengue tiene que ver también con la falta de suministro continuo de agua

Ante este problema, las personas se ven en la necesidad de almacenar el líquido en recipientes que, por lo general, permanecen destapados, lo que facilita la proliferación de los zancudos y el contagio del virus, ya que estos insectos no son de agua sucia. 

Mencionó que para evitar la proliferación de zancudos debe haber un control a nivel gubernamental, que ayude a prevenir el desbordamiento de las quebradas en períodos de lluvia y la formación de pozos de agua.

Asimismo, es necesario que las personas en sus hogares eviten la reproducción de estos insectos al cubrir depósitos de agua de cualquier tamaño y cambiar diariamente el agua de los floreros si los tienen, entre otros.

Una persona se puede infectar cuatro veces

El dengue posee cuatro serotipos, por lo que una persona puede infectarse con el virus esa misma cantidad de veces, de las cuales la segunda es la más fuerte para el organismo, pero no porque la afección sea más grave, sino porque el cuerpo reacciona con mayor agresividad, señaló la infectólogo del GMSP, tras aclarar que ninguno de los serotipos del dengue posee un nivel de gravedad mayor.

Indicó que luego de infectarse de dengue por primera vez, es importante tomar medidas de cuidado, debido a que la segunda ocasión en la que se padece el virus el cuerpo sufre un daño mayor.

En esta segunda ocasión puede deshidratarse más que en la primera oportunidad y presentar una fiebre muy alta, plaquetas bajas y sangramientos, que pueden llevar a una hemorragia profusa y shock.

Recordó también que en caso de fiebre, está desaconsejado el empleo de ibuprofeno y diclofenaco en pacientes con dengue, porque ocasionan sangrado con mayor facilidad. Por eso, los únicos medicamentos que se deben consumir para la fiebre son acetaminofén o paracetamol, con intervalos de cada 6 horas, según la dosis que indique el médico.

Para tratar el dengue es necesario consumir abundante agua, porque el paciente se deshidrata, lo cual complica su estado de salud. La  infectólogo tambié dijo que la persona infectada no debe ingerir bebidas azucaradas porque aumentan la necesidad de orinar, lo cual contribuye con la deshidratación.

Por otra parte, mencionó que el agua de coco puede ser un buen hidratante para pacientes con dengue, ya que posee una baja cantidad de azúcar.

 

Autoridades reaccionan ante reportaje que revela red de extorsión policial en la Cota 905

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Durante la semana en la que se difundió el reportaje, funcionarios de la GNB que custodiaban parte de la Cota 905 recibieron la orden desde la Comandancia General de retirarse del lugar 

 

La investigación Extorsión uniformada: los policías que someten a la Cota 905, publicada el pasado 8 de agosto por la Alianza Rebelde Investiga (ARI), conformada por los medios El Pitazo, Runrunes y TalCual, generó reacciones en autoridades del Gobierno nacional.

Durante la semana en la que se difundió el reportaje, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que custodiaban parte de la Cota 905 recibieron la orden desde la Comandancia General de retirarse del lugar. Una fuente aseguró a El Pitazo que al solicitar su retirada, se mencionó el trabajo periodístico y un oficial les aseguró a los funcionarios que “la GNB no fue mencionada en el escrito”.

Ahora el resguardo de la comunidad sólo depende de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), organismo señalado por los habitantes de gestionar una red de extorsión contra la comunidad, tal y como se reseñó en la investigación.

Las ocho alcabalas que usan policías para cometer las extorsiones, según denunciaron habitantes de la Cota 905, se mantenían en los mismos puntos hasta l jueves 17 de agosto. Un vecino, quien pidió el resguardo de su identidad, aseguró que tres días después de la publicación ingresó al sector Las Cumbres un contingente de motorizados de la PNB que repartieron juguetes a niños y compartieron en un plan vacacional.

Esta actividad a la que se refirió el habitante fue encabezada por el viceministro de Prevención, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz, Endes Palencia, quien llegó al lugar junto a Rubén Santiago, director de la PNB.

El viceministro aseguró que en dicho evento “300 funcionarios de este cuerpo de seguridad se desplegaron para realizar actividades formativas, culturales y deportivas”. En las fotografías difundidas se observan a uniformados de la PNB preparando perros calientes, coloreando y jugando con niños de la comunidad. Esta actividad fue replicada en las cuentas de Twitter de la PNB, del Cicpc y de policías estatales y municipales.

La Cota 905 fue tendencia en Venezuela a través de las redes sociales debido a la difusión del trabajo que evidenció el patrón extorsivo que aplican uniformados de la policía contra vecinos y visitantes. El reportaje fue replicado por medios de comunicación nacionales e internacionales.

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, republicó desde su cuenta de Twitter un comentario escrito por un periodista de Venezolana de Televisión (VTV), que aseguró que la investigación se trataba de un “fake”. “Cada vez que hay una campaña electoral, la oposición busca desempolvar el libreto de la Cota 905”, escribió.

Luego de que el ministro republicara esta crítica al reportaje en sus redes sociales, le siguieron autoridades como Mercy Bracho, secretaria general del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc); Richard López Vargas, superintendente nacional antidrogas y varias cuentas oficiales de diferentes cuerpos policiales.

El 13 de agosto, otra periodista del canal del Estado, conductora del programa 360 en directo, colgó en su Twitter un video mientras iba de parrillera en una moto conducida por un funcionario de la PBN. Estaban en un recorrido por el sector y anunció que próximamente difundirá un trabajo especial desde la Cota 905.

#GuachimánElectoral l El TSJ intervino al partido aliado del PSUV que más votos aportó en elecciones presidenciales

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El PCV había sumado una cantidad importante de votos al oficialismo en 2012, 2013 e incluso 2018 dentro de los que conformaban el Polo Patriótico. Pedro Eusse, del buró político comunista dice que los electores duros no lo hicieron por la oferta oficialista exclusivamente.  

Dayimar Ayala Altuve y Jesús Abreu 

La decisión del Tribunal Supremo de Justicia, el pasado viernes 11 de agosto de 2023, de intervenir y nombrar una junta Ad hoc en el Partido Comunista de Venezuela no solo se traduce en que las autoridades de la tolda comunista perdieron la tarjeta electoral que arropaba a la Alianza Popular Revolucionaria (APR) o lo que es lo mismo, al chavismo autodenominado crítico, sino que el Poder Judicial intervino al aliado del PSUV en el Gran Polo Patriótico que más votos aportó en elecciones presidenciales.

En noviembre de 2011, Hugo Chávez (como candidato a la reelección de las elecciones que se realizarían en 2012) pidió un espacio para “abarcar, incorporar, facilitar la participación y el protagonismo desde los pequeños grupos” que le apoyarían en las presidenciales de 2012. En ese momento se unieron grupos sociales y partidos políticos, entre los que estaban, los ahora intervenidos: Partido Comunista de Venezuela (PCV), Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), Patria Para Todos (PPT), Podemos, Unidad Popular Revolucionaria (UPV), Tupamaro y Redes (que no está intervenido, pero en el CNE no lo renovaron como partido en 2017).

Para la elección del 7 de octubre de 2012, el PCV aportó cerca de 500.000 votos a Chávez, un tímido 3,29% de los 8.191.132 que obtuvo el candidato oficialista. No obstante, la tolda del gallo rojo dio casi el doble de votos que el siguiente partido con más aporte: PPT con un poco más de 200.000.

En 2013, de los 7.587.579 que el CNE adjudicó al candidato Nicolás Maduro, el PCV aportó 283.678 de votos, o lo que se traduce en 1,89%. 

Cuantitativamente era poco menos de la mitad de lo que habían aportado seis meses antes, pero igual se mantuvo como el aliado que más impulso electoral dio al entonces candidato del PSUV y otros partidos.

Para la elección de 2018, el Partido Somos Venezuela desplazó al Partido Comunista como el partido que más votos aportó a Maduro en la elección que disputó con Henri Falcón. Somos Venezuela dio 369.291 votos, mientras que el PCV apenas sumó 171.034 votos. 

Así lo ven los comunistas 

El miembro del buró político del PCV, Pedro Eusse considera que la intervención judicial, que califica de asalto, es una maniobra para desestimular el voto de sectores políticos y sociales más vinculados con la izquierda nacional que rechazan al gobierno de Nicolás Maduro. 

Despojada de los símbolos y la tarjeta electoral, la dirigencia tradicional del PCV, según Eusse, evalúa la forma para participar en las próximas elecciones presidenciales. 

“Nosotros nos preparamos para participar en las elecciones de acuerdo con la nueva realidad política. Estamos estudiando diversas opciones, no se pueden revelar mayores detalles. En septiembre, en un Congreso, decidiremos la línea electoral: criterios programáticos, de alianzas y la posibilidad de definir una candidatura. Hay varias opciones”, explicó Eusse vía telefónica.

Eusse destaca que, en las últimas dos décadas, los votos que aportó el PCV a la causa oficialista no son una demostración de apoyo incondicional al chavismo, sino a lo que representa el PCV como una alternativa política. 

“Los electores duros del PCV no votan por el partido motivados por el chavismo, sino que ven en el PCV una opción distinta, diferente. Mientras estuvimos aliados con el presidente Chávez, esa alianza lo favoreció a él y a nosotros. Lo mismo pasó con Maduro en sus inicios, pero no se puede ver el voto al PCV como un voto chavista, sino en apoyo al PCV”, agregó Eusse.

La dirigencia tradicional del PCV considera que la intervención judicial tiene como objetivo generar abstención en los sectores de influencia del PCV para favorecer a los factores opositores en medio de la fragmentación política.

“Trabajamos para que el voto no se oriente hacia la derecha opositora. Parece que el Gobierno juega no solo a la abstención masiva, sino que algunos de los votos se vayan a la derecha opositora”, añadió Eusse.  

Guachimán Electoral

Solórzano sobre fiscal que investiga amenazas en su contra: “Ha sido instrumento de violación de DDHH”

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La candidata a la primaria por Encuentro Ciudadano dijo que desconfía del fiscal asignado para investigar su caso, puesto que “ha sido un instrumento del régimen en casos gravísimos de violación de DDHH y de crímenes de lesa humanidad”
Solórzano dijo que la Oficina de la Atención a las Víctimas de la CPI ya tiene conocimiento sobre las amenazas de muerte en su contra
“No nos van a amedrentar, (…) vamos a seguir en la calle recorriendo Venezuela a pesar de los ataques y las amenazas”, sostuvo

 

Foto: Cortesía: @Efecto Cocuyo

Delsa Solórzano, candidata a la primaria opositora por el partido Encuentro Ciudadano, denunció nuevas amenazas de muerte en su contra y dijo que no confía en el fiscal asignado para investigar estos hechos. 

“Estoy siendo víctima de serias amenazas. Mi esposo también lo está siendo a través de su teléfono celular, vía WhatsApp, y en mi caso, en mi red social Facebook”, dijo Solórzano.

En rueda de prensa, comentó que las amenazas en su contra comenzaron desde el mes de julio por la plataforma Facebook y que poco a poco la persecución se ha incrementado.

https://twitter.com/VPITV/status/1692188563897504229?s=20

Tras la primera denuncia de Delsa Solórzano el fiscal general impuesto por la Constituyente, Tarek William Saab, informó que asignaría un fiscal con conocimiento en derechos humanos para investigar la situación.

Solórzano comentó que no puede sentirse segura en un país con violaciones a los derechos humanos y precisó que el fiscal que asignaron para investigar la amenaza en su contra, Renny Amundarain, ha intervenido en otros casos polémicos.

“Es el responsable, por ejemplo, de que Javier Tarazona esté preso. Es uno de los fiscales de confianza de Tarek William Saab, ¿tengo que confiar en que este señor va a hacer realmente una investigación transparente? Obviamente, no puedo confiar en eso”, sentenció.

https://twitter.com/polianalitica/status/1692240654473077176?s=20

Añadió que dicho fiscal “ha sido un instrumento del régimen en casos gravísimos de violación de DDHH y de crímenes de lesa humanidad” y lo tildó también como un “acosador de medios”. 

Entre otros casos en los que participó Amundarain destacan la investigación de la muerte de Neomar Lander, asesinado en las protestas de 2017, así como también la del fallecimiento en prisión del general Raúl Isaías Baduel.

CPI tiene conocimiento del caso

Solórzano dijo que recientemente la Corte Penal Internacional le avisó que su caso ya fue admitido en la Oficina de Atención a las Víctimas.

https://twitter.com/vanessajgarcian/status/1692267368137834584?s=20

“No nos van a amedrentar”

Solórzano recordó también las amenazas, acoso y persecución contra candidatos como María Corina Machado y  Henrique Capriles Radonski.

Militantes de este último fueron heridos esta semana en Apure por supuestos colectivos chavistas.

“En estas agresiones que recibieron los militantes de Primero Justicia se ven claramente los rostros de quienes actúan. Son tan descarados que grabaron un video con sus caras y no hay investigación al respecto”, cuestionó. 

https://twitter.com/VPITV/status/1692188264688500934?s=20

Pero insistió en que continuarán adelante con el proceso para seleccionar al candidato opositor a las presidenciales de 2024.

No nos van a amedrentar, (…) vamos a seguir en la calle recorriendo Venezuela a pesar de los ataques y las amenazas”, agregó Solórzano.

#MonitordeVíctimasCaracas | Denuncian muerte de latonero en operativo del Cicpc

Edwin Raniel Fuentes García (46) murió en el interior de su vivienda, luego de que una comisión del Cicpc entrará a la fuerza. Testigos aseguran que pidió ayuda desde el balcón

@jheilyn_cermeno

Pasaban las 5:00 pm del martes 15 de agosto 2023, cuando una vecina llamó a la señora Ramona García por celular, para avisarle que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) estaban entrando, a la fuerza, a casa de su hijo Edwin Raniel Fuentes García (46).

Desde la morgue de Bello Monte, familiares denunciaron que el hecho ocurrió en una vivienda situada en el Barrio Bolívar, sector El Parquecito de la parroquia Petare del municipio Sucre, estado Miranda.

La mujer y su hija Angelis, madre y hermana de la víctima, respectivamente, salieron en su ayuda, pero llegaron tarde.

Durante el operativo, los agentes del Cicpc tenían la zona tomada y la calle cerrada. Nadie podía entrar ni salir del lugar.

Desde el balcón de su casa, Edwin había pedido ayuda “para salvar su vida y, luego, se escucharon varias detonaciones”, dijeron testigos del hecho a sus parientes.

“Mi hijo le gritaba a los vecinos que lo ayudaran, que lo iban a matar”, mencionó García mientras hacía los trámites para retirar el cuerpo de Edwin del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).

 

Confesó que Edwin había caído en adicciones (drogas) desde adolescente, sin embargo, no tenía antecedentes penales y tampoco había estado preso.

“Como madre, siempre traté de ayudarlo. Incluso, lo interné en un centro de rehabilitación”, dijo.

Recordó que Edwin había estado en otros países, como Colombia, Ecuador y Perú. Regresó a Venezuela hace dos años.

Detectives del Cicpc sacaron el cadáver de Edwin de su casa, medio tapado con una sábana.

“Mi hija les pidió verlo y hasta lo tomó por una pierna, pero los funcionarios se negaron y nos mandaron al hospital Dr. Domingo Luciani de El Llanito”, añadió la madre del fallecido.

Edwin Raniel Fuentes García era el segundo de cinco hermanos. Foto: Cortesía

Angelis contó que aunque no logró ver cuántas heridas tenía su hermano, un hilo de sangre corría por su cuello.

“Esto no fue un enfrentamiento. A mi hijo lo mató la policía. ¿Por qué así como se metieron con él, no hacen lo mismo con Wilexys?”, acotó García, al tiempo que señaló que después de que se fue la policía, no pudieron entrar a la residencia de Edwin, pues hubo un corte eléctrico poco después.

 

El fallecido se ganaba la vida como latonero, desde que tenía 19 años de edad. Actualmente, trabajaba en un taller cerca de su casa en el Barrio Fechas Patrias. Era el segundo de cinco hermanos y no tenía hijos.

Víctimas en la parroquia Petare

De acuerdo con datos recopilados por Monitor de Víctimas, en el primer semestre de 2023, en la parroquia Petare fueron registrados 21 fallecidos, por ejecución o resistencia a la autoridad. En ese mismo periodo, pero en 2022, se totalizan 22 casos.