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#GuachimánElectoral l El TSJ intervino al partido aliado del PSUV que más votos aportó en elecciones presidenciales

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El PCV había sumado una cantidad importante de votos al oficialismo en 2012, 2013 e incluso 2018 dentro de los que conformaban el Polo Patriótico. Pedro Eusse, del buró político comunista dice que los electores duros no lo hicieron por la oferta oficialista exclusivamente.  

Dayimar Ayala Altuve y Jesús Abreu 

La decisión del Tribunal Supremo de Justicia, el pasado viernes 11 de agosto de 2023, de intervenir y nombrar una junta Ad hoc en el Partido Comunista de Venezuela no solo se traduce en que las autoridades de la tolda comunista perdieron la tarjeta electoral que arropaba a la Alianza Popular Revolucionaria (APR) o lo que es lo mismo, al chavismo autodenominado crítico, sino que el Poder Judicial intervino al aliado del PSUV en el Gran Polo Patriótico que más votos aportó en elecciones presidenciales.

En noviembre de 2011, Hugo Chávez (como candidato a la reelección de las elecciones que se realizarían en 2012) pidió un espacio para “abarcar, incorporar, facilitar la participación y el protagonismo desde los pequeños grupos” que le apoyarían en las presidenciales de 2012. En ese momento se unieron grupos sociales y partidos políticos, entre los que estaban, los ahora intervenidos: Partido Comunista de Venezuela (PCV), Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), Patria Para Todos (PPT), Podemos, Unidad Popular Revolucionaria (UPV), Tupamaro y Redes (que no está intervenido, pero en el CNE no lo renovaron como partido en 2017).

Para la elección del 7 de octubre de 2012, el PCV aportó cerca de 500.000 votos a Chávez, un tímido 3,29% de los 8.191.132 que obtuvo el candidato oficialista. No obstante, la tolda del gallo rojo dio casi el doble de votos que el siguiente partido con más aporte: PPT con un poco más de 200.000.

En 2013, de los 7.587.579 que el CNE adjudicó al candidato Nicolás Maduro, el PCV aportó 283.678 de votos, o lo que se traduce en 1,89%. 

Cuantitativamente era poco menos de la mitad de lo que habían aportado seis meses antes, pero igual se mantuvo como el aliado que más impulso electoral dio al entonces candidato del PSUV y otros partidos.

Para la elección de 2018, el Partido Somos Venezuela desplazó al Partido Comunista como el partido que más votos aportó a Maduro en la elección que disputó con Henri Falcón. Somos Venezuela dio 369.291 votos, mientras que el PCV apenas sumó 171.034 votos. 

Así lo ven los comunistas 

El miembro del buró político del PCV, Pedro Eusse considera que la intervención judicial, que califica de asalto, es una maniobra para desestimular el voto de sectores políticos y sociales más vinculados con la izquierda nacional que rechazan al gobierno de Nicolás Maduro. 

Despojada de los símbolos y la tarjeta electoral, la dirigencia tradicional del PCV, según Eusse, evalúa la forma para participar en las próximas elecciones presidenciales. 

“Nosotros nos preparamos para participar en las elecciones de acuerdo con la nueva realidad política. Estamos estudiando diversas opciones, no se pueden revelar mayores detalles. En septiembre, en un Congreso, decidiremos la línea electoral: criterios programáticos, de alianzas y la posibilidad de definir una candidatura. Hay varias opciones”, explicó Eusse vía telefónica.

Eusse destaca que, en las últimas dos décadas, los votos que aportó el PCV a la causa oficialista no son una demostración de apoyo incondicional al chavismo, sino a lo que representa el PCV como una alternativa política. 

“Los electores duros del PCV no votan por el partido motivados por el chavismo, sino que ven en el PCV una opción distinta, diferente. Mientras estuvimos aliados con el presidente Chávez, esa alianza lo favoreció a él y a nosotros. Lo mismo pasó con Maduro en sus inicios, pero no se puede ver el voto al PCV como un voto chavista, sino en apoyo al PCV”, agregó Eusse.

La dirigencia tradicional del PCV considera que la intervención judicial tiene como objetivo generar abstención en los sectores de influencia del PCV para favorecer a los factores opositores en medio de la fragmentación política.

“Trabajamos para que el voto no se oriente hacia la derecha opositora. Parece que el Gobierno juega no solo a la abstención masiva, sino que algunos de los votos se vayan a la derecha opositora”, añadió Eusse.  

Guachimán Electoral

Solórzano sobre fiscal que investiga amenazas en su contra: “Ha sido instrumento de violación de DDHH”

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La candidata a la primaria por Encuentro Ciudadano dijo que desconfía del fiscal asignado para investigar su caso, puesto que “ha sido un instrumento del régimen en casos gravísimos de violación de DDHH y de crímenes de lesa humanidad”
Solórzano dijo que la Oficina de la Atención a las Víctimas de la CPI ya tiene conocimiento sobre las amenazas de muerte en su contra
“No nos van a amedrentar, (…) vamos a seguir en la calle recorriendo Venezuela a pesar de los ataques y las amenazas”, sostuvo

 

Foto: Cortesía: @Efecto Cocuyo

Delsa Solórzano, candidata a la primaria opositora por el partido Encuentro Ciudadano, denunció nuevas amenazas de muerte en su contra y dijo que no confía en el fiscal asignado para investigar estos hechos. 

“Estoy siendo víctima de serias amenazas. Mi esposo también lo está siendo a través de su teléfono celular, vía WhatsApp, y en mi caso, en mi red social Facebook”, dijo Solórzano.

En rueda de prensa, comentó que las amenazas en su contra comenzaron desde el mes de julio por la plataforma Facebook y que poco a poco la persecución se ha incrementado.

https://twitter.com/VPITV/status/1692188563897504229?s=20

Tras la primera denuncia de Delsa Solórzano el fiscal general impuesto por la Constituyente, Tarek William Saab, informó que asignaría un fiscal con conocimiento en derechos humanos para investigar la situación.

Solórzano comentó que no puede sentirse segura en un país con violaciones a los derechos humanos y precisó que el fiscal que asignaron para investigar la amenaza en su contra, Renny Amundarain, ha intervenido en otros casos polémicos.

“Es el responsable, por ejemplo, de que Javier Tarazona esté preso. Es uno de los fiscales de confianza de Tarek William Saab, ¿tengo que confiar en que este señor va a hacer realmente una investigación transparente? Obviamente, no puedo confiar en eso”, sentenció.

https://twitter.com/polianalitica/status/1692240654473077176?s=20

Añadió que dicho fiscal “ha sido un instrumento del régimen en casos gravísimos de violación de DDHH y de crímenes de lesa humanidad” y lo tildó también como un “acosador de medios”. 

Entre otros casos en los que participó Amundarain destacan la investigación de la muerte de Neomar Lander, asesinado en las protestas de 2017, así como también la del fallecimiento en prisión del general Raúl Isaías Baduel.

CPI tiene conocimiento del caso

Solórzano dijo que recientemente la Corte Penal Internacional le avisó que su caso ya fue admitido en la Oficina de Atención a las Víctimas.

https://twitter.com/vanessajgarcian/status/1692267368137834584?s=20

“No nos van a amedrentar”

Solórzano recordó también las amenazas, acoso y persecución contra candidatos como María Corina Machado y  Henrique Capriles Radonski.

Militantes de este último fueron heridos esta semana en Apure por supuestos colectivos chavistas.

“En estas agresiones que recibieron los militantes de Primero Justicia se ven claramente los rostros de quienes actúan. Son tan descarados que grabaron un video con sus caras y no hay investigación al respecto”, cuestionó. 

https://twitter.com/VPITV/status/1692188264688500934?s=20

Pero insistió en que continuarán adelante con el proceso para seleccionar al candidato opositor a las presidenciales de 2024.

No nos van a amedrentar, (…) vamos a seguir en la calle recorriendo Venezuela a pesar de los ataques y las amenazas”, agregó Solórzano.

#MonitordeVíctimasCaracas | Denuncian muerte de latonero en operativo del Cicpc

Edwin Raniel Fuentes García (46) murió en el interior de su vivienda, luego de que una comisión del Cicpc entrará a la fuerza. Testigos aseguran que pidió ayuda desde el balcón

@jheilyn_cermeno

Pasaban las 5:00 pm del martes 15 de agosto 2023, cuando una vecina llamó a la señora Ramona García por celular, para avisarle que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) estaban entrando, a la fuerza, a casa de su hijo Edwin Raniel Fuentes García (46).

Desde la morgue de Bello Monte, familiares denunciaron que el hecho ocurrió en una vivienda situada en el Barrio Bolívar, sector El Parquecito de la parroquia Petare del municipio Sucre, estado Miranda.

La mujer y su hija Angelis, madre y hermana de la víctima, respectivamente, salieron en su ayuda, pero llegaron tarde.

Durante el operativo, los agentes del Cicpc tenían la zona tomada y la calle cerrada. Nadie podía entrar ni salir del lugar.

Desde el balcón de su casa, Edwin había pedido ayuda “para salvar su vida y, luego, se escucharon varias detonaciones”, dijeron testigos del hecho a sus parientes.

“Mi hijo le gritaba a los vecinos que lo ayudaran, que lo iban a matar”, mencionó García mientras hacía los trámites para retirar el cuerpo de Edwin del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).

 

Confesó que Edwin había caído en adicciones (drogas) desde adolescente, sin embargo, no tenía antecedentes penales y tampoco había estado preso.

“Como madre, siempre traté de ayudarlo. Incluso, lo interné en un centro de rehabilitación”, dijo.

Recordó que Edwin había estado en otros países, como Colombia, Ecuador y Perú. Regresó a Venezuela hace dos años.

Detectives del Cicpc sacaron el cadáver de Edwin de su casa, medio tapado con una sábana.

“Mi hija les pidió verlo y hasta lo tomó por una pierna, pero los funcionarios se negaron y nos mandaron al hospital Dr. Domingo Luciani de El Llanito”, añadió la madre del fallecido.

Edwin Raniel Fuentes García era el segundo de cinco hermanos. Foto: Cortesía

Angelis contó que aunque no logró ver cuántas heridas tenía su hermano, un hilo de sangre corría por su cuello.

“Esto no fue un enfrentamiento. A mi hijo lo mató la policía. ¿Por qué así como se metieron con él, no hacen lo mismo con Wilexys?”, acotó García, al tiempo que señaló que después de que se fue la policía, no pudieron entrar a la residencia de Edwin, pues hubo un corte eléctrico poco después.

 

El fallecido se ganaba la vida como latonero, desde que tenía 19 años de edad. Actualmente, trabajaba en un taller cerca de su casa en el Barrio Fechas Patrias. Era el segundo de cinco hermanos y no tenía hijos.

Víctimas en la parroquia Petare

De acuerdo con datos recopilados por Monitor de Víctimas, en el primer semestre de 2023, en la parroquia Petare fueron registrados 21 fallecidos, por ejecución o resistencia a la autoridad. En ese mismo periodo, pero en 2022, se totalizan 22 casos.

674 funcionarios policiales están bajo investigación por diferentes cuerpos de seguridad

A través de un documento obtenido por Runrunes se pudo conocer que la Policía Nacional Bolivariana creó una oficina para asistir a funcionarios imputados, investigados o penados
La oficina tiene como objetivo garantizar el derecho a la defensa de los funcionarios haciendo valer todas las pruebas, acciones o excepciones
La categoría más común entre las investigadas es hurto con 147 casos. Otros 97 funcionarios son investigados por violencia de género y 82 por estafa

A través de un documento obtenido por Runrun.es se pudo conocer que el 5 de mayo de 2023, el Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana, bajo el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, creó la Oficina de Alegación al Funcionario Policial.

La oficina tiene como objetivo garantizar el derecho a la defensa de los funcionarios haciendo valer todas las pruebas, acciones o excepciones; mantener el seguimiento y control de todos los expedientes y causas asignadas y solicitar inspecciones administrativas, avalúos e informes de campo. 

De acuerdo con el documento, desde la creación de la sucursal, 815 funcionarios policiales han sido atendidos por la oficina. De ellos, 674 funcionarios policiales se encuentran bajo investigación por diferentes cuerpos de seguridad, se desconoce cuáles son. 

De acuerdo al informe, la comisario en jefe, Antoine Elizabeth, es quien dirige la nueva oficina, que está conformada por tres divisiones:

División para la defensa del funcionario, conformada por la Coordinación de defensa del funcionario en materia administrativa y la Coordinación de defensa del funcionario en materia penal. 

División de apoyo a la investigación, conformada por la Coordinación de apoyo a la investigación.

División de estadística, conformada por la Coordinación de registro y análisis estadístico y Archivo.

“La nueva oficina debe brindar atención e información a los familiares del funcionario o funcionaria que se encuentren en condición de imputado, acusado o penado”, señala el documento.

Investigados por corrupción y violencia de género

Desde mayo, 815 funcionarios policiales han sido atendidos por la Oficina de Alegación para asesorarse y representarse jurídicamente. El estado con mayor cantidad de funcionarios atendidos es Distrito Capital, con 130, le siguen Anzoátegui, con 93, Miranda, 87; y Bolívar 73. 

Según el informe obtenido por Runrun.es, los miembros de la PNB son investigados por delitos económicos, corrupción, abigeato, solicitados, tráfico y comercio ilícito de recursos y materiales estratégicos, hurto, violencia de género y una categoría identificada como «otros».

La categoría más común entre las investigadas es hurto, con 147 casos. Otros 97 funcionarios son investigados por violencia de género y 82 por estafa. Otra de las categorías señaladas es una que se define como «otros», con 185 casos.

“Ruta extorsiva de Apure”: el sueldo fijo de los funcionarios venezolanos en la frontera binacional

Migrantes pendulares y en tránsito pagan cuantiosas cuotas extorsivas exigidas por los funcionarios civiles y militares, revela la investigación Apure-Arauca, Sociedad anónima 

 

Más de 100.000 dólares anuales son recaudados por extorsionar a los migrantes pendulares y en tránsito y a los transportistas que deciden viajar hasta El Amparo, en el estado Apure, para cruzar el río Arauca y llegar a territorio colombiano.

El delito de extorsión, aplicado por funcionarios militares y civiles venezolanos, es recurrente en cuatro alcabalas fijas que dependen de la Guardia Nacional Bolivariana y el Ejército. Estos cuatro puntos de control, así como otras alcabalas itinerantes, están ubicadas a lo largo de un trayecto de 100 kilómetros conocido como la “ruta extorsiva de Apure”, tramo de la carretera nacional venezolana Troncal 19, que conecta a San Fernando de Apure con la frontera binacional de El Amparo-Arauca.

Entre enero y julio de 2023, un equipo de reporteros investigó el delito de la extorsión en la frontera binacional del estado Apure, Venezuela con Arauca, Colombia y logró cuantificar los ingresos estimados por el “impuesto de guerra” en Colombia, las “colaboraciones” y la “vacuna” en Venezuela, que obtienen los grupos armados irregulares colombianos, así como por la “matraca” que perciben funcionarios militares y civiles venezolanos.

En la segunda entrega de la investigación transfronteriza Apure-Arauca, Sociedad Anónima, se da conocer detalles del modus operandi, casos de extorsión en los puntos de control al ciudadano en este tramo fronterizo, así como también de qué manera ha influido el flujo migratorio en esta dinámica criminal.

La investigación transfronteriza devela que la dinámica delictiva en esta área geográfica se ha naturalizado y ha dado origen a una “ruta extorsiva” difícil de evadir. Se trata de un tramo de 100 kilómetros de carretera que parte desde la “Y de Dayco”, sector donde se origina el municipio José Antonio Páez que conecta a las comunidades intermedias de Totumito, Palmarito y Guasdualito con El Amparo. En este eje carretero se ubican las alcabalas fijas y, con frecuencia se instalan algunas móviles, que los migrantes pendulares y en tránsito, así como los transportistas de pasajeros y mercancías, señalan como lugares fijos de extorsión. ¿Los victimarios? Funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, militares y civiles.

Los hallazgos son parte del proyecto transfronterizo “Apure-Arauca, Sociedad Anónima”, investigación periodística auspiciada por el Consorcio para Apoyar al Periodismo Independiente en la Región Latinoamericana (CAPIR). Para este trabajo se hicieron 60 entrevistas (25 en Arauca y 35 entre Guasdualito y El Amparo), entre víctimas, testigos y especialistas, quienes por razones de seguridad exigieron no revelar sus identidades.

En los últimos 100 kilómetros de los 450 de la carretera nacional Troncal 19 que conecta a San Fernando, la capital de Apure con El Amparo, último pueblo de Venezuela antes de cruzar la frontera, se encuentran las cuatro alcabalas o PAC con mayor incidencia de extorsión, por eso, a ese tramo de la vía ubicado dentro del municipio José Antonio Páez, cuya capital es Guasdualito, se le conoce como la “ruta extorsiva”. Esta práctica ilegal genera, puede superar los 100 mil dólares al año.

La recolección de información para esta investigación incluyó, además, la revisión de documentos en línea, el monitoreo a los pasos de transporte fluvial de personas y mercancía que conectan a Venezuela con Colombia, identificados como “Don Elías”, “Los Indios” y “Costa del Caño”, ubicados en el margen venezolano del río Arauca (población de El Amparo), así como de las alcabalas venezolanas denominadas “Y de Dayco”, “Totumito”, “Y de La Victoria” y “Puente de Lata”, ubicadas en un tramo de 100 kilómetros conocido como “la ruta extorsiva”, que corresponde a la carretera Troncal 19 -de más de 400 kilómetros de extensión-, cuyos hallazgos serán presentados en la segunda entrega de este proyecto transfronterizo.

Para leer los dos reportajes completos de esta investigación transfronteriza, hacer clic en este enlace:

https://apurearaucasociedadanonima.my.canva.site/

CLAVES I  Gobierno de Maduro sigue llenando de piedras el camino de la CPI

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Pese a testimonio de víctimas, el régimen chavista continúa negando crímenes de lesa humanidad 
Gonzalo Himiob del Foro Penal aseguró que apelación no detendrá el trabajo de la Corte Penal Internacional 

 

 

El pasado lunes 14 de agosto, el canciller, Yván Gil, emitió un comunicado del Gobierno venezolano donde apelaba a la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) en el caso denominado Venezuela I por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad.

La apelación pretende revertir la decisión de la CPI de continuar con la investigación iniciada formalmente el pasado 3 de noviembre de 2021 por el fiscal Karim Khan, después que un grupo de países suscribientes del Estatuto de Roma solicitaron la apertura de una averiguación por crímenes cometidos en Venezuela con supuesta anuencia del Estado a partir de febrero de 2014. 

El comunicado del Gobierno de Nicolás Maduro advierte que la investigación que lleva a cabo la CPI posee una “clara motivación política” y forma parte de una estrategia de “cambio de régimen impulsada por potencias extranjeras”.

Omar Piñango, coordinador del Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad de la ONG Defiende Venezuela, sostuvo que el régimen madurista afirma que en la investigación existen seis errores de hecho y de derecho que presuntamente vulneran disposiciones del Estatuto de Roma y del derecho internacional.

“Hasta ahora no se ha hecho público el documento de apelación, por lo que los detalles están por conocerse. En los próximos días debería estar disponible”, dijo el abogado.

A continuación enunciamos unas claves sobre lo que ocurre entre el Estado venezolano y la CPI:

 El 27 de junio de 2023 la sala de cuestiones preliminares I de la Corte Penal Internacional presentó su decisión de autorizar la reanudación de la investigación en Venezuela por supuestos delitos de lesa humanidad conforme al artículo 18 numeral 2 del Estatuto de Roma.

 El 2 de julio de este año, el Estado venezolano notificó su intención de apelar. “Presentó de manera muy general los motivos por los que consideraba que la decisión de seguir la investigación debía ser revertida, a la vez que se pronunciaba en torno a su solicitud de que el proceso se detuviera mientras se decidía la apelación”, sostuvo Piñango.

El pasado 7 de julio de 2023, el Gobierno venezolano presentó una solicitud a la Sala de Apelaciones de la CPI para poder contar con más tiempo del establecido en el estatuto para sustentar su argumento. “En esa oportunidad, la Sala de Apelaciones concedió hasta el 14 de agosto a las 4 pm para que el Estado presentará la sustentación de la apelación”, recordó Piñango. 

Según Piñango existe una negación por parte del Estado venezolano a reconocer violaciones a los derechos humanos. “Con la apelación, el objetivo del Gobierno es revertir la decisión que autorizaba la continuidad de la investigación. Entre otras cosas, dicen que la investigación no se corresponde con los hechos y que no se incluyeron todos los elementos probatorios, además alegan que la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción y que hubo elementos que no presentaron a la Fiscalía por la barrera idiomática”.

 En una rueda de prensa ofrecida esta semana, el directivo de la ONG Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob, sostuvo que la apelación del Gobierno madurista no detendrá la investigación de la CPI. “De hecho, en el momento en que la Sala de Apelaciones recibe la solicitud del Estado venezolano, una de las cosas que deja absolutamente clara es que esta manifestación no suspende el proceso investigativo”.

Además de la Fiscalía de la CPI y el Gobierno de Maduro, en la Sala de Apelaciones también podrá emitir su opinión al respecto la Defensoría Pública de las Víctimas con observaciones escritas y está por verse la eventual participación de un panel de expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA).  

Piñango aseveró que una eventual suspensión de la investigación afectaría el trabajo que se ha hecho en las ONG de mano con las víctimas. “No es que no sea posible, pero es que esta es una investigación que ha sido avasallante, que ha sido bastante frontal por parte de la CPI al analizar las pruebas que se han documentado. Lo que podríamos esperar es una decisión de la Sala de Apelaciones de confirmar la continuidad de la investigación que planteó la Sala de Cuestiones Preliminares”. 

El abogado Piñango comparó el caso venezolano con el de Filipinas, en el que el Estado también apeló en la CPI por la investigación que se le sigue por supuestos crímenes de lesa humanidad durante la llamada “guerra contra las drogas” en ese país. “Todas las situaciones son diferentes, pero podríamos esperar una respuesta similar. La valoración en ese caso fue que no era válido el argumento del Estado de que la CPI no tenía jurisdicción. Muy a grandes rasgos esperemos que no se detenga la investigación sobre Venezuela”.

Himiob indicó en su alocución a los medios de comunicación que la CPI no solo está pendiente de violaciones a derechos humanos durante las protestas antigubernamentales de 2014 y 2017. “También de las inhabilitaciones, persecuciones y amenazas a la integridad física de políticos de la oposición en la víspera de unas elecciones presidenciales”.

 

ONG y defensores denuncian detención de madre del sargento y preso político Juan Carlos Monasterios

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La abogada y defensora de DDHH, Tamara Suju, dijo que Yosida Vanegas, madre del sargento y preso político Juan Carlos Monasterios, fue detenida en Táchira el 15 de agosto
El Observatorio Nacional de Derechos Humanos informó que la señora sería trasladada a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, Caracas

 

Varias ONG y defensores de derechos humanos denunciaron la detención de la señora Yosida Vanegas, de 67 años, madre del sargento y preso político Juan Carlos Monasterios. 

La abogada y defensora de derechos humanos, Tamara Suju, dijo que el arresto se practicó en La Pradera, estado Táchira, y que la detención se materializó el martes 15 en la noche en un puesto fronterizo de la Guardia Nacional Bolivariana. 

Trascendió que la última comunicación de la señora Vanegas fue alrededor de las 10:30 p.m. de ese 15 de agosto para informar que estaba detenida.

El Observatorio Nacional de Derechos Humanos informó posteriormente que la señora sería trasladada a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, Caracas.

Su hijo fue condenado a 30 años

El hijo de la detenida fue condenado a 30 años de cárcel en agosto de 2022. La justicia madurista asegura que participó en el ataque con drones contra Nicolás Maduro que tuvo lugar en agosto de 2018. 

Monasterios había pedido la baja como sargento mayor de la Guardia Nacional en 2017, luego de las protestas contra el régimen.

El oriundo de Maracay, de 48 años de edad,  fue detenido a bordo de una camioneta el mismo día del supuesto atentado junto a Argenis Gabriel Valera Ruiz (también condenado a 30 años)

En un video difundido por el gobierno de Maduro, el sargento explica cómo se fraguó el intento de magnicidio

 

 

Jubilados de la CVG en huelga de hambre: “Preferimos morir en la calle que en nuestras casas”

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Cinco jubilados de la CVG iniciaron el 16 de agosto una huelga de hambre en las adyacencias de la sede de la casa matriz del holding para exigir pago de sus prestaciones sociales
Hugo Medina, uno de los jubilados de la CVG en huelga de hambre, dijo que el gobierno “secuestró” las prestaciones sociales de los trabajadores que han entregado 50 años de trabajo al Estado venezolano. “Estamos en la miseria extrema”, denunció

 

El Correo del Caroní informó que cinco jubilados de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) iniciaron una huelga de hambre el pasado 16 de agosto en las adyacencias de la sede de la casa matriz del holding.

Los jubilados exigen a la junta interventora,  presidida por Héctor Silva Hernández, el pago de sus prestaciones sociales.

Los jubilados que se instaron frente al edificio de la CVG en Alta Vista expresaron al medio que “prefieren morir de hambre en las calles” que en sus casas y otorgaron un plazo de 72 horas para obtener respuestas de la junta interventora.

El grupo de cinco lo conforman Francisco Díaz, trabajador de 77 años de edad con 35 años de servicio en CVG Sidor; Pablo Millán, de 73 años y con una trayectoria de 55 años en Sidor; Hipólito Cedeño que laboró durante 49 años en Sidor y fue jubilado a sus 73 años de edad; José Rodríguez, sidorista de 66 años con 48 años de labores ininterrumpidas en Sidor; y Hugo Medina, trabajador de CVG Venalum de 62 años con 19 años de trayectoria en la estatal del aluminio.

https://twitter.com/AsambleaCNCTL/status/1691875019024904307?s=20

“Estamos en la miseria extrema”

Uno de los jubilados en huelga de hambre, Hugo Medina,  aseguró que han agotado todas las vías administrativas, tanto dentro como fuera del país, para que se escuchen sus reclamos. Pero esto no ha sido posible.

“Ha habido un silencio por parte de organismos nacionales e internacionales. Estamos 14 veces por debajo del marcador de pobreza extrema mundial. Ahora este régimen ha secuestrado las prestaciones sociales de los trabajadores que han entregado 50 años de trabajo al Estado venezolano. No nos reconocen el pago de las prestaciones. Esto no puede ser. Es increíble que esto suceda ante un gobierno que se dice obrerista. Estamos en la miseria extrema”, expresó Medina, quien también preside la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados del estado Bolívar (Fedajupebol).

El Correo del Caroní precisa que ninguno de los 200 empleados que pasaron a pensionados en diciembre de 2022 ha recibido el pago de sus prestaciones. Esto supone un retraso de ocho meses respecto a los cinco días que establece la ley como plazo. 

Asimismo, al pasar a nómina inactiva, sus salarios se redujeron hasta 40%, pese a que la le ley establece que las pensiones deberían ser equivalentes a 80% de lo que perciben los trabajadores activos.

Los manifestantes responsabilizan por sus vidas y su salud a la actual directiva de la CVG

 

Vea los testimonios completos en el Correo del Caroní