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674 funcionarios policiales están bajo investigación por diferentes cuerpos de seguridad

A través de un documento obtenido por Runrunes se pudo conocer que la Policía Nacional Bolivariana creó una oficina para asistir a funcionarios imputados, investigados o penados
La oficina tiene como objetivo garantizar el derecho a la defensa de los funcionarios haciendo valer todas las pruebas, acciones o excepciones
La categoría más común entre las investigadas es hurto con 147 casos. Otros 97 funcionarios son investigados por violencia de género y 82 por estafa

A través de un documento obtenido por Runrun.es se pudo conocer que el 5 de mayo de 2023, el Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana, bajo el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, creó la Oficina de Alegación al Funcionario Policial.

La oficina tiene como objetivo garantizar el derecho a la defensa de los funcionarios haciendo valer todas las pruebas, acciones o excepciones; mantener el seguimiento y control de todos los expedientes y causas asignadas y solicitar inspecciones administrativas, avalúos e informes de campo. 

De acuerdo con el documento, desde la creación de la sucursal, 815 funcionarios policiales han sido atendidos por la oficina. De ellos, 674 funcionarios policiales se encuentran bajo investigación por diferentes cuerpos de seguridad, se desconoce cuáles son. 

De acuerdo al informe, la comisario en jefe, Antoine Elizabeth, es quien dirige la nueva oficina, que está conformada por tres divisiones:

División para la defensa del funcionario, conformada por la Coordinación de defensa del funcionario en materia administrativa y la Coordinación de defensa del funcionario en materia penal. 

División de apoyo a la investigación, conformada por la Coordinación de apoyo a la investigación.

División de estadística, conformada por la Coordinación de registro y análisis estadístico y Archivo.

“La nueva oficina debe brindar atención e información a los familiares del funcionario o funcionaria que se encuentren en condición de imputado, acusado o penado”, señala el documento.

Investigados por corrupción y violencia de género

Desde mayo, 815 funcionarios policiales han sido atendidos por la Oficina de Alegación para asesorarse y representarse jurídicamente. El estado con mayor cantidad de funcionarios atendidos es Distrito Capital, con 130, le siguen Anzoátegui, con 93, Miranda, 87; y Bolívar 73. 

Según el informe obtenido por Runrun.es, los miembros de la PNB son investigados por delitos económicos, corrupción, abigeato, solicitados, tráfico y comercio ilícito de recursos y materiales estratégicos, hurto, violencia de género y una categoría identificada como «otros».

La categoría más común entre las investigadas es hurto, con 147 casos. Otros 97 funcionarios son investigados por violencia de género y 82 por estafa. Otra de las categorías señaladas es una que se define como «otros», con 185 casos.

“Ruta extorsiva de Apure”: el sueldo fijo de los funcionarios venezolanos en la frontera binacional

Migrantes pendulares y en tránsito pagan cuantiosas cuotas extorsivas exigidas por los funcionarios civiles y militares, revela la investigación Apure-Arauca, Sociedad anónima 

 

Más de 100.000 dólares anuales son recaudados por extorsionar a los migrantes pendulares y en tránsito y a los transportistas que deciden viajar hasta El Amparo, en el estado Apure, para cruzar el río Arauca y llegar a territorio colombiano.

El delito de extorsión, aplicado por funcionarios militares y civiles venezolanos, es recurrente en cuatro alcabalas fijas que dependen de la Guardia Nacional Bolivariana y el Ejército. Estos cuatro puntos de control, así como otras alcabalas itinerantes, están ubicadas a lo largo de un trayecto de 100 kilómetros conocido como la “ruta extorsiva de Apure”, tramo de la carretera nacional venezolana Troncal 19, que conecta a San Fernando de Apure con la frontera binacional de El Amparo-Arauca.

Entre enero y julio de 2023, un equipo de reporteros investigó el delito de la extorsión en la frontera binacional del estado Apure, Venezuela con Arauca, Colombia y logró cuantificar los ingresos estimados por el “impuesto de guerra” en Colombia, las “colaboraciones” y la “vacuna” en Venezuela, que obtienen los grupos armados irregulares colombianos, así como por la “matraca” que perciben funcionarios militares y civiles venezolanos.

En la segunda entrega de la investigación transfronteriza Apure-Arauca, Sociedad Anónima, se da conocer detalles del modus operandi, casos de extorsión en los puntos de control al ciudadano en este tramo fronterizo, así como también de qué manera ha influido el flujo migratorio en esta dinámica criminal.

La investigación transfronteriza devela que la dinámica delictiva en esta área geográfica se ha naturalizado y ha dado origen a una “ruta extorsiva” difícil de evadir. Se trata de un tramo de 100 kilómetros de carretera que parte desde la “Y de Dayco”, sector donde se origina el municipio José Antonio Páez que conecta a las comunidades intermedias de Totumito, Palmarito y Guasdualito con El Amparo. En este eje carretero se ubican las alcabalas fijas y, con frecuencia se instalan algunas móviles, que los migrantes pendulares y en tránsito, así como los transportistas de pasajeros y mercancías, señalan como lugares fijos de extorsión. ¿Los victimarios? Funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, militares y civiles.

Los hallazgos son parte del proyecto transfronterizo “Apure-Arauca, Sociedad Anónima”, investigación periodística auspiciada por el Consorcio para Apoyar al Periodismo Independiente en la Región Latinoamericana (CAPIR). Para este trabajo se hicieron 60 entrevistas (25 en Arauca y 35 entre Guasdualito y El Amparo), entre víctimas, testigos y especialistas, quienes por razones de seguridad exigieron no revelar sus identidades.

En los últimos 100 kilómetros de los 450 de la carretera nacional Troncal 19 que conecta a San Fernando, la capital de Apure con El Amparo, último pueblo de Venezuela antes de cruzar la frontera, se encuentran las cuatro alcabalas o PAC con mayor incidencia de extorsión, por eso, a ese tramo de la vía ubicado dentro del municipio José Antonio Páez, cuya capital es Guasdualito, se le conoce como la “ruta extorsiva”. Esta práctica ilegal genera, puede superar los 100 mil dólares al año.

La recolección de información para esta investigación incluyó, además, la revisión de documentos en línea, el monitoreo a los pasos de transporte fluvial de personas y mercancía que conectan a Venezuela con Colombia, identificados como “Don Elías”, “Los Indios” y “Costa del Caño”, ubicados en el margen venezolano del río Arauca (población de El Amparo), así como de las alcabalas venezolanas denominadas “Y de Dayco”, “Totumito”, “Y de La Victoria” y “Puente de Lata”, ubicadas en un tramo de 100 kilómetros conocido como “la ruta extorsiva”, que corresponde a la carretera Troncal 19 -de más de 400 kilómetros de extensión-, cuyos hallazgos serán presentados en la segunda entrega de este proyecto transfronterizo.

Para leer los dos reportajes completos de esta investigación transfronteriza, hacer clic en este enlace:

https://apurearaucasociedadanonima.my.canva.site/

CLAVES I  Gobierno de Maduro sigue llenando de piedras el camino de la CPI

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Pese a testimonio de víctimas, el régimen chavista continúa negando crímenes de lesa humanidad 
Gonzalo Himiob del Foro Penal aseguró que apelación no detendrá el trabajo de la Corte Penal Internacional 

 

 

El pasado lunes 14 de agosto, el canciller, Yván Gil, emitió un comunicado del Gobierno venezolano donde apelaba a la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) en el caso denominado Venezuela I por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad.

La apelación pretende revertir la decisión de la CPI de continuar con la investigación iniciada formalmente el pasado 3 de noviembre de 2021 por el fiscal Karim Khan, después que un grupo de países suscribientes del Estatuto de Roma solicitaron la apertura de una averiguación por crímenes cometidos en Venezuela con supuesta anuencia del Estado a partir de febrero de 2014. 

El comunicado del Gobierno de Nicolás Maduro advierte que la investigación que lleva a cabo la CPI posee una “clara motivación política” y forma parte de una estrategia de “cambio de régimen impulsada por potencias extranjeras”.

Omar Piñango, coordinador del Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad de la ONG Defiende Venezuela, sostuvo que el régimen madurista afirma que en la investigación existen seis errores de hecho y de derecho que presuntamente vulneran disposiciones del Estatuto de Roma y del derecho internacional.

“Hasta ahora no se ha hecho público el documento de apelación, por lo que los detalles están por conocerse. En los próximos días debería estar disponible”, dijo el abogado.

A continuación enunciamos unas claves sobre lo que ocurre entre el Estado venezolano y la CPI:

 El 27 de junio de 2023 la sala de cuestiones preliminares I de la Corte Penal Internacional presentó su decisión de autorizar la reanudación de la investigación en Venezuela por supuestos delitos de lesa humanidad conforme al artículo 18 numeral 2 del Estatuto de Roma.

 El 2 de julio de este año, el Estado venezolano notificó su intención de apelar. “Presentó de manera muy general los motivos por los que consideraba que la decisión de seguir la investigación debía ser revertida, a la vez que se pronunciaba en torno a su solicitud de que el proceso se detuviera mientras se decidía la apelación”, sostuvo Piñango.

El pasado 7 de julio de 2023, el Gobierno venezolano presentó una solicitud a la Sala de Apelaciones de la CPI para poder contar con más tiempo del establecido en el estatuto para sustentar su argumento. “En esa oportunidad, la Sala de Apelaciones concedió hasta el 14 de agosto a las 4 pm para que el Estado presentará la sustentación de la apelación”, recordó Piñango. 

Según Piñango existe una negación por parte del Estado venezolano a reconocer violaciones a los derechos humanos. “Con la apelación, el objetivo del Gobierno es revertir la decisión que autorizaba la continuidad de la investigación. Entre otras cosas, dicen que la investigación no se corresponde con los hechos y que no se incluyeron todos los elementos probatorios, además alegan que la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción y que hubo elementos que no presentaron a la Fiscalía por la barrera idiomática”.

 En una rueda de prensa ofrecida esta semana, el directivo de la ONG Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob, sostuvo que la apelación del Gobierno madurista no detendrá la investigación de la CPI. “De hecho, en el momento en que la Sala de Apelaciones recibe la solicitud del Estado venezolano, una de las cosas que deja absolutamente clara es que esta manifestación no suspende el proceso investigativo”.

Además de la Fiscalía de la CPI y el Gobierno de Maduro, en la Sala de Apelaciones también podrá emitir su opinión al respecto la Defensoría Pública de las Víctimas con observaciones escritas y está por verse la eventual participación de un panel de expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA).  

Piñango aseveró que una eventual suspensión de la investigación afectaría el trabajo que se ha hecho en las ONG de mano con las víctimas. “No es que no sea posible, pero es que esta es una investigación que ha sido avasallante, que ha sido bastante frontal por parte de la CPI al analizar las pruebas que se han documentado. Lo que podríamos esperar es una decisión de la Sala de Apelaciones de confirmar la continuidad de la investigación que planteó la Sala de Cuestiones Preliminares”. 

El abogado Piñango comparó el caso venezolano con el de Filipinas, en el que el Estado también apeló en la CPI por la investigación que se le sigue por supuestos crímenes de lesa humanidad durante la llamada “guerra contra las drogas” en ese país. “Todas las situaciones son diferentes, pero podríamos esperar una respuesta similar. La valoración en ese caso fue que no era válido el argumento del Estado de que la CPI no tenía jurisdicción. Muy a grandes rasgos esperemos que no se detenga la investigación sobre Venezuela”.

Himiob indicó en su alocución a los medios de comunicación que la CPI no solo está pendiente de violaciones a derechos humanos durante las protestas antigubernamentales de 2014 y 2017. “También de las inhabilitaciones, persecuciones y amenazas a la integridad física de políticos de la oposición en la víspera de unas elecciones presidenciales”.

 

ONG y defensores denuncian detención de madre del sargento y preso político Juan Carlos Monasterios

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La abogada y defensora de DDHH, Tamara Suju, dijo que Yosida Vanegas, madre del sargento y preso político Juan Carlos Monasterios, fue detenida en Táchira el 15 de agosto
El Observatorio Nacional de Derechos Humanos informó que la señora sería trasladada a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, Caracas

 

Varias ONG y defensores de derechos humanos denunciaron la detención de la señora Yosida Vanegas, de 67 años, madre del sargento y preso político Juan Carlos Monasterios. 

La abogada y defensora de derechos humanos, Tamara Suju, dijo que el arresto se practicó en La Pradera, estado Táchira, y que la detención se materializó el martes 15 en la noche en un puesto fronterizo de la Guardia Nacional Bolivariana. 

Trascendió que la última comunicación de la señora Vanegas fue alrededor de las 10:30 p.m. de ese 15 de agosto para informar que estaba detenida.

El Observatorio Nacional de Derechos Humanos informó posteriormente que la señora sería trasladada a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, Caracas.

Su hijo fue condenado a 30 años

El hijo de la detenida fue condenado a 30 años de cárcel en agosto de 2022. La justicia madurista asegura que participó en el ataque con drones contra Nicolás Maduro que tuvo lugar en agosto de 2018. 

Monasterios había pedido la baja como sargento mayor de la Guardia Nacional en 2017, luego de las protestas contra el régimen.

El oriundo de Maracay, de 48 años de edad,  fue detenido a bordo de una camioneta el mismo día del supuesto atentado junto a Argenis Gabriel Valera Ruiz (también condenado a 30 años)

En un video difundido por el gobierno de Maduro, el sargento explica cómo se fraguó el intento de magnicidio

 

 

Jubilados de la CVG en huelga de hambre: “Preferimos morir en la calle que en nuestras casas”

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Cinco jubilados de la CVG iniciaron el 16 de agosto una huelga de hambre en las adyacencias de la sede de la casa matriz del holding para exigir pago de sus prestaciones sociales
Hugo Medina, uno de los jubilados de la CVG en huelga de hambre, dijo que el gobierno “secuestró” las prestaciones sociales de los trabajadores que han entregado 50 años de trabajo al Estado venezolano. “Estamos en la miseria extrema”, denunció

 

El Correo del Caroní informó que cinco jubilados de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) iniciaron una huelga de hambre el pasado 16 de agosto en las adyacencias de la sede de la casa matriz del holding.

Los jubilados exigen a la junta interventora,  presidida por Héctor Silva Hernández, el pago de sus prestaciones sociales.

Los jubilados que se instaron frente al edificio de la CVG en Alta Vista expresaron al medio que “prefieren morir de hambre en las calles” que en sus casas y otorgaron un plazo de 72 horas para obtener respuestas de la junta interventora.

El grupo de cinco lo conforman Francisco Díaz, trabajador de 77 años de edad con 35 años de servicio en CVG Sidor; Pablo Millán, de 73 años y con una trayectoria de 55 años en Sidor; Hipólito Cedeño que laboró durante 49 años en Sidor y fue jubilado a sus 73 años de edad; José Rodríguez, sidorista de 66 años con 48 años de labores ininterrumpidas en Sidor; y Hugo Medina, trabajador de CVG Venalum de 62 años con 19 años de trayectoria en la estatal del aluminio.

https://twitter.com/AsambleaCNCTL/status/1691875019024904307?s=20

“Estamos en la miseria extrema”

Uno de los jubilados en huelga de hambre, Hugo Medina,  aseguró que han agotado todas las vías administrativas, tanto dentro como fuera del país, para que se escuchen sus reclamos. Pero esto no ha sido posible.

“Ha habido un silencio por parte de organismos nacionales e internacionales. Estamos 14 veces por debajo del marcador de pobreza extrema mundial. Ahora este régimen ha secuestrado las prestaciones sociales de los trabajadores que han entregado 50 años de trabajo al Estado venezolano. No nos reconocen el pago de las prestaciones. Esto no puede ser. Es increíble que esto suceda ante un gobierno que se dice obrerista. Estamos en la miseria extrema”, expresó Medina, quien también preside la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados del estado Bolívar (Fedajupebol).

El Correo del Caroní precisa que ninguno de los 200 empleados que pasaron a pensionados en diciembre de 2022 ha recibido el pago de sus prestaciones. Esto supone un retraso de ocho meses respecto a los cinco días que establece la ley como plazo. 

Asimismo, al pasar a nómina inactiva, sus salarios se redujeron hasta 40%, pese a que la le ley establece que las pensiones deberían ser equivalentes a 80% de lo que perciben los trabajadores activos.

Los manifestantes responsabilizan por sus vidas y su salud a la actual directiva de la CVG

 

Vea los testimonios completos en el Correo del Caroní

 

PJ rechaza agresiones a militantes por parte de simpatizantes del chavismo

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El partido aseguró que activistas y militantes fueron agredidos por “colectivos” que “atendieron al llamado del Ejecutivo regional y municipal”, cuyo objetivo era agredir “físicamente” a Capriles

 

El partido Primero Justicia (PJ), que respalda al precandidato presidencial Henrique Capriles, rechazó los ataques que sufrieron varios de sus militantes en el estado Apure, donde el dirigente tenía previsto un acto político que no pudo llevar a cabo.

En un comunicado difundido en redes sociales, PJ aseguró que activistas y militantes fueron agredidos por “colectivos” que “atendieron al llamado del Ejecutivo regional y municipal” cuyo objetivo era agredir “físicamente” a Capriles.

“Responsabilizamos de los hechos violentos ocurridos el día de ayer contra nuestra organización política y contra los ciudadanos presentes al señor Eduardo Piñate, quien ejerce como gobernador del estado (Apure), y a la señora Ofelia Padrón, alcaldesa del municipio San Fernando, quienes emitieron las ordenes a estos grupos incitando al odio contra los venezolanos”, dijo la tolda política.

Detalló que los hechos violentos se registraron en las localidades de San Fernando y en Biruaca, donde “hubo un saldo mayor de personas golpeadas con objetos contundentes, heridos y robo de motos y teléfonos celulares, además de ráfagas de disparos” de las que responsabilizaron a seguidores del gobierno de Nicolás Maduro.

PJ aseguró que Capriles tampoco pudo presentarse en el municipio Rómulo Gallegos, del mismo estado, como medida de protección ante las “amenazas a las que fueron sometidos” los militantes de la organización política también en esa zona.

Capriles: Son 39 los heridos por agresiones

El dirigente Henrique Capriles actualizó el 16 de agosto el balance de heridos por agresiones de simpatizantes del chavismo que se produjeron un día antes en el estado Apure. Indicó que el número de heridos subió a 39.

“Este es el saldo que dejaron los grupos de ‘paz’, como dice Maduro, quienes, además, se identificaron abiertamente con el PSUV: 39 heridos (7 suturados)”, tuiteó Capriles, quien ya el día antes había reportado, a través de un video, una decena de lesionados.

Asimismo, denunció el robo de 4 motocicletas y 9 teléfonos, “graves daños” a un equipo de sonido, “vidrios rotos” de una casa y daños en ventanas de un automóvil y de un autobús, además de 98 sillas partidas o robadas.

“Esta es la paz y la estabilidad de la que tanto habla el peor gobierno de la historia. ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde está la protección a los venezolanos? (…) Una vez más, en Venezuela, violan los derechos humanos”, expresó Capriles.

El dirigente llamó la atención sobre estos hechos a las Naciones Unidas, a la Corte Penal Internacional (CPI) y al fiscal de este tribunal, Karim Khan.

Aseguró que el 15 de agosto fue “imposible hacer la actividad” debido a que un grupo de “50 motorizados, algunos encapuchados, claramente identificados” con el PSUV, “tomaron el espacio”, donde “golpearon a las personas que estaban allí”.

Esta es, según Primero Justicia, la séptima agresión de la que es víctima el precandidato o sus seguidores, desde el pasado 29 de mayo, durante sus recorridos en distintas regiones.

Condenan agresiones de chavistas en Apure

Miembros del comando de campaña de Capriles condenaron que simpatizantes del chavismo los atacaron y sabotearon la actividad que tenían prevista en Apure. 

“El Gobierno chavista mandó a destrozar todo para que el acto de Henrique Capriles Radonski no se llevara a cabo (…) Se llevaron sillas, rompieron sillas, dañaron equipos de sonido, toda la parte de decoración la quemaron”, denunció una militante de Primero Justicia en un video difundido por el comando de campaña.

El miembro de la formación opositora en Apure Luis Lippa denunció, en otro video, que varios militantes e invitados a la actividad, a la que aún no había llegado Capriles, fueron agredidos por “colectivos”.

“Estas son violaciones a los derechos humanos de cada persona que está participando con un derecho a una posición política. Han agredido a nuestras personas, a nuestros invitados, a nuestra base, a nuestros dirigentes, a invitados”, dijo Lippa, quien responsabilizó al gobernador de Apure, el chavista Eduardo Piñate, de estas agresiones.

Los videos de dirigentes de Primero Justicia mostraron a personas heridas. Tomás Guanipa dijo además que algunos de los atacados fueron robados.

https://twitter.com/TomasGuanipa/status/1691485965813002243?s=20

Esta es la séptima agresión contra Capriles o sus seguidores desde el pasado 29 de mayo, durante sus recorridos en distintas regiones, en busca de votos para las primarias opositoras. 

Además de este hecho, Capriles y sus seguidores han sido agredidos -de acuerdo con datos de su equipo- durante recorridos en Miranda (el 29 de mayo y el 15 de junio), Carabobo (2 de junio), Aragua (7 de junio), Anzoátegui (14 de junio) y Delta Amacuro (10 de agosto).

Con información de EFE

Lo más aguado de la natación

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Lo difícil de la natación es que cuanto más pequeña es la prenda, más cara te sale. Es como votar por un socialista. Uno no entiende cómo una papeletica de votación tan pequeña termina saliendo tan cara

 

@ReubenMoralesYa

Tras más de una década practicando natación, me he dado cuenta de que lo más difícil de este deporte no es precisamente nadar. Por el contrario, son todas esas cosas que rodean el deporte.

Lo difícil de la natación es que se rige bajo la siguiente lógica de mercado: cuanto más pequeña es la prenda que necesites, más cara te sale. Es como votar por un socialista. Uno no entiende cómo una papeletica de votación tan pequeña termina saliendo tan cara. Aunque luego comprendes que en verdad no estás pagando por la prenda como tal, sino por una terapia de autoaceptación llamada “Mostrarte en Tangas” (que te deja con la duda de si te inscribiste en natación o en un grupo de soporte emocional para nudistas enclosetados).

Lo difícil de la natación consiste en dominar el arte de ponerte un gorro de látex en la cabeza sin que salga disparado como cohetón navideño. Y luego de ponértelo aceptar que, si te tomas una selfi con este, saldrás con la cara tan estirada como la de estrella de televisión que no quiere perder el trabajo.

Lo difícil de la natación es que te exige tener más estómago que maquillador de muertos. Terminas viendo tanta celulitis, barrigas flácidas y várices, que ya no sabes si eres nadador o cirujano plástico. Además, te obliga a ver grandes cantidades de una parte del cuerpo que es más polémica que influencer buscando popularidad: los pies. Ves pies pálidos, con uñas largas, micosis, el dedo gordo metido, el dedo medio extralargo, el dedo pequeño sin uña, el talón agrietado, planos, de empeine peludo y con la planta negra. Y cuando ya logras superar la impresión de ver todos estos engendros dignos de una casa del terror; la natación te pone otro reto: alcanzar a un compañero de carril en el agua y, sin querer, tocarle la punta de los pies.

Lo difícil de la natación es que te reta a no parecer un pervertido. Sucede que en tu equipo siempre hay una mujer muy guapa, lo cual provoca que todos los hombres terminemos nadando con la cabeza curiosamente volteada hacia un lado. Por el contrario, las mujeres son mucho más discretas (aunque siempre termino dándome cuenta de cuando voltean a ver las bondades de este Michael Phelps hecho en socialismo).

Lo difícil de la natación es tu relación con el entrenador. Jamás entenderá que no puedes escucharle debajo del agua. Es como tratar de echar un chisme en una discoteca. Así mismo, te enseñará a administrar tus energías. Pero no tus energías para nadar veinte piscinas a toda velocidad, sino tus energías para no estrangularlo cuando se ríe de que acabas de tragar más cloro que una poceta.

Lo difícil de la natación es que te siembra dudas existenciales más grandes que la de “¿Qué fue primero?… ¿el huevo o la gallina?”. En efecto, la duda más trascendental que te genera es: “¿Hago pipí en la piscina o mejor me salgo y voy al baño corriendo como un pingüino?”.

Lo difícil de la natación es que te hace pasar pena en público. Sucede que puedes estar en un supermercado repleto de gente y toparte con un compañero de equipo. La cosa es que nunca lo saludas inmediatamente porque te cuesta reconocerlo. Finalmente lo identificas y le dices a viva voz: “¡¡Discúlpame esa!! Es que no te reconocía con ropa”. Luego quedas estupefacto cuando el supermercado entero voltea a verlos como si fuesen miembros de un club swinger.

Lo difícil de la natación es que, gracias al cloro, dejas de tener cabello. Ahora pasas a llevar sobre tu cabeza una extraña paja seca que, con el tiempo, termina calificando como musgo de pesebre.

Sin embargo, tras una década de estar nadando, comprendo que varias de estas dificultades pueden ser superadas. Hoy, por ejemplo, puedo reconocer a mis compañeros de equipo con ropa, no llevo musgo sobre mi cabeza porque la calvicie la dejó como un desierto del Sahara para piojos y estoy totalmente seguro de que prefiero correr al baño como pingüino (para que además mis compañeras disfruten de este cuerpecito de Michael Phelps hecho en socialismo).

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

El Mañanero del #17Ago: las 8 noticias que debes conocer

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El resumen semestral correspondiente a 2023 del Monitoreo de persecución y criminalización en Venezuela del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) concluyó que hubo más de 385 personas perseguidas o criminalizadas en el país.

Estudiantes de la USB exigen comicios para renovar autoridades

Capriles: Son 39 los heridos por agresiones de simpatizantes del chavismo

«Huellas» visibiliza la problemática de los derechos a la identidad de los venezolanos en el mundo

Condenan ataque de chavistas a seguidores de Capriles en Apure

Cepaz: Cada 12 horas una persona es perseguida o criminalizada en Venezuela

Venezuela no ha avanzado en 95 metas relacionadas con Objetivos de Desarrollo Sostenible

ONG denuncian maltratos y cobros extorsivos a recluidas en el INOF

César Pérez Vivas: El cambio constitucional en Venezuela es fundamental

https://www.youtube.com/watch?v=BnrtCJfmqMc

La principal amenaza a la seguridad y la paz en América Latina son las acciones que lleva a cabo Estados Unidos a nivel político, económico, militar para tratar de mantener su decadente hegemonía>>, Vladimir Padrino, ministro de Defensa #16Ago