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Un juego de la sillita llamado Poder Ciudadano 

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La Asamblea Nacional anunció la designación de un nuevo fiscal, contralor y defensor del Pueblo en víspera de una elección presidencial y luego de los acuerdos de Barbados 
Los actuales miembros del Poder Moral fueron nombrados por una Asamblea Nacional Constituyente que desapareció sin su mandato principal de redactar una nueva Constitución
Tarek William Saab pasó de la Defensoría a la Fiscalía para reemplazar a la crítica y exiliada Luisa Ortega Díaz, Elvis Amoroso dejó la Contraloría para presidir el Consejo Nacional Electoral y de Alfredo Ruiz algunos no conocen ni su nombre 

 

Apenas regresando de vacaciones decembrinas y siendo ratificado como presidente de la Asamblea Nacional chavista Jorge Rodríguez anunció para este 2024 la renovación de la alta cúpula del Poder Ciudadano en Venezuela. 

“Nos referimos específicamente a la selección del fiscal o fiscala general de la República, del contralor o contralora general y del defensor o defensora del Pueblo” dijo el ex ministro de comunicación, alcalde de Caracas y rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Antes del asueto de año nuevo, Tarek William Saab, fiscal general de la República impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), asumió la presidencia del Poder Ciudadano conformado además por el defensor del Pueblo Alfredo Ruiz y el contralor, Jhosnel Peraza.

La presidencia, cuya duración es un año según el artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, fue cedida por Elvis Amoroso, otrora contralor y ahora presidente del CNE. 

“Me encuentro al lado de uno de los mejores abogados que tenemos no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica, hablar de Tarek es verdaderamente un placer para nosotros. Tarek siempre ha sido un hombre de Estado y defensor de los derechos humanos”, dijo Amoroso al entregar el mando del Poder Moral Republicano. 

El juego de la sillita

Desde la llegada del chavismo a Miraflores en 1998, las instituciones públicas han ido poniéndose al servicio del Gobierno, y para ello, el partido en el poder, primero el Movimiento Quinta República (MVR) y después el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), han distribuido militantes entre ellas, que lejos de ponerse al servicio del pueblo sirven a los intereses particulares de una cúpula.

Iván Darío Badell (1994-1999) estaba en la Fiscalía cuando el fallecido presidente Hugo Chávez llegó al poder.  Le siguieron Rafael Pérez Perdomo (1999), Javier Elechiguerra (1999-2000), Isaias Rodríguez (2000-2007) –quien luego fue segundo vicepresidente de la ANC y embajador en Italia- y  Luisa Ortega Díaz (2007-2017), a la cual el madurismo expulsó del despacho pese a que fue ratificada hasta 2021 y reemplazada por Saab. 

Ortega cayó en desgracia con el madurismo cuando en marzo de 2017 declaró que las sentencias 155 y 156 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desconociendo las funciones de la Asamblea Nacional electa en 2015, representaban una “ruptura del hilo constitucional”.

Ortega también contrarió la versión oficialista de que el estudiante Juan Pablo Pernalete murió en el marco de las protestas antigubernamentales de 2017 por el disparo de una pistola de perno., que fue la versión “oficial”. “La presencia de residuos en la franela y los análisis pertinentes han demostrado que fue por impacto de bomba lacrimógena, sabemos de qué grupo salió la bomba, pero no la persona, fue disparada por la Guardia Nacional Bolivariana”., sostuvo entonces Ortega Díaz. 

Por otra parte, en la Defensoría del Pueblo creada por el chavismo comenzó Dilia Parra Guillén (1999-2000), le siguió Germán Mundarain (2000-2007) y Gabriela Ramírez (2007-2014), quien se opuso a la creación de una ANC sin solicitar una consulta previa del pueblo. Le siguieron Saab (2014-2017), que abandonó la instancia para pasar a la Fiscalía, y el actual defensor Alfredo Ruiz.

Pasamos a la Contraloría, en donde Clodosbaldo Russián fue el primer contralor al servicio de Chávez (1999-2011). Continuaron Adelina González (2011-2014) y Manuel Galindo (2014-2018) –quien también fue procurador general en reemplazo de la “primera combatiente” Cilia Flores. En la lista se añaden Elvis Amoroso (2018-2023), quien después de inhabilitar a varios líderes opositores como la abanderada a las presidenciales María Corina Machado, fue a parar a la  presidencia del CNE y finalmente Jhosnel Peraza, coronel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), quien funge de actuañ encargado. 

Dando patadas de ahogado

Para Rafael Uzcátegui, director del Laboratorio de Paz, las futuras designaciones de los integrantes del Poder Ciudadano responden a varias razones.

“En mi opinión, luego de los resultados de la primaria y del referendo sobre el Esequibo, el Gobierno necesita desesperadamente tomar decisiones que le permitan levantar un poco en las encuestas. Nos encontramos, por una suma de circunstancias, en un escenario novedoso en el país: el del chavismo sin pueblo”, opinó. 

A juicio de Uzcátegui si bien el chavismo se ha convertido desde hace varios años en una minoría social y electoral, en este momento no cuenta con una base que le permita participar de manera competitiva en un proceso comicial.

“El Gobierno necesita mostrar a su antigua base de apoyo, ahora descontenta, que en teoría tendría la suficiente voluntad política para realizar una serie de iniciativas que mejoren la calidad de vida de la población y su poder adquisitivo. Una de las posibilidades es mostrando nuevos rostros no sólo en el poder moral, sino en otras dependencias del Ejecutivo”, agregó. 

Por su parte, la cofundadora de la ONG Acceso a la Justicia, Laura Louza, aseguró que los periodos de los miembros del Poder Ciudadano están vencidos.

“Cumplieron un periodo completo y más, además esas autoridades fueron nombradas por la ANC, que fue un órgano que no tenía las competencias para hacer esas designaciones, la Constituyente supuestamente fue electa para redactar una Constitución que nunca hizo”, recordó. 

Marino Alvarado, abogado y defensor de derechos humanos, sostuvo que de acuerdo a lo estipulado en la Constitución, las personas que sean designadas fiscal, contralor y defensor del Pueblo deben ser independientes. 

“No deben estar vinculadas al partido gobernante, no deberían considerarse como personas aptas para ese cargo  los que hayan tenido un carnet del PSUV, pero dudo que eso ocurra porque estamos ante un Gobierno que se acostumbró a controlar los poderes públicos”, advirtió. 

Una gestión gris 

Alvarado sentenció que mucha gente en Venezuela se pregunta si realmente existe un defensor del Pueblo.

“Ha tenido una gestión totalmente gris y complaciente frente a los crímenes de lesa humanidad, es una persona que viene de ser defensor de derechos humanos e hipotecó su trayectoria para ponerse al servicio del Gobierno”, denunció-

El activista y exintegrante de Provea indicó que el fiscal general ha sido corresponsable de los crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en Venezuela: “Es una persona totalmente al servicio de los intereses del Gobierno, nada independiente, por su parte el contralor es una figura que viene del PSUV”. 

Uzcategui calificó el trabajo del Poder Moral durante el chavismo como “pésimo”.

“La labor del defensor del Pueblo es tan nula que mucha gente desconoce su nombre. Hay consenso sobre los altísimos niveles de corrupción, que hablan de la inacción de la Contraloría. Por otra parte, la investigación por crímenes de lesa humanidad en el país y la existencia de una emergencia humanitaria compleja hablan también de las omisiones de la Fiscalía y la Defensoría”. 

Por su parte, Louza destacó que el defensor del Pueblo fue degradado por la ONU al grado B: “Tiene derecho a participar, pero no a votar en instancias internacionales”. Y agregó que los contralores que ha tenido el chavismo solo se han dedicado a inhabilitar a líderes de oposición.

“No han hecho su trabajo, que es supervisar y auditar las  cuentas del Estado, ni siquiera tenemos una Ley de Presupuesto, la situación de corrupción así lo demuestra, no hay memoria y cuenta, interpelaciones, ni balances transparentes de funcionarios”, detalló. 

Alvarado sentenció que el proceso de escogencia de nuevos miembros del Poder Moral podría responder a la presión internacional sobre el Gobierno de Maduro luego de la firma de los acuerdos en Barbados: “La Fiscalía se ha convertido en un instrumento para la represión política tal y como lo ha determinado la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y es posible que esto aumente con la cercanía de las elecciones presidenciales”. 

Louza sostuvo que el trabajo parcializado que hace la Fiscalía quedó demostrado en el pasado comité de Derechos Humanos de la ONU, donde los propios expertos coincidieron en que Saab tenía una posición pro Gobierno.

“Desde el principio del chavismo no cumplen con los requisitos, eso ha sido una constante, no hay control del Poder Público, no hay estado de Derecho, no se trabaja para el ciudadano, es pura propaganda política”, sentenció. 

“Lo ideal para Venezuela es que haya un defensor al servicio de la gente, un fiscal que garantice el debido proceso y las investigaciones imparciales y un contralor que tenga capacidad efectiva para frenar la corrupción. Personas que ejerzan control sobre el poder Ejecutivo y no le sirvan”, concluyó Alvarado.

Sucre cerró el año 2023 con más de 10.000 casos de malaria

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Brasil, Colombia y Venezuela encabezaron la lista de países del continente americano con más contagios

 

La directora de Salud Ambiental y Contraloría Sanitaria del estado Sucre, Elia Sánchez, informó que en la entidad se viene ejerciendo un control progresivo de la malaria, que cerró 2023 con 10 mil 958 casos.

De esos casos, 266 fueron importados porque se infectaron en otros estados y los trajeron a la entidad sucrense.

La experta en infectología destacó que se trata de un logro, porque la entidad llegó a tener 77 mil casos comprobados, hace unos cinco años, con una disminución de 87,9%. “Hemos disminuido considerablemente la cantidad de casos en el estado Sucre”.

Admitió que sí han tenido algunas situaciones, que suelen presentarse al cierre e inicio de año, con una subida de los casos.

Precisó que durante 2023, el municipio más afectado fue Cajigal, y específicamente Yaguaraparo, por lo que iniciaron una investigación para determinar los factores que causaron el incremento.

Venezuela es el país con más casos de malaria

Según cifras del informe global sobre malaria publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Brasil, Colombia y Venezuela encabezaron la lista de países del continente americano con más contagios, acumulando 73% de todos los casos de malaria registrados en la región.

En Venezuela se reportaron 154.000 casos de paludismo en 2022, dato que contrasta con el de hace un año, cuando los casos registrados de malaria fueron 205.000.

El informe destaca que ha habido un notable descenso en las cifras de la enfermedad desde el comienzo de la pandemia de covid-19.

Sin embargo, el informe de la OMS también alerta de un aumento de casos de malaria en siete países del continente americano el pasado año: Costa Rica, Bolivia, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua y Panamá.

En Zulia algunas familias solo comen dos veces al día de acuerdo a Codhez

Encuestados expresaron que necesitan entre 250 y 500 dólares mensuales para cubrir sus necesidades alimenticias

 

De acuerdo a un estudio llevado a cabo por la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) en la entidad occidental algunas familias solo comen dos veces al día en vista de la precariedad de sus ingresos.

En el informe sobre la Seguridad Alimentaria en los municipios zulianos de Maracaibo y Cabimas, Loiralith Chirinos, coordinadora de Documentación de Codhez, mencionó que la situación del consumo de alimentos está siendo compleja y limitada en el occidente del país. 

De acuerdo a Chirinos, los zulianos aplican estrategias para manejar sus recursos económicos, como reducir las comidas diarias o intercambiar trabajo por alimentos, incluso algunos padres no comen para asegurar que sus hijos ingieran alimentos.

Más del 61% de los encuestados expresó que necesitaría entre 250 y 500 dólares mensuales para cubrir sus necesidades alimenticias, mostrando una disparidad significativa entre la realidad económica y las necesidades reales de la población.

El estudio revela que gran parte de los hogares no posee suficientes recursos para adquirir alimentos en cantidades adecuadas, de calidad y nutritivos, acordes a las necesidades de cada persona. 

Ingresos muy por debajo de lo que se necesita

El informe además indica que un porcentaje considerable de hogares zulianos tiene ingresos mensuales entre 11 y 100 dólares, mientras que el gasto en alimentos para seis de cada diez hogares oscila entre 51 y 150 dólares, evidenciando la alta inflación en los precios de los alimentos básicos.

En el pasado mes de noviembre, una familia necesitó $522,01 para cubrir sus necesidades básicas en alimentación, de acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

Según Cendas, en noviembre, cuando el salario mínimo, de 130 bolívares al mes, equivalía a 3,51 dólares, se necesitaron 148 salarios mínimos para costearla.

Venezuela acumuló una inflación del 182,9 % a finales de 2023, cifra a la que llegó luego de que los precios aumentaran un 5,9 % en octubre y un 3,5 % en noviembre, el dato más bajo del año en cuanto a incrementos mensuales de los bienes y servicios, según el Banco Central (BCV).

El Mañanero del #12Ene: las ocho noticias que debes conocer

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En El Mañanero de Runrun.es de este 12 de enero resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela: más de 15 millones de venezolanos no tienen cómo cubrir gastos de salud, estudiantes perdieron 33% de los días de clases que establece el calendario escolar y claves para entender lo que sucede en Ecuador.

Claves | Más de 15 millones de venezolanos no tienen cómo cubrir gastos de salud

Claves para entender el “conflicto armado” en Ecuador

Denuncian que Diosdado Cabello expuso en su programa conversación privada de periodistas

Venezolanos fueron los que más solicitaron asilo en España en el año 2023

 

CLAVES | Estudiantes perdieron 33% de los días de clases que establece el calendario escolar

Conatel cerró las emisoras Órbita 99.7 FM y Galáctica 100.7 FM de Portuguesa

Las recomendaciones de la Academia Nacional de Medicina ante aumento de enfermedades respiratorias

Justicia venezolana sigue siendo la peor valorada en el mundo según Índice World Justice Project 

 

 

Usurpar un cargo público, primer delito; nadie eligió eternamente a Dinorah Figuera como diputada. Daría risa, si no fuera tan ladrona. Ella milita en un partido político y si ese partido la autorizó, es responsable del robo también”, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional

La espalda del Tío Sam

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¿Debería sorprendernos si el gobierno de Estados Unidos, hasta ahora el más poderoso aliado de la causa democrática venezolana, le diera la espalda, para mantener una relación cordial con el chavismo?

 

@AAAD25

Una de las primeras lecciones de todo aprendiz de diplomático o de internacionalista es que los Estados no tienen amigos, sino intereses. Que la guía del accionar geopolítico siempre es egoísta y utilitaria. Nunca altruista y deontológica. Esa es la dimensión internacional de un fundamento teórico de la política, según el cual quien ejerce el poder siempre lo hará pensando primero que nada en su propio beneficio. Fundamento que a su vez se apoya en una visión filosófica de la humanidad que es bastante pesimista. Es la de aquellos pensadores que pusieron en marcha la filosofía política occidental moderna durante el Renacimiento y sus secuelas: Maquiavelo y Hobbes. En síntesis, como indicó este último (citando al dramaturgo latino Plauto), Homo hominis lupus. Solo podemos moderar estos instintos primigenios, pero no desaparecerlos del todo. Entonces, nunca hallaremos un actor político individual totalmente desinteresado. Mucho menos, un Estado.

Con lo anterior en mente, ¿debería sorprendernos si el gobierno de Estados Unidos, hasta ahora el más poderoso aliado de la causa democrática venezolana, le diera la espalda, para mantener una relación cordial con el chavismo aunque Venezuela siga siendo un régimen autoritario? La realización de esa hipótesis luce cada vez más probable, aunque todavía no podamos asegurarla. A todos nos asombró la amplitud del relajo de sanciones sobre la elite chavista por parte de Washington a finales de 2023. Y como si fuera poco, se le añadió la excarcelación de Alex Saab.

Todo eso a cambio de la liberación de unas decenas de presos políticos y una vaga posibilidad de mejoras en las condiciones electorales de Venezuela, cuya única manifestación específica por los momentos es la apertura de un proceso para que María Corina Machado, candidata unitaria de la oposición a las elecciones presidenciales, apele la inhabilitación arbitraria que pesa sobre ella. Un pésimo trato para la oposición venezolana, a primera vista. Los principales mecanismos de presión sobre el gobierno para que emprenda reformas democratizadoras desaparecieron casi completamente en un santiamén, sin garantía alguna por la otra parte. Solo si el veto sobre Machado fuera levantado podríamos al menos creer que hay una transición en marcha y que, por lo tanto, los acuerdos entre Miraflores y la Casa Blanca suponen un beneficio para el esfuerzo por restaurar la democracia venezolana.

Asumamos que nada de eso ocurre. Que la inhabilitación se mantiene, el statu quo autoritario persiste incólume y, sin embargo, EE.UU. no restaura las sanciones e inaugura así una nueva etapa, en general amistosa o cuanto menos acrítica, en sus relaciones con el chavismo. Vuelvo con la pregunta: ¿Nos debe sorprender? No, por supuesto. No sería la primera vez que Washington se toma de manos con un régimen antidemocrático si lo cree conveniente a sus intereses (que, en el presente caso, pudieran ser sobre mercados energéticos y alejar de la influencia de potencias enemigas a un país geográficamente cercano). Basta con recordar su espaldarazo a dictaduras latinoamericanas anticomunistas, pero además sangrientas, durante la Guerra Fría. Contemporáneamente, ahí está su abrazo a autocracias en el Medio Oriente, como Arabia Saudita y Egipto.

Dicho esto, hay algo de ridículo en la pose de sabiduría de quienes (llamémoslos nihilistas pantalleros) reaccionaron al alivio de sanciones y a la entrega de Saab aduciendo que “nadie puede sentirse decepcionado”, considerando que Estados Unidos es igual que los demás países en su desapego a los valores universales. Eso no es cierto. Es un hecho irrefutable que, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, entre las grandes potencias, la que más ha promovido la democracia en el mundo es EE. UU. De forma inconstante y a menudo hipócrita, ciertamente. Pero lo ha hecho.

Como sucede demasiado a menudo, la comprensión de este fenómeno pasa por aceptar sus distintos matices, aunque sea complicado. Simplista, y por eso mediocre, es caer en uno de los extremos del maniqueísmo: romantizar al Tío Sam como un impoluto guerrero servidor de la democracia o como un valedor sempiterno de la opresión de terceros. Nadie se decepciona porque Rusia o China exportan sus moldes autoritarios a otras latitudes, porque nadie espera que se esas potencias se comprometan con la democracia en primer lugar. En cambio, con Washington cabe al menos una posibilidad. Puede darse o puede no darse.

Además de los nihilistas pantalleros, hubo otro grupo de venezolanos que reaccionó a las concesiones de Estados Unidos a Nicolás Maduro y compañía desestimando y desdeñando las protestas de sus compatriotas. Son aquellos que emigraron al país del norte y han hecho del respaldo al gobierno de Joe Biden, o del Partido Demócrata en general, parte de una nueva identidad que coexiste con la vieja, la de ciudadano venezolano. Como es Biden quien tomó las medidas que desencadenaron un torbellino de rechazo por estos lares, salen en su defensa, aduciendo que la prioridad del presidente de Estados Unidos es defender los intereses de Estados Unidos. No los de venezolanos. Y si se tiene en cuenta que en Venezuela había ciudadanos norteamericanos presos, con más razón.

Todo bien hasta ahí. El problema está en decirles a los venezolanos en Venezuela que su molestia es estúpida. Vaya solipsismo burdo. Una falta total de empatía. Desde la relativa comodidad de un café en Coral Gables no puedes decirle a alguien que está atravesando su tercer apagón del día, en Araure, que no tiene razones para sentirse desilusionado por lo que el gobierno de Biden acaba de hacer. Esas personas no tienen ni una oportunidad de ver justicia en su propio país, así que pusieron sus esperanzas en que, tal vez, la de aquellos Estados donde por lo general sí se cumplen las leyes actúe. 

Sospecho que la motivación de aquellos venezolanos es el pánico, por demás razonable, que tiene la mitad de los habitantes de Estados Unidos por un posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Como Biden será el encargado de evitar que tal cosa ocurra, han llegado a un punto en el que se toman cualquier crítica al actual mandatario como impulso a un peligro existencial. No reparan en que prácticamente ningún votante por allá va a decidir por quién sufragar por la política de Washington hacia un país del que más de 90 % de los norteamericanos no sabe nada. Pueden dejar el dramita. Si la reelección de Biden peligra, no es por eso. Matthew Peterson, vecino de Oshkosh, Wisconsin, no va a votar por Trump porque unos tuiteros en San Cristóbal repudian a Biden.

Lo que sí les puedo decir es que si la actual Casa Blanca normaliza relaciones con Miraflores sin que haya un cambio político, probablemente van a tener que pasar por una situación bastante incómoda: hacer campaña por alguien que para millones de sus compatriotas del otro pasaporte no es más que quien eliminó las sanciones a la elite gobernante venezolana, contra quien las instituyó. Como cada quien piensa primero que nada en sus intereses (epa, ¿eso fue lo que hizo Biden liberando a Saab?), a esos venezolanos no les importará que Trump sea un peligro para la democracia en Estados Unidos.

Tal vez nada de eso ocurra. Tal vez sí hay una transición en marcha en Venezuela, pero no podemos verla aún. O tal vez no la haya y eventualmente Washington reanudará la presión. Pero hasta entonces, el pesar de la gente es comprensible.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Defensa de María Corina Machado preocupada por retraso en revisión de recurso interpuesto ante el TSJ

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El abogado explicó que la Sala Político Administrativa del Supremo, donde fue introducido el reclamo, argumentó hoy que no pudo entregar el expediente debido a un fallo eléctrico

 

El abogado Perkins Rocha, defensor de María Corina Machado, expresó este jueves su preocupación por el retraso en la revisión de la inhabilitación de su representada por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Por tercer día consecutivo, Rocha acudió al TSJ para solicitar acceso al expediente de la demanda, al que, según el tribunal, se han agregado documentos por parte de la Contraloría General (CGR), la institución que, en 2015, dictó la inhabilitación contra Machado, que le impide competir por cargos de elección popular hasta 2030.

El tribunal, “en vez de aprobar (la demanda), decidió solicitar antecedentes administrativos a la CGR sobre el caso de Machado, eso nos coloca en una situación, si se quiere, preocupante, porque dilata la obligación que tiene el órgano judicial de resolver el amparo cautelar inmediatamente”, señaló Rocha.

El abogado explicó que la Sala Político Administrativa del Supremo, donde fue introducido el reclamo, argumentó hoy que no pudo entregar el expediente debido a un fallo eléctrico, por lo que ahora la defensa de Machado deberá esperar hasta el próximo martes para acceder a estos documentos.

“La Constitución establece que los amparos constitucionales deben resolverse de manera inmediata (…) y ya estamos en el margen de aceptación posible a esa circunstancia, (…) caeríamos en una zona de peligro porque son más horas continuas, más días continuos que se suman a la no decisión sobre el amparo cautelar”, sostuvo.

Rocha reconoció que no se trata de un planteamiento ordinario, sino “complejo”, por lo que cree que el TSJ ha de estar estudiando “la mejor forma de resolverlo”, un lapso de tiempo que, reiteró, “tiene un límite”.

El 30 de junio de 2023, la Contraloría, cuyo titular era el actual presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, informó sobre la inhabilitación de Machado por 15 años mediante un documento que la candidata presidencial unitaria opositora nunca recibió y en el que la instancia del Estado que controla el oficialismo la vincula con una supuesta trama de corrupción, entre otros señalamientos, sin que exista juicio ni sentencia judicial.

*Con información de EFE

Justicia venezolana sigue siendo la peor valorada en el mundo según Índice World Justice Project 

Entre 142 países evaluados en materia de Estado de derecho, Venezuela volvió a quedar en el último lugar

 

La justicia venezolana se encuentra en el foso, en especial la justicia penal. Así lo refleja el Índice de Estado de derecho elaborado por la organización World Justice Project (WJP), en el cual la labor de los jueces y fiscales fue calificada como la peor del mundo por noveno año consecutivo.

En el reporte que la agrupación internacional elabora anualmente desde 2008 y que fue publicado en octubre de 2023, el país volvió a quedar en el último lugar, de entre los 142 evaluados en materia de Estado de Derecho, al obtener nuevamente una calificación de 0,26 puntos, la misma que consiguió en 2022.

Para elaborar el índice, WJP evaluó la actuación de los jueces y fiscales en los ámbitos penal y civil (este incluye todo lo que no es penal), la capacidad del Poder Judicial en general para fijar límites al Gobierno; la ausencia de corrupción en el país; qué tan abierto y transparente es el Ejecutivo nacional a la hora de tomar sus decisiones; el grado de respeto y disfrute de los derechos fundamentales; la situación del orden y la seguridad interna; y el nivel de cumplimiento del marco legal vigente. Para ello se realizaron 149.000 encuestas a ciudadanos y 3.400 abogados, académicos, juristas y catedráticos de Derecho en los 142 países evaluados.

Ningún cambio en la justicia 

Por tercer año consecutivo, el sistema de administración de justicia penal venezolano obtuvo una puntuación de apenas 0,12 puntos, un dato que revela que las reformas administrativas y legales implementadas por las autoridades no han rendido sus frutos o al menos los ciudadanos no perciben ningún cambio significativo.

Desde 2021, la Asamblea Nacional (AN) ha aprobado leyes como la Ley Orgánica de amparo sobre la Libertad y Seguridad Personal y ha reformado el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y el Código Orgánico de Justicia Militar (COJM). En el mismo período, con la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, redujo el número de magistrados de ese organismo de 32 a 20, y designó funcionarios como el defensor público general. Las medidas buscaban, de acuerdo con las autoridades, combatir el retardo procesal, evitar el uso abusivo de la detención preventiva o el procesamiento de civiles por parte de los juzgados castrenses.

Pese a los cambios, muchas de estas prácticas continúan registrándose, tal y como lo denunció a finales de 2022 la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela (MIIDHV).

Pero no solo los jueces penales fueron reprobados, también los civiles, aunque estos últimos al menos no quedaron de últimos, sino de penúltimos. Ello a pesar de que en comparación con el reporte anterior perdieron una décima y pasaron de 0,27 a 0,26. De acuerdo con el informe de WJP, los jueces civiles de Camboya son los peores del mundo.

En contraposición los fineses, daneses y los singapurenses son quienes gozan de la mejor justicia criminal, mientras que los neerlandeses y noruegos son los que tienen los mejores jueces civiles. En América Latina, entretanto, Uruguay, Costa Rica y Chile comparten los primeros tres lugares en las categorías antes señaladas.

Un dato importante es que todos los países antes mencionados, a excepción de Singapur, son considerados democracias consolidadas o en vías de consolidación.

No hubo progreso

El Poder Judicial no es el único que no registró avances. En materia de lucha contra la corrupción, gobierno abierto o cumplimiento del marco regulatorio, Venezuela tampoco avanzó un ápice.

Son llamativos los resultados referidos a la corrupción; los mismos se han producido el mismo año en que las autoridades lanzaron su última campaña en contra de los delitos que afectan al patrimonio público. A principios de 2023, el Gobierno de Nicolás Maduro y el Ministerio Público realizaron varias operaciones policiales que permitieron la desarticulación de redes que sustraían fondos públicos en Petróleos de Venezuela (PDVSA), en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), en Cartones de Venezuela, en la Superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip), algunas alcaldías y hasta en el Poder Judicial.

Unas 55 personas fueron detenidas, entre ellas el diputado oficialista Hugbel Roa y el expresidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, Cristóbal Cornielles, como informó el fiscal general Tarek William Saab, quien anunció que había una docena de órdenes de captura por ejecutar.

«Hemos logrado imputar desde el año 2016 a 2023 a 21.534 funcionarios. Hemos acusado a 9.398 y logrado condenar a 5.365», denunció Tarek William Saab.

La corrupción fue uno de los temas que salió a relucir en el V Examen sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, celebrado en octubre pasado en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Aunque en general Venezuela sale mal parada, en algunos indicadores del Índice de Estado de derecho se recogen algunos progresos. Así, por ejemplo, en materia de seguridad y orden público. el país subió unos peldaños. Actualmente Venezuela está en el lugar 132 de 142 y en América Latina y el Caribe está en el antepenúltimo lugar, superando a México y Haití. Desde 2016 hasta 2021 Venezuela fue considerado el país más inseguro de la región.

 

Con información de Acceso a la Justicia

 

LEA TAMBIÉN:  En Amazonas reina la impunidad de acuerdo al Observatorio Venezolano de Violencia 

Tres conclusiones del Índice de Economías Ilícitas de Transparencia Venezuela

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Instituciones corruptas, impacto de las megabandas y oro ilícito imperan en el país  

 

La incapacidad del gobierno venezolano para impedir la proliferación de grupos criminales ha causado que cuatro actividades ilícitas representen ingresos equivalentes al 15% de la economía del país, según el Índice de Economías Ilícitas de Transparencia Venezuela. 

El instrumento analizó los factores de la economía que contribuyen a la prevalencia de las nuevas economías criminales durante sus investigaciones desde 2022 hasta mediados de 2023.

El estudio de corte cuantitativo y cualitativo evaluó cuatro categorías: la vulnerabilidad de las instituciones estatales, los agentes criminales, el alcance de las economías criminales en Venezuela y el impacto desestabilizador que esas economías tienen en la sociedad en general. 

El informe sobre la economía fue particularmente condenatorio en su acusación de la debilidad de las instituciones públicas, incluidos el gobierno, las fuerzas de seguridad y el sistema judicial, al permitir el crecimiento del crimen organizado.

Además, midió el impacto de los grupos criminales y comparó la importancia de las economías criminales de Venezuela. Entre ellas, el tráfico de personas, el narcotráfico, el contrabando de combustible, la extorsión, la corrupción en puertos y aeropuertos y el mercado ilícito de oro.

A continuación, InSight Crime presenta algunas de las principales conclusiones del informe

Corrupción en la economía permea instituciones venezolanas en todos los niveles

El índice denunció el fracaso de las instituciones estatales en la lucha contra el crimen organizado, afirmando que ninguna de las políticas o acciones del gobierno ha tenido impacto alguno en la lucha contra las redes que controlan las economías criminales.

Los niveles de corrupción entre los funcionarios del Estado, la transparencia en la publicación de información sobre asuntos criminales, la cooperación internacional, el sistema de justicia del país y sus fuerzas de seguridad recibieron las peores puntuaciones posibles en el índice. Según el informe, esto indica que contribuyen significativamente a la continuidad de las economías criminales del país.

El informe subrayó la incapacidad de las operaciones de las fuerzas de seguridad para incidir de manera eficaz en las economías criminales. Los investigadores destacaron la Operación Relámpago del Catatumbo, que entre 2022 y 2023 tuvo como objetivo expulsar a los grupos armados que ocupan territorio en el estado de Zulia, cerca de la frontera con Colombia, donde controlan las rutas del narcotráfico. Aunque esta operación ha dado lugar a múltiples incautaciones importantes de cocaína, se han producido pocas detenciones o enfrentamientos que sugieran que los grupos a los que supuestamente iba dirigida se han debilitado.

En algunos casos, las “megaoperaciones” diseñadas para combatir a los grupos criminales han originado una expansión de los mismos delitos. Por ejemplo, residentes del estado de Guárico se quejaron de que las fuerzas de seguridad empezaron a extorsionarlos durante la Operación Trueno, cuyo objetivo era acabar con las bandas de extorsionadores de la zona en 2022.

Las alianzas entre redes criminales y personas que ocupan cargos en instituciones estatales han creado incluso economías híbridas, como el tráfico de chatarra o el contrabando de combustible, en las que negocios legales e ilegales se solapan.

Impacto de las megabandas es mayor que el de las guerrillas

El informe divide a la miríada de actores criminales de Venezuela en tres subgrupos. Las “organizaciones criminales” incluyen las bandas más grandes del país, como el Tren de Aragua. Los “grupos guerrilleros”, integrados por dos organizaciones de origen colombiano, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las ex-FARC mafia. Por último, las figuras como abogados y banqueros que permiten operar a esos grupos, son referenciadas como “facilitadores”.

Aunque tanto las organizaciones criminales como los grupos guerrilleros obtuvieron la misma clasificación en términos de liderazgo definido, conexión con el Estado y uso de la violencia, Transparencia Venezuela consideró que las primeras eran una amenaza más importante debido al mayor control territorial que poseen.

Oro ilícito reina

El contrabando de minerales, el narcotráfico, la corrupción en puertos y aeropuertos y el contrabando de combustible sumaron 9.400 millones de dólares en 2022, lo que equivale a más del 15% del Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela, según el informe de Transparencia Venezuela. 

Aunque es difícil hacer estimaciones fiables sobre las economías criminales, los investigadores calcularon la cifra basándose en factores como la producción total estimada de oro, las incautaciones de drogas, los precios y la producción de combustible, y encuestas relacionadas con la extorsión.

El índice clasificó el negocio ilícito del oro como la economía ilícita más importante, por delante del narcotráfico, el contrabando de combustible, el tráfico de personas y la extorsión.

A pesar de que los altos precios internacionales del oro impulsaron la minería informal en Venezuela y en el extranjero, el informe estimó que el narcotráfico generó casi tres veces más ingresos que el negocio ilícito del oro en 2022. Sin embargo, la ONG clasificó al oro ilícito como la economía ilegal más importante de Venezuela sobre la base de la cantidad de personas que involucra, ya sea directamente o a través de actividades asociadas como el contrabando de mercurio.

El gobierno ha lanzado operaciones a gran escala contra la minería, y las fuerzas de seguridad han evacuado a miles de mineros del Parque Nacional Yapacana. Pero no parece que estas operaciones hayan logrado desarticular a los grupos criminales que controlan el negocio. Dado que los elementos corruptos del Estado siguen beneficiándose de la minería informal, estas operaciones pueden servir para garantizarles una parte más favorable de esos beneficios, en lugar de erradicar la práctica.

 

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