Justicia venezolana sigue siendo la peor valorada en el mundo según Índice World Justice Project
Entre 142 países evaluados en materia de Estado de derecho, Venezuela volvió a quedar en el último lugar
La justicia venezolana se encuentra en el foso, en especial la justicia penal. Así lo refleja el Índice de Estado de derecho elaborado por la organización World Justice Project (WJP), en el cual la labor de los jueces y fiscales fue calificada como la peor del mundo por noveno año consecutivo.
En el reporte que la agrupación internacional elabora anualmente desde 2008 y que fue publicado en octubre de 2023, el país volvió a quedar en el último lugar, de entre los 142 evaluados en materia de Estado de Derecho, al obtener nuevamente una calificación de 0,26 puntos, la misma que consiguió en 2022.
Para elaborar el índice, WJP evaluó la actuación de los jueces y fiscales en los ámbitos penal y civil (este incluye todo lo que no es penal), la capacidad del Poder Judicial en general para fijar límites al Gobierno; la ausencia de corrupción en el país; qué tan abierto y transparente es el Ejecutivo nacional a la hora de tomar sus decisiones; el grado de respeto y disfrute de los derechos fundamentales; la situación del orden y la seguridad interna; y el nivel de cumplimiento del marco legal vigente. Para ello se realizaron 149.000 encuestas a ciudadanos y 3.400 abogados, académicos, juristas y catedráticos de Derecho en los 142 países evaluados.
Ningún cambio en la justicia
Por tercer año consecutivo, el sistema de administración de justicia penal venezolano obtuvo una puntuación de apenas 0,12 puntos, un dato que revela que las reformas administrativas y legales implementadas por las autoridades no han rendido sus frutos o al menos los ciudadanos no perciben ningún cambio significativo.
Desde 2021, la Asamblea Nacional (AN) ha aprobado leyes como la Ley Orgánica de amparo sobre la Libertad y Seguridad Personal y ha reformado el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y el Código Orgánico de Justicia Militar (COJM). En el mismo período, con la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, redujo el número de magistrados de ese organismo de 32 a 20, y designó funcionarios como el defensor público general. Las medidas buscaban, de acuerdo con las autoridades, combatir el retardo procesal, evitar el uso abusivo de la detención preventiva o el procesamiento de civiles por parte de los juzgados castrenses.
Pese a los cambios, muchas de estas prácticas continúan registrándose, tal y como lo denunció a finales de 2022 la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela (MIIDHV).
Pero no solo los jueces penales fueron reprobados, también los civiles, aunque estos últimos al menos no quedaron de últimos, sino de penúltimos. Ello a pesar de que en comparación con el reporte anterior perdieron una décima y pasaron de 0,27 a 0,26. De acuerdo con el informe de WJP, los jueces civiles de Camboya son los peores del mundo.
En contraposición los fineses, daneses y los singapurenses son quienes gozan de la mejor justicia criminal, mientras que los neerlandeses y noruegos son los que tienen los mejores jueces civiles. En América Latina, entretanto, Uruguay, Costa Rica y Chile comparten los primeros tres lugares en las categorías antes señaladas.
Un dato importante es que todos los países antes mencionados, a excepción de Singapur, son considerados democracias consolidadas o en vías de consolidación.
No hubo progreso
El Poder Judicial no es el único que no registró avances. En materia de lucha contra la corrupción, gobierno abierto o cumplimiento del marco regulatorio, Venezuela tampoco avanzó un ápice.
Son llamativos los resultados referidos a la corrupción; los mismos se han producido el mismo año en que las autoridades lanzaron su última campaña en contra de los delitos que afectan al patrimonio público. A principios de 2023, el Gobierno de Nicolás Maduro y el Ministerio Público realizaron varias operaciones policiales que permitieron la desarticulación de redes que sustraían fondos públicos en Petróleos de Venezuela (PDVSA), en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), en Cartones de Venezuela, en la Superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip), algunas alcaldías y hasta en el Poder Judicial.
Unas 55 personas fueron detenidas, entre ellas el diputado oficialista Hugbel Roa y el expresidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, Cristóbal Cornielles, como informó el fiscal general Tarek William Saab, quien anunció que había una docena de órdenes de captura por ejecutar.
«Hemos logrado imputar desde el año 2016 a 2023 a 21.534 funcionarios. Hemos acusado a 9.398 y logrado condenar a 5.365», denunció Tarek William Saab.
La corrupción fue uno de los temas que salió a relucir en el V Examen sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, celebrado en octubre pasado en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Aunque en general Venezuela sale mal parada, en algunos indicadores del Índice de Estado de derecho se recogen algunos progresos. Así, por ejemplo, en materia de seguridad y orden público. el país subió unos peldaños. Actualmente Venezuela está en el lugar 132 de 142 y en América Latina y el Caribe está en el antepenúltimo lugar, superando a México y Haití. Desde 2016 hasta 2021 Venezuela fue considerado el país más inseguro de la región.
Con información de Acceso a la Justicia
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