Inicio Blog Página 1043

Fedecámaras pide a la AN oficialista que presidenciales respeten acuerdos de Barbados

0
Adán Celis también resaltó que las elecciones son «una ventana de expresión, a través de la cual es posible crear confianza, fomentar la reinstitucionalización del país y consolidar las bases para el crecimiento económico»

El presidente de Fedecámaras, Adán Celis, solicitó este martes 6 de febrero a la Asamblea Nacional (AN) chavista que las elecciones presidenciales se realicen «respetando lo suscrito en los Acuerdos de Barbados».

«La economía requiere de institucionalidad para desarrollarse. Es preciso que estos se realicen respetando lo suscrito en los Acuerdos de Barbados», dijo Celis durante una reunión con diputados de la AN chavista que elaboran una propuesta de «calendario electoral».

El acuerdo de Barbados estipula que presidenciales venezolanas se hagan el segundo semestre de 2024, así como una serie de garantías que incluyen la actualización del Registro Electoral dentro y fuera del país, observación internacional y las auditorías previstas en las leyes, entre otros puntos.

El sábado 27 de enero, Gerardo Blyde comentó que ese cronograma debe ser discutido directamente con la Plataforma Unitaria.

Además de Fedecámaras, en la reunión de la AN oficialista también participaron representantes de Fedeindustria, Consecomercio, además de trabajadores de centrales ligadas al oficialismo.

«Los empresarios tenemos un rol importante que desempeñar en el futuro de Venezuela, por lo que debemos participar en aquellas instancias en las cuales se nos solicite nuestra opinión como ciudadanos, bajo un marco de respeto y reconocimiento como actores fundamentales en la dinámica económica y social del país», puntualizó Celis.

Celis también resaltó que las elecciones son «una ventana de expresión, a través de la cual es posible crear confianza, fomentar la reinstitucionalización del país y consolidar las bases para el crecimiento económico».

Recordó que corresponde al CNE organizar este proceso, y mencionó que no debe faltar la observación internacional, la revisión y actualización del Registro Electoral, así como la auditoría pre y post electoral.

https://twitter.com/adancelism/status/1754960070033412134

¿EEUU se acerca a Petro para que medie?

Estados Unidos y Colombia coincidieron este lunes, 5 de febrero, en que los acuerdos de Barbados, firmados por el gobierno y la oposición venezolana, deben respetarse. 

El presidente Gustavo Petro y el Asesor Principal Adjunto de Seguridad Nacional, Jon Finer, se reunieron en Bogotá para discutir a profundidad la situación en Venezuela y reafirmar la importancia de implementar todos los elementos del Acuerdo de Barbados.

En días previos, la organización Human Rights Watch (HRW) pidió a Gustavo Petro que interceda ante Nicolás Maduro para revocar la inhabilitación política de María Corina Machado.

Instan a Corte IDH a sentenciar violación a derechos políticos en presidenciales de 2013

0
En la audiencia pública del caso Capriles vs Venezuela, celebrada en la corte IDH el #7Feb, se instó a sentenciar que el
Estado venezolano violó derechos políticos, a garantías y protección judicial y a la libertad de expresión en presidenciales de 2013
Henrique Capriles estuvo representado en la audiencia en la Corte IDH por el abogado Ramón José Medina. El gobierno de Maduro no envió a ningún representante

 

En la audiencia pública del caso Henrique Capriles vs Venezuela, celebrada en la corte IDH el pasado 7 de febrero, se analizó la demanda contra el Estado de Venezuela por violaciones a los derechos políticos del excandidato presidencial, Henrique Capriles durante el proceso comicial extraordinario de abril de 2013, cuando se convocaron presidenciales por el fallecimiento de Hugo Chávez.

El propósito de la audiencia, como lo explicó el secretario de la Corte IDH, Pablo Saavedra, fue “escuchar los alegatos finales del representante de la presunta víctima, así como las observaciones finales de la Comisión Interamericana sobre la excepción preliminar y las eventuales reparaciones del caso”.

La representación de la Comisión Interamericana estuvo conformada por Erick Acuña Pereda Y Daniela Saavedra, ambos abogados asesores. Mientras que Henrique Capriles estuvo representado por el abogado Ramón José Medina, exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. 

Los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instaron a la Corte IDH A sentenciar que el Estado venezolano violó derechos políticos, a garantías y protección judicial y a la libertad de expresión en las elecciones presidenciales de 2013. Además, el representante de Capriles denunció que en el país es una constante desde 1999 la “falta, falla y evasiones de las disposiciones legales en los procesos electorales”.

Gobierno de Maduro, cuestionado y ausente

Al inicio de la audiencia, la jueza de la Corte IDH, Nancy Hernández López, destacó que el gobierno no envió a sus representantes: “El Estado de Venezuela no acreditó a gente que los represente en esta audiencia”

Erick Acuña Pereda, especialista en Derechos Humanos en la sección de casos de la CIDH, lamentó la no comparecencia del Estado venezolano en esta audiencia y recordó que la participación activa de los Estados “permite que este tribunal realice un mejor escrutinio de los argumentos materia del proceso”.

Acto seguido, Acuña Pereda comentó que la Comisión Interamericana, a través de sus diversos mecanismos de monitoreo, ha documentado y constatado “el serio deterioro de la situación político electoral en Venezuela”. Como muestra de lo dicho antes, agregó que han identificado a lo largo de todos estos años represalias contra opositores, obstáculos y falta de independencia del órgano electoral.

https://twitter.com/CIDH/status/1755252724499636498

En concreto, y sobre el proceso electoral de 2013, recordaron que el 9 de marzo de 2013 el CNE convocó a elecciones presidenciales que se celebraron el 14 de abril del mismo año. El CNE proclamó como ganador a Nicolás Maduro con 50,61% frente al 49,12% de Henrique Capriles.

El representante de la CIDH recordó que Capriles solicitó la realización de una auditoría completa de los votos alegando múltiples irregularidades en el proceso, lo cual le negaron, así como también desestimaron otros recursos que el dirigente político intentó ante el Tribunal Supremo de Justicia

“En su informe de admisibilidad y fondo, la Comisión determinó la responsabilidad internacional del Estado venezolano por la violación de derechos políticos de Capriles, por las múltiples acciones del Estado destinadas a evitar que participara en el proceso electoral en condiciones de igualdad y sin ninguna
desventaja ilegítima”, recalcó Acuña Pereda.

Entre las irregularidades detectadas por la CIDH en las presidenciales de 2013 se identificó, en voz de Acuña Pereda, “el uso de recursos públicos para apoyar la campaña del candidato del PSUV, Nicolás Maduro, que era entonces presidente encargado. Se evidenció igualmente el uso de bienes públicos con propósitos proselitistas, la participación directa de funcionarios públicos en campaña electoral, el manejo
desproporcionado de medios de comunicación del Estado a favor del PSUV, la presencia de militantes con identificación del PSUV en los centros de votación y la represión contra grupos opositores, entre otras irregularidades y omisiones”.

La comisión también determinó la responsabilidad de Venezuela en la violación de derechos a las garantías judiciales y protección judicial de Capriles. En ese sentido, enfatizaron que los recursos presentados por la víctima “no resultaron adecuados ni efectivos para remediar las violaciones descritas” y consideraron también que la decisión de la Sala Constitucional del TSJ de “abocarse de oficio y rechazar sin motivación todas las causas del proceso electoral no fue adecuadamente justificada, en desmedro del principio de imparcialidad”.

Asimismo, denunciaron que las recusaciones formuladas contra la presidenta y miembros de la Sala Constitucional en el marco de estos recursos fueron declaradas inadmisibles por la propia autoridad judicial involucrada “sin considerar un análisis de los temores legítimos por la imparcialidad”.

La CIDH también determinó que el Estado vulneró la libertad de expresión de Capriles, tras comentar que se le impuso una multa por supuestamente ofender al Poder Judicial

El abogado de la CIDH reveló que este informe de admisibilidad y fondo sobre el caso fue consignado ante el Estado venezolano el 28 de enero de 2022, y le otorgaron dos meses para el cumplimiento de las recomendaciones.

“Sin embargo, el Estado no informó sobre medidas adoptadas para el cumplimiento de estas recomendaciones ni pidió prórroga. En vista de ello y ante la necesidad de justicia y reparación para la víctima, la comisión presentó este caso ante la corte”, precisó. 

 

Daniela Saavedra, abogada de la Sección de Casos de la CIDH, destacó que el Estado venezolano debe adoptar medidas reales que garanticen el ejercicio de los derechos políticos de sus ciudadanos. 

“La suma de todos los elementos señalados permiten concluir que tanto las omisiones como las acciones deliberadas del Estado venezolano constituyeron una afectación al derecho a tener acceso, en  condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país en el marco de comicios electorales de 2013 en perjuicio de Henrique Capriles. La comisión solicita a la Corte que declare al Estado responsable por la violación del derecho establecido en el artículo 23 de la Convención Americana”.

Este artículo se refiere a los derechos políticos de los que deben gozar todos los ciudadanos,  “de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Los abogados de la comisión interamericana también pidieron a la Corte IDH sentenciar la responsabilidad del Estado venezolano por la violación a derechos a garantías judiciales, protección judicial y derecho a la libertad de expresión de Capriles. También, exhortaron a que se apliquen medidas de indemnización y reparación al excandidato presidencial.

Respecto a la garantía de no repetición, la CIDH insistió en el que el Estado venezolano debe adoptar medidas que garanticen “la igualdad de candidaturas, salvaguardando la obtención de ventajas indebidas por el uso de recursos y bienes públicos” y recordaron a la Corte IDH que cualquier sentencia que emitan sobre el caso será “sumamente importante” en el marco del debilitamiento democrático en Venezuela para asegurar “un necesario proceso de reconfiguración de la institucionalidad y que los procesos electorales se desarrollen garantizando la igualdad de todos los candidatos, así como la relevancia del desarrollo de elecciones auténticas y libres”.

Piden señalamiento preciso contra el Estado

El abogado Ramón José Medina, exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática y en representación de Capriles, destacó al inició de su intervención que esperan que no solo queden en evidencia las violaciones a derechos políticos en el proceso electoral de 2013, sino que también “una normativa que dependa de una decisión de la corte pueda ser introducida en Venezuela de nuevo como un requisito fundamental para aplicación de las leyes en competencia electoral”.

Al mismo tiempo, recordó que en Venezuela desde 1999 se han vivido “serios conflictos con la aplicación de normas constitucionales”. 

“La intención del gobierno ha sido conculcar las instituciones, que han sido tomadas por representantes del partido del gobierno. Tanto en el TSJ como el CNE, o el Poder Moral, sus funcionarios son personeros abiertamente afectos al gobierno o han sido funcionarios o miembros activos del partido del gobierno, lo que evita la aplicación racional de la legislación venezolana y hace que el Estado de Derecho no exista en el país”, denunció. 

Respecto al 2013, recordó que la postulación de Maduro fue inconstitucional, porque ejercía doble cargo como presidente encargado tras la muerte de Chávez y también como vicepresidente de la República. “Él no podía ser postulado para las elecciones, pero el TSJ se valió de un artilugio, y utilizó un argumento de que no se había juramentado como lo ordena la Constitución porque había continuidad administrativa y no lo ameritaba, lo que trajo como consecuencia la convocatoria atropellada de elecciones siendo el propio Maduro el candidato a la presidencia”.

Destacó que también que el triunfo de Maduro fue proclamado pese a las “múltiples irregularidades” del proceso que denunciaron oportunamente y que enlistó: acortamiento del lapso de campaña, presencia excesiva del gobierno en medios públicos y privados, padrón electoral desactualizado, cierre de fronteras con cinco días de anticipación a la elección, voto asistido que violó el principio del voto secreto, propaganda electoral oficialista en centro de votación con presencia de  partidarios de gobierno, uso de recursos públicos para impulsar candidatura oficialista, abocamiento de oficio de la Sala Constitucional para conocer los recursos que había admitido la Sala Electoral cuando se presentaron, vinculación política de rectores del CNE con el gobierno (cuatro provenían de cargos públicos en el gobierno), desproporción en la multa a Capriles y violación al derecho a garantías judiciales de Capriles, entre otras.

Medina lamentó el retraso en las decisiones tanto de la comisión como de la corte por las limitaciones que tienen y que entienden “perfectamente”. No obstante, destacó que es vital que haya un “señalamiento preciso de la falta, falla y evasiones de las disposiciones legales en los procesos electorales de Venezuela, que ha sido una constante desde 1999 hasta acá”. 

“Queremos que queden por sentado esas fallas en las que se incurrió, más la aplicación de la normativa que garantice elecciones libres, justas y democráticas en el país”, acotó Medina. 

Espacio Público: El Estado se mantiene como principal agresor de la libertad de expresión en Venezuela

0
En noviembre de 2023, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) afirmó que en Venezuela, “igual que por muchos años”, se mantiene el “constante y sistemático régimen de censura”

La organización no gubernamental Espacio Público reportó que en enero de 2024 se registraron 24 violaciones al derecho a la libertad de expresión en el país, siendo el Estado el principal agresor.

De acuerdo con el reporte de la ONG, el total de casos representa una disminución del 29,4 % en comparación con el mismo mes del año pasado, cuando se computaron 34, según datos difundidos este miércoles, 7 de febrero.

En una nota de prensa, la organización precisó que la mayoría de las violaciones documentadas fueron “actos de censura, intimidación y ataques a periodistas, medios de comunicación, activistas y organizaciones de la sociedad civil”.

Aseguró que el Estado “se mantiene como el principal victimario y agresor a la libre expresión en el país”, al señalar a instituciones, cuerpos de seguridad y funcionarios, además de “simpatizantes del oficialismo”, entre los responsables de estas violaciones.

En su reporte, Espacio Público incluyó el caso de dos periodistas a los que funcionarios de una empresa estatal “obligaron a borrar el material fotográfico y audiovisual” que habían tomado en una actividad de la compañía, y el de otro comunicador y activista social de Caracas que fue víctima de “intimidación y acoso” a través de redes sociales por parte de “simpatizantes del oficialismo”.

En noviembre de 2023, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) afirmó que en Venezuela, “igual que por muchos años”, se mantiene el “constante y sistemático régimen de censura” que “genera autocensura entre los medios” independientes.

Según dijo entonces la SIP, en el país “al menos dos emisoras salen del aire cada mes” por orden del ente regulador del Estado, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), a cuyo “criterio discrecional” están sujetos medios televisivos y radiales.

De acuerdo con datos preliminares de Espacio Público suministrados en enero a EFE, el año pasado se registraron 383 violaciones a la libertad de expresión, una disminución del 17,4 % respecto a 2022, cuando se computaron 464.

*Con información de EFE

La matricula escolar disminuyó 10 % en Venezuela por la diáspora

0
 Romeo indicó que actualmente los padres y representantes hacen un esfuerzo para mantener a sus hijos en los colegios.  Sin embargo, el tema de los pagos no es la única dificultad para la educación, debido a que factores como la deficiencia en los servicios públicos afectan el rendimiento de los planteles y quienes hacen vida en ellos.

Foto: EFE 

En al menos 10% ha disminuido la matrícula escolar como consecuencia de la migración en Venezuela, así lo afirmó Fausto Romeo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas (Andiep) en una entrevista con José “Cheo” Noguera para “En Este País Radio”.

La cifra se conoció en un estudio realizado en  2023. El número más preocupante se presentó en el estado Nueva Esparta, donde el déficit y disminución es del 30%. “Muchos de estos padres y representantes prefieren mudarse a hacia algunas ciudades de tierra firme y eso afecta a los estudiantes”, explicó Romeo. 

Respecto al pago de los docentes en el sector privado, reveló que están devengando entre “180 y 250 dólares, incluyendo bonos, tickets de alimentación y todo lo que llaman trabajo integral”. Por otra parte, hay unos colegios muy reducidos que están pagando entre 400 y hasta 500 dólares mensuales. 

El presidente de Andiep agregó que “la Ley Orgánica del Trabajo hay que modificarla”, y que si se quiere pagar buenos sueldos, debe haber un incremento en el precio de la escolaridad.

Destacó que los padres que tienen que pagar entre sesenta y doscientos dólares por una mensualidad “están haciendo un gran sacrificio”. Advirtió que al día de hoy se está llegando a un 30% de morosidad, lo cual impide pagar en muchos casos los servicios de los colegios y a los trabajadores.

Los servicios públicos, otro dolor de cabeza

Sin embargo, el tema de los pagos no es lo único que afecta a colegios y docentes, pues la baja calidad de los servicios públicos también es un problema. En los centros educativos privados hay deficiencias, como en todos los niveles, y a pesar de elevarse los pagos en algunos servicios, aún no hay mejoría.

“La calidad no se mide únicamente por la infraestructura y un buen sueldo que tiene que tener un trabajador sino que también cómo te afecta el tema de los servicios, todo lo que tiene que ver en tu contexto, en tu alrededor, por ejemplo, la recolección de la basura”, explicó Romeo.

En los colegios de Caracas, mencionó Romeo, los colegios deben esperar de tres a cuatro días para la recolección de basura. En el caso de los que tienen contenedores cerca deben “pagarle a un particular” para que se lleve la basura. 

Regreso de las sanciones amenaza la caja de Maduro

0
De retornar las sanciones la administración de Nicolás Maduro tendrá menos caja y persistiría el escenario de estabilización en el foso con un crecimiento mínimo tras la debacle del PIB entre 2014-2021

Víctor Salmerón

Aunque la bola de cristal sufrió un duro revés en 2023 y la economía estuvo muy lejos de crecer como se esperaba -al contrario las cifras disponibles apuntan a una contracción- las expectativas para este año eran muy elevadas sobre la base de la flexibilización de las sanciones, pero todo cambió.

Ante la negativa de Nicolás Maduro de permitir unas elecciones presidenciales competitivas, donde la oposición participe con maría Corina Machado, la candidata escogida en sus primarias, voceros de Estados Unidos han señalado que Washington contempla imponer nuevamente las sanciones al petróleo a partir del próximo 18 de abril.

Maduro argumenta que Machado está inhabilitada a través de un procedimiento que la oposición y Estados Unidos consideran fraudulento. En este entorno el riesgo del regreso de las sanciones es elevado.

El retorno de las sanciones pondría en marcha una cadena donde un menor ingreso del gobierno se traduce en menos gasto público y en menos divisas para mantener estable el tipo de cambio, con lo que el consumo perdería estímulo y la economía, ya bastante débil y enana, tendría menos combustible.

La caja

El principal impacto de la flexibilización de las sanciones, vigente desde octubre de 2023, es que la administración de Nicolás Maduro puede vender petróleo a precios de mercado y no a través de intermediarios que aplican un descuento de entre 30% y 50%.

Gracias a esta facilidad en el último trimestre Venezuela comenzó a exportar petróleo a Estados Unidos e India a precios de mercado. Si retornan las sanciones lo previsible es que esta ventana se cierre nuevamente y el gobierno de Nicolás Maduro reciba menos ingresos.

Síntesis Financiera calcula que entre abril y diciembre de este año, en el escenario de que retornan las sanciones, la administración de Nicolás Maduro dejaría de recibir 2 mil 300 millones de dólares, una cifra que estaría en torno a 2% del PIB.

Expectativas limitadas

La mayoría de las consultoras y entidades financieras previó a principios de año que la economía saldrá este año del clima recesivo que la envolvió en 2023 gracias a que el mayor gasto del gobierno, en remuneraciones y transferencias, en un año de elecciones, impulsará el consumo.

Este escenario seguiría vigente aun de concretarse la aplicación severa de las sanciones, pero con menor intensidad. Ecoanalítica, por ejemplo, contempla 10% de crecimiento de mantenerse la flexibilización de las sanciones y 4% si se aplican nuevamente a partir de abril.

El problema es que la economía venezolana perdió tres cuartas partes de su tamaño entre 2014-2021, por lo tanto, se trataría de un crecimiento de 4% respecto a una base muy baja, concentrado en pocos sectores y focalizado en las principales ciudades del país.

Un factor a tomar en cuenta es que un gobierno con menos caja en dólares tendrá más inconvenientes para mantener la estabilidad del tipo de cambio, la medida que desde el segundo semestre de 2023 le ha permitido generar una señal de estabilidad y desacelerar la inflación.

Tras años de una inflación meteórica y devaluación constante, los venezolanos han perdido la fe en la moneda, por tanto, la inyección de bolívares a la economía a través del gasto del gobierno rápidamente se traduce en demanda de dólares.

Para mantener la estabilidad de tipo de cambio el Banco Central vende semanalmente alrededor de 80 millones de dólares, en un entorno de menos ingresos de divisas por el impacto de las sanciones, habrá menos holgura para mantener este flujo.

La campaña

Aunque no contempla ir a unas elecciones competitivas, Maduro necesita aumentar su aprobación y mejorar el paupérrimo ingreso de los trabajadores públicos, pensionados y jubilados.

La estrategia para comenzar a mejorar el ingreso de los trabajadores públicos es aumentar el monto de bonos que están indexados al tipo de cambio oficial. Por tratarse de bonos y no ser parte del salario no tienen impacto en el cálculo de vacaciones, prestaciones sociales y demás beneficios.

Síntesis Financiera afirma que “así moderará los saltos en el gasto público, el tipo de cambio y la inflación en los meses en los cuales se pagan beneficios laborales vinculados al salario”.

A partir del primero de febrero el ingreso que obtienen los trabajadores públicos, por el “bono de guerra económica” más el bono de alimentación aumentó desde el equivalente a 70 dólares hasta 100 dólares, un alza de 42,8%.

Nicolás Maduro dejó en claro que solo es el comienzo: “A buen entendedor pocas palabras, empezandito el año esto es un primer empuje”.

Los pensionados y jubilados recibieron un aumento más modesto pero todo apunta a que en lo que resta de año obtendrán nuevos incrementos.

Fuentes del Banco Central explican que si bien el retorno de las sanciones tendría un impacto en la caja, el gobierno acumuló recursos previendo ese escenario y tiene dinero para realizar al menos otro aumento en el monto de los bonos antes de que se realicen las elecciones presidenciales.

Además, habrá más presión para recaudar impuestos. La semana pasada Nicolás Maduro anunció que “se acabaron las exoneraciones tributarias. Y el que no paga completo los tributos vamos por él. A pagar cien por ciento de los tributos para poder impulsar los tributos internos que es el fortalecimiento del nuevo modelo”.

Los jóvenes también están en el foco de la campaña y principalmente se buscará que los que tengan planes para concretar emprendimientos reciban créditos a través del nuevo programa Gran Misión Venezuela Joven.

“Quinientos mil jóvenes con su crédito como meta de este primer semestre de arranque. Atención emprendedores jóvenes. Atención. Vamos por ustedes pues” dijo Maduro.

Agregó que “hay un plan de billetera digital de crédito y financiamiento para los jóvenes que van a quedar locos”.

 

A ras de piso

El limitado impulso al consumo del gasto público se traduciría en un crecimiento bajo para una economía que se hizo enana y que de acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas cayó 1,2% en 2023.

“La no recuperación del poder de compra del ingreso de los hogares, subyace a la raíz de este mediocre desempeño económico”, dice el Observatorio.

El regreso de las sanciones y un nuevo período de un gobierno no reconocido, desde una mirada más amplia, implicaría un retroceso en el objetivo de que Venezuela salga de la estabilización en el foso.

El país necesita inversión a gran escala para recuperar el suministro de energía y combustible, dos variables sin las que no es posible plantearse un crecimiento sostenido de la economía. Además es vital recuperar el acceso al financiamiento externo y reestructurar la deuda externa.

El retorno de las sanciones y unas elecciones no creíbles alejarían nuevamente la posibilidad de alcanzar estos objetivos e iniciar una recuperación en serio de la economía venezolana.

 

Tras un cuarto de siglo, el deslave del sistema de relaciones de trabajo

0
Hoy a un cuarto de siglo del desmadre laboral propiciado por el régimen chavista, el sistema de relaciones de trabajo ha derivado en la ruina

 

@froilanbarriosf

Desde todos los espacios de la vida ciudadana se han multiplicado los balances políticos, económicos y sociales del mandato chavista durante 25 años en el poder. Siendo por tanto oportuno arrimar la leña al fuego del escrutinio sobre lo sucedido en el campo de las relaciones de trabajo, como tema sensible para un régimen que se ha jactado de calificarse a lo largo del siglo XXI como el “defensor de la clase obrera”.

Orientación anunciada en los prolegómenos del inicio de gestión en 1999, cuya deriva se expresó en el articulado laboral del 87 al 97 elaborado en el seno de la asamblea constituyente, anunciada como una de las más avanzadas del continente, como cumplimiento de promesas planteadas en 1998 por el entonces candidato Hugo Chávez. Este propuso la defensa de las prestaciones sociales, la seguridad social y las condiciones de trabajo, entre otras reivindicaciones políticas y sociales jamás cumplidas por el régimen.

Un régimen antilaboral desde el principio

Pronto las verdaderas intenciones gubernamentales serían develadas y, más temprano que tarde, la realidad descartaría con creces el texto constitucional, convirtiendo en ficción y decepción para los trabajadores las esperanzas de redención laboral anunciadas por el autoritario presidente y su tropa de incondicionales. 

El régimen manifestó el rechazo del régimen a las movilizaciones sindicales de 2001. La negociación colectiva en el sector público fue calificada como excusa de acciones conspiradoras por ser provenientes del “sindicalismo corrupto cetevista”. Así, se generó el caldo de cultivo para un escenario de confrontación, que tuvo su desenlace explosivo en los paros nacionales de abril y diciembre 2002.

De allí en adelante, la estrategia gubernamental se centró en la desactivación y fractura del movimiento sindical, mediante el paralelismo sindical y la utilización de las estructuras del Estado para fortalecer un sindicalismo oficialista dócil a las políticas laborales gubernamentales.

En diferentes eventos, Chávez mostró su visión de las relaciones de trabajo al manifestarle a sindicalistas del Metro y de la CVG que prefería darles la plata a las misiones que firmar contratos colectivos para enriquecer a los sindicatos. Así también en reuniones del Ministerio del Trabajo (2009) se consideraba que los convenios colectivos reproducían los valores burgueses en la conciencia de los trabajadores.

Toda esta ideologización de las relaciones laborales conllevó a la conformación de una doctrina política que destruyó el sistema de relaciones de trabajo. Se desconoció la autonomía sindical y se impuso la degradación de la contratación colectiva, la persecución y encarcelamiento de la dirigencia sindical conductora de conflictos.

Datos del desmontaje de las relaciones de trabajo

Podemos resumir que la concreción de esta operación antilaboral del régimen se expresa en:

  1. La proliferación de un código del terror mediante leyes que penalizan y judicializan la protesta sindical: Código Procesal Penal, de defensa y seguridad nacional, código militar, entre otros.
  2. La imposición del Decreto Ley Orgánica del Trabajo impregnada del “odio de clases”.
  3. La promoción de sindicatos paralelos oficiales con la denominación de “revolucionarios, socialistas y bolivarianos”.
  4. La imposición de modelos de gestión y figuras laborales antisindicales, como Consejos Revolucionarios de Trabajadores (CRT), Milicias Obreras, Control Obrero, Cogestión Revolucionaria.
  5. Se impulsó la precarización laboral a partir de la implantación de falsas cooperativas en el caso de PDVSA, CVG, alcaldías, gobernaciones y programas de trabajo precarios, como el Chamba Juvenil.
  6. La suspensión indefinida de la convención colectiva bajo la resolución 2792 y la degradación de su contenido al incluir cláusulas de integración a milicias obreras, sustitución de sistemas de salud por misiones sociales, obligatoriedad del trabajo voluntario y el desconocimiento arbitrario del tabulador salarial y primas con el instructivo ONAPRE.
  7. Las ilegales expropiaciones salvajes al sector privado que determinaron la pérdida de cientos de miles de empleos sin reconocimiento de derechos laborales.
  8. Imposición unilateral del salario mínimo y su sustitución bajo el concepto de Ingreso.

Todas estas tropelías, entre otras cometidas en estos 25 años, despertaron las alarmas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo que ha enviado durante este tiempo una romería de decenas de misiones de consulta, contacto directo, alto nivel, hasta el extremo de decidir finalmente enviar la Comisión de Encuesta desde 2019.

Esta ha propiciado desde 2022 hasta el presente 2024 cuatro reuniones en el marco del Foro Social, cuyos resultados hasta el presente han sido más declarativos que concretos para el restablecimiento del diálogo social y sus efectos en torno a la aplicación de los convenios 26, 87 y 144.

Hoy a un cuarto de siglo de este desmadre laboral, el sistema de relaciones de trabajo ha derivado en la ruina. No hay un ministerio del trabajo que administre eficientemente las relaciones laborales al suspenderse los convenios colectivos y el derecho a huelga. Por otra parte, tenemos la falencia de un sistema judicial que imparta la justicia requerida en las relaciones entre empresarios y trabajadores.

En resumidas cuentas, el reto es fortalecer en la conciencia del trabajador la importancia de los sindicatos y de sus contratos colectivos, en un contexto confuso donde salario e ingreso se difunden como conceptos similares, y donde empresarios privados y gobierno se plantean solaz y plácidamente una vacatio legis para los derechos laborales. Y como colofón sustituir salario por ingreso.

Esta amenaza insultante exige a las centrales sindicales sin excepción alguna y a las corrientes sindicales a dejar de rasgarse las vestiduras y unirse ante políticas que contradicen dramáticamente las conquistas labradas en el sistema de relaciones de trabajo constituido a lo largo del siglo XX.

gobierno-viola-la-constitucion-al-no-aumentar-salario-minimo-y-el-tsj-lo-avala

*Movimiento Laborista.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

 
 

Dos consignas para blindar el cambio

0
La fortaleza del Gobierno se nutre de nuestra debilidad, una fragilidad que tiene su raíz principal en la constante tentación de la abstención

 

@fariasjoseluis

En el errático rumbo de la acción política opositora, se vislumbra una peligrosa tendencia a repetir los gruesos errores del pasado, como aquel inexplicable tropiezo en la abstención electoral de 2005, cuyas consecuencias fueron desastrosas para el país, al entregar el poder absoluto a un Gobierno que ansiosamente lo perseguía hasta mantenerse en modo hegemónico por veinticinco años consecutivos.

Las declaraciones de “seguimos en la ruta electoral”, “nada nos apartará del camino electoral”, se agradecen como buenas intenciones, pero no suenan como garantías efectivas de que en efecto así será. Los rasgos caudillistas, avalados en declaraciones del tenor de “sin mí no habrá elecciones”, sumados a la historia personal, estimulan la desconfianza en la palabra ofrecida.

La falta de conciencia colectiva, tanto en la sociedad como, más preocupante aun, en el liderazgo político, acerca de la magnitud del impacto de aquel fatídico suceso es alarmante. Con la cara convenientemente lavada, los principales responsables de esa decisión han evitado asumir sus culpas, algunos de los cuales, con cinismo desproporcionado, culpan al resto para expiar sus propios pecados.

En esa entrega que persistió hasta el hartazgo estaba, no de manera deliberada pero sí implícita, la cesión del país a una jauría de desalmados cuyo propósito final era el asalto al erario público y su perpetuación en el poder.

No busco endilgar las culpas de la tragedia que azota al país únicamente a aquella locura extremista que cantaba victoria con la supuesta deslegitimación del Gobierno, sino alertar sobre el riesgo de la repetición del error que nuevamente entregó el poder absoluto en 2018 y 2019. Este mismo yerro no puede replicarse ahora en 2024, cuando la oportunidad de erradicar esa peste es gigantesca por la dura aversión, mayor al 90 %, que experimenta el nombre de Nicolás Maduro.

Mi recorrido reciente por el oriente venezolano, hasta los confines de la península de Paria, por montañas y llanos orientales y luego por el centro del país, me dejó la sensación de una tierra devastada en la que el tiempo parece haberse detenido o, peor aun, retrocedido.

De veinticinco años perdidos, resumidos en pueblos fantasmas, pobladores acurrucados en algún rincón, retorciéndose de hambre, carreteras plagadas de intransitables baches, aterradoras historias de bandas armadas de jóvenes nacidos en los años de esta barbarie revolucionaria que, armados hasta los dientes, impiden el libre tránsito. Kilómetros de cementerios de redes ferroviarias nunca concluidas, decenas de gimnasios verticales, prueba incontrovertible del robo descarado a la nación, pueblos y ciudades padeciendo seis y ocho horas sin luz, estaciones de servicio sin gasolina, servicios públicos que nada tienen de públicos ni de servicios, relatos insólitos de abusos de autoridad, plantaciones arrasadas y antiguos galpones industriales transformados en escombros conforman un paisaje geográfico penoso que explica y atestigua la vergüenza del hambre y la miseria sembradas por un régimen autoritario atrincherado en la delincuencia, la incapacidad y la corrupción.

El país anhela decisiones serenas, de amplitud, consensuales en torno a una opción electoral que permita recobrar paz y libertad, justicia y democracia, bienestar y modernidad. Pero se encuentra con un Nicolás Maduro que se dirige a los venezolanos con un cinismo brutal, como si su conciencia estuviera blindada ante la destrucción que asola el país.

Su desvergüenza al hablar, sin un ápice de rubor, no conoce límites.

Al atribuir exclusivamente a las sanciones la culpa de la espantosa crisis que ha sumido a la nación en un pozo séptico, donde la miseria flagela a más del noventa por ciento de la población, pretende que obviemos que la principal responsabilidad del desastre recae sobre sus hombros. No es que justifiquemos las sanciones, sino que estas son apenas una fracción ínfima de la causa del oprobio en el que vivimos.

El repudio que ha cosechado Maduro se extiende incluso a la inmensa masa de chavistas que disfrutaron de cierto bienestar bajo el populismo descontrolado de su predecesor. El saqueo de las arcas nacionales ha ocurrido descaradamente ante sus ojos, mientras su entorno personal es señalado por la opinión pública como los arquitectos principales de este latrocinio. Maduro camina indiferente ante las pillerías de su Gobierno, se desentiende del delito de Tarek El Aissami, acusado de desfalcar al menos 23 000 millones de dólares, quien, impune, pasea despreocupado, derrochando el dinero mal habido a manos llenas. La grotesca farsa de la honestidad se perpetúa en cada palabra pronunciada por el mandatario.

No resulta exagerado afirmar que la rosca gobernante encuentra su salvación únicamente en los brazos de la abstención; un hecho que conocemos bien y que se ha evidenciado en desentendimiento masivas en justas electorales. Que ha tenido su contundente contraparte en los procesos de 2007 y 2015, así como en numerosos eventos locales y regionales, en los cuales ha quedado inequívoca constancia de dónde yace la mayoría.

Ahora bien, la cuestión de la fuerza es distinta. La fortaleza del Gobierno se nutre de nuestra debilidad, una fragilidad que tiene su raíz principal en la constante tentación de la abstención. Esta tentación emana del cesarismo que impregna a la dirección política opositora, una debilidad que parece contaminada por el ADN chavista, resumida en la fórmula ceresoleana: líder, ejército, pueblo. Este mal se desanuda del interés colectivo al anteponer intereses individuales, al sostener liderazgos en falsas expectativas, diciendo lo que la gente quiere escuchar, por más irrealizable que sea.

No obstante, existen señales claras de una voluntad general de cambio, palpable en cada calle, en cada esquina, en cada hogar y en cada ciudadano. La intención popular de superar esta tragedia resulta innegable, se percibe en cada conversación, y hasta Maduro lo registra expresando su miedo con ira cuando amenaza con ganar las elecciones presidenciales “por las buenas o por las malas”, palabras que entrañan la intención malévola de alejar el voto, por miedo a sentir esa suerte de estaca de la libertad en el pecho del monstruo autoritario. A sus aviesas palabras hay que responderle convirtiendo en consignas generales las frases siguientes: “Solo la abstención lo salva” y “Con mi voto ni ofendo ni temo” para blindar este abrumador sentimiento de cambio.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

 

Machado advierte a Petro que problemas bilaterales se agravarán si Maduro trunca elecciones libres

0
La dirigente de Vente Venezuela insistió que “no hay persona más interesada en una solución pacífica al conflicto que se vive en Venezuela que Gustavo Petro”

 

Este martes, 6 de febrero, la ganadora de las primarias de la oposición con más de dos millones de votos, María Corina Machado, advirtió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que los problemas bilaterales entre ambas naciones se agravarán si Nicolás Maduro trunca las elecciones libres.

En entrevista para el medio colombiano W Radio, Machado aseguró que “si Maduro arrebata e impide, por punta de represión que se exprese constitucionalmente la voz de los venezolanos, podríamos ver una ola migratoria más grande de la que hemos visto, sería devastador”.

Machado expresó que “no entiende” por qué no ha habido una posición más firme por parte del presidente de Colombia e insistió que “no hay persona más interesada en una solución pacífica al conflicto que se vive en Venezuela que Gustavo Petro”. 

“Lo que está ocurriendo en Venezuela influye directa y crecientemente en la estabilidad, paz y prosperidad de Colombia.  El desenlace que tenga este año el proceso venezolano es de dos escenarios. Y todos los problemas se agravan o resuelven si logramos o no una resolución pacífica”, aseguró.

Sobre el Acuerdo de Barbados, la dirigente del partido político Vente Venezuela, afirmó que “el proceso de negociación que está en marcha es muy complejo, dentro y fuera del país, con muchos actores. Y hay un proceso de negociación directa entre funcionarios de EEUU y el régimen de Maduro, que tiene consecuencias en el Acuerdo de Barbados”.

“Hay algunos elementos que tiene que ver con las decisiones de EEUU sobre sus ciudadanos, en el marco de los cuales se han producido intercambios por algunos de sus ciudadanos (…) Lo fundamental acá es que el régimen firmó el acuerdo de Barbados y se comprometió con llevar adelante un proceso electoral competitivo, para  llevar a elecciones libres”, dijo.

“Maduro actúa desesperadamente”

María Corina Machado aseguró que el régimen de Nicolás Maduro no está yendo solo contra ella, sino contra “casi tres millones de venezolanos que participaron en las primarias, y contra todos los que queremos elegir a quien nos dé la gana como presidente”.

Resaltó que Maduro actúa “desesperadamente” y comete errores porque sabe que ella le ganaría la elección presidencial “de manera abrumadora”.

“No podemos excluir que Maduro se vaya por una vía de máxima violencia y represión, como algunos sectores dentro de ese sistema están reclamando. No estamos enfrentando un sistema monolítico, sino un sistema heterárquico, con múltiples intereses, y funcionan con dinámicas criminales y peligrosas. Es un escenario tremendamente peligroso (…) La mejor opción para todos es una negociación simétrica donde cara a cara se puedan dar garantías, una negociación que tiene como propósito una transición ordenada”, finalizó.