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El Mañanero del #8Feb: las ocho noticias que debes conocer

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En El Mañanero de Runrun.es de este 8 de febrero resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela: María Corina Machado, negó que Estados Unidos le pidiera reconsiderar su candidatura o que “busque un heredero” a la par que fue atacada por colectivos chavistas en un acto en Charallave, regreso de sanciones se traduce en menos divisas para mantener estable el tipo de cambio, en al menos 10% disminuyó la matrícula escolar a consecuencia de la migración forzada y en enero de 2024 se registraron 24 violaciones al derecho a la libertad de expresión, siendo el Estado el principal agresor.

 

María Corina Machado niega que EEUU le pidiera reconsiderar su candidatura

La matricula escolar disminuyó 10% en Venezuela por la diáspora

Fedecámaras pide a la AN oficialista que presidenciales respeten acuerdos de Barbados

Programa de prevención del suicidio de la UCAB adelanta acciones para salvar vidas

 

Regreso de las sanciones amenaza la caja de Maduro

Espacio Público: El Estado se mantiene como principal agresor de la libertad de expresión en Venezuela

Instan a Corte IDH a sentenciar violación a derechos políticos en presidenciales de 2013

Comité de DDHH de la ONU falla a favor de familia desalojada arbitrariamente en una OLP

 

 

https://twitter.com/MariaCorinaYA/status/1755341113571803505

 

“Por las malas”: Colectivos atacaron actividad de María Corina Machado en Charallave

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La candidata opositora denuncia que decenas de colectivos chavistas atacaron con palos y piedras a simpatizantes suyos durante una concentración en Charallave
“Por lo visto, la única manera en la que Maduro pretende participar en una elección es ‘por las malas'”, dijo Machado en alusión a estos actos violentos

 

Decenas de presuntos colectivos chavistas atacaron con “palos y piedras” a simpatizantes de María Corina Machado que se concentraron en un acto en Charallave.

Así lo denunció la dirigente de Vente Venezuela, electa el 22 de octubre de 2023 como la candidata presidencial por la oposición, en la red social X. 

“Por lo visto, la única manera en la que Maduro pretende participar en una elección es ‘por las malas'”, refirió Machado en alusión a un comentario del gobernante venezolano el pasado 4 de febrero, cuando dijo en un acto público que el chavismo ganaría «por las buenas o por las malas» ante cualquier intento de «conspiración». Algunos medios señalaron que se refería a ganar en las elecciones presidenciales.

“Hago un alerta al mundo sobre el violento ataque del que fuimos objeto esta tarde en Charallave, estado Miranda. Más de un centenar de colectivos del régimen atacaron con palos y piedras e hirieron a varios de los asistentes. La policía que estaba presente, con su inacción, amparó a los colectivos armados”, añadió Machado. 

En la red social X, se compartieron los videos de las personas agredidas, varias con los rostros ensangrentados. Se observa también que a varios vehículos les rompieron los parabrisas.

https://twitter.com/i/status/1755341113571803505

En otro video, se observa a los agresores rompiendo unas rejas para intentar acceder al lugar donde se reunían los simpatizantes de Vente Venezuela, mientras estos respondían con el cántico: “Hasta el final”.

Otro material audiovisual muestra cómo Machado fue sacada escoltada del lugar, mientras se mantenía la tensa situación en las adyacencias. 

Niegan información sobre el paradero de dirigentes detenidos de Vente Venezuela

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Luego de 15 días de aprehensión, abogados y familiares desconocen el sitio de reclusión  

 

Tras dos semanas de detención, la defensa de los tres jefes de campaña de Vente Venezuela denunció que tanto los tribunales como los cuerpos policiales niegan información sobre el paradero de los activistas políticos.

El abogado Omar Mora Tosta sostuvo  que no hay información sobre el paradero de Juan Freites (Vargas); Luis Camacaro (Yaracuy) y Guillermo López (Trujillo), pese a que hace 11 días el Ministerio Público admitió la detención y vinculó a los opositores con una presunta conspiración contra el Gobierno.

“A 14 días de la detención arbitraria y desaparición forzada, en ese momento, de estos ciudadanos, se mantiene la misma situación. A pesar de los esfuerzos del equipo de defensa, de sus familiares, que hemos recorrido todos los tribunales que tienen que ver con la competencia del caso que nos ocupa, se nos ha negado reiteradamente información al respecto”, dijo en declaraciones a medios.

Tosta recalcó que la falta de información sobre el paradero y condiciones de la detención materializa la desaparición forzada que ya han denunciado.

Camacaro y Freites fueron presentados ante un tribunal sin permitir la presencia de sus abogados privados ni el contacto con sus familiares.

Las audiencias se llevaron a cabo con defensores públicos impuestos y sin el consentimiento de los dirigentes del partido.

Perkins Rocha, abogado de la líder de Vente Venezuela María Corina Machado, dijo que las autoridades judiciales no les han permitido tener acceso a los expedientes.

Machado alertó a la comunidad internacional del “proceder ilegal y arbitrario del régimen de Nicolás Maduro”, y exigió el respeto de los derechos humanos de sus colaboradores, cuyo “destino judicial es incierto y peligroso”.

La abanderada por la oposición en la pasada elección primaria del 22 de octubre responsabilizó al régimen de la vandalización de varias sedes de su partido, en cuyas fachadas escribieron “Furia Bolivariana”.

Machado, sobre quien pesa una inhabilitación para ocupar cargos públicos de elección popular hasta 2030, aseguró que “todo el aparato represivo del Estado intenta disuadir y desmoralizar a sus seguidores”.

 

LEA TAMBIÉN: María Corina Machado niega que EEUU le pidiera reconsiderar su candidatura

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Machado indicó que está dispuesta a una negociación seria (con Maduro), en términos simétricos para una transición venezolana en donde los intereses de los venezolanos sean la absoluta prioridad

 

Este martes, 6 de febrero, la ganadora de las primarias de la oposición con más de dos millones de votos, María Corina Machado, negó que Estados Unidos le pidiera reconsiderar su candidatura o que “busque un heredero”.

En un live transmitido por Instagram, con la  periodista Carla Angola, Machado aseguró que nunca se le pidió que reconsiderar su participación en las primarias de oposición, al tiempo que negó haber formado parte de la primera negociación entre Maduro y el presidente estadounidense, Joe Biden. 

“Totalmente no, todo lo contrario. Cuando lees los acuerdos en Barbados y el comunicado del 6 de octubre del secretario Blinken se establecen términos muy firmes, en los que dicen que deben participar los candidatos escogidos por los ciudadanos. El candidato sustituto es un plan de los que no quieren cambio”, dijo.

María Corina Machado aclaró varios puntos sobre su “inhabilitación política” y las posibles sanciones QUE podría reactivar Biden al gobierno de Venezuela. Aquí, las frases más destacadas de la candidata en la entrevista:

“La gente que fue y votó por mí lo hizo muy consciente de que el gobierno planeaba esta artimaña -de la inhabilitación- (…) ¿Ustedes creen que la gente se va a calar un sustituto? Yo recibí un mandato y tengo que responder a ese mandato. Yo creo que cada vez que la gente  escucha eso le da mucha rabia (…).

“Quien cae en esto -pedir una candidatura alternativa- le hace el juego al régimen y hay quienes buscan desmoralizar y replicar lo que dice el régimen en su narrativa (…) Barinas sirvió para demostrar que la tesis de los sustitutos o ‘sucesores’ termina en la elección a dedo por el régimen del candidato”.

“Quien pidió y solicitó la reactivación de las sanciones fue la Sala Político Administrativa, porque se le había advertido los compromisos de las partes en los Acuerdos de Barbados. Maduro debe entender que el mundo, incluso sus aliados, han dicho que hay que avanzar por elecciones limpias y libres, y que estas solo serán limpias y libres si los ciudadanos pueden votar por quienes quieren.

“El régimen está dispuesto a todo por conservar el poder. Lo de por las buenas o malas, mucho cuidado, es una advertencia de fraude”.

“Yo sí estoy dispuesta a una negociación seria (con Maduro), en términos simétricos para una transición venezolana en donde los intereses de los venezolanos sean la absoluta prioridad (…) Esto pasa por una transición donde debemos sacar a estos criminales y construir las bases de una Venezuela republicana muy distinta, que va a despegar”. 

 
 
 
 
 
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Casi 30 mujeres murieron de manera violenta en Aragua durante 2023

Se reportaron 11 suicidios 

 

De acuerdo al Observatorio Venezolano de la Violencia, 29 mujeres murieron de forma violenta en Aragua durante el 2023. Del total de fallecimientos, 18 fueron homicidios y 11 suicidios.

En el renglón homicidios, 12 fueron femicidios y seis asesinatos con causas relacionadas a amedrentamiento y venganza por parte de bandas delictivas organizadas, robos por delincuencia común, cobro de deuda por drogas y un homicidio no determinado de una mujer no identificado, cuyo cadáver fue encontrado con heridas de arma blanca en el municipio Sucre.

Los meses de agosto, enero, mayo, marzo y abril fueron los más violentos llegando a aportar el 69% de las víctimas femeninas. 

Por su parte, el 75% de los delitos en contra de mujeres ocurrieron en los municipios: Girardot Zamora, Ribas, Mariño, Mario Briceño Iragorry y Francisco Linares Alcántara.

La violencia afectó a cerca de 100 mujeres

De las 400 víctimas de violencia que reportó el OVV en 2023 en el estado Aragua, 93 eran mujeres (23,25%) con edades comprendidas entre 2 y 88 años de edad. 

El Observatorio Venezolano de Violencia en Aragua explicó que, de los 93 delitos, 64 fueron no letales: maltrato físico (41,18%), lesiones (14,71%), rapto y explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (NNA), (8,82% cada uno). 

Asimismo hubo femicidios frustrados (7,35%), abuso sexual (5,88%); amenazas de muerte (4,41%), secuestros y extorsión (2,94 % cada uno).

Los tipos de violencia se clasificaron en: de género (56,99%), autoinfligida (11,83%), interpersonal (10,75%), intrafamiliar (8,60%), delincuencial (7,53%), ocasionada por la delincuencia organizada (2,15%) y finalmente las violencias: estructural y policial con 1,08% cada una.

Aragua se ha caracterizado por ser uno de los estados más violentos y no en vano es cuna de la organización criminal más fuerte: el Tren de Aragua, cuyos tentáculos pasan las fronteras venezolanas e incluso llegan hasta Estados Unidos.

En Chicago, la policía detectó la movilización de integrantes de la  organización delictiva desde octubre de 2023. El Jefe de policía del suburbio de Willow Spring, Garry McCarthy informó que la facción del Tren de Aragua en esa ciudad está operando principalmente en el tráfico de personas latinas en Estados Unidos. 

 

Con información de Observatorio Venezolano de la Violencia

 

LEA TAMBIÉN: Tren de Aragua logró traspasar la barrera migratoria de Estados Unidos

Las consecuencias para los ciudadanos de una eventual aprobación de ley contra las ONG

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Alí Daniels señaló que con el proyecto de Ley contra las ONG, el gobierno está perjudicando a millones de venezolanos que están en “una situación muy difícil”

 

El codirector de la organización venezolana Acceso a la Justicia, Alí Daniels, analizó las consecuencias de la eventual aprobación del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines.

El pasado 12 de enero de 2024 la Asamblea Nacional retomó la discusión del proyecto que plantea un mecanismo jurídico para monitorear los ingresos de las ONG. El mismo contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la entidad de control que prevén crear y que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones.

Daniels enumeró, en entrevista a Provea,  varias consecuencias que podría traer esta ley y que recaerán principalmente en la sociedad civil más vulnerable producto de la emergencia humanitaria compleja que se vive en Venezuela desde hace varios años: 

“Implicará, si se aprueba, la anulación de la libertad de asociación en Venezuela y, junto con ella, afectará otros muchos derechos porque al hacer prácticamente imposible la creación de ONG, la creación de asociaciones o fundaciones, imponiendo requisitos exorbitantes, se impide que la soberanía se organice y ejerza”.

“La participación en asuntos públicos también se verá afectada porque expresamente el proyecto de ley señala que, si una organización no ha cumplido con toda la infinidad de requisitos que allí se exigen, no puede participar porque no está registrado en el Registro que pretenden crear y que es adicional al ya existente”.

El proyecto de ley implicará que al final solo las organizaciones que el gobierno quiera tendrán personalidad jurídica y el resto serán declaradas de acuerdo a los propios términos de la Ley, inexistentes.

“Esta Ley no reconoce la personalidad jurídica de las organizaciones ya existentes, las que ya se registraron, las que ya han cumplido con todos los requisitos de la ley actual y a esas organizaciones se les ilegalizan y se les obliga, a partir de cero, como que si nunca hubieran existido”.

“La ley obliga a que todas las organizaciones reescriban sus actas constitutivas, incorporen nuevos fines que la ley establece, nuevos objetivos que la ley establece que incorporen actividades con el gobierno, ente otros aspectos”. De acuerdo con la ley, se obliga a que las asociaciones incluyan como miembro a funcionarios públicos, algo que es realmente insólito”.

“Las consecuencias, sobre todo para las organizaciones que denuncian violaciones de derechos humanos, es que lo más probable no se les permita constituirse, no se les dé la posibilidad de continuar”.

“Si una organización trabaja con indígenas waraos, por ejemplo, eso implica que debería estar inscrita, no solo en el estado Delta Amacuro, sino también en los otros estados donde ellos habitan, con lo cual la organización debe estar inscrita en Monagas, Bolívar y, si por ejemplo, no está inscrito en alguno de estos estados y si tiene una medicina en el Delta, pero tiene que enviarlas al estado Bolívar porque lo necesitan, no los puede trasladar porque la ley obliga que deben estar inscritas en los tres estados para poder hacerlo. Entonces, no estamos hablando aquí de sutilezas legales, ni de cosas leguleyas. Estamos hablando de vicios que atentan contra los más elementales derechos humanos”.

Los costos de mantenimiento de las organizaciones, que tendrán que tener estructuras fijas para renovar constantemente estos permisos, serán muy onerosos y eso tiene una repercusión práctica. “Por ejemplo, si un donante da un dinero para alimentar personas o dar medicinas, si antes daba 10 dólares, por poner un caso, y de esos 10 dólares los costos administrativos eran 0,5; ahora puede ser uno o dos dólares por cada 10. Entonces eso implica que, en vez de llegarle más ayuda, le va a llegar menos ayuda a la gente porque los costos operativos para mantener la organización se encarecen”, explicó Daniels.

“La ayuda humanitaria se ejecuta a través de Naciones Unidas, esa ayuda no la ejecuta directamente Naciones Unidas sino que quienes están en el terreno ejecutando esa ayuda humanitaria son las ONG y de ahora en adelante, muchas dejan de operar y Naciones Unidas no va a poder suplir esa falta y de esto estamos hablando, de las vidas en riesgo que pone este proyecto”.

Comité de DDHH de la ONU falla a favor de familia desalojada arbitrariamente en una OLP

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Entre el 07 de abril de 2016 y el 31 de enero de 2017, Ramírez, junto a Provea, presentó siete diligencias ante la Sala Constitucional del TSJ solicitando pronunciamiento sobre la solicitud de amparo, pero no hubo respuesta

 

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) falló a favor de una familia desalojada arbitrariamente de su vivienda en un Operativo de Liberación para el Pueblo (OLP). 

Omaira Del Carmen Ramírez y sus dos hijos fueron víctimas de desalojo arbitrario por parte de funcionarios de seguridad durante un OLP realizado el 24 de agosto de 2015 en la localidad de Tanaguarena, en el estado La Guaira.

Ramírez, beneficiaria de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), denunció el 11 de noviembre de ese año haber sido víctima de desalojo forzoso e ilegal bajo el argumento de que “no la habitaba de forma regular”.

Tras el desalojo, funcionarios de la policía regional de Vargas y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) informaron a Omaira que el desalojo se producía por la “mala conducta” de uno de sus hijos, Anthony Jesús Ramírez, de 25 años, quien no residía con la autora y que no tenía antecedentes penales. 

La lucha por recuperar su vivienda 

Omaira Ramírez, con la compañía y el asesoramiento del equipo de Provea, interpuso una acción de Amparo Constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra el ex ministro Gustavo González López, por haber violado su derecho constitucional a una vivienda digna.

Entre el 07 de abril de 2016 y el 31 de enero de 2017, Ramírez, junto a Provea, presentaron siete diligencias ante la Sala Constitucional del TSJ solicitando pronunciamiento sobre la solicitud de amparo, pero no hubo respuesta.

Ante la ausencia de respuestas por parte del TSJ, Ramírez envió una comunicación al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, alegando la violación, por parte del Estado venezolano de sus derechos y los de sus hijos protegidos por los artículos 2, 7, 14, 15, 17 y 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y conforme al Protocolo Facultativo del Pacto.

Finalmente, este martes, 6 de febrero, El Comité informó al Estado venezolano que desea recibir información, en un plazo de 180 días, sobre la adopción de las medidas establecidas en la resolución. Además pidió que el dictamen sea difundido ampliamente por las autoridades venezolanas como mecanismo adicional de reparación y garantía de no repetición.

Política de terror contra el derecho a la vivienda

Más de 18.000 viviendas fueron allanadas durante la ejecución del OLP, según Provea. En ninguno de los casos, esos allanamientos -denominados “inspecciones” y “auditorias” por los funcionarios actuantes-, contaron con una orden judicial.

Igualmente, en muchas de las situaciones de allanamientos masivos, los habitantes de las comunidades dijeron que no hubo presencia de fiscales del Ministerio Público durante la realización de los mismos. Se reportaron numerosas denuncias de hurtos y destrozos ocasionados a viviendas que han sido objeto de estos allanamientos ilegales.

Otras 1.490 viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela fueron “recuperadas” durante la ejecución de OLP a nivel nacional. Es decir, los habitantes fueron desalojados de forma arbitraria por las autoridades luego de haber sido estigmatizados y criminalizados.

Provea recibió denuncias de personas de nacionalidad colombiana residentes de urbanismos de la GMVV, quienes señalaron el trato discriminatorio y los atropellos recibidos por parte de funcionarios policiales y militares debido a su nacionalidad.

Programa de prevención del suicidio de la UCAB adelanta acciones para salvar vidas

Danny Socorro, S.J., director de la Escuela de Psicología de la UCAB, advirtió que la salud mental es un tema “tabú” y que el suicidio lo es aún más, “es invisible”

La Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) puso en marcha el “Programa de Prevención del Suicidio”, ante el aumento de la tasa de muertes por violencia autoinfligida en Venezuela.

De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), en 2023 la tasa de suicidios subió a 8,2 por cada 100 mil habitantes, 6,5% más que en 2022. Los hombres protagonizan más de 80 % de los casos) y la depresión es el móvil en 86,1% de los sucesos reportados.

Desde el año 2002, Mérida lidera las cifras de suicidio: en ese estado andino, 15.5 ciudadanos de cada 100.000 habitantes se quitan la vida. Le siguen Táchira (13.6 personas por cada 100.000 habitantes), Distrito Capital (13.3), Trujillo (11.9) y Lara (10.2).

A juicio del director de la Escuela de Psicología de la UCAB, Danny Socorro, S.J., las cifras son preocupantes y constituyen un llamado a la acción.

De allí nació el Programa de Prevención del Suicidio, iniciativa que la Escuela puso en marcha como propuesta académica y de extensión para enfrentar este problema de salud pública.

De acuerdo con Socorro, el Programa tiene como propósito investigar este fenómeno e intervenir educativa y psicosocialmente en comunidades de Mérida, Zulia y Caracas. 

“Queremos salvar vidas”

Socorro comentó que en octubre del 2023, cuatro psicólogos investigadores de la Escuela de Psicología viajaron a Mérida y al Páramo para ejecutar la primera aproximación investigativa.

“Fue una experiencia profundamente movilizadora ante una realidad tan cruda y dura», comentó el sacerdote jesuita sobre los primeros pasos del proyecto”, señaló el sacerdote jesuita.

En ese sentido, informó que el plan de trabajo contempla ejecutar varias actividades, la primera de ellas el  «Campamento Psicosocial 2024», el cual se realizará en Santo Domingo, en el páramo merideño, del 18 al 25 de febrero. 

«También queremos replicarlo en otros estados como el Zulia, donde hay la menor tasa de suicidios, pero también en Caracas y a mediano plazo en todo el país. La finalidad es darle apoyo a la gente que ha sido víctima o está pasando por el duelo del suicidio y también ofrecer herramientas para prevenirlo. Queremos salvar vidas. Hemos encontrado que en las familias donde ha habido suicidios, hay intentos de otros. Es terrible. Además, sabemos que no es solo acercarnos e intervenir. La idea es que haya continuidad y esto lo lograremos con talleres formativos, actividades especiales y entrenamientos», dijo el director.

Socorro explicó que trabajarán con un equipo multidisciplinario que incluye a psiquiatras, psicólogos, criminólogos, abogados, periodistas, fundaciones, la Iglesia, el OVV, educadores y politólogos.

Un tema no visibilizado

Las razones por las que una persona comete suicidio son diversas y dependen de cada caso. Sin embargo, existen circunstancias externas  que afectan directamente al bienestar físico y mental de las personas. Advirtió que los suicidios son multicausales, pero se ha demostrado que las inestabilidades políticas y sociales generan muchos más.

«Una de las variables se confirma en Santo Domingo (Mérida), un poblado montañoso, y hay datos que indican que los países con esta topografía tienen más incidencia. Pero hay muchos más elementos. También es una población deprimida (en el sentido económico y social), era una localidad con una importante producción agrícola, de artesanías y turística, pero con los cambios políticos, sociales y económicos, están por el suelo», aseveró.

Agregó que, durante la primera aproximación que el equipo de Psicología UCAB tuvo en Mérida, en octubre de 2023, constataron que la violencia intrafamiliar y el alto consumo de alcohol son disparadores para los suicidios. Advirtió que estos resultados representan una pequeña parte, pues existen otros desencadenantes.

Entre ellos, uno de los aspectos que más llama la atención de los psicólogos de la UCAB es lo difícil que es para la sociedad buscar ayuda, hablar de salud mental. «El suicidio es un tema no visibilizado», comentó el padre Socorro, para quien son necesarias políticas públicas para atender y frenar esta situación.

«La salud mental sigue siendo un tabú y mucho más el suicidio es un tabú, un tema invisible. Familias que enfrentan el suicidio de un ser querido, por supuesto, están cargadas de muchas connotaciones sociales; entre ellas, la vergüenza. Pero también genera una gran culpa y eso hace que la gente se aísle mucho más y no hablan porque, además, genera mucho dolor», puntualizó.