Entre el 07 de abril de 2016 y el 31 de enero de 2017, Ramírez, junto a Provea, presentó siete diligencias ante la Sala Constitucional del TSJ solicitando pronunciamiento sobre la solicitud de amparo, pero no hubo respuesta
El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) falló a favor de una familia desalojada arbitrariamente de su vivienda en un Operativo de Liberación para el Pueblo (OLP).
Omaira Del Carmen Ramírez y sus dos hijos fueron víctimas de desalojo arbitrario por parte de funcionarios de seguridad durante un OLP realizado el 24 de agosto de 2015 en la localidad de Tanaguarena, en el estado La Guaira.
Ramírez, beneficiaria de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), denunció el 11 de noviembre de ese año haber sido víctima de desalojo forzoso e ilegal bajo el argumento de que “no la habitaba de forma regular”.
Tras el desalojo, funcionarios de la policía regional de Vargas y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) informaron a Omaira que el desalojo se producía por la “mala conducta” de uno de sus hijos, Anthony Jesús Ramírez, de 25 años, quien no residía con la autora y que no tenía antecedentes penales.
La lucha por recuperar su vivienda
Omaira Ramírez, con la compañía y el asesoramiento del equipo de Provea, interpuso una acción de Amparo Constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra el ex ministro Gustavo González López, por haber violado su derecho constitucional a una vivienda digna.
Entre el 07 de abril de 2016 y el 31 de enero de 2017, Ramírez, junto a Provea, presentaron siete diligencias ante la Sala Constitucional del TSJ solicitando pronunciamiento sobre la solicitud de amparo, pero no hubo respuesta.
Ante la ausencia de respuestas por parte del TSJ, Ramírez envió una comunicación al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, alegando la violación, por parte del Estado venezolano de sus derechos y los de sus hijos protegidos por los artículos 2, 7, 14, 15, 17 y 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y conforme al Protocolo Facultativo del Pacto.
Finalmente, este martes, 6 de febrero, El Comité informó al Estado venezolano que desea recibir información, en un plazo de 180 días, sobre la adopción de las medidas establecidas en la resolución. Además pidió que el dictamen sea difundido ampliamente por las autoridades venezolanas como mecanismo adicional de reparación y garantía de no repetición.
Política de terror contra el derecho a la vivienda
Más de 18.000 viviendas fueron allanadas durante la ejecución del OLP, según Provea. En ninguno de los casos, esos allanamientos -denominados “inspecciones” y “auditorias” por los funcionarios actuantes-, contaron con una orden judicial.
Igualmente, en muchas de las situaciones de allanamientos masivos, los habitantes de las comunidades dijeron que no hubo presencia de fiscales del Ministerio Público durante la realización de los mismos. Se reportaron numerosas denuncias de hurtos y destrozos ocasionados a viviendas que han sido objeto de estos allanamientos ilegales.
Otras 1.490 viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela fueron “recuperadas” durante la ejecución de OLP a nivel nacional. Es decir, los habitantes fueron desalojados de forma arbitraria por las autoridades luego de haber sido estigmatizados y criminalizados.
Provea recibió denuncias de personas de nacionalidad colombiana residentes de urbanismos de la GMVV, quienes señalaron el trato discriminatorio y los atropellos recibidos por parte de funcionarios policiales y militares debido a su nacionalidad.
Más de 18.000 viviendas fueron allanadas sin orden judicial durante la ejecución del OLP.
Otras 1.490 viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela fueron “recuperadas”.
Los habitantes fueron desalojados arbitrariamente por las autoridades.
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— PROVEA (@_Provea) February 7, 2024
