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EEUU prorroga decreto que considera a Venezuela como una amenaza a su seguridad

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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prorrogó por un año más la declaración de “emergencia nacional” respecto a Venezuela dictada en 2015, por considerar que la situación en ese país representa “una amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional estadounidense.

En una nota de prensa oficial la Casa Blanca anunció que la prórroga del decreto 13692, dictado el 8 de marzo de 2015 por el entonces presidente Barack Obama, demócrata como Biden, y prorrogado sistemáticamente cada año desde entonces, se publicará en el Registro Oficial y será transmitida al Congreso estadounidense.

“Las circunstancias (en Venezuela), tal como se describen en la Orden Ejecutiva 13692 y las Órdenes Ejecutivas posteriores emitidas con respecto a Venezuela, continúan representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”, señala el texto.

Biden anunció su decisión el mismo día en el que las autoridades electorales venezolanas comunicaron que las elecciones presidenciales se celebrarán el 28 de julio próximo, un anuncio que era esperado desde hace meses y que no fue acompañado del reclamado fin de las inhabilitaciones de políticos opositores venezolanos como María Corina Machado.

No levantarán sanciones a Venezuela

El Gobierno de Biden ha advertido al de Venezuela que no renovará el levantamiento parcial por seis meses que aplicó a algunas de las sanciones impuestas al presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios y empresas públicas si no se cumple con el pacto que selló en 2023 con la oposición para unas elecciones libres y transparentes.

El alivio parcial de las sanciones a Venezuela, que ha posibilitad la reanudación de los negocios de compañías estadounidenses en el sector petrolero venezolano, vence en abril.

En la nota en la que se anuncia la prorroga de la emergencia con respecto a la situación en Venezuela se señala que el decreto de 2015 obedeció a “la erosión de las garantías de derechos humanos por parte del Gobierno de Venezuela, la persecución de opositores políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y violaciones y abusos de derechos humanos en respuesta a protestas antigubernamentales”.

También, a los “arrestos y detenciones arbitrarios de manifestantes antigubernamentales, así como la presencia cada vez más exacerbada de una importante corrupción gubernamental”.

La declaración de una “emergencia nacional” es una herramienta con la que cuenta el presidente de EEUU para aplicar sanciones contra un país bajo determinadas circunstancias, y que le permite ir más allá de lo aprobado por el Congreso.

Oficina de la ONU  

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La decisión del régimen de cerrar las oficinas de derechos humanos de las Naciones Unidas en Venezuela, el jueves 15 de febrero, confirma la deriva autoritaria de quienes tiene el poder.

El anuncio ocurrió pocas horas después de que la Organización de las Naciones Unidas denunciaran el secuestro de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, y tras publicarse el último informe del Relator de la ONU, Michael Fakhri, sobre los CLAP, un documento que muestra que el buque insignia de los programas sociales de la dictadura se emplea como un arma para garantizar el clientelismo político, un sistema insuficiente para hacer frente a la crisis humanitaria en Venezuela y un recurso caracterizado por la mala calidad de los alimentos y la irregularidad de la entrega.

La salida de la oficina de la ONU tiene implicaciones como la ausencia de asistencia técnica en materia de derechos humanos para el Estado, la limitación en la protección de estos derechos para los ciudadanos, el abandono de los mecanismos que conectan a la sociedad civil con los sistemas de protección multilaterales, la imposición de limitaciones en el acceso de los relatores de la ONU y el bloqueo en el acceso a información veraz sobre la situación de los DD. HH. en el país.

La expulsión de la ONU es un duro golpe, un obstáculo que debe llevarnos a trabajar de manera coordinada y solidaria para apoyar a las víctimas del Estado, seguir investigando y sistematizando la situación de los DD. HH. en el país y dando a conocer nuestra realidad en el mundo. Aunque el régimen se empeñe en aislarnos, tenemos que insistir en el esfuerzo por demostrar a los países democráticos que somos un pueblo que merece el esfuerzo seguir recibiendo el apoyo de la comunidad internacional en su lucha pacífica por la recuperación del Estado de derecho, las libertades civiles y la democracia.

Debemos insistir en el cambio pacífico y democrático, apoyar a los verdaderos liderazgos populares que nacen en las comunidades, comprometernos en el trabajo de organización de base y apoyar la estrategia de llevar al régimen a unas elecciones democráticas, es una hoja de ruta compleja, ¡lo sabemos!, pero en la que debemos comprometernos todos los venezolanos que queremos hacernos dueños de nuestro futuro.

Este ha sido y seguirá siendo nuestro compromiso.

Roberto Patiño es cofundador de Alimenta la Solidaridad y de Caracas Mi Convive | rpatino.com

@RobertoPatino

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

 

Hidromet UCV: en marzo aumentará probabilidad de incendios forestales y habrá calima

El Departamento de Ingeniería Hidrometeorológica de la Universidad Central de Venezuela (Hidromet – UCV) informó en su boletín mensual que para este mes de marzo estiman que disminuyan las lluvias con respecto al mes anterior y aumente la probabilidad de que ocurran más incendios forestales y la calima en Caracas. 

La institución universitaria advirtió que febrero fue un mes «lluvioso extremo» con 37,4 litros por metros cuadrados en la estación pluviométrica de la UCV —ubicada en la capital—, lo que supera en «90,8 % a los valores de todos los febreros registrados en los últimos 75 años».

Sin embargo, también se registraron 65 focos de calor en la región capital (estados Miranda y Distrito Capital), lo que representa el 94,7 % de aumento por encima de la media durante ese periodo. A nivel nacional se rompió por sexta vez consecutiva la cantidad de focos de calor detectados en un mes, con 9.052 registros georreferenciales. 

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, este comportamiento de las lluvias y los focos de calor es atribuible al fenómeno El Niño, que tardará hasta el mes de abril y se traduce en una reducción de las precipitaciones en Venezuela. Pero, el alto nivel de focos de calor a nivel nacional se le puede atribuir a la sequía extrema en la selva Amazónica intensificada por el cambio climático, de acuerdo con la organización internacional World Weather Attribution. 

Sin datos en otras regiones del país

Hasta el momento de redacción de este texto, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) no ha publicado un balance de las lluvias en las distintas regiones del país. La estación pluviométrica del Hidromet – UCV solo puede analizar las precipitaciones de una fracción de Caracas. 

La ONG Clima 21 ha denunciado desde enero del 2023 que el INAMEH no ofrece ningún dato climático a la ciudadanía venezolana para crear planes de mitigaciones de desastres socioambientales como los incendios forestales. 

El pasado 27 de febrero, el Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de la Unión Europea «Copernicus» —CAMS, por sus siglas en inglés— alertó que Venezuela lleva varios meses en incendios forestales sin control del Estado. Solo en febrero se emitieron más de 5,2 megatoneladas de carbono producto de incendios forestales, una cantidad similar de gases de efecto invernadero que emitirían un millón de carros durante un año entero. 

En Lara la violencia policial no ha cesado

En la última década, el estado Lara ha sido testigo de la violencia policial, primero con la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) y luego con la desaparecida Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ahora devenida en Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO).

Si bien las muertes por intervención policial (MIP) han disminuido a partir de 2022, el patrón que impera ahora es la extorsión y la amenaza por parte de funcionarios, especialmente a empresarios, comerciantes y personas que se movilizan por las carreteras del estado.

El pasado 9 de enero Aiverson Torres de 17 años de edad resultó muerto  a manos de unos funcionarios policiales, quienes instalaron una alcabala móvil en la avenida 14 de febrero con avenida Rotaría, en la ciudad de Carora del municipio Torres. 

Según versiones publicadas por medios de comunicación, Torres decidió no detenerse en la alcabala para evitar ser extorsionado. Dos funcionarios lo persiguieron y le dispararon directamente en la parte superior de su cuerpo.

El informe anual del Observatorio de Violencia (OVV) reflejó que la tasa de homicidios el año pasado fue de 19,2 por cada 100 mil habitantes. Del total de 317 muertes violentas, 25 corresponden a intervenciones policiales.

En el referido informe se lee: “En los últimos años se apreció un aumento de los homicidios y de las muertes provocadas por la intervención policial que estaría asociado a un mayor estímulo de los factores catalizadores del crimen en comparación a los años anteriores, en los que, producto de los efectos del confinamiento y en general de la sostenibilidad de la crisis humanitaria, devinieron indirectamente en menor criminalidad”.

El OVV expresó que aunque hay un crecimiento del número de funcionarios policiales, se refleja una crisis institucional. 

“La masificación no calificada de efectivos de seguridad ha derivado en altos niveles de abuso contra los ciudadanos, en esta problemática inciden diversos factores como los bajos salarios de los policías, un entorno institucional débil y el abuso de poder”, indican.

 

Con información de OVV

 

Grupo IDEA: no habrá elecciones libres en Venezuela si se desconoce liderazgo legítimo de Machado

Los exjefes de Estado y de gobiernos participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), afirmaron este miércoles, 6 de marzo, que “no habrá elecciones libres en Venezuela si se desconoce liderazgo legítimo de María Corina Machado”.

La afirmación se genera luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciara la fecha de las elecciones presidenciales para el próximo 28 de julio de 2024. 

“No podrán realizarse elecciones libres, justas, verificables y democráticas, respetuosas del derecho al sufragio, mientras persista el desconocimiento del liderazgo, legitimado a través de elecciones primarias de María Corina Machado, fundamentadas en los Acuerdos de Barbados, e impidiéndose su participación”, se lee en la declaración firmada por 29 ex presidentes. 

En el texto aseguran que María Corina Machado está “constitucionalmente habilitada para ejercer el voto y para ser elegida, al no haber sido objeto de un juicio penal ni de condena definitivamente firme, y por haber sido habilitada su candidatura por el sufragio primario y mayoritario de los venezolanos”.

Finalmente, el Grupo IDEA aseveró que el régimen dictatorial simula una convocatoria y pretendida realización de elecciones, en las que se inscriban candidatos de su conveniencia, llamados a convalidar el continuismo y la violación sistemática y generalizada de derechos humanos imperante en el país.

La declaración está firmada por Óscar Arias (Costa Rica), José María Aznar (España), Nicolás Ardito Barletta (Panamá), Mario Abdo (Paraguay), Nicolás Ardito Barletta (Panamá), Felipe Calderón (México), Rafael Ángel Calderón (Costa Rica), Laura Chinchilla (Costa Rica), Alfredo Cristiani (El Salvador), Iván Duque (Colombia), Vicente Fox (México), Federico Franco, (Paraguay) y Eduardo Frey (Chile).

La diáspora venezolana y la explotación laboral en América Latina

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La desaplicación de los convenios 26 salario mínimo, 87 libertad sindical y 144 consulta tripartita sume a la población laboral de Venezuela la precariedad laboral absoluta

 

@froilanbarriosf

América Latina siempre ha estado bajo la lupa de organismos internacionales en materia de desigualdad social, precariedad laboral, empleo y desempleo y diferentes niveles de pobreza.

Se trata de la región del mundo que registra la mayor desigualdad de ingresos, como lo indica el informe sobre desarrollo humano 2019 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), divulgado en diciembre de ese año. Para 2019, el 10 % más rico en América Latina concentra una porción de los ingresos mayor que en cualquier otra región (37 %), indicó el informe. Y viceversa: el 40 % más pobre recibe la menor parte (13 %).    

Entre tanto, para 2022 en América Latina y el Caribe, el 50 % más pobre de la población se lleva el 10 % de los ingresos, mientras el 10 % más rico recibe el 55 %. En términos de riqueza, la concentración es mucho mayor: el 10 % más rico acumula el 77 % de la riqueza y el 50 % más pobre solo el 1 %.

Observemos cuáles son las formas de explotación laboral, de trabajo forzoso o de trabajo esclavo que se registran en la región. Cuando hablamos de estas denominaciones señalamos que se refiere a situaciones en las cuales las personas están forzadas a trabajar mediante el uso de violencia o intimidación, o por medios más sutiles como una deuda manipulada, retención de documentos de identidad o amenazas de denuncia ante las autoridades de inmigración:

  • Promesa laboral. Explotación laboral.
  • Explotación laboral forzada. Trabajo sexual forzoso/forzado.
  • Explotación sexual. Trata de personas.
  • Trata de blancas. Economía informal.
  • Trabajo forzoso en América Latina y el Caribe
  • La inmigración incontrolada.

En su primer documento relativo al tema, el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), la OIT define el trabajo forzoso a los efectos del derecho internacional como «todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente» (artículo 2, 1).

El trabajo forzoso es el desempeñado por una persona de manera involuntaria bajo amenaza. Mientras que en las formas modernas de esclavitud aparecen condiciones infrahumanas de trabajo, pero no ciertos elementos que definen al trabajo forzoso.

Así también la explotación laboral es causada por factores económicos, sociales y legales, y a menudo se describe como una forma de “esclavitud moderna”. Los trabajadores en agricultura intensiva, minería, industria de la confección y empleo informal son particularmente vulnerables a la explotación laboral.

La información disponible sobre eliminación del trabajo forzoso muestra que los avances logrados en la región de América Latina y el Caribe no son todavía suficientes. Según datos de la OIT, en la región hay alrededor de 2 millones de personas sometidas a trabajo forzoso.

Sin embargo, existen importantes esfuerzos. Es destacable el caso de Brasil, donde hay una amplia estrategia para enfrentar el trabajo forzoso. También se han dado pasos en el Estado plurinacional de Bolivia, Paraguay y Perú. A escala internacional, el trabajo forzoso constituye una grave violación de los derechos humanos y de los derechos fundamentales en el trabajo. El informe sobre Ganancias y pobreza: aspectos económicos del trabajo forzoso (2014), dice que el trabajo forzoso genera ganancias por unos 150 000 millones de dólares en todo el mundo, de los cuales la mayor parte, 99 000 millones de dólares, provienen de la explotación sexual comercial.

Por lo expuesto, a fin de promover políticas que erradiquen el trabajo forzoso, debemos abordar el estado del empleo en América Latina y el Caribe. Las cifras de la región indican que la tasa de desempleo se redujo en 2022 a 7,2 %, luego de haber alcanzado el 8 % en 2019, el año previo a la pandemia de COVID-19.

Dichas cifran resaltan que Latinoamérica es un mercado laboral complejo. Como indica la directora regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Claudia Coenjaerts: “el problema laboral más urgente para la región es el de la calidad del empleo y los insuficientes ingresos laborales y totales generados por los trabajadores y sus familias”.

El informe destaca que la tasa de informalidad regional ya llegó al 50 %, como era antes de la pandemia, aunque en algunos países es mucho mayor. “La realidad es que una de cada dos personas trabaja en la informalidad, que suele estar acompañada de inestabilidad laboral, bajos ingresos, sin protección social”.

Según la OIT “los trabajadores informales tienen entre tres y cuatro veces más probabilidades de ser pobres que los trabajadores formales, a la vez que explican entre 70 % y 90 % de la pobreza laboral total”.

Además, el informe advierte que los ingresos reales de personas trabajadoras en la región están siendo afectados por una tasa de inflación regional que se habría ubicado por encima del 8 % en 2022 y que causó una pérdida del poder adquisitivo de los salarios medios y los salarios mínimos.

Esta difícil condición laboral determina que los gobiernos impulsen políticas de garantías de ingresos para quienes están más afectados por la pérdida del poder adquisitivo, en lo posible en vinculación con políticas activas para acceder al mercado laboral. “Si queremos avanzar hacía una región con mayor justicia social y menor desigualdad, será necesario adoptar medidas contundentes para generar más y mejores empleos” puntualiza el estudio Panorama Laboral 2023 para América Latina y el Caribe.

En torno al tema es fundamental incluir el efecto de la inmigración en la región, destacando el volumen de la diáspora venezolana, cuyas cifras han alcanzado para América Latina y el Caribe una cantidad cercana a los 6.5 millones de personas. Una multitud que en su mayoría labora en condiciones de precariedad laboral, de discriminación y de exclusión del trabajo formal, determinadas por políticas de regulación laboral para los inmigrantes por parte de los gobiernos de la región.

Otro caso destacado sobre la explotación laboral en la región es el de los médicos cubanos, quienes en condiciones de esclavitud laboran bajo convenios infrahumanos para Estados de la región en beneficio del régimen cubano.

En otro contexto, debemos destacar la situación de los trabajadores venezolanos, cuya situación está siendo analizada del 4 al 14 de marzo en la 350 sesión del Consejo de Administración de la OIT, en Ginebra. Allí el expediente Venezuela será revisado en torno a los resultados de la Comisión de Encuesta sobre la aplicación de los convenios 26 salario mínimo, 87 libertad sindical y 144 consulta tripartita, cuya desaplicación ha determinado que la población laboral de todo un país se encuentre en condiciones de explotación y de precariedad laboral absoluta.

*Movimiento Laborista.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

 

Abogados no saben de qué se le acusa a Carlos Salazar, detenido por grabar video de Alex Saab

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El abogado y miembro del Foro Penal, Pedro Arévalo, informó que no ha podido ver a Carlos Salazar, a pesar de que lleva más de un mes detenido. 

Arévalo indicó que tuvo información de que Carlos Salazar fue presentado el pasado 15 de febrero pero desconoce en qué tribunal y los cargos que se le imputan. “Sabemos que le fue imputado incitación al odio pero no sabemos qué otro delito, porque a él no le dijeron nada”, dijo.

Salazar, de 60 años, jubilado de Pdvsa, desapareció el pasado 5 de febrero de 2023 a las 5:30 p.m. en Punta de Piedras en la calle Los Módulos, isla de Margarita, estado Nueva Esparta, mientras se encontraba haciendo unas diligencias personales y fue hasta el pasado 28 de febrero que sus familiares lograron ubicarlo en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el Helicoide, Caracas.

El abogado explicó que es posible que le hayan imputado otro delito aparte de incitación al odio, debido a que dicho delito permite beneficios de oficio y con eso podía haber quedado en libertad condicional, pero eso no ocurrió. 

“Lo que hace inferir que debieron imputarle asociación para delinquir, que sería una locura, ya que deben tener más de dos personas y no están detenidos más de dos, es él solo en la causa”, afirmó.

Andrea Castellanos, sobrina de Carlos Salazar, en entrevista para Runrun.es comentó que su tío Luis Salazar es el único que ha podido ver a Carlos, después de haber pasado más de 20 días de detención forzosa. 

“Mi tío está bien de salud, con algunos problemas gastrointestinales, pero en líneas generales, bien, aunque nadie detenido puede estar bien”, enfatizó Castellanos. 

Según mencionó, una mujer habló con su tío Carlos y le dijo que en 45 días lo iban a presentar nuevamente para dictar sentencia por el delito que cometió. 

Castellanos insistió en que su tío está “preso injustamente y aparte se le están violando sus derechos al debido proceso, pues sus abogados no han podido tener acceso al caso. 

“Habrá que esperar hasta el próximo mes para que volvamos a verlo. Los abogados van a volver a ir para tratar de saber de qué se le acusa y todo lo referente a la situación penal de mi tío”, finalizó.

¿Por qué está detenido Carlos Salazar? 

La grabación de un video que se hizo viral en redes sociales fue el boleto directo a la desaparición de Carlos Salazar. El audiovisual, que según contó Castellanos, fue grabado a finales de enero, mostraba al empresario colombiano Alex Saab junto a un joven que se presume es su hijo de compras en una tienda en la Isla de Margarita. 

“Ta’ ahí con el carajito, hablando por teléfono. ¡Qué arrecho! Como se da bomba aquí en Margarita, el ‘malandro’, ese qué arrecho ese m&@$#/o. Mira el ‘malandro’ de Álex Saab que está entrando ahí con el carajito, hablando por teléfono. Qué arrecho”, se escucha en el video, mientras Saab ingresaba la entrada de una tienda deportiva.

Andrea Castellanos detalló que cinco días antes de que desapareciera su tío ya lo andaban investigando para dar con su paradero. “Él le contó a un amigo abogado que sentía que lo estaban persiguiendo, también le dijo que varias personas le habían comentado que estaban preguntando por él, por su mamá y por su hermano mayor. Ese lunes salió y no regresó más”, dijo. 

Castellanos relató que a Salazar se lo llevaron y le habrían mencionado que era por motivo de investigación, sin decirle la razón exacta.

Intimidación, censura, detención de Rocío San Miguel y cierre de medios predominaron en febrero

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La ONG Espacio Público reportó que, durante febrero de 2024, se registraron 15 casos y 41 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, que incluyen la intimidación, censura, detención de la activista Rocío San Miguel y cierre de medios.

De acuerdo con el balance de la organización, los periodistas y medios de comunicación fueron las principales víctimas de actos de intimidación y censura.

En total, Espacio Público contabilizó 33 víctimas de violaciones a la libertad de expresión, entre ellas al menos 17 periodistas y/o reporteros. Registraron, además, 6 medios de comunicación, 4 particulares y organizaciones de la sociedad civil o miembros de las mismas.

De 19 victimarios, solo uno no estuvo directamente relacionado con el Estado o con el partido de gobierno. Además, ocho instituciones públicas violentaron el derecho a la libertad de expresión, junto con seis cuerpos de seguridad, cuatro funcionarios del Estado y un grupo simpatizante del oficialismo.

Detención y desaparición de Rocío San Miguel

Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, fue detenida el 9 de febrero en el aeropuerto internacional de Maiquetía, junto a su hija. No se supo de su paradero sino hasta 72 horas después de su detención, constituyendo así una desaparición forzada.

El fiscal general designado por la extinta constituyente, Tarek William Saab, informó sobre la detención de San Miguel dos días después en su cuenta de X por su presunta vinculación con el caso “brazalete blanco”.

En la noche del 12 de febrero San Miguel fue presentada junto con sus familiares ante el Tribunal Segundo contra Terrorismo, según un comunicado en X del Ministerio Público del día 13.

La Fiscalía solicitó medida de privación preventiva de libertad en contra de Rocío San Miguel por presuntos delitos de “traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación”, dice el comunicado.

También, al ciudadano Alejandro González de Canales (expareja de San Miguel) se le acusó de “revelación de secretos políticos y militares”, entre otros cargos.

Cierres y presión a medios

El pasado 2 de febrero, funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenaron el cierre de la emisora Onda 100.9 FM que operaba en Valencia, estado Carabobo, convirtiéndose en el tercer cierre en menos de dos años que involucra a emisoras del Circuito Unión Radio en la entidad.

Asimismo, las emisoras Senda 96.1 FM, Mágica 93.3 FM y Clásicos 93.9 FM, todas de Ciudad Ojeda, municipio Lagunillas del Zulia, fueron cerradas el 23 de febrero por órdenes de una comisión de Conatel que visitaba el estado, tras hacer “una revisión administrativa técnica”.

También, la emisora Ecos del Páramo 100.3 FM de Tuñame, municipio Urdaneta de Trujillo, cesó sus operaciones el 27 de febrero por órdenes del gobernador oficialista, Omar Márquez.

Ciudadanía desprotegida

En Maracaibo, capital del estado Zulia, funcionarios del Servicio de Investigación Penal de la policía regional detuvieron el 2 de febrero al modelo Marcos Caraballo por usar “vestimenta indecorosa” en una sesión de fotos frente a la Basílica de La Chinita.

Efectivos de Polizulia también detuvieron a Nerio Antonio Bello por proveer el disfraz de ángel que modeló Caraballo en una sesión que se viralizó en internet.

De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, ambas detenciones arbitrarias ocurrieron luego de “una serie de denuncias en redes sociales y por parte de sectores religiosos”, violando así el derecho a la libertad de expresión, al trabajo y al libre desenvolvimiento de la personalidad de ambas personas.

Por su parte, el abogado y defensor de derechos humanos Joel García fue hostigado y amenazado por un sujeto desconocido el 7 de febrero mientras asistía al cónsul general y el cónsul adjunto de Chile en Venezuela en el Palacio de Justicia.

“Me dijo que si seguía publicando en redes, ya veía lo que me iba a pasar, que me atuviera a las consecuencias en eso”, relató García.

El ciudadano e ingeniero jubilado de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Carlos Salazar, fue llevado por sujetos desconocidos en Punta Piedra, estado Nueva Esparta, y estuvo desaparecido durante más de 20 días tras publicar un video en el que muestra y critica al expresidiario Alex Saab.

Familiares del ingeniero Salazar lograron verlo 20 días después de su desaparición en la sede del Sebin de El Helicoide, aunque se desconoce si fue presentado ante algún tribunal.

Ataques a la sociedad civil

Visibles Venezuela, organización defensora de las personas LGBTIQ+, informó sobre una pausa temporal en sus actividades debido a actos de hostigamiento y acoso que está recibiendo por parte de grupos adeptos al partido de gobierno.

Previamente, organizaciones alertaron sobre mensajes discriminatorios por parte de funcionarios del Estado en programas transmitidos por los canales de alcance nacional Globovisión y Venezolana de Televisión, que repercuten en la opinión pública y generan acoso y persecución hacia personas LGBTIQ+, activistas y personas defensoras de DDHH.

En el estado Barinas, el gerente regional de la empresa estatal Corpoelec, Danny García, acusó ante el Ministerio Público al sindicalista Marcos Vargas, el periodista Dimas Medina y el ingeniero Carlos Azuaje por denunciar actos de corrupción y negligencia en la prestación del servicio eléctrico de la entidad.