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CLAVES | ¿Qué puntos del acuerdo de Barbados viola la fecha de elecciones?

Pasando por encima de los acuerdos suscritos en Barbados con la Plataforma Unitaria, el régimen madurista anunció este 5 de marzo, fecha en la que se cumplieron 11 años del fallecimiento del expresidente Hugo Chávez, que las elecciones presidenciales se llevarán a cabo el venidero 28 de julio. 

En octubre del año pasado, Gobierno y oposición rubricaron un acuerdo con la venia de la comunidad internacional, donde suscribieron 16 puntos con la finalidad de llevar a cabo unos comicios libres y transparentes, distantes de los efectuados en mayo de 2018.

La concesión de la administración chavista se selló a cambio del levantamiento de sanciones económicas por parte del Gobierno de Estados Unidos, sin embargo la oficina del presidente Joe Biden advirtió que si Maduro y sus acólitos irrespeta el pacto en abril de este año la totalidad de los castigos serán restituidos.

De no corregir lo hecho de octubre a la fecha, el madurismo corre el riesgo de volver a ser sancionado. La Plataforma Unitaria ha denunciado que el Gobierno ha irrespetado los acuerdos y aquí los puntos más álgidos. 

Derecho de todos a postularse: Con la ratificación de la inhabilitación a la líder del partido Vente Venezuela, Maria Corina Machado por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el Gobierno violó la cláusula donde habla de permitir a todos el derecho a optar por la presidencia de la República sin discriminaciÓn alguna. Pese a la imposibilidad de inscribirse en el Consejo Nacional Electoral (CNE), la ganadora de las primarias en octubre del año pasado dijo que continuará con la estrategia de ejercer el compromiso que le adjudicaron más de 3 millones de personas.

 

Inscripción y actualización del REP: Menos de 30 días dio el CNE para la inscripción y actualización de datos del Registro Electoral Permanente. El presidente del CNE, Elvis Amoroso, dijo que el REP estará abierto del 18 de marzo al 16 de abril y no especificó si se colocarían oficinas en lugares adicionales a los registros de las capitales de los estados. Con este lapso se hace cuesta arriba la inscripción de alrededor de 3 millones de personas que están fuera del registro y además representa una incertidumbre para los millones de venezolanos que viven en el exterior.

 

Observación Internacional: Al quedar poco más de cuatro meses para organizar la elección e irrespetar el lapso constitucional que establece como lapso mínimo un semestre, la observación internacional queda en entredicho. En Barbados se habló de la participación de observadores del Centro Carter y la Unión Europea en el evento electoral, sin embargo el margen de acción hace impredecible su eventual venida a Caracas y correspondiente acreditación por parte de las autoridades.

 

Auditorías: En el escueto cronograma electoral leído este martes 5 por Amoroso no menciona futuras auditorías a los comicios, fecha probables, ni presencia de partidos políticos de oposición y observadores internacionales.  

 

Difusión equitativa en los medios públicos y privados: Amoroso tampoco se refirió a la supuesta equidad propagandística acordada por las partes en Barbados en los medios de comunicación públicos y privados. Solo informó que la campaña electoral se desarrollará entre el 4 y el 25 de julio. Mientras Maduro emplea al canal de TV del Estado Venezolana de Televisión (VTV) como órgano de propaganda, a Machado no se le permite declarar en ningún medio de difusión masiva público y hasta privado.

 

Machado tras fecha de elecciones: “Recibí un mandato y estoy comprometida a llegar hasta el final con esto”

María Corina Machado, ganadora de la primaria opositora del 22 de octubre de 2023, declaró tras conocerse la fecha de las elecciones presidenciales, las cuales el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció se celebrarán  el 28 de julio de este año.

La convocatoria a estas elecciones se hizo sin que se resuelva la inhabilitación que ratificó el Tribunal Supremo de Justicia contra Machado, candidata electa por amplia mayoría en las primarias opositoras de octubre de 2023. 

Mediante un mensaje que publicó en su cuenta de X (antes Twitter), Machado recordó ese “mandato” que recibió al resultar victoriosa en la primaria y reiteró que llegará “hasta el final”.

“Yo recibí un mandato. El mandato de conducir a este país a unas elecciones limpias y libres. Yo estoy comprometida a llegar hasta el final con esto”, escribió Machado en su mensaje.

También, afirmó que, así como el oficialismo salió de la negociación, “ahora se quieren salir de la ruta electoral porque tienen miedo”.

“Mi compromiso es lograr elecciones limpias, y con la fuerza de la gente lo haremos posible”, insistió.

Más temprano, Machado estuvo en el municipio Altamira de Cáceres, en el estado Barinas, donde, tras conocerse la fecha de las elecciones presidenciales, advirtió que el oficialismo “pretende” desconocer el deber constitucional.

“El régimen hoy pretende dar otra patada, desconocer una vez más lo que tienen que hacer, lo que no les queda más remedio que aceptar. Aquí va a haber elecciones limpias y libres, porque nosotros tenemos la fuerza y ellos lo saben”, señaló Machado.

Asimismo, apuntó: “Son ellos, los que con su cobardía y debilidad, pretenden borrar de un palazo lo que aquí pasó y sacar a Venezuela de lo que es el deber constitucional de elecciones presidenciales este año, que el mundo entero está exigiendo, hasta sus aliados”.

Finalmente, señaló que, dado lo ocurrido, que “pretenden desconocer lo que son los derechos de los venezolanos”, instó a la población a mantener “serenidad y firmeza”, porque “esto es lo que viene, y más trabajo que nunca”.

Denuncian nuevas imputaciones y condiciones deplorables de reclusión de Igbert Marín Chaparro

Nuevas imputaciones fueron agregadas al teniente coronel Igbert Marín Chaparro, quien está detenido desde el año 2018 y ahora está recluido en un calabozo de El Rodeo I.

Así lo denunció Ignell Marín, hermana del militar, este miércoles 6 de marzo, mediante un video que se difundió en X.

Ignell recordó que el pasado 2 de marzo su hermano cumplió seis años preso y que desde octubre de 2023 podía optar por la libertad condicional.

“En días recientes fue imputado por nuevos delitos con penas de hasta 30 años de prisión, esto ocurrió en una audiencia sorpresiva que se hizo de noche en la misma sede de la Dgcim con la imposición de un defensor público, negándole pese a su solicitud, la presencia de sus abogados de confianza”, denunció su hermana.

 

En esa audiencia, prosiguió Ignell Marín, a Igbert lo acusaron de supuestamente participar en el caso “La Viñeta”, una supuesta conspiración que buscaba “atentar” contra la vida del gobernante Nicolás Maduro y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

“Mi hermano niega estas acusaciones y es que es absurdo pensar que él, desde una cárcel de máxima seguridad, puede burlar los estrictos controles que allí imperan y participar en acciones de esta naturaleza”, apuntó Ignell Marín en su denuncia.

La hermana de Igbert precisó que, además, lo trasladaron al anexo de máxima seguridad del Rodeo I, “donde enfrenta condiciones infrahumanas”.

“Lo despojaron de sus pertenencias y tenemos prohibido llevarle insumos básicos. Lo mantienen encerrado en una celda insalubre donde apenas hay una letrina. No tiene provisión de agua potable y no le han permitido recibir el sol. Las escasas porciones de alimento que recibe en su celda no cubran sus necesidades. Le han negado la visita de sus abogados y no le permiten la comunicación con sus hijos. Las dos visitas que me han autorizado tuvieron una duración máxima de 20 minutos, se dieron bajo vigilancia extrema con un vídeo y una reja de por medio. Para llegar a ese lugar fue encapuchada una parte del trayecto por funcionarios que en todo momento sus rostros con pasamontañas”, denunció Ignell Marín.

La hermana del teniente coronel denunció también que esta situación imposibilita que sus padres puedan ver a Igbert, sobre quien dijo que está “visiblemente más delgado” y recientemente sufrió una crisis hipertensiva.

“Tememos que su situación sea grave, pues no hay centros de salud cercanos”, manifestó la hermana.

También, Ignell denunció que las torturas psicológicas a las que Igbert es sometido también afectan a su familia. “Estas vejaciones están generando profundos daños que nos mantienen en un estado de angustia permanente”, dijo.

“Las terribles condiciones que hoy enfrenta Igbert demuestra un recrudecimiento en la vulneración de los derechos humanos que ha sufrido desde el mismo momento de su arbitraria detención, en franca violación a las leyes nacionales e internacionales. La grave situación de mi hermano evidencia una confabulación para impedir lo que hasta el momento era su inminente libertad y perpetuar su ya injusta prisión”, sentenció Ignell Marín.

Detenido y torturado

Igbert Marín Chaparro fue detenido el 16 de marzo de 2018 dentro de Fuerte Tiuna, por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) junto a otros siete oficiales. Estuvo varios días bajo una desaparición forzosa.

Lo llevaron al Ministerio de Defensa para una reunión con el ministro Vladimir Padrino López y los generales Jesús Suárez Chourio e Iván Hernández Dala.

Marín Chaparro, entonces jefe del Batallón Ayala, fue presentado en tribunales militares, donde se le acusó de presunta traición a la patria, instigación a la rebelión y delitos contra el decoro militar.

En diciembre de 2020, el militar fue condenado a siete años y seis meses de prisión. Aunque tenía orden de traslado a Ramo Verde, lo llevaron a “La casa de los sueños”, lugar denunciado por organismos internacionales -entre ellos la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas- como un establecimiento de torturas para aquellas personas detenidas en esa sede.

Según un testimonio del preso político, publicado en la cuenta de Twitter de la Coalición para los Derechos Humanos y la Democracia, fue sometido a siete días de torturas. Detalló que le pusieron bolsas en la cabeza con gases lacrimógenos, lo golpearon y le fracturaron costillas.

En diciembre de 2021, Marín Chaparro estuvo en huelga de hambre en las celdas de la Dgcim. Lo hizo en protesta por las torturas, tratos crueles e inhumanos que ha sufrido desde su detención. La huelga duró 17 días.

El Mañanero del #6Mar: las 8 noticias que debes conocer

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En El Mañanero de Runrun.es de este 6 de marzo resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela: El presidente del CNE, Elvis Amoroso, anuncio que las elecciones presidenciales serán el 28 de julio, el canal DW en Español paso a engrosar la lista de canales censurados por el chavismo y focos de calor superaron la  media histórica nacional. 

CNE convoca Presidenciales 2024 para el #28Jul con Machado aún inhabilitada

«Un medio nazi» las perlas que soltó Nicolás Maduro sobre la DW y otras más

Focos de calor en febrero de 2024 superaron en 112,6 % la media histórica nacional

SOS Orinoco denuncia la construcción de una carretera y una mina ilegal entre Brasil y Venezuela

Academia Nacional de Medicina pide mejorar vacunación para evitar brotes de sarampión

DW en español engrosa lista de canales censurados por el chavismo

Crisis económica pone en vulnerable situación de calle a niños y adolescentes en Ciudad Guayana

Civicus Monitor incluye a Venezuela en lista de países vigilados por situación de DDHH

Es momento de máxima unidad y desprendimiento. Bajo ningún concepto abandonar la fuerza del VOTO. Poner por encima de cualquier interés personal al país y a los venezolanos. La gente bajo ningún concepto puede quedarse sin opción. La lucha es luchando. No regalarle a Maduro y su desastroso gobierno 6 años más”, Henrique Capriles, ex candidato presidencial 

El camino de regreso a la democracia y el desarrollo después del 22 octubre

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Venezuela no es Argentina, ni MCM es Milei, afortunadamente. Vale la pena recordarlo porque ya no podemos darnos el lujo de equivocarnos nuevamente

 

@EnriqueterHorst

  1. 92 %, la cifra lograda por MCM en la elección primaria del 22 de octubre para decidir la candidatura presidencial de la oposición venezolana, no es poca cosa. Como no lo es el 81 % de la encuesta nacional posterior relativa a la intención de voto de los venezolanos en la elección presidencial de este año, también a favor de MCM. No se lo esperaba el gobierno. En realidad, nadie lo esperaba.

  2. Las graves violaciones parciales del Acuerdo de Barbados, cuyo contenido la gran mayoría aún no conoce, y otros saboteos (sentencia irregular del TSJ confirmando las inhabilitaciones de MCM y HCR, el referendo oportunista sobre el Esequibo y la creación de un clima belicista frente a Guyana, así como la escalada que representa el secuestro y detención de personal de Vente Venezuela y de Rocío San Miguel, y la arbitraria expulsión del personal de la ONU). Son actuaciones que solo se explican en estructuras de poder autoritarias que toman sus decisiones en conciliábulos secretos de pocos incondicionales. 

  3. También han confirmado la pérdida de alguna simpatía residual que aún pudieran haberle tenido los presidentes Boric, Petro y Lula. Brasil y Estados Unidos han hecho evidente su apoyo a la soberanía e integridad territorial de Guyana, una advertencia clara. Brasil y Guyana han celebrado muy públicamente reuniones de coordinación militar; y los presidentes Lula y Biden coordinan ahora sus acciones sobre Venezuela directamente.  Son todas democracias signatarias de la Carta de Naciones Unidas, y sus intereses nacionales se ven directamente afectados por el enorme foco de inestabilidad regional que representa, ahora más que nunca, el régimen madurista.

  4. La condena internacional ha sido unánime, y la credibilidad y capacidad de negociación del régimen se ha visto disminuida. La Administración Biden siente que Maduro se ha burlado de ella, y surge con fuerza la duda generalizada de si a esta gente se le puede creer algo. La feroz represión contra la oposición, la expulsión de los funcionarios de la ONU y la movilización de tropas a la frontera con Guyana dio lugar a un coctel demasiado potente para los gobiernos de todo el continente. Para el régimen la tal “furia bolivariana” terminó en espectacular tiro de culata. 

  5. La actitud del régimen, cada vez más destemplada ante reveses sucesivos, se explica por su acelerado aislamiento internacional enteramente autoinfligido, causa y efecto de su escalada cada vez más desafiante y provocadora, sin medir las posibles consecuencias. 

  6. Esta sucesión de graves errores estratégicos parece presagiar el final de una larga agonía y ciertamente ha hecho caer al régimen en una espiral descendente muy difícil de revertir. Obliga al oficialismo sensato que aún queda y quiere ser parte de la Venezuela que viene y a la oposición democrática liderada por María Corina Machado a tomar esta delicada coyuntura muy en serio. Ojalá acordando prontamente una visión de futuro generosa, de libertad y bienestar para todos y promotora y protectora de gran mayoría vulnerable, producto de un pacto de gobernabilidad democrática que evite que el cambio inevitable que vislumbra el país entero sea traumático.

  7. El gran aprendizaje nacional de estos últimos 25 años permite una transición práctica y bien pensada, pacífica, que cuente con todos los recursos humanos y materiales para asegurar un proceso de democratización de buena calidad en todos los órdenes, sin dogmatismos ideológicos de izquierda o de derecha, e inspirada en la economía social de mercado escandinava y alemana. Venezuela tiene todo para lograrlo, y quienes logren esa salida pasarán a la historia.

  8. Venezuela no es Argentina, ni MCM es Milei, afortunadamente. Vale la pena recordarlo porque ya no podemos darnos el lujo de equivocarnos nuevamente. Ni fundamentalistas ni dogmáticos de extrema derecha, ni de extrema izquierda, de lo que se trata es de regresar a la plena vigencia de la Constitución y eso debería quedar claro en un eventual Acuerdo de Barbados mejorado y ampliado, construido sobre el existente, y suscrito ANTES, ojalá mucho antes, de la posible elección del 1ro. de diciembre. Es lo que se propone en este papel.

  9. El temor fundado que tienen muchos, tanto en el oficialismo como en la oposición, es que de ganar “el otro”, impondrá su proyecto más extremo. Es un temor que hay que desarticular rápidamente. Tenemos que alejarnos de manera clara y decidida del precipicio de la violencia política generalizada al cual nos ha llevado el ala dura del régimen.   

  10. Ese temor ha crecido con el peligroso teatro de Furia Bolivariana anunciado y ejecutado por el poder, y que ahora clama por ser contenida por la gran mayoría de los venezolanos que no ha perdido la cabeza, obligando, con el indispensable apoyo de los países democráticos de nuestro hemisferio, a un reenfoque de la negociación más allá de la cuestión electoral, incluyendo ahora también la gobernabilidad democrática y el cronograma de regreso a la plena vigencia de la Constitución, gane quien gane la elección presidencial.

  11. Se impone así, por la necesidad perentoria de proteger la paz en la cual aún vivimos, dotarnos del instrumental necesario para llevar a buen puerto la negociación en curso ampliando y mejorando el Acuerdo de Barbados con medidas que aseguren la reconstrucción y cabal funcionamiento de la gobernabilidad democrática descrita en nuestra constitución. La de 1999 redactada por el presidente Chávez. Naturalmente, tal como ya se ha acordado en principio, el Acuerdo de Barbados mejorado y ampliado deberá ser protegido por la ONU de otro arranque de furia bolivariana, con un mandato claro de observación y verificación de su cumplimiento, y una presencia importante in situ.

  12. El régimen no parecía hasta hace poco verlo así, desafortunadamente, malinterpretando la apertura de los Estados Unidos (sobrinos, Saab, levantamiento de sanciones) como muestra de debilidad, y subestimando la capacidad de discernimiento de los venezolanos al no caer en la manipulación patriotera del referendo sobre el Esequibo, asunto que concita un acuerdo nacional que no requiere de confirmación adicional alguna, mucho menos la movilización de tropas hacia la frontera con Guyana, un despropósito.  

  13. El régimen ha socavado su credibilidad, situación que unida a su precaria legitimidad, tanto de origen como de desempeño, obliga ahora a proceder de la manera arriba descrita, con sentido de urgencia, fijando un límite de tiempo –podría ser el 31 de mayo– como fecha tope para acordarlo todo, seis meses antes del primer domingo de diciembre, un tiempo razonable para cumplir con la tarea de reparar la conducta abiertamente inconstitucional e ilegal del régimen.  

  14. La verificación del cumplimiento del cronograma detallado que debería contener el Acuerdo de Barbados ampliado implicará ahora necesariamente el despliegue de una misión de estabilización de la ONU mucho mayor que la de la pequeña oficina del Alto Comisionado de DDHH que el régimen expulsara tan alegremente.

  15. La última arremetida del gobierno también parece haber hecho inaplazable la inmediata mediación de un representante personal del SG Guterres, especialmente para encarrilar de nuevo el proceso de Barbados. Podría eventualmente ser un diplomático brasileño, por su peso y por país vecino miembro del BRICS, y ahora también presidente del G20 por los 12 meses que vienen.

  16. El texto de lo acordado debe ser público, ojalá firmado y publicado íntegro el 31 de mayo, o al menos cinco meses antes de la elección presidencial, y su cumplimiento verificado por la ONU, vale la pena recordarlo.

  17. El SG debería también establecer un grupo informal de países amigos, integrado, p.ej., por Brasil, Colombia, Chile, Canadá, EE. UU., China, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Noruega, Japón, India, Nigeria, España, Reino Unido, y Países Bajos, con el fin de facilitar la negociación, servir de testigo del proceso negociador y, una vez acordado, de facilitadores de su cumplimiento ante las instancias pertinentes (Asamblea General y Consejo de Seguridad, FMI, Banco Mundial, BID, entre otros). La interacción del representante personal del SG con este grupo informal podría ser crucial para hacer avanzar la negociación con la celeridad requerida. 

  18. Hay tiempo para hacer todo esto, con voluntad política, alguna presión, y un mínimo de buena fe, por supuesto. Lo anterior busca exclusivamente recuperar y fortalecer todos los esfuerzos existentes dirigidos a lograr una transición como la descrita arriba y no pretende ser sustitutivo de ninguno.

  19. Se haría para integrar todas las políticas y medidas dirigidas a impulsar democráticamente un esfuerzo nacional solidario reparador del enorme daño sufrido sobre todo por los más vulnerables, con programas humanitarios de emergencia de gran envergadura, incluyendo los servicios públicos y los bienes comunes, como la seguridad y el acceso a la educación y a la justicia, y con la mejora simultánea de la capacidad de compra y de la de ahorro e inversión de los venezolanos.

  20. El apoyo internacional, tanto el político, como el diplomático y el del crédito multilateral, serán indispensables y forman parte de un solo todo. Aclarando la visión del país que todos queremos en el corto, mediano y largo plazo, y de cómo lograrlo, será crucial para despejar la desconfianza entre ambos bandos y los peores temores ante el otro.

  21. Ambos lados deberán participar activamente en este esfuerzo quizás articulado por el eventual representante personal del SG de la ONU.  Después de todo la meta es la reconciliación de los venezolanos, de todos, así como asegurar la viabilidad de una democracia moderna regida por un Estado de derecho eficaz, miembro responsable y constructivo de las Naciones Unidas y factor de cooperación y progreso en el hemisferio occidental y más allá. Nunca volvamos a permitir que furias bolivarianas o de otro signo nos distraigan de la tarea de reconstruir el país.

29/2/24

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

 
 
 

Presidenciales 2024: Capriles propone seguir “ejemplo de Barinas” y no dejar a la oposición sin candidato

Este martes, 5 de marzo, luego de conocerse que el Consejo Nacional Electoral (CNE) fijó la fecha de las elecciones presidenciales para el 28 de julio, el exgobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, propuso seguir el “ejemplo de Barinas” y no dejar a la oposición sin candidato. 

El presidente del CNE, Elvis Amoroso, en declaraciones a los medios de comunicación, informó que luego de evaluar el «Acuerdo de Caracas», entregado por la Asamblea Nacional 2020, se tomó la decisión de adelantar las elecciones que estaban previstas para el mes de diciembre. 

“Estando inhabilitado inconstitucionalmente por 15 años (algunos quisieron manipular con ello) pongo el ejemplo de Barinas. El pueblo de Barinas nunca se quedó sin opción frente a la arbitrariedad. Igual debe ser en este caso y más que estamos hablando del futuro de millones de venezolanos”, escribió Capriles en su cuenta en x. 

Cabe recordar que en las elecciones a gobernadores que se celebraron en noviembre de 2021, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió la totalización de votos y la proclamación de Freddy Superlano como gobernador del estado Barinas, luego de un recurso introducido por el exdiputado Adolfo Superlano por la supuesta existencia de procedimientos y averiguaciones administrativas y penales.

Sin embargo, en enero de 2022, se repitieron las elecciones en la entidad, resultando ganador el opositor Sergio Garrido quien se alzó como gobernador frente al candidato del chavismo, Jorge Arreaza. 

“Maduro y su cúpula creen que así pueden mantenerse en el poder, el tema es que hoy son millones los venezolanos que NO quieren votar por él. Representan el peor gobierno de la historia. Representan aunque estén en Miraflores el más rancio y corrupto pasado político”, expresó el exgobernador. 

Capriles indicó que Venezuela tiene un gran desafío actualmente y es el de “recuperar nuestra democracia”. 

“Es momento de máxima unidad y desprendimiento. Bajo ningún concepto abandonar la fuerza del VOTO. Poner por encima de cualquier interés personal al país y a los venezolanos. La gente bajo ningún concepto puede quedarse sin opción. La lucha es luchando. No regalarle a Maduro y su desastroso gobierno 6 años más”, dijo.

Finalmente, exhortó a todos los venezolanos a no repetir los errores, pues el gobierno jugará a dividir y a la abstención. 

“No repitamos errores, el aprendizaje está allí. Hay que salir a ganarle por nocaut. Este país está esperando ese momento para expresarse, estemos a la altura del momento histórico. Siempre valdrá la pena. ¡Vamos!”, indicó. 

 
 

Histórica decisión en La Haya

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El profesionalismo, la eficiencia y la ética demostrada por los magistrados, la Oficina Fiscal y la Oficina de Víctimas, ha sido impecable. Además, una gran lección: los artificios, la mentira y los formalismos no impiden ir al fondo

 

@ovierablanco

El 1ro. de marzo 2024, la Sala de Apelaciones [SA] de la Corte Penal Internacional de La Haya [CPI], desestimó los alegatos presentados por el Estado venezolano que pretendían frenar la continuación de la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad que lleva a cabo la Oficina Fiscal [OF] Hon. Karim Khan, cometidos bajo el mandato de Nicolás Maduro.

Esta histórica victoria procesal en La Haya dignifica a las víctimas y desmiente al legalismo autocrático. La decisión abre la ruta a las responsabilidades individuales de los presuntos perpetradores de crímenes de lesa humanidad; esto es, a los altos funcionarios de la cadena de mando. Se habilita una fase de valoración probatoria, que conducirá a la fase juicio y condena.

Alegatos desestimados por la CPI 

La Sala de Apelaciones [SA] rechazó por unanimidad cada uno de los argumentos presentados por Venezuela. El juez Marc Perrin de Brichambaut, que preside la SA de la CPI, leyó el dictamen que echó por tierra, uno a uno, los alegatos interpuestos por el abogado de Venezuela, el inglés Larry Devoe, quien apeló en agosto de 2023 la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares [SCP] que autorizó investigar.

Venezuela plantea seis motivos de apelación:

i. Sostiene que la SCP se equivocó al imponer al Estado venezolano la carga de la prueba, y aceptar la notificación fiscal sobre su intención de investigar, a pesar de deficiencias procesales. A este argumento el fiscal replicó que en Venezuela no existen investigaciones genuinas, la justicia no es independiente, y Venezuela no probó lo contrario. Agrega que el Estado investigado –que pide aplazamiento de la investigación– tiene la carga de la prueba conforme reza el artículo 18 [1 y 2]:

1. “Cuando se haya remitido a la Corte una situación en virtud del artículo 13 a) y el fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, o el fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 c) y 15, este lo notificará a todos los Estados partes”;

2. “Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la Corte que está llevando o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estado.” Así lo notifico el fiscal Khan.

ii. Venezuela argumenta que la SCP incurrió en error al basarse exclusivamente en traducciones al inglés de expedientes de casos seleccionados; no exigir traducciones de la información relativa a las investigaciones nacionales y no examinar las traducciones al inglés de resúmenes de expedientes. El fiscal respondió que el idioma oficial de la CPI es el inglés y el francés, siendo que, en base a ello, valoró pruebas relevantes. Igualmente denunció mala fe procesal del Estado venezolano por pretender “inundar y asfixiar” el expediente de cientos de páginas con testimoniales e incidencias irrelevantes.

iii. Venezuela sostiene que la SCP incurrió en error al basarse en el alcance temporal de la situación remitida al fiscal por seis Estados partes. El fiscal respondió que el Estado venezolano confunde alcance temporal de la situación [temporal scope] con el alcance temporal de la jurisdicción de la Corte [temporal jurisdiction]. En otras palabras, la determinación temporal contenida en la remisión [denuncia] de los Estado partes [Argentina, Colombia, Canadá, Paraguay, Chile y Perú] no limita el alcance temporal que puede investigar la CPI. El fiscal probó que se habrían cometido crímenes de lesa humanidad desde febrero 2014, cuyo ámbito de valoración está dentro de sus competencias.

iv. Venezuela argumenta que la SCP se equivocó al concluir que era necesario que las investigaciones internas cubrieran elementos contextuales [vinculados] a crímenes de lesa humanidad, intenciones discriminatorias y crímenes sexuales y de género. Este argumento fue refutado por la Fiscalía y la Oficina de Víctimas, aclarando que los crímenes sexuales y de género han debido ser investigados en Venezuela en el contexto de los crímenes de lesa humanidad tipificados en el Artículo 7 del Estatuto de Roma como f) Tortura y g) Violación […] o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable [y otros tipos criminales].

v. Bajo el quinto motivo de apelación, Venezuela sostiene que la SCP cometió un error de derecho en su evaluación de la complementariedad al basarse en factores irrelevantes. La OF rechazó este alegato, demostrando que Venezuela no aportó pruebas relevantes de investigaciones genuinas, juicios, ni condenas a presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad, por lo cual queda habilitada la competencia complementaria de la CPI.

vi. Finalmente, Venezuela argumenta que la Sala de Cuestiones Preliminares [SCP] incurrió en error al excluir los procedimientos nacionales de su determinación, sobre la base que habían existido demoras y períodos de inactividad. La respuesta del OF y la Oficina de Representación de las Víctimas fue que no son solo son demoras, sino ausencia o inexistencia de procesos judiciales que investiguen crímenes de lesa humanidad, además a funcionarios de altos cargos y cadena de mando. 

La Sala de Apelaciones de la CPI –en efecto– rechazó cada uno de los alegatos del Estado venezolano y confirmó los argumentos de la Sala de Cuestiones Previas, de la Oficina Fiscal y Oficina de Víctimas.

Breve historia de una justicia que tarda pero que llega

En noviembre de 2021, Venezuela se convirtió en el primer país de América Latina en el que la CPI abrió una investigación formal, luego de que el fiscal británico Karim Khan anunciara la apertura del caso conocido como “Venezuela I”, por presuntos crímenes de lesa humanidad.

El año pasado el gobierno de Maduro apeló el fallo que reanuda la investigación, bajo el argumento de que debía respetarse el principio de complementariedad, según el cual un tribunal internacional complementa a la justicia nacional y solo puede intervenir si un país no está investigando en los mismos crímenes. La SA de la CPI rechazó por unanimidad los alegatos de la apelación, dando luz verde a la Fiscalía de la CPI para reanudar las pesquisas sobre los abusos por parte de las fuerzas de seguridad [2017] que dejaron 125 muertos.

Caracas solicitó en abril de 2022 aplazar las investigaciones de la CPI para dejarlas en manos de las autoridades venezolanas. Sin embargo, siete meses después [noviembre 2022], el fiscal solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares [SCP] autorización para reanudar la investigación, argumentando que Venezuela no estaba haciendo lo suficiente en el caso. La SCP ordenó continuar la investigación en junio 2023. Venezuela apeló. 

En las audiencias de noviembre 2023 ante la Sala de Apelaciones, el ministro de Exteriores venezolano, Yvan Gil, afirmó que la justicia nacional ya estaba actuando y mencionó que más de 255 agentes del Estado habían sido imputados, 64 acusados y 62 condenados por casos de violaciones de DD. HH., los cuales son de interés para la CPI… Gil lamentó que la CPI no respetara el principio de complementariedad. En respuesta, el fiscal señaló que su investigación estaba en fase preliminar y era poco razonable identificar sospechosos o establecer el alcance del caso.

Venezuela sostiene que el artículo 18 del Estatuto de Roma “se basa en una presunción a favor de las investigaciones nacionales”, por lo tanto, el fiscal está obligado a fundamentar su solicitud en virtud del Artículo 18 (2) in comento [Estatuto de Roma] demostrando que la información transmitida por el Estado no refleja el alcance de criminalidad, establecido en la notificación, según Artículo 18 (1).

La Sala de Apelaciones [SA] señala a este respecto que el Preámbulo del Estatuto de Roma [ER] estipula que un “enjuiciamiento efectivo” de “los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional en su conjunto (…) debe garantizarse mediante la adopción de medidas a nivel nacional”. El Preámbulo también impone a cada Estado “el deber de ejercer su jurisdicción penal sobre los responsables de crímenes internacionales”. Por lo tanto, si bien el ER no impone expresamente a los Estados partes, la obligación de incorporar crímenes de lesa humanidad en su legislación interna, sí subyace el deber de ejercer jurisdicción penal sobre “los responsables de crímenes internacionales”.

La Sala de Apelaciones coincide a este respecto con la Sala de Cuestiones Preliminares que “en general, se exhorta a los Estados Partes incorporar el Estatuto a su legislación interna”.

Existe jurisprudencia en la CPI que determina “es la presunta conducta, a diferencia de su caracterización o tipificación jurídica, lo que importa a la hora de evaluar si el caso interno refleja suficientemente el caso ante la Corte”. De allí que violaciones, abusos sexuales, cualquier forma de violencia sexual, persecución política o cualquier hecho punible debe ser suficientemente contextualizada con el Estatuto de Roma sin importar si la legislación interna lo prevé.

El deber de probar que se hace justicia

La Sala de Apelaciones enfatizó que la conclusión de la Sala de Cuestiones Previas respecto la carga de la prueba de crímenes de lesa humanidad según el ER, corresponde a los Estados Partes. La Sala de Apelaciones considera que el principio rector de contextualización y el deber de investigar de los Estados, es el espíritu y propósito del artículo 18.

Si bien un Estado que solicita un aplazamiento de la decisión del fiscal de investigar no está obligado a probar que investiga presuntos actos delictivos bajo la calificación jurídica de crímenes de lesa humanidad, sí debe probar “que sus investigaciones son genuinas y [sus] enjuiciamientos internos abarcan las alegaciones fácticas que sustentan los elementos contextuales antes mencionados”. Es decir, aun si la legislación interna no caracteriza crímenes de lesa humanidad –como la tortura, desapariciones forzosas, persecución política et all– ello no exime el deber del Estado de investigar conductas punibles conexas a crímenes de lesa humanidad.

En conclusión, la Sala de Apelaciones de La Haya le ha dado la razón a la Sala de Cuestiones previas, al fiscal y a la Oficina de Víctimas. Ha desestimado cada uno de los alegatos de la representación de Venezuela, generando jurisprudencia y precedentes históricos, donde la falta de tipicidad interna o la existencia de investigaciones irrelevantes no excusan el cumplimiento del ER y las reglas de procedimiento y prueba.

Vamos a una investigación penal internacional rigurosa. Los responsables de crímenes de lesa humanidad serán eficazmente investigados, citados, emplazados, capturados. No hablamos de funcionarios de bajo nivel. La CPI va por los responsables de alto rango. La legalidad autocrática del régimen ha quedado al desnudo. Quedó demostrado que en Venezuela no hay justicia, por lo que la justicia penal internacional, la complementa legal y legítimamente.

El profesionalismo, la eficiencia y la ética demostrados por los magistrados, la Oficina Fiscal y la Oficina de Victimas han sido impecables. Además, una gran lección: los artificios, la mentira y los formalismos no impiden ir al fondo, ni son valorados en el marco de la equidad procesal de la CPI.

Es el triunfo de la verdad, de la justicia, de las víctimas. Un precedente noble e histórico. Cambia el juego. El gobierno y su cadena de mando están bajo investigación, que no es otra cosa que validar la sospecha de que en Venezuela se cometen crímenes aberrantes bajo el amparo de un legalismo autocrático y represor.

vierablanco@gmail.com

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CNE convoca Presidenciales 2024 para el #28Jul con Machado aún inhabilitada

Este 5 de marzo, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, anunció la fecha de las esperadas elecciones presidenciales de Venezuela del año 2024, que se llevarán a cabo el próximo 28 de julio. La convocatoria se hace sin que aún se resuelva la inhabilitación que ratificó el Tribunal Supremo de Justicia contra la dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado, la candidata de la oposición electa mayoritariamente en primarias del 22 de octubre de 2023. 

Justamente, fue Amoroso quien firmó la inhabilitación contra Machado en su cargo anterior como contralor del país.

 Elvis Amoroso anunció la fecha tres días después de que los legisladores de la AN controlada por el oficialismo propusieran más de 20 fechas posibles, que van desde mediados de abril hasta diciembre.

https://twitter.com/i/status/1765101307843555665

Fechas del cronograma electoral

Según lo anunciado por Amoroso, del 18 de marzo al 16 de abril se realizará una jornada especial de actualización del Registro Electoral “nacional e internacional” y que el corte del registro electoral preliminar será el 16 de abril. 

Además, las postulaciones de los candidatos deberán concretarse del 21 al 25 de marzo.

La selección de los integrantes de los organismos subalternos será el 20 de marzo, mientras que la campaña electoral se iniciaría del 4 al 25 de julio. 

Maduro repetiría como candidato

La agencia AP informa que se espera ampliamente que Nicolás Maduro busque la reelección. También, destacan que al escoger una fecha posterior al 30 de junio, el gobierno intenta cumplir con parte de un acuerdo que firmó el año pasado en Barbados, que pedía que la votación se llevara a cabo en la segunda mitad de 2024.