La desaplicación de los convenios 26 salario mínimo, 87 libertad sindical y 144 consulta tripartita sume a la población laboral de Venezuela la precariedad laboral absoluta
América Latina siempre ha estado bajo la lupa de organismos internacionales en materia de desigualdad social, precariedad laboral, empleo y desempleo y diferentes niveles de pobreza.
Se trata de la región del mundo que registra la mayor desigualdad de ingresos, como lo indica el informe sobre desarrollo humano 2019 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), divulgado en diciembre de ese año. Para 2019, el 10 % más rico en América Latina concentra una porción de los ingresos mayor que en cualquier otra región (37 %), indicó el informe. Y viceversa: el 40 % más pobre recibe la menor parte (13 %).
Entre tanto, para 2022 en América Latina y el Caribe, el 50 % más pobre de la población se lleva el 10 % de los ingresos, mientras el 10 % más rico recibe el 55 %. En términos de riqueza, la concentración es mucho mayor: el 10 % más rico acumula el 77 % de la riqueza y el 50 % más pobre solo el 1 %.
Observemos cuáles son las formas de explotación laboral, de trabajo forzoso o de trabajo esclavo que se registran en la región. Cuando hablamos de estas denominaciones señalamos que se refiere a situaciones en las cuales las personas están forzadas a trabajar mediante el uso de violencia o intimidación, o por medios más sutiles como una deuda manipulada, retención de documentos de identidad o amenazas de denuncia ante las autoridades de inmigración:
- Promesa laboral. Explotación laboral.
- Explotación laboral forzada. Trabajo sexual forzoso/forzado.
- Explotación sexual. Trata de personas.
- Trata de blancas. Economía informal.
- Trabajo forzoso en América Latina y el Caribe
- La inmigración incontrolada.
En su primer documento relativo al tema, el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), la OIT define el trabajo forzoso a los efectos del derecho internacional como «todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente» (artículo 2, 1).
El trabajo forzoso es el desempeñado por una persona de manera involuntaria bajo amenaza. Mientras que en las formas modernas de esclavitud aparecen condiciones infrahumanas de trabajo, pero no ciertos elementos que definen al trabajo forzoso.
Así también la explotación laboral es causada por factores económicos, sociales y legales, y a menudo se describe como una forma de “esclavitud moderna”. Los trabajadores en agricultura intensiva, minería, industria de la confección y empleo informal son particularmente vulnerables a la explotación laboral.
La información disponible sobre eliminación del trabajo forzoso muestra que los avances logrados en la región de América Latina y el Caribe no son todavía suficientes. Según datos de la OIT, en la región hay alrededor de 2 millones de personas sometidas a trabajo forzoso.
Sin embargo, existen importantes esfuerzos. Es destacable el caso de Brasil, donde hay una amplia estrategia para enfrentar el trabajo forzoso. También se han dado pasos en el Estado plurinacional de Bolivia, Paraguay y Perú. A escala internacional, el trabajo forzoso constituye una grave violación de los derechos humanos y de los derechos fundamentales en el trabajo. El informe sobre Ganancias y pobreza: aspectos económicos del trabajo forzoso (2014), dice que el trabajo forzoso genera ganancias por unos 150 000 millones de dólares en todo el mundo, de los cuales la mayor parte, 99 000 millones de dólares, provienen de la explotación sexual comercial.
Por lo expuesto, a fin de promover políticas que erradiquen el trabajo forzoso, debemos abordar el estado del empleo en América Latina y el Caribe. Las cifras de la región indican que la tasa de desempleo se redujo en 2022 a 7,2 %, luego de haber alcanzado el 8 % en 2019, el año previo a la pandemia de COVID-19.
Dichas cifran resaltan que Latinoamérica es un mercado laboral complejo. Como indica la directora regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Claudia Coenjaerts: “el problema laboral más urgente para la región es el de la calidad del empleo y los insuficientes ingresos laborales y totales generados por los trabajadores y sus familias”.
El informe destaca que la tasa de informalidad regional ya llegó al 50 %, como era antes de la pandemia, aunque en algunos países es mucho mayor. “La realidad es que una de cada dos personas trabaja en la informalidad, que suele estar acompañada de inestabilidad laboral, bajos ingresos, sin protección social”.
Además, el informe advierte que los ingresos reales de personas trabajadoras en la región están siendo afectados por una tasa de inflación regional que se habría ubicado por encima del 8 % en 2022 y que causó una pérdida del poder adquisitivo de los salarios medios y los salarios mínimos.
Esta difícil condición laboral determina que los gobiernos impulsen políticas de garantías de ingresos para quienes están más afectados por la pérdida del poder adquisitivo, en lo posible en vinculación con políticas activas para acceder al mercado laboral. “Si queremos avanzar hacía una región con mayor justicia social y menor desigualdad, será necesario adoptar medidas contundentes para generar más y mejores empleos” puntualiza el estudio Panorama Laboral 2023 para América Latina y el Caribe.
En torno al tema es fundamental incluir el efecto de la inmigración en la región, destacando el volumen de la diáspora venezolana, cuyas cifras han alcanzado para América Latina y el Caribe una cantidad cercana a los 6.5 millones de personas. Una multitud que en su mayoría labora en condiciones de precariedad laboral, de discriminación y de exclusión del trabajo formal, determinadas por políticas de regulación laboral para los inmigrantes por parte de los gobiernos de la región.
Otro caso destacado sobre la explotación laboral en la región es el de los médicos cubanos, quienes en condiciones de esclavitud laboran bajo convenios infrahumanos para Estados de la región en beneficio del régimen cubano.
En otro contexto, debemos destacar la situación de los trabajadores venezolanos, cuya situación está siendo analizada del 4 al 14 de marzo en la 350 sesión del Consejo de Administración de la OIT, en Ginebra. Allí el expediente Venezuela será revisado en torno a los resultados de la Comisión de Encuesta sobre la aplicación de los convenios 26 salario mínimo, 87 libertad sindical y 144 consulta tripartita, cuya desaplicación ha determinado que la población laboral de todo un país se encuentre en condiciones de explotación y de precariedad laboral absoluta.
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