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Intimidación, censura, detención de Rocío San Miguel y cierre de medios predominaron en febrero

En total, Espacio Público contabilizó 33 víctimas de violaciones a la libertad de expresión, entre ellas al menos 17 periodistas y/o reporteros

detención de Rocío San Miguel
/ @Andrea_GP21
Redacción Runrun.es
06/03/2024

La ONG Espacio Público reportó que, durante febrero de 2024, se registraron 15 casos y 41 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, que incluyen la intimidación, censura, detención de la activista Rocío San Miguel y cierre de medios.

De acuerdo con el balance de la organización, los periodistas y medios de comunicación fueron las principales víctimas de actos de intimidación y censura.

En total, Espacio Público contabilizó 33 víctimas de violaciones a la libertad de expresión, entre ellas al menos 17 periodistas y/o reporteros. Registraron, además, 6 medios de comunicación, 4 particulares y organizaciones de la sociedad civil o miembros de las mismas.

De 19 victimarios, solo uno no estuvo directamente relacionado con el Estado o con el partido de gobierno. Además, ocho instituciones públicas violentaron el derecho a la libertad de expresión, junto con seis cuerpos de seguridad, cuatro funcionarios del Estado y un grupo simpatizante del oficialismo.

Detención y desaparición de Rocío San Miguel

Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, fue detenida el 9 de febrero en el aeropuerto internacional de Maiquetía, junto a su hija. No se supo de su paradero sino hasta 72 horas después de su detención, constituyendo así una desaparición forzada.

El fiscal general designado por la extinta constituyente, Tarek William Saab, informó sobre la detención de San Miguel dos días después en su cuenta de X por su presunta vinculación con el caso “brazalete blanco”.

En la noche del 12 de febrero San Miguel fue presentada junto con sus familiares ante el Tribunal Segundo contra Terrorismo, según un comunicado en X del Ministerio Público del día 13.

La Fiscalía solicitó medida de privación preventiva de libertad en contra de Rocío San Miguel por presuntos delitos de “traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación”, dice el comunicado.

También, al ciudadano Alejandro González de Canales (expareja de San Miguel) se le acusó de “revelación de secretos políticos y militares”, entre otros cargos.

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En el evento, que se realizó a propósito del "Día de la Mujer", las mujeres alzaron carteles en los que se exige la liberación de San Miguel

Cierres y presión a medios

El pasado 2 de febrero, funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenaron el cierre de la emisora Onda 100.9 FM que operaba en Valencia, estado Carabobo, convirtiéndose en el tercer cierre en menos de dos años que involucra a emisoras del Circuito Unión Radio en la entidad.

Asimismo, las emisoras Senda 96.1 FM, Mágica 93.3 FM y Clásicos 93.9 FM, todas de Ciudad Ojeda, municipio Lagunillas del Zulia, fueron cerradas el 23 de febrero por órdenes de una comisión de Conatel que visitaba el estado, tras hacer “una revisión administrativa técnica”.

También, la emisora Ecos del Páramo 100.3 FM de Tuñame, municipio Urdaneta de Trujillo, cesó sus operaciones el 27 de febrero por órdenes del gobernador oficialista, Omar Márquez.

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"Yo ordené que esa emisora se interviniera porque es del PSUV y no aparece transmitiendo el programa", señaló Gerardo Márquez, gobernador del estado Trujillo, el pasado 23 de febrero

Ciudadanía desprotegida

En Maracaibo, capital del estado Zulia, funcionarios del Servicio de Investigación Penal de la policía regional detuvieron el 2 de febrero al modelo Marcos Caraballo por usar “vestimenta indecorosa” en una sesión de fotos frente a la Basílica de La Chinita.

Efectivos de Polizulia también detuvieron a Nerio Antonio Bello por proveer el disfraz de ángel que modeló Caraballo en una sesión que se viralizó en internet.

De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, ambas detenciones arbitrarias ocurrieron luego de “una serie de denuncias en redes sociales y por parte de sectores religiosos”, violando así el derecho a la libertad de expresión, al trabajo y al libre desenvolvimiento de la personalidad de ambas personas.

Por su parte, el abogado y defensor de derechos humanos Joel García fue hostigado y amenazado por un sujeto desconocido el 7 de febrero mientras asistía al cónsul general y el cónsul adjunto de Chile en Venezuela en el Palacio de Justicia.

“Me dijo que si seguía publicando en redes, ya veía lo que me iba a pasar, que me atuviera a las consecuencias en eso”, relató García.

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García recordó el caso de Javier Tarazona, director de Fundaredes, sobre quien señaló que está "preso por denunciar" Joel García, abogado defensor de presos políticos y profesor venezolano, denunció este miércoles, 7 de febrero, que…

El ciudadano e ingeniero jubilado de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Carlos Salazar, fue llevado por sujetos desconocidos en Punta Piedra, estado Nueva Esparta, y estuvo desaparecido durante más de 20 días tras publicar un video en el que muestra y critica al expresidiario Alex Saab.

Familiares del ingeniero Salazar lograron verlo 20 días después de su desaparición en la sede del Sebin de El Helicoide, aunque se desconoce si fue presentado ante algún tribunal.

Ataques a la sociedad civil

Visibles Venezuela, organización defensora de las personas LGBTIQ+, informó sobre una pausa temporal en sus actividades debido a actos de hostigamiento y acoso que está recibiendo por parte de grupos adeptos al partido de gobierno.

Previamente, organizaciones alertaron sobre mensajes discriminatorios por parte de funcionarios del Estado en programas transmitidos por los canales de alcance nacional Globovisión y Venezolana de Televisión, que repercuten en la opinión pública y generan acoso y persecución hacia personas LGBTIQ+, activistas y personas defensoras de DDHH.

En el estado Barinas, el gerente regional de la empresa estatal Corpoelec, Danny García, acusó ante el Ministerio Público al sindicalista Marcos Vargas, el periodista Dimas Medina y el ingeniero Carlos Azuaje por denunciar actos de corrupción y negligencia en la prestación del servicio eléctrico de la entidad.

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Durante una reunión realizada los días 2 y 3 de marzo en Baruta, estado Miranda, los participantes del LVIII Secretariado del CNP afirmaron que la propuesta realizada por Fredyy Ñáñez se hizo con un lenguaje «ambiguo»

Una base de datos de mujeres y personas no binarias con la que buscamos reolver el problema: la falta de diversidad de género en la vocería y fuentes autorizadas en los contenidos periodísticos.

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