Intimidación, censura, detención de Rocío San Miguel y cierre de medios predominaron en febrero
En total, Espacio Público contabilizó 33 víctimas de violaciones a la libertad de expresión, entre ellas al menos 17 periodistas y/o reporteros
La ONG Espacio Público reportó que, durante febrero de 2024, se registraron 15 casos y 41 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, que incluyen la intimidación, censura, detención de la activista Rocío San Miguel y cierre de medios.
De acuerdo con el balance de la organización, los periodistas y medios de comunicación fueron las principales víctimas de actos de intimidación y censura.
En total, Espacio Público contabilizó 33 víctimas de violaciones a la libertad de expresión, entre ellas al menos 17 periodistas y/o reporteros. Registraron, además, 6 medios de comunicación, 4 particulares y organizaciones de la sociedad civil o miembros de las mismas.
Detención y desaparición de Rocío San Miguel
Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, fue detenida el 9 de febrero en el aeropuerto internacional de Maiquetía, junto a su hija. No se supo de su paradero sino hasta 72 horas después de su detención, constituyendo así una desaparición forzada.
El fiscal general designado por la extinta constituyente, Tarek William Saab, informó sobre la detención de San Miguel dos días después en su cuenta de X por su presunta vinculación con el caso “brazalete blanco”.
En la noche del 12 de febrero San Miguel fue presentada junto con sus familiares ante el Tribunal Segundo contra Terrorismo, según un comunicado en X del Ministerio Público del día 13.
La Fiscalía solicitó medida de privación preventiva de libertad en contra de Rocío San Miguel por presuntos delitos de “traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación”, dice el comunicado.
También, al ciudadano Alejandro González de Canales (expareja de San Miguel) se le acusó de “revelación de secretos políticos y militares”, entre otros cargos.
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Cierres y presión a medios
El pasado 2 de febrero, funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenaron el cierre de la emisora Onda 100.9 FM que operaba en Valencia, estado Carabobo, convirtiéndose en el tercer cierre en menos de dos años que involucra a emisoras del Circuito Unión Radio en la entidad.
También, la emisora Ecos del Páramo 100.3 FM de Tuñame, municipio Urdaneta de Trujillo, cesó sus operaciones el 27 de febrero por órdenes del gobernador oficialista, Omar Márquez.
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Ciudadanía desprotegida
En Maracaibo, capital del estado Zulia, funcionarios del Servicio de Investigación Penal de la policía regional detuvieron el 2 de febrero al modelo Marcos Caraballo por usar “vestimenta indecorosa” en una sesión de fotos frente a la Basílica de La Chinita.
Efectivos de Polizulia también detuvieron a Nerio Antonio Bello por proveer el disfraz de ángel que modeló Caraballo en una sesión que se viralizó en internet.
Por su parte, el abogado y defensor de derechos humanos Joel García fue hostigado y amenazado por un sujeto desconocido el 7 de febrero mientras asistía al cónsul general y el cónsul adjunto de Chile en Venezuela en el Palacio de Justicia.
“Me dijo que si seguía publicando en redes, ya veía lo que me iba a pasar, que me atuviera a las consecuencias en eso”, relató García.
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El ciudadano e ingeniero jubilado de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Carlos Salazar, fue llevado por sujetos desconocidos en Punta Piedra, estado Nueva Esparta, y estuvo desaparecido durante más de 20 días tras publicar un video en el que muestra y critica al expresidiario Alex Saab.
Familiares del ingeniero Salazar lograron verlo 20 días después de su desaparición en la sede del Sebin de El Helicoide, aunque se desconoce si fue presentado ante algún tribunal.
Ataques a la sociedad civil
Visibles Venezuela, organización defensora de las personas LGBTIQ+, informó sobre una pausa temporal en sus actividades debido a actos de hostigamiento y acoso que está recibiendo por parte de grupos adeptos al partido de gobierno.
En el estado Barinas, el gerente regional de la empresa estatal Corpoelec, Danny García, acusó ante el Ministerio Público al sindicalista Marcos Vargas, el periodista Dimas Medina y el ingeniero Carlos Azuaje por denunciar actos de corrupción y negligencia en la prestación del servicio eléctrico de la entidad.
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