La portavoz de la Oacnudh informó que, pese a estar fuera del país, el derecho internacional les da potestad de seguir evaluando a Venezuela en materia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos
Los 13 empleados de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Venezuela dejaron ya el país y se encuentran en Panamá para proseguir desde ahí su labor, confirmó este 20 de febrero a la agencia de noticias EFE la portavoz del organismo, Marta Hurtado, después de que la semana pasada el Gobierno de Nicolás Maduro ordenara suspender sus actividades y expulsar la oficina del país.
Hurtado agregó que la Oacnudh, dirigida por el alto comisionado Volker Türk, puede continuar monitoreando la situación de los derechos humanos de Venezuela aunque no tenga presencia física allí debido al derecho internacional.
La portavoz no dio más detalles sobre la salida de los empleados, aunque Maduro aseguró este lunes, 19 de febrero, que ya se había completado el sábado, 17 de febrero, cuando se cumplía el plazo de 72 horas que se había dado a los funcionarios de la oficina para dejar el país.
Maduro aseguró en un programa de televisión Estatal que la Oacnudh «se transformó en una oficina de espionaje interno, de conspiración interna (…) en el bufete de abogados de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas de Venezuela».
«Hasta tanto esa oficina no respete la letra de Naciones Unidas, la independencia y soberanía de Venezuela y no rectifique y pida disculpas públicas, no volverá al país. Esperemos que rectifiquen», aseguró el líder chavista.
Expulsados por denunciar violaciones a los DDHH
De acuerdo con las declaraciones del canciller venezolano, Yvan Gil, el pasado 15 de febrero, el origen de la suspensión y expulsión del organismo internacional de Venezuela es porque la Oacnudh «ha sido utilizada e instrumentalizada como una caja de resonancia a nivel internacional para mantener un discurso en contra del gobierno bolivariano».
Sin embargo, la decisión del gobierno madurista se enmarca entre las denuncias de distintas organizaciones de derechos humanos sobre la detención arbitraria, desaparición forzada y violación al debido proceso judicial de la activista venezolana Rocío San Miguel, quién se encuentra recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) «El Helicoide», en Caracas, reconocido por la ONU como un centro de torturas para los más de 270 presos políticos que mantiene Maduro hasta la fecha.
El día anterior al anuncio de la expulsión, el 14 de febrero, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, aseguró que el Gobierno venezolano le impidió visitar centros de detención y que las autoridades cambiaron constantemente su agenda durante su visita de dos semanas al país.
La antecesora de Türk al frente de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, la chilena Michelle Bachelet, había firmado un acuerdo en 2019 con el Gobierno de Venezuela pare mejorar la cooperación en materia de derechos humanos, lo que permitía la presencia continua en el país de oficiales de derechos humanos de la ONU.
La comunidad internacional destacó que el retiro de la Oacnudh de Venezuela «deja una laguna de desprotección a las víctimas y a las poblaciones en riesgo», y al menos 25 ONG internacionales advirtieron que denunciarían este tema en el próximo Consejo de Derechos Humanos de la ONU, prevista para el mes de marzo de este año.
