Este lunes, 29 de abril, el Wilson Center publicó el estudio Cripto en Venezuela: dos caras de una moneda, un análisis sobre la criptominería, el colapso del Petro y el cierre de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) por el escandalo de corrupción que involucró a la estatal Petróleos de Venezuela y que derivó en un experimento para blanquear el recurso natural más preciado: el petróleo.
Las criptomonedas son utilizadas en países desarrollados para invertir, realizar transacciones financieras y mantener los activos de una persona. En países de América Latina, el uso de estas monedas digitales brindan mayores beneficios, como autonomía financiera completa, una mayor privacidad y la capacidad de administrar los propios recursos financieros sin la interferencia de terceros.
Sin embargo, el informe señala que el uso que se le ha dado a las criptomonedas específicamente en Venezuela ha sido tergiversado «por gobernantes que ocupan altos cargos dentro de la administración de Nicolás Maduro».
A continuación las XX denuncias del Wilson Center sobre el Petro:
Entre 2018 y 2023, Venezuela introdujo el Petro, una moneda digital respaldada por el gobierno, con la «misión» de aprovechar el interés mundial en las criptomonedas y para crear una moneda nacional adecuada para el comercio internacional moderno.
Durante ese lustro, el gobierno presionó para que se adoptaran tokens y plataformas que se utilizarían para adaptar a la población a utilizar la moneda digital. En contraste, una economía en ruinas creó una demanda popular de una alternativa estable al sistema financiero tradicional.
Sumida en una de sus peores crisis económicas, en Venezuela, el uso de las criptomonedas se convirtieron en una forma de evadir controles y restricciones gubernamentales.
Desde el principio, la cadena de bloques encontró dificultades operativas y a pesar de ser etiquetado como criptomoneda, carecía de atributos fundamentales como la descentralización y la transparencia.
En una medida para integrar aún más el Petro en la economía venezolana, el salario mínimo se vinculó al precio de la moneda digital; sin embargo, la introducción del Petro fue un «caos» para el gobierno, y no generó más que confusión y promesas incumplidas para los ciudadanos venezolanos.
La creación de billeteras digitales como PetroApp, que ofrecía la posibilidad de convertir petros en bolívares locales y dólares estadounidenses y también la Plataforma Patria, fueron diseñadas estratégicamente «para presionar a la población a adoptar el Petro», asegura el informe.
En el 2019, el gobierno introdujo la función de remesas para permitir a la diáspora venezolana enviar pagos con criptomonedas a su país de origen. «El sistema, sancionado por los Estados Unidos, al mismo tiempo le permitió al gobierno de Maduro capturar un porcentaje de cada transacción de entre 2 y 15%», estiman.
Según reseña el informe del Wilson Center, en noviembre de 2020, el Ejército venezolano inauguró un centro de minería de criptomonedas en el sur de Caracas. En el texto se lee que militares «tenían numerosas granjas mineras secretas administradas por el gobierno en todo el país que utilizaban Internet y electricidad, lo cual era en parte la causa de los cortes diarios de electricidad
en todo el país que afectaban a millones».
Una acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos de octubre de 2022 expuso «uno de los muchos esquemas utilizados por PDVSA para mantener sus exportaciones de petróleo».
El uso de monedas estables, o criptomonedas minimizaban la volatilidad de los precios mediante un proceso algorítmico diseñado para aumentar y disminuir el suministro de tokens para estabilizar el precio: «Los involucrados en el plan no sólo estaban moviendo petróleo para Pdvsa; también intentaban obtener tecnología militar estadounidense avanzada para la industria de defensa rusa», se lee en el informe.
Además de las criptomonedas, el informe asegura que utilizaron un complejo sistema de «empresas falsas», grandes depósitos en efectivo y transferencias bancarias internacionales para limpiar el dinero que ganaban. El texto explica que la Sunacrip estaba transfiriendo constantemente cantidades importantes de monedas estables a través de una multitud de cuentas dentro de varios servicios de criptomonedas y que se utilizaron más de 100 empresas fantasmas en todo el mundo para ayudar a lavar los fondos, incluidos Estados Unidos, Panamá, Colombia, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong.
