Desde 2016, Una Ventana a la Libertad ha estado denunciando irregularidades en el centro de detención preventiva que han afectado a la unidad educativa
Este martes 28 de noviembre, más de cien privados de libertad del Centro de Detención Preventiva de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Boleíta ocuparon las canchas deportivas del Colegio San Agustín en El Marqués, provocando una ola de críticas no solo de la comunidad educativa sino de organizaciones no gubernamentales como Una Ventana a la Libertad, el Observatorio Venezolano de Prisiones, Cecodap y Control Ciudadano, entre otras.
De acuerdo con UVL, desde 2016 esta organización empezó a documentar protestas de representantes de los estudiantes del colegio y de vecinos de El Marqués, debido a que cada vez que hay motines, operativos policiales y fugas en ese centro de detención preventiva, la dinámica escolar se ve afectada.
UVL reportó que en una fuga registrada en junio de 2016, un recluso saltó hacia el patio del colegio.
En septiembre de ese año un grupo de reclusos secuestraron por varias horas a tres funcionarios de la PNB para exigir traslados.
Los detenidos pusieron fin al conflicto cuando se presentó un fiscal nacional para verificar el estado de salud de algunos privados de libertad.
Los funcionarios de la PNB que estuvieron de rehenes fueron los oficiales Gabriel Romero, Yosman Mora y Walter Travieso.
El concejal del municipio Sucre Juan Carlos Vidal dijo que al menos tres motines se registraron en 2016 y advirtió que el colegio San Agustín está en riesgo, porque el muro de un área conocida como “inframundo” limita con el patio de la unidad educativa.
“En junio cuando se registró una fuga uno de los presos saltó al colegio e iba a tomar a un estudiante de preescolar como rehén. Afortunadamente, la policía pudo controlar la situación, pero los estudiantes y miembros de esa comunidad educativa están en continuo riesgo”, explicó el concejal.
Silencio del Estado sobre el hecho
Hasta este miércoles 29, las autoridades seguían sin dar explicaciones del procedimiento llevado a cabo el martes en la antiguamente conocida Zona 7 y que causó polémica y reacciones de alerta.
El coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani, señaló que la presencia de presos en el Colegio San Agustín “representa un grave precedente que irrespeta el espacio seguro y de protección que supone un centro educativo”. En ese sentido, instó a la fiscalía a abrir una investigación.
Mientras que Nancy Hernández de Martín, miembro del Consejo Directivo Nacional de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres), lamentó que no se tomaran las medidas preventivas necesarias al ejecutar el operativo en un colegio con más de 2.000 estudiantes.
En declaraciones a FM Center, resaltó que las familias no fueron notificadas del traslado a las áreas deportivas de la institución de los presos.
«Fue una situación potencialmente explosiva, pues a pesar de que se dijo que más de 300 custodios policiales y guardias nacionales estaban presentes en el lugar, no hubo una garantía de que esa situación no se saliera de las manos», denunció.
Añadió que está prohibido legalmente que personal armado esté dentro de instituciones educativas del subsistema de educación básica y remarcó que se puso en riesgo la integridad de niños, niñas y adolescentes.
«Es una irresponsabilidad y una violación a la integridad física de los estudiantes, del personal docente, obrero y administrativo», insistió.
Lo ocurrido hoy en el Colegio San Agustín de El Marqués es inaceptable, irresponsable e ilegal. ¿Dónde están los representantes del Consejo de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, del Ministerio de Educación y el @MinpublicoVEN pic.twitter.com/fnJQLQuZXS
— 🇻🇪Andrea Tavares🇺🇦 (@Tavares_Andrea) November 28, 2023
Con información de Una Ventana a la Libertad
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