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Hasta a los colegios llegó la Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro 

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Redacción Runrun.es
Hace 1 año
Las canchas deportivas del Colegio San Agustín en El Marqués sirvieron para albergar a los presos del Centro de Detención Preventiva de la Policía Nacional Bolivariana, aledaño a la institución educativa
Carlos Nieto Palma, de Una Ventana a la Libertad, dijo que el operativo gubernamental que comenzó en las cárceles, ahora está siendo llevado a los calabozos
El activista informó que en la antiguamente conocida como Zona 7 hay 900 presos en un espacio diseñado para albergar a 200
Cecodap pidió a la Fiscalía que inicie una investigación para adjudicar responsabilidades  

 

Una inusual reunión de uniformados aconteció la mañana de este martes 28 de noviembre en las canchas deportivas del Colegio San Agustín, en la urbanización caraqueña de El Marqués.

No eran alumnos haciendo educación física, eran reclusos pertenecientes al Centro de Detención Preventiva de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), conocido como Zona 7.

¿Cómo llegaron los presos allí? Hasta ahora no hay una versión oficial. Al momento de redactar esta nota, ni el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario ni el Ministerio de Interior, Justicia y Paz habían informado sobre este hecho. 

De acuerdo con la ONG Una Ventana a la Libertad, una de las versiones que circula es que funcionarios de seguridad estarían registrando a los detenidos provenientes de algunas de las siete cárceles que desde la segunda quincena de septiembre fueron intervenidas en el marco de la Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro. Para ello, escogieron el espacio de las canchas de la unidad educativa que colinda con el centro de reclusión.

“Hasta ahora no sabemos si la intención es cerrar el centro de reclusión y trasladar a los reclusos. Puede ser que estén contando a los que llegaron de otras prisiones”, dijo Carlos Nieto Palma, coordinador general de Una Ventana a la Libertad.

Nieto Palma aseveró que no extraña la intervención porque otros calabozos policiales en el país ya han sido tomados por las fuerzas de seguridad. “Están extendiendo la Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro de las cárceles a los centros de detención preventiva”, sumó- 

Al activista le llamó la atención, que al menos durante la mañana de este 28 de noviembre, no hayan dispuesto de autobuses cerca del centro de reclusión si la idea era trasladar a los privados de libertad. 

Nieto Palma indicó que la población penitenciaria de la antiguamente conocida Zona 7 de la desaparecida Policía Metropolitana (PM) está por el orden de los 900 detenidos, cuando en realidad está capacitada para albergar a 200

Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, el hacinamiento en ese centro es de 400%.

“Es una completa locura que saquen a detenidos y los pongan en un colegio donde hay niños, puede desarrollarse un motín, no se les avisó a los representantes que esto iba a suceder”, lamentó. 

El director de UVL sentenció que miembros del Colegio San Agustín así como vecinos de El Marques tienen tiempo reclamando la cantidad de presos que hay en la sede de la PNB y la peligrosidad que esto representa.

“El de Boleíta es el centro de detención preventiva con la mayor cantidad de presos en Venezuela y es catalogado como uno de los más peligrosos. En algunas oportunidades han existido intentos de fuga por medio de las canchas del colegio. Hemos recibido denuncias de escapes de reos en horas de clase”, destacó. 

El coordinador general de UVL advirtió que en los CDP de Venezuela hay aproximadamente 60 mil detenidos, el doble de la población en las cárceles. “El mismo Ministerio para el Servicio Penitenciario reconoció que hay más de 1.000 calabozos en Venezuela”.

Nieto Palma indicó que lo sucedido es una “falta de respeto y consideración” hacia los profesores, estudiantes, padres, representantes y comunidad en general del colegio.

“Esto es algo que no puede ocurrir, que utilicen espacios como este para solucionar el problema de las cárceles no es lo apropiado”, insistió. 

Piden a Fiscalía investigar 

Carlos Trapani, coordinador de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), condenó el empleo de instalaciones educativas para operativos militares y policiales y exigió la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía General de la República. 

“Es indispensable que el Ministerio Público inicie una investigación a los fines de identificar responsabilidades y aplicar las sanciones que sean necesarias. Este grave hecho, por sus características y personas involucradas, sin lugar a dudas amenaza la integridad y seguridad de la comunidad educativa, especialmente de los estudiantes que presenciaron estos hechos”, escribió en su cuenta de X.

Por su parte, la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, sostuvo que el Comando 43 de la Guardia Nacional Bolivariana pudo haber llevado a cabo el procedimiento.

“El Comando de Zona de la GNB 43 del Distrito Capital, ubicado en la bajada de Tazón, pudo ser empleado a tal fin (control, clasificación de privados de libertad, etc.) con destino a la Zona 7”, escribió en X San Miguel.

 

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